La asociación recién creada está constituida por familiares de fallecidos y activistas en defensa de la Sanidad Pública y los Derechos Humanos.
Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), se constituye exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma.
DJRM promoverá la existencia de una trama comunitaria con un conjunto de organizaciones, colectivos sociales, asociaciones de familias de víctimas y vecinales y ciudadanos y ciudadanas conectados entre sí, que compartan una perspectiva común en torno a la necesidad de propiciar la investigación de las causas por las que 41.174 personas murieron en Residencias de mayores, en 2021, en todo el Estado, según datos publicados en https://es.statista.com/estadisticas/1201589/fallecidos-residencias-a-causa-de-covid-19-por-region-espana/
Cuatro años después, todos gobiernos de los territorios, han cerrado el escenario de sus responsabilidades. En la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en las Residencias a los que se les negó la atención médica hospitalaria, y en la que la judicatura está archivando las causas que se presentan. Queda un resquicio de esperanza con las “Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid”.
En Catalunya, el Parlament aprobó unas conclusiones en las que se evita señalar culpables directos y se avala la tesis de que “se hizo lo que se pudo porque nadie en el mundo estaba preparado“. Estas conclusiones las rechazan las familias de las víctimas, que piensan que ha habido un pacto político para minimizar la tragedia. Y deberían rechazarlas el conjunto de la sociedad, pues la falta de previsión, por parte de los poderes públicos, nos pone en riesgo a todas y a todos en materia de Salud y Dependencia.
Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no disponían de información respecto de las causas. En Asturias, Baleares, Murcia y Navarra aportaron los datos, sin explicar las causas.
En la Comunitat Valenciana sí aportó la información, pero a fecha 30 de octubre de 2020 y no a 30 de abril de aquel año.
DJRM no sólo no cierra las puertas de las instituciones políticas y jurídicas europeas, sino que organizará y canalizará acciones contundentes que permitan sensibilizar a la sociedad civil de la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido con todas sus consecuencias.
Desde DJRM nos proponemos promover, con los familiares de los residentes, una nueva Ley de Residencias, con mínimos exigibles de obligado cumplimiento comunes para todas las CC.AA.
DJRM, hace un llamamiento a la ciudadanía comprometida con la defensa de valores públicos a participar en la organización de un movimiento social que tome en sus manos la denuncia y organización contra la mafia empresarial que representa el modelo del negocio de la dependencia.
Mercedes Huertas Presidenta de DJRM I Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial
Señor Fiscal General del Estado D. Álvaro García Ortiz. @fiscal_es Señores jueces y señoras juezas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) @PoderJudicialEs
Me dirijo a todos y todas ustedes, para adjuntarles las Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid.
El contenido, ha sido elaborado, tras más de seis meses de extenso trabajo y veinticinco comparecencias, por siete personalidades de gran prestigio, expertos en derecho, administración sanitaria, epidemiología, derechos humanos, sociología, componentes de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, presidida por el Magistrado emérito D. José Antonio Martín Pallín.
Los ciudadanos no somos expertos en materia judicial. Sin embargo, una vez leídas las conclusiones citadas, no hace falta ser un experto para comprender que algo está sucediendo en la judicatura española cuando, tanto las fiscalías, como diferentes juzgados, archivan las diligencias sin tan siquiera investigarlas, con hechos acaecidos tan contundentes, como la decisión política de la Comunidad de Madrid, de poner en práctica los llamados “protocolos de la vergüenza”, con el no cumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la denominada “medicalización” de las residencias, ordenada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con las más de mil actas de inspección levantadas por la Policía Municipal, en las que se describen las condiciones con las que se encontraron.
Acogiéndome a la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, en lo referente a los principios de transparencia, información y atención a la ciudadanía que recoge, y las conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, formulo una queja sobre la inhibición de las instituciones judiciales a investigar el caso de las muertes producidas en las residencias, exigiendo que sean tenidas en cuenta las conclusiones adjuntas con el fin de que sean investigados todos los hechos acaecidos que acabaron con la vida de 7.291 de mayores no trasladados a hospitales.
Mercedes Huertas es una de las activistas que luchan en la Plataforma Verdad y Justicia, en la que muchas familias de las víctimas trabajan por esclarecer lo ocurrido en las Residencias durante la Pandemia, labor que desarrollan en común con las compañeras de Marea de Residencias por los derechos de los residentes.
Su padre, Juan Huertas, falleció el 6 de abril de 2020 víctima de los “Protocolos de la Vergüenza”, emitidos por la Comunidad de Madrid. Juan trabajó los últimos 21 años de su vida laboral como vigilante de sala del Museo del Prado. A los 64 años, el Alzheimer comenzó a borrarle los recuerdos. Tenía 84 años cuando falleció; pasó los últimos cinco años de vida en una residencia, aunque seguía conociendo a todos y preguntaba por sus nietos y biznietos, de hecho, el último día que su hija Mercedes y el esposo de esta le vieron fue el 6 de marzo de 2020. Con bastante lucidez, estuvo preguntando a su yerno que tal llevaba los tramites de la jubilación porque sabía que ya los había iniciado. Javier, yerno de Juan, no se separó de Mercedes ni de su suegra en ningún momento del largo trance que sufrieron, haciéndolo menos duro.
Pregunta 1.- ¿Cuándo y cómo decides organizarte con las familias de otras víctimas del abandono, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en las Residencias en Pandemia?
