7291 ancianos y ancianas de las residencias de Madrid fueron abandonados a una muerte agónica, sin darles la más mínima oportunidad de vivir. Enfermaron de COVID-19, como muchos otros millones de personas en el mundo, pero a ellos les aplicaron los protocolos de la vergüenza.
La presidenta de la Comunidad de Madrid jugó a decidir quién vive y quién muere, ella y su Gobierno aprobaron los protocolos que mandataban a las y los directores de las residencias a prohibir que los ancianos enfermados fuesen derivados a los hospitales públicos ¿con qué derecho?
El artículo 43.1 de la Constitución dice literalmente que “Se reconoce el derecho a la protección de la Salud”. Negar la atención hospitalaria es justamente lo contrario a proteger la Salud.
El 43. 2 establece que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. El Gobierno de Ayuso no solo no previno, sino que negó la prestación de los servicios necesarios.
Hay causas abiertas en juzgados de primera instancia, otras en tribunales superiores y un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, desde hace dos años. Algunos juzgados y fiscales de Madrid han protegido a la señora Ayuso, archivando las denuncias en lugar de abrir causa sobre una aberración tan evidente, debe ser que los demandantes son familiares de las víctimas y no organizaciones fascistas.
Por si la vulneración de la Constitución en su Artº 43 fuese insuficiente, a las 7291 víctimas de las Residencias se les empujó a una muerte atroz: muchos y muchas murieron en los sótanos y salas apartadas de los centros en los que residían, donde los bomberos, la UME y/o la policía municipal les encontrón con rictus de terror agarrados a los barrotes de sus camas, habían muerto por asfixia y sin ninguna medida paliativa. Léanse las actas de la policía municipal, las que quiso secuestrar el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Ninguna institución del Estado ha salido en defensa de estas 7291 familias. Tampoco los grandes medios de comunicación les han brindado demasiada audiencia.
Como muy bien señalaban los cánticos los más de 10.000 manifestantes que en la mañana del sábado día 23 salieron a las calles de Madrid, entre la plaza de la Cibeles y la Puerta de Sol, “No son muertes, son asesinatos”. Es un crimen negar el auxilio, en este caso la atención médica hospitalaria. Pero tenemos a la “zorra guardando las gallinas”. La señora Ayuso se siente tan impune, gracias al burladero que le ofrece la fracción de la derecha en la ¿Justicia? y por el coro mediático conservador, que se permite insultar a las familias de las víctimas propinándoles expresiones tan execrables como cuando dijo “Se iban a morir igual”.
Las instituciones se protegen entre sí, y ya son muchas las víctimas que se han producido en nuestro país como para que no digamos basta ya. En estos días lo estamos viendo en Valencia, donde ya son 221 muertos y cabe preguntarse ¿cuántas personas habrían salvado la vida sin el gobierno de la Generalitat hubiese dado la alarma a la 3 de la tarde y no a las 8, por estar esperando a que apareciese el presidente de ese Gobierno, el Sr. Mazón. En el caso de la Residencia de Madrid si se ha establecido cuantas personas podrían haber salvado la vida: más de 4.000, es la conclusión a la que han llegado los miembros de la Comisión de la Verdad en las Residencias de Madrid, compuesta por juristas, médicos y epidemiólogos, entre otras disciplinas, todos ellos y ellas de reconocido prestigio.
Es llamativo, muy llamativo, que la Universidad Complutense de Madrid le concediese el título de “alumna ilustre”. Solo me cabe pensar que fue un acto reflejo de la cúpula universitaria para agradecer a la presidenta pepera que les mantenga el chollo de viviendas de hasta 250 m2 en una zona de lujo en Madrid, en Moncloa, con rentas que no superan los 215 €; una verdadera vergüenza, máxime en una situación en la que millones de jóvenes en nuestro país no pueden salir de la casa de sus padres y que la única alternativa que les queda es compartir piso, vivir en una habitación minúscula y pagar el doble que un catedrático de los afortunados por la “alumna ilustre”.
Este país hizo una transición para dejar atrás la dictadura, pero, aunque Franco murió las prebendas y la impunidad, características del franquismo, continúan vivas.
Hay delitos por negligencia que cuando los comete un político quedan impunes. No tienen el aforamiento del Rey, pero en los hechos opera como si lo tuviesen. Ya Basta.
Justicia y reparación. Dimisión de los responsables. Ni olvido ni perdón.
Esta canción del valenciano Raimon fue compuesta en 1959, aunque no vería la luz hasta 1963. Expresa el sentir de aquella generación que quería vivir “al viento”, como sinónimo de “libertad”; una ausencia de libertad que embutía a la sociedad de la época, “Tots plens de nits”.
La sociedad valenciana sufre hoy días en los que vuelve a buscar la luz y la paz, aunque por motivos bien distintos. La DANA les ha sumido en el llanto por los muertos y los desaparecidos. Salir adelante es un gran llanto, “La vida puede ser ese llanto”, decía Raimon en su canción.
Han pasado 61 años desde que “Al vent” viera la luz, y que pasase el tamiz de la censura. Hoy, Carla Sancho y Moisés Moon han hecho un bonito cover de la canción de Raimon, dedicado a las víctimas de la DANA y a todas y todos los voluntarios que están poniendo su esfuerzo en que la vida vuelva a la normalidad, cuanto antes.
Los pueblos no olvidamos; no olvidamos los crímenes del franquismo, y no olvidaremos la incompetencia del Gobierno valenciano en la gestión de las alertas o su responsabilidad por la disolución de la Unidad Valencia de Emergencias (UVE). Los crímenes contra el pueblo toman muchas formas, pero no nos confunden, aunque nos mientan.
Es de agradecer que tanto voluntario done horas de su vida para arreglar el desastre. Se ha escuchado mucho en estos días aquello de que el pueblo salva al pueblo, pero no hay que olvidar que como en todas las crisis, también hay otros que sacan provecho. Tal es el caso del negocio del automóvil, que está encareciendo el precio de los coches de segunda mano debido a la gran demanda. A saber qué pasará con todo aquello que se va a necesitar en la reconstrucción. Quizá se aprovechen, como casi siempre, sin pensar que la vida es cíclica.
Y sobre todo sería bueno que el gobierno autonómico hubiese explicado hace tiempo ya los errores cometidos aquel 29 de octubre, sin necesitar tantos días para justificar lo ocurrido, para buscar coartadas y excusas que quedarán muy bonitas en una comparecencia un mes más tarde del desastre.
No ens confondran, encara que ens menteixin.
Yolanda Garay Martínez
Roberto Tornamira
Miembros del grupo “Narradictos y Narradictos”
“Al vent” Al vent La cara al vent El cor al vent Les mans al vent Els ulls al vent Al vent del món I tots Tots plens de nit Buscant la llum Buscant la pau Buscant a déu Al vent del món La vida ens dóna penes Ja el nàixer és un gran plor La vida pot ser eixe plor Però nosaltres La cara al vent
“Al viento” Al viento La cara al viento El corazón al viento Las manos al viento Los ojos al viento Al viento del mundo Y todos Todos llenos de noche Buscando la luz Buscando la paz Buscando a dios Al viento del mundo La vida nos da penas Ya el nacer es un gran llanto La vida puede ser ese llanto Pero nosotros La cara al viento
Aunque no guste el triunfo arrollador de Donald Trump, que le devuelve a la Casablanca de la que salió a regañadientes con un amago de golpe de Estado, su victoria no se puede despachar con un análisis de brocha gorda, porque confirma el asentamiento del giro a la derecha radical en las sociedades occidentales que se viene produciendo desde principios de siglo, cuyo punto de arranque fue el ataque terrorista a las Torres Gemelas en 2001. Desde ese momento la sociedad estadounidense se dio cuenta, por primera vez, de su vulnerabilidad resumida en el titulo con el que la Fox, el canal de la derecha tradicional, comunicó la noticia que instaló el terror en salón de los norteamericanos: Attack on America.
