Mes: diciembre 2025

El objetivo de Trump: acabar con la UE

No era un secreto para ningún observador atento que en la mente simplista de Trump anidaba la animadversión contra la UE, como se ha puesto de manifiesto en este segundo mandato. Malquerencia expuesta sin rubor en numerosas declaraciones humillantes sobre su incapacidad para ser un actor importante en el contexto internacional donde Trump, estimulado por su autoritarismo narcisista, la ningunea cada vez que tiene ocasión dejándola, por ejemplo, fuera de las negociaciones de paz en las guerras expansionistas provocadas por dos sátrapas como él: Putin y Netanyahu.

Animadversión revelada en la nueva Estrategia de Seguridad de Estados Unidos, presentada el pasado día cinco de diciembre, donde la UE es objeto y objetivo de los vaticinios más negros sobre su futuro al señalar que Europa no tendrá economías y ejércitos lo suficientemente fuertes, que la permitan ser un socio fiable. Profecía que complementa con mentiras sobre la existencia de una censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política y, añade el documento, una asfixia regulatoria en el plano económico. Afirmaciones falsas propias del discurso populista disruptivo del que Trump, por deseo propio, es el principal Pope.

Nadie debe sorprenderse de que la ojeriza hacia la UE se haya expuesto de manera pública, lo que lleva a la pregunta sobre el objetivo y por qué de este giro político estratégico en un país tradicional socio y aliado de Europa a la que le unen tantos lazos económicos, culturales, sentimentales y familiares, y que tanto contribuyó a su independencia e integración como nuevo estado en el concierto de las naciones. ¿Cuál es el sentido de este giro estratégico? ¿Qué pretende Trump?

La respuesta surge de inmediato, el sátrapa que habita en el Casablanca tiene en mente una nueva reconfiguración del orden internacional en el que solo otorga capacidad de actuar a dos países a los que les reconoce una influencia global que condiciona su deseo de gobernar el mundo y con los que está obligado a negociar: China y Rusia. En su visión pacata del mundo, el resto de naciones —incluías las emergentes como Brasil, India, Suráfrica o el mismísimo Reino Unido— solo son comparsas que deben plegarse a sus dictados. En este contexto que opera en su mente la excepción es la Unión Europea que es para Trump la mosca cojonera que le recuerda, y simboliza en el mundo, los valores que encarnan la democracia: el equilibrio de poder establecido en tres niveles que deben respetarse—ejecutivo, legislativo y judicial—, los derechos civiles y un estado del bienestar que, con todas sus deficiencias—que todos podemos enumerar—, son un referente ético y moral para el resto de naciones y una aspiración para sus ciudadanos.

Ésta es la razón que subyace y da sentido al giro estratégico en la política de seguridad de Trump con respecto a la UE, porque el modelo de orden social y relaciones con otras naciones que representa interfiere en sus planes de armonizar el marco de las relaciones internacionales con reglas diferentes a las diplomáticas. Nuevas reglas cuyo principio es el poder del más fuerte respaldado por el poderío militar y el económico. Estrategia que ejecuta mediante la presión y el estrangulamiento de la economía de los países que no siguen a rajatabla sus dictados, y convierte las relaciones internacionales en un chantaje que desata el miedo en un buen número de dirigentes políticos de diferentes países, temerosos de que un NO a lo que les pide Trump, pueda tener efectos letales para sus ciudadanos.

Presión y chantaje que Trump y los lacayos de su Gobierno ejercen de manera constante, unas veces de manera abierta y otras de modo sibilino cuando, por ejemplo, el pasado día diez afirmó desde el despacho Oval que Europa va en una mala dirección. Chantaje que le funciona a juzgar por la pléyade de babosos que le bailan el agua y le dicen amen a todo, como el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, al que se le cae la baba cada vez que se reúne con él. O el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se inventó un premio Nobel de la paz del deporte que entregó a Trump en el acto del sorteo de los emparejamientos para el Mundial de Fútbol de 2026, que permitió al narcisista atormentar a una audiencia mundial con un discurso de casi una hora.

Presión que ejerce sobre las naciones con formas e intensidad diferente, evidenciada en la imposición de aranceles a cada país al albur de su criterio. O condicionando elecciones como las recién celebradas en Argentina, para renovar 127 escaños del Parlamento, en las que los votantes dieron la victoria a los partidarios de Milei empujados por el temor a la amenaza de Trump, de que solo les regalaría 20.000 millones de dólares prometidos si ganaban los candidatos del Presidente de la motosierra.

Con la UE la presión tiene por objetivo minar la unidad de acción de los 27 países que la conforman, para lo que cuenta con el apoyo fundamental de la extrema derecha europea y del presidente húngaro Víktor Orban. Quinta columnistas que operan desde dentro de la organización con el objetivo de poner en cuestión su propia existencia. Estrategia que aplican con el método de la tortura psicológica, gota China, martirio que consiste en dejar caer durante horas sobre la frente una gota de agua fría hasta producir eccemas en la piel del torturado e insomnio por ese goteo constante que lleva a la locura.

El goteo permanente que ejerce Trump sobre los europeos consiste en alentar el miedo a un posible conflicto bélico mundial, para obligar a las naciones del paraguas OTAN a rearmarse elevando el gasto militar hasta el 5% de su PIB. Porcentaje surgido de la mente del sátrapa, con el argumento de estar preparados para una guerra ficticia, cuyo objetivo oculto es que ese aumento del gasto derive en la compra de armamento a las empresas norteamericanas.

Junto a la psicológica otra forma de presión es extender a Europa la batalla cultural contra la idea de progreso, la cultura Woke, término que resume los postulados progresistas que detesta la derecha y ultraderecha partidaria de una vuelta al autoritarismo basado en la discriminación del diferente, el enardecimiento del supremacismo de los blancos, y el desmantelamiento de las instituciones que velan por el mantenimiento de los derechos civiles y el mínimo estado del bienestar del que gozan los norteamericanos. Postulados que marcan el camino de una deriva autoritaria cuyo objetivo final es transformar la democracia en una democracia iliberal. Concepto acuñado en 1997 por el politólogo Fareed Zakaria, que describe los regímenes de democracia formal donde se celebran elecciones, pero limitan y erosionan las libertades y el estado de derecho.

Este es el objetivo que empieza a movilizar a la sociedad norteamericana y europea, ante el que no saben cómo reaccionar los gestores de la UE, timoratos hasta ahora en su respuesta a las exigencias de Trump. Reacción lastrada por el sistema de unanimidad que rige en la toma de decisiones, y la quinta columna trumpista que trabaja sin descanso desde dentro para implantar en Europa la filosofía y el régimen MAGA.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y
Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.

Construir ciudadanía para sostener la democracia: el papel de la educación pública

En un contexto caracterizado por el incremento de la desigualdad social, la intensificación de la polarización política y la creciente desafección ciudadana, la democracia afronta un desafío de carácter estructural: su sostenibilidad en el corto y medio plazo. Diversos acontecimientos sociopolíticos recientes, tanto en el ámbito nacional como internacional, evidencian que la mera existencia de instituciones formales y organismos supranacionales resulta insuficiente para garantizar su vitalidad. La experiencia histórica, parafraseando a los clásicos del pensamiento democrático, muestra que las democracias no se sostienen únicamente por sus reglas sino por los sujetos que las transitan. En este sentido, la democracia solo puede mantenerse y transformarse en beneficio de la mayoría social si cuenta con una ciudadanía crítica, comprometida y capaz de identificar las injusticias y actuar frente a ellas. Dicha ciudadanía no emerge de forma espontánea: se construye, en gran medida, a través de la educación pública.

Desde hace décadas, la educación ha sido presentada como un instrumento de movilidad social dentro de los marcos democráticos. No obstante, su función sociopolítica más profunda (y con frecuencia relegada a un segundo plano) es la formación de sujetos democráticos. Educar no implica únicamente la transmisión de conocimientos, sino también la promoción de valores, actitudes y prácticas que hacen posible la vida en común. Hablar de ciudadanía supone, por tanto, abordar cuestiones de justicia social, participación política y reconocimiento de la diversidad. Numerosas investigaciones en el ámbito educativo han demostrado que la justicia social no constituye un concepto abstracto o meramente normativo, sino una representación social que se adquiere, se transforma y se consolida a lo largo de los procesos formativos.

Tal y como hemos observado en diferentes trabajos de investigación123 realizados desde la Universidad Autónoma de Madrid, el papel del profesorado en el desarrollo de una educación orientada a la construcción de una ciudadanía democrática es fundamental. Los resultados evidencian que la formación universitaria del profesorado tiene un impacto significativo en la configuración de representaciones más integrales de la justicia social, especialmente en su dimensión participativa. Este hallazgo resulta especialmente relevante si se considera que el profesorado no se limita a enseñar contenidos disciplinares, sino que también promueve (o inhibe) competencias, valores y prácticas vinculadas al ejercicio de la ciudadanía y a la convivencia democrática.

Asimismo, los datos muestran que una formación docente sólida puede incrementar la importancia otorgada a la participación democrática de toda la comunidad educativa y al compromiso cívico en entornos tanto presenciales como digitales. Este aspecto adquiere especial relevancia en un contexto en el que buena parte del debate público y de la acción política se desplaza hacia las redes sociales y las plataformas digitales. La ciudadanía del siglo XXI es, en gran medida, ciudadanía digital, y la escuela no puede permanecer al margen de este proceso si aspira a formar plenamente a sus futuros ciudadanos y ciudadanas.

