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Tribuna Socialista entrevista a Ana Rosa Encinas Gilarranz

Ana Rosa Encinas es madrileña, se licenció en Medicina en la Universidad Complutense. Realizó la especialidad de Medicina del Deporte y cursó la formación de Psicoterapia en la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt. Madre de 2 hijos. Comienza su activismo en defensa de la Sanidad pública en las movilizaciones de la Marea Blanca. Participa en la Plataforma de Centros de Salud y en varios colectivos en defensa de la Sanidad pública.
Desde hace 38 años, ha desempeñado su trabajo como médica de Atención Primaria, 20 en el barrio de Usera y los 18 últimos años en Carabanchel, donde continúa siendo testigo del deterioro progresivo de nuestro sistema sanitario público.

Pregunta: El domingo día 19 hubo en Madrid una nueva manifestación muy multitudinaria en defensa de la Salud Pública ¿qué sensaciones te quedan tras esta repuesta de la ciudadanía a la convocatoria?

Vivimos en una sociedad que nos empuja al individualismo y a la falta de empatía, potenciando el aislamiento y la soledad, un buen caldo de cultivo para enfermar, en la que se intenta dinamitar vínculos.

Las movilizaciones ciudadanas no son fáciles y la resignación y falta de esperanza en un posible cambio, son nuestros peores enemigos.

Partiendo de esta premisa, creo que debemos sentir alegría y orgullo al ver a tantos miles de personas inundando nuestras calles, exigiendo que nuestro sistema sanitario público reciba la inversión necesaria y la gestión adecuada, evitando la privatización, para poder hacer sostenible el sistema y tener una atención digna, de calidad y universal.

P: El espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid lleváis varios años en movilización ¿por qué hay que movilizarse para defender la Sanidad Pública? ¿qué está ocurriendo en Madrid?

Todas las personas que aquí vivimos (aunque no se padece de igual manera según las zonas y clases sociales) vemos el deterioro de la atención sanitaria recibida. La ciudadanía tiene dificultades de acceso a su Centro de Salud: en algunos lugares les derivan a otras localidades, sin tener en cuenta que para algunas personas resulta complicado el traslado y siempre rompe la relación terapéutica; el aumento del tiempo de espera con su profesional (de hasta 20 o 30 días); la falta de pediatría en muchos centros (agrupan y deben desplazarse a los centros referentes, perdiendo longitudinalidad y seguimiento); la falta de profesionales en horario de tarde (el futuro será cierre a las 18 horas, sin valorar que muchos horarios laborales terminan tarde) También sufrimos la falta de médico/a en la mitad de nuestros centros de urgencias extrahospitalarias (aquí debemos hablar de las muertes ocurridas en estos centros sin médicx, ya son 5 muertes publicadas que quizá se hubieran evitado con equipo completo).

A nivel hospitalario padecemos una lista de espera interminable para revisiones, pruebas diagnósticas o cirugía hospitalaria (hemos superado el millón de personas en lista de espera y desconocemos el número de personas que fallecen esperando su cita).

La Sanidad Pública es un derecho social que nos iguala a todas las personas, un derecho humano básico contemplado en la Constitución y en las leyes centrales y autonómicas.

Es necesario defenderlo porque nos va la vida en ello.

P: Es evidente que los vecinos y las vecinas tienen derecho a expresar su opinión, señalar los problemas y exigir soluciones ¿qué y quién puede aportar soluciones a la situación que está sufriendo la Sanidad Pública madrileña?

La enfermedad se ha convertido en uno de los negocios más rentables. Todas las personas somos pacientes cautivos, debido a ello la privatización de la Sanidad pública se extiende a todo el Estado y ocurre lo mismo en otros países.

A Madrid le transfirieron las competencias en Sanidad en 2001 y es el Gobierno autonómico quien decide los presupuestos raquíticos y la despiadada desviación de dinero público a empresas privadas: de cada 2 € presupuestados para la sanidad pública, 1 € termina en manos privadas.

