Etiqueta: vivienda

Jornada sobre vivienda: aportación al debate

A iniciativa de Izquierda Socialista-PSOE de Madrid se celebró el pasado sábado, 21 de febrero, una jornada Bajo el título “Derecho a la Vivienda” en la sede del PSOE de Madrid. El programa de la jornada, aparte de la apertura y clausura, se desarrolló en dos mesas: “Juventud e inquilinos” y “La lucha por la vivienda”, y finalmente se recogieron unas primeras conclusiones de las exposiciones y debates.

El tema no podía ser más de actualidad. Según el CIS el 42,6% de la población sitúa el acceso a la vivienda como el principal problema que vive el país, y así se reflejó en las distintas intervenciones. Tras la presentación del acto, por parte de Isabel Andaluz, portavoz de IS-PSOE-Madrid, tomó la palabra David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, reconociendo el problema que tiene la ciudadanía con la vivienda, y el deseo que tiene el Gobierno de acabar con la especulación y dotar a los ciudadanos de viviendas sociales y asequibles.

La primera mesa dio voz a los que buscan una vivienda; las y los jóvenes y a quienes defienden el techo bajo el que vive; las y los inquilinos, fue moderada por Roberto Tornamira, adscrito a IS-PSOE-Madrid.

  • Inició el debate Sara D. Liaño, secretaria general del RUGE-UGT-Madrid1, puso de relieve la dificultad que tienen los jóvenes para construir un proyecto de vida independiente. La combinación de bajos salarios y altos precios de la vivienda impiden un horizonte que solo contempla el alquiler, no haciendo posible la compra de un piso. Y en el alquiler no solo se enfrentan a precios desorbitados, también a tener que compartir, a entrevistas que indagan en lo personal, muchas veces sin contrato, otras sin cédula de habitabilidad, sin salón… etc. Como deberes planteó la necesidad de devolver la dignidad a los jóvenes dándoles una perspectiva vital, mejorando las condiciones laborales, y la necesidad de solidaridad intergeneracional. Un problema social derivado es la imposibilidad de tener hijos o de ser madre a edades más bajas de las actuales, por término medio.
  • Tras ella intervino Paula Castellanos, vicesecretaria general 2ª de JSM. En la misma línea que Sara, señaló las dificultades que tienen los jóvenes para salir de casa de sus padres, hasta el extremo de tener que volver en algunos casos. Ella vive en Méndez Álvaro donde la mayoría de los pisos que se construyen son de lujo, lo que aboca a los jóvenes a marcharse a pueblos periféricos. Pide al Estado que intervenga, pues el problema es estructural, el reto es que la vivienda pase de ser un activo financiero a un derecho, como es, reconocido por la Constitución, blindando el art. 47 como derecho fundamental.
  • Ángela Hernández, en representación de CCOO-Madrid, explicó que en su pueblo el año pasado subieron los alquileres un 37%, y que desde CCOO impulsan una ILP que propone una agencia pública de vivienda en la Comunidad de Madrid y que la VPO no sean recalificables, de modo que no puedan ser vendidas a precio de mercado. Están recogiendo firmas y movilizando a la ciudadanía.
  • María, inquilina en Madrid, vive y trabaja en C/ General Lacy, 22, un edificio acosado por un grupo de rentistas, la familia González Ruano y Santos Cebrián. Relató como el edificio donde vive, al igual que otras fincas propiedad de esta familia en Madrid, construido hace 100 años, y que ha dado alojamiento a numerosas familias, es desahuciado en su conjunto mediante burofax, sin ofrecer ninguna alternativa a los vecinos, sin negociación, sin prórroga, sin piedad para una mujer con cáncer, que tiene que ver sus últimos días acosada hasta morir. Ellos son un caso más, pero han tomado contacto con otros en condiciones similares en Modesto Lafuente o en Mesón de Paredes. Continúa: “pretenden agotarnos por cansancio, abandono, nos cortan la luz, no mantienen los edificios, presión por parte de profesionales del acoso […] estamos en el mismo barco que los jóvenes, que los emigrantes, no tenemos posibilidad de cambiar de vida, no podemos irnos […] nos hemos reunido con consumo, nuestro barrio nos apoya, nos manifestamos y no nos rendimos, pero tanto los abogados, como el Sindicato de Inquilinos nos dicen que la ley apoya los intereses de los propietarios”.

Sus reivindicaciones: contratos de larga duración, viviendas accesibles, con mantenimiento, devolución de las VPO al parque público, una ley antidesahucios y un organismo estatal que regule la vivienda.

A continuación, tras el debate, las cuatro concluyeron que este drama social es posible por la libertad para especular por encima del derecho a la vivienda, y avisan que la ciudadanía no va a votar a quien no lo resuelva y que está en peligro la estructura social.

La segunda mesa dedicada a buscar soluciones, fue moderada por María Ruiz Cordón de IS-PSOE-Madrid.

De izquierda a derecha las portavoces de: RUGE-UGT, JSM, CCOO-Madrid y c/ Gral. Lacy,22

  • Julio Rodríguez, miembro del Consejo asesor de vivienda, puso sobre la mesa gran cantidad de datos, como que en España el alquiler de vivienda representaba el 20% del parque –hace 10 años era el 11%–, en Madrid es el 26%, entre los jóvenes el 51% y los emigrantes el 70%. España uno de los países con menor número de alquileres. Señaló como un sinsentido que en Motril se construyan 1.200 VPO pegadas al mar.

Pidió un marco jurídico claro y puso de ejemplo las VPO que pasan a libres en Murcia en 5 años, Madrid en 15 años, mientras que en el País Vasco, Navarra o Cataluña son permanentes. Se compran más viviendas como inversión sobre todo capital extranjero. Se deben construir muchas más casas VPO: el Gobierno anuncia un fondo soberano para construir 15.000 casas cuando se necesitan más de 40.000; tampoco aclara como se va a financiar, habla de aportación pública-privada, aunque señaló que el incentivo privado es obtener suelo y créditos baratos del ICO. Y en lo inmediato, es necesario regular fiscalmente, prorrogar los contratos un año más y regular el mercado del alquiler.

  • Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, se declaró intervencionista “pero no tengo competencias, en nuestras manos están las personas, pero las competencias están en manos de las Comunidades Autónomas”. La CM se dedica a poner el suelo público en manos de los fondos buitre; expulsan de Madrid hacia los pueblos y de estos a las provincias limítrofes. Esto es posible desde la Ley de Racionalización del Régimen Local.

Continuó: “no nos rendimos, hemos pedido que se aplique la ley estatal y hemos planteado una ILM (Iniciativa Legislativa Municipal); lo siguiente es el Tribunal Constitucional”. Con la ley estatal los alquileres bajarían de 1.000 a 790€. La situación es de emergencia sin solución para embargos, violencia de género, parejas separadas, estudiantes. Es necesario: “recuperar competencias, y sabemos que no tenemos mayoría en el Senado, pero habría que aplicar el art. 155 en Madrid”.

  • Para Pedro Barrero, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, la vivienda es un problema tremendo no solo para los jóvenes, sino para toda la ciudadanía. El Ayuntamiento se niega a intervenir, están eliminando el patrimonio municipal vendiendo 120 parcelas al sector privado. Prometieron 15.000 VPO y han hecho 2.650. Sobre los planes de rehabilitación, que podrían incrementar el parque de viviendas, han sido rechazadas el 76% de las propuestas.

El problema principal son los pisos turísticos (hay 15.000 ilegales) pero la solución que dan a través del plan VIVE de la CM es dedicar edificios enteros a viviendas turísticas.

El Gobierno tiene una oportunidad de intervenir en la Operación Campamento y en la Cárcel de Carabanchel.

