Editorial: El liberalismo es un enfermo crónico de privatización

Cuando las sospechas se convierten en evidencia debería ser hora de decisiones políticas y judiciales contundentes. No vale poner paliativos ni parches. No hacerlo deriva en desconfianza y decepción. Esto vale para la corrupción y vale para la privatización; que en no pocas ocasiones van unidas.

Cuando se ha hecho evidente que la Casa Real era un nido de parásitos desenfrenados, no se ha actuado en ningún sentido: ni fiscal, ni judicial, ni político, ni tan siquiera mediático, dando lugar a la naturalización del comisionismo utilizando los cargos públicos. Si lo hace el jefe por qué no los demás.

Ahora se ha hecho evidente que la privatización de la sanidad es una hemorragia de dinero para el erario público, un riesgo para las y los pacientes y casi un axioma de corrupción. Es hora de actuar con contundencia contra esta lacra, derogando las leyes que hacen posible esta perversión: los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86 que establecen los contratos singulares y los conciertos con entidades privadas; y la Ley 15/97 en su totalidad -solo tiene un artículo- que hace posible que cualquier sablista, se haga rico a costa de los impuestos.

Quienes se dedican a distinguir entre privatización y colaboración público-privada mantienen una falacia, pues el crecimiento sostenido del beneficio es un principio al que las empresas no están dispuestas a renunciar. Por ende, lo que eufemísticamente llaman colaboración, no es más que negocio. El caso del Hospital de Torrejón de Ardoz solo tiene la peculiaridad de que un audio escuchemos las consignas dadas por el CEO de Rivera Salud a sus subordinados. Todas las empresas están inspiradas por criterios similares, para alcanzar el objetivo del incremento anual de beneficios. Este criterio es el que lleva a que las campañas de cribados de cáncer, por ejemplo; sean de mama, de cevix, de colon, etc., terminen siendo prácticamente estéticas, sin que las empresas que cobran por realizarlas dediquen los recursos necesarios para que tengan el rigor que deberían. ¿Acaso no cabe pensar que el hecho de que cada año no se tomen medidas preventivas que combatan las gripes estacionales, es una forma de alimentar el negocio por la vía de la saturación de las urgencias hospitalarias? El resultado es el colapso de las urgencias, en muchas ocasiones, con pacientes no adscritos por los que facturan aparte.

El alma liberal…

El problema político que sufrimos es que las empresas no podrían acceder a este gran nicho de negocio, lo público, si no contasen con la colaboración necesaria de una importante parte de la clase política. Hete aquí que esta enfermedad del liberalismo, la privatización, parece ser contagiosa, pues no son pocos los que, diciéndose progresistas, conviven con la enfermedad y no parecen dispuestos a aplicar tratamiento alguno.

Es indiscutible, y hasta coherente, que la derecha tiene en su ideario la jibarización del Estado, pues, si pudiesen, lo reducirían a la justicia, las fuerzas armadas y la policía, no para proteger a la sociedad, sino para protegerse asimismo del cabreo de la mayoría social: un ejemplo de esto es la “Ley Mordaza” que impuso el PP en 2015 y que ahí continúa sin derogar.

Esos que vociferan la palabra libertad, hablan de la libertad del individuo para hacer lo que le venga en gana, aunque eso perjudique a la mayoría social. El día que se explicó que sus derechos terminan donde comienzan los de sus congéneres no asistieron a clase.

… las consecuencias

El convencimiento refractario a la cosa pública los lleva a detraer dinero público para el establecimiento de universidades privadas, a la par que asfixian económicamente a las públicas y endurecen las condiciones de acceso a las titulaciones, empujando al alumnado hacia los negocios privados, donde, pagando, se puede acceder a cualquier titulación sin necesidad de tener una determinada nota, basta con que la familia pueda pagar, lo que solo puede hacer una minoría. Un negocio que en el curso 2024/2025 superó los 4.100 millones de euros.

La operativa es exactamente la misma en el mercado de la salud privada, con el agravante de que este negocio se nutre, además, de dinero público vía conciertos. A falta de datos estatales, decir que en Madrid se desviaron más de 3.000 millones de euros a los hospitales de gestión privada, un 30% del presupuesto total para sanidad en la Comunidad de Madrid. La presión de las listas de espera, el colapso de las urgencias, el déficit de médicos de familia y pediatras… lleva a que el 26% de la población en todo el Estado, en promedio, tenga una póliza privada de salud. En 2024, solamente los hospitales privados facturaron 13.900 millones de euros en todo el Estado.

Es un negocio sin miramientos. En el Hospital de Torrejón, presuntamente, el personal sanitario tenía orden de reutilizar los catéteres de electrofisiología que cuestan 2000 € cada uno. Un material que sólo puede reutilizarse tras enviarlos a una fábrica de Alemania, para su reciclaje.

En las residencias de mayores y en los colegios infantiles la comida es, en general, incomestible y escasa. El común denominador para toda la gestión privada es la escasez de plantilla, lo que deviene en una atención insuficiente para los usuarios, que se palía con el sobre esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, sometidos a sobrecargas de trabajo; una de las justas denuncias de los sindicatos médicos en la huelga que ha tenido lugar entre el 9 y el 12 de diciembre.

La educación primaria y secundaria públicas sufren el mismo acoso gubernamental en las comunidades autónomas, en favor de la educación concertada. Exactamente lo mismo que en las residencias de mayores. Nuevamente sin cifras estatales, en el presente curso 2025/2026 han sido 62.000 los alumnos y alumnas que se quedaron sin plaza en Madrid para cursar sus estudios en FP, donde casi el 50% del alumnado se ve empujado a un centro privado.

Esta misma dinámica, si bien con tecnicismos que lo hacen menos evidente, se está aplicando al Sistema Público de Pensiones, al que se le presiona con una gran carga mediática con el mantra de la insostenibilidad del sistema. Mientras que el Gobierno se niega a cumplir con la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021, por la que está obligado a encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

Al problema de la enfermiza privatización de lo público y del dinero que las empresas chupan de los contribuyentes, y sus derivaciones a la corrupción, hay que añadir las muertes y perjuicios a la salud que el liberalismo provoca con sus políticas.

