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La transición española de la dictadura franquista a la democracia ha sido frecuentemente presentada como un ejemplo de consenso y madurez política. Sin embargo, ese relato pierde consistencia cuando se observa lo que ocurre más allá de la esfera institucional. Existe una frontera tan cotidiana como invisible que marca el límite de la democracia: la puerta de las oficinas y de las fábricas. Mientras la ciudadanía ejerce su soberanía política mediante el voto, en el ámbito laboral sigue predominando un modelo de poder vertical apenas cuestionado desde hace décadas.

Esta contradicción es el punto de partida del informe sobre Democracia en el Trabajo presentado recientemente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaborado por una comisión internacional de expertos en economía, derecho y ciencias sociales, el documento pretende rescatar del olvido el artículo 129.2 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover la participación de las personas trabajadoras en la empresa. Casi medio siglo después de su aprobación, ese mandato constitucional sigue sin un desarrollo legislativo efectivo.

El informe parte de una premisa clara: no es sostenible que una sociedad democrática conviva con espacios económicos organizados como auténticas autocracias. La empresa contemporánea, sostienen los expertos, no puede seguir funcionando al margen de los valores democráticos sin generar tensiones que acaban debilitando la cohesión social y la estabilidad política. Cuando millones de personas pasan buena parte de su vida sometidas a decisiones sobre las que no tienen voz, la democracia se resiente.

Uno de los aportes más relevantes del documento es el cambio de paradigma en la forma de entender el trabajo. Frente a la visión tradicional que reduce al empleado a un coste o a un recurso productivo, la comisión propone reconocerlo como un “inversor de trabajo”. La idea es sencilla pero poderosa: mientras el accionista aporta capital financiero, el trabajador invierte tiempo, salud, conocimiento y expectativas de futuro. Esa inversión vital, mucho menos recuperable que el capital, debería traducirse en derechos políticos dentro de la empresa.

Sobre esta base se articula la principal propuesta del informe: la implantación de la codecisión. En las empresas de más de cincuenta trabajadores, la plantilla tendría derecho a ocupar al menos un tercio de los asientos en los consejos de administración. En las grandes corporaciones de más de mil empleados, la representación alcanzaría hasta la mitad. Lejos de ser una excentricidad, este modelo funciona desde hace décadas en países como Alemania o Suecia, donde ha contribuido a una mayor resiliencia económica, menor conflictividad laboral y una reducción de las brechas salariales.

El texto también advierte sobre los riesgos asociados a la digitalización y al uso creciente de la inteligencia artificial en la gestión del trabajo. Algoritmos que deciden despidos, ritmos de producción, promociones o sistemas de vigilancia pueden convertirse, sin control democrático, en herramientas de precarización y dominio. Por ello, el informe propone garantizar el derecho de las plantillas a la información y a la autorización colectiva sobre el uso de estas tecnologías, con el objetivo de que la innovación se traduzca en prosperidad compartida y no en deshumanización del empleo.

Otro eje central es la cuestión de la propiedad. La comisión plantea la creación de fondos de propiedad colectiva que permitan a los trabajadores contar con un bloque de voto propio en las juntas de accionistas. Para incentivar estas prácticas, se propone un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo que premie con ventajas fiscales o prioridad en la contratación pública a las empresas con mayores niveles de participación interna.

Esta democratización empresarial tiene además una dimensión ambiental y territorial. A diferencia de los inversores financieros, que pueden mover capitales sin arraigo alguno, los trabajadores suelen vivir en los entornos donde se produce. Darles voz en las decisiones estratégicas reduce la probabilidad de deslocalizaciones destructivas o de proyectos que deterioren el medio ambiente y el tejido social de las comunidades locales.

En definitiva, el informe sostiene que la democracia española sigue incompleta. Completar el proceso iniciado hace décadas exige llevar el derecho a decidir al corazón del sistema productivo. No se trata solo de mejorar la gestión empresarial, sino de actualizar el contrato social en un contexto marcado por el autoritarismo, la desigualdad y la incertidumbre tecnológica.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha anunciado que trasladará estas conclusiones al diálogo social con el objetivo de elaborar en España la primera ley que regule participación de trabajadores en las empresas. La advertencia de fondo es clara: si la economía continúa funcionando al margen de los valores democráticos, la democracia política seguirá siendo vulnerable. Democratizar la empresa no es una opción ideológica, sino una condición necesaria para que la libertad y la igualdad no se detengan al fichar a la entrada del trabajo.

Toni Ferrer Sais

Exsecretario de Acción Sindical de UGT

Expresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado