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No es censura, es defender la democracia.

El modelo comunicativo digital convierte a los usuarios de las plataformas y redes sociales en nodos de comunicación que reciben, elaboran y difunden contenidos a voluntad, desde y a cualquier lugar del planeta. Hecho qué combinado con la facilidad para crear a bajo coste páginas web y plataformas en internet, y unido a las redes sociales que favorecen la expresión de opiniones sin ningún control en la práctica; generan un volumen diario de información ingente, incontrolable y constante, de bulos y mentiras: de desinformación.

El modelo comunicativo digital genera un ingente volumen diario de desinformación, bulos y mentiras incontrolable

Basura informativa cuya autoría muchas veces se desconoce por enmascararse con un sobre nombre, un nik, para poder lanzar, libres de responsabilidad, todo tipo de mensajes vejatorios y falaces, o se mantiene en nebulosa quienes son los propietarios y cómo se financian los medios que los difunden, por la falta de transparencia sobre su estructura y financiación. Se configura así un conglomerado explosivo cuya acción conjunta es ya una seria amenaza para la democracia.

La falta de transparencia sobre la autoría de las noticias y la propiedad, la estructura y la financiación de los medios supone una seria amenaza para la democracia

Defender la democracia de la desinformación que degrada el sistema democrático y sus instituciones, es el eje axial que justificó la aprobación por el Parlamento Europeo de la Ley de Libertad de Medios cuyo objetivo no es censurar, sino proteger a los medios de comunicación de la Unión Europea de la influencia del poder político y empresarial indebida, con el objetivo de fomentar el pluralismo informativo y la información veraz, mediante la aplicación obligatoria de medidas de trasparencia que permitan a los destinatarios saber quién está detrás de esos medios, quién los dirige, cómo se financian y en qué proporción entre empresas privadas y públicas, quienes o qué empresas tienen el mayor número de acciones, los números verificados de lectores, oyentes, televidentes o usuarios únicos en los medios digitales, y una política clara en el nombramientos de los principales responsables del medio y su equipo directivo.

El objetivo de la Ley Europea de Medios de comunicación no es censurar, sino proteger a los medios de la influencia del poder político y empresarial

Norma que entró en vigor el pasado mes de mayo y que ahora los distintos países de la Unión deben trasponer a sus legislaciones actualizando o creando, si no las hubiere, nuevas normas de obligado cumplimiento, acordes con el marco europeo aprobado por la UE. Medidas que los 27 países de la Unión deberán tener en vigor en agosto de 2025, para lo que se creará un nuevo organismo de control y vigilancia, el Consejo Asesor Europeo o Comité Europeo de Servicios de Comunicación Independiente, formado por representantes de las autoridades y organismos de medios de comunicación, que se encargará de elaborar un reglamento y un sistema de control de la propiedad de los medios de comunicación, mediante la creación de una base de datos por países. Norma que complementa la Ley de Servicios Digitales, en vigor desde noviembre de 2022, donde se establece una relación de normas para los servicios de intermediación en línea: las redes sociales —en especial para las grandes plataformas con más de 45 millones de usuarios— relativas al modo de diseñar sus servicios y procedimientos y establece nuevas responsabilidades para los operadores, al objeto de limitar la difusión de contenidos ilícitos y aumentar la protección de los menores mediante el establecimiento de mecanismos de alerta.

Normativa legal europea que España debe incorporar a su legislación en la que se incardina el Plan de Regeneración Democrática, presentado por el Ejecutivo, con el mismo objetivo: acabar con la desinformación, los bulos, las mentiras, con medidas que básicamente consisten en aplicar la ya existente Ley de Transparencia, para desmontar la trama de pseudomedios creados con el único objetivo de difundir un discurso disruptivo, de los que no se sabe quién está detrás y cómo se financian.

El Plan de Regeneración Democrática tiene el objetivo de acabar con la desinformación, los bulos y las mentiras

Plan que no impone ningún tipo de censura, contrariamente a lo que afirma la derecha, pues ninguna de sus propuestas limita la libertad de expresión ni de critica; sino que van orientadas a poner en conocimiento de quienes reciben la información, los destinatarios, quién o quiénes son los dueños de ese medio, cómo se reparte la cuota accionarial entre empresas y particulares, que parte de su financiación viene de instituciones públicas y cuanta del sector privado, su estructura jerárquica y qué personas la conforman en sus diferentes grados de responsabilidad. Básicamente la aplicación de Ley de Trasparencia en vigor, que la mayoría de medios incumple, para que los destinatarios sepan de dónde procede la información que le llega y puedan valorar, libremente, el grado de intencionalidad de la misma.

