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El brazo político judicial

Nadie duda de que la mayoría de jueces, magistrados y fiscales actúan con justicia conforme a la Ley en sus resoluciones y sentencias. Pero ningún observador de la actualidad política podrá negar que hay un grupo de ellos que no cumplen con ese principio y actúan con un sesgo ideológico: la derecha rancia y españolista de poso franquista. Nido de togados retrógrados que germinó y pervive porque no hubo transición democrática en la administración de justicia —ni en los Cuerpos de Seguridad del Estado— que la limpiara de franquistas que dictaron largas condenas de cárcel y sentencias de muerte contra los opositores al régimen de Franco en los Tribunales de Orden Público, los temibles TOP. Jueces que, instaurada la democracia, pasaron limpios de polvo y paja como titulares de juzgados y tribunales hasta su jubilación.

Aún hoy, ningún político de la época ha dado una explicación a esta anomalía democrática, lo que da pie a especulaciones de todo tipo, como el miedo a que se produjera una revuelta de jueces y magistrados para los que no había recambio por el inveterado sistema, caro y clasista, de acceso a la carrera judicial que convirtió la administración de justicia en un coto cerrado para los hijos de las clases adineradas, dando lugar a estirpes familiares presentes durante décadas en los niveles más altos de la judicatura.

Viene a cuento este recordatorio para entender la sorprendente sentencia, dictada en ocho días por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación sin una sola prueba que demuestre la culpabilidad por la que se le condena. Juicio que ha subvertido el principio básico del proceso judicial de que debe ser el juez instructor quién busque y presente las pruebas acusatorias, y no que el acusado tenga que demostrar su inocencia. Juicio basado en la instrucción del juez Hurtado plagada de errores y sin elementos probatorios —como han reconocido insignes jueces y magistrados—, que dejó fuera la declaración de los periodistas que tiraron por tierra la presunción del juez de que el acusado había filtrado el famoso correo en el que el abogado de González Amador, reconocía los fraudes cometidos y pedía un acuerdo con Hacienda.

Sentencia que no ha tomado en consideración el principio de in dubio pro reo que beneficia al acusado en caso de duda sobre su culpabilidad, pero da por buena la mentira que esparció Miguel Ángel Rodríguez, como él mismo reconoció en el juicio, y que utilizó González Amador para denunciar al Fiscal General por revelación de secretos de su vida personal. Datos que no figuran en la nota de prensa que emitió la Fiscalía General para desmentir la mentira del mentiroso confeso MAR. Pero a la Sala 2ª no le ha importado que su sentencia —que cuenta con dos votos particulares en contra— condene la verdad y deje sin sanción la mentira. Hechos que confirman que estaba dictada de antemano con el objetivo de hundir al Gobierno, a través del Fiscal General utilizado como peón de lo que se puede calificar de golpe de estado judicial promovido por un núcleo de jueces y magistrados de la derecha más rancia y tridentina, que ha contado con el apoyo de la derecha política y mediática.

Sentencia que huele a varapalo contra el Gobierno por los cambios y reformas que ha puesto sobre la mesa para acabar con sus privilegios, cuyo el objetivo es agilizar, reducir la burocracia y hacer el sistema judicial más operativo y funcional. Objetivos plasmados en la Ley Orgánica aprobada en enero de 2025, que reestructura el funcionamiento de los juzgados con la creación de Tribunales de Instancia en cada partido judicial que reemplaza a los juzgados unipersonales y centralizará la administración de justicia, con el objetivo de acabar con los reductos de poder en que algunos jueces han convertido sus juzgados en los que actúan como pequeños reyezuelos contraviniendo, incluso, resoluciones del Tribunal Supremo como la de que no se pueden abrir sumarios con titulares y noticias de prensa. El juez Peinado es un ejemplo palmario.