Titular que les abrió los ojos a una realidad desconocida, al ver en imágenes que la seguridad en la que se sentían instalados como la nación más poderosa del mundo se derrumbaba, alumbrando una expectativa negra y de desconfianza sobre el futuro: eran vulnerables como cualquier otro país. Y ya sabemos que cuando el miedo se desata, el inconsciente tiende a buscar la seguridad que encuentra en el pasado que, de ese modo, se idealiza por encima de cualquier otra consideración contextual. Sentimiento que Trump, ha sabido captar y resumir en un lema sencillo, pero que lo dice todo: Make America great again. Esloganque de manera latente lanza el mensaje de que la solución está en el pasado y no en un presente y futuro inestable, por la ruptura de los principios morales que forjaron la grandeza de los USA: Dios, familia y capitalismo libre.
Un pasado donde los usos y costumbres estaban claros, definidos y regidos por unos valores que—a juicio de los populistas y filo fascistas— los progresistas e intelectuales han destruido, al otorgar reconocimiento legal a nuevas realidades sociales que contravienen los hábitos anclados en la tradición: derecho al aborto, empoderamiento femenino, legalización del matrimonio gay, extensión de derechos a las clases más desfavorecidas como el Obamacare — seguro médico asequible para millones de estadounidenses sin cobertura médica—, o las limitaciones al consumo sin límite de recursos que supone el reconocimiento del cambio climático, base del American wy of life.
Cambios que delinean un nuevo orden social que destruye tradiciones y pone trabas al libre comercio y los beneficios por la explotación de recursos naturales sin fin. Principios sacrosantos inoculados en la mente de los norteamericanos desde niños, que abominan de un Estado social que ayude y ampare a los más necesitados, por ir en contra del cuarto principio: búscate la vida porque esta es la tierra de las oportunidades y si tienes talento triunfarás. Y si no lo tienes: <<te jodes y te aguantas>>.
Pero hay algo más profundo que la mera economía para justificar el giro conservador por el descenso del poder adquisitivo de los norteamericanos, por la elevada inflación que han padecido en la última década que ha orientado el voto hacia los republicanos, huyendo de las políticas que atribuyen la reducción de su capacidad de compra a la administración Biden, justo cuando la inflación está ya controlada y la Reserva Federal baja los tipos de interés
Ese algo más, es la revolución tecno científica que, en menos de década y media, ha dado la vuelta al modelo de circulación de la información, ahora global y compartida por todos los ciudadanos que ya no son sujetos pasivos, sino activos en la difusión de contenidos con mayor o menor apoyo en hechos reales y verificables, que da lugar a la propagación de bulos masivos, diarios y sin límite. Tergiversaciones interesadas de la realidad objetiva que generan una confusión profunda en la mente de las personas, a la hora de reconocer y distinguir que es verdad y qué no lo es. Polución mediática, que es el caldo de cultivo para la aparición de salva patrias, auto convertidos en defensores de los valores tradicionales que asimilan con el ser esencial del pueblo norteamericano — o español, inglés, alemán, francés, etc.—, que repudian todo lo que, a su juicio, pervierte los valores patrios esenciales.
Cambio tecno científico que nos introduce en un proceso civilizatorio que los subvierte, porque afectan a la consideración conceptual del ser humano cuyo papel como eje del desarrollo social se ve comprometido, sustituido, por unos seres que van más allá del mero robot, los llamados humaniodes o ciborg. Máquinas creadas por los humanos como una representación de sí mismo, inmersas en una dinámica, por ahora imparable, en el que la tecno ciencia las va añadiendo nuevas capacidades que superan las del homo sapiens, no solo en cuanto al almacenamiento y tratamiento de datos e información —la IA es el mejor ejemplo—; sino en cuanto a la capacidad imitativa para aprender de sus propios errores y adquirir capacidades emocionales y sensoriales cada vez más parecidas a las humanas.
Avances que configuran un nuevo orden social que está más cerca de lo que pudiéramos pensar, que asusta a gran parte de la ciudadanía porque afecta a su propia identidad y sentido como ser humano, al borrar la barrera que existía entre el hombre y la máquina. Proceso que arrancó en el siglo XVIII con la mecanización del mundo cuando las máquinas comenzaron a estar cada vez más presentes en la vida cotidiana avizorando, en aquel momento, un futuro esperanzador expresado en la idea de progreso, cuya conceptualización se ha ido convirtiendo en desesperanza y miedo, conforme la mecanización fue revelando su impacto convirtiendo al hombre en suministrador de la máquina y no al revés. El mejor ejemplo de ello es la película de Charles Chaplin, <<Tiempos modernos>>.
La combinación de estos fenómenos que viajan a velocidad luz generando empresas transnacionales que gobiernan la economía global, el cambio de modelo comunicativo y el avance sin fin tecno científico, choca con la velocidad a la que funciona la mente humana que requiere de más tiempo, tiempo humano, para asimilar estos cambios tan profundos, que quiebran la base de su propio sentido existencial. Cambios que unidos a los problemas económicos generados por las sucesivas crisis habidas desde 2008, el cambio climático y las restricciones que impone al consumo desbocado de bienes y recursos naturales, generan un conglomerado inmanejable para las personas.
Disfunción que es el caldo de cultivo donde fermenta el miedo al futuro y la sensación de estar en un presente inestable, que conduce a mirar al pasado, que despierta el imaginario emocional de que en él está la seguridad y tranquilidad de siempre. Surgen así los gurús del desastre que mediante la estigmatización del otro que nos come el pan, los emigrantes, la mentira y los bulos que perversamente asimilan las disfunciones al fracaso del sistema democrático: que ni funciona ni sirve para atender las necesidades de las personas. Democracia que debe ser sustituida por un gobierno fuerte, una dictadura o una oligarquía de ricos, como la que está configurando Trump, como paradigma de gobernanza exportable a los países occidentales. Mensaje maligno y perverso sustentado en la pérdida de derechos ciudadanos, laborales, de libre circulación y movimiento de las personas, y en la censura de la libertad de pensamiento e información libre, que hay que combatir siempre.
Nota introductoria: Durante la elección presidencial de 2016, el DSA respaldó a Bernie Sanders en las elecciones primarias del Partido Demócrata. Mientras dejaron claro que el programa de Sanders, inspirado por el “New Deal”, no cumplía el objetivo socialista de posesión social de la economía, el DSA consideró a su campaña como un acontecimiento positivo en el contexto de la política Norteamericana contemporánea. Sin embargo, Sanders decepcionó y defraudó a los militantes de DSA cuando sucumbió a la candidatura de Joe Biden en 2020.