Los 7.291 muertos en las residencias de Madrid, en 2020, fueron víctimas de la decisión política de la señora Ayuso, la protegida por la fracción TOP de la judicatura, para no obligar a las empresas que gestionan las residencias públicas a medicalizarse y para no trasladar a los hospitales a los enfermos, muchos de los cuales podrían haber salvado la vida. Eran esos enfermos que el CEO de Rivera Salud en el Hospital de Torrejón llama “pacientes no rentables”, a los que había que “reducir la atención para ajustar el servicio al presupuesto, aumentando las listas de espera y priorizando pacientes de fuera del área para mejorar beneficios”.

De igual modo, los 229 fallecidos en la DANA del 29 de octubre del pasado año en Valencia, son víctimas de esta orientación ideológica del PP y VOX, que lo primero que hicieron fue desmontar la Unidad de Emergencias de la Generalitat Valencià, porque no lo consideraban un servicio público necesario. Además del terrible desprecio por la vida de las personas que demostró Mazón y su gobierno.

Lo mismo podríamos decir de las 7 víctimas mortales, en los incendios forestales, entre enero y septiembre de este año, porque los gobernantes de Extremadura, Galicia, Castilla y León y Madrid externalizan los servicios de bomberos forestales a empresas privadas, mientras maltratan y precarizan a los bomberos forestales de TRAGSA -empresa pública-.

Mientras se desvían cada año miles de millones hacia las empresas privadas, que premian con obsequios millonarios y cargos en consejos de administración a sus secuaces en la política, se escatima en la construcción de vivienda pública; una necesidad urgente para hacer frente al drama social que sufren los hijos e hijas de la mayoría social, quienes no pueden emanciparse, ni puede pagarse una póliza privada de salud ni puede acceder a una universidad privada.

Desde Tribuna Socialista no nos situamos en la lógica de la derecha; a la que le da lo mismo cómo y por qué caiga el Gobierno, con tal de derribarlo. El presidente y su Consejo de Ministros están en su derecho de agotar la legislatura, pero solo merecerá la pena si lo hacen tomando decisiones que defiendan los servicios públicos y dando soluciones a las reivindicaciones de esa mayoría social.

El Comité de Redacción

^{Ciclo de deterioro sanitario en España}

_{Ciclo de deterioro educativo en España}

La Salud privada, privados de Salud

El periódico El País del día 4 de diciembre resaltaba en portada los hechos ocurridos en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz como un “escándalo en la sanidad de Madrid”. Ribera Salud, empresa privada y gestora en el Hospital, echó a cuatro directivos que se quejaron en el canal ético de la empresa de las órdenes de rechazar pacientes. Los audios sobre las formas para proceder a rentabilizar las cuentas de resultados, rechazando pacientes, generando listas de espera, son maniobras y/o negligencias que incumplen los derechos de las personas y por tanto deberían ser juzgados como un delito sobre la salud pública.

Más Madrid ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Madrid la apertura de diligencias para investigar la gestión del Hospital Universitario de Torrejón, indicando posibles irregularidades en la atención a pacientes y la priorización de beneficios económicos sobre la calidad asistencial.

_{Concentración frente a la sede de Ribera Salud
en la c/ Núñez de Balboa, 31 de Madrid 5/12/25}

El día 5 de diciembre, dando respuesta inmediata a los hechos ocurridos en la sanidad madrileña, el espacio de Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid, convocó concentración urgente frente a la sede de Ribera Salud, en la calle Núñez de Balboa, 31 de Madrid. Bajo un ambiente de crispación los manifestantes mostraron su rechazo con canticos contra la gestión del gobierno de Madrid que prioriza los beneficios económicos de unos pocos antes que la salud de un pueblo. También se pidió la derogación de la ley 15/97, que es la que permite que las empresas privadas, estos buitres, entren en la sanidad pública.

**_{Movilización ante el Hospital de Torrejón de Ardoz 12/12/25}**

La respuesta a la evidencia de que no existe colaboración público-privada, sino negocio privado a costa del dinero público, el movimiento vecinal continuó el 12 de diciembre, en este caso fue la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Sanidad Publica de Torrejón de Ardoz, quien convocó otra concentración en las puertas del Hospital de Torrejón para exigir la reversión del hospital a la gestión pública. Entre muchos canticos y protestas, se jaleó la exigencia de derogación de la ley 15/97. La asistencia fue mayor que en la concentración frente a Ribera Salud, pero insuficiente considerando que lo ocurrido en el Hospital de Torrejón debería ser motivo para que los vecinos del municipio participasen de manera multitudinaria. Solamente recodar que en las elecciones municipales celebradas en 2023 el PP fue el partido más votado por los vecinos y vecinas de Torrejón con un 50,65% de los votos, seguido por el PSOE con el 18,23% y el 16,66% de MM.

Después de una semana en la que la noticia ocupaba titulares de presa y mucho espacio en tertulias televisivas, el escándalo de la sanidad en Torrejón ha dejado de ser noticia; por la dinámica de los medios de comunicación y porque la situación caótica de la Sanidad Pública en Madrid hace difícil que sea de otro modo. Ahora, en lo que respecta a noticias sobre la Sanidad el foco está en las huelgas de médicos y el preacuerdo que han alcanzado las organizaciones sindicales con la Ministra de Sanidad, Mónica García, la ola de gripe estacional que cada año pone más al descubierto la falta de previsión del Gobierno de Ayuso, etc.

Los trabajadores del sistema sanitario están en lucha, unos de la mano de los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT; CSIF, CIG-Saúde, que negocian mejoras laborales dentro de un estatuto marco para todos los profesionales sanitarios: jornada de 35 horas, jubilaciones anticipadas… y por otro lado, está la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) una organización formada por 16 sindicatos y asociaciones médicas, que el pasado 9 de diciembre salieron a las calles de toda España en jornada de huelga y en la que se espera vuelvan a mediados de enero, con una orientación claramente corporativa.

Dos reivindicaciones paralelas y enfrentadas que, en mi opinión, están consiguiendo quitar el foco al verdadero problema, el cáncer del Servicio Nacional de Salud (SNS), que es el desmantelamiento de la sanidad por la vía de la privatización y las gestiones público-privadas. ¿Podrían las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública, sin abandonar sus luchas laborares por la mejora de sus condiciones vida y trabajo, incluir la derogación de la ley 15/97 exigiendo que la sanidad sea 100% un servicio público? Vimos a la ministra Mónica García, -antes de ser ministra- pronunciarse en favor de derogar la ley 15/97, pero aún hay que esperar si así ocurre y cuál es la redacción de la nueva ley, ya que los Quirón y los Ribera Salud, entre otras empresas buitre, no van a dejar tan fácil sus nichos de lucro y corrupción.

La sanidad pública, como la educación las pensiones o la dependencia, son los pilares para un estado del bienestar. Sin embargo, vemos como cada vez se invierte menos y se recorta más. Como resultado de estas políticas vemos las consecuencias tan graves para la salud de las personas: las consecuencias de la pandemia Covid- 19, en las que 7291 víctimas en las residencias de Madrid, donde se las negó la atención médica hospitalaria. Los cribados de cáncer en Andalucía. El deterioro del sistema de salud es de ámbito estatal, también lo sufren los trabajadores de la sanidad, que realizan jornadas laborales maratonianas y con pocos recursos en muchas ocasiones.

Desde el 2010, con Zapatero en el gobierno, hasta hoy, los sanitarios han acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 15%. Tanto los trabajadores de la sanidad como los usuarios del servicio público sanitario, siendo estos derechos constitucionales, junto con la Educación y las Pensiones, deberíamos defenderlos y movilizarnos por la salida inmediata de los buitres que hacen negocio con la salud de las personas. Del mismo modo exigir y movilizarse contra los presupuestos y el envío de miles de millones para el gasto militar, para la guerra, que se destinan sin esfuerzo, mientras se cierran centros sanitarios y baja el personal de los que aún permanecen abiertos tras la pandemia, con la excusa de falta de presupuesto.

Gastos militares para escuelas y hospitales.

Juan Fernando, vecino de Torrejón de Ardoz.

La esperanza está viva

^{Zohram Mamdani, el 26 de octubre en un mitin de campaña en el estadio Forest Hills, en Queens.
A su derecha el senador Bernie Sanders y a su izquierda la congresista Alexandria Ocasio-Cortez}

“La esperanza está viva”, es una de las frases que Zohran Mamdani dijo la noche del 4 de noviembre, al ser proclamado vencedor en las elecciones municipales de Nueva York. Una esperanza que también revivió esa jornada electoral en otras grandes ciudades y estados; es el caso de Abigail Spanberger en el Estado de Virginia o de Mikie Sherill en el Estado Nueva Jersey. La última victoria demócrata ha sido la de la socialista Katie Wilson, perteneciente a la DSA, quien el 14 de noviembre ganó la alcaldía de Seattle -una ciudad con más de 800.000 habitantes-.

Esta oleada de derrotas del partido Republicado hay que atribuírselas a Trump y sus políticas destructivas, con todo el catálogo de agresiones de corte filofascista, pero no solo a eso.

No debemos obviar que también están siendo derrotadas las dinastías políticas en el seno del Partido Demócrata. El impulso que hace revivir la esperanza viene de los Socialistas Democráticos de América (DSA en sus siglas en inglés), que, no es un partido político, es una organización con 90.000 afiliados que actúa bajo el paraguas del Partido Demócrata. Esta organización política no es nueva; nace en 1982, tras la fusión de Democratic Socialist Organizing Committee (DSOC) y New American Movement (NAM). DSA celebró su último congreso en el mes de agosto pasado, en el que llegó a plantearse la posibilidad de separarse del Partido Demócrata y constituir un Partido de los Trabajadores; opción que no salió adelante.

Esta ola de entusiasmo y esperanza tiene dos elementos importantes en política: respuesta a las necesidades de la mayoría social y la renovación.

El eje de campaña de las victoriosas candidaturas demócratas ha sido, por ejemplo, por parte de Mamdani: crear una cadena municipal de tiendas de alimentación, congelar los alquileres, falta de protección social, transporte público gratuito, entre otras preocupaciones de la mayoría social. Y, en general, el Partido Demócrata pelea por dar continuidad a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio –Affordable Care Act, abreviada (ACA)-, conocida como “Obamacuidados” (Obamacare), promulgada con carácter de ley el 23 de marzo de 2010.

El eje de campaña ha sido crear una cadena municipal de tiendas de alimentación, congelar los alquileres, falta de protección social, transporte público gratuito, entre otras preocupaciones de la mayoría social incluyendo la sanidad
(Obamacare)

En nuestro país, el 21 de diciembre se abre un periodo electoral con las elecciones autonómicas extremeñas que ha anticipado el PP, pensando que la debilidad de sus oponentes les dará una victoria contundente en Extremadura que ejerza de motor de arrastre para otras contiendas electorales. Como si el 13,56% de paro o el 32,4% de tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social no fuesen elementos de responsabilidad del gobierno de la señora Guardiola. Y como si los extremeños y extremeñas fuesen a olvidar las 50.000 hectáreas quemadas el pasado verano, con una gestión de los incendios más pensada como nicho de negocio para las empresas dedicadas a la extinción que una gestión pública con la prevención como objetivo; una óptica coincidente en Galicia y Castilla y León -el fuego ha devastado el pasado verano más de 330.000 hectáreas en la suma de las tres comunidades-.

Los problemas de la mayoría social en nuestras ciudades y pueblos no son muy diferentes a las de los y las estadounidenses: sanidad, carestía de la vida, vivienda inasequible, educación…Estos y otros problemas son los que se deberían abordar en los procesos electorales autonómicos, así como en los municipales y en las generales, cuando se convoquen.

En España: sanidad, carestía de la vida, vivienda inasequible, educación…son los problemas que se deberían abordar en las distintas campañas electorales que vienen en los próximos meses

La Sanidad pública en España está años luz, en positivo, de la red de mínimos que tiene la sociedad en los USA, pero eso no puede ni debe de ser un elemento para conformarnos e impedirnos ver que se está privatizando a marchas forzadas en favor de las grandes corporaciones que ven un negocio en la Salud de las personas, encarrilándonos hacia el modelo de beneficencia que le gustaría a la derecha. El trasvase de dinero público hacia las empresas privadas es una auténtica hemorragia en el Sistema Nacional de Salud: en 2024, las empresas privadas gestionaron 4.655 millones de euros públicos, un incremento del 4% sobre 2023, a través de los conciertos que consienten leyes como la 14/86 y la 15/97. Imaginemos que los candidatos no quemados de un partido propusiesen la derogación de estas leyes y la desprivatización de la Sanidad Pública.

