Tras cinco meses y medio de pandemia, solo podemos reafirmar que este sistema económico está montado para beneficiar a una minoría social: no es la primera vez que lo decimos y lo demostramos con hechos y datos, pero la pandemia ha descarnado más aún esta estafa social.
Alguien dirá que es un punto de vista negativo, pesimista… en nuestra opinión, es puro realismo objetivo.
El COVID-19 nos pilló con los almacenes vacíos de mascarillas y de equipos de protección, para los sanitarios y para la población en general; del mismo modo que se evidenció el destrozo en la Sanidad pública, producto de los recortes y la privatización sufrida estos años atrás: escasez de respiradores, de camas UCI y de personal sanitario. La excusa: “nadie sabía que esto podía pasar”. De acuerdo, pero tenemos un ejército con armamento y nadie espera una guerra. La deuda del Estado ha crecido: nos han dicho que para paliar los efectos económicos del COVID-19. Pero ¿dónde ha ido a parar esa ingente cantidad de dinero? El conjunto de las comunidades autónomas, han recibido 16.000 millones de euros ¿qué se ha hecho con ese dinero?
Hay que auditar la gestión de la pandemia, sí, ¿por qué no?. Pero ¿cuándo se va a auditar la gestión de la crisis de 2008/2018: en la que la deuda del Estado creció del 40% al 100% del PIB?
Hemos superado los 31.100 fallecidos por coronavirus (en el momento de redactar esta editorial, a 24/09/20), pero la atención primaria no se ha reforzado, ni se ha contratado a más personal sanitario, ni a los rastreadores necesarios. Sin embargo, el ICO había puesto ya en mayo más de 60 mil millones de euros en créditos a disposición de las empresas, lo que no ha evitado que el desempleo suba hasta los 3,8 millones de trabajadores ni que haya 800.000 varados en los ERTE: muchos de ellos y ellas en grave riesgo de perder definitivamente su puesto de trabajo. Esas descomunales sumas de dinero no han impedido que se multipliquen por cuatro las colas del hambre, solo paliadas gracias al movimiento vecinal (a pesar del ostracismo al que le tienen sometido los ayuntamientos: muy particularmente los gobernados por PP y C´s con la complicidad necesaria de VOX).
Nos dicen que la economía está muy mal, pero nadie plantea exigir la devolución del dinero público prestado a las entidades financieras en la anterior crisis; una cantidad que alcanza, como mínimo, el 43% de los 140.000 millones que esperamos de Europa. Ni se abre una Investigación a la familia Borbón, para esclarecer de dónde han acumulado una fortuna en torno a 2.000 millones de euros: fortuna que no es solo del fugado. La banca obtuvo, en 2019, 13.592 millones de euros, pero se continúa destruyendo puestos de trabajo en el sector financiero y cerrando oficinas y caminando hacia una insoportable concentración bancaria.
Son solo unos ejemplos de dónde hay dinero, por si las instituciones del Estado tuviesen la voluntad política de afrontar con garantías la situación de salud pública que sufrimos.
El horizonte inmediato no es halagüeño para la clase trabajadora del Estado español, pues los “nubarrones” leídos en la prensa económica, del martes día 22, decían: “el Ejecutivo comunitario ha endurecido los criterios con los que se repartirá el fondo de recuperación Next Generation EU.” (El País/Economía). Concretamente se refería a la exigencia de una nueva reforma de la Pensiones y a atajar la dualidad del mercado laboral. Lo que significa endurecer y/o recortar el acceso a las pensiones, rebajando las cuantías y alargando la edad de jubilación. Y atacar los contratos con derechos; así, todos precarios y mal pagados, se acabó la dualidad. Es como si en una sociedad esclavista, para alcanzar la igualdad, se hubiese hecho esclavos también a los hombres libres. Quizás por estas cosas se está haciendo tan complicado encontrar el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado: nadie quiere apechugar con los costes políticos de los PP.GG.EE que exige la UE.
Ante esta dramática situación, el Gobierno continúa siendo timorato en llevar a cabo las promesas realizadas desde antes de la moción de censura: derogación de las reformas laborales, derogación de la ley Mordaza, derogación del Artículo 315,3 del Código Penal, derogación de la reforma de pensiones de 2013, entre otras leyes que dejó en herencia el Gobierno de Rajoy.
El domingo día 20, ante la dislocada situación que se vive en Madrid y las medidas de segregación de clase que el Gobierno de PP y Ciudadanos han tomado, muchos barrios de Madrid salieron a las calles, casi espontáneamente, a exigir más inversión pública en sanidad y educación. Es una pena que ninguna organización obrera, ni política ni sindical, se haya puesto al frente de la movilización que necesita la mayoría social, convocaron trastabilladamente (en el caso del PSOE de Madrid el término correcto es: patéticamente) para el día 27, por la presión recibida de la calle el anterior domingo. Da la sensación que ejercen de dique de contención ante la clamorosa necesidad de movilización para exigir justicia social y defensa de los servicios públicos.
Pero las instituciones siguen en su mundo: están enzarzadas en inhabilitar al Presidente de la Generalitat por unas simples pancartas, pero no mueven un dedo ante la corrupción crónica en La Zarzuela, ni ante el galopante desprestigio de la Justicia, a quien ni el Rey se quiere arrimar para la foto, ni ante la negligente gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, más aún; el Presidente del Gobierno se prestó el lunes 21 al espectáculo pirotécnico que montó IDA, quien todo lo arregla con medidas represivas, pidiendo más guardia civil y más policía.
Desde Tribuna Socialista llamamos a la unidad de las organizaciones que se reclaman de la izquierda y de progreso, para frenar en seco la deriva que está tomando esta nueva crisis económica, pues lleva los mismos derroteros que la anterior, pero esta es de mayores dimensiones.
El Comité de Redacción
Tribuna Socialista 