«Nuestra respuesta a la elección de Donald Trump»
«Entendemos el trabajo que nos espera: construir un nuevo partido para la clase obrera»
(DSA), en una declaración fechada el 8 de noviembre) que reproducimos íntegramente.
No hay que equivocarse: Donald Trump ha sido elegido presidente a causa de la incapacidad del establishment del Partido Demócrata para presentar una alternativa creíble frente a la derecha. Durante decenios, se han inclinado ante los multimillonarios, han librado sus guerras, separado a millones de inmigrantes de sus familias, y han mostrado una total falta de compromiso en mejorar la calidad de vida de los trabajadores. En su campaña, Kamala Harris ha defendido el papel de su administración en el genocidio en Gaza y se ha aproximado a los republicanos, abandonando a la comunidad árabe y musulmana, así como a la base progresista que ayudó a llevar a los demócratas al poder. He aquí el resultado, cuyo precio pagará la clase obrera internacional.
Trump no es una solución a los problemas de la clase obrera. Un segundo mandato de Trump representará enormes desafíos para nuestros derechos democráticos ya debilitados y atizará el fuego del sectarismo, de la división, del autoritarismo y de la sumisión a las grandes empresas, haciendo posible que prosperen las tendencias fascistas, pero el combate por un mundo mejor no se ganará ni se perderá simplemente con unas elecciones.
Es comprensible sentir miedo ante el programa de odio de Trump, pero el mejor medio para vencer es demostrar valentía y solidaridad. Nosotros encontramos nuestra inspiración en los socialistas y comunistas de todo el mundo y en las generaciones que se han mantenido inquebrantables, incluso frente a las guerras mundiales, a las dictaduras, a la represión violenta y a las crisis económicas. Muchas de las mayores victorias de la izquierda se han logrado en esas condiciones.
Entendemos el trabajo que nos espera: construir un nuevo partido para la clase obrera. Integrar nuevas comunidades en la lucha de clases. Unirnos con los movimientos populares en torno a un conjunto de reivindicaciones comunes para todo lo que merecen los trabajadores.
Encontrar puntos de apoyo contra la clase dirigente, en particular organizándonos para la huelga e interrumpiendo el curso normal de los negocios mediante la desobediencia civil. Hacer campaña para que salgan elegidos socialistas a todos los niveles de gobierno. Preparar un candidato de izquierda creíble para las presidenciales de 2028.
Los socialistas ganan ya allí donde los demócratas han fracasado. La diputada Rashida Tlaib, miembro de DSA y ferviente defensora de la liberación de Palestina, ha ganado con holgura en su distrito cuando la misma Harris sufría una gran derrota entre esos mismos electores.
En los estados conservadores, Gabriel Sánchez ha logrado un escaño como primer socialista de la asamblea del estado de Georgia, y JP Lyninger se ha convertido en el primer socialista en el Ayuntamiento de Louisville, en Kentucky. Aunque los republicanos hayan progresado, los candidatos DSA han logrado victorias en todo el país.
Nos alzamos y exigimos: ¡no a la prohibición del aborto, no al genocidio, no a las deportaciones!
Os necesitamos en este combate. DSA es una organización en la que podemos unirnos para organizar campañas encaminadas a mejorar nuestras vidas, apoyarnos unos a otros en los momentos difíciles, estudiar las estrategias y la historia, y tomar decisiones de manera democrática.
No atraveséis solos los cuatro próximos años. Uníos a DSA».
La representante Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York) habla durante la Convención Nacional Demócrata el lunes 19 de agosto de 2024 en Chicago. [AP Photo/J. Scott Applewhite]
Toma este breve artículo, de crítica y denuncia, el título de la obra “Por España contra el Rey”, del genial escritor valenciano Blasco Ibáñez (1867-1928), autor de “Cañas y barro” fundador del periódico “El pueblo”, que sobrevivió a su muerte, editado en Valencia con el subtítulo de “Diario republicano de la mañana”.
El diario “El pueblo”, desde su fundación por Blasco Ibáñez hasta su último número en 1939, incautado por la Falange, trató de aunar siempre, desde su primer número, a todas las fuerzas antimonárquicas, tratando fraternalmente a todo aquel que se identificara como republicano.
Autor de obras universales, tales como “La barraca”, “Una nación secuestrada”y “Los cuatro jinetes del apocalipsis”, publicada esta última en 1916, en pleno horror de la Gran Guerra, en donde la muerte y la desolación cabalgaron por primera vez, a una escala nunca vista, en una Europa devastada.
A juicio de no pocos analistas existe un riesgo cierto de que se repita por tercera vez una Gran Guerra. Son múltiples la señales que la anuncian: la guerra proxy de los USA contra la Federación de Rusia, utilizando a Ucrania como cebo; el genocidio que el gobierno sionista de Netanyahu está perpetrando en los territorios históricos del pueblo palestino, con imágenes diarias de un horror difícil de soportar sin sentir nauseas; además de otras numerosas regiones del planeta, incendiadas por Occidente y castigadas por los espantosos males que, irracionalmente, la especie humana se inflige a sí misma.
Rusia, gobernada por un régimen no menos oligárquico, alienante y criminal que el capitalismo global de Occidente, es una potencia nuclear de primera magnitud, con el consiguiente riesgo de una respuesta suicida al humillante cerco de la OTAN, que arrasaría países que, como España, tienen bases militares estratégicas de los USA instaladas en su territorio.
Siendo Rusia el país más extenso de la Tierra es obvio que no aceptará ver amenazada su supervivencia por la entrada de Ucrania en la OTAN, o la instalación junto a su frontera de misiles que porten armas nucleares, con tiempos de vuelo hacia Moscú de escasos minutos, que neutralizarían toda posibilidad de una respuesta efectiva.
Guerra de Ucrania apoyada irresponsablemente por Felipe VI. Un rey cuya persona es inviolable, aunque delinca. Un rey que mantiene secuestrada esta “democracia modélica” del Reino de España; en realidad un reino heredado de Franco, “atado y bien atado” mediante la falsa ley de Amnistía de 1977, una ley electoral preconstitucional y su candado constitucional. Lo que impone de hecho un nuevo bipartidismo en esta segunda restauración borbónica, análogo al turnismo de Cánovas y Sagasta a finales del siglo XIX, fundamentados en el poder de las oligarquías y el caciquismo.
La reciente tragedia en el levante español, causada por el cambio climático y la tradicional corrupción urbanística, agravada por evidentes negligencias, han provocado un aterrador balance de muertos y heridos, incluida una gigantesca devastación, nunca vistos.
Tras el desplome de agua, cañas, y barro por el barranco del Poyo, con su rastro de muerte y desolación, se ha escenificado, con seis días de retraso, una indignante comitiva real a la zona cero de la tragedia.
Un postureo real, o quizás algo más, que ha entorpecido, en un escenario dantesco, las tareas de rescate de cadáveres y de limpieza, acabando la farsa como el rosario de la aurora.
Farsa promovida por una iniciativa del rey Felipe VI, ansioso por limpiar la imagen de su corona, en otro intento oportunista de proyectar un perfil de “rey salvador”, análogo a su discurso a la Nación televisado en directo por TVE, retransmito en directo por todas las cadenas el 3 de octubre de 2017, de funesta memoria en los Països Catalans.
