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Casi cinco años después del “Tamayazo” (junio de 2003), Esperanza Aguirre (PP) inauguraba 7 hospitales en Madrid: Infanta Leonor (Vallecas), Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el del Tajo (Aranjuez), el del Henares (Coslada), Infanta Cristina (Parla) y el del Sureste (Arganda del Rey).

                Estos hospitales fueron dados a construir por empresas privadas -algunas de ellas implicadas en los casos Púnica y Gürtel, ¿el azar?- que adelantaron una inversión de 747 millones de euros (datos de la Cámara de Cuentas de Madrid). Solo entre 2008 y 2016, en esos ocho años, la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, pagó 1182 millones de euros. Es decir, que en ocho años se amortizó la inversión y las empresas obtuvieron una rentabilidad cercana al 60%, un beneficio promedio anual del 7,3%. Buen negocio. El negocio es más goloso aún, pues las empresas agraciadas con los contratos continúan recibiendo un canon anual de dinero público y los contratos de adjudicación no vencen hasta 2035, o sea en poco más de una década.

                La misma Cámara de Cuentas regional que actualmente la señora Ayuso se ha propuesto controlar de forma omnímoda, emitió un informe en 2012, el que detallaba una partida de 80 millones extras que le fueron otorgados a las empresas en concepto de sobrecostes. Al negocio hay que añadir que muchos de estos grupos empresariales de la construcción tienen divisiones de limpieza, hostelería, seguridad… por lo que también obtienen beneficios añadidos por la prestación de estos servicios.

                Este “Plan de Infraestructuras Sanitarias” se desarrolló justo después del “Tamayazo”, en la legislatura autonómica 2003-2007. Como suele decirse: blanco y en botella.

                En la época del predecesor de Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón, a quien ella le denominaba como “el hijo puta” -insulto muy utilizado por las “señoras de bien” del PP-, en 1996, la Sanidad madrileña contaba con 14.000 camas. Hoy, 27 años después y con un incremento de la población del 37,8% (La población censada en Madrid ha crecido, en el periodo 1996 a 2023, en 1,9 millones de habitantes), el número de camas es de 12.438, es decir, un 11,16% menos.

Las cifras de la gestión privada son un disparate. Dos ejemplos: El Hospital “La Paz”, tiene un coste anual de 526 millones de euros para sus 1.308 camas (más de 400.000 €/cama); La “Fundación Jiménez Díaz”, destina 372 millones anuales para sus 659 camas (más de 564.000 €/cama).

¿Alguien se imagina las cifras astronómicas que genera este negocio a lo largo de 35 años, en el conjunto de la red hospitalaria madrileña? Los lobbies al servicio de las grandes corporaciones y de los fondos de inversión sí que se lo imaginan. Por eso destinan ingentes cantidades de dinero en corromper, tamayazos, y/o en abrir de par en par las puertas giratorias para los allegados al poder de decisión política: es el caso de Assignia, una de las adjudicatarias de la construcción de hospitales públicos de gestión privada, empresa que incorporó a su Consejo de Administración al señor Manuel Lamela, quien, ¡oh! Casualidad, fue consejero de Sanidad en el Gobierno de Esperanza Aguirre en el periodo 2003-2007.

El negocio tiene otras derivadas, como es el hecho de que el deterioro de la Sanidad Pública empuja a un 25% de la población a contratar pólizas de Salud privadas, el 25% de la población que puede económicamente hacerlo.El otro 75% de los ciudadanos y ciudadanas solo puede sufrir las consecuencias del saqueo de los servicios públicos. Aunque esta gran mayoría, también podría organizarse y dedicar un poco de esfuerzo a defender sus intereses.

                El diagnóstico y los datos están ahí. Ahora la cuestión es qué tratamiento necesita la Sanidad Pública madrileña y la del resto de comunidades autónomas, pues esto no es un problema exclusivo de Madrid.

                Lo primero que habría que hacer es desintoxicar a la Sanidad Pública de la adicción a la privatización. En la aplicación de este tratamiento debería implicarse el Gobierno de Pedro Sánchez, y en particular la nueva Ministra de Sanidad, Mónica García, pues ella conoce de primera mano la situación. Hay que llevar a cabo políticas que frenen la privatización y que impidan la renovación de los contratos de gestión privada de lo público. En el caso concreto de Madrid y de los hospitales mencionados faltan 11 años, tiempo suficiente para planificar el tratamiento.

                Lo segundo es impedir que se continúe maltratando a los y las profesionales de la Sanidad Pública. Las plantillas son insuficientes, porque no se contrata ni siquiera para reemplazar al personal que se jubila. Y el personal sanitario está mal pagado, prueba de ello es que un alto porcentaje de los MIR, cuando terminan su proceso de formación, rechazan las plazas que se ofertan en Madrid; en el caso de la pediatría es brutal.

                Lo tercero es trabajar desde las instituciones del Estado para que el pueblo soberano, al que solo se le llama a la hora de votar, esté informado debidamente de la importancia e insustituibles que son los sistemas públicos: Sanidad, Pensiones, Educación y Dependencia.

                Seguro que se pueden y se deben aplicar más tratamientos, pero de momento parece que solo son eficaces las ondas de choque de la movilización.