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Secretaria General de UGT en Madrid

“Defender la Salud en el trabajo y los servicios públicos es una obligación moral, no una opción”
Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid, alerta del deterioro de las condiciones laborales, la pérdida de poder adquisitivo y el riesgo de desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Reclama coherencia ante el genocidio en Gaza y más firmeza frente a la siniestralidad laboral.

Susana Huertas es Secretaria General de la UGT en Madrid desde el 29 de enero de este año, cuando fue elegida en el 16º Congreso del sindicato. Hasta entonces, había sido la responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente. Vecina de Alcalá de Henares, su carrera en la fábrica IVECO en 1999 y pronto se incorporó a la Sección Sindical de la UGT en la planta madrileña. Desde 2008 ha formado parte de la Comisión Ejecutiva de UGT Madrid, donde ha desempeñado durante más de tres lustros una intensa labor en defensa de la salud laboral, la prevención de riesgos y la sostenibilidad ambiental.

Pregunta.- Uno de los asuntos que tiene movilizados a los pueblos de medio mundo es el Genocidio que Israel ha perpetrado en GAZA, desde octubre de 2023 ¿Continuará UGT contribuyendo a esta movilización hasta que se haga justicia; con la devolución de todos los territorios ocupados a Palestina y que Netanyahu y los demás genocidas de su gobierno sean juzgados?

Respuesta.- Por supuesto. No se puede permanecer en silencio ante una masacre de esta magnitud. Lo que está ocurriendo en Gaza y Palestina es una violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos. UGT ha estado siempre del lado de la paz y de los pueblos oprimidos, y lo seguiremos estando. Nuestra obligación moral es denunciar el genocidio y exigir que se juzgue a los responsables. No se trata de política exterior, se trata de humanidad. Mientras haya vidas destruidas por las bombas, seguiremos movilizándonos hasta que se haga justicia y Palestina recupere su libertad.

P.- ¿Qué opinión te merece que nuestro gobierno continúe manteniendo relaciones diplomáticas con Israel?

R.- España ha dado pasos importantes en la defensa de los derechos humanos y en el reconocimiento del Estado palestino, y desde UGT valoramos ese compromiso. Es fundamental que nuestro país mantenga una política exterior alineada con los principios de paz, legalidad internacional y solidaridad.

Entendemos que las relaciones diplomáticas tienen múltiples dimensiones, pero creemos que, ante situaciones tan graves como las que se viven en Gaza, es necesario seguir avanzando hacia una postura más firme y coherente con los valores que España defiende.

Desde UGT seguiremos colaborando con el Gobierno y con la sociedad civil para que nuestras acciones internacionales reflejen ese compromiso ético. La coherencia entre los principios y las decisiones políticas es clave para construir una política exterior verdaderamente comprometida con los derechos humanos.

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“Cada muerte en el trabajo es un fracaso colectivo que podía haberse evitado” .- En nuestro país, en el periodo 2020-2024 murieron 3.410 trabajadores y trabajadoras en accidente laboral; de ellas, 423 (12,40%) perdieron la vida en la Comunidad de Madrid. Desde tu punto de vista, como experta en la materia, ¿cuál o cuáles son las causas de este número tan elevado de muertes?

R.- Las causas son múltiples, pero todas tienen un denominador común: la falta de prevención y de responsabilidad empresarial. Se han normalizado las jornadas largas, la subcontratación y la precariedad. Muchos trabajadores no reciben formación suficiente, ni disponen de medios adecuados para trabajar con seguridad. A eso se suma el estrés, la fatiga y la presión productiva. En Madrid, donde predominan sectores como la construcción o la logística, el riesgo es aún mayor. Cuando el beneficio se antepone a la vida, ocurren tragedias que no son accidentes, sino consecuencias de un modelo laboral injusto.

P.- ¿Qué plan de acción proponéis desde UGT-Madrid para combatir esta insoportable situación?

R.- Nuestra prioridad es situar la salud laboral en el centro de las políticas públicas. Pedimos un plan integral contra la siniestralidad laboral con más medios para la Inspección de Trabajo, sanciones ejemplares a las empresas que incumplen la ley y programas de formación y sensibilización en todos los sectores. Además, defendemos incluir la salud mental dentro de la prevención de riesgos laborales. Las depresiones, el agotamiento o la ansiedad también son consecuencias del trabajo y deben tratarse como tales. Ninguna persona debería jugarse la vida por ganársela.