Esta segunda debacle de Felipe VI ha sido un burdo intento de limpiar y de afianzar su corona, análoga a la actuación de Juan Carlos I durante el autogolpe del 23-F de 1981; un Borbón “rey salvador” que, además de defraudar a la Hacienda pública, ha trasladado su domicilio fiscal a Abu Dabi, poniendo a buen recaudo su oculta fortuna familiar.
Alguien debería aclarar el porqué de tan burda comedia, además de identificar quién o quiénes han movido los hilos de una tramoya tan inquietante.
¿Fue una decisión del Rey Felipe VI? ¿Entonces, por qué tardó seis días en aparecer en Paiporta, la zona cero de la tragedia? ¿Fue casual la agresión al Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, que acompañaba al Rey? ¿Por qué el Rey se quedó allí tras la evacuación del Presidente Sánchez, y no abandonó inmediatamente el lugar? ¿Por qué Felipe VI no prestó tampoco la menor atención a la Reina Leticia, embarrada y desamparada? ¿Acaso sabían ciertos servicios del Estado que la violencia iba a ir dirigida exclusivamente contra el Presidente del Gobierno de España y la Reina Leticia, y no contra el Rey? ¿Fue casual? ¿Fue planeado? ¿Con qué finalidad? ¿Fue una actitud “valerosa” la del Rey y “cobarde” la del Presidente? ¿Hubo una conspiración para agredir al Presidente del Gobierno de España forzando su evacuación? ¿Se buscó dar una falsa apariencia de “huida precipitada” del Presidente Sánchez? ¿Por qué medios afines a la monarquía apoyan la imagen de un “Rey salvador”, que nadie ha votado, protagonista de una comedia tan burda, y, en cambio, enfangan la del legítimo Presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, votado en las urnas?
La cruda realidad es que la juventud trabajadora está siendo enviada a despedazarse y morir en las trincheras, a ambos lados de los frentes de batalla entre Oriente y Occidente, mientras los oligarcas promotores de guerras, siguen acrecentando sus beneficios a costa de los muertos de la clase trabajadora: nuestros muertos.
En la primera entrega de “Cuando solo con educación ya no es suficiente: la importancia de la acción sociopolítica para romper con la «Deseducación», publicado en Tribuna Socialista nº 157 el 30 de agosto pasado, relacionada con el libro “La (des) educación” (Noam Chomsky), fueron analizados dos de los factores necesarios para frenar el deterioro del sistema educativo público: en primer lugar, desenmascarar la “educación para la libertad” que falsamente reivindican diversos gobiernos por todo el mundo, y en segundo lugar, vincular más estrechamente “la democracia yla educación”. En esta segunda y última entrega, trataremos tres factores más a los que, según Chomsky, debemos prestar atención para comprender el deterioro actual de la Educación: “el arte de la maquinación histórica”, “la democracia en el sistema neoliberal” y “la pedagogía de la mentira”.
Vivimos tiempos en los que cada vez ejercen más influencia los medios de comunicación y las redes sociales sobre la forma de interpretar el mundo de los más jóvenes (y ya no tan jóvenes). No obstante, la opinión acerca de los hechos inmediatos que nos rodean ha sido manipulada de forma interesada desde que el mundo es mundo. Esto es lo que Chomsky define como “el arte de la manipulación histórica” entendido como: la vocación de maquinar planes que dirijan el curso de la historia de forma interesada. Uno de los planes encubiertos y conscientemente instaurados a través de las políticas neoliberales es la desinversión en la educación pública, favoreciendo con ello al sector privado. Esta desinversión va ligada a la idea de que la educación debe basarse simplemente en la transmisión de conocimientos y que debe centrarse exclusivamente en la formación académica del sujeto (y no en la formación integral del individuo y la sociedad).
Las políticas neoliberales promueven la desinversión en la educación pública para que no existen mecanismos de formación integral de los individuos y de la sociedad
Siguiendo este razonamiento no importaría quien desarrolle dicha acción educativa, pudiendo ser incluso privatizado el servicio. El caso madrileño es particularmente paradigmático, presentándose al mundo como “un modelo educativo caracterizado por la calidad y la libertad”. En este sentido, podemos encontrar diversas notas de prensa y comunicados en los que, según la Comunidad de Madrid: “se defiende la igualdad de oportunidades con la entrega de los cheques bachillerato”. De la misma forma, otras medidas similares son el mal llamado “cheque guardería” y la “libertad de elección de centro educativo”. De esta forma, la Comunidad de Madrid considera que su modelo educativo: “promueve una sociedad de personas libres e iguales construida desde la escuela, no con adoctrinamiento como hacen las izquierdas y los nacionalistas”. También el gobierno regional se muestra orgulloso su “récord histórico en becas” en las etapas anteriormente señaladas. Por último, en el ámbito de la educación superior la propia comunidad se mostraba orgullosa de su gestión en enero de 2024: “la Comunidad de Madrid invierte más de 73,5 millones para que las universidades públicas sigan mejorando su actividad educativa”.
De la situación anteriormente descrita por el gobierno regional, la ciudadanía podría interpretar (e interpreta en muchos casos) que el sistema educativo madrileño funciona de una forma idónea y que entre sus principales intereses está lograr la igualdad de oportunidades. Sin embargo, es preciso que incorporemos los dos últimos factores aportados por Chomsky para comprender las causas de los retrocesos de los sistemas educativos en las últimas décadas: “la democracia de mercado en el sistema neoliberal” y “la pedagogía de las mentiras”. Ambos factores operan de una forma entrelazada. En primer lugar, mediante la imposición de medidas neoliberales, caracterizadas por el favorecimiento del sistema educativo privado y concertado, disfrazadas como beneficiosas para la ciudadanía. En segundo lugar, transmitirlas a la población a través de mecanismos pedagógicos concretos cuyo eje central es la mentira o las “medias verdades”, pero comunicado a la ciudadanía de tal forma que pudiera parecer incluso democrático. Esta forma de operar lleva a una buena parte de la ciudadanía incluso a justificar estas decisiones políticas, percibiéndolas como legítimas.
Sin embargo, cuando confrontamos las medidas anteriormente citadas con los datos objetivos podemos encontrar evidencias que confrontan a esa “pedagogía de la mentira” de la que habla Chomsky. Según la propia Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (Datos y Cifras de la Educación 2023-2024), casi la mitad de los centros educativos son de carácter no público (15.6% concertados y 29.4% privados) y solo el 55% tienen titularidad pública. Estas cifras son más graves aún si las analizamos por etapas, siendo las más afectadas la educación infantil y la educación superior (ambas no obligatorias, pero imprescindibles para la igualdad de oportunidades en la formación personal y profesional).