  • Carmen Fernández de Castro, arquitecta que ha trabajado como experta para Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones urbanísticas, señaló que, ante una situación de emergencia social, no basta con plantear soluciones políticas, hay que intervenir. Si no hay tiempo hay que remangarse: “primero construimos y luego arreglamos los papeles”. Hay una necesidad acumulada de 700.000 viviendas, 80.000 VPO, es necesario recurrir a la iniciativa privada, expropiar el suelo urbanizable finalista, y puso como ejemplo el decreto-ley 7/1970 sobre actuaciones urbanísticas urgentes.
  • Finalmente intervino Jorge Nacario, presidente de FRAVM, que como para los demás, la vivienda es el principal problema de los barrios. Alertó del peligro de promover la política de alquileres, pues traslada la idea de que los jóvenes y los emigrantes no van a tener nunca una casa en propiedad.

Como medidas estatales propuso la necesidad de que sea convalidado el escudo social –hay más de 60.000 familias al borde de perder la vivienda–, creación de un fondo para vivienda y la regulación del alquiler de temporada.

Segunda mesa: de izquierda a derecha, Mª Ruiz (Moderadora, Julio Rodríguez, Candelaria Testa, Pedro Barrero, Carmen Fernández y Jorge Nacarino

Para Madrid es necesario dotar de una estrategia metropolitana, en Barcelona lo han hecho con éxito. El plan VIVE es un plan “malvive”, no hay política de vivienda, la ley del suelo que viene empeorará las cosas y continuará la destrucción de población expulsándola. Y finalizó diciendo que “en Madrid existen más pisos turísticos ilegales que VPO”.

Tras otro turno de debate, Roberto Tornamira intervino para avanzar algunas conclusiones de las propuestas realizadas por las y los intervinientes. Anunció que IS-PSOE-Madrid se propone hacer una asamblea para trasladar las más de 70 conclusiones que se desprenden de la jornada. Adelantó las siguientes:

  • La red de familias y servicios sociales son los que han permitido sostener el sistema habitacional. No existe un problema generacional, hay un problema de clases, por un lado rentistas y por otro trabajadores y trabajadoras.
  • Es necesario blindar el artículo 47 de la Constitución llevándolo a la sección de derechos fundamentales.
  • No se trata de anular las Comunidades Autónomas, como plantea la extrema derecha, es necesario que el Estado tenga capacidades para intervenir en derechos fundamentales.
  • Son necesarios trabajos dignos con salarios dignos que permitan la emancipación de los jóvenes.
  • Perseguir el racismo, también a la hora de optar a una vivienda.
  • Topar el precio de venta y alquiler.
  • Movilizar dinero público para VPO.
  • Apoyar a los Ayuntamientos que son la administración más cercana a los ciudadanos.
  • Ser valientes sobre el problema de la vivienda, mientras se soluciona es necesario movilizar a la sociedad para acabar con los bloqueos y los desahucios.

Para finalizar la jornada intervino Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, señalando que estamos en una batalla ideológica, siendo necesario priorizar los derechos sobre lo mercantil y salvar la dignidad de los vecinos.

Manuel de la Rocha dio por concluido el acto felicitando su celebración.

Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026

Fotografía: Diego Vitores

Cartelería: Natalia Sánchez

Enrique Dargallo

Corresponsal de Tribuna Socialista y miembro de ASTRADE

Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026

_________________

1 Ruge “Revolución Ugetista” es la organización juvenil de la UGT

La vivienda es un derecho constitucional minusvalorado

El capítulo tercero de la Constitución de 1978 contiene una serie derechos que, si se preguntase a la población en una encuesta, muy probablemente la inmensa mayoría consideraría fundamentales. Sin embargo, no solo no están entre los derechos fundamentales recogidos en el capítulo segundo, sino que están minusvalorados, e incluso me atrevería a decir abandonados en la selva del mercado libre.

No me voy a remontar a la historia de la vivienda pública y/o vivienda social en nuestro país, pero sí, al menos, a las tres últimas décadas. Debo comenzar mencionando la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones; aquella ley del Gobierno de Aznar y Rato fue la mecha de la bomba que estallaría diez años después, en forma de burbuja inmobiliaria. Como si se edificase sobre un terreno pantanoso, aquella ley, ha generado un perjuicio estructural.

Para agravar el problema, el mismo partido que impulsó aquella legislación, hoy fomenta el auge de la vivienda turística incumpliendo y no acatando las leyes que intentan paliar el problema, además de la nula inspección para la detección de incumplimientos, lo que está ocurriendo, al menos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de la capital.

