Etiqueta: no es censura

El modelo comunicativo digital convierte a los usuarios de las plataformas y redes sociales en nodos de comunicación que reciben, elaboran y difunden contenidos a voluntad, desde y a cualquier lugar del planeta. Hecho qué combinado con la facilidad para crear a bajo coste páginas web y plataformas en internet, y unido a las redes sociales que favorecen la expresión de opiniones sin ningún control en la práctica; generan un volumen diario de información ingente, incontrolable y constante, de bulos y mentiras: de desinformación.

El modelo comunicativo digital genera un ingente volumen diario de desinformación, bulos y mentiras incontrolable

Basura informativa cuya autoría muchas veces se desconoce por enmascararse con un sobre nombre, un nik, para poder lanzar, libres de responsabilidad, todo tipo de mensajes vejatorios y falaces, o se mantiene en nebulosa quienes son los propietarios y cómo se financian los medios que los difunden, por la falta de transparencia sobre su estructura y financiación. Se configura así un conglomerado explosivo cuya acción conjunta es ya una seria amenaza para la democracia.

La falta de transparencia sobre la autoría de las noticias y la propiedad, la estructura y la financiación de los medios supone una seria amenaza para la democracia

Defender la democracia de la desinformación que degrada el sistema democrático y sus instituciones, es el eje axial que justificó la aprobación por el Parlamento Europeo de la Ley de Libertad de Medios cuyo objetivo no es censurar, sino proteger a los medios de comunicación de la Unión Europea de la influencia del poder político y empresarial indebida, con el objetivo de fomentar el pluralismo informativo y la información veraz, mediante la aplicación obligatoria de medidas de trasparencia que permitan a los destinatarios saber quién está detrás de esos medios, quién los dirige, cómo se financian y en qué proporción entre empresas privadas y públicas, quienes o qué empresas tienen el mayor número de acciones, los números verificados de lectores, oyentes, televidentes o usuarios únicos en los medios digitales, y una política clara en el nombramientos de los principales responsables del medio y su equipo directivo.

El objetivo de la Ley Europea de Medios de comunicación no es censurar, sino proteger a los medios de la influencia del poder político y empresarial

Norma que entró en vigor el pasado mes de mayo y que ahora los distintos países de la Unión deben trasponer a sus legislaciones actualizando o creando, si no las hubiere, nuevas normas de obligado cumplimiento, acordes con el marco europeo aprobado por la UE. Medidas que los 27 países de la Unión deberán tener en vigor en agosto de 2025, para lo que se creará un nuevo organismo de control y vigilancia, el Consejo Asesor Europeo o Comité Europeo de Servicios de Comunicación Independiente, formado por representantes de las autoridades y organismos de medios de comunicación, que se encargará de elaborar un reglamento y un sistema de control de la propiedad de los medios de comunicación, mediante la creación de una base de datos por países. Norma que complementa la Ley de Servicios Digitales, en vigor desde noviembre de 2022, donde se establece una relación de normas para los servicios de intermediación en línea: las redes sociales —en especial para las grandes plataformas con más de 45 millones de usuarios— relativas al modo de diseñar sus servicios y procedimientos y establece nuevas responsabilidades para los operadores, al objeto de limitar la difusión de contenidos ilícitos y aumentar la protección de los menores mediante el establecimiento de mecanismos de alerta.

Normativa legal europea que España debe incorporar a su legislación en la que se incardina el Plan de Regeneración Democrática, presentado por el Ejecutivo, con el mismo objetivo: acabar con la desinformación, los bulos, las mentiras, con medidas que básicamente consisten en aplicar la ya existente Ley de Transparencia, para desmontar la trama de pseudomedios creados con el único objetivo de difundir un discurso disruptivo, de los que no se sabe quién está detrás y cómo se financian.

El Plan de Regeneración Democrática tiene el objetivo de acabar con la desinformación, los bulos y las mentiras

Plan que no impone ningún tipo de censura, contrariamente a lo que afirma la derecha, pues ninguna de sus propuestas limita la libertad de expresión ni de critica; sino que van orientadas a poner en conocimiento de quienes reciben la información, los destinatarios, quién o quiénes son los dueños de ese medio, cómo se reparte la cuota accionarial entre empresas y particulares, que parte de su financiación viene de instituciones públicas y cuanta del sector privado, su estructura jerárquica y qué personas la conforman en sus diferentes grados de responsabilidad. Básicamente la aplicación de Ley de Trasparencia en vigor, que la mayoría de medios incumple, para que los destinatarios sepan de dónde procede la información que le llega y puedan valorar, libremente, el grado de intencionalidad de la misma.

Contrariamente a lo que dice la Derecha, el Plan no impone censura, ni limita la libertad de expresión o crítica, sino que obliga a informar a los ciudadanos de dónde procede la información que les llega y puedan valorar libremente el grado de intencionalidad de la misma

Medidas de un Plan que no entra en definir qué es y que no es un medio de comunicación, sino que deslinda a los medios que cumplen con la ética periodística y la defensa del derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, verificada, y diferenciada de la opinión de los que abdican de estos principios básicos. Pseudomedios, que incumplen la Ley de Trasparencia por haber sido creados, y financiados muchos de ellos solo con dinero público, expresamente para generar bulos y desinformación falseando la realidad y tergiversando los datos y los hechos con el objetivo de difamar y degradar las instituciones democráticas y a sus legítimos representantes, o para hacer propaganda de determinadas ideas y posiciones políticas.

Muchos pseudomedios han sido creados expresamente para crear bulos y desinformación falseando la realidad y tergiversando los datos y los hechos con una clara intencionalidad política

De ahí el sentido de las medidas de saneamiento democrático del sistema de medios de comunicación que incluye el Plan, que no es establecer censura alguna a la libertad de expresión, pues su objetivo es acabar con los pseudomedios que difunden desinformación que responde a intereses espurios que degradan el propio periodismo y la democracia. Para cumplir con este objetivo el Plan incluye una reforma de la Ley de Contratación de Publicidad por las Administraciones Públicas para que no se pueda adjudicar a dedo, y para favorecer el reparto de ese dinero de manera equilibrada entre los medios del ámbito territorial del que se trate.

Medidas con las que se pretende reducir la polución desinformativa circulante obligando a los medios a exponer públicamente una información básica que permita al destinatario juzgar si la información que recibe de ese medio responde al ejercicio responsable del derecho de los ciudadanos a recibir una información plural y veraz, del que los medios de información son garantes; o si esta sesgada, corrompida, por intereses ocultos para azuzar la pugna política. Nada se dice en el Plan de recorte alguno del derecho a la libertad de expresión de los medios y ciudadanos, sino que suponen una ampliación de esos derechos al proponer la despenalización de la crítica, explicita o teatralizada, contra las instituciones y símbolos que representan al Estado, en especial los que afectan a la Corona, que aún es objeto de debate entre los socios del Gobierno. O las referidas a la modificación de una parte de la Ley Mordaza, relativa al derecho de los ciudadanos a grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función coercitiva.

El Plan amplia el derecho a la libertad de expresión al despenalizar la crítica a las instituciones del Estado, incluída la Corona o el derecho a grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función coercitiva

Así pues, dar pábulo a las denuncias sobre el pretendido deseo del Ejecutivo de imponer la censura informativa a los medios, es otra más de las patrañas y falacias lanzadas diariamente a la palestra pública, sin datos que lo avalen, por una derecha que de manera infame e irresponsable acrecienta el fango. Claro ejemplo de desinformación intencionada que los políticos, en el ejercicio de su libertad de expresión pueden realizar, pero no los medios de comunicación que se tengan por tales.