Han pasado tres semanas desde las criminales incursiones de Hamás en territorio de Israel; asesinatos y secuestros contra población civil que no tienen justificación. La hipótesis que más lógica adquiere, de por qué Hamás llevó a cabo esta planificada acción, es la de que necesitasen que su causa tomase la relevancia que había perdido ante la pandemia, la guerra en Ucrania o los escarceos comerciales y militares de Estados Unidos y China, entre otros acontecimientos. Es posible. En todo caso, el precio en vidas humanas no justifica nada. Como el legítimo derecho a defenderse no legitima un genocidio.
El mundo se ha escandalizado con lo que está ocurriendo desde el 7 de octubre, veremos cuánto duran estos deleznables hechos en las portadas de los periódicos.
Solo si nos desentendemos de un problema nos sorprendemos con las derivadas que dicho problema pueda tomar. Aceptar que Israel lleve, como mínimo, 75 años invadiendo territorio palestino, a pesar de las condenas y resoluciones de la ONU, tiene consecuencias terribles para el pueblo judío y palestino, fomentando una espiral de odio como la que se continúa fraguando en estos momentos, de manera acelerada, a un lado y otro de la valla que separa Gaza de Israel.
Son llamativos los apoyos y abrazos que está recibiendo el presidente de israelí, el Sr. Netanyahu, uno de los pirómanos de este incendio, sionista donde los haya. Apoyos de Joe Biden y Rishi Sunak, presidentes de USA y Gran Bretaña respectivamente, aunque no solo de ellos. Apoyos y comprensión incomprensible para con la masacre de víctimas inocentes en Gaza: 8000 muertos en Gaza (a 29 de octubre), de los que más de la mitad son niños y niñas.
Solo releyendo la historia y actualizando los hechos podemos encontrar alguna explicación, que no comprensión, a lo que está ocurriendo:
En 1922, la Sociedad de Naciones, antecedente de la ONU, encargó a Reino Unido que administrase los territorios del Levante Mediterráneo: el Reino de Jordania, los Altos del Golán, Gaza, Cisjordania y lo hoy abarca Israel; a este encargó se le llamó “el mandato británico”; territorios que Gran Bretaña ya había ocupado en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. En esta década de los años 20 se comenzó a fomentar y financiar (por la Agencia Judía, entre otros) la migración de judíos a Palestina.
En noviembre de 1947, la ONU proponía dividir la parte occidental del Mandato en dos Estados, uno judío, (el 55% del territorio, antes, la población judía contaban con el 7% del territorio) y otro árabe-palestino, excepto Jerusalén y Belén que quedarían bajo control internacional. El rechazo del gobierno británico a llevar a cabo este plan, junto con la negativa de los países árabes de la región a aceptarlo, tuvo como consecuencia una guerra civil en el territorio del Mandato de Palestina que estalló al día siguiente de la votación del Plan, seguida de la guerra árabe-israelí de 1948.
En 1956 la Guerra del Sinaí, en 1967 la Guerra de los Seis Días y en 1973 la Guerra del Yom Kippur.
No profundizamos en los hechos y conflictos que han tenido lugar a lo largo de décadas, pues hay información sobrada para saber más sobre estos acontecimientos, pero nos parecía oportuno mencionarlos para establecer un hilo que ayude a entender el porqué de lo que hoy ocurre. Para ello, es necesario mencionar también las consecuencias de los mencionados hitos históricos:
Es difícil saber, en estos momentos, cuál es el porcentaje de territorio que Israel ha ocupado, muy por encima del 55% que se les concedió en 1947, saltándose las múltiples resoluciones de la ONU: 194, 242, 337, 3379, 446, 672, 3236, entre otras muchas, todas ellas son de interesante lectura.
Más de 5 millones de palestinos y palestinas sobreviven en campos de refugiados: 2,2 millones en Jordania, 500.000 en Líbano, más de 400.000 en Siria y más de 2 millones en distintos campamentos en su propia tierra, Cisjordania y Gaza.
Antes del 7 de octubre, el desempleo juvenil superaba el 50% y el desempleo medio se situaba en el 41%.
Son solo tres impunts de los muchos y desgarradores que se podrían dar, que se están viendo agravados hasta rebasar el límite de lo admisible con el asedio, bombardeos y ahora incursión terrestre en la franja de Gaza, por parte del Estado de Israel.
Con los antecedentes que hemos expuesto no esperamos de Reino Unido otra cosa que apoyo a Netanyahu. Tampoco esperamos que Estados Unidos abogue por la paz, tanto por la incidencia que el lobby israelí tiene en Washington, como por la nula fuerza moral de los USA; por cómo esa nación se fraguó, usurpando el territorio a las tribus nativas.
Entendemos como positiva la propuesta de una Conferencia de paz, para dentro de seis meses, que ha hecho nuestro presidente del Gobierno. Sin embargo, lo que urge es que los gobiernos de la UE y las instituciones internacionales se dejen de medias tintas y exijan a Israel un alto el fuego inmediato.
Tras siete décadas de abuso y muerte, es poco creíble que la solución pase por el establecimiento de dos estados, eso ya se propuso en 1947. La solución es muy difícil, pero desde luego no es solución continuar dando largas al conflicto. Lo deseable sería que se establecieses las condiciones para que palestinos y judíos puedan vivir en un solo Estado, laico y democrático, en el que no tenga cabida ni el supremacismo sionista ni el integrismo islámico.
El sentir manifestado en este comunicado, por la Junta Directiva de ASTRADE, sirve para cualquiera de los conflictos armados que hay hoy en el mundo, aunque no podamos precisar los hechos y circunstancias de cada uno de ellos.
Estos días, de nuevo se concentra toda la atención política vinculada a la posibilidad de investidura de Pedro Sánchez, en torno al debate sobre la amnistía a los procesados y condenados por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. Fueron casi 3.000 personas las encausadas, muchas de ellas ya condenadas, no sólo por organizar el referéndum del 1-O, también como consecuencia de la represión impuesta en general al movimiento independentista durante el período posterior. Se pone, intencionadamente, el énfasis en los responsables políticos procesados, pero la inmensa mayoría son ciudadanos y ciudadanas de a pie, en especial, jóvenes, procesados por el referéndum del 1 de octubre y las movilizaciones contra el juicio y condena a los dirigentes republicanos catalanes.
Ese número desorbitado de perseguidos y procesados es el resultado de la campaña emprendida por el aparato policial y judicial contra el pueblo catalán tras el infame discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, y la consigna de ¡A por ellos!
¿Qué futuro de progreso puede establecerse en este país sobre la base de la persecución y condena de miles de ciudadanos? ¿Cómo puede establecerse una relación de fraternidad ente los pueblos del Estado sobre esta base?
Desde el CATP, convencidos de que todo avance social en este país necesita de la alianza de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado, apoyamos todo paso que conduzca a la amnistía de estos procesados y detenidos, sin cortapisas o condiciones. Un ejemplo de pasos en positivo es la recogida de firmas que nuestros compañeros de Tribuna Socialista han puesto en marcha y que ha tenido una buena acogida entre la militancia socialista, una iniciativa que merece el apoyo del CATP.
Apoyamos la amnistía y este derecho, incluso, al margen de que haya o no investidura de Pedro Sánchez y de los acuerdos desarrollados finalmente con Junts y ERC. Porque consideramos que el único “delito” de los procesados fue tratar de defender y de ejercer unos derechos democráticos, lo que fue respondido por una represión policial brutal, por la violación flagrante de la legalidad por parte del sistema judicial español y por una respuesta del aparato de Estado y de los partidos que se autodefinen como “constitucionalistas”, de cierre de filas con la monarquía centralista impuesta por el franquismo y heredada de aquel régimen criminal.
Hoy, de nuevo, las fuerzas del viejo régimen se han agrupado contra esta exigencia de amnistía y de libertades. Desde la Corona, los aparatos del Estado y la derecha en las instituciones (incluidos los restos del felipismo en el PSOE), así como los poderes oligárquicos y los medios de comunicación a su servicio. Esta oposición cerrada no resulta casual. En 2017 estimaron igual que estiman ahora el peligro real de un cambio del régimen constitucional del 78, por lo que utilizaron y utilizarán todos los mecanismos para impedir todo avance en este sentido.