Contrariamente a lo que dice la Derecha, el Plan no impone censura, ni limita la libertad de expresión o crítica, sino que obliga a informar a los ciudadanos de dónde procede la información que les llega y puedan valorar libremente el grado de intencionalidad de la misma

Medidas de un Plan que no entra en definir qué es y que no es un medio de comunicación, sino que deslinda a los medios que cumplen con la ética periodística y la defensa del derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz, verificada, y diferenciada de la opinión de los que abdican de estos principios básicos. Pseudomedios, que incumplen la Ley de Trasparencia por haber sido creados, y financiados muchos de ellos solo con dinero público, expresamente para generar bulos y desinformación falseando la realidad y tergiversando los datos y los hechos con el objetivo de difamar y degradar las instituciones democráticas y a sus legítimos representantes, o para hacer propaganda de determinadas ideas y posiciones políticas.

Muchos pseudomedios han sido creados expresamente para crear bulos y desinformación falseando la realidad y tergiversando los datos y los hechos con una clara intencionalidad política

De ahí el sentido de las medidas de saneamiento democrático del sistema de medios de comunicación que incluye el Plan, que no es establecer censura alguna a la libertad de expresión, pues su objetivo es acabar con los pseudomedios que difunden desinformación que responde a intereses espurios que degradan el propio periodismo y la democracia. Para cumplir con este objetivo el Plan incluye una reforma de la Ley de Contratación de Publicidad por las Administraciones Públicas para que no se pueda adjudicar a dedo, y para favorecer el reparto de ese dinero de manera equilibrada entre los medios del ámbito territorial del que se trate.

Medidas con las que se pretende reducir la polución desinformativa circulante obligando a los medios a exponer públicamente una información básica que permita al destinatario juzgar si la información que recibe de ese medio responde al ejercicio responsable del derecho de los ciudadanos a recibir una información plural y veraz, del que los medios de información son garantes; o si esta sesgada, corrompida, por intereses ocultos para azuzar la pugna política. Nada se dice en el Plan de recorte alguno del derecho a la libertad de expresión de los medios y ciudadanos, sino que suponen una ampliación de esos derechos al proponer la despenalización de la crítica, explicita o teatralizada, contra las instituciones y símbolos que representan al Estado, en especial los que afectan a la Corona, que aún es objeto de debate entre los socios del Gobierno. O las referidas a la modificación de una parte de la Ley Mordaza, relativa al derecho de los ciudadanos a grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función coercitiva.

El Plan amplia el derecho a la libertad de expresión al despenalizar la crítica a las instituciones del Estado, incluída la Corona o el derecho a grabar a las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su función coercitiva

Así pues, dar pábulo a las denuncias sobre el pretendido deseo del Ejecutivo de imponer la censura informativa a los medios, es otra más de las patrañas y falacias lanzadas diariamente a la palestra pública, sin datos que lo avalen, por una derecha que de manera infame e irresponsable acrecienta el fango. Claro ejemplo de desinformación intencionada que los políticos, en el ejercicio de su libertad de expresión pueden realizar, pero no los medios de comunicación que se tengan por tales.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Los efectos sociales y políticos del FOMO y el SELFIE

El impacto social de las redes digitales es ya un hecho innegable y verificable por cualquier observador atento a las tendencias sociales que en ellas se gestan, que los internautas extienden a la sociedad a través de sus acciones y comportamientos, condicionados por lo que éstas exigen para ser un agente, un nodo de comunicación, activo. Efecto que altera la psicología de los usuarios que trasladan a la población general, a la ciudadanía, a través de dos fenómenos surgidos en ellas que ya son cotidianos: el FOMO y el SELFIE. Fenómenos complementarios que expresan la ansiedad, la necesidad, de conocer, estar e, incluso, ser protagonista de todo lo que se cuece en la actualidad global que ofrecen de continuo las redes, por la velocidad de circulación de la información que imponen, definiendo así el perfil de ciudadano al que hay que ajustarse para estar en la onda de la era digital.