En nuestro país. el trasvase de dinero público hacia las empresas privadas de salud es una auténtica hemorragia

Pensemos cuál sería la respuesta del electorado si esos candidatos propusiesen la creación de una red de supermercados municipales o autonómicos en los que poder adquirir productos alimenticios de proximidad y a precios no abusivos; haciendo frente a la especulación a la que se han entregado las grandes superficies de la alimentación.

Y si esos candidatos y candidatas abogasen por la creación de un banco público que nos salvase de los abusos de la banca privada, esa banca que ha tenido al cierre del tercer trimestre del presente año un beneficio récord, comparado con el mismo periodo de 2023, de 25.417 millones de euros, principalmente por el saqueo que nos hacen con las comisiones bancarias.

Supongamos que la campaña electoral de un partido estableciese la congelación de los alquileres, la construcción de 500.000 viviendas públicas anuales hasta 2030 y que las viviendas públicas fuesen públicas de por vida y que no puedan ser vendidas, jamás, ni por personas físicas ni administraciones.

Imaginemos que el candidato de un partido propusiese que los 7.500 millones de euros que en 2024 fueron a parar a los colegios concertados -el 60% de la oferta educativa concertada en España está en manos de la Iglesia-, se destinase a contratar profesorado en los colegios e institutos públicos, con el objetivo de reducir las ratios del número de alumnos en las aulas y a garantizar que ninguna alumna o alumno de FP se queda sin plaza -solo en la Comunidad de Madrid, más de 62.000 alumnos/as se han quedado sin plaza para estudiar en la Formación Profesional-.

¿Cómo respondería la clase trabajadora si nuestros candidatos defendieran una red de supermercados municipales o autonómicos como alternativa a la especulación de los precios de los alimentos…o un banco público…o la congelación de los alquileres y la construcción de vivienda pública…o destinar el dinero que se le da a la escuela concertada (el 60% en manos de la iglesia) a la educación pública?

En Extremadura, en Castilla y León, en Andalucía o en Valencia, y en el resto de comunidades cuando toque, así como en el Estado central, no olvidaremos a los 7291 de las residencias de Madrid, ni a los 229 de la DANA en Valencia, ni a las mujeres puestas en riesgo con la gestión de los cribados de cáncer de mama, ni a los muertos y damnificados por los incendios forestales… A la memoria hay que añadir la esperanza de que se aborden soluciones a los problemas que sufre la mayoría, en eso consiste la verdadera democracia.

Mamdani y sus compañeras y compañeros no lo han imaginado, lo han propuesto y el electorado se ha entusiasmado, por mucho que el depravado que ocupa la casa Blanca les llame socialistas y comunistas. La experiencia de estas victorias nos dice que con una plataforma de reivindicaciones claras y una organización vinculada a las masas se puede vencer a las derechas. Escuchar y atender sin defraudar, las reivindicaciones que están en la calle, es el giro deberían dar las organizaciones que se reclaman de izquierdas.

Comité de Redacción

Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid para la defensa de la Sanidad Pública

NOTA INFORMATIVA

La noticia de la gestión de los cribados para la detección del cáncer de mama en Andalucía evidencia, una vez más, las consecuencias de la privatización y el deterioro presupuestario de la Sanidad Pública. Unos hechos que han creado alarma social en todo el Estado, y gran desconfianza en Madrid; dada la experiencia respecto a los métodos y decisiones políticas en esta Comunidad.

Las asociaciones vecinales y los colectivos que componen nuestro espacio (VVByP) enviamos todo nuestro apoyo y solidaridad con las mujeres andaluzas que han sido puestas en riesgo por la desastrosa gestión sanitaria llevada a cabo por el Gobierno de Andalucía.

Lo que ocurre en Andalucía es muy probable que sea la punta del iceberg de lo que puede estar pasando en el conjunto de las comunidades autónomas; por lo que la negativa de los gobiernos autonómicos a poner en común los datos de cribados es un claro indicio de ocultación de un problema generalizado. Hay que recordar que los datos no son de las administraciones ¡Son propiedad de las pacientes!

Los cribados son un método necesario en la detección temprana de la enfermedad: mejoran el pronóstico, posibilitan tratamientos menos agresivos, aumentan la tasa de supervivencia; a condición de que haya una buena coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria. Sin embargo, el tiempo de espera medio en Madrid para Atención Primaria multiplica por tres el tiempo que todos los expertos establecen: 72 horas. A esto hay que añadir que las listas de espera en Madrid están desbocadas: 744.000 pacientes esperan 77 días a ser atendidos por un especialista, 185.000 esperan 72 día a que les realicen una prueba diagnóstica y 81.000 esperan 60 días a una intervención quirúrgica. Más de 1 millón de madrileños y madrileñas esperan más de dos meses a ser atendidas.

Datos de la Comunidad de Madrid dicen que las mamografías para la detección del cáncer realizadas se han reducido en un 15% en los 2 últimos años, al pasar de las 232.789 pruebas diagnósticas para cáncer de mama en 2022 a 198.672 en 2024. Las mujeres de la Comunidad de Madrid tienen una espera media de dos meses para que les realicen estas pruebas.

Estas son las estadísticas. Luego está la realidad, como es el caso de una vecina del Este de Madrid, asignada al Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá de Henares: acude de urgencia a su médico de Familia quien la prescribe una mamografía urgente. Su hospital de referencia le ha dado cita para marzo de 2026.

Nos alarma saber que la Comunidad de Madrid ha otorgado un contrato a una empresa estadounidense, para la compra de test de detección de cáncer de cuello uterino, siendo el producto más barato y con peor calidad de los licitados por las empresas que se presentaron al concurso. Nos recuerda la gestión de compra de mascarillas en Madrid, muchas de ellas inservibles. Las autoridades sanitarias que dependen del gobierno que preside la señora Ayuso, y su gobierno mismo, tienen para nosotras un plus de desconfianza. La preocupación se convierte en estupefacción viendo la agresividad del Ayuntamiento de Madrid y de la propia presidenta de la Comunidad con la agresividad con la que atacan el derecho de las mujeres a abortar.

Exigimos:

Que se ponga en marcha una campaña de cribado de cáncer de mama extraordinaria e inmediata para la horquilla de edad de 40 a 75 años.
Que la comunidad de Madrid comparta los datos de cribados con el Ministerio de Sanidad.
Que la fiscalía abra un expediente de investigación para esclarecer si en Madrid también se están dando fallos en el programa de cribado del cáncer de mama.
Que se hagan públicos los contratos con las empresas que realizan los cribados en Madrid.
Que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid nos reciba para explicar la situación de los cribados de cáncer de mama en Madrid, entre otros asuntos relacionados con los problemas que presenta la gestión de la Sanidad Pública madrileña. Petición que le hicimos por carta a la consejera, hace ya meses, de la que no hemos obtenido respuesta.
Que el Ministerio haga actuar a la Alta Inspección Sanitaria.

Adjuntamos tabla con el déficit de radiólogos y los tiempos de espera para mamografías, resonancias y tomografías computarizadas.

Defendiendo la Sanidad Pública

4ª macro manifestación en Madrid

Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid han salido a las calles para defender la Sanidad Pública. Es el cuarto año consecutivo que lo hacen. Una vez más, la manifestación ha sido secundada por decenas de miles de madrileños y madrileñas que le han dicho a Ayuso que rechazan la privatización y que invierta más en la Sanidad Pública madrileña, en lugar de regar con dinero público a las empresas privadas como Quirón.

Madrid dedicó 1.423 € por habitante, en 2024, a la sanidad madrileña; la Comunidad que menos dinero dedica a proteger la salud de sus ciudadanos de entre todas las comunidades.

El Gobierno de Ayuso destinó en 2024 un 12% del Presupuesto sanitario. Es decir, entregó más de 1.200 millones de euros a las empresas privadas que se acogen a los conciertos que legaliza la Ley 14/1986, en su artículo 90.

La lucha de las empresas privadas por hacerse con esos cientos de millones explica la corrupción que se mueve en torno a la colaboración público-privada, de la que se nutre el entorno más cercano de la presidenta.

La manifestación del 25 de mayo, ha sido una vez más muy numerosa en participación. En ella han participado las asociaciones vecinales, plataformas y colectivos convocantes, así como partidos y sindicatos con una buena afluencia en sus cortejos, lo cual es de celebrar, pues la defensa de un servicio público esencial, como lo es la Sanidad Pública, su defensa, no puede recaer exclusivamente en la responsabilidad de las estructuras sociales de base. Políticamente, más allá de la cuestión cuantitativa, es muy importante la unidad de las organizaciones de todo tipo en la defensa de un derecho fundamental como la Sanidad Pública.

Hay algo que se pone de manifiesto en el caso que el gobierno de Madrid hace de esta expresión popular y mayoritaria, es decir ningún caso. Cuatro años consecutivos, cuatro manifestaciones multitudinarias y lo único que queda claro es la insensibilidad de las instituciones autonómicas, pero también estatales, pues el ministerio de Sanidad y el Gobierno, no han hecho en esta etapa nada nuevo, más allá de aplaudir estas manifestaciones, como si las leyes que permiten y alientan la privatización no fuesen leyes ordinarias de rango estatal.

Decir que se defiende la Sanidad Pública pero no se derogan las leyes que las están entregando de pies y manos a las empresas privadas. Que menos, someter a debate la derogación de leyes como la Ley 15/97. No hacerlo, es poco menos que jalear la movilización que denuncia el problema, pero no querer hacer nada por resolverlo.

La insensibilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid es equiparable a la decisión de este mismo gobierno, cuando 2020 dictó los protocolos de la vergüenza, privando a 7291 ancianos y ancianas de su derecho a la asistencia médica hospitalaria, provocando la muerte de no menos de 4.000 de aquellos 7291. Es la misma insensibilidad que ha demostrado el gobierno de la Comunidad valenciana en octubre del pasado año, cuando esperó a que el presidente del gobierno autónomo terminase sus actividades, aún no aclaradas, mientras decenas de vecinos y vecinas se ahogaban arrastrados por el agua.

Lo que todo esto deja claro es que las instituciones del Estado tienen unas prioridades que no coinciden con las necesidades y las prioridades de los pueblos.

En la manifestación había una colorida variedad de banderas y estandartes, destacando la bandera Palestina. Tanto la manifestación como los organizadores desde la tribuna, han tenido palabras de apoyo al pueblo de Gaza y de rechazo contundente al criminal Genocidio que Israel lleva 20 meses perpetrando, y que muchos pensamos que los gobiernos europeos llegan 53.000 muertos tarde para romper relaciones diplomáticas y de todo tipo con el gobierno sionista, o lo que es lo mismo: fascista, de Israel.

La clase trabajadora, pues por muy “transversal” que se quiera presentar este movimiento de masas no deja de ser la clase trabajadora movilizada en defensa de sus derechos, ha cumplido con su responsabilidad saliendo a la calle, una vez más. La contundencia de estas manifestaciones debería calar en todos los movimientos sociales, partidos, sindicatos… En defensa de lo público: Educación, Pensiones, Dependencia, Sanidad. Esas organizaciones fueron fundadas para la defensa de los intereses de quienes dependen de un salario y cada día son más quienes con su salario no pueden emanciparse, en el caso de la juventud, ni llegar a fin de mes dignamente; es lo que le ocurre a 23 millones de españoles y españolas: https://fundacionsistema.com/mas-de-23-millones-de-espanoles-tiene-dificultades-para-llegar-a-fin-de-mes/

Movilizarse en defensa de los servicios públicos, manifestarse contra la barbarie sionista, salir a las calles a exigir la paz y decir basta de guerra, es una necesidad imperiosa, por salud pública. Las masas demuestran una y otra vez que están por la labor de resistir y dar la batalla. Ahora depende de las grandes organizaciones políticas y sindicales organizar esa resistencia. Cada día que no se hace es un día más de envalentonamiento de la derecha extrema y la extrema derecha.

Roberto Tornamira

Presidente de ASTRADE

Manifestación en Madrid, en defensa de la Sanidad Pública

Una vez más, y van cuatro, el 25 de mayo tendrá lugar en Madrid una gran Manifestación en defensa de la Sanidad Pública madrileña; así lo ha decidido la Asamblea de representantes de asociaciones vecinales y colectivos en defensa de la Sanidad Pública.