Cambios como la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios que no sean sede de un Tribunal de Instancia, o de las Oficinas Judiciales para unificar y equilibrar la carga de trabajo del citado Tribunal. O medidas para reducir el número de casos que llegan a los tribunales como impulsar los Medios para la Solución de Controversias (MASC), a los que será obligatorio acudir para resolver conflictos entre las partes antes de iniciar un proceso civil o mercantil. O ampliar a cinco años el mandato del Fiscal General del Estado, que no será renovable, para favorecer una mayor independencia del Gobierno de turno.

Reformas aprobadas que se irán implementando progresivamente, como la del sistema de acceso a la carrera judicial para hacerlo más práctico y menos memorístico, que amplía el número y la cuantía de las becas para que ciudadanos de toda condición puedan llegar a ser jueces, y reducir el carácter clasista del estamento judicial. Y otras contenidas en la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que cambiarán el tradicional sistema judicial al sustituir a los jueces por los fiscales en la instrucción de sumarios, para acabar con una anomalía que nos diferencia de los sistemas judiciales de los países de la UE, en los que el fiscal investiga e instruye el sumario, y el juez controla que no se vulnere la ley en ese proceso. Cambios que, de ser aprobados en el Congreso, entrarán en vigor en 2028, sin afectar a los procesos judiciales en curso.

Modificaciones que buscan eliminar las actuaciones libérrimas y vejatorias de algunos jueces en los interrogatorios a investigados y testigos. O que utilizan la instrucción como herramienta política estirándolos mediante una investigación prospectiva, para prolongar la condena mediática en los medios ideológicamente afines: el Low Faire. De ahí que la Reforma prohíba ejercer la acción popular a partidos políticos, sindicatos y administraciones públicas, limitándola a los directamente afectados en el caso, para evitar la instrucción de sumarios con denuncias de claro interés político de organizaciones filo fascistas, tipo Hazte Oír o Manos Limpias, fundamentadas en recortes de prensa.

Estratagema que utiliza el brazo judicial de la derecha, para instruir sumarios al compás del acontecer político que más beneficie a los partidos de derecha, con el objetivo de degradar la imagen y tumbar a un Gobierno que detestan, porque quiere acabar con su parcela de poder que utilizan políticamente invistiéndose de un poder omnímodo. Sería largo para este artículo enumerar los casos que el brazo político judicial retuerce para apoyar la estrategia de la derecha, y a la ultraderecha, que llega al desiderátum insólito de manifestarse ante las sedes de sus Juzgados y Audiencias, contra el plan de reformas propuesto por el Gobierno que supone un cambio fundamental en la administración de justicia que pone fin al chiringuito de poder que han configurado a lo largo de los años. De ahí su beligerancia contra este Gobierno y su Presidente, porque representan todo lo que aborrecen: el progreso y el cambio necesario de un sistema judicial que han degradado y convertido en un reino de Taifas.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor
en Teoría de la Comunicación de Masas

Situación y estado actual de la Justicia española: su presunta independencia

En este artículo quiero reflexionar sobre la situación y la calidad de la justicia en España, el grado de aceptación/satisfacción de los españoles sobre ella y sobre todo y fundamentalmente, sobre el grado de independencia de nuestros jueces y magistrados y su dependencia, muchas veces prevaricadora, de determinados partidos políticos.

Antes de entrar en el meollo de la cuestión, tenemos que reflexionar sobre las causas de esta situación. Y entre las causas, pues es un asunto multicausal, hay una que es la principal: “De aquellos barros vienen estos lodos” y me refiero fundamentalmente a que en el inicio de la, en absoluto modélica y tranquila, transición española, del paso de las Leyes Fundamentales del Dictador Franco a las leyes democráticas y la Constitución de 1978, no se renovaron ni se sustituyeron (no se purgaron) a los jueces y magistrados franquistas, (en connivencia los franquistas y partidos supuestamente progresistas, como PSOE y PCE que abdicó de todos sus postulados marxistas, pero no del estalinismo), cuya gran parte de su cúpula servía o había servido en el funesto TOP, que pasaron, en su gran mayoría, a las cúpulas de la pirámide judicial, arrastrando su ideología franquista, sus errores funcionales y sobre todo su prepotencia, siendo muchos ascendidos, condecorados y galardonados.