El CATP entiende, sin embargo, que, aunque en 2017 se pusieron los focos sobre el Govern de Puigdemont, sus consellers, el Parlament y los alcaldes independentistas, quienes realmente dieron viabilidad y defendieron el referéndum del 1-O fue la población trabajadora catalana, y, en especial, la juventud, que nunca renunció a ejercer sus derechos a la libertad y a decidir libremente su destino. Unos derechos, compartidos fraternalmente con los trabajadores y los pueblos de todo el Estado español, que hoy siguen “conculcados”.
Defender la amnistía de los represaliados políticos catalanes, sin renunciar al derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro y a la realización de un referéndum con garantías forma parte, en consecuencia, de la misma lucha de la clase trabajadora de todo el Estado. Supone un avance importante para que, sea cual sea el gobierno que se forme, podamos seguir defendiendo nuestras reivindicaciones más urgentes y unos derechos y garantías democráticas que el actual régimen monárquico se ha mostrado incapaz de satisfacer.
La exigencia de amnistía es incondicional, al mismo tiempo para los trabajadores, los jóvenes, todos los sectores oprimidos de la sociedad, para los pueblos, hacer frente a las consecuencias de la crisis económica es esencial. Hacer frente al nuevo impuesto para los trabajadores que significa la inflación, que permite ganancias astronómicas para el gran capital, exigir aumentos de salarios y pensiones según el IPC real, medidas para controlar los precios derogar lo que falta de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad y los bajos salarios, hundiendo en la miseria a la clase trabajadora. Hay que derogar las disposiciones represivas como la “Ley Mordaza”, acabar con los gastos militares que alimentan la muerte, la destrucción en Ucrania y menoscaban los servicios públicos: la Sanidad la Enseñanza, las Pensiones, etc.
Hoy, exigir la amnistía de los y las represaliados en Catalunya por defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, conlleva también defender una salida republicana para la población trabajadora y los pueblos del Estado español.
Llamamos a todos los demócratas a apoyar estas exigencias elementales y proponemos realizar, donde sea posible, actos y reuniones con este objetivo.
Ante los procesos de investidura para el gobierno de España
EL CONTEXTO ELECTORAL ESPAÑOL
Tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, 13 autonomías de 19 son gobernadas por el PP (seis en coalición con VOX), 3 por el PSOE, el País Vasco por el PNV (en coalición con el PSOE), Cataluña por ERC y Canarias por Coalición Canaria (en coalición con el PP). El PP gobierna en 30 capi- tales de provincia (de un total de 50), en 5 de ellas en coalición con VOX. El PSOE gobierna en 10.
En las elecciones legislativas del 23 de julio el Partido Popular creció de 89 a 137 diputados. VOX pasó de 52 diputados a 33, con lo que la suma de ambos no logra la mayoría absoluta en el Congreso.
El PSOE, a pesar de haber obtenido 7.760.000 votos, un millón de votos más que en las anteriores elecciones (unos 300.000 menos que el PP) solo pasa de 120 a 121 diputados. La disminución en diputados de las otras izquierdas agrupadas en SUMAR (obtiene 31 escaños), produce que la suma de ambas fuerzas no obtenga la mayoría suficiente para formar Gobierno.
En Euskadi el PSOE obtiene 5 diputados, los mismos que obtienen BILDU y el PNV. El PP obtiene dos y SUMAR obtiene uno.
En Catalunya el PSC sube y gana las elecciones con 19 diputados, le siguen SUMAR, ERC y JUNTS con 7 escaños cada uno, el PP alcanza 6 y VOX se mantiene con 2.
Estos resultados obligan al PSOE y a SUMAR a buscar alianzas con otros grupos parlamentarios para alcanzar la mayoría suficiente y poder formar un nuevo Gobierno de progreso en España.
El Rey ha encomendado al presidente del PP la tarea, que parece imposible, de alcanzar en la sesión de investidura del 27 de septiembre una mayoría su- ficiente para formar Gobierno
EL PROXIMO GOBIERNO DE ESPAÑA
Este plural escenario post electoral, reflejo de la diversidad sociológica e ideológica española, configura, sucintamente, tres bloques políticos: uno con fuerzas de derechas (PP y VOX), otro con fuerzas de izquierdas (PSOE y SUMAR) y otro con fuerzas nacionalistas heterogéneas (ERC. JUNTS, PNV, BILDU). Han sido las variadas alianzas entre las fuerzas políticas de estos tres bloques las que han ido configurando, en el tiempo, las distintas modalidades del Gobierno en España. Ahora son las fuerzas de izquierdas españolas con las fuerzas nacionalista, las que pueden alcanzar las mayorías parlamentarias suficientes para formar un nuevo gobierno progresista en el Estado.
Las derechas españolas, ante la dificultad de desplazar del Gobierno de España a las fuerzas de izquierda y de progreso, han radicalizado sus posiciones y tratan de evitar, sin saber muy bien cómo, la formación de un nuevo Gobierno que, con un actualizado programa y correspondientes políticas, avance en respuestas democráticas, desde la libertad y la igualdad, a los graves conflictos presentes.
Las derechas tienen pavor a estos acuerdos y alianzas que, fracasada la investidura de Feijoo, pueden alumbrar un nuevo Gobierno de progreso en España, capaz de orientar al Estado español hacia una potente estructura federal en la que las nacionalidades que lo componen compartan su arquitectura. Un Gobierno capaz de consolidar y desarrollar políticas económicas y sociales que avancen decididamente por la senda de la igualdad, la memoria democrática, la justicia social y climática, el desarrollo sostenible y el feminismo. Un Gobierno que fortalezca la democracia, la participación ciudadana y los derechos humanos. Con un horizonte que deseamos republicano.
POSICIÓN DE LA CORRIENTE DE OPINIÓN IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE ANTE LA POSIBLE INVESTIDURA DE PEDRO SANCHEZ
En la actual coyuntura política, la corriente de opinión Izquierda Socialista-PSOE propugna la configuración de un gobierno de España, presidido por el compañero Pedro Sánchez, con un programa de izquierdas y de progreso, apoyado por una mayoría parlamentaria articulada con fuerzas políticas de ámbito estatal y autonómico.
Hay que abrir la vía a una sesión de investidura, cuanto antes mejor, de la que salga un presidente socialista, un programa y un gobierno que trabaje por la convivencia y que, de respuesta a las esperanzas y anhelos de millones de trabajadores, a las personas mayores, a los jóvenes en busca de porvenir, a las mujeres en busca de igualdad y, en particular un gobierno que luche decididamente contra la violencia machista y de género.
La cuestión catalana, que viene de lejos, requiere hoy de nuevos enfoques para seguir conviviendo pacífica y establemente. Nuevas políticas que no pasen por la represión, sino por el diálogo, la negociación, y el acuerdo entre las partes. El necesario reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña, la reforma federal de la constitución y la del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, pueden permitir una votación del pueblo catalán para profundizar en su autogobierno. Ahora, se impone trabajar en soluciones políticas y legislativas, incluida alguna forma de amnistía, que logren avanzar en la solución de un conflicto que sigue vivo, así como restablecer la fraternidad y la colaboración entre los distintos pueblos de la “nación de naciones” que es España.
Tanto las alianzas a establecer para formar un Gobierno de Progreso y las posibles soluciones políticas/legislativas para los hechos acontecidos en
Cataluña, deberían ser consultadas por la dirección del PSOE, rápida e informadamente, a la militancia socialista.
La corriente de opinión Izquierda Socialista, ya con una larga historia de más de cuarenta años, muestra su leal compromiso para conseguir los objetivos planteados.
El pueblo español, con toda su diversidad plurinacional y pluricultural, necesita urgentemente un Gobierno que trabaje con ética, por la paz, la justicia social, la laicidad, la igualdad y la libertad, contra las desigualdades económicas y sociales, por la defensa del estado de Bienestar, y contra la involución de derechos preconizada por las derechas. Un gobierno capaz de encontrar y dar respuestas políticas a los múltiples problemas políticos existentes en el país.
Apelamos a la conciencia y a la inteligencia de los partidos de izquierda y progresistas, empezando por el nuestro, para transformar las ideas y deseos en realidad política de gobierno. Sectarismos, dogmatismos o personalismos diversos no deben empañar las justas reivindicaciones de la ciudadanía.
De nuevo nuestra dignidad socialista pierde nivel, nos sometemos no a una negociación tras un dialogo, sino a una claudicación en la que se nos imponen unas condiciones, que en ocasiones no solo rozan la ilegalidad, sino que a veces son totalmente ilegales teniendo que modificar las leyes, para dar encaje a exigencias inverosímiles y bastardas, que serían claramente despreciadas, si nuestro partido no hubiera perdido tanta confianza del electorado.
No es que hayamos perdido la dignidad mas que el resto de formaciones políticas, son muchas las ocasiones en que he afirmado, que desgraciadamente la política y los órganos de representación en las instituciones, se han convertido en un lodazal, del cual escapan cada día más nuestros políticos de vocación, esos que creen que la política es el arte de mejorar la vida de los ciudadanos.
Al parecer los representantes de los socialistas, que desde hace tiempo se avergüenzan de confesarse socialistas y se parapetan tras el subterfugio de socialdemócratas, desde los tiempos en que nuestro “insigne Isidoro”, se convirtió en ese triste personaje que nos engañó miserablemente, no solo a los socialistas que creímos y confiábamos en él, sino a una inmensa mayoría de la ciudadanía, que lo vio como una solución capaz de apartarnos, de un atroz capitalismo al que desgraciadamente el mismo sin un ápice de disimulo nos llevó al final. Entrando de cabeza en la dinámica, de utilizar cualquier argucia, con tal de gobernar para el capitalismo, da igual con quien, no importa el precio político que haya que pagar, aunque con ello cada vez este mas descompuesta nuestra ideología.
Hasta ahora, los que aún nos consideramos socialistas, nos tapábamos la nariz y pensábamos ingenuamente aun en la regeneración de nuestro histórico partido, pues parecía que con quien veníamos pactando, sometiéndonos a sus caprichos, concediéndoles sus particulares prebendas, era con partidos en teoría progresistas o al menos disfrazados de ello. Pero es que ahora, resulta que vamos a claudicar, precisamente con lo mas retrogrado del conservadurismo catalán, porque nos hace falta un voto, y encima lo haremos con unas condiciones previas impuestas, antes incluso de sentarse a la mesa de negociación, que no dudo que acabaremos aceptando, aun a costa de modificar perversamente las leyes al capricho de personajes realmente impresentables, no para mejorar la vida de nuestros conciudadanos sino para contentar precisamente a los que no quieren serlo .
Si esto se lleva a cabo como todo indica que va a ser, nuestro querido partido socialista estará definitivamente hundido sin remedio, aunque quizás eso sea lo que realmente desde hace unos años necesita el socialismo con mayúsculas; que se muera del todo este engendro en el que nos hemos convertido y de nuestras cenizas, se refunde un nuevo Socialismo puro y limpio que realmente luche por una sociedad justa.
Quizás a la sociedad en general, nos convenga un gobierno de la derecha mas cerril, junto con la extrema derecha más retrograda, que sea lo mas perecido a la dictadura que muchos de nosotros hemos sufrido, pero que una buena parte de los votantes de hoy en día, han tenido demasiada suerte y no han pasado por ella desconociendo sus efectos. Quizás los que si los conocemos, no hemos sido suficientemente didácticos, para dárselos a conocer a esa sociedad que cuando llega a tener un empleo aunque sea miserable, o alcanza a vivir en un piso de 90 metros cuadrados, o se compra un utilitario, pierde su carácter solidario convirtiéndose en un conservador, que le asusta la idea de un estado solidario que comparta la riqueza del país, pues ese ciudadano, ya esta por encima del que vive debajo del puente, creyendo por ello que debe conservar esa miseria conseguida.
Lo siento por mis nietos, les pido perdón a ellos y a su generación, porque no he sabido conseguir aquello por lo que durante toda mi vida he luchado y por lo tanto, les queda una sociedad considerablemente más vacía de valores éticos y morales que la que tuvieron sus padres. Quizás todos necesitamos recordar las persecuciones racistas, homófobas y clasistas, de no hace tanto tiempo, que nuestra frágil memoria olvida con facilidad.
Me gusta decir lo que realmente siento, sin el miedo a que por ello sea expulsado de mi partido, como lo están siendo otros con quienes discrepo, pero si dicen lo que realmente piensan, los respeto, aunque desgraciadamente, hayan entrado en la deriva derechista, son ellos los que deben colocarse en un lugar mas adecuado a su pensamiento y no por una purga.
Lo siento, yo prefiero que los ciudadanos vayamos de nuevo a las urnas, a que tengamos que pasar por el aro, de unos depredadores que no solo destruyen su sociedad independentista, sino que destruyen la dignidad de todos. Luego ganemos o perdamos recuperemos la cordura, refundemos nuestro partido, hagámoslo de nuevo progresista, solidario, recuperemos nuestros valores perdidos, hagámoslo de nuevo socialista.
Los días 15 y 16 de septiembre asistí a las jornadas que se han celebrado en Madrid, bajo el título: “Jornadas de Comparecencias”, organizadas por la Plataforma Verdad y Justicia y Marea Residencias. Han testificado familiares de víctimas de los “Protocolos de la vergüenza”, por los que el Gobierno de Díaz Ayuso (PP), en Madrid, excluyó y negó la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de ancianos y ancianas, residentes en centros públicos y privados, en los meses de marzo y abril de 2020. La consecuencia fue la muerte de, al menos, 7.291 personas mayores.
Ante la Comisión Ciudadana que se ha constituido comparecieron trabajadores y trabajadoras de las residencias, expertos en medicina geriátrica y acreditados científicos en distintas disciplinas, así como políticos, además de las familias de las víctimas y algunas residentes que salvaron la vida.
La experiencia ha sido muy esclarecedora, tanto por los testimonios como por los datos que se dieron desde los distintos enfoques de la experiencia vivida y el conocimiento de los comparecientes. Aunque no se denominase así, lo percibí un verdadero “Tribunal Popular”, un foro de democracia, justicia y libertad, en la que cada compareciente pudo expresar sus vivencias y exponer sus datos, sin ningún tipo de restricción.
La Comisión está presidida por José Antonio Martín Pallín, quien fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. En la Comisión también participan: Ana Freixas Farré, fue catedrática de Psicología Evolutiva y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Córdoba, e investigadora sobre el envejecimiento, en particular de las mujeres; Fernando Flores Giménez, profesor de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia; Eduardo Ranz Alonso, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III de Madrid; el doctor en medicina Fernando Mata, que ha trabajado en Gestión de políticas sanitarias en el ámbito Regional y Nacional; y Mª Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California en Berkeley, experta en epidemiología del envejecimiento.
Trabajadoras de distintas residencias, como: Mari Ángeles Maquedano, de la Residencia Parque Coimbra; Nandi Gutiérrez y Elvira García, de la Gran Residencia de Carabanchel; Pilar Torres, de la Residencia Parque de los Frailes de Leganés; o Antonio Torres de la Residencia DomusVi de Leganés, todas ellas coincidieron en la escasez de plantilla, como común denominador de todos sus centros de trabajo. Una falta de trabajadores y trabajadoras de la que ya se venía alertando antes del estallido de la pandemia y que contribuyó a que la mala atención a los residentes se acentuase con el COVID-19. La escasez de personal es algo que también las familias de los y las residentes percibían en las visitas a sus seres queridos. Esto, que puede parecer cotidiano y común en todas la empresas y sectores, fue un factor determinante en la terrible muerte en solitario, “sin nadie que les cogiese la mano” declararon algunas; a lo que habría que añadir que la no medicalización de las residencias y la ausencia de medios paliativos, hizo de la muerte de muchos y muchas de las víctimas algo inhumano, impropio de una sociedad que se dice avanzada. En palabras de Miriam Alia, Coordinadora Médica de Emergencias en Madrid durante la pandemia, por Médicos sin Fronteras: “No se aplicaron cuidados paliativos, ni clínicos ni sicosociales, ni a enfermos, ni a los trabajadores que les atendían, ni a las familias de las víctimas. Algo no visto en países en guerra o afectados por catástrofes naturales”, dijo, antes de que las lágrimas la desbordasen.