En la etapa de educación infantil, de los 1224 centros que ofrece la comunidad la titularidad solo es pública para 511 de sus centros, siendo de titularidad no pública el 58,25% restante (668 privados y 45 concertados). Solo en la ciudad de Madrid, el pasado curso quedaron fuera de las escuelas infantiles públicas el 78% de los solicitantes. La formación profesional (FP) es otra de las víctimas de la clara política de privatización, con una cantidad de profesorado y centros menor a la necesaria actualmente. Prueba de ello es que según denuncia CCOO, en el actual curso más de 48.000 estudiantes madrileños se han quedado sin plaza de FP, lo que supone un 52% de los solicitantes. El ámbito universitario no es ajeno tampoco a esta prioridad por privatizar la educación, contando con 6 universidades públicas cuya financiación es deficiente desde finales de la crisis de 2008 y con 13 de universidades privadas (acumulando los mismos campus privados que Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía juntas). Al analizar la situación de las universidades públicas madrileñas nos encontramos con la mayor brecha de inversión por estudiante entre los campus públicos y privados de toda España (Fundación Conocimiento y Desarrollo – Ministerio de Universidades, 2024): actualmente solo se invierten 6.005 € por alumno (siendo hasta el triple en las universidades privadas del entorno), cuando la media en las universidades públicas españolas está en los 8.091 €. Estos datos nos permiten concluir que se trata de una de las comunidades autónomas con una menor inversión por estudiante y paradigmáticamente con las tasas más altas de matriculación por estudiante).
La comunidad de Madrid es de las comunidades con menor inversión por estudiante
Se podrían aportar muchos más datos para “matar” el relato de la “pedagogía de la mentira”, pero estos son solo algunos de los hechos objetivos que nos ayudan a entender la situación actual del sistema educativo público en Madrid y España. Ante tales mecanismos políticos, usados frecuentemente para desmantelar la educación pública, es necesaria la búsqueda de una “pedagogía de la verdad” que ejerza la necesaria función de contrapoder. Esta pedagogía se ha de ejercer desde el ámbito educativo, pero sobre todo a través de la implicación sociopolítica de la ciudadanía y sus representantes políticos.
La pedagogía de la verdad se ha de ejercer desde el ámbito educativo a través de la implicación sociopolítica de la ciudadanía y sus representantes políticos
La “democracia de mercado del sistema neoliberal” de la que hablaba Chomsky está siendo aplicada con cada vez más frecuencia al sistema educativo: la privatización educativa a través de los centros concertados (muchos de ellos religiosos) y privados, el reparto de cheques para compensar las carencias de inversión en un sistema público que a todas luces no da respuesta a las necesidades actuales del alumnado y sus familias, la aprobación desde las comunidades autónomas de nuevos campus universitarios privados con informes desfavorables de la Conferencia General de Política Universitaria, entre otros. Todo ello atenta contra el derecho fundamental de acceso al sistema educativo público (en todas sus etapas), principal mecanismo democratizador y promotor del caído en desuso “ascensor social”.
Hace pocos días nos encontrábamos con una nueva decisión política sobre el ámbito educativo, esta vez por parte del gobierno central: “El Gobierno va a aumentar los fondos que recibe la educación concertada”. Se trata de una medida negativa que nuevamente va en la línea que hemos tratado en estos artículos y a la que debemos prestar mucha atención. Nuestro sistema educativo público cada vez se debilita más, siendo más frágil e incapaz de afrontar los desafíos actuales y futuros. La ciudadanía se construye a través de la educación, desarrollándose así las sociedades del futuro que darán respuesta a los problemas y retos que tenemos por delante.
La ampliación de fondos para la edcación concertada anunciada por el Gobierno es una medida negativa en tanto que debilita aún más la educación pública
La educación privada y/o concertada (con afiliación católica en muchos casos) parte de intereses económicos, políticos y socio-culturales diferentes a los que ha de perseguir una educación pública de calidad, esto es: laica, fundamentada en la búsqueda de la justicia social, la inclusión y la atención a la diversidad. Ello solo se puede conseguir a través de centros educativos públicos y no con la derivación constante y deliberada a centros concertados o privados a través de cheques y subvenciones que no hacen más que aumentar la brecha y segregación entre el alumnado.
La educación privada y concertada parte de intereres económicos, políticos y socio-culturales diferentes a los que ha de perseguir la educación pública
Las competencias educativas cedidas a las comunidades autónomas no deben impedir garantizar desde el Estado una educación pública de calidad en todo el país. Por tanto, urge garantizar el acceso, en igualdad de oportunidades, a la educación para que así sea posible contribuir desde el sistema público a todos los desafíos que las sociedades futuras afrontan. De lo contrario, en los próximos años podríamos retroceder en relación a los avances sociales y formativos conquistados en las últimas décadas.
*Las citas del texto han sido extraídas a partir de la traducción del título original: Chomsky, N. (2001). Chomsky on miseducation. Rowman & Littlefiel. Libro traducido (Gonzalo, G. Djembe, 2001): Chomsky, N. (2016). La (des) educación). Editorial Planeta.
En el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de octubre de 2024, en el apartado “El mercado inmobiliario en España”, se destaca la aceleración del aumento de los precios de las viviendas en 2024, sobre todo en las viviendas de nueva construcción. En el Informe se considera que los principales factores explicativos del aumento citado son el elevado ritmo de creación neta de hogares, el creciente volumen de viviendas adquiridas por no residentes y el uso creciente de las viviendas como de uso turístico, lo que reduce la oferta de viviendas de alquiler permanente.
El número de hogares existente en España se mide ahora por medio de la Estadística Continua de Población, elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con frecuencia trimestral. En dicha publicación se recoge información, entre otras magnitudes, sobre la población residente en España, total y en viviendas familiares, hogares y migraciones. El INE define al hogar como “grupo humano formado por una o varias personas que residen habitualmente en una vivienda familiar todo el año o la mayor parte del mismo”.
Se echa en falta que entre los objetivos de la política de vivienda aparezca el número de hogares que van a beneficiarse de las actuaciones que se van a emprender
Se advierte la relevancia del hogar como variable determinante no solo de las compras de viviendas, sino también sobre la demanda de bienes de consumo duradero. Se echa en falta que entre los objetivos de la política de vivienda aparezca el número de hogares que van a beneficiarse de las actuaciones que se van a emprender.
La fuente básica de información del INE para estimar de forma continuada la población y el número de hogares de España es el Padrón Municipal de Población. Los últimos datos publicados de la Encuesta de Población citada corresponden a 1 de octubre de 2024, fecha en la cual la población residente en España ascendía a 48,9 millones de habitantes y la residente en viviendas familiares se elevaba a 48,6 millones. El número de hogares en la fecha citada se situaba en 19,4 millones (datos provisionales). Como se dice en los medios de comunicación al comentar los datos de empleo, nunca había tenido España una población próxima a los 50 millones de habitantes.
Desde 2021 se ha acelerado el aumento de la población de España. Así, entre 2021 y 2024 la población ha crecido en 1,6 millones de habitantes. Los extranjeros explican el 86,7% de dicho aumento y el 13,3% restante corresponde a la población española. Los nacidos en el extranjero cubren más del 100% del crecimiento de la población, pues ha habido más defunciones que nacimientos en el caso de la población nacida en España después de 2020. El aumento de la población se ha desacelerado en 2024 respecto de los dos años precedentes.
En cuanto al número de hogares, entre 2021 y 2024 se ha duplicado el ritmo de aumento anual correspondiente respecto del periodo 2013-2020, según la Estadística Continua de la Población. El aumento neto medio anual del número de hogares en el periodo 2021-2023 ha sido superior a los 259.000, previéndose para 2024 una desaceleración que dejaría el aumento neto de los hogares en este ejercicio en 145.900.
El que el crecimiento del número de hogares tenga lugar básicamente a partir de la población inmigrante tiene una repercusión clara sobre el mercado de vivienda. Se trata de un aumento de aluvión, que necesita más viviendas que cuando el aumento poblacional equivalente se deriva del crecimiento demográfico. La población extranjera procedente de países de fuera de la eurozona busca viviendas de alquiler asequibles, como lo indica el que el 73% de los hogares extranjeros resida en viviendas de alquiler, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Hay una parte de la inmigración que reside en España de forma habitual y que suele tener un nivel de ingresos superior a la media y que, con frecuencia, compra viviendas sin necesidad del crédito hipotecario.
La construcción de nuevas viviendas debe concentrarse en aquellas cuyo precio de alquiler resulte asequible a los hogares con reducidos niveles de ingresos
En 2024, la desaceleración del aumento del número de hogares ha sido más acusada que la de la población hasta el tercer trimestre de este año. Abundan las declaraciones en las que se compara el ritmo de creación de hogares con el ritmo de aumento del parque de vivienda. Las viviendas de nueva construcción terminadas en el periodo 2021-2023 han estado por debajo de 90.000 al año, lejos del aumento del número de hogares en el mismo periodo. Teniendo en cuenta que el aumento de los hogares se deriva sobre todo de la población inmigrante que viene a trabajar a España, resulta evidente que es importante aumentar el ritmo de construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, dicho aumento debe de concentrarse en viviendas cuyo precio de alquiler resulte asequible a los hogares con reducidos niveles de ingresos.
“La idea de que hacer más casas no provoca bajadas de precios, sino que incluso suele tener el efecto inverso puede corroborarse con la experiencia. Nuestro modelo de oleadas hace que el sector se caliente con la expectativa. Cuando hay grúas es que hay fiesta y suben los precios, que solo se corrigen tras los estallidos. La cuestión es que una vivienda no es un pimiento, una vivienda es más cosas, por ejemplo, una hucha y es también un activo financiero” (Jorge Dioni López, “Las casas no son pimientos”, El País, 8 de mayo de 2024) Los mayores aumentos de precios de la vivienda en España han tenido lugar en las etapas en las que fue mayor el ritmo de construcción de nuevas viviendas.
En el mercado de vivienda la oferta de nuevas viviendas es muy rígida a corto plazo, pero no es así a largo plazo. En los ocho primeros meses de 2024 el número de viviendas iniciadas creció en un 16,8% sobre el mismo periodo de 2023. Esto último implica que la construcción de nuevas viviendas se puede colocar en breve en unas 150.000 viviendas iniciadas al año. La política de vivienda tiene que actuar canalizando la construcción de nuevas viviendas hacia el componente más vulnerable de la demanda pendiente y no en fomentar de forma indiscriminada la construcción de nuevas viviendas.
Julio Rodríguez López
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE.
El espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid ha enviado al presidente del Gobierno la carta que reproducimos íntegramente. Este espacio vecinal tiene pendiente una reunión con la Ministra de Sanidad, que estaba fechada para el 25 de octubre y anulada ese mismo día por parte del Ministerio, en la que se la expondrán 26 posicionamientos y propuestas, entre ellas la derogación de la Ley 15/97. También está decidido el envío de una carta a la Ministra de Seguridad Social, rechazando el acuerdo interconfederal, alcanzado el pasado mes de septiembre con patronal y sindicatos, por el que la Sanidad Pública derivará a las Mutuas patronales las bajas traumatológicas cuando la Sanidad esté saturada, es decir, siempre.
El espacio que organiza las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, solicitó hace ya meses una reunión con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de quien no se ha obtenido respuesta.
Roberto Tornamira Participa en el espacio VV ByP de Madrid en representación de Nudo Sur
Complejo de la Moncloa
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno
Avenida de Puerta de Hierro, S/N
28071 Madrid
11 de Noviembre de 2024
Sr. Presidente:
Nos dirigimos a usted desde el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, espacio que agrupa a los colectivos vecinales que impulsaron las grandes manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública de los años 2022 y 2023, organizados en asociaciones y plataformas de la práctica totalidad de la geografía de esta comunidad autónoma.
Llevamos años luchando y movilizándonos por la Sanidad Pública, servicio esencial que, como bien sabe, está sufriendo un deterioro galopante en todas las comunidades, pero con un plus destructivo en la de Madrid. Los dos ejes fundamentales que provocan este deterioro paulatino son: la privatización y los recortes económicos aplicados a los servicios públicos y, por ende, a la Sanidad Pública, derivados de la deuda acumulada en la crisis financiera del 2008.
El recorte económico repercute en la calidad del empleo de las y los profesionales sanitarios, así como en su número y en los medios a su disposición. Fruto de esta situación, el número de estas y estos profesionales que, después de recibir una excelente formación financiada con los impuestos de todos, se ven obligados a marchar a países de nuestro entorno en busca de un empleo digno, va en aumento.
Entendemos que no es preciso mencionarle las nocivas consecuencias que esto está teniendo para la ciudadanía, en forma de listas de espera, ausencia de facultativos en las urgencias extrahospitalarias, saturación de las hospitalarias, centros de salud sin pediatra, centros de salud con mínimo personal…
El 27 de septiembre de 2011 se publicó en el BOE la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Concretamente, en su punto 3 se lee: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA». Es decir, en nombre de la «estabilidad presupuestaria» y la «consolidación fiscal», se subordina, literalmente, cualquier gasto social, incluida la Sanidad Pública, al pago de la deuda y sus intereses.
Quienes llevaron a cabo esta reforma en 2011 argumentaron que era un imperativo producto de la crisis económica que sufrimos en aquellos años. El tiempo ha demostrado que aquellas políticas de recortes que derivaron de esa reforma fueron un fracaso. Usted mismo ya señaló en noviembre de 2014 que «aquella reforma fue un error».
La Sanidad Pública necesita un plan de choque, que entre otras medidas que haremos llegar a la ministra de Sanidad, debería contemplar un presupuesto finalista, es decir, dotaciones presupuestarias para cubrir los déficits que se han generado en las distintas comunidades autónomas, por el abandono progresivo de lo público en manos de las empresas privadas y fondos buitre que estrangulan la sanidad y todos los servicios públicos. Si no se destinan a cubrir esos déficits, no se reciben.
Consideramos que el bienestar de las personas y el derecho a la protección de la salud que recoge el artículo 43 de la Constitución, es uno de los más importantes y es responsabilidad del Estado, por tanto, de su gobierno y suya, tomar las medidas para evitar las consecuencias negativas que tiene en la población el deterioro de la Sanidad Pública.
Hay entidades muy solventes, como la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, que hablan de que una parte de la deuda a la que hemos de hacer frente y cuyo pago es prioritario por mandato del artículo 135, es DEUDA ILEGÍTIMA y creemos que este aspecto debe ser contemplado por su gobierno. El dinero destinado a pagar esa deuda ilegítima se podría destinar a mejorar los servicios públicos y conseguir una Sanidad Pública de Calidad y Universal.
Por todo lo anterior, le pedimos que usted y su gobierno tomen en consideración abrir el debate en el Congreso de los Diputados para la derogación del artículo 135.3 de la Constitución y que, en la misma reforma, el precepto que establece el artículo 43, el derecho a la salud, pase a formar parte del Título I (De los derechos y deberes fundamentales), concretamente en la Sección 1ª de su Capítulo Segundo. Esto último, sería un gran paso de credibilidad hacia el blindaje constitucional de la salud.