La falta de renovación de jueces y magistrados que procedían del Franquismo, del Movimiento Nacional y del ultracatolicismo conservador, no fueron sustituidos por jueces progresistas y demócratas (seguramente habría sido muy difícil encontrarlos en ese momento). Muchos jueces procedentes del TOP, pasaron a ocupar altos cargos en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Presidencias de Salas de Audiencias Territoriales y luego Tribunales Superiores de Justicia e incluso Tribunal Constitucional, y a partir de ahí, la dependencia ideológica de nuestros jueces y su servilismo a partidos conservadores y de extrema derecha, está servida, sin que afirmemos que esa sea la generalidad, pero sí la nota más acusada y cada vez más abundante sumada a un corporativismo exacerbado.

A lo expuesto hasta aquí, se suma la acusada falta de jueces y magistrados lleva a una situación caótica de acumulación de asuntos sin resolver que ya es insostenible y puede llegar a ser inabordable. Es por ello, que, el aforismo “la justicia o es inmediata o no es” y que “la justicia tardía es justicia denegada”, tiene absoluta actualidad en España.

El CGPJ, aunque tras más de ocho años paralizado y aunque se consiguiera renovar finalmente, sigue sin funcionar y no se corrige sino todo lo contrario, a jueces que prevarican a sabiendas en asuntos de corrupción o claramente políticos, que favorecen a la extrema derecha, PP y VOX.

Los Juzgados españoles acumulan cada año cantidades ingentes de sumarios y asuntos sin resolver, y es que España cuenta solo con 11 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea es de 17 y en países de alta tradición democrática, como los países nórdicos o Francia, se supera netamente esta cifra. Esta situación refleja una crisis estructural de la justicia española, que sufre retrasos crónicos y casi irrecuperables, protestas históricas y un órgano de gobierno paralizado por la política (Redacción El Diario de Madrid, 24/jun/25).

Sin embargo, cuando desde el Gobierno se presenta un proyecto de Ley de reforma del Poder Judicial, y acceso a la carrera judicial, además de regularizar la caótica situación de los jueces sustitutos, se encuentra con una férrea oposición de todas las asociaciones profesionales conservadoras y de extrema derecha de los jueces y una incomprensión, solo explicada, por su corporativismo y defensa acérrima de sus privilegios. Los jueces se creen y se sienten figuras intocables que pueden hacer lo que les viene en gana con absoluta impunidad, pero lo cierto y verdad es que los jueces no son más que nadie, habiendo protagonizado jornadas de huelga, cuando constitucional y legalmente les está vedado, eso sí, sin que se les descontara el sueldo por cada día de huelga, e incluso interrumpiendo juicios que se estaban celebrando, para acudir a las concentraciones, con toga, por supuesto.

Con datos del informe que emite el CGPJ, en el segundo trimestre de 2024, la justicia española cerró con 4.181.669 asuntos pendientes, sobre un total de asuntos de 7.799.166. Esto supone un incremento del 14,2% respecto al mismo periodo de 2023. Este dato marca un récord de casos sin resolver.

Lo que nos lleva a la conclusión de que hay un colapso estructural y una desconexión de la realidad, por parte de la justicia española.

En cuanto al grado de descontento y hartura de los españoles respecto de la justicia española, salvo los informes propios e intencionados del CGPJ y de sus medios acólitos, el rechazo es descomunal.

Según el HuffPost/EFE, nueve de cada diez españoles considera que la justicia no es igual para todos. El tercer estudio ‘Calidad de la Democracia’ realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) recoge que el 78,5% de los ciudadanos considera que no se trata del mismo modo a ricos y pobres. (Redacción 08/05/2025).

La justicia, queda muy mal parada.