Según los testimonios de las familias de las víctimas, el exceso de celo de muchos de los directores y directoras de las residencias, y los protocolos, impidieron que a partir del 8 de marzo de 2020, se pudiese visitar a los residentes o que sus familiares pudiesen llevárselos a su casa o a un hospital. Tampoco permitieron que acudiesen ambulancias para al traslado a hospitales, aunque fuese costeada por los propios familiares. Restricción que no sufrieron los residentes que tenían pólizas con aseguradoras privadas de salud. En su testimonio, Concepción Quirós, familiar de una residente fallecida en la Residencia pública para mayores de Manoteras, tuvo que recurrir a un Notario y a una ambulancia privada para poder trasladar a su madre al Hospital Ramón y Cajal, una de las pocas familias que consiguió sacar a su familiar, pese a las directrices en contra dictadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Una de las declaraciones más emotivas fue la de Mercedes Huertas Aguilera, cuando relató como en las llamadas telefónicas en las que conseguían contactar con la Residencia, que no con su padre, les decían que estaba bien. El 4 de abril pudieron verle a través de una videollamada, “se le veía adormecido”, el día 6 de abril falleció, no le habían realizado el test hasta el 2 de abril; el resultado de la prueba llegó dos días después del fallecimiento.
El celo excesivo de algunos y algunas directoras llegó incluso a la represión de sus trabajadores, es el caso de la Técnico Sanitario del centro público Gran Residencia de Carabanchel, Nandi Gutiérrez, quien fue sancionada laboralmente con suspensión de empleo y sueldo, y un traslado forzoso, por haber contado lo que ocurría en el interior de la residencia, la dijeron. Una sentencia judicial obligó a la devolución del salario y a la recuperación de su puesto de trabajo en el mismo centro.
A la falta de personal y de medios médicos, carencias previas a la pandemia, se añadió en los testimonios la ausencia de Equipos de Protección Individuales (EPIs), teniendo las trabajadoras y trabajadores que improvisar protecciones con bolsas de basura. Llegando a darse situaciones temerarias como la que relataron varias trabajadoras, cuando, en los primeros días de pandemia, les prohibían el uso de mascarillas, “para no alarmar”. O, en palabras de Antonio Torres, trabajador de la Residencia de Leganés DomusVI, “…los trabajadores utilizaban por turnos una mascarilla que tenían en el área de mantenimiento”.
Se dieron situaciones de enmascaramiento de la realidad, algo que parecer ser habitual en tiempo normales, cuando los familiares anuncian la visita a un residente. En la Residencia antes citada, de Leganés, el 15 de marzo hubo un suicidio. En ese momento, la dirección del centro dio orden de proporcionar mascarillas, batas y gorros, todo desechable, pues llegaba el Juez de Guardia para el levantamiento del cadáver.
Una de las testificales más esperadas fue la de Alberto Reyero, el que fuera Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Díaz Ayuso, y que dimitió tras denunciar “los Protocolos de la vergüenza”.
El Sr. Reyero hizo una reconstrucción cronológica de los acontecido. Recordó que el 4 de marzo de 2020 se produjo el primer fallecimiento por COVID en Madrid, registrado en la Residencia pública La Paz. Y que los protocolos fueron varios y de distintas fechas: el 8 de marzo se lanzó el Protocolo de Limitación de Visitas; el 18 del mismo mes se lanzó un primer Protocolo de no Derivación (a hospitales); el 20 de marzo, se lanzó el segundo Protocolo para la exclusión de residentes con grados de dependencia medio y alto. “Una residencia es un lugar donde se cuida y un hospital es donde se cura”, dijo. Por tanto, resulta fundamental la derivación hospitalaria que se les negó a miles de residentes. En opinión de los juristas que componen la Comisión, se han podido vulnerar los artículos 15 y 43 de la Constitución.
Estos Protocolos fueron emitidos por la Dirección de Protección Sociosanitaria, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y, por ende, del Gobierno de Ayuso. Estas decisiones políticas se tomaron mientras había hospitales privados con camas libres.
Compareció el ex alcalde de Leganés por el PSOE, Santiago Llorente Gutiérrez, quien dejó claro en su declaración que las residencias no tenían los recursos sanitarios mínimos. Denunció que la Comunidad de Madrid nunca derivó personal sanitario a las residencias del pueblo de Leganés, ni las medicalizó mínimamente. Ante esto, bajo su mandato, el Ayuntamiento de Leganés se querelló contra el Gobierno de la señora Ayuso, proceso judicial que aún está en curso, pero al que el actual alcalde, del PP, no tiene intención de dar continuidad.
El ex diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez Chamorro, presidió la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de mayores en la Comunidad de Madrid, relató que, antes de la pandemia, había realizado visitas a las residencias públicas y concertadas de Madrid. La conclusión de estas visitas fue que las condiciones eran lamentables. Achacó el problema a la externalización de servicios y la privatización de los centros públicos, “…las empresas solo ven un nicho de negocio, muchas ni pertenecen al sector sociosanitario.”, “La inspección (desde la CAM) es mínima, por tanto, la relajación de los centros es total”, comentó.
En esta línea, estuvo un pasaje de la declaración que realizó María Jesús Valero, familiar de una residente que falleció en la Residencia de Usera: “La Dirección de la Residencia, (en el momento en que su familiar falleció), nos ofreció los servicios de Mémora (empresa de servicios funerarios) con la que DomusVi tenía un acuerdo de 700 € por finado”. Es el negocio con la muerte, incluso en los momentos más difíciles, en los que la empresa gestora de la residencia se lleva un 10% de cada fallecimiento (teniendo en cuenta el coste del negocio cautivo que son los enterramientos) aprovechando la desgracia ajena.
La Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, constituida el 20 de julio de 2020, solo pudo trabajar durante 35 horas, pues unos meses después se disolvió la Asamblea y se convocaron las elecciones anticipadas del 4 de mayo de 2021.
La Comisión Ciudadana sacará sus conclusiones del impresionante volumen de información que se puso sobre la mesa en las comparecencias. Pero, hay datos irrefutables:
El número de fallecidos en función del número de residentes hablan por sí solos (números aproximativos a falta de datos oficiales):
En Madrid hay 475 residencias públicas, públicas en gestión externalizada, privadas concertadas y privadas, de las tan solo el 10% son públicas de gestión directa. La media de residentes por centro es de unas 250 personas. Datos dados por los comparecientes periciales y profesionales.
“Mientras que en las 25 residencias totalmente públicas hubo una mortalidad del 7,4%, en las 18 de gestión externalizada la cifra escala hasta el 21,9% según un nuevo estudio publicado en la revista internacional Epidemiología.” (publicado en El País del 30 de junio de 22).
El doctor Francisco Pozas, ha estudiado los datos y ha resumido en 20 item sus conclusiones. Una de las más clarificadoras ha sido que: tomando 12 países de la OCDE en el periodo de pandemia, España ostenta el mayor número de muertes entre mayores de 65 años, quedando así en la peor situación en los índices de protección a los mayores de esa edad. Y Madrid está a la cabeza de los índices de mortalidad en mayores de 65.
Las declaraciones, las experiencias vividas y los datos dejan claro el cruel desastre que se vivió en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid en aquellos meses. Ahora solo falta que la Justicia haga su trabajo y que se preste a ser el burladero de la impunidad para los responsables de esta tragedia.
El 14 de abril de 1931 se proclamaba en España la II República que ponía fin a la monarquía borbónica, hasta que fue restaurada tras el golpe de estado militar, la guerra civil y 40 años de dictadura.
Uno de los aspectos más importantes de la Segunda República para las mujeres es que consiguieron entrar masivamente en la esfera pública, conquistando ciertos derechos como el sufragio, el divorcio y el acceso a la educación superior.
Una de las primeras leyes implementadas en la Segunda República tras la aprobación de una nueva constitución permitió a las mujeres votar y postularse para cargos políticos. Este quedó amparado por el artículo 36 del Capítulo III de la Constitución de la Segunda República, y entró en vigor el 1 de octubre de 1931. Las primeras mujeres en conseguir escaños en las Cortes fueron Clara Campoamor Rodríguez, Victoria Kent Siano y Margarita Nelken y Mansbergen. Obtuvieron estos escaños en junio de 1931, varios meses antes de que las mujeres pudieran ejercer el derecho al voto. A ellas se unieron en febrero de 1936 Matilde de la Torre, Dolores Ibárruri y Federica Montseny.
No fue una conquista pacífica, puesto que entre las propias mujeres se cuestionaba el derecho al voto. Nelken y Kent se habían opuesto a otorgar el sufragio femenino, argumentando que la mayoría de las mujeres votarían por los conservadores debido a la influencia de sus maridos y del clero, lo que socavaría la República española. Clara Campoamor, por el contrario, fue una firme defensora del sufragio femenino. El duelo entre Campoamor y Kent por el sufragio femenino ha sido uno de los más importantes de la historia parlamentaria en España.
