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Un año más, y ya son muchos, las asociaciones de pensionistas han salido a las calles de Madrid. Como en convocatorias anteriores, miles de personas llegadas de la práctica totalidad de las comunidades autónomas se han sumado a la Manifestación del sábado 26 de octubre.

Las reivindicaciones:

• Revalorización de las pensiones recuperando poder adquisitivo.
• Garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
• Realización de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
• Rechazo de cualquier pretensión de privatización de las pensiones públicas.

Se dice que las pensiones se revalorizan por ley con el IPC, pero esto es una verdad a medias. El artículo 1 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre modifica el Artº 58 de la Ley General de la seguridad Social “Revalorización y garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones”.

El punto 2 de este artículo 58 dice: “…las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior”.

Según la FUNCAS, un “think-tank” de la obra social de la CECA, nada sospechoso de trabajar en favor de los intereses de los pensionistas, comentó en su informe sobre la evolución de los precios al consumo, y en concreto respecto a la utilización del IPC medio como valor de referencia: “…en los dos últimos años al pasar el crecimiento medio del índice de precios de consumo (IPC) del 3,1 % en 2021 al 8,4 % en 2022. No obstante, detrás de esas cifras promedio se encuentran incrementos mucho mayores en un amplio listado de bienes y servicios básicos”.

Es decir, en 2021, mientras el IPC general se fijo en el 6,5% el IPC medio fue del 3,1%.

Para dejar las cosas claras, el poder adquisitivo de las pensiones estará garantizado:

1º) Cuando las pensiones recuperen el poder adquisitivo perdido, que en el periodo 2010 a 2023 acumulan una pérdida del 6,44% (ver cuadro), pérdida provocada por los cuatro años (2014 a 2017, ambos inclusive) en los que el Gobierno del PP revalorizó las pensiones al 0,25% cada año. Y por la alta inflación de los años 2021 y 2022, en los que el IPC se situó en el 6,55 y 5,7% respectivamente.

2º) Cuando las pensiones sean un derecho fundamental y las leyes que lo desarrollen sean orgánicas, en lugar de ordinarias, de tal modo que su revalorización no quede al albur de los cambios de gobierno y de los vaivenes del mercado.

Respecto a la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, ningún plan o sistema es sostenible si se le sangra.

Los sistemas públicos de pensiones vienen siendo atacados desde la década de los 80 del siglo XX, pues son vistos, como casi todo lo público, como nichos de mercado en los que hacer beneficio privado, devaluando el objetivo de servicio público para el que fueron creados; ocurre con la Sanidad, con la Educación, con las Residencias de mayores, con la Vivienda, etc.

En 2020, el Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe en el que establecía que, en el periodo 1989 a 2018, el Estado había utilizado más de 103.000 millones de euros para realizar pagos que no correspondía pagar con el dinero de las pensiones. El ministro Escrivá, en 2023, afirmó públicamente que la deuda del Estado con las pensiones ascendía a 140.000 millones. Fue a partir del informe del Tribunal de Cuentas cuando el movimiento de pensionistas reivindicó con fuerza una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Este compromiso se incluyó en la Ley 21/2021, pero, a fecha de hoy. El Gobierno no ha cumplido con este mandato legal ni ha dado explicaciones del incumplimiento.

Garantizar el Sistema Público de Pensiones es por tanto no utilizar indebidamente el dinero cotizado para pensiones como devolver a las pensiones el dinero mal utilizado. Por eso es importantísimo que se lleve a cabo la Auditoría que está mandatada por ley, para saber realmente cuánto dinero se le debe a las pensiones desde 1967 a 2019, tal como especifica la Disposición adicional sexta de la Ley 21/2021.

Es preocupante saber que más del 50% de la ciudadanía no sabe que la Sanidad no se paga con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Esto indica que se ha olvidado para una importante parte de la sociedad que las pensiones son salario de nuestras nóminas de hoy destinado a pagar las pensiones futuras; por eso la cuestión de las pensiones es un derecho que debería defender los jóvenes también. Garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones pasa por no confundir lo que se paga con impuestos, los cuales manejan los gobiernos para el gasto público, con las cotizaciones a la Seguridad Social que es dinero retenido de nuestras nóminas cada mes, a lo largo de toda la vida laboral.

Por último, hay que estar atentos a las pretensiones de las aseguradoras y las entidades financieras, ávidas de pillar la gestión de las pensiones y de desviar las cotizaciones de los trabajadores a fondos privados que, a su vez, serán sometidos a la especulación bursátil sometiendo así a las pensiones a un riesgo brutal e innecesario con el que los beneficiados serán ellos, los especuladores, cobrando grandes comisiones del negocio.