Es nuestra Consejera de Sanidad la que debería tener la intención política de hacer sostenible el sistema público, con inversión adecuada e impidiendo la sangría que supone la privatización.

Somos conscientes de que las leyes que permiten la privatización tienen rango estatal: Ley 15/86 (artículos 66,67 y 90) y Ley 15/97, leyes que, por coherencia, deberían ser derogadas.

La ciudadanía debe exigir la reversión de todo lo privatizado porque somos los titulares de nuestro sistema sanitario.

P: Como trabajadora de la Sanidad Pública ¿cuál es el problema más grave al que os enfrentáis los y las profesionales sanitarias?

Comenzaré explicando que hay déficit de plantilla de todas las categorías y en todos los niveles asistenciales, esto conduce a una sobrecarga laboral generalizada.

En el caso de medicina de familia y pediatría hay 500 plazas vacantes, por lo que los pacientes son repartidos entre los profesionales que estamos, las agendas son interminables y tenemos insuficiente tiempo para poder escuchar, diagnosticar, tratar y acompañar a los pacientes, así como maltrato e incumplimiento de nuestros derechos laborales.

En Madrid faltan profesionales porque se van de aquí, buscando mejores condiciones de trabajo. Aumentar las plazas en Universidades y en la formación de especialidad no soluciona totalmente el problema. Madrid es un lugar frecuentemente elegido para la formación, tenemos muy buenos centros y prestigiosos profesionales, el problema son las condiciones laborales: habrá que igualar la oferta a la que encuentran en sus lugares de destino.

P: Las trabajadoras de la Sanidad Pública, como todas y todos los trabajadores, también enfermáis. En calidad de paciente ¿Cuál es el problema más grave?

A raíz de la pandemia hemos tenido que atravesar momentos muy dramáticos, sosteniendo mucho sufrimiento de muchas personas. Para algunos compañeros y compañeras ha sido un shock postraumático, que arrastran y se suma a la sobrecarga en el trabajo, precisando medicación y/ o baja laboral.

Muchas sentimos que están profanando nuestro trabajo, es difícil dar la atención humana adecuada.

P: Por último, ¿qué le dirías a una persona que piensa que no se pueda hacer nada?

Le recordaría que la Marea blanca impidió la privatización de 6 hospitales y 27 Centros de Salud e impidió que el Hospital de la Princesa se convirtiera en un geriátrico. Más actualmente, nuestras movilizaciones han obligado a reabrir los 37 servicios de urgencia urbanos, aunque no todos con equipo completo. Hemos frenado el cierre de la tarde por ahora…

La ciudadanía debería tomar conciencia de la gravedad del tema. Sería muy interesante que fuéramos capaces de aumentar la red de vínculos y de implicación, hacer una Auditoría ciudadana manejando la información que pretenden ocultar los responsables de nuestra gestión sanitaria, los que nos despojan de lo que es nuestro.

Roberto Tornamira para Tribuna Socialista

Defender la sanidad pública

La sanidad pública es uno de los pilares del «Estado del Bienestar» que constituye el denominado «salario social», es decir, aquella parte de nuestro salario que nos es devuelto en forma de educación pública, sanidad pública y otros derechos sociales. Pero bien sabemos que los derechos sociales solo pueden existir cuando hay servicios públicos que lo garantizan y cuando esos servicios públicos tienen el personal, los medios y los fondos suficientes.

La sanidad pública es la que nos iguala a todos en la prestación de servicios dedicados a proteger o recuperar nuestra salud, pero desde hace algunos años, los fondos de inversión privados han fijado sus ojos en los servicios públicos ansiosos de hincar el diente al suculento salario social y en particular en la sanidad.

