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Os dejo aquí algunas reflexiones, como continuación a mi reciente participación en una charla/coloquio en A Casa da Cultura de Redondela, organizada por el Colectivo Republicano de Redondela -que preside nuestro compañero el cabo Marco Santos-, el Ayuntamiento de la citada ciudad y A Nova Peneira.

La llamada Transición española, dirigida por Juan Carlos de Borbón, el sucesor del dictador y criminal Francisco Franco, estuvo condicionada por las presiones y amenazas del ejército franquista. Esta desventajosa correlación de fuerzas condujo a las principales fuerzas políticas en la clandestinidad a desistir de la confrontación con el aterrador poder del Estado dictatorial -constituido en Reino en julio de 1947- renunciando a la recuperación de la legalidad republicana y al inicio de un proceso constituyente en libertad.

Altos mandos del ejército de Franco, jerarcas de la dictadura, policías torturadores y jueces emboscados -que complementaban la acción represora de la justicia militar- entraron todos ellos a formar parte de la elite política, en simbiosis con el nuevo régimen juancarlista, incluidos exministros que habían firmado penas de muerte.

El “consenso” impuesto por el Rey afianzó al sucesor designado por Franco, dando paso a una democracia secuestrada.

El proceso de reforma de la dictadura era ineludible, debido al gigantesco empuje de la clase trabajadora y la inexorable internacionalización del capital. Sin embargo, estuvo dirigido y vigilado por el designado por el dictador en la Ley 62/1969, Juan Carlos de Borbón, mediante el poder que le otorgaba su control sobre el núcleo duro del aparato de Estado, que transitó intacto de la ley a la ley. Los mismos militares, los mismos jueces, los mismos policías.

De aquellos polvos estos lodos, con sus insoportables latrocinios, pues al morir Franco, la dictadura continuó existiendo. «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos» (Antonio Gramsci)

La monarquía, la jefatura del Estado, la inviolabilidad de su persona y la nueva dinastía borbónica, que habría de sucederle, quedó totalmente blindada en la Constitución; como también el mando supremo de las fuerzas armadas, constituidas en garantes del ordenamiento constitucional; un disparate inadmisible en cualquier país de nuestro entorno europeo.

La monarquía quedó, pues, apuntalada a toque de corneta.

La Ley de Amnistía del 77, una ley preconstitucional de punto final, es decir de impunidad de los crímenes del franquismo, marcó la línea a seguir por el Parlamento español en lo referente a lo militar. Prueba ello es, que aquel Parlamento, pretendidamente “constituyente”, no solo mantuvo expulsados a los condenados en consejo de guerra por su pertenencia a la Unión Militar Democrática (UMD), autodisuelta en junio de 1977, sino que incluyó un párrafo infame en la falsa ley de amnistía.

Un párrafo redactado con la finalidad de procesar al entonces capitán de aviación José Ignacio Domínguez, a su regreso del exilio. De hecho, fue condenado en consejo de guerra a finales de diciembre de 1977, seis meses después de las primeras elecciones generales.

Los compañeros de la UMD represaliados fueron parcialmente rehabilitados una década después, pero no se les dejó solicitar destino o acceder a ningún curso de ascenso. De este modo la monarquía impidió que la actuación democrática de la UMD fuese emulada por los cuadros de mando del Ejército de Franco, quedando estanco y blindado ideológicamente frente al pueblo.

El origen fraudulento de la Constitución del 78, está indeleblemente ligado a las leyes de sucesión dictadas por un régimen criminal, (Ley de sucesión publicada en el BOE nº 208 y la Ley 62/1969 de 22 de julio) que dieron lugar a una monarquía, cuyo primer eslabón de la cadena sucesoria reinstaurada por Franco es el propio dictador.

Debido a ello, no solo no hubo un proceso democrático constituyente, sino que el propio proceso de reforma de la dictadura -con el fin de adecuarla formalmente a una democracia, aceptable por la Comunidad Económica Europea- se desarrolló bajo la tutela del poder del Estado franquista. Esa presión irresistible, junto al clima amenazante y de extrema violencia policial y militar, fue el entorno en el que nació el Régimen del 78.

De aquellos polvos, a los escándalos de Juan Carlos de Borbón, pagados con fondos reservados del Estado, no pasó mucho tiempo. Luego vinieron los fraudes a la Hacienda pública, y demás latrocinios, que precipitaron su abdicación.

Por si fuera poco, el diario ABC, tradicional portavoz de la monarquía, reproduce hace unos días las conversaciones publicadas en exclusiva por Okdiario, que revelan la podredumbre del Estado borbónico.

Tras escuchar estas conversaciones, ya no puede quedar la menor duda de que el Rey fue, como mínimo, conocedor del 23-F y que, asustado por las advertencias de su secretario Sabino Fernández, abortó el golpe militar que venía consintiendo.

elDiario.es publicaba hace unos días que “la Asamblea Republicana de Vigo ha denunciado al Rey emérito y a las Infantas por presuntos delitos fiscales y blanqueo. La acusación, dirigida a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia Tributaria, considera que la creación de una fundación por parte del rey Juan Carlos, para asegurar la herencia de sus hijas, demuestra que el Borbón posee fondos en el extranjero y que los ocultó a la hacienda pública tras dos regularizaciones”.

La periodista Ana Pardo de Vera ha declarado recientemente: «Existen documentos que avalan que Felipe VI fue cómplice de su padre, incluso su luna de miel fue pagada con dinero que no pertenecía al salario que se le pasaba a Juan Carlos I…»

No es de extrañar, pues, que monárquicos juancarlistas, devenidos en felipistas, acaben convirtiéndose en leonoristas, y la cascada de latrocinios, delitos impunes y basura borbónica acabe desbordando la paciencia de las naciones sin Estado, que hartas de tanto expolio, se planten, proclamando sus Repúblicas.

Es exactamente lo que sucedió en Catalunya hace unos años, dando lugar a la violenta respuesta del Estado borbónico, que apaleó, procesó, condenó y encarceló a gente pacífica, cuyo pecado consistió en pretender depositar su voto en una urna.

Felipe de Borbón, con su intervención reaccionaria del 3 de octubre de 2017, y la aplicación del famoso Articulo 155 de la Constitución -que permite la implantación de una dictadura “constitucional”- ha puesto en evidencia su parcialidad y falsa neutralidad constitucional.

El apoyo incondicional de los países de la OTAN al gobierno colonial y sionista de Netanyahu, mientras éste sigue masacrando miles de niños y personas inocentes en Gaza, así como la implicación de España en la guerra de Ucrania, muestran la gravedad del momento, magistralmente analizado por nuestro compañero el “Teniente Segura” en su libro “La trampa ucraniana”. Una guerra imperialista por el control de las fuentes de energía. Complicidad criminal que alcanza al rey Felipe VI como Jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas, por muy inviolable que se considere.

Termino este breve relato destacando que se trata de una Constitución clasista de origen franquista, impuesta manu militari. Su bandera, la bandera de Franco y los Borbones, no representa de ninguna manera a los pueblos del Estado, sino lo peor de nuestra historia. Fue impuesta en 1843 como bandera del Estado español durante el reinado de Isabel II (1833-1904), reina Borbón derrocada por la Revolución Gloriosa de 1868, que dio paso al sexenio democrático. Los Borbones han sido y siguen siendo el principal obstáculo para la democracia, pese a su pretendida neutralidad.