En las preguntas del CIS referidas al funcionamiento del sistema judicial, los encuestados se muestran muy críticos: una abrumadora mayoría del 89,9 % no comparte que trate igual a los políticos que a los ciudadanos y el 78 % tampoco está de acuerdo con que la justicia sea imparcial en los procesos que afectan a los partidos, especialmente en temas de corrupción y que afectan al PP y a VOX.

Según “El País”, dos de cada tres encuestados están poco o nada satisfechos con el funcionamiento de los tribunales. La Administración de Justicia se mantiene como el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio que menos satisfacción genera —la asistencia sanitaria en los centros de salud públicos—, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La agencia que dirige José Félix Tezanos ha retomado las encuestas sobre calidad de los servicios públicos que el organismo había dejado de hacer en 2018, justo tras la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez. Y la justicia sigue en la cola, como entonces, cinco años después. El sondeo muestra que el 66,2% de la población está totalmente en desacuerdo e insatisfechos con la justicia española.

Vayamos ahora con reflexiones sobre la tan denostada y presunta independencia de los jueces y magistrados en España. Vaya por delante que la democracia y el sentido de la responsabilidad y decencia, exige que los jueces sean rabiosamente independientes, a la hora de analizar hechos, enjuiciar asuntos y dictar sentencias, neutralidad que no deberá interferir en su integridad e independencia, a la hora de emitir sus Fallos en los asuntos de que conozcan.

Según Fernando Ull Barbat, “El ojo crítico”, 02/10/25, “por mucho que una gran parte de los jueces españoles se empeñen en hacernos creer que son poco menos que figuras intocables que pueden hacer lo que les venga en gana, la realidad constitucional de nuestro país les obliga a estar al servicio de los españoles”. Y yo añado, y si así no lo hicieren, prevaricarían dolosamente.

Los jueces tienen que aplicar la ley, lo que quiere decir que no pueden interpretar las leyes como les parezca, ni dictar las sentencias que quieran, sin que puedan ser objeto de la menor crítica. No pueden interpretar las leyes según su ideología y para favorecer y adaptarlas al ideario de un partido político, que es lo que muchos hacen. (Fernando Ull Barbat).

Fundación Sistema: Cae la confinza en la Justicia en España

El artículo 117 de la Constitución señala que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.

Pero, ¿qué ocurre cuando esa justicia pierde legitimidad ante los ciudadanos porque una parte de esta situada en puestos estratégicos, entra en conspiraciones para derribar gobiernos, intenta condicionar procesos electorales o aparecen noticias como: “El Tribunal Superior de Cataluña absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual”; “Un juez procesa al humorista Quequé por bromear con “dinamitar” el Valle de los Caídos y “apedrear” a curas pederastas”; “El TSJC permite que un padre pueda impedir la eutanasia del hijo (de 54 años) aunque no tengan relación”?

Ocurre, que la confianza en la justicia cae porque, parte de ella, en lugar de ser y actuar como un árbitro neutral, actúa y se comporta como un actor político más, saltándose la legalidad constitucional. Algo muy inquietante en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, porque la población interioriza que la justicia no es igual para todos.

“En una escala de valoración donde 1 representa la mínima confianza y 10 la máxima confianza, los españoles en el año 2021 valoraban la justicia con una media de 4,76. En el año 2024, esa valoración descendió hasta un 4,67. Este dato es una señal de advertencia sobre la situación institucional de España, máxime si tenemos en cuenta que la valoración de los partidos políticos, los sindicatos, el gobierno, el Parlamento y los medios de comunicación es aún menor, según las encuestas sobre Tendencias Sociales realizadas por el Centro de investigaciones Sociológicas entre 2021 y 2024.”

En definitiva, lo que nos dice entre líneas el artículo transcrito y que comparto, es que una parte importante y poderosa de los jueces y magistrados, no son independientes, sino que están y han estado al servicio del PP e incluso de VOX y prevarican, al hacer de sus juzgados y tribunales baluartes para, de la mano de la extrema derecha, descalificar y hacer caer al gobierno de la nación, al que ab initio, consideran ilegítimo, y sobre el que lanzan bulos, mentiras y todo tipo de basura, como hicieron con Pablo Iglesias y su familia. Van a por Pedro Sánchez, para hacer caer al gobierno, con el CGPJ a la cabeza, con jueces y magistrados significados, desde el TS, la AN y Salas de los TSJ, mediante la prevaricación, que impiden o atenúan el procesamiento de corruptos, como Esperanza Aguirre, Isabel Díaz Ayuso, M. Rajoy, Feijoo y el propio Aznar, y tantos otros, acosando al presidente del Gobierno, procesando a su hermano y a su mujer con delitos inventados y en instrucciones claramente prevaricadoras y falsas. Delitos gravísimos por los que tienen la más absoluta impunidad, pues se creen por encima del bien y del mal.

Lo que subyace es el ataque sostenido de la derecha extrema y la extrema derecha (en España no existe una derecha democrática), contra el actual Gobierno al que consideran, antes incluso de constituirse, como ilegítimo, sin que sigan sin asumir la democracia con todas sus consecuencias (Fernando Ull Barbat), porque piensan que España es solo suya y la quieren UNA GRANDE Y LIBRE constituyendo una UNIDAD DE DESTINO EN LO UNIVERSAL.

Compartiendo la tesis de Fernando Ull Barbat, se trata, de un golpe de estado mantenido y permanente, para conseguir el agotamiento y caída del gobierno y la convocatoria de elecciones generales, que, por supuesto, están convencidos de que ganarán, recuperando lo que consideran que es suyo por la gracia de dios y ab natura, el poder en todos los órdenes y España su cortijo.

Al juez Garzón, lo procesaron por enjuiciar al franquismo y lo expulsaron de la carrera. Se jactaban de manejar a la Segunda del TS por la puerta de atrás, en fin, todos tenemos en mente tantas cosas, que ratifican lo que vengo sosteniendo; que una parte significativa de jueces y magistrados no son independientes, prevarican impunemente y están al servicio de la extrema derecha del país, siendo las salas en las que sirven, poltronas para hacer política contra el Gobierno legítimo y hacerlo caer provocando nuevas elecciones generales.

Estoy convencido de que triunfará la democracia, que el Gobierno va a aguantar y va a agotar la legislatura y que los cambios legislativos sobre el nombramiento y elección de los vocales del CGPJ y jueces y magistrados, acceso a la carrera judicial, regularización del cuarto turno y cuarto turno para fiscales, regularización y estabilidad de los jueces sustitutos, harán que se sanee la justicia española, aumente el número de jueces independientes, se desatasque el atraso judicial y poco a poco, se normalice y se recupere la confianza en el sistema judicial, hoy tan justamente deteriorada.

Miguel Sagüés Navarro

El TOP no se ha ido nunca

Coincidiendo con la celebración de los cincuenta años de la muerte del dictador Franco no está de más recordar, por concordancias históricas que hoy adquieren relevancia política y expectación pública, que en el año 1963 se creó por el malhadado caudillo de las Españas el denominado Tribunal de Orden Público, conocido más por sus siglas: el TOP. Es decir, hace sesenta y un años existió en este país una instancia judicial dedicada exclusivamente a reprimir a los españoles por supuestos delitos que hoy en su gran mayoría estarían tipificados como hechos no punibles y arropados por la libertad de expresión.

En 1963 Franco creó el Tribunal de Orden Público (TOP) dedicado a reprimir a los españoles por supuestos delitos que hoy en su gran mayoría estarían tipificados como hechos no punibles y arropados por la libertad de expresión.