Tras más de dos años de inacción por parte de la justicia, varios compañeros de diversas plataformas decidimos crear “Verdad y Justicia”, el 18 de mayo de 2022, con el fin de concienciar e informar a la sociedad sobre lo sucedido y hacer una Comisión Ciudadana para obligar a que se investigue lo ocurrido, se depuren responsabilidades, si las hubiere, y sobre todo la garantía de que una atrocidad como esta no vuelva a suceder.
Pregunta 2.- ¿Qué importancia está teniendo para ti y tu familia estar organizados en lucha para que se haga Justicia?
Muchísima importancia. Tenemos la esperanza de que tanto trabajo y esfuerzo dé sus frutos. Sabemos que sin organización es imposible obtener justicia ante hechos tan graves; es la mayor masacre de la Democracia y esto no puede quedar impune. No hay que olvidar que los y las mayores son un colectivo vulnerable y que muchos de ellos, por su deterioro cognitivo, ni siquiera entendían lo que estaba pasando. Hay que ponerse en la piel de esas personas cuando de un día para otro te encierran en una habitación durante meses sin ver a tus familiares y sin saber quiénes eran los que les estaban atendiendo, vestidos con buzos, guantes, mascarilla y gafas.
Pregunta 3.- Sabes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Ayuso, acusa a los movimientos como el vuestro de que “hacen política” ¿Qué opinión te merece, no es acaso políticamente legítimo reivindicar el bienestar de nuestros mayores, como lo hacen otros movimientos en defensa de la Educación, las Sanidad o las Pensiones públicas?
Los Protocolos de exclusión y no derivación fueron decisiones políticas, ni médicas ni sanitarias, porque había camas libres en hospitales privados y en Ifema. Además, de respiradores que nunca se usaron. Los que tenían seguro médico privado si eran derivados a su hospital de referencia. La Sra. Ayuso dijo que había medicalizado las Residencias y eso es mentira, ni siguiera los geriatras de enlace se pasaban por las Residencias. Al no estar medicalizadas, en muchas no había ni paliativos, por lo que muchos y muchas murieron asfixiados y solos en sus habitaciones.
Que a la Sra. Ayuso le moleste que se dé voz a algo tan cruel e indigno es lógico, pues pone al descubierto su criminal negligencia, como mínimo. Pero hasta que no consigamos nuestro objetivo no vamos a parar de luchar, y le recuerdo a la presidenta de la Comunidad de Madrid que esas víctimas eran de todo signo político, nosotros no luchamos solo por unos u otros, no excluimos por cuestiones ideológicas, defendemos los derechos de todos y todas.
Pregunta 4.- En estos días vais a ser escuchados en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ¿Qué esperáis de esta institución?
Si al final la justicia española sigue mirando para otro lado, esperamos que al menos en Europa sí nos escuchen y abran una investigación que arroje unas conclusiones que permitan que se reconozca que se cometió una vulneración de Derechos Humanos y Sanitarios, que se conculcó el artículo 15 de la Constitución. Alguien debe dar explicaciones por hechos tan graves y hacerse responsable. Murieron de una forma tan indigna y cruel que estoy segura que no pasará inadvertido ante Europa ni ante el mundo. Esta no es una apreciación subjetiva de la hija de una de las 7.291 víctimas, es una aseveración compartida por científicos y médicos de distintas disciplinas.
Pregunta 5.- ¿Cómo ha respondido la Justicia española, tanto fiscalía como juzgados, ante las denuncias y querellas que habéis interpuesto individual y colectivamente las familias de las víctimas?
Mal, nos sentimos abandonados. En muchos casos, como es el mío y alguno de mis compañeros, ni siquiera nos han llamado a declarar. Para no tener una denuncia unificada y creo que, con más peso, las han dividido en los distintos juzgados de Madrid y eso lo dificulta aún más. Seguimos esperando respuestas de la Fiscalía General del Estado, de quien no sabemos nada después de una primera reunión con ellos el 1 febrero de 2023. El Defensor del Pueblo, más de lo mismo y la Fiscal de Madrid, Almudena Lastra, incumplió su obligación de investigar y mintió generosamente sobre lo que ocurrió en las Residencias de la Comunidad de Madrid.
Hay algunos casos que están estimados parcialmente ordenando al juzgado de Instrucción que practique determinadas diligencias, y otros que han sido desestimados tras haberse practicado diversas diligencias de Instrucción (informes de las Residencias, informes forenses, declaraciones de directores/as de Residencias…) algunos archivados y otros, como el mío y de alguna compañera más, en el Tribunal Constitucional, con un Recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales; Recurso del que nadie nos ha comunicado que no esté admitido a trámite y del que continuamos a la espera de noticias.
En este caso consideramos que el derecho fundamental afectado es el de la tutela judicial y que se ha incumplido el art. 24.1 de la Constitución Española, al no haberse practicado diligencias que consideramos relevantes para llegar a determinar la existencia de responsabilidad penal por parte de los querellados, principalmente en lo que a los protocolos de derivación respecta.
Pregunta 6.- Tenéis la firme disposición a continuar la lucha por la Verdad y la Justicia ¿Cuál sería el logro que daría satisfacción a vuestra lucha?
Lo primero, que se haga una investigación y creo que con el informe que elabore el Tribunal Popular de la Comisión Ciudadana, será de gran ayuda y muy esclarecedor, así ha quedado patente en las Jornadas celebradas los días 15 y 16 de este mes. Lo segundo, que todo el mundo sepa de esas conclusiones. Y lo tercero y más importante, que nos garanticen que ningún gobierno del Estado español, ni Central, ni Autonómico ni Municipal pueda llegar a hacer algo parecido nunca más, todos tenemos derechos y a nadie se le puede discriminar, la Constitución Española es bastante clara a ese respecto.
Tribuna Socialista 
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