                El FOMO (Fearof Missing Out), es el miedo a perderse algo, bien sea una experiencia de valor significativo que otras personas disfrutan, o cualquier evento de ocio, cultural, familiar o de la vida pública, verificados a través del SELFIE (auto retrato) que ejerce de notario de tu presencia en el lugar donde dices estar, para certificar que no te pierdes nada de la amplia oferta que la dinámica de las redes sociales ofrece de continuo. Para verificar que has estado allí. La acción conjunta de ambos fenómenos disloca la dinámica por la que se venían guiando las acciones y conductas de las personas en todo tipo de cuestiones de la vida en general, con claros efectos perniciosos que este verano han protagonizado la actualidad. El más notorio es el turismo masivo desbocado y, el otro, el político donde la necesidad de estar a todo lo que salta, lleva al desarrollo de discursos sin fondo ni proyecto, centrados solo en girar la actualidad al enfoque que interesa para atizar al enemigo, con y por lo que sea, olvidando la hemeroteca.

El miedo a perderse algo y el Selfie han irrumpido en la política creando discursos sin fondo ni proyecto

                Las protestas ciudadanas de este verano en decenas de ciudades contra el modelo actual de turismo masivo —en especial en zonas muy tensionadas como las islas Baleares, Sevilla, Canarias…—, mostradas en los medios con multitud de imágenes y datos, reflejan su impacto negativo concretado en la pérdida de calidad de vida que sufren los ciudadanos que viven a diario su acoso: porque los recursos para mantener los servicios públicos de la población autóctona (sanidad, agua, limpieza urbana, seguridad…), son insuficientes para una población que los turistas duplican, triplican o cuadruplican en verano. Turismo que ha acabado con el concepto de viajero, de viajar, trasmutado en un simple peregrinaje por aquellos lugares de fama mundial por donde debes pasar y verificar que has estado allí.

En las ciudades turísticas el gran problema es la insuficiencia de los recursos necesarios para mantener los servicios públicos para una población que se duplica, triplica o cuadriplica en verano

                Fenómeno favorecido por el descenso en los últimos años del precio de los paquetes turísticos que incluyen estancia y vuelo o la navegación en barcos convertidos en auténticas ciudades que, si bien entrañan una democratización del derecho a viajar, suponen una irrupción masiva en la vida de las personas y entornos culturales y naturales que se visitan. Fenómeno aderezado, incentivado, por el FOMO y el SELFIE, que convierten las ciudades y espacios naturales en parques temáticos masificados que los peregrinos digitales recorren, mayoritariamente, no para adquirir cultura sobre lo que visitan y patean —aunque sea de garrafón—, sino para certificar que han estado en el monumento que no se puede dejar de visitar, en la playa o espacio renombrado por sus valores naturales o en las áreas comerciales que convierten las ciudades, grandes y medianas, en sucursales clónicas de las mismas marcas y modelos de negocios. El efecto, la pérdida de valor de lo autóctono que desaparece al no haber hueco en el programa del peregrino turístico, que debe recorrer lo pre configurado sin tiempo para hablar con los pobladores del lugar: la vía para adquirir un conocimiento más amplio y enriquecedor sobre las costumbres del lugar que visita.

                Hay una tercera pata que es la floración exponencial, sin control en la última década, de las habitaciones y pisos turísticos que han acabado, o están a punto de hacerlo, con el modelo de convivencia clásico entre los vecinos del barrio rico en monumentos y vida social, que ese turismo masivo convierte en un castigo destructor del costumbrismo que lo hace especial, y provoca la subida de precios de las viviendas que obliga a los autóctonos a abandonar su casa de toda la vida presionados por sus caseros que, como las hienas, huelen el dinero fácil y rápido de los turistas. Así, lo que distinguía al barrio, a la zona que se visita, se difumina y trastoca por la regla de la igualdad de modelo social y comercial que impone el turismo de masas. La única diferencia son los objetos que se expenden en las tiendas de recuerdos, de souvenier, también de garrafón.

              Se genera así un conflicto de calado social, y claramente político, donde una vez más se pone en juego qué debe prevalecer, la vida de las personas o el negocio turístico: la niña bonita de la economía nacional.