P.- En relación con los tres tipos de salario que reciben los trabajadores y trabajadoras: el que reciben en nómina; el diferido, cuando se jubilan; y los servicios públicos pagados con sus impuestos ¿Qué diagnóstico haces?

R.- Son tres dimensiones inseparables del bienestar. No podemos analizar los salarios sin hablar de pensiones ni de servicios públicos, porque todo forma parte del mismo contrato social. Si se debilita una, se resienten las otras dos. Y eso es lo que estamos viendo.

P.- En el primero se ha perdido mucho poder adquisitivo, sobre todo si comparamos el crecimiento de los salarios con el IPC de la cesta de la compra o con el de la vivienda. Un dato preocupante es que el salario más frecuente en España se ha reducido un 15,72%, al pasar de los 18.480 € de 2020 a los 15.575 € actuales ¿No crees que habría que incrementar la exigencia de recuperar el poder adquisitivo perdido?

R.- Sí, absolutamente. La gente trabajadora ha soportado el peso de la inflación mientras los beneficios empresariales batían récords. Hay que subir los salarios para recuperar poder adquisitivo y dignidad. Los convenios colectivos deben garantizar cláusulas de revisión salarial vinculadas al coste de la vida. No se puede vivir dignamente con sueldos que no alcanzan para cubrir lo básico. Cuando el salario se estanca y los precios suben, como el de la vivienda, la desigualdad se dispara y la sociedad se rompe.

P.- Las pensiones, también se han visto afectadas por el alza de los precios. Sin embargo, preocupa el constante soniquete sobre la inestabilidad del sistema, que llega desde los medios económicos vinculados a las rentas del capital. La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, establece la obligación de encargar una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Gobierno.

¿No crees que es necesario aclarar las cuentas de la Seguridad Social, es decir de las pensiones de jubilación, para que de una vez por todas se deje de meter miedo y de crear un clima de opinión contra las pensiones públicas, con la clara intencionalidad de inducir a la contratación de planes de jubilación privados?

R.- Totalmente. Ese discurso de que las pensiones públicas son inviables es falso y peligroso. Lo repiten quienes tienen intereses en los fondos privados. La Seguridad Social es perfectamente sostenible si se crea empleo estable y se cotiza de forma justa. Lo que necesitamos es transparencia. La auditoría de las cuentas, como establece la Ley 21/2021, debe hacerse y publicarse. Solo así se desmontará la manipulación que pretende debilitar el sistema público para favorecer el negocio privado. Las pensiones son un derecho, no un gasto.

P.- Una parte del salario va a sostener los servicios públicos. Es por eso que el sindicalismo de clase ha defendido siempre los pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Educación y Dependencia. El efecto de la privatización en los servicios públicos está causando graves perjuicios para la mayoría de nuestra sociedad.

¿Crees que habría que derogar leyes, como por ejemplo la Ley 15/97, que abre las puertas de par en par a la privatización de la Sanidad Pública?

R.- Sin duda. Esa ley abrió la puerta a un modelo que convierte la salud en un negocio. La sanidad pública debe ser universal, gratuita y de gestión directa. Cada vez que se privatiza un servicio, se pierden recursos, se deteriora la calidad y se genera desigualdad. Lo vemos en Madrid con hospitales saturados, listas de espera interminables y profesionales desbordados. Derogar la Ley 15/97 sería un paso fundamental para blindar el derecho a la salud. Lo público es garantía de igualdad, y sin igualdad no hay justicia social. No se trata de demonizar la sanidad privada, si no garantizar una sanidad pública, universal y de calidad.

P.- Para terminar, ¿cómo resumirías el compromiso de UGT Madrid?

R.- En tres palabras: vida, trabajo y derechos. Luchamos para que nadie muera por trabajar, para que cada persona cobre lo que merece y para que los servicios públicos sigan siendo un escudo frente a la desigualdad. Esa es nuestra razón de ser. Defender la dignidad de quienes levantan este país cada día no es una opción, es una obligación.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista