El adelanto del fallo de la sentencia, al ya ex Fiscal General de Estado, es inédito en la forma de proceder del Tribunal Supremo (TS). Como lo es también la rapidez: 7 días, en pronunciarse este alto Tribunal, en un país en el que la ¿Justicia? es lenta, muy lenta; solo hay que ver los 11 años que ha tardado en abrir juicio oral a la Familia Pujol.
A expensas de conocer la literalidad de la sentencia contra García Ortiz, incluidos los argumentos de los dos votos particulares, condenan sin pruebas rigurosas y dando valor a la suposición de la UCO de que el FGE borró sus mensajes de guasap para ocultar pruebas, dando más valor a lo que sin pruebas manifiesta la acusación, en contra de lo que ha defendido el Ministerio Fiscal.
Por ende, se han pasado los principios jurídicos y su propia doctrina por el forro de sus togas, pues la carga de la prueba en un proceso penal parte de la base del principio de presunción de inocencia, que se han cargado. En el caso contra el fiscal general del Estado se ha partido de la “presunción de culpabilidad”, exonerando a los demandantes de probar dicha culpabilidad.
Recordemos que el magistrado Eduardo Muñoz Baena, absolvió al PP por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de su propio Tesorero, apelando a la «doctrina Botín»: una interpretación del Tribunal Supremo de diciembre de 2007 que establece que una acusación popular por sí sola no es suficiente para llevar a una persona a juicio si la acusación particular y el Ministerio Fiscal no sostienen la acusación.
Esta forma de hacer, por parte de los magistrados de la Sala 2º del TS, evidencia la sincronización política de la ¿Justica?, al menos del 70% de judicatura, que es la proporción de magistrados -5 de 7- que avalan el fallo de la sentencia, con las necesidades del PP, quienes necesitaban tapar, intentarlo al menos, la situación en Valencia y la indignación que provoca su pacto con VOX para evitar convocar elecciones, en la pretensión de echar tierra encima de sus responsabilidades políticas respecto a las consecuencias de la Dana del 29 de octubre de 2024. Recordemos que con 229 muertos.
En las últimas semanas tampoco le ha ido bien al PP con el escándalo de la nefasta gestión de los cribados de cáncer en mama en Andalucía, ni que toda la cúpula del PP en la Diputación de Almería esté detenida o imputada por el juez, junto al alcalde de Tíjola. A lo que hay que sumar la detención del alcalde, también del PP, de Villar del Humo (Cuenca) por tenencia de una plantación de marihuana. Demasiadas cosas, y eso que no gobiernan el Estado.
La fecha elegida para adelantar el fallo de la sentencia ha sido el 20N, un mensaje claro de chulería franquista, al menos así lo percibimos en Tribuna Socialista y es un recordatorio de que es el Poder Judicial quien mantiene atada y bien atada la democracia y el Estado de Derecho.
No es la primera vez que ¿la Justicia? sale al quite de los problemas de la derecha y/o que envía mensajes ideológicos. Esto deja en agua de borrajas la separación de poderes, la pone al mismo nivel que el derecho al trabajo y el deber de trabajar de todos los españoles y españolas (Artº 35 de la CE) o el derecho a una vivienda digna y adecuada (Artº 37).
La instrucción del caso y el juicio contra el Fiscal General del Estado es una vuelta a los Tribunales de Orden Público y a los juicios sin derecho efectivo a la defensa. Esta fracción mayoritaria de la ¿Justicia? es la misma que está boicoteando la Ley de Amnistía, en una clara afrenta al Poder legislativo e incluso al Tribunal Constitucional.
Esta sentencia, con los cinco votos a favor, para condenar al FG supone una prevaricación con mayúsculas porque los magistrados saben y les consta que no ha existido la menor prueba inculpatoria. Han llenado el TS de deshonor e indignidad, se han cargado la poca confianza que restaba en el Sistema Judicial y supone una continuidad del golpe de Estado que se viene perpetrando, al menos desde la investidura del presidente del Gobierno, por parte de los conservadores y fascistas del CGPJ.
Los que llevan 50 años conmemorando con pena y nostalgia la muerte del criminal de masas y dictador, Franco, demuestran que para ellos la transición, los pactos de la Moncloa y la Constitución misma son una formalidad que había que hacer, pero no que cumplir. En los hechos, esto significa que vivimos en una farsa y en una realidad inversa; en la que los ladrones acusan a los fiscales y los jueces correligionarios de los chorizos les dan la razón. Mal vamos.
Tribuna Socialista 
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