En materia de vivienda habría que hablar de suelo y de vivienda. Es por esto que la ley de 1998 antes aludida, liberalizó el suelo de manera integral, -como la ley 15/1997 liberalizó la privatización de la sanidad pública, otro servicio fundamental minusvalorado y en deterioro-. El asunto es que el gobierno central legisla y pone los recursos, pero las comunidades autónomas y ayuntamientos tienen las competencias.

A PP y VOX siempre se los verá, estén en la Administración que estén, al lado del libre mercado, de esa falsa libertad de un mercado que no tiene en cuenta que el hecho de que haya demanda satisfecha no significa que todos los demandantes de vivienda puedan acceder a una vivienda. Al mercado no le preocupa la discriminación por capacidad económica para compra o alquiler, pero, a las instituciones del Estado debería preocuparle y ocuparle.

La economía no es una ciencia exacta ni neutral, y el caso de la vivienda es un buen ejemplo, en tanto que se está utilizando como valor refugio ante la desconfianza en los mercados de inversión y a años de tipos de interés muy bajos. No hay que subir los tipos, al menos no tanto como Trump presiona a su Reversa Federal -quizá tenga que ver, entre otras cosas, porque la familia Trump es una familia que tiene por tradición la especulación en el mercado inmobiliario-.

La escasez de vivienda asequible se ha convertido en un gravísimo drama social que no solo afecta a los y las jóvenes, también lo es para otras generaciones, si bien, los jóvenes sufren un problema añadido, como lo es que el problema deriva en la negación a su derecho a la emancipación.

La gravedad del problema llega a que se está normalizando que muchas personas se vean obligadas a alquilar habitaciones y compartir piso, siendo el precio medio en Madrid de 500 €/habitación, que supone el 42,23% del SMI. El 40% de la población destina más de un tercio de sus ingresos (Julio Rodríguez “La necesidad de ampliar el alcance de la política de vivienda” TS-156 julio de 2024”).

El Estado, los gobiernos no conservadores, deberían haberse anticipado o, al menos haber ido atajando el problema que se ha creado en estas tres últimas décadas, que ha derivado en drama social para millones de personas; los más vulnerables. Los datos así lo demuestran:

*Enero a Junio.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Elaborada por Tribuna Socialista

Cada cual saque sus conclusiones respecto a los distintos periodos de los diferentes gobiernos, en función del ritmo de caída del número de Vivienda de Protección Oficial puestas a disposición de la población más desfavorecida.

También se deben poner estos datos en función de la evolución de la población en nuestro país, que ha pasado de los 39,9 millones de habitantes censados a 1 de enero de 1997, a los 49,1 censados a 1 de enero de 2025: datos del INE.

Otro factor que es preciso contextualizar es la evolución de los precios de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, y el de los salarios.

La Editorial de Tribuna Socialista nº. 165, de abril de 2025, establecía una serie de ítem de los motivos que generan este grave problema social, algunos de los cuales he retomado:

  • La alta demanda en áreas urbanas
  • La escasez de oferta de vivienda asequible provocada por el aumento de oferta de pisos turísticos
  • La creciente inversión en el sector inmobiliario de fondos buitre, que utilizan la vivienda como un bien escaso con el que hacer negocio.
  • Que la vivienda se haya convertido en un valor refugio, como una derivada de la presión del capital financiero.
  • La indecisión política para intervenir en los precios de venta y alquiler y para establecer políticas efectivas de construcción de vivienda pública.
  • El fomento de la gentrificación desde muchos gobiernos municipales y autonómicos, en particular los gobernadas por la derecha.

Las estimaciones hablan de la necesidad de construir en torno a 1,5 millones de viviendas de VPO en los próximos 5 años, es decir, a un ritmo de construcción de 300.000 viviendas asequibles.

Es ahí donde deben dirigirse los esfuerzos presupuestarios del Estado, y no a la maquinaria bélica. Es en esa dirección por la que hay que caminar para cerrarle el paso a la extrema derecha y a todos lo demagogos que, en realidad, no son más que agentes comerciales del supuestamente libre mercado.

Roberto Tornamira

Militante del PSOE en Madrid,

adscrito a Izquierda Socialista

Editorial: ¡La vivienda es un derecho, no un negocio!

El acceso a la vivienda se ha convertido en un tema crucial en España, en un problema de primera magnitud; particularmente para los y las jóvenes de nuestro tiempo. Los precios de alquiler y compra han aumentado tanto que es materialmente imposible para un joven, para una persona que vive sola o para familias trabajadoras en situación de vulnerabilidad económica acceder a un hogar, en contra de la palabrería del artículo 47 de la Constitución.

Este fenómeno se debe a varios factores, entre otros:
•La alta demanda en áreas urbanas
•La escasez de oferta de vivienda asequible provocada por el aumento de oferta de pisos turísticos
•La creciente inversión en el sector inmobiliario de fondos buitre, que utilizan la vivienda como un bien escaso con el que hacer negocio.
•Que la vivienda se haya convertido en un valor refugio, como una derivada de la presión del capital financiero.
•La indecisión política para intervenir en los precios de venta y alquiler.para establecer políticas efectivas de construcción de vivienda pública.
•El fomento de la gentrificación desde muchos gobiernos municipales y autonómicos, en particular los gobernadas por la derecha.

La situación se ve agravada por el estancamiento de los salarios y la precariedad laboral, lo que hace que la vivienda sea un derecho en riesgo para muchas personas.

«El acceso a una vivienda digna es hoy dia un derecho imposible para la mayoría social»

La Ley de Vivienda y sus consecuencias
Uno de los principales objetivos de la ley era frenar el aumento desmedido de los precios de alquiler. Sin embargo, se ha observado que, en algunas áreas, los alquileres continúan incrementándose, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. Esto plantea dudas sobre la capacidad de la ley para regular los precios de manera efectiva.

A pesar de los esfuerzos, la regulación presenta numerosas deficiencias. Algunos propietarios evaden la ley mediante prácticas poco claras, como incrementos ocultos en los costos, contratos en negro, el alquiler por habitaciones o derivar la vivienda a uso turístico. ¡Hecha la ley, hecha la trampa!

Los sectores más vulnerables enfrentan las peores consecuencias. A menudo, son los inquilinos con menos recursos quienes sufren el impacto del aumento de precios o la falta de disponibilidad de viviendas asequibles. Además, muchas familias se ven forzadas a abandonar sus hogares debido a la presión económica, lo que agrava la crisis de la vivienda en el país. Las propuestas de vivienda social y ayudas gubernamentales todavía son insuficientes para satisfacer la demanda existente.

Las generaciones más jóvenes en España enfrentan serias dificultades para acceder a la vivienda, exacerbadas por la precariedad económica. Muchos jóvenes se ven obligados a vivir en casa de sus padres o a compartir piso debido a salarios bajos y contratos temporales que limitan su capacidad de ahorro.
El informe del Consejo de la Juventud de España »Un problema como una casa» revela algunos datos demoledores:

-Un 27,4% de los jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social.
-Los jóvenes nacidos desde el año 2000 tienen una situación económica un 40% inferior a los jóvenes que nacieron en los años 60.
-La edad media de emancipación es de 30,4 años frente a los 26,3 de la media europea,
-El sueldo medio de un joven de 30 años es de 1.005 euros, por lo que solo para poder tener una vivienda ha de destinar más del 100% del salario.
-Como consecuencia de los precios y los salarios, un 87% de los jóvenes comparte vivienda. Cerca del 42% la comparten con 3 o 4 personas.

Las cifras son claras: las condiciones de vida de la juventud son inadmisibles. Es necesario actuar: Acabar con la especulación, incrementar la oferta de vivienda pública, bajar los alquileres y subir los salarios constituyen un paquete de medidas de primera necesidad para la clase trabajadora.

El problema para acceder a una vivienda va más allá de un problema económico, deriva en un problema social muy grave como es la frustración de la necesaria emancipación de los las jóvenes. Una meta que en las generaciones pasadas era sinónimo de libertad.

