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En el tablero de la política hay muchos movimientos, unos ya previstos y otros sobrevenidos.

El próximo 21 de abril, los y las electores del País Vasco acudirán a las urnas. El 9 de junio todo el censo electoral del Estado español será llamado a elegir a los representantes al Parlamento Europeo. Estas son las fechas establecidas, porque toca. Los movimientos sobrevenidos son las elecciones en Cataluña, fijadas para el 12 de mayo. Además, a pesar de la bronca en la calle, el día 13 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía, que ahora ha pasado al Senado. Hay materia para la actividad política en los meses próximos. La cuestión es ¿con qué contenido y con qué objetivos?

El candidato de Bildu, Pello Otxandiano, declaraba a los medios de comunicación el pasado 18 de marzo que “La ambición nacional del pueblo vasco se tiene que traducir en políticas públicas, como por ejemplo en un sistema público de salud que sea capaz de ofrecer un servicio de calidad al conjunto de la población”. Bien, es una buena declaración de intenciones sobre la que partir, y sirve para el debate en las elecciones, vascas, catalanas y europeas.

Es necesario abrir un debate en todo el Estado sobre ¿cuáles son las prioridades y reivindicaciones de la mayoría de la sociedad?, pues los electores acuden a las urnas para que los elegidos y elegidas les resuelvan los problemas, o al menos así debiera de ser.

La Amnistía que está en trámite lleva en discusión desde el mes de octubre del año pasado, si bien el “ruido” que provoca la derecha no permite debatir para qué la Amnistía. Lo más urgente es sin duda desjudicializar los hechos del “procès” y que se ponga fin la acción represiva que puso en marcha el PP, con el apoyo de su fracción judicial, policial, mediática y de la propia Corona, “a por ellos oe, oe…” Una represión que afecta a unas 3.000 personas, no solo al señor Puigdemont. Lo siguiente debe ser abrir un debate sereno sobre cómo se supera el concepto de “Unidad de la Patria”, sucedáneo del “España, Una, Grande y Libre”, lema del franquismo, para dar encaje a la realidad plural de nacionalidades y regiones que integran el Estado. Se hace necesario abrir el debate del federalismo y superar el corsé autonómico.

Las interferencias no son meras opiniones o posicionamientos del habitual coro mediático de la derecha, como hacía el ABC, oficioso altavoz monárquico, tachando de inconstitucional la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Se trata de la confrontación entre instituciones, mejor dicho, de todas las instituciones contra el Parlamento, la Cámara de las Cortes que más directamente representa la soberanía de los pueblos que conforman el Estado. Esa confrontación institucional es particularmente grave desde el Senado, utilizado por el PP como traba al desarrollo de la ley. Y muy significativamente grave desde el Poder Judicial, con sus declaraciones de boicot a la Ley de Amnistía; recordemos que es el Rey quien preside el Poder Judicial, el que abre los cursos judiciales sin importarle que el gobierno de los jueces lleve más de cinco años sin renovarse ¿se negará el Rey a firmar la ley cuando le toque hacerlo? Es evidente que hay una reacción contra la pluralidad del Estado en defensa del concepto de Unidad, heredado del pasado.

No es la primera vez que desde la Justicia se interfiere, obstaculiza y paraliza la acción del Poder Legislativo, recordemos que en diciembre de 2022 en Tribunal Constitucional paralizó el trámite parlamentario que aprobó el Congreso de los Diputados para la reforma del Poder Judicial y del TC. La democracia está “tutelada” por unos poderes que no se presentan a elecciones, que defienden los privilegios de los herederos del pasado ¿cómo podemos esperar así que se defiendan los servicios públicos, tal como reivindica la mayoría de la sociedad?

Necesitamos superar todo esto para avanzar en derechos y libertades, para poder debatir de lo que nos interesa, de: Sanidad Pública, Educación Pública, Pensiones Públicas, Dependencia Pública, que es exactamente lo contrario a los derroteros en los que, desde hace décadas, se metió a nuestros servicios públicos. La privatización de lo público es inadmisible por dos motivos: primero porque la rentabilidad de los servicios públicos no puede estar subordinada a los beneficios empresariales; y segundo porque los continuos escándalos de comisionismo dejan claro que la privatización engendra la corrupción, además de ser la privatización el origen del del deterioro de nuestra Sanidad Pública, en todas las comunidades.

Queremos debatir sobre una verdadera separación de poderes, muy particularmente de la independencia del poder Judicial. Politizado hasta la médula, escorado a la derecha y con un tufo a TOP que tira para atrás.

Necesitamos que la sociedad tome posición sobre la política de guerra a la que se nos avoca desde la UE y la OTAN, pues este tema de vida o muerte no puede ser ajeno a la voluntad de los pueblos, enajenación que solo es posible por la gruesa capa de manipulación mediática que tiene confundida a la ciudadanía y a sus instituciones sociales: políticas y sindicales. Con las graves consecuencias económicas que los conflictos bélicos tienen para los pueblos; afirmamos que sufrimos una auténtica guerra social, paralela a la militar, que destruye derechos y empobrece a la clase trabajadora. Es inadmisible que participemos en alimentar la guerra en Ucrania y, en paralelo, miremos para otro lado con el Genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, desde hace seis meses.

Estas y otras cosas son de la que hay que hablar ante los procesos electorales y en el debate parlamentario. El problema es que los ciudadanos y ciudadanas que viven de su trabajo están hastiados de ver que los representantes políticos se pierden en barrizales que nada resuelven, pero que desangran el erario público a manos de mangantes y sanguijuelas o en gastos militares. Este es el motivo que lleva al ascenso de la extrema derecha; la ausencia de una fuerza política que escuche a la mayoría social y trabaje por dar solución a sus problemas e inquietudes.

Somos conscientes de que la sola posibilidad de que estos planteamientos tomen cuerpo enerva, como vemos desde meses atrás, a la derecha de siempre y a la derecha escindida de la derecha de siempre. No soportan la posibilidad de que se puedan mover un ápice sus privilegios: por eso se mantiene la impunidad de La Corona, incluso en el delito; por eso se niegan a renovar el Consejo General del Poder Judicial que les garantiza su impunidad ante los casos de corrupción; por eso no quieren ni oír hablar de desprivatización de la Sanidad Pública; por eso defienden a capa y espada la Educación concertada, donde empresas y congregaciones religiosas hacen su agosto;…; por eso se echan a la calle rabiosamente ante la posibilidad de que la pluralidad de pueblos que compone el Estado español conviva en paz y nos podamos poner de acuerdo para dar un giro de guion al orden establecido.

El Comité de Redacción