El origen del modelo de enseñanza privada concertada está en la LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, promulgada en 1985 por el primer gobierno socialista de Felipe González, cuyo objetivo era garantizar la existencia de una red suficiente, para la implantación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. El gobierno estimó que la red pública existente era incapaz de atender a todo ese alumnado y recurrió a la solución de transformar las antiguas subvenciones a la enseñanza privada en un régimen de concierto educativo y así complementar la red pública existente. Con ello se pretendía garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria, como determina el Artículo 27.4 de la Constitución.
Es importante señalar que la Iglesia era el empresario mayoritario de esta enseñanza privada que pasó al régimen de conciertos. No en vano, salvo el paréntesis de la Segunda República, tanto los gobiernos de la Monarquía como, desde 1939, los de la Dictadura fascista dejaron la educación en manos de la Iglesia Católica.
La LODE establecía una serie de requerimientos para la prestación de este servicio en contrapartida a la aportación económica del Estado, los cuales afectaban a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, a la organización de los centros y al carácter altruista de la actividad, ya que representaba la garantía del ejercicio del derecho constitucional a la educación. No obstante, la contratación del profesorado quedó siempre en manos de los centros privados y la Administración simplemente pagaba sus nóminas.
Lógicamente, el sentido de la existencia de este modelo de centro debería haber tenido un final, si tras la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, se hubiera procedido al desarrollo activo de una red de centros públicos, comparable a la de los demás países europeos o a la de los más avanzados del resto del mundo. Pero eso no fue así y la red concertada no ha cesado de crecer desde entonces, ya que se ha transformado en un lucrativo negocio que transfiere activamente fondos públicos a intereses privados.
Paralelamente la enseñanza obligatoria deja de ser gratuita en estos centros, pues en su práctica diaria pasan a seleccionar al alumnado en función de los recursos económicos de la familias. Se da la paradoja de que toda la ciudadanía aporta recursos para los centros concertados, pero solo la parte de económicamente más acomodada de la misma puede formar parte de su alumnado; es decir, pagan los pobres para que lo disfruten los ricos.
En 2017 los centros concertados tuvieron una asignación presupuestaria pública de unos 6.179.000.000 €, de los que más de un 60% fueron a parar a la Iglesia Católica. Estos fondos van fundamentalmente a gastos de personal y de gestión de estos centros. No obstante, esta solo es la asignación presupuestaria directa y debemos señalar otras vías de derivación de recursos públicos que benefician a este empresariado.
La primera de ellas se da en los centros de nueva creación, a los que los ayuntamientos han cedido parcelas, cuyo tamaño medio en la Comunidad de Madrid es de unos 20.248 m2, aunque alguna ha llegado a los 88.000 m2, a cambio de una contraprestación ridícula, que en promedio ronda 0,035 €/m2·mes, por periodos de 75 años normalmente. El valor de las parcelas varía bastante según municipios, pero en Madrid capital, en un barrio de la periferia, esa parcela media tiene un valor por encima de los 10.000.000 €. En la Comunidad de Madrid, desde las transferencias educativa en el año 2.000, se han cedido al menos 83 parcelas; es decir, alrededor de 1.700.000 m2. Esto supone muchos millones de euros de patrimonio municipal que solo deberían haberse utilizado en beneficio del conjunto de la ciudadanía a través de centros públicos y se han derivado a las cuentas de resultados de la iniciativa privada.
Como hemos podido saber, el mecanismo de cesión de suelo en la Comunidad de Madrid se ha visto salpicado además por la corrupción en un número de casos tan significativo como del 20%. El lucrativo negocio del colegio concertado se ponía en marcha con el pago de una mordida promedio de unos 900.000 €/centro al conseguidor intermediario en el proceso. Estos hechos están siendo investigados en el marco de la trama Púnica, que afecta a notables cargos del PP y a empresarios de la construcción.
La enseñanza en los niveles concertados debería ser gratuita, para eso se diseñó el concierto, pero en lo absoluto lo es. Es cierto que un número muy reducido de centros, fundamentalmente de la Iglesia, en la práctica no cobran nada, pero el 96% de ellos, independientemente de la empresa que los gestione, cobran lo que denominan “aportaciones voluntarias” de las familias. La cuantía de esa aportación es muy variable de un centro a otro y según las diferentes comunidades autónomas, pero la media puede estar alrededor de los 159 €/mes, pudiendo llegar a superar los 400€/mes en algunos casos. Dentro de estas cuotas mensuales se pueden incluir diferentes actividades complementarias y extraescolares, comedor escolar, seguro escolar, gasto de material, ruta escolar, orientación escolar, atención psicopedagógica, etc. Muchas de estas cuantías tienen deducción en la declaración de la renta de algunas comunidades autónomas como gastos educativos; es el caso de Madrid. Además, hasta ahora, todo aquello que no era imputable a vestuario escolar, enseñanza de idiomas o gastos de escolaridad, se deducía como si fuera un donativo. Por tanto, también las acabábamos pagando todos por vía indirecta, representando otra vía de financiación complementaria, que podría superar los 1.000.000.000 €/año.
Evidentemente solo las familias con suficientes recursos pueden acceder a este nivel de gastos mensuales. De hecho, en la Comunidad de Madrid, las deducciones se pueden aplicar hasta niveles de renta per cápita familiar de 30.000 €/año – ¡120.000 €/año para una familia de cuatro miembros! -, cuando el salario más frecuente es de solo 17.482 €/año.
De esta forma la enseñanza concertada ha evolucionado rápidamente de una red complementaria a una red alternativa, donde se segrega al alumnado por criterios económicos. Las “aportaciones voluntarias” excluyen a toda la ciudadanía incapaz de satisfacerlas y las subvenciones con fondos públicos: conciertos, cesiones de terreno y desgravaciones fiscales, facilitan el incremento de la posible clientela, ya que sin ellas, la cuota mensual por estudiante se dispararía por encima de los 1.000 €. Algo así sería insoportable para muchas de las familias que escogen esta red y muchas empresas educativas quebrarían.
La enseñanza concertada se ha desarrollado en las comunidades autónomas donde la derecha ha llevado una política neoliberal más radical y además existían núcleos urbanos importantes; el medio rural no es rentable para la empresa privada. En particular en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, en la Comunidad de Madrid es donde más ha crecido esta red. Por ello, la Comunidad de Madrid ha conseguido ser la campeona española y la subcampeona europea, detrás de Hungría, en segregación educativa. No en vano toda su gestión desde las transferencias se ha centrado activamente en la degradación de la red pública, para generar una necesidad artificial de la concertada. Si en 1999 el 34,52% del profesorado era de privada, en 2017 este ya representa el 45,12%, según datos del Consejo Escolar de la Comunidad.
La paradoja de todo este montaje programado en 1985 con la LODE es que pareciendo una decisión táctica impecable fue un planteamiento estratégico nefasto, que ha dinamitado en profundidad el Sistema Educativo español y representa la mayor traba para un posible pacto educativo, porque cuando en España la derecha habla de modelo educativo en realidad de lo que está hablando es de dinero, de ese con el que financiamos su industria educativa y en especial a la Iglesia Católica, en contra de los intereses de la clase trabajadora. La Educación en sí parece importarles bastante poco.
Eduardo Sabina Blasco
TS Madrid
Tribuna Socialista 