Las Vecinas y Vecinos de Madrid, organizados en las asociaciones de sus barrios y pueblos, así como en plataformas y colectivos comprometidos con la defensa de la Sanidad Pública, exigen:

Que los centros de Atención Primaria y los hospitales tengan personal suficiente para atender a las y los pacientes en tiempos de espera razonables y con medios suficientes. Equipos de profesionales que no dependan de empresas privadas que anteponen el beneficio económico a la salud.

Que todos los servicios de urgencias extrahospitalarias cuenten con personal facultativo, para no poner en riesgo la vida de los pacientes que acuden a estos servicios, como ya ha ocurrido en ocasiones.

Que todos los centros de salud tengan pediatras en cantidad suficiente para atender a la población asignada a esos centros.

Que los y las profesionales de la Sanidad Pública cuenten con unas condiciones laborales dignas, para que no se vean obligadas y obligados a migrar a otras comunidades autónomas y/o a otros países.

Que las listas de espera sean erradicadas: en todo el Estado hay 4,6 millones de pacientes en listas de espera, de los que más de un 22% (más de 1 millón de pacientes) corresponden a la Comunidad de Madrid.

Que se incrementen sustancialmente los presupuestos autonómicos para la Sanidad Pública y sólo para la Pública: el 12% del gasto sanitario de Madrid va a parar a los conciertos con entidades privadas.

Que se revierta la privatización, para lo que habría que comenzar por la derogación de las leyes que la hacen posible, como la Ley 15/97.

La defensa de la Sanidad Pública, como la defensa de todos los servicios públicos, es algo que incumbe o debería a todas las organizaciones sociales: políticas, sindicales y asociativas de la izquierda, pues está bajo su responsabilidad, para ser coherentes con su historia y con aquellos principios bajo los que fueron creadas y dicen defender.

Los medios de comunicación también tienen su parte de responsabilidad en el problema del deterioro de la Sanidad y los servicios públicos en su conjunto, cuando ningunean una movilización social.

El 75% de la población utiliza la Sanidad Pública y su salud y la de sus hijos e hijas depende de ella. Incluso quienes suscriben pólizas de salud privadas, terminan acudiendo a la Sanidad Pública cuando sus seguros privados les cobran copagos o directamente no les atienden cuando su enfermedad es grave y tiene un alto coste.

Las Sanidad Pública y todos los servicios públicos están hoy más amenazados que nunca; tan solo hay que leer lo que dicta el FMI a los gobiernos (1):

“Los aumentos permanentes de los gastos de defensa deben ir acompañados de planes de financiación creíbles que indiquen cómo se financiarán gradualmente estos aumentos, junto con la combinación de subidas de impuestos y recortes de gasto en función de los recursos presupuestarios disponibles del país”.

“Canciones” que ya conocemos de otras crisis y en particular del austericidio que el FMI recetó a los gobiernos en la crisis de 2008.

Como se ha visto con la cuestión del contrato de compra de balas a Israel, los gobiernos responden ante el rechazo social y la movilización. El 25 de mayo hay que inundar las calles de Madrid para que el Gobierno de Ayuso sienta la movilización de los y las madrileñas.

Salvemos Nuestra Sanidad Pública

Roberto Tornamira

Miembro del CATP

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ASTRADE organiza: Acto/Debate

“Luchando por la Sanidad Pública»

17 de MARZO
19:00

Solicitar enlace de conexión en este email:

astrayde@gmail.com

Ponentes:

José Manuel Freire Campo

Médico especialista en Neumología.
Profesor Emerito de la Escuela Nacional de Sanidad.
Consejero de Sanidad en el Gobierno vasco (1987-1991).

Roberto Tornamira Sánchez

Presidente de ASTRADE
Secretario General de FeS-UGT-Mafrid (2009-2016
Miembro del espacio Vecinas y Vecinos de Barrios
y Pueblos de Madrid en defensa de la Sanidad Pública.

Presenta, modera y dirige el acto:

Gloria Mora Ridruejo

Vicepresidenta de ASTRADE

Organiza

No son muertes, son asesinatos

7291 ancianos y ancianas de las residencias de Madrid fueron abandonados a una muerte agónica, sin darles la más mínima oportunidad de vivir. Enfermaron de COVID-19, como muchos otros millones de personas en el mundo, pero a ellos les aplicaron los protocolos de la vergüenza.

La presidenta de la Comunidad de Madrid jugó a decidir quién vive y quién muere, ella y su Gobierno aprobaron los protocolos que mandataban a las y los directores de las residencias a prohibir que los ancianos enfermados fuesen derivados a los hospitales públicos ¿con qué derecho?

El artículo 43.1 de la Constitución dice literalmente que “Se reconoce el derecho a la protección de la Salud”. Negar la atención hospitalaria es justamente lo contrario a proteger la Salud.

El 43. 2 establece que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. El Gobierno de Ayuso no solo no previno, sino que negó la prestación de los servicios necesarios.

Hay causas abiertas en juzgados de primera instancia, otras en tribunales superiores y un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, desde hace dos años. Algunos juzgados y fiscales de Madrid han protegido a la señora Ayuso, archivando las denuncias en lugar de abrir causa sobre una aberración tan evidente, debe ser que los demandantes son familiares de las víctimas y no organizaciones fascistas.

Por si la vulneración de la Constitución en su Artº 43 fuese insuficiente, a las 7291 víctimas de las Residencias se les empujó a una muerte atroz: muchos y muchas murieron en los sótanos y salas apartadas de los centros en los que residían, donde los bomberos, la UME y/o la policía municipal les encontrón con rictus de terror agarrados a los barrotes de sus camas, habían muerto por asfixia y sin ninguna medida paliativa. Léanse las actas de la policía municipal, las que quiso secuestrar el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ninguna institución del Estado ha salido en defensa de estas 7291 familias. Tampoco los grandes medios de comunicación les han brindado demasiada audiencia.

