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Los incendios como síntoma del desmantelamiento de lo público

Parque de Bomberos en Ronda de Segovia, 95 en el distrito Centro de Madrid

Este mes de agosto hemos vivido las evidentes consecuencias del abandono de las políticas de inversión pública. Hasta el 7 de septiembre 341.203 hectáreas quemadas (según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), el mayor número de la serie histórica, y que las distintas administraciones achacan al cambio climático, a los pirómanos, a la España vaciada, a lo que convenga para no señalar lo evidente: no hay recursos, ni bomberos, ni prevención, los medios están obsoletos, y tampoco hay dinero que dedicar a lo público. Hoy mismo (24 de septiembre) bomberos y agentes forestales convocan a toda la sociedad a una manifestación en Valladolid para pedir estabilidad laboral y aumento de recursos. Consideran la gestión forestal inadecuada y sujeta a intereses privados.

El fuego es un síntoma y una tragedia, este verano han muerto tres bomberos y seis voluntarios. En todo el Estado los daños son millonarios y los desplazados se cuentan por miles. En Madrid, en el incendio de Tres Cantos murió un vecino intentando salvar a sus animales, hubo más de 180 personas desalojadas y el humo se pudo sufrir en Madrid a más de 30 kms.

Se veía venir. Los bomberos de la CAM tenían convocada una huelga desde el 15 de julio al 15 de agosto reclamando un nuevo convenio, el vigente data de 2008. Denunciaban los bajos salarios, la temporalidad, el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y protección ante los agentes cancerígenos a los que se ven expuestos debido al carácter de su trabajo. La huelga se interrumpió ante la oleada de incendios y concretamente por el de Tres Cantos.

Los incendios no son un problema de temporada ni son un imponderable. Privatizar su gestión supone negar toda prevención para optimizar beneficios. Es ahí donde hay que buscar la temporalidad, las malas condiciones laborales y la falta de profesionales. Los bomberos trabajadores de Tragsa, subcontrata del servicio en Madrid, señalan que su salario apenas es 100€ mayor que el Salario Mínimo Interprofesional. Según CCOO y UGT en la CAM se pagaron 18 millones de euros en horas extras en 2023 y solo hay 1.600 efectivos de los 2.200 prometidos. El País señala que los datos de Eurostat muestran que las plantillas retrocedieron en más de 2.600 personas, siendo España es uno de los pocos países europeos que perdió bomberos en 2024.

Todos estos datos demuestran que los incendios no son fruto del azar, son la negativa a mantenerlos como un servicio público en beneficio de la población para entregarlos a manos privadas, en beneficio de la empresa privada. Por eso no se cuidan los bosques en invierno y se despiden los bomberos cuando acaba el verano, y esto genera muertes y devastación.

La privatización de los servicios públicos es una política general para entregar a unos pocos los presupuestos que deberían ir destinados a garantizar el bienestar de la población. Los partidos de la derecha son los principales promotores de esta política, pero los partidos de izquierda deberían dedicar sus esfuerzos a revertir las privatizaciones legislando y financiando, no asumiendo la privatización bajo el eufemismo de la “colaboración público-privada”. No es casual que la inyección de dinero público en la gestión privada de la sanidad supere los 8.000 millones de euros anuales, ni que seamos uno de los países europeos que menos invierte en sanidad per capita. Tampoco que las universidades públicas se quejen permanentemente de la falta de recursos para mantener su personal e infraestructuras. Y esto se extiende a todos los empleados públicos, a la justicia, a los servicios sociales, a las infraestructuras de transporte…, etc., y claro está a bomberos y la protección y vigilancia del medio ambiente.

No podemos olvidar lo ocurrido este verano; no es la primera vez que sufrimos incendios y, si no se pone remedio, no será la última. Exijamos plantillas suficientes, que se limpien y mantengan los bosques permanentemente, que se doten recursos, que se revierta lo privatizado, que se pidan responsabilidades por el abandono.

Enrique Dargallo (Madrid, 24 de septiembre de 2024)

ATIFCYL. Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León

Comunicado

Nos sentimos impotentes cuando nuestros compañeros que están trabajando en la extinción de estos incendios nos reportan, una vez mas, las terribles deficiencias en los avituallamientos, los turnos interminables en primera línea de fuego y las carencias para buscarles un lugar digno donde dormir, porque suponemos que El Consejero Suárez-Quiñones, además de tener la sana costumbre de comer a mediodía, también tendrá el privilegio de dormir en una cama.