«Las condiciones de vida
de la juventud son inadmisibles»

Manifestaciones del 5 de abril.
Más de 40 organizaciones, entre las que se encuentran el sindicato de inquilinos e inquilinas de Madrid y el sindicat de llogateres de Catalunya, convocaron movilizaciones que tuvieron lugar el 5 de abril para gritar que la “vivienda no es un negocio” y reclamar medidas urgentes al gobierno. Las manifestaciones tuvieron el apoyo de los sindicatos UGT y CCOO y fueron secundadas por decenas de miles de personas en las principales capitales de España.

En una declaración conjunta de los sindicatos mayoritarios se sitúa la vivienda como una prioridad absoluta para nuestra sociedad.

«La gravedad del problema nos obliga a situar el derecho a la vivienda como una absoluta prioridad»

Falta una política estatal de vivienda ambiciosa.

Algunos de los comentarios en las manifestaciones eran “el gobierno ni está ni se le espera”. Mientras tanto, el Plan de vivienda en alquiler asequible del gobierno de progreso prevé la construcción de 184.000 nuevas viviendas de alquiler, claramente insuficiente si se tiene en cuenta que, según las cifras del Banco de España, serían necesarias más de 800.000 nuevas viviendas públicas.

«El Plan de vivienda del gobierno prevé 184.000 nuevas viviendas. El Banco de España sitúa en 800.000 las viviendas que serían necesarias en la actualidad»

Los ayuntamientos no tienen herramientas para hacer frente a la especulación de la vivienda, y algunos de ellos, como el de Madrid, mira descaradamente hacia otro lado ante las viviendas turísticas ilegales. Al recargo en el IBI de los grandes tenedores de supuestos pisos vacíos, le ha seguido un “desmembramiento” de fondos buitre en pequeños fondos buitre para eludir el calificativo de “grandes tenedores”.

En algunas ciudades se empiezan a escuchar alternativas más ambiciosas: expropiar las viviendas en poder de los fondos buitre y cuadruplicar la oferta pública de vivienda prevista por el gobierno. Claro que para ello hace falta cuadruplicar el presupuesto social en vivienda e iría en detrimento del aumento presupuestario en “rearme” y, por tanto, en detrimento de los compromisos adquiridos con la UE, la OTAN y Estados Unidos.

«Los fondos buitre se han dividido en pequeños fondos para eludir el calificativo de «grandes tenedores» y, por tanto, el recargo del IBI que los ayuntamientos pueden aplicar sobre los pisos vacíos»

La falta de vivienda asequible se ha convertido en el mayor problema de la juventud y la sociedad en general. El gobierno de progreso debe general. El gobierno de progreso debe ofrecer alternativas, y las actuales son claramente insuficientes. Aumentar exponencialmente la oferta pública de vivienda, eliminar la posibilidad de especulación de la vivienda, el aumento de los salarios y la disminución del coste de la vida son políticas de primera y urgente necesidad para la mayoría social de nuestro país.

«Expropiar los fondos buitre y cuadruplicar la oferta de vivienda son algunas de las alternativas que se reivindican en la calle»

El presupuesto comprometido en vivienda en el año 2024 fue de 1.738 millones (el 60% de lo presupuestado). Cuadruplicarlo significaría una inversión de 6.952 millones de euros.

«El aumento del presupuesto que sería necesario para vivienda es de 6.952 millones de euros. El aumento del gasto comprometido en seguridad y defensa nacional es de 10.471 millones en 2025»

El aumento del presupuesto en seguridad y defensa nacional, anunciado hace pocos días por Pedro Sánchez, es de 10.471 millones de euros que nos llevará a alcanzar el objetivo del 2% del PIB dedicado a defensa, comprometido con la UE.

Parece claro que aunque el gasto en seguridad y defensa no conllevará subidas impositivas, mayor endeudamiento o recortes para las actuales partidas de gasto social o medioambiental, sí que entra en colisión con el presupuesto necesario para dotar las partidas sociales de suplementos de presupuesto necesario para satisfacer las necesidades de la mayoría social.

Comité de redacción de TS