Como muy bien señalaban los cánticos los más de 10.000 manifestantes que en la mañana del sábado día 23 salieron a las calles de Madrid, entre la plaza de la Cibeles y la Puerta de Sol, “No son muertes, son asesinatos”. Es un crimen negar el auxilio, en este caso la atención médica hospitalaria. Pero tenemos a la “zorra guardando las gallinas”. La señora Ayuso se siente tan impune, gracias al burladero que le ofrece la fracción de la derecha en la ¿Justicia? y por el coro mediático conservador, que se permite insultar a las familias de las víctimas propinándoles expresiones tan execrables como cuando dijo “Se iban a morir igual”.

Las instituciones se protegen entre sí, y ya son muchas las víctimas que se han producido en nuestro país como para que no digamos basta ya. En estos días lo estamos viendo en Valencia, donde ya son 221 muertos y cabe preguntarse ¿cuántas personas habrían salvado la vida sin el gobierno de la Generalitat hubiese dado la alarma a la 3 de la tarde y no a las 8, por estar esperando a que apareciese el presidente de ese Gobierno, el Sr. Mazón. En el caso de la Residencia de Madrid si se ha establecido cuantas personas podrían haber salvado la vida: más de 4.000, es la conclusión a la que han llegado los miembros de la Comisión de la Verdad en las Residencias de Madrid, compuesta por juristas, médicos y epidemiólogos, entre otras disciplinas, todos ellos y ellas de reconocido prestigio.

Es llamativo, muy llamativo, que la Universidad Complutense de Madrid le concediese el título de “alumna ilustre”. Solo me cabe pensar que fue un acto reflejo de la cúpula universitaria para agradecer a la presidenta pepera que les mantenga el chollo de viviendas de hasta 250 m2 en una zona de lujo en Madrid, en Moncloa, con rentas que no superan los 215 €; una verdadera vergüenza, máxime en una situación en la que millones de jóvenes en nuestro país no pueden salir de la casa de sus padres y que la única alternativa que les queda es compartir piso, vivir en una habitación minúscula y pagar el doble que un catedrático de los afortunados por la “alumna ilustre”.

Este país hizo una transición para dejar atrás la dictadura, pero, aunque Franco murió las prebendas y la impunidad, características del franquismo, continúan vivas.

Hay delitos por negligencia que cuando los comete un político quedan impunes. No tienen el aforamiento del Rey, pero en los hechos opera como si lo tuviesen. Ya Basta.

Justicia y reparación.
Dimisión de los responsables.
Ni olvido ni perdón.

Pascual Sánchez
Militante socialista de Madrid

Carta el presidente

Introducción:

El espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid ha enviado al presidente del Gobierno la carta que reproducimos íntegramente. Este espacio vecinal tiene pendiente una reunión con la Ministra de Sanidad, que estaba fechada para el 25 de octubre y anulada ese mismo día por parte del Ministerio, en la que se la expondrán 26 posicionamientos y propuestas, entre ellas la derogación de la Ley 15/97. También está decidido el envío de una carta a la Ministra de Seguridad Social, rechazando el acuerdo interconfederal, alcanzado el pasado mes de septiembre con patronal y sindicatos, por el que la Sanidad Pública derivará a las Mutuas patronales las bajas traumatológicas cuando la Sanidad esté saturada, es decir, siempre.

El espacio que organiza las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, solicitó hace ya meses una reunión con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de quien no se ha obtenido respuesta.
Roberto Tornamira
Participa en el espacio VV ByP de Madrid en representación de Nudo Sur

Complejo de la Moncloa

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Presidente del Gobierno

Avenida de Puerta de Hierro, S/N

28071 Madrid

11 de Noviembre de 2024

Sr. Presidente:

Nos dirigimos a usted desde el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, espacio que agrupa a los colectivos vecinales que impulsaron las grandes manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública de los años 2022 y 2023, organizados en asociaciones y plataformas de la práctica totalidad de la geografía de esta comunidad autónoma.

Llevamos años luchando y movilizándonos por la Sanidad Pública, servicio esencial que, como bien sabe, está sufriendo un deterioro galopante en todas las comunidades, pero con un plus destructivo en la de Madrid. Los dos ejes fundamentales que provocan este deterioro paulatino son: la privatización y los recortes económicos aplicados a los servicios públicos y, por ende, a la Sanidad Pública, derivados de la deuda acumulada en la crisis financiera del 2008.

El recorte económico repercute en la calidad del empleo de las y los profesionales sanitarios, así como en su número y en los medios a su disposición. Fruto de esta situación, el número de estas y estos profesionales que, después de recibir una excelente formación financiada con los impuestos de todos, se ven obligados a marchar a países de nuestro entorno en busca de un empleo digno, va en aumento.

Entendemos que no es preciso mencionarle las nocivas consecuencias que esto está teniendo para la ciudadanía, en forma de listas de espera, ausencia de facultativos en las urgencias extrahospitalarias, saturación de las hospitalarias, centros de salud sin pediatra, centros de salud con mínimo personal…

El 27 de septiembre de 2011 se publicó en el BOE la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Concretamente, en su punto 3 se lee: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA». Es decir, en nombre de la «estabilidad presupuestaria» y la «consolidación fiscal», se subordina, literalmente, cualquier gasto social, incluida la Sanidad Pública, al pago de la deuda y sus intereses.

Quienes llevaron a cabo esta reforma en 2011 argumentaron que era un imperativo producto de la crisis económica que sufrimos en aquellos años. El tiempo ha demostrado que aquellas políticas de recortes que derivaron de esa reforma fueron un fracaso. Usted mismo ya señaló en noviembre de 2014 que «aquella reforma fue un error».

La Sanidad Pública necesita un plan de choque, que entre otras medidas que haremos llegar a la ministra de Sanidad, debería contemplar un presupuesto finalista, es decir, dotaciones presupuestarias para cubrir los déficits que se han generado en las distintas comunidades autónomas, por el abandono progresivo de lo público en manos de las empresas privadas y fondos buitre que estrangulan la sanidad y todos los servicios públicos. Si no se destinan a cubrir esos déficits, no se reciben.

Consideramos que el bienestar de las personas y el derecho a la protección de la salud que recoge el artículo 43 de la Constitución, es uno de los más importantes y es responsabilidad del Estado, por tanto, de su gobierno y suya, tomar las medidas para evitar las consecuencias negativas que tiene en la población el deterioro de la Sanidad Pública.