En realidad, dadas las circunstancias, no es descabellado pensar que a lo largo de la trayectoria democrática en nuestro país el citado Tribunal represor haya permanecido en alguna de sus formas en el propio ámbito de la Justicia; aparentemente se esfumó en enero de 1977, unos meses antes de las primeras elecciones en libertad. Aparentemente. Porque hoy comprobamos con estupefacción –los ciudadanos que venimos manteniéndonos estupefactos, que no debemos ser muchos– que se está asistiendo a determinados procedimientos judiciales dirigidos por ciertos magistrados que dista mucho de que se estén desarrollando desde una mínima ética jurídica obligada y, lo que es más preocupante, desatendiendo a la par principios inexcusables en la aplicación correcta de la Ley. Es decir, no aplicando la Justicia con justicia.

Casos hay que ponen de manifiesto la permanencia de un modo de impartir justicia que recuerda con pesadumbre aquel negro negrísimo TOP en la bruma de los años franquistas; si no en sus aspectos represivos, sí en la manera impúdica de atender los procedimientos. Viene a cuento señalarlos a partir de un hecho concreto que habla por sí solo del ancho espacio de arbitrariedad consentida por el que los jueces campean y que marca un hito más en su poder: la pasividad aquiescente en la renovación de su órgano máximo de gobierno que mantuvieron de manera escandalosa a lo largo de cinco años sin renunciar a sus jugosos privilegios. Total, para perpetuar la célebre máxima lampedusiana: que todo cambie para que todo permanezca como estaba. Así las cosas, surgen en la vida cotidiana de los españoles casos llamativos protagonizados por jueces que afectan a las personas de manera especialmente despiadada. Procesos que no sólo afectan a los encausados, sino que troceados debidamente se trasladan con toda intención a la ciudadanía a través de su conexión con los habituales terminales de experiencia contrastada en esparcir confusión en el patente ánimo de generar un estado de colectiva exacerbación en el seguimiento público de acontecimientos concretos.

El ancho espacio de arbitrariedad consentida por el que los jueces campean hace pensar que el TOP pervive, quizás no en sus aspectos más represivos pero sí en la manera impúdica de atender los procedimientos y no atendiendo la Justicia con justicia

Cabe recordar de forma somera tres de los más sonados: Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, investigada por el juez Juan Peinado; David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, investigado por la jueza Beatriz Biedma, y quizás el más llamativo por lo que significa de enfrentamiento entre instituciones del Estado: la causa abierta por el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado contra el fiscal general Álvaro Ortiz. Los dos casos primeros, alentados con falsedades por organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias y Hazte Oír. El último, por la manifiesta animadversión de un juez conservador que impunemente acusa sin pruebas.

Los casos abiertos contra Begoña Gómez o David Sánchez denunciados por organizaciones de ultraderecha con falsedades, o el caso abierto contra el fiscal general del Estado basado en las acusaciones sin pruebas de otro juez, representan la punta del iceberg de las peores prácticas judiciales del TOP

Existen otros con una carga indiscutible de inquina hacia sus “víctimas”, como son los del juez Eloy Velasco, con ofensas hacia Irene Montero, o la del juez Ruiz de Lara, que insultó en sus redes sociales a Pedro Sánchez y a su esposa. El conjunto hace sospechar que una mayoría de los jueces mama ávidamente aún del siniestro TOP franquista y no han sido cribados en su paso a la democracia o, quizás, que todo forma parte de la declarada ofensiva de la derecha en todas sus manifestaciones contra el Gobierno. O posiblemente las dos cosas a la vez.

Fernando Ruiz Cerrato
Militante Socialista PSOE-Madrid-Fuencarral

El desprestigio de la Justicia aumenta cada día

El jueves 18 del presente mes, tomaron posesión los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) como si nada hubiese pasado. En menos de un mes ha quedado en el olvido la Comisión de Nombramientos del Congreso, donde el diputado socialista Odón Elorza puso en evidencia al juez Enrique Arnaldo, propuesto por el PP. Lo puso en evidencia por sus múltiples conexiones con casos de corrupción como el “Caso Palma Arena” o por la petición del juez al corrupto Ex ministro de Aznar, Jaume Matas: “Cuéntame lo de Panamá”.