Las tesis de Campoamor prevalecieron, y el 1 de octubre de 1931 se introducía el artículo 36 en la constitución estableciendo: «Los ciudadanos de cualquier sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales que determinen las leyes». A pesar de la oposición de Nelken al sufragio femenino, los miembros del PSOE apoyaron abrumadoramente el derecho al voto cuando llegó la votación con 161 a favor y 131 en contra. 83 de los 115 diputados del PSOE compañeros de Nelken apoyaron la moción. Con su aprobación, España se convirtió en el primer país latino en aprobar el sufragio universal. La inclusión fue respaldada por el artículo II de la nueva constitución, que establecía la igualdad ante la ley para ambos sexos.
Años después, Frederica Montseny se convirtió en la primera mujer ministra de España, ejerciendo como Ministra de Sanidad y Asistencia Pública desde septiembre de 1936 hasta mayo de 1937.
Campoamor, al defender el sufragio femenino ante las Cortes el 1 de octubre de 1931, manifestó que a las mujeres no se les otorgaba el derecho al voto como premio, sino como recompensa por luchar por la República. Las mujeres habían protestado por la guerra en Marruecos, las de Zaragoza por la guerra en Cuba, y un número aún mayor por el cierre del Ateneo de Madrid por parte del gobierno de Primo de Rivera.
Campoamor también defendió que la inclusión de la mujer era fundamental para salvar la República al tener una población políticamente comprometida, para que no se repitieran los errores de la República Francesa. En su discurso en las Cortes dijo:
«¡Mujeres! ¿Cómo se puede decir que cuando las mujeres den señales de vida por parte de la República se les otorgará como premio el derecho al sufragio?
Clara Campoamor
¿No han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogios las mujeres trabajadoras y universitarias no cantan su capacidad?[…]¿Cómo se puede decir que las mujeres no han luchado y necesitan un período, largos años de República, para de mostrar su capacidad?«
España es un país peculiar, en el que las historias políticas se repiten obsesivamente, sin que seamos capaces de darnos cuenta claramente, que todas ellas tienen al menos un denominador común: las derechas están convencidas o lo aparentan, que el poder les corresponde en exclusividad a ellos. Se consideran los más preparados y saben que cuentan con todos los medios económicos necesarios, propios o proporcionados por individuos o empresas, comúnmente para recibir contrapartidas cuando detentan el Gobierno. Y cuando por voluntad democrática de los votos de la ciudadanía, pueden gobernar fuerzas de izquierdas y progresistas, ponen en cuestión siempre, la limpieza del proceso, del recuento electoral, de la capacidad del gobernante e incluso su estado mental, o la pérdida sobrevenida de idoneidad para gobernar por aceptar el apoyo de fuerzas políticas, para ellos, marginales, a las que denominan como filoetarras, bolivarianas, socialcomunistas, independentistas vende patrias y rompe Españas. Todas ellas, por supuesto, legales y que se presentan democráticamente a las elecciones y al ser votadas obtienen puestos de diputados, en cualquier ámbito territorial.
Este tic de la derecha española, a mi parecer, les viene por un ADN mutado durante el franquismo y tardofranquismo, en el que los modos autoritarios impregnaron las familias y clanes del franquismo. Se plegaron a iniciar un proceso democrático, tras la muerte del dictador, porque era imposible mantener el modelo de la dictadura, en un momento de consolidación democrática de toda Europa y del mundo, en el que queríamos estar con pleno derecho y participar en los organismos internacionales sin la tara de ser un régimen represor y con miles de asesinatos a sus espaldas incluso tras la finalización de la Guerra Civil. La Transición se consiguió con la fuerza de voluntad de todas las partes, sobre todo de la oposición que aceptó no pedir responsabilidad por los cuarenta años de dictadura, para conseguir una reconciliación indispensable, aprobando una Constitución que recogía el marco necesario para poder asegurar un estado social y democrático de Derecho. Pero, es evidente, que esa ley de punto final dejaba indemne a las grandes familias de la dictadura que se aclimataron rápidamente a la democracia parlamentaria, con nombres tan destacados como Aznar, Fraga, Robles Piquer, Ruiz Gallar- dón, Trillo Figueroa, Calvo Sotelo, Rato, Fernández Miranda, Cabanillas, Mariscal de Gante, Arias Salgado, García Escudero, Aguirre, Oriol, March, Coronel de Palma, etcétera. Se pasó de las Cortes franquistas al Congreso y todas las familias del anterior régimen encontraron acomodo, en las nuevas instituciones, empresas públicas o privatizadas, en la banca y compañías financieras. En resumen, se produjo, lo que se ha llamado la gran puerta giratoria de la dictadura. Enfrente, en la oposición socialista y comunista, pro- fesores, abogados, profesionales diversos, que venían de la clandestinidad o se habían incorporado tras la muerte del dictador, a través de del PC, el PSOE y una miriada de pequeños partidos más a la izquierda, además de los sindicatos de clase, CCOO, UGT, y grupos cristianos como la HOAC, y otras organizaciones ciudadanas que habían mantenido capacidad de representar a amplios sectores de los trabajadores y profesionales de la clase media. Guerra nos puso un titular en un mitin de mayo de 1989: “Nosotros, los descamisados”. Sin duda una contienda democrática desigual, en la que la derecha tenía todas las de ganar, pero que fue doblegada por el entusiasmo electoral que en 1982 llevó a Felipe González a la Presidencia del Gobierno y antes a Rafael Escuredo a la Presidencia de la Junta de Andalucía y antes, en 1979, a cientos de alcaldes a demostrar la capacidad del socialismo para gobernar, con honestidad y solvencia.
Numerosos autores señalan que la Transición política, realmente culmina con los resultados electorales de las elecciones Generales del 28 de octubre de 1982, en las que el PSOE con Felipe González consigue 202 diputados y más de 10 millones de votos. Los socialistas gobernarían España hasta 1996, 14 años, que se les hizo tan interminable a la derecha política, mediática y financiera, con la entrada en la Unión Europea o en la OTAN, la reconversión industrial, la modernización de las infraestructuras o de los servicios públicos de sanidad o de educación. La derecha se impacientaba, no encontraba a un líder adecuado y sus gritos y escándalos se perdían sin mayores contratiempos. Ya con Aznar, en el debate del estado de la nación de 1994, agotados por el largo calvario de ver a los socialistas en el poder surge el conocido “Váyase Señor González, no le queda ninguna otra salida honorable”, que subrayó Julio Anguita en nombre de IU. Todo estaba ya permitido y el acoso y derribo a Felipe González se vio reconocido posteriormente en las sorprendentes declaraciones del Director de ABC, Luís María Ansón, al periódico El País (16/2/1998) en la que contaba quienes participaron en el complot para derribar el “felipismo”, con directores de me- dios, fuerzas financieras y toda la derecha política con Aznar al frente, reconociendo que “para terminar con González se rozó la estabilidad del Estado”. Ahí es nada, un golpismo de salón, como lo denominó Joaquín Almunia, que fue gratis para los participantes y motivo de orgullo y de medallas en los corrillos de la corte madrileña. Consiguieron finalmente el Go- bierno, en l1a7s elecciones de 1996 y por la mínima, el PP obtiene 156 diputados, frente a 141 del PSOE y mediante un pacto con CIU de Pujol (Pacto del Majestic), PNV y Coalición Canaria, en los que Aznar entregó armas y bagajes muy por encima de lo razonable, se hizo con la Presidencia del Gobierno hasta 2004. Le sustituye entonces, el socialista José Luís Rodríguez Zapatero, tras las elecciones del 14 de marzo, realizadas en un entorno muy duro por los brutales atentados de Atocha, tres días antes.