El turismo de masas conlleva un incremento de habitaciones y pisos turísticos que provoca la subida de precios de las viviendas

Conjugar ambas cosas no es precisamente por dónde se encarrilla, hoy por hoy, la búsqueda de soluciones que contenten a todos, porque los gestores que pueden regular el problema y plantear el turismo desde otra óptica (Ayuntamientos, Comunidades y Gobierno central), actúan desde una perspectiva ideológica que vemos reflejada en ciudades y comunidades gobernadas por la derecha donde, a lo sumo, se impone un pequeño impuesto por viajero o la idea se rechaza sin ambages; como la de limitar el número de pisos turísticos a partir de un determinado número en la idea de propiciar el negocio y no limitarlo. Mientras otras administraciones imponen fuertes multas a los pisos turísticos ilegales o incluso deciden prohibirlos a partir de 2028, tras una progresiva supresión de licencias para este tipo de negocio, como ha decidido el Ayuntamiento de Barcelona. O aumentan el impuesto por turista, para contribuir a sufragar el coste social de su estancia como ha acordado el Ayuntamiento de Venecia al elevar, de manera sustancial, las tasas de pernoctación diaria que van de los 0,45 euros a los 5,según el tipo de alojamiento y el barrio donde está ubicado.

                El turismo masivo que llega a España puede matarnos de éxito si los agentes sociales y políticos no lo encaran como una cuestión de estado que exige disposición al acuerdo, que siempre supone aceptar que cada parte y, aquí hay muchos sectores implicados, no debe imponer su planteamiento de máximos. El turismo es y puede seguir siendo nuestro petróleo, pero enfocado de otro modo que ponga en valor lo que nos diferencia: nuestro estilo de vida, y el uso del tiempo y nuestros recursos naturales que el turismo masivo destruye a pasos agigantados, que deben protegerse por encima del negocio de unos pocos.

Es necesario que el Ejecutivo promueva un pacto de Estado con el objetivo de elaborar una nueva estrategia nacional para un modelo de turismo agotado

Pacto de Estado que el Ejecutivo debe promover con la apertura de un proceso de diálogo con todas las partes implicadas, con el objetivo de elaborar una nueva estrategia nacional que renueve un modelo agotado. De nuevo salta el interrogante: ¿está la derecha dispuesta a ese pacto?¿Tiene alguna propuesta al respecto?

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario
y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Recuperar los valores de la izquierda

La tradicional reticencia, con un punto de apatía, de un sector de votantes de la izquierda para movilizarse e ir a votar, no cambia por el mero cumplimiento de un proyecto progresista que pone en marcha medidas que benefician a las clases populares y medias y reducen las desigualdades; pues requiere de un discurso que acabe con esa sensación derrotista de que la izquierda siempre está a la greña, mediante el recurso al componente simbólico, olvidado de manera incomprensible, que refuerce el sentimiento de pertenencia entorno a los valores de transformación social que son la seña de identidad histórica de la izquierda. Un relato más necesario que nunca, cuando la derecha, sin complejos ni vergüenza, se apropia de ellos con descaro por dejación de la propia izquierda política y cultural, que ha caído en la trampa de que con una buena gestión ya está todo ganado.

                Que ha olvidado qué en política, y más en una sociedad que se mueve ala velocidad de la luz, nada está consolidado para siempre: ni el propio sistema democrático ni la adscripción de valores como el de libertad a la izquierda, siendo ésta, en sus múltiples facetas, la principal vitola de su ser político junto a los de igualdad y justicia social. La fijación del discurso progresista en las medidas positivas que se llevan a cabo, no es suficiente para movilizar a una parte esencial de su electorado, que ve con pasmo como los adalides más significados de la derecha sin complejos, por ejemplo, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se apropia y hace bandera de esos valores, sin que nadie desde la izquierda la replique con contundencia y descubra la malignidad falsa de sus afirmaciones, con datos concretos que evidencien la perversidad de su concepto de libertad que beneficia a los ricos.

