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España es un país peculiar, en el que las historias políticas se repiten obsesivamente, sin que seamos capaces de darnos cuenta claramente, que todas ellas tienen al menos un denominador común: las derechas están convencidas o lo aparentan, que el poder les corresponde en exclusividad a ellos. Se consideran los más preparados y saben que cuentan con todos los medios económicos necesarios, propios o proporcionados por individuos o empresas, comúnmente para recibir contrapartidas cuando detentan el Gobierno. Y cuando por voluntad democrática de los votos de la ciudadanía, pueden gobernar fuerzas de izquierdas y progresistas, ponen en cuestión siempre, la limpieza del proceso, del recuento electoral, de la capacidad del gobernante e incluso su estado mental, o la pérdida sobrevenida de idoneidad para gobernar por aceptar el apoyo de fuerzas políticas, para ellos, marginales, a las que denominan como filoetarras, bolivarianas, socialcomunistas, independentistas vende patrias y rompe Españas. Todas ellas, por supuesto, legales y que se presentan democráticamente a las elecciones y al ser votadas obtienen puestos de diputados, en cualquier ámbito territorial.

Este tic de la derecha española, a mi parecer, les viene por un ADN mutado durante el franquismo y tardofranquismo, en el que los modos autoritarios impregnaron las familias y clanes del franquismo. Se plegaron a iniciar un proceso democrático, tras la muerte del dictador, porque era imposible mantener el modelo de la dictadura, en un momento de consolidación democrática de toda Europa y del mundo, en el que queríamos estar con pleno derecho y participar en los organismos internacionales sin la tara de ser un régimen represor y con miles de asesinatos a sus espaldas incluso tras la finalización de la Guerra Civil. La Transición se consiguió con la fuerza de voluntad de todas las partes, sobre todo de la oposición que aceptó no pedir responsabilidad por los cuarenta años de dictadura, para conseguir una reconciliación indispensable, aprobando una Constitución que recogía el marco necesario para poder asegurar un estado social y democrático de Derecho. Pero, es evidente, que esa ley de punto final dejaba indemne a las grandes familias de la dictadura que se aclimataron rápidamente a la democracia parlamentaria, con nombres tan destacados como Aznar, Fraga, Robles Piquer, Ruiz Gallar- dón, Trillo Figueroa, Calvo Sotelo, Rato, Fernández Miranda, Cabanillas, Mariscal de Gante, Arias Salgado, García Escudero, Aguirre, Oriol, March, Coronel de Palma, etcétera. Se pasó de las Cortes franquistas al Congreso y todas las familias del anterior régimen encontraron acomodo, en las nuevas instituciones, empresas públicas o privatizadas, en la banca y compañías financieras. En resumen, se produjo, lo que se ha llamado la gran puerta giratoria de la dictadura. Enfrente, en la oposición socialista y comunista, pro- fesores, abogados, profesionales diversos, que venían de la clandestinidad o se habían incorporado tras la muerte del dictador, a través de del PC, el PSOE y una miriada de pequeños partidos más a la izquierda, además de los sindicatos de clase, CCOO, UGT, y grupos cristianos como la HOAC, y otras organizaciones­ ciudadanas que habían mantenido capacidad de representar a amplios sectores de los trabajadores y profesionales de la clase media. Guerra nos puso un titular en un mitin de mayo de 1989: “Nosotros, los descamisados”. Sin duda una contienda democrática desigual, en la que la derecha tenía todas las de ganar, pero que fue doblegada por el entusiasmo electoral que en 1982 llevó a Felipe González a la Presidencia del Gobierno y antes a Rafael Escuredo a la Presidencia de la Junta de Andalucía y antes, en 1979, a cientos de alcaldes a demostrar la capacidad del socialismo para gobernar, con honestidad y solvencia.

Numerosos autores señalan que la Transición política, realmente culmina con los resultados electorales de las elecciones Generales del 28 de octubre de 1982, en las que el PSOE con Felipe González consigue 202 diputados y más de 10 millones de votos. Los socialistas gobernarían España hasta 1996, 14 años, que se les hizo tan interminable a la derecha política, mediática y financiera, con la entrada en la Unión Europea o en la OTAN, la reconversión industrial, la modernización de las infraestructuras o de los servicios públicos de sanidad o de educación. La derecha se impacientaba, no encontraba a un líder adecuado y sus gritos y escándalos se perdían sin mayores contratiempos. Ya con Aznar, en el debate del estado de la nación de 1994, agotados por el largo calvario de ver a los socialistas en el poder surge el conocido “Váyase Señor González, no le queda ninguna otra salida honorable”, que subrayó Julio Anguita en nombre de IU. Todo estaba ya permitido y el acoso y derribo a Felipe González se vio reconocido posteriormente en las sorprendentes declaraciones del Director de ABC, Luís María Ansón, al periódico El País (16/2/1998) en la que contaba quienes participaron en el complot para derribar el “felipismo”, con directores de me- dios, fuerzas financieras y toda la derecha política con Aznar al frente, reconociendo que “para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado”. Ahí es nada, un golpismo de salón, como lo denominó Joaquín Almunia, que fue gratis para los participantes y motivo de orgullo y de medallas en los corrillos de la corte madrileña. Consiguieron finalmente el Go- bierno, en l₁a₇s elecciones de 1996 y por la mínima, el PP obtiene 156 diputados, frente a 141 del PSOE y mediante un pacto con CIU de Pujol (Pacto del Majestic), PNV y Coalición Canaria, en los que Aznar entregó armas y bagajes muy por encima de lo razonable, se hizo con la Presidencia del Gobierno hasta 2004. Le sustituye entonces, el socialista José Luís Rodríguez Zapatero, tras las elecciones del 14 de marzo, realizadas en un entorno muy duro por los brutales atentados de Atocha, tres días antes.

Los atentados y las mentiras y tergiversaciones del Gobierno de Aznar culpando a ETA de la masacre, marcaron claramente desde el inicio el tono de la legislatura con Zapatero de Presidente del Gobierno, poniendo en cuestión incluso los resultados electora- les, señalando al Gobierno de ilegítimo, por la manipulación que ellos achacaron a los socialistas, de los atentados. De nuevo la derecha con Rajoy al frente del PP, se convirtió en el partido de las pancartas, de las soflamas diarias con el tono más altisonante y barriobajero al máximo. Incluso, en el marco de la lucha antiterrorista, se le echa en cara a Zapatero que es un radical y que “su política propicia la traición a los muertos”, y en sucesivos debates parlamentarios, Rajoy le exige las actas de los contactos con ETA, señalando que no es de fiar. En 2010 de nuevo, le pide que convoque elecciones porque no está en condiciones de gobernar, y en plena crisis económica Zapatero le responde: “Voy a ejercer mi responsabilidad cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”, convocando elecciones para el 20 de noviembre de 2011, que lleva a Rajoy a la Presidencia del Gobierno. El eje de nuevo de la política de la derecha era el uso de la mentira como eje central de la estrategia política de oposición. Ataques a la persona de Zapatero, sin escrúpulos, con todos los medios a su alcance y brutalmente.

Había que romper al felipismo, al zapaterismo y por supuesto al sanchismo. Pedro Sánchez, Presidente desde junio de 2018, con gobiernos de coalición y mayorías muy ajustadas es ahora el enemigo a batir y de nuevo las malas artes políticas se multiplican. La derecha extrema del PP, con Casado y Feijóo hacen del insulto el día a día parlamentario y mediático, y la ultraderecha de Vox, ambos aliados ya a las claras en ayuntamientos y Comunidades, se unen para derrotar al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez. Parece que lo habían conseguido, en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2013, que aunque habían arrojado poca diferencia en votos entre el PP y el PSOE, supuso una enorme pérdida de poder institucional para los socialistas, en alcaldías y Comunidades Autónomas. Inmediatamente, el Presidente convoca elecciones Generales para el 23 de julio, con aspavientos de la derecha por la premura y el calor, que la derecha considera ganadas de calle. Pero la realidad de los resultados arroja un crecimiento de casi un millón de votos más para los socialistas y 121 escaños, frente a 137 obtenidos por el PP, con solo 340.000 votos de diferencia. De nuevo los números no cuadran fácilmente. La derecha que pensaba iba a arrollar, con mayoría absoluta certificada, se encuentra con 137 votos del PP, 33 de Vox y un escaño de UPN y otro de CC, en total 172 posibles votos, para la investidura de Feijóo, que había pedido al Rey su de- signación. Un mes después, se desconocían las propuestas de Feijóo para su investidura y se ha produjo una anomalía curiosa, la derecha daba por perdida su investidura y dedicaba su tiempo a intentar que Sán- chez tampoco consiga los 176 votos necesarios, construyendo un maniqueo en la figura de Puigdemont, que con sus siete diputados tiene una de las llaves necesarias para conformar la mayoría, como también la tienen ERC, PNV, Bildu, o Sumar.