Los atentados y las mentiras y tergiversaciones del Gobierno de Aznar culpando a ETA de la masacre, marcaron claramente desde el inicio el tono de la legislatura con Zapatero de Presidente del Gobierno, poniendo en cuestión incluso los resultados electora- les, señalando al Gobierno de ilegítimo, por la manipulación que ellos achacaron a los socialistas, de los atentados. De nuevo la derecha con Rajoy al frente del PP, se convirtió en el partido de las pancartas, de las soflamas diarias con el tono más altisonante y barriobajero al máximo. Incluso, en el marco de la lucha antiterrorista, se le echa en cara a Zapatero que es un radical y que “su política propicia la traición a los muertos”, y en sucesivos debates parlamentarios, Rajoy le exige las actas de los contactos con ETA, señalando que no es de fiar. En 2010 de nuevo, le pide que convoque elecciones porque no está en condiciones de gobernar, y en plena crisis económica Zapatero le responde: “Voy a ejercer mi responsabilidad cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”, convocando elecciones para el 20 de noviembre de 2011, que lleva a Rajoy a la Presidencia del Gobierno. El eje de nuevo de la política de la derecha era el uso de la mentira como eje central de la estrategia política de oposición. Ataques a la persona de Zapatero, sin escrúpulos, con todos los medios a su alcance y brutalmente.
Había que romper al felipismo, al zapaterismo y por supuesto al sanchismo. Pedro Sánchez, Presidente desde junio de 2018, con gobiernos de coalición y mayorías muy ajustadas es ahora el enemigo a batir y de nuevo las malas artes políticas se multiplican. La derecha extrema del PP, con Casado y Feijóo hacen del insulto el día a día parlamentario y mediático, y la ultraderecha de Vox, ambos aliados ya a las claras en ayuntamientos y Comunidades, se unen para derrotar al PSOE y a su líder, Pedro Sánchez. Parece que lo habían conseguido, en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2013, que aunque habían arrojado poca diferencia en votos entre el PP y el PSOE, supuso una enorme pérdida de poder institucional para los socialistas, en alcaldías y Comunidades Autónomas. Inmediatamente, el Presidente convoca elecciones Generales para el 23 de julio, con aspavientos de la derecha por la premura y el calor, que la derecha considera ganadas de calle. Pero la realidad de los resultados arroja un crecimiento de casi un millón de votos más para los socialistas y 121 escaños, frente a 137 obtenidos por el PP, con solo 340.000 votos de diferencia. De nuevo los números no cuadran fácilmente. La derecha que pensaba iba a arrollar, con mayoría absoluta certificada, se encuentra con 137 votos del PP, 33 de Vox y un escaño de UPN y otro de CC, en total 172 posibles votos, para la investidura de Feijóo, que había pedido al Rey su de- signación. Un mes después, se desconocían las propuestas de Feijóo para su investidura y se ha produjo una anomalía curiosa, la derecha daba por perdida su investidura y dedicaba su tiempo a intentar que Sán- chez tampoco consiga los 176 votos necesarios, construyendo un maniqueo en la figura de Puigdemont, que con sus siete diputados tiene una de las llaves necesarias para conformar la mayoría, como también la tienen ERC, PNV, Bildu, o Sumar.
Tras cinco años de gobierno, que algunos descalifican como Frankenstein, Pedro Sánchez puede mostrar en su haber una magnífica gestión, en la eco- nomía, políticas sociales, legislación básica y éxito en envites tan complejos como el COVID, o la crisis energética y de alimentación ligadas a la guerra de Ucrania. Retos superados con nota, que, en el caso de la economía, le han permitido al Presidente decir que España va como una moto, hecho reconocido en el marco de la UE y de los organismos internacionales. Pero estas elecciones tienen una característica especial: Puigdemont, huido de la justicia en el maletero de un coche tras los sucesos del procés, eurodiputado, viviendo en Waterloo, se convierte en la clave de bóveda, la ficha clave para cuadrar el sudoku parlamentario. Y ahí surge la necesidad de unos de seguir la tradición de la quema del Judas y otros de demostrar que son los más listos y van a conseguir gratis lo que a otros le ha costado dinero, penas de cárcel e indulto. Y de nuevo una palabra cargada de intenciones malévolas, amnistía, la palabra que se gritaba en la clandestinidad es ahora esgrimida en un país democrático, donde una acción política descabellada por parte de los independentistas catalanes lleva a la calle a miles de personas para organizar una performance de referéndum y una declaración de independencia creando una república virtual. Autodeterminación, derecho a decidir, amnistía, se superponen a un debate en el que la sanidad, la educación, la dependencia, las infraestructuras, el cambio climático, los derechos a la igualdad y la solidaridad, el papel de España en el mundo, se marginan para centrarnos en si las Cortes Generales pueden aprobar una amnistia en el marco de la Constitución. Ello camina paralelo a un debate territorial además en el que las tres Comunidades autónomas, Cataluña, Euskadi y Galicia, que fueron premiadas en la Constitución para tener el máximo de competencias y desarrollo estatutario, pueden seguir aumentándolo a costa de retrasar a las restantes, incluso a Andalucía que ganó su puesto entre las del máximo nivel competencial con un referéndum el 28 F y la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1981 y la reforma de 2007. La postura de los socialistas fue debatida profundamente en la Declaración de Granada de 2013 que ahondaba en una España donde un pacto territorial para una sociedad plural abordara los desencuentros y los resolviera sin privilegios, mediante una reforma federal de la Constitución. En esa posición seguimos.
La investidura de Feijóo estaba abocada al fracaso. Los propios portavoces de la derecha así lo asumían, y eso a pesar de su inmoral llamamiento al transfuguismo entre los diputados socialistas, y su alegato a favor de una suerte de derecho consuetudinario a gobernar. Tras el intento de Feijóo, se abrirá el momento de Pedro Sánchez y se pondrán en la mesa las alternativas del candidato y los acuerdos para conseguir el apoyo a su investidura y a la acción de gobierno posterior, con la aprobación de los Presupuestos anuales y el desarrollo de las leyes necesarias para seguir avanzando como país moderno. Ese será el momento de analizar cómo se resuelve el entuerto provocado por el procés y de qué modo se organizan los acuerdos entre todas las partes para consolidar una Cataluña potente en el marco constitucional de España.
El PSOE es un partido que ha demostrado su capacidad de gobernar cinco años en esta última etapa con Pedro Sánchez a la cabeza. Y lo ha hecho con solvencia y ganándose la confianza de la ciudadanía. Ello ha sido respaldado con un millón de votos más que en las últimas elecciones Generales, sabiendo la ciudadanía que se ha gobernado en coalición con Podemos, y con apoyos externos de otras fuerzas políticas nacionalistas e independentistas, que representan a sus territorios con votos legítimos y democráticos de sus electores. No hay ninguna llamada de engaño o subterfugio, hay capacidad por parte de los socialistas, con Pedro Sánchez al frente, de gobernar en una España plural desde la solidaridad, la igualdad y la justicia.
Núria Rovira Costas, nacida en el Vendrell en 1975, y militante
del PSC del Vendrell (Tarragona) desde el año 2018.
Profesionalmente es ambientòloga y funcionaria de la Diputacion de Tarragona en excedencia por ejercicio de cargo público. Como técnica de la diputación ha ejercido sus responsabilidades en el área de medio ambiente.
Es vocal del Colegio de ambientólogos de Cataluña, y a escala global, colabora habitualmente con la plataforma de crowd- sourcing Betterific y forma parte de la red de la ONG Ashoka
– “Everyone a changemaker”.
Sus ámbitos de interés son el medio ambiente, la naturaleza y el paisaje, el territorio, el urbanismo, el espacio público y la educación.
Desde 2019 es concejal del ayuntamiento del Vendrell y actual- mente dirige las concejalías de medio ambiente y planificación estratégica.
Desde las últimas elecciones generales, es senadora del PSC por Tarragona
Pregunta 1.- La primera pregunta es obligada: En 2017 eras funcionaria de la Diputación, en 2023 senadora del PSC por Tarragona. ¡Vaya cambio!, ¿no?.
¿Porqué la decisión de entrar en política?
Sí, ciertamente ha sido un cambio radical en mi forma de vida. Yo estaba feliz y contenta con mi trabajo en la Diputación, pero el llamado «procès» provocó mi decisión de afiliarme al PSC. Había que tomar partido. Mi núcleo de amistades, incluso mi familia, como tantos y tantos otros núcleos de amigos y familias se dividieron con el procès. Creo que todo el mundo perdió la cordura, los que se saltaron el Estatut de Autonomía engañando a la gente, y los que desde Madrid no escuchaban lo que pasaba en Cataluña. El PSC siempre ha ofrecido cordura, lo que en Cataluña llamamos «seny», y defiende lo que la mayoría de catalanes piensa, que es mejor caminar juntos y que hace falta un mejor encaje de Cataluña con el resto de pueblos. Por eso me decidí a afiliarme.