Hay entidades muy solventes, como la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, que hablan de que una parte de la deuda a la que hemos de hacer frente y cuyo pago es prioritario por mandato del artículo 135, es DEUDA ILEGÍTIMA y creemos que este aspecto debe ser contemplado por su gobierno. El dinero destinado a pagar esa deuda ilegítima se podría destinar a mejorar los servicios públicos y conseguir una Sanidad Pública de Calidad y Universal.

Por todo lo anterior, le pedimos que usted y su gobierno tomen en consideración abrir el debate en el Congreso de los Diputados para la derogación del artículo 135.3 de la Constitución y que, en la misma reforma, el precepto que establece el artículo 43, el derecho a la salud, pase a formar parte del Título I (De los derechos y deberes fundamentales), concretamente en la Sección 1ª de su Capítulo Segundo. Esto último, sería un gran paso de credibilidad hacia el blindaje constitucional de la salud.

Quedamos a su entera disposición y a la de los miembros de su Gabinete y del Gobierno para abordar y ahondar en cualquier cuestión relativa a las peticiones y propuestas realizadas.

Muchas gracias por su tiempo.

A la espera de su respuesta, reciba un atento saludo de

VECINAS Y VECINOS DE LOS BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID

Especial Congreso del PSOE

El mayor órgano de decisión del PSOE se reunirá en Sevilla para establecer los liderazgos y las líneas políticas, cruciales para abordar las reformas que la clase trabajadora necesita.

Continuamos en este número de Tribuna Socialista la sección especial congreso del PSOE que se mantendrá activa hasta su celebración. Una sección en la que los socios y socias de ASTRADE así como los lectores de TRIBUNA SOCIALISTA podrán publicar aquellos contenidos de relevancia para mejorar los derechos y libertades de la clase trabajadora de este país.

Defendamos la Sanidad Pública

Nuestro partido puede decir bien alto que lleva en sus genes la defensa de la Sanidad Pública.

En nuestra historia no ha habido Ministerio de Sanidad hasta finales de 1936, con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que constituyó el Gobierno de Largo Caballero, cuya titularidad ocupó Federica Montseny.

Siempre hemos batallado contra la idea liberal, conservadora y decimonónica, anclada en la edad media, de que el individuo debe atender sus problemas de salud. Así pensaban y piensan quienes no entienden el servicio público y a lo más que están dispuestos es a llegar a un servicio de beneficencia, de mínimos, que deje su conciencia tranquila y sirva de dique de contención frente a las clases populares que no pueden costearse una sanidad privada, de calidad, ni una educación privada para sus hijos e hijas, ni disponer de un ahorro mensual para un fondo privado de jubilación, ni pueden llevar a sus mayores a residencias privadas.

Frente al anacronismo de quienes nos presentan la falsa idea de “libertad” de elección, defendimos en el pasado la responsabilidad del Estado en el reconocimiento de los derechos sociales, como: la asistencia a los enfermos y ancianos, la protección a la maternidad y la infancia; o el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la protección ante la enfermedad, los accidentes, el paro forzoso, la vejez, la invalidez y la muerte. Con una especial protección de mujeres y jóvenes. Derechos básicos que continuamos defendiendo hoy.

La Ley 14/86, General de Sanidad, siendo ministro el compañero Ernest Lluch, estableció la universalización de la Sanidad para todos los residentes en España, uno de los importantes logros de esta Ley.

La Ley 14/86 fue innovadora en muchos aspectos y, si la Salud fuese un derecho fundamental, como debería de ser, la Ley 14/86 sería una ley orgánica que desarrollaría el Artº. 43: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.”

Sin embargo, en los artículos 66 y 67 de la Ley 14/86, se introduce la figura de los “…convenios singulares con hospitales generales del sector privado que lo soliciten…”. Y en el Artº. 90 se estableció la posibilidad de “conciertos” para la prestación de servicios sanitarios con centros privados. Estos artículos contenienen limitaciones, tales como “…cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen…”.

El 26 de abril de 1997 entró en vigor la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Esta Ley, contradictoriamente a lo que dice su enunciado, no introduce ninguna nueva forma de gestión, pues en su único artículo y en su Disposición adicional única viene a abrir el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”.

La ley 15/97 abrió el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”

La Sanidad Pública tiene objetivos distintos a los que tiene cualquier entidad privada. El Estado está obligado a garantizar la protección de la salud de todas y todos los ciudadanos y a adoptar medidas preventivas. Mientras que las entidades privadas solo se deben al interés lucrativo de sus accionistas o partícipes. Estas pasadas décadas han demostrado que estos intereses son contrapuestos y que en no pocas ocasiones constituyen una vía directa a la corrupción.

La experiencia demuestra que los intereses de la sanidad pública y de las entidades privadas son intereses contrapuestos y constituyen una vía directa a la corrupción

La experiencia acumulada demuestra que destinar más de 8.000 millones anuales, del presupuesto sanitario público, a las empresas privadas dedicadas a la salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública. Fomentar la sanidad privada desde la esfera de lo público es regresar al pasado; a que cada individuo tenga que atender sus problemas de salud, a condición de que pueda hacerlo económicamente.

Destinar más de 8.000 millones anuales del presupuesto sanitario público a las empresas privadas de salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública.

En momentos distintos de la reciente historia se han ido transfiriendo las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, pero el Estado no se ha desentendido de la labor de coordinación de los servicios sanitarios, por lo que el servicio público básico de la Sanidad es una materia que no es ajena a ningún poder del Estado, pues tienen la competencia de coordinar los servicios sanitarios.

Los mismos poderes públicos a los que la Constitución les mandata “…organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, en la pandemia de 2020 y 2021 las medidas preventivas fueron cuestionables o llegaron tarde y hubo poderes públicos autonómicos que no solo no prestaron los servicios necesarios, sino que se los negaron a los usuarios de las residencias de mayores.

Algunas autonomías no solo no han prestado los servicios necesarios sino que se les negara a los usuarios de las residencias de mayores

Dada la gravedad de las consecuencias que la privatización de la Sanidad Pública está teniendo:

Que el contenido del artículo 43 de la Constitución pase a formar parte de un nuevo artículo de Título I, en su Capítulo segundo, sección 1ª “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Derogación de la Ley 15/97, en su integridad, y de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86.

Etiqueta: sanidad publica