Nos sentimos impotentes ante el trato tercermundista que sufren la mayoría de nuestras cuadrillas de tierra que regresaran de estos terribles incendios sin tener un lugar al que llegar, con una taquilla y una ducha, pues no cuantas ni con lo más básico en su trabajo.

Nos sentimos impotentes ante el exceso abusivo y peligros de horas continuadas en incendio que tienen que realizar nuestros compañeros de camiones autobomba, maquinistas de buldócer, cuadrillas de tierra, y helitransportadas por falta de personal suficiente para cubrir todas esas horas.

Nos sentimos impotentes porque a pesar de nuestra vocación, seguimos con un alarmante déficit de formación por parte de la administración, la cual suplimos con la formación que buscamos y sufragamos de forma individual. Mientras tanto la Junta de Castilla y León lleva varios años en la mayoría de las provincias, contratando personal del paro, ya que las bolsas de empleo están agotadas y no se convocan nuevas. Personal del paro que recibe una formación mínima, en algunos casos ni siquiera presencial, con la que han de desempeñar su trabajo.

Y, aunque nos sentimos impotentes ante la desgracia de nuestros vecinos que lo han perdido todo, seguiremos luchando.

En el 36 incendiaron España, ahora dejan que se queme

Los herederos del franquismo están dejando que gran parte de nuestro territorio quede arrasado por las llamas. Que las pantallas de humo que nos ponen con sus rifirrafes en redes y sus cínicas justificaciones no nos impidan ver la triste realidad.

Si una vez ocurre una desgracia se puede achacar la inadecuada respuesta a la inexperiencia, la sorpresa o a una injustificable imprevisión. Este no es el caso de los incendios en territorios como Galicia o Castilla y León.

Entre junio y agosto de 2022 tuvieron lugar dos incendios en la Sierra de la Culebra (Zamora). El fuego arrasó más de 60.000 hectáreas entre ambos incendios. La respuesta fue la misma que en los incendios actuales: lentitud en reaccionar por parte de las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Hace tres años se puso en evidencia algo que conocen muy bien los habitantes de los pueblos de todas las zonas rurales en las que hay bosque en el Estado español: la insuficiencia de equipos de extinción, cuyos trabajadores están mal pagados y sufren una precariedad laboral brutal. A lo que hay que añadir la escasa o nula acción preventiva.

Esta situación, lejos de solucionarse y tomar medidas para prevenir y reducir el riesgo de incendio, además de no invertir en mejores dotaciones para la extinción, se ha agravado por las políticas económicas de estas comunidades gobernadas por el PP y/con el apoyo de VOX:

  • Según Asociación Nacional de Empresas Forestales, la inversión del Estado en prevención, incluidas las comunidades autónomas, se ha reducido en un 51%, en el periodo 2009 a 2022, pasando de 364 a 175 millones de euros (2022: último año con datos completos disponibles).
  • En el caso concreto de Castilla y León, la inversión en prevención de incendios forestales ha pasado de los 10 millones de euros de 2009 a tan solo 1,4 millones en 2022.
Editado por la Cadena SER en 13/8/2

Con los datos en la mano, no caben excusas ni palabrerías. Es inaceptable el debate sobre la responsabilidad, pues es claramente de las autoridades autonómicas a quienes los números delatan.

Estamos ante el mismo problema una y otra vez, consistente en que las prioridades de los gobiernos son opuestas a las necesidades de los pueblos. Ha ocurrido en la DANA en Valencia, ocurrió en la gestión de la pandemia de COVID en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, ocurrió con el accidente del Prestige en Galicia, en 2003… y está ocurriendo ahora con esta ola de incendios, provocados intencionadamente en la mayoría de las ocasiones.

No es casual que los herederos ideológicos de quienes arrastraron a España a una guerra fratricida en 1936, en defensa de los intereses de la minoría privilegiada de entonces, sean los negacionistas de hoy, quienes con sus políticas de recortes abocan a la inmensa mayoría de la sociedad al desastre la el atraso; todo para defender a la misma minoría social de ayer y de hoy.

Que no se extrañen quienes tienen por costumbre pasearse para hacerse fotos en las zonas afectadas si los que han perdido sus casas, sus animales incluso a algún ser querido les reciben con barro, como en Paiporta, o con troncos calcinados.

Espero que, algún día, los corderos le muerdan las manos al matarife.

Roberto Tornamira
Presidente de ASTRADE