También da la sensación de que ha pasado mucho tiempo de la bochornosa sesión plenaria del Congreso de los Diputados del día 11 de noviembre, 232 diputados, de los 350 posibles, votaron favorablemente. Tristemente se habló más de los votos disidentes, como el de Elorza, que de la vergüenza que debiera suponer elegir a ese señor como miembro del Tribunal Constitucional, sabiendo que no es ético y sí un vehemente defensor de postulados antidemocráticos que ha esgrimido desde FAES.

Tan rechazable es la elección de Enrique Arnaldo como lo es la de Concepción Espejel, también conocida en círculos judiciales como La Cospejel, por la amistad que une a la magistrada con una de las piezas claves del caso “kitchen”. Tanta es la afinidad de esta magistrada con miembros del PP que, en 2016, los propios magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional la obligaron a ella y al magistrado Enrique López (hoy miembro del Gobierno de Díaz Ayuso) a excluirse del tribunal que debía juzgar la primera etapa de la trama Gürtel; la de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Estos dos jueces serían pura anécdota si no fuese por la cantidad de jueces y juezas que ejercen más como un destacamento del PP en la Justicia que como cualquier otra cosa: Francisco Pérez de los Cobos, tan afín al PP que estaba al corriente de pago de las cuotas de afiliado siendo presidente del Tribunal Constitucional; el mencionado Enrique López, el que intentó instrumentar el Caso Faisán, entre otras tropelías judiciales; o Manuel Marchena, quien al frente de la sala II del del Tribunal Supremo (la sala que el portavoz del PP en el Senado, el señor Ignacio Cosidó, se jactaba de tener controlada) acaba entrar, como caballo en cacharrería, en el poder legislativo, al utilizar vericuetos legales para despojar de su acta de diputado (elegido por el pueblo) a Alberto Rodríguez, por un asunto menor y con pruebas dudosas. La lista sería larga.

Además de una Ley de Memoria Democrática, habría que legislar una ley que garantice que este tipo de oprobios no se puedan dar en las instituciones del Estado. Ya sé que eso es muy difícil, pues partimos de la gran vergüenza que significa que el jefe del Estado que designó Franco como sucesor suyo el 22 de julio de 1969, hoy fugado en Abu Dabi, ha estado lucrándose y abusando de su cargo para construirse una fortuna que, según Forbes, ronda lo 2.000 millones de dólares.

Los golfos, tienen la teoría de que los escándalos en la prensa no duran más de 72 horas. Tristemente hay que darles la razón. En menos de un mes ya ha quedado en el olvido la catadura de estas nuevas perlas del TC. Siendo así, como vamos a recordar que el Tribunal de Orden Público (TOP) franquista fue disuelto el 4 de enero de 1977, y ese mismo día se constituyó la Audiencia Nacional. Ni que decir tiene que la mayoría de los jueces del TOP pasaron a formar parte de la nueva Audiencia nacional y del Tribunal Supremo. De aquella fracción del franquismo en la “Justicia”, destacan joyas como Jaime Mariscal de Gante, que antes de ser juez instructor del TOP había sido comisario de la Brigada Político Social. Y después, magistrado de la Audiencia Nacional hasta que se jubiló en 1988.

Mariscal de Gante es un buen ejemplo de la extensión del franquismo en nuestra democracia, y quizá así se entienda mejor por qué el PP nunca a renegado del franquismo y de por qué se ponen de los nervios cuando se habla de Memoria Histórica. Su hija, Margarita Mariscal de Gante fue ministra de Justicia, en el primer Gobierno de Aznar, entre 1996 y 2000. Y su otro hijo, José Manuel Mariscal de Gante, es el comisario que en 2018 invitó a un acto oficial, con todos los honores, al torturador al servicio del franquismo: Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”.

El hijo del fugado participará en la apertura del año judicial una vez más el año que viene, y este no creo que lo haga con una pinza en la nariz. El desprestigio es merecido.

Roberto Tornamira Sánchez

Militante Socialista del PSOE en Madrid