Quedamos a su entera disposición y a la de los miembros de su Gabinete y del Gobierno para abordar y ahondar en cualquier cuestión relativa a las peticiones y propuestas realizadas.
Muchas gracias por su tiempo.
A la espera de su respuesta, reciba un atento saludo de
VECINAS Y VECINOS DE LOS BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID
Carta de la Asamblea de afiliadas y afiliaos de la Agrupación de Retiro PSOE-M al Comité Organizador del 41º Congreso del PSOE
Compañeros/as: Santos Cerdán León (presidente); María Jesús Montero Cuadrado (Coordinadora Adjunta), Esther Peña Camarero (Portavoz). Vocales: Juan Francisco Serrano Martínez, Ana María Fuentes Pacheco, Francisco Salazar Rodríguez, Emma López Araujo, Ion Antolín Llorente y Eladio Garzón Serrano.
Compañeros/as:
Según se puede leer en la Ponencia Marco en su punto 378: “El PSOE mejora cuando los militantes se sienten partícipes de sus decisiones y por ello abrimos las casas del pueblo y sus asambleas; ponemos la elección de los órganos internos y candidatos a decisión del voto de la militancia y facilitamos la relación entre los responsables públicos y orgánicos con las personas. Un ejemplo de ello ha sido la puesta en marcha del portal de las agrupaciones, que ha agilizado la comunicación y el trasvase de información con ellas. Si logramos estar tan conectados con cada rincón del país es porque reforzamos el papel de las agrupaciones y de cada militante, nuestro mayor capital”.
Coincidiendo con el espíritu que emana el texto, queremos mostrar nuestra disconformidad con el calendario establecido para la presentación de enmiendas por parte de la militancia.
Es muy contradictorio insistir, congreso, tras congreso, que el PSOE es el partido de los militantes, y restringir el tiempo para que estos mismos afiliados y afiliadas puedan aportar sus reflexiones a la Ponencia Marco.
Es de una obviedad aplastante que el margen temporal para poder leer, interiorizar y debatir en las agrupaciones no solo es insuficiente, sino prácticamente imposible. Tengamos en cuenta que la recepción de la Ponencia Marco a toda su afiliación se produjo el día 5 de noviembre, y como fecha máxima deben enviarse las enmiendas el día 9, sin olvidar que previamente deben convocarse las asambleas para su aprobación.
Este calendario habla por sí solo, por lo que parece obvio que el tiempo concedido a los/las militantes no permite ni la participación, ni motiva a los mismos a hacerlo, al contrario, parece ilustrar que se trata de una Ponencia blindada elaborada concienzudamente y por un Comité de expertos, que la militancia debe asumir por responsabilidad.
No ponemos en duda el trabajo realizado en la Ponencia, pero sí creemos que nuestro partido mejora cuando sus afiliados/as se sienten partícipes de sus decisiones, debemos rechazar cualquier proceso que limite el debate interno y la participación de sus afiliados/as. Salvo que queramos que “el partido de los militantes” sea una bonita frase, pero vacía de contenido.
Saludos socialistas
Carta aprobada por unanimidad por la asamblea de la Agrupación Socialista de Retiro.
Referencias al federalismo en la ponencia base del 41º congreso del PSOE
En el TS 158, Eduardo Hernández y Baltasar Santos, publicábamos en esta misma sección un artículo sobre federalismo: https://wordpress.com/post/tribunasocialista.com/5064 En él hacíamos un recorrido histórico del federalismo en nuestro país, y llamábamos la atención sobre la necesidad de avanzar en el federalismo, evitando el dumping fiscal y la deslealtad entre autonomías; la necesidad de avanzar en un modelo de financiación más justo; y la necesidad de avanzar en un modelo de país en el que se garanticen los derechos sociales y los servicios públicos. La ponencia base del 41º congreso del PSOE sitúa esos mismos temas en el texto. Analizamos
“Una España cohesionada en la diversidad
(…) España aún tiene mucho que hacer para convertirse en ese país territorialmente justo y cohesionado con el que soñamos todos y todas las socialistas.
Destacan cuatro grandes desafíos de aquí al 2030.
El primero y más urgente es lograr un sistema de financiación autonómica que sea más justo y sostenible. Cada reforma ha incrementado los recursos disponibles para todas las Comunidades Autónomas, ha profundizado en su autogobierno, ha mejorado la corresponsabilidad fiscal, y ha garantizado la solidaridad. Sin embargo, este modelo sigue presentando deficiencias en términos de equidad y eficiencia que deben ser corregidas. Persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado, lo que genera una redistribución donde las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal acaban recibiendo menos recursos que otros territorios.
Además, el sistema actual tiene una fuerte descentralización del gasto, pero una corresponsabilidad limitada en los ingresos, lo que desincentiva una gestión tributaria responsable y permite que algunos gobiernos autonómicos jueguen al populismo fiscal, practicando el dumping y bajando los impuestos a sus élites económicas mientras solicitan más fondos al Gobierno central. Por último, el actual sistema tampoco resuelve adecuadamente el problema de las singularidades territoriales, y nos impide recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas realidades demográficas y climáticas, que exigen mayores niveles de inversión en servicios básicos e infraestructuras.
El segundo desafío al que nos enfrentamos es profundizar la cohesión económica y social del territorio. La apertura comercial y la integración del Mercado Único europeo han permitido a las regiones y ciudades capitales explotar sus ventajas competitivas, mientras que los territorios menos industrializados y densamente poblados han comenzado a quedarse rezagados. Esta dinámica –que se da en toda Europa– ha generado la paradoja de que, mientras los Estados miembros han seguido un proceso de convergencia, internamente las diferencias entre Comunidades Autónomas han aumentado. Si queremos ser un país verdaderamente cohesionado que saca lo mejor de sí mismo y que trata a todos sus ciudadanos y ciudadanas por igual, tendremos que ser capaces de corregir esta tendencia y alcanzar un mejor equilibrio territorial. Para lograrlo, tendremos que ahondar en el proceso de federalización del Estado.
España es un caso de éxito en su proceso de descentralización. En muy poco tiempo, hemos pasado de ser un Estado fuertemente centralizado a ser considerado un país casi federal. Sin embargo, quedan pendientes de desarrollar herramientas federales de coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales que mejoren el funcionamiento de nuestro modelo territorial, la co-gobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos. Es necesario mejorar la claridad del reparto competencial, el papel del Senado como cámara de representación territorial, o institucionalizar las relaciones entre comunidades autónomas. No es razonable, por ejemplo, que pacientes graves tengan que trasladarse cientos de kilómetros para recibir un tratamiento, cuando pueden hacerlo más cerca en la comunidad autónoma vecina.
Objetivos y medidas
Para responder a los desafíos mencionados, los y las socialistas pensamos que España debe avanzar en esa federalización justa y solidaria que recoge la Declaración de Granada y construir un modelo autonómico más descentralizado y con mayor capacidad de integrar su diversidad.
Reducir a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado que recibe cada CCAA del sistema de financiación en el marco del nuevo modelo que se acuerde (hoy, la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada es del 30%).
Impulsar la convergencia de la renta per cápita entre todas las CCAA.
Estos objetivos son ambiciosos, pero podemos alcanzarlos si seguimos avanzando por la senda de los últimos años, redoblamos nuestra ambición y actuamos en tres frentes prioritarios.
I. Reforma de los Sistemas de Financiación Autonómica y Local.
Impulsaremos una reforma del sistema de financiación autonómico que 1) aumente los recursos disponibles de todas las Comunidades Autónomas para que todas dispongan de más recursos que en la actualidad; 2) revise la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF; 3) optimice el cálculo de los pagos a cuenta y retenciones de IRPF para que el impacto de las decisiones de las CCAA sea más inmediato; 4) modifique la fórmula de población ajustada para mejorar el cálculo de necesidades y de la capacidad fiscal normativa a competencias homogéneas; 5) negocie un alivio de la deuda pública de las Comunidades Autónomas generada durante la crisis financiera; 6) federalice la dirección de la AEAT para dar más capacidad de decisión a las Comunidades Autónomas y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas; y 7) compatibilice multilateralidad y bilateralidad con un común denominador del sistema perfectamente conciliable con el adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades y el mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal.
Para mejorar la financiación de las Entidades Locales, 8) reequilibraremos los recursos disponibles entre Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos insulares; 9) determinaremos el mapa de sus competencias para mejorar la prestación de los servicios de proximidad; 10) modernizaremos sus fuentes de financiación locales y les dotaremos mayor previsibilidad para la elaboración de sus presupuestos; 11) avanzaremos en su corresponsabilidad fiscal, reduciendo la condicionalidad de sus recursos e incorporando de forma explícita el principio de lealtad institucional, y 12) apoyaremos el uso de inversiones financieramente sostenibles para la ejecución de proyectos de viviendas sociales y asequibles.
II. Impulso de un modelo menos centralista y más solidario, que ayude más a los territorios menos desarrollados. El centro de la Península es un motor clave del crecimiento económico de nuestro país, pero en modo alguno puede o debe ser el único. Los y las socialistas creemos en un país en el que las oportunidades se reparten por todo el territorio y la riqueza se genera de forma descentralizada, colaborativa y transversal, aprovechando las ventajas competitivas de cada Comunidad Autónoma. Por eso, 13) seguiremos usando los Fondos Europeos para generar industria y redinamizar el tejido productivo en todos los territorios más allá de la capital; 14) duplicaremos la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial; y 15) lo convertiremos en un verdadero Fondo de Desarrollo Autonómico, tan ambicioso como los PERTE, que compense la pérdida de fondos estructurales europeos por las Comunidades Autónomas menos desarrolladas, parta del diseño de planes de desarrollo regional holísticos, y adopte la perspectiva de las “políticas basadas en lugares” que recomiendan los principales estudios.
III. Más federalismo, autogobierno y co-gobierno.
Al mismo tiempo, seguiremos avanzando hacia la federalización del Estado 16) mejorando los mecanismos de cooperación vertical y horizontal, definiendo formalmente la Conferencia de Presidentes como órgano director de las actuaciones de co-gobernanza, creando nuevas vías para la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos estatales de su interés, y reforzando las comisiones bilaterales como órgano de resolución de desacuerdos. También 17) apostaremos por reformar el Senado y convertirlo en una Cámara de representación territorial que refleje de forma equilibrada la voluntad de las Comunidades Autónomas; 18) continuaremos transfiriendo competencias a aquellos gobiernos autonómicos que lo soliciten; 19) trabajaremos para actualizar los Estatutos de Autonomía pendientes de reformar; y 20) seguiremos apostando por la protección, el estudio y el uso de las lenguas co-oficiales en todos los ámbitos, dentro y fuera de nuestro territorio.
Si adoptamos estas medidas de aquí a 2030, tendremos una España más descentralizada y cohesionada, capaz de convertir la diversidad de sus territorios en su máxima fortaleza, y de armonizar las particularidades de cada Comunidad Autónoma con el interés colectivo de todas.”
(hasta aquí el texto de la ponencia)
Comentarios al texto de la Ponencia
Coincidiendo con algunos de los aspectos del diagnóstico sobre la situación actual, como el dumping fiscal, las consecuencias negativas de la integración europea para los territorios menos industrializados, o la necesidad de encontrar un sistema de financiación autonómica y local más justo… deberemos plantear algunas cuestiones sobre las que será necesario profundizar:
Defender lo público
La primera de las cuestiones es garantizar que tanto la recaudación de impuestos con una futura agencia tributaria descentralizada sirve al propósito de mejorar los servicios públicos para los ciudadanos, y no una nueva herramienta para bajar impuestos a los más ricos mientras que se privatizan los servicios públicos.
Tenemos experiencias sobradas de utilización indebida del dinero con el que los trabajadores contribuimos al Estado para fines que no son la mejora de los servicios públicos. Por ejemplo:
-La utilización de las cotizaciones a la seguridad social para fines espurios sigue pendiente de auditoría; mientras se duda continuamente de la no sostenibilidad del sistema de pensiones.
– En materia tributaria, hemos asistido a que el margen tributario sobre el que deciden las autonomías es utilizado para bajar impuestos a las rentas más altas y a las empresas, en una práctica conocida como dumping fiscal, mientras se privatizaban o eliminaban servicios públicos. Los casos más sangrantes son la privatización de la sanidad en la comunidad de Madrid (con influencia directa en la muerte de las personas mayores en la residencia), o la eliminación del servicio de emergencias en Valencia, que podría haber salvado decenas de vidas, ante desastres como la DANA.
Los servicios públicos son los garantes de la justicia social, y para su financiación son necesarios los impuestos.
Por tanto, estando de acuerdo en una federalización de la recaudación de impuestos, y en una clarificación de las competencias, no es menos cierto que es necesario garantizar que la gestión de los impuestos debe servir para financiar los servicios que la mayoría social necesita. Por tanto, deben introducirse principios como lealtad institucional y justicia social para que la reforma federal signifique una mejora para los derechos de la ciudadanía.
Defender la industria y los puestos de trabajo
El propio texto de la ponencia base reconoce dos cuestiones básicas:
– Que el mercado único europeo ha traído consecuencias negativas para las regiones menos industrializadas y más densamente pobladas.
– Que los Fondos Europeos se han utilizado para generar industria y redinamizar el tejido productivo, sobre todo en Madrid.
Dicho de otra manera, faltan planes de desarrollo regional que hagan llegar los fondos europeos a todas las regiones. Lo cual requiere una planificación de nuestro tejido productivo, no solo industrial, sino en todos los sectores: el campo, la extracción y el aprovechamiento de las materias primas, el abastecimiento energético, las infraestructuras… y que las inversiones públicas (el texto habla solo de los fondos europeos) se repartan equitativamente por todo el territorio, y déjenme decirlo: que dejen de ser inversiones que las empresas aprovechan para «modernizarse» automatizando procesos y despidiendo a los trabajadores.
Por tanto, una federalización del Estado ciertamente debe incidir en la cohesión territorial vía desarrollo de la actividad económica e industrial de forma coordinada, planificada y equilibrada territorialmente, pero también por la vía de que la inversión pública se dedique a un sistema productivo público que garantice el abastecimiento energético, el desarrollo sostenible y el mantenimiento y creación de empleo digno, bien retribuido y con derechos.
Tribuna Socialista 
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