                Desde la floración del discurso populista, fascista, parece que a los políticos e intelectuales de izquierda les produce reparo, repelús, meterse en ese jardín ideológico no vaya a ser que se arme la de San Quintín por recordar, con datos históricos —materia que los voceros del populismo desconocen casi por completo y por eso se la inventan con desparpajo torero—, que la libertad, igualdad y justicia social son esencia y patrimonio de la izquierda. Valores que siempre ha querido sojuzgar la derecha y la extrema derecha. Cierto que ese posible temor o dejación, pueda estar relacionado con la furia desatada por todas las fuerzas de la caverna ante la sensación de que les están cambiando su España, con medidas como la Ley de Memoria Democrática, sacar el cadáver del dictador del Valle de Cuelgamuros, el Impuesto Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones conforme al IPC, la reforma laboral, la Ley del solo Sí es Sí, o el impuesto a la banca y grandes energéticas por sus beneficios extraordinarios. Medidas que, entre otras, han supuesto un reconocimiento y ampliación de derechos para la ciudadanía que recortan zonas de privilegio y confort de los poderosos de siempre.

                Pero, todo eso no basta sino va acompañado de un discurso, de un relato, del valor simbólico que inspira las medidas aprobadas, y las que vendrán, que las aúne y dé sentido colectivo, de izquierda, a la razón última por la que se adoptan. Sentido que no puede remitirse en exclusiva a los datos y las cifras; sino al efecto concreto que tienen en la vida de las personas y el beneficio que les procura, en línea con los valores clásicos de la izquierda: repartir y distribuir el poder y la riqueza que todavía acaparan determinados sectores y grupos sociales poderosos, en pos de una sociedad más justa.

                En estos meses asistimos, como ejemplo palmario del cabreo de esos sectores, a la rebelión de los jueces y fiscales más conservadores del poder judicial, convertidos en una especie de Partido Judicial, que con desfachatez labora en favor de la estrategia del PP de acoso y derribo del presidente del Gobierno, amparados en el poder omnímodo del que gozan en sus juzgados. Ose encastillan contra la Constitución—como hace todo dictador— en las poltronas del CGPJ, para defender la mayoría conservadora que les permite seguir nombrando jueces conservadores en los más altos escalafones del poder judicial. El ultimátum del Presidente para que el PP se avenga en el plazo de un mes a la renovación o, de lo contrario, procederá a aprobar vía parlamentaria un recorte de su capacidad para seguir nombrando jueces en el Tribunal Supremo, es el recurso que queda ante la contumacia del PP a renovarlo con la connivencia de los vocales: incluidos los progresistas.

                Pugna de sustancial calado democrático que, después de cinco años, no ha sido explicada, en su sentido y alcance público, al punto de que un sector de la izquierda la percibe como un foco más de ruido en el debate político, sin atisbar el valor trascendente que se esconde detrás, en cuanto a la mejora de la justicia y el propio sistema democrático, conforme a los valores de la izquierda. Igual sucede cuando el discurso progresista permanece inerme ante la estrategia de la derecha de acusar a la izquierda de los errores políticos que ella misma comete. Por ejemplo, nadie desde el Ejecutivo o los partidos que lo conforman, ha salido a rebatir, a desmentir, el mensaje genérico, sin pruebas y perverso, de la existencia de un foco de corrupción en el Gobierno y el entorno del Presidente, asentado en falsedades y sin pruebas. Resulta incomprensible que se pasen por alto estos mensajes, que dan verosimilitud a la máxima Goebeliana de que toda mentira repetida se convierte en verdad.

                Establecer una relación regular de los partidos y organizaciones de izquierda con intelectuales, sindicatos, agrupaciones sociales, culturales y artistas progresistas con influencia social—como la hubo en los primeros años de la transición—, sin duda permitirá forjar un mensaje más sólido y nítidamente de izquierda. Igual de necesario es reforzar y coordinar los departamentos comunicación, en las distintas esferas de poder, para que los mensajes que se lanzan a la ciudadanía tengan un poso de pedagogía de izquierda, imprescindible, para aumentar el sentimiento de comunión fática entre la ciudadanía progresista que acabe con su orfandad discursiva, cuando se ven inmersos en debates políticos o sociales en su vida cotidiana. Solo así se sentirán integrados como agentes imprescindibles en la brega por una sociedad mejor que es necesario defender a diario y, en especial, los días señalados de elección de representantes políticos.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, Profesor Universitario y Doctor en Comunicación de Masas.