Estados Unidos: Senilidad o delincuencia

La bonita canción de Los Chunguitos “Me quedo contigo”, comenzaba diciendo: “Si me das a elegir entre tú y la riqueza”. El pueblo estadounidense tiene planteado el dilema de elegir entre la decadencia cognitiva de Joe Biden o Trump quien ha sido declarado culpable de 34 delitos graves.

                Lejos de la belleza poética de los Chunguitos, la situación en los Estados Unidos de América es deplorable. A cuatro meses vista, las elecciones presidenciales se plantean en el terreno de la gerontocracia. Parece mentira que en el país líder del imperialismo Biden o Trump sean las opciones para presidir la Administración ¿será que verdaderamente es mentira? Es cierto que las cosas no son lo que parecen, y eso vale para la situación pre electoral de los USA.

                Resulta inverosímil que el Partido Demócrata haya llegado a este punto, a pesar de que el mundo entero viene viendo y oyendo a Biben, al margen de bulos, “fakenews” y tergiversaciones del equipo de Trump, al que toda esta cuestión le sirve como pantalla de humo para sus escándalos con la justicia y la escandalosa respuesta de esa ¿justicia?

                Desde Tribuna Socialista plateamos una hipótesis ¿puede ser que el Partido Demócrata esté dando por perdidas las presidenciales de noviembre y que prefiera perderlas a nombre de la decrepitud y obstinación de Biden que por la desafección de los votantes tradicionalmente demócratas?

                Si los británicos han tumbado de un severo revés al partido conservador en las elecciones del 4 de julio, por haber destrozado la Sanidad Pública, solo por eso, en los EE.UU., hay motivos para echar al Partido Demócrata y al Partido Republicano y no volverles a votar en cien años, no tanto por destrozar como por impedir que los y las estadounidenses tengan una Sanidad mínimamente digna.

                Hace un año, en junio de 2023, The New York Times publicaba un artículo al respecto “El sistema de salud de EE.UU. está averiado ¿Cómo podemos mejorarlo?” El título es muy “dulce” con la realidad. En el propio artículo, Aaron E. Carroll, su autor, decía “A pesar de que acabamos de experimentar una pandemia en la que han muerto más de un millón de estadounidenses, la reforma sanitaria no parece ser ahora mismo una prioridad política en Estados Unidos”.

                En el libro “Esclavos Unidos de América”, Helena Villar es más certera que The New York Times, y da algunas cifras que clarifican en favor de qué clase social se gobierna y en favor de cuál no se gobierna: “Sin salir de Nueva York, el 34% de quienes fallecían eran hispanos, pese a representar el 29% de la población. Una desproporción también significativa en el caso de los afroamericanos. Así, los pacientes en el Bronx registraban el doble de probabilidades de morir por coronavirus que el resto de la ciudad. En Chicago, donde el 30% de sus habitantes son afroamericanos, 70% era la tasa de fallecimiento por la covid-19, y Nueva Orleans, con un 65% de ciudadanos pertenecientes a esa minoría, era una de las que encabezaba las tasas de mortalidad del país. Puede que un virus no entienda de clases o razas, pero sí de la vulnerabilidad ante el mismo.”

                Sirva este ejemplo para señalar lo que importa a un partido y a otro la vida de sus propios ciudadanos, eso sí de clase trabajadora. Cosa distinta es lo que les importa la clase a la que, en la pandemia, aludía Warren Buffet cuando dijo aquello de “hay una guerra de clases y la estamos ganando los ricos”.

                Otra prueba de lo que de verdad importa y lo que no, es la represión que han sufrido los estudiantes de distintas universidades, como la de Columbia, Brown, Minnesota, Yale, Pittsburgh, Harvard, Princeton, Berkeley, entre otras, por su oposición a la complicidad de la Administración Biden con el Genocidio que el Estado sionista de Israel está cometiendo en Gaza desde hace nueve meses. Una brutalidad policial a la que las fuerzas represivas yanquis nos tiene acostumbrados, pero que en este caso da muestra del nerviosismo de la clase dirigente, pues la han ejercido contra sus estudiantes tanto estados con gobierno demócrata como republicano.

                Un dato que la prensa en nuestro país no ha difundido, y que avala nuestra hipótesis, es el de que en las primarias del Partido Demócrata más de 500.000 votantes estadounidenses han ejercido el “voto no comprometido” (uncommitted) que viene a expresar que son votantes demócratas pero que rechazan a Biden y a sus políticas.

                El pueblo estadounidense no tiene cobertura sanitaria, la tiene de mínimos educativa, sus pensiones son gubernamentales; un sistema complejo y de mínimos. Es decir, que no tienen una red de servicios públicos que cubran las necesidades vitales de la mayoría. Sin embargo, dedican a armamento más que 12 países juntos: China+ Rusia+ India+ Alemania+ Australia+ Gran Bretaña+Arabia Saudí+ Francia+ Corea del Sur+ Japón+ Italia+ Canadá. El presupuesto para el ejército estadounidense en 2024 ha alcanzado 886.000 millones de dólares.

                En la política bélica y en la negación de políticas sociales están de acuerdo Biden y Trump, sus círculos dirigentes y la clase a la que se refería Warren Buffet. Todos ellos, prefieren dedicar ingentes cantidades de dinero a la industria de la muerte, en lugar de a la Sanidad. Si asumen la muerte de más de un millón de sus conciudadanos, por falta de la asistencia debida en la pandemia; como les va a importar los 38.000 muertos en Gaza. En esa lógica, acaban de destinar 16.000 millones de dólares más en ayudas a Netanyahu; qué les importa que continúe la guerra en Ucrania -sin con esto signifique que Putin no es culpable de ocupación -; cómo les va a importar sembrar la guerra en el Mar de China…

Como en muchos países, lo que a la mayoría de los estadounidenses les falta es un partido que defienda verdaderamente sus derechos y reivindicaciones, de que no lo tengan se encargan las estructuras que hay detrás de Biden y Trump. Le seguiremos la pista al Partido Socialista Democrático de América (DSA) y les deseamos mucho éxito.

Comité de Redacción

Combatir el lawfare construyendo democracia desde la educación

En los últimos tiempos, la desinformación y las fakenews se han convertido en un problema importante para las democracias en el mundo. La situación se ha agravado particularmente desde la pandemia que vivimos por COVID-19, que supuso un cambio radical en la forma de entender y usar las redes sociales y los medios digitales.Todo ello ha dado lugar a que en la actualidad se hable cada vez más de fenómenos,no reconocidos masivamente hasta hace unos años, como el “lawfare”. El término está conformado por “law” (ley) y “warfare” (guerra) empezando a usarse a finales del siglo XX, y teniendo tintes claramente militaristas. Según recoge la FundéuRAE, el término lawfare en el ámbito político hace referencia al uso de procedimientos judiciales «con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».

En los tiempos actuales está teniendo una gran repercusión para la visibilización dellawfarela situación vivida porel presidente del gobierno, Pedro Sánchez, orquestada a través de múltiples medios de comunicación que han difundido informaciones poco contrastadas e incluso intencionadamente falsas. Sin embargo, esta situación no es excepcional ni tampoco limitada al contexto español. Han sido numerosos los líderes y formaciones políticas progresistas que han sido vilipendiadas por parte de los organismos judiciales y determinados medios digitales, con el posterior archivo de las causas en todos los casos. Mónica Oltra, Ada Colau, Victoria Rosell, Isabel Serra, Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Antonio Rodrigo Torrijos yÓscar Reina. Son solo algunos de los nombresque han sufrido lawfare, probablemente por el único motivo de formar parte de fuerzas como Compromís, Comuns, Podemos, Izquierda Unidao el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Las democracias liberales vivieron su auge desde los años 60 del pasado siglo XX, sorteando múltiples crisis y sufriendo un deterioro notable en los últimos años en toda Europa. El Estado del Bienestar se tambalea, muchos derechos básicos recogidos en la Constitución no se cumplen, el empleo para los más jóvenes no es de una calidad suficiente ni merecida y los mecanismos de justicia social de los Estados cada vez tienen menos margen en el ámbito redistributivo. En este contexto, los discursos de extrema derecha se han sentido cada vez más legitimados cambiando el sentido común en torno a los valores democráticos.

En este momento y en base al contexto descrito, es imprescindible que comencemos a reivindicar el valor de la educación en dos de sus vertientes: como arma para combatir las fakenews y la desinformación, pero también como principal mecanismo para la construcción y el fortalecimiento de las democracias en el siglo XXI. La educación debe ser uno de los pilares másrelevantes para la formación mediática de la infancia y de los jóveneshacia el desarrollo de un pensamiento crítico y la detección de las informaciones falsas. Es imprescindible el desarrollo de competencias digitales entre los más jóvenes, pero también de compromiso cívico y democrático. Las generaciones de “nativos digitales” (personas que han nacido en la era digital, en lugar de haber adquirido familiaridad con los sistemas digitales como adultos) acceden cotidianamente a informaciones con apariencia de “neutralidad” y que como sabemos siempre tienen detrás importantes intereses económicos y/o políticos.Los sistemas educativos han de fortalecer sus centros públicos y comprender que además de transmitir conocimientos académicos, está en juego que lasfuturas generaciones adquieran competencias para convivir en un entorno de consumo volátil de la información que les empuja a pensar rápido, sin diálogo y sin reflexión.

Para afrontar este gran desafío, la educación para el siglo XXI deberá transformarse de forma íntegra. Por un lado, el profesorado ha de formarse al respecto y los planes formativos iniciales y permanentes deben incluir esta temática como un eje docente central. Por otro lado, las familias también deberán formarse, a través de la propia educación pública, para comprender el alcance del desafío que estamos afrontando. Para todo ello es imprescindible dotar de recursos humanos y materiales a las instituciones educativas públicas.En este sentido, ya existen herramientas y profesionales que están trabajando en esta dirección: “Educar en el aula sobre fakenews” o “Con las fakenews no se juega”. Se trata de dos títulos diseñados por Jacqueline Sánchez y Enrique Martínez, que han editado sendos manuales con los que acercan a menores y docentes el concepto de las fakenews, su identificación y como defenderse de ellas.

Cada día que pasa se hace más prioritario que la educación pueda contribuira construir un nuevo modelo social para el futuro, en el cual se ponga en valor el papel de la ciudadanía para reivindicar y sostener los valores democráticos, de progreso y justicia social.Todo ello es incompatible con ciertas prácticas y dinámicas que han ido penetrando en el ámbito político, mediático y judicial, afectando a la convivencia, la opinión y el ejercicio de la ciudadanía en toda su plenitud. El lawfare ejercido sobre grandes líderes pertenecientes a ciertas formaciones políticas es un síntoma grave, pero que solo representa la “punta del iceberg” de un gran deterioro de las democracias liberales.Recientemente,tras las elecciones al Parlamento Europeo hemos acudido a otro alarmante hecho, evidenciándose que un “grupo elector” puede obtener 800.000 votos en nuestro país basando su discurso en la desinformación y el populismo ultraderechista más conspiranoico (valiéndose de unos aparentemente inofensivos canales de Telegram, Youtube y perfiles en otras redes sociales). Precisamente son estos canales de transmisión de contenidos, aparentemente independientes, los que más repercusión tienen en la socialización y adquisición de ideas por parte de los más jóvenes. Los nuevos y cada vez mayores desafíos y amenazas a la democracia, requieren de una educación pública que promueva en las futuras generaciones competencias cívicas para el ejercicio pleno de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Miguel Ángel Albalá Genol.
Doctor en Educación y profesor de Universidad.