Pregunta 2.- ¿Y lo del senado?
Realmente fue una encerrona (ríe) Yo no me presenté voluntaria pero mis compañeros de partido me propusieron, y fui elegida como la tercera candidata de la província de Tarragona.
De hecho, a principios de junio, cuando todavía no se habían confeccionado las listas electorales, estuve de visita en el senado con compañeros del Baix Penedès Me parecieron instituciones donde se respiraba democracia, pero de modo alguno, pensé ni un segundo que pudiera estar hoy como senadora.
Pregunta 3.- No mucha gente es conocedora de que tu tío era Joan Raventós, que fue dirigente político del PSC desde la clandestinidad, y también fue senador.
¿Tehainfluídosufigura?
Mi vida política es absolutamente independiente de la figura de mi tío Joan, pero supongo que el hecho de que se hable de política en casa desde niña tiene cierta influencia para ver la política, no como algo ajeno, sino como algo propio con lo que todos los trabajadores debemos estar comprometidos.
Si algo me ha influído de mi tío Joan es su lucha constante por el progreso colectivo y por la convivencia en Cataluña. Él defendía eso que hoy llamamos el catalanismo de progreso, en el que los derechos nacionales del pueblo catalán (y de todos los pueblos de España) no pueden disociarse de los avances sociales, de los avances colectivos. Por eso, ni el procés ni la España «grande y libre» que sigue proclamando la derecha son soluciones ni para el progreso ni para la convivencia.
Pregunta 4.- Ni Independencia, ni inmovilismo. ¿en- tonces qué?
Diálogo y convivencia. Son las bases para llegar a acuerdos, a consensos que garanticen una nueva época de progreso y convivencia.
Pregunta 5.- En tu míting de campaña hablaste de convivencia. Te haré la pregunta del millón. ¿Una ley de amnistía ayudaría a la convivencia?
Salvador Illa ha dicho reiteradamente que es hora de pasar página, es hora de un nuevo tiempo, y de situar los problemas de la mayoría social en primera línea de la actuación política. Estoy plenamente de acuerdo en que hay que progresar, en educación, en sanidad, en pensiones, en salarios…y por supuesto en la lucha contra el cambio climático, en la lucha por un urbanismo saludable para las personas, en un urbanismo que piense en refugios climáticos, en el verde, en transformar los espacios evitables en espacios habitables. Esa es mi prioridad.
¿Y la amnistía?. Los indultos ya tuvieron un efecto positivo en la convivencia en Cataluña. La convivencia social en Cataluña se ha recuperado. Nada que ver con el 2017. En la calle, indepes y no indepes hablamos de las cosas, y nos entendemos. Los partidos políticos, sobretodo Junts parece que no acaban de entenderlo. Creo que hay un trasfondo de lucha por el electorado indepe entre Junts y ERC. Los de Junts han llegado a llamar «botiflers» a los de ERC solo porque se sientan a negociar, y ahora cuando Puigdemont negocia, es llamado «botifler» por la ANC que amenaza con presentar se a elecciones. Entre el sector independentista hay mucho miedo a perder su sitio, y eso dificulta las cosas.
Pero si los indultos favorecieron el diálogo, creo que también la amnistía acabará de normalizar la vida política. Me parecen bien las iniciativas en favor de la amnistía y de construir puentes de diálogo para devolver los conflictos políticos a la política. Si además de favorecer la convivencia en Cataluña, la amnistía ayuda a la investidura de Pedro Sánchez, mejor que mejor, porque eso es lo que la gente quiere: un gobierno de
progreso que mire hacia el futuro y que resuelva los problemas de los ciudadanos que son muchos.
Pregunta 6.- Pero dicen que la amnistía es anticons- titucional. ¿Es cierto?
No, no es cierto. Las leyes están para hacer cosas, no para no hacerlas. La amnistía debe tener encaje constitucional, de eso ya se ocuparán los juristas, pero en este país se han indultado a corruptos, golpistas y delincuentes de guante blanco. El PP amnistió fiscalmente a miles de personas que se habían llevado el dinero a paraísos fiscales, incluído el rey. Si esa amnistía era constitucional cualquier otra puede serlo. La diferencia será que en la amnistía que hay ahora mismo encima de la mesa puede significar una nueva época de avances colectivos. Espero que los indepes se den cuenta de la oportunidad de oro que pierden para normalizar la vida política en Cataluña y en el resto España.
Pregunta 7.- Para terminar, háblame de tu función como senadora.
Tengo el encargo de defender los intereses de Tarragona y del Penedés en el Senado. El Penedès, como todo el sur de Cataluña, ha sido el territorio más abandonado por la Generalitat. Necesitamos inversiones. Necesitamos industria sostenible. Necesitamos proteger nuestra costa y nuestros bosques. Necesitamos entornos saludables. Necesitamos una gestión eficiente del agua, proteger nuestras cuencas y luchar contra la sequía. Necesitamos favorecer la economía circular. Necesitamos energía limpia y necesitamos crear puestos de trabajo verdes. Esas son algunas de mis funciones como senadora.
Mercedes Huertas es una de las activistas que luchan en la Plataforma Verdad y Justicia, en la que muchas familias de las víctimas trabajan por esclarecer lo ocurrido en las Residencias durante la Pandemia, labor que desarrollan en común con las compañeras de Marea de Residencias por los derechos de los residentes.
Su padre, Juan Huertas, falleció el 6 de abril de 2020 víctima de los “Protocolos de la Vergüenza”, emitidos por la Comunidad de Madrid. Juan trabajó los últimos 21 años de su vida laboral como vigilante de sala del Museo del Prado. A los 64 años, el Alzheimer comenzó a borrarle los recuerdos. Tenía 84 años cuando falleció; pasó los últimos cinco años de vida en una residencia, aunque seguía conociendo a todos y preguntaba por sus nietos y biznietos, de hecho, el último día que su hija Mercedes y el esposo de esta le vieron fue el 6 de marzo de 2020. Con bastante lucidez, estuvo preguntando a su yerno que tal llevaba los tramites de la jubilación porque sabía que ya los había iniciado. Javier, yerno de Juan, no se separó de Mercedes ni de su suegra en ningún momento del largo trance que sufrieron, haciéndolo menos duro.
Pregunta 1.- ¿Cuándo y cómo decides organizarte con las familias de otras víctimas del abandono, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en las Residencias en Pandemia?
Tras más de dos años de inacción por parte de la justicia, varios compañeros de diversas plataformas decidimos crear “Verdad y Justicia”, el 18 de mayo de 2022, con el fin de concienciar e informar a la sociedad sobre lo sucedido y hacer una Comisión Ciudadana para obligar a que se investigue lo ocurrido, se depuren responsabilidades, si las hubiere, y sobre todo la garantía de que una atrocidad como esta no vuelva a suceder.
Pregunta 2.- ¿Qué importancia está teniendo para ti y tu familia estar organizados en lucha para que se haga Justicia?
Muchísima importancia. Tenemos la esperanza de que tanto trabajo y esfuerzo dé sus frutos. Sabemos que sin organización es imposible obtener justicia ante hechos tan graves; es la mayor masacre de la Democracia y esto no puede quedar impune. No hay que olvidar que los y las mayores son un colectivo vulnerable y que muchos de ellos, por su deterioro cognitivo, ni siquiera entendían lo que estaba pasando. Hay que ponerse en la piel de esas personas cuando de un día para otro te encierran en una habitación durante meses sin ver a tus familiares y sin saber quiénes eran los que les estaban atendiendo, vestidos con buzos, guantes, mascarilla y gafas.
Pregunta 3.- Sabes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la Sra. Ayuso, acusa a los movimientos como el vuestro de que “hacen política” ¿Qué opinión te merece, no es acaso políticamente legítimo reivindicar el bienestar de nuestros mayores, como lo hacen otros movimientos en defensa de la Educación, las Sanidad o las Pensiones públicas?
Los Protocolos de exclusión y no derivación fueron decisiones políticas, ni médicas ni sanitarias, porque había camas libres en hospitales privados y en Ifema. Además, de respiradores que nunca se usaron. Los que tenían seguro médico privado si eran derivados a su hospital de referencia. La Sra. Ayuso dijo que había medicalizado las Residencias y eso es mentira, ni siguiera los geriatras de enlace se pasaban por las Residencias. Al no estar medicalizadas, en muchas no había ni paliativos, por lo que muchos y muchas murieron asfixiados y solos en sus habitaciones.