Tras cinco años de gobierno, que algunos descalifican como Frankenstein, Pedro Sánchez puede mostrar en su haber una magnífica gestión, en la eco- nomía, políticas sociales, legislación básica y éxito en envites tan complejos como el COVID, o la crisis energética y de alimentación ligadas a la guerra de Ucrania. Retos superados con nota, que, en el caso de la economía, le han permitido al Presidente decir que España va como una moto, hecho reconocido en el marco de la UE y de los organismos internacionales. Pero estas elecciones tienen una característica especial: Puigdemont, huido de la justicia en el maletero de un coche tras los sucesos del procés, eurodiputado, viviendo en Waterloo, se convierte en la clave de bóveda, la ficha clave para cuadrar el sudoku parlamentario. Y ahí surge la necesidad de unos de seguir la tradición de la quema del Judas y otros de demostrar que son los más listos y van a conseguir gratis lo que a otros le ha costado dinero, penas de cárcel e indulto. Y de nuevo una palabra cargada de intenciones malévolas, amnistía, la palabra que se gritaba en la clandestinidad es ahora esgrimida en un país democrático, donde una acción política descabellada por parte de los independentistas catalanes lleva a la calle a miles de personas para organizar una performance de referéndum y una declaración de independencia creando una república virtual. Autodeterminación, derecho a decidir, amnistía, se superponen a un debate en el que la sanidad, la educación, la dependencia, las infraestructuras, el cambio climático, los derechos a la igualdad y la solidaridad, el papel de España en el mundo, se marginan para centrarnos en si las Cortes Generales pueden aprobar una amnistia en el marco de la Constitución. Ello camina paralelo a un debate territorial además en el que las tres Comunidades autónomas, Cataluña, Euskadi y Galicia, que fueron premiadas en la Constitución para tener el máximo de competencias y desarrollo estatutario, pueden seguir aumentándolo a costa de retrasar a las restantes, incluso a Andalucía que ganó su puesto entre las del máximo nivel competencial con un referéndum el 28 F y la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1981 y la reforma de 2007. La postura de los socialistas fue debatida profundamente en la Declaración de Granada de 2013 que ahondaba en una España donde un pacto territorial para una sociedad plural abordara los desencuentros y los resolviera sin privilegios, mediante una reforma federal de la Constitución. En esa posición seguimos.

La investidura de Feijóo estaba abocada al fracaso. Los propios portavoces de la derecha así lo asumían, y eso a pesar de su inmoral llamamiento al transfuguismo entre los diputados socialistas, y su alegato a favor de una suerte de derecho consuetudinario a gobernar. Tras el intento de Feijóo, se abrirá el momento de Pedro Sánchez y se pondrán en la mesa las alternativas del candidato y los acuerdos para conseguir el apoyo a su investidura y a la acción de gobierno posterior, con la aprobación de los Presupuestos anuales y el desarrollo de las leyes necesarias para seguir avanzando como país moderno. Ese será el momento de analizar cómo se resuelve el entuerto provocado por el procés y de qué modo se organizan los acuerdos entre todas las partes para consolidar una Cataluña potente en el marco constitucional de España.

El PSOE es un partido que ha demostrado su capacidad de gobernar cinco años en esta última etapa con Pedro Sánchez a la cabeza. Y lo ha hecho con solvencia y ganándose la confianza de la ciudadanía. Ello ha sido respaldado con un millón de votos más que en las últimas elecciones Generales, sabiendo la ciudadanía que se ha gobernado en coalición con Podemos, y con apoyos externos de otras fuerzas políticas nacionalistas e independentistas, que representan a sus territorios con votos legítimos y democráticos de sus electores. No hay ninguna llamada de engaño o subterfugio, hay capacidad por parte de los socialistas, con Pedro Sánchez al frente, de gobernar en una España plural desde la solidaridad, la igualdad y la justicia.