Tal y como afirmamos en la editorial, «La masa social ha tomado conciencia de la importancia de defender la Sanidad Pública, y por eso nos hemos echado a la calle en muchas comunidades, con especial intensidad en Madrid. Aseveramos que los acuerdos que los colectivos de sanitarios están alcanzando en distintas comunidades y áreas de Salud, no resuelven el problema de la Sanidad Pública por el que cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle en estas semanas pasadas. Las soluciones laborales son de justicia, son la consecuencia lógica de la lucha llevada a cabo por médicos, personal de enfermería y auxiliares, por el personal de ambulancias y/o por los Médicos Interinos Residentes (MIR). Sin embargo, no resuelven el problema que las políticas económicas privatizadoras y austericidas han generado y que el COVID-19 ha puesto al descubierto«.

Ahora que se acercan elecciones municipales y en algunas comunidades, también autonómicas, las políticas de salud deben estar en el centro del interés de los programas electorales porque la recuperación de un modelo de sanidad público de calidad no cae del cielo sino de la inversión económica en sanidad.

La atención primaria, las urgencias, la hospitalaria, la salud mental, el transporte sanitario necesitan personal bien cualificado y bien remunerado e infraestructuras y equipamientos adecuados. Es la lucha por el principal pilar de nuestro estado de bienestar que está siendo desmantelado y des- prestigiado en beneficio de las mútuas privadas, y de los fondos de inversión que buscan rentabilizar su capital convirtiendo los servicios públicos en servicios externalizados,privatizados, a los que se deja de calificar como públicos para rebautizarlos con el eufemismo de «servicios de interés general». No es nada nuevo. Ya lo advertíamos en febrero de 2019, en el TS99: «Es notoria y pública,la lamentable situación de la sanidad pública en Madrid, con desvío de fondos constantes a la sanidad privada, hospitales de gestión pública-privada, carencias graves de medios y personal, falta de modernización de instalaciones, etc...».

Tampoco es algo exclusivo de Madrid, en Cataluña, donde no gobierna el PP, la sanidad está sufriendo la privatización de igual manera. De hecho, los recortes en Catalunya empezaron antes que en el resto del Estado. El Gobierno de Artur Mas (CiU) aplicó un recorte global en sanidad y educación públicas, protección social, ocupación y vivienda de ni más ni menos que 4.500 millones de euros. Los sucesivos gobiernos de JxSí, PDeCAT/JxCAT y ERC no han revertido ni mucho menos estos recortes, hecho que sitúa a Catalunya en la cola del Estado en atención sanitaria, como apunta el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): listas de espera interminables, masificación, plantillas insuficientes y cada vez más precarizadas, cierre o reducciones de servicios en CAPs y hospitales…

La sanidad privada, sin embargo, ha avanzado en época de recortes. Por ejemplo, la Generalitat entregó en 2019, 300 millones de euros al holding sanitario IDCsalud, controlado por un fondo de capital riesgo, conformando el grupo Quirónsalud, mientras recortaba un 16% el presupuesto del CatSalut. Y es que el 76% de los hospitales y el 56% de las camas hospitalarias catalanas son gestionadas por empresarios privados. Hoy, el 42% del total de camas hospitalarias de Catalunya son propiedad del grupo Quirónsalud.

Los vampiros de la sanidad pública no entienden de fronteras y encuentra sus aliados naturales en los gobernantes de la derecha, como es el caso de Ayuso en Madrid o Juanma Moreno en Andalucía, por citar tan solo dos ejemplos. Están conviertiendo la sanidad pública en un lucrativo negocio privado, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, en todas partes, en detrimento del servicio público que nos iguala y que es nuestro, ¡Hay que pararlos! y exigir a los partidos, en mi caso, mi partido es el PSC, a que se comprometa a revertir la situación, y eso solo se hace con partidas presupuestarias concretas para invertir en lo público y no en lo privado.

La sanidad, la educación o las pensiones son patrimonio de todos los trabajadores, por lo que los que aspiramos a ser partido de representativo de la clase trabajadora, tenemos deberes para demostrar que no es lo mismo un partido que otro.

Baltasar Santos
Miembro del Comite de Redacción de Tribuna Socialista