Que a la Sra. Ayuso le moleste que se dé voz a algo tan cruel e indigno es lógico, pues pone al descubierto su criminal negligencia, como mínimo. Pero hasta que no consigamos nuestro objetivo no vamos a parar de luchar, y le recuerdo a la presidenta de la Comunidad de Madrid que esas víctimas eran de todo signo político, nosotros no luchamos solo por unos u otros, no excluimos por cuestiones ideológicas, defendemos los derechos de todos y todas.
Pregunta 4.- En estos días vais a ser escuchados en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ¿Qué esperáis de esta institución?
Si al final la justicia española sigue mirando para otro lado, esperamos que al menos en Europa sí nos escuchen y abran una investigación que arroje unas conclusiones que permitan que se reconozca que se cometió una vulneración de Derechos Humanos y Sanitarios, que se conculcó el artículo 15 de la Constitución. Alguien debe dar explicaciones por hechos tan graves y hacerse responsable. Murieron de una forma tan indigna y cruel que estoy segura que no pasará inadvertido ante Europa ni ante el mundo. Esta no es una apreciación subjetiva de la hija de una de las 7.291 víctimas, es una aseveración compartida por científicos y médicos de distintas disciplinas.
Pregunta 5.- ¿Cómo ha respondido la Justicia española, tanto fiscalía como juzgados, ante las denuncias y querellas que habéis interpuesto individual y colectivamente las familias de las víctimas?
Mal, nos sentimos abandonados. En muchos casos, como es el mío y alguno de mis compañeros, ni siquiera nos han llamado a declarar. Para no tener una denuncia unificada y creo que, con más peso, las han dividido en los distintos juzgados de Madrid y eso lo dificulta aún más. Seguimos esperando respuestas de la Fiscalía General del Estado, de quien no sabemos nada después de una primera reunión con ellos el 1 febrero de 2023. El Defensor del Pueblo, más de lo mismo y la Fiscal de Madrid, Almudena Lastra, incumplió su obligación de investigar y mintió generosamente sobre lo que ocurrió en las Residencias de la Comunidad de Madrid.
Hay algunos casos que están estimados parcialmente ordenando al juzgado de Instrucción que practique determinadas diligencias, y otros que han sido desestimados tras haberse practicado diversas diligencias de Instrucción (informes de las Residencias, informes forenses, declaraciones de directores/as de Residencias…) algunos archivados y otros, como el mío y de alguna compañera más, en el Tribunal Constitucional, con un Recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales; Recurso del que nadie nos ha comunicado que no esté admitido a trámite y del que continuamos a la espera de noticias.
En este caso consideramos que el derecho fundamental afectado es el de la tutela judicial y que se ha incumplido el art. 24.1 de la Constitución Española, al no haberse practicado diligencias que consideramos relevantes para llegar a determinar la existencia de responsabilidad penal por parte de los querellados, principalmente en lo que a los protocolos de derivación respecta.
Pregunta 6.- Tenéis la firme disposición a continuar la lucha por la Verdad y la Justicia ¿Cuál sería el logro que daría satisfacción a vuestra lucha?
Lo primero, que se haga una investigación y creo que con el informe que elabore el Tribunal Popular de la Comisión Ciudadana, será de gran ayuda y muy esclarecedor, así ha quedado patente en las Jornadas celebradas los días 15 y 16 de este mes. Lo segundo, que todo el mundo sepa de esas conclusiones. Y lo tercero y más importante, que nos garanticen que ningún gobierno del Estado español, ni Central, ni Autonómico ni Municipal pueda llegar a hacer algo parecido nunca más, todos tenemos derechos y a nadie se le puede discriminar, la Constitución Española es bastante clara a ese respecto.
Cuando el otro día nos concentramos a las puertas de Cajasol un grupo de veteranos del PSOE y de la UGT, queríamos transmitirle a Felipe, no una posición política, queríamos transmitirle un sentimiento, el del dolor que nos producía porque ha sido nuestro referente desde que empezamos en las juventudes socialistas en el siglo pasado; a nuestro querido ManoloBarco, tristemente fallecido, le gustaba referirse a la familia socialista y es que en aquella época de la clandestinidad, las juventudes socialistas, el partido socialista y la unión general de los trabajadores lo era todo, formábamos parte de la familia socialista.
Compartimos un pasado y un objetivo: fuimos socialistas en la clandestinidad, cuando llevar al partido en la cartera (el carné) y el corazón era castigado con la cárcel.
Todos los que hemos tenido la gran suerte de estar en política entendiendo que es la forma de trabajar por un mundo mejor para los ciudadanos, sabemos que las formas son muy importantes. Por eso las manifestaciones de FelipeGonzález y otros antiguos dirigentes de nuestro partido contribuyen a generar un cierto desconcierto principalmente porque quitan el foco de donde está realmente.
Y es evidente que el foco no está en lo que vaya a hacer o no el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez en el futuro ya que aún no tiene el encargo de forma gobierno y por eso hemos querido transmitir a Felipe ese sentimiento de dolor. Para nosotros es un referente, lo fue de primer orden.
Y es que en la tertulia que mantenemos con asiduidad, los jóvenes socialistas del 68, rápidamente surgió la protesta y la necesidad de decir lo que sentíamos, no queríamos hacer una reprimenda a González, aunque sonara a eso, era importante que supiera que lo importante siempre es el PSOE y lo apoyamos a él antes y de la misma manera ahora a Pedro Sánchez.
Y claro que Felipe, Alfonso y el resto de exdirigentes tienen derecho a dar su opinión, es que en este momento distorsionan y desenfocan el eje de debate y eso nos produce dolor. España no se rompe, como oí decir a algún compañero, ese es un discurso de la derecha política y mediática de nuestro país, hay que mirar lo que ha cambiado Cataluña. En 2017 los telediarios se abrían con manifestaciones que eran un incendio en Barcelona y ahora el PSOE es el primer partido en Cataluña, algo querrá decir esto, no parece que lo hayamos hecho tan mal allí, más bien todo lo contrario, luego España con un gobierno del PSOE no solo no se rompe si no que camina en una buena senda.
Llama poderosamente la atención que a estas alturas se defienda que gobierne la lista más votada, algo que no se defiende cuando la lista más votada es la del PSOE como pasó en Andalucía por poner un ejemplo donde el PSOE ganó las elecciones y gobernó el señor Moreno Bonilla con los votos de ciudadanos y vox. España es un sistema parlamentario, un Estado democrático y por lo tanto las mayorías se fraguan o no en el Parlamento.
Dicho esto, es importante recordar que cuando hicieron la declaración unilateral de independencia en Cataluña gobernaba el PP y se utilizaron los métodos constitucionales el Estado y se recondujo esa situación con el artículo 155 de la Constitución Española (CE) y el PSOE que lideraba la oposición, con un sentido de estado, lo votó a favor. A mí me llama mucho la atención que ahora se envuelvan en la bandera de la CE cuando, por ejemplo, el PP lleva cinco años no cumpliéndola con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El PSOE apoyó en 1978 la Constitución hasta sus últimas consecuencias. Entonces yo era dirigente en la ejecutiva confederal de la UGT e hice campaña de defensa de la Constitución en una fábrica del País Vasco donde los trabajadores no eran muy partidarios. Yo vi a mi padre ponerse el sombrero de los domingos para ir a votar la CE y no era la suya porque él era republicano y esta era monárquica, pero era una Constitución de los hombres de ideas y cuando llegó el momento, nosotros apoyamos al Gobierno de España con el 155 y ahora todo esto? .
Vamos a ver qué ocurre porque hasta ahora la única cosa que le he escuchado a Sánchez es que cualquier cosa que él proponga respetará el espíritu y la letra de la CE, eso es literal y si no es así ya nos pronunciaremos.
Y en lo que se refiere a la autodeterminación no está planteada ni cabe en la CE, la amnistía es una decisión política con base jurídica, no arbitraria y si se planteara, en ese caso con total libertad, nos pronunciaríamos.
Soy socialista y lo soy cada día de mi vida. Mi padre decía que ser y estar tienen diferente significado y ser socialista es una forma de estar en la vida.
Debe estar conectado para enviar un comentario.