Ahora bien, los estudios también advierten sobre la persistencia de determinadas creencias profundamente arraigadas entre el profesorado en formación que dificultan la consolidación de una ciudadanía democrática robusta. Entre ellas destaca la denominada creencia en un mundo justo: un sesgo cognitivo que lleva a pensar que el mundo es un lugar ordenado en el que cada persona recibe lo que merece. Desde esta perspectiva, el éxito suele atribuirse exclusivamente al esfuerzo individual, mientras que las situaciones de sufrimiento o exclusión se interpretan como consecuencia de errores o decisiones personales, pese a la abundante evidencia que demuestra el peso de factores estructurales y contextuales.

Si bien esta creencia puede proporcionar una sensación subjetiva de control y estabilidad, también conlleva importantes riesgos sociales y educativos. En particular, favorece la culpabilización de quienes padecen situaciones de pobreza, dificultades de aprendizaje u otras formas de injusticia, y dificulta el reconocimiento del carácter contingente y estructural de muchas desigualdades. En términos sociopolíticos, estas creencias operan como mecanismos de desmovilización: si la injusticia se percibe como natural o merecida, se diluye la responsabilidad colectiva de transformarla.

En este punto, la educación pública desempeña un papel insustituible. No se trata de adoctrinar, sino de desnaturalizar la desigualdad; de dotar al alumnado (y al profesorado desde su formación inicial) de herramientas críticas que permitan comprender las causas estructurales de la exclusión social e imaginar alternativas democráticas. La pretendida neutralidad educativa frente a la injusticia resulta, en última instancia, ilusoria: o se educa para la igualdad, la participación y el compromiso cívico, o se contribuye, aunque sea de forma involuntaria, a reproducir las desigualdades existentes.

Es urgente invertir desde las universidades públicas en una formación docente crítica, que refuerce la educación para la ciudadanía e integre la justicia social como eje transversal del currículo y reconozca el papel de la escuela como espacio de construcción democrática.

Miguel Albalá y Edgardo Etchezahar
Profesores de la Universidad Autónoma de Madrid

1 https://doi.org/10.3390/su14127096

2 https://doi.org/10.21071/pse.v16i1.16436

3 http://doi.org/10.15405/epsbs.2019.04.02.35

Defender la educación pública

es defender la democracia

Editorial: El liberalismo es un enfermo crónico de privatización

Cuando las sospechas se convierten en evidencia debería ser hora de decisiones políticas y judiciales contundentes. No vale poner paliativos ni parches. No hacerlo deriva en desconfianza y decepción. Esto vale para la corrupción y vale para la privatización; que en no pocas ocasiones van unidas.

Cuando se ha hecho evidente que la Casa Real era un nido de parásitos desenfrenados, no se ha actuado en ningún sentido: ni fiscal, ni judicial, ni político, ni tan siquiera mediático, dando lugar a la naturalización del comisionismo utilizando los cargos públicos. Si lo hace el jefe por qué no los demás.

Ahora se ha hecho evidente que la privatización de la sanidad es una hemorragia de dinero para el erario público, un riesgo para las y los pacientes y casi un axioma de corrupción. Es hora de actuar con contundencia contra esta lacra, derogando las leyes que hacen posible esta perversión: los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86 que establecen los contratos singulares y los conciertos con entidades privadas; y la Ley 15/97 en su totalidad -solo tiene un artículo- que hace posible que cualquier sablista, se haga rico a costa de los impuestos.

Quienes se dedican a distinguir entre privatización y colaboración público-privada mantienen una falacia, pues el crecimiento sostenido del beneficio es un principio al que las empresas no están dispuestas a renunciar. Por ende, lo que eufemísticamente llaman colaboración, no es más que negocio. El caso del Hospital de Torrejón de Ardoz solo tiene la peculiaridad de que un audio escuchemos las consignas dadas por el CEO de Rivera Salud a sus subordinados. Todas las empresas están inspiradas por criterios similares, para alcanzar el objetivo del incremento anual de beneficios. Este criterio es el que lleva a que las campañas de cribados de cáncer, por ejemplo; sean de mama, de cevix, de colon, etc., terminen siendo prácticamente estéticas, sin que las empresas que cobran por realizarlas dediquen los recursos necesarios para que tengan el rigor que deberían. ¿Acaso no cabe pensar que el hecho de que cada año no se tomen medidas preventivas que combatan las gripes estacionales, es una forma de alimentar el negocio por la vía de la saturación de las urgencias hospitalarias? El resultado es el colapso de las urgencias, en muchas ocasiones, con pacientes no adscritos por los que facturan aparte.

El alma liberal…

El problema político que sufrimos es que las empresas no podrían acceder a este gran nicho de negocio, lo público, si no contasen con la colaboración necesaria de una importante parte de la clase política. Hete aquí que esta enfermedad del liberalismo, la privatización, parece ser contagiosa, pues no son pocos los que, diciéndose progresistas, conviven con la enfermedad y no parecen dispuestos a aplicar tratamiento alguno.

Es indiscutible, y hasta coherente, que la derecha tiene en su ideario la jibarización del Estado, pues, si pudiesen, lo reducirían a la justicia, las fuerzas armadas y la policía, no para proteger a la sociedad, sino para protegerse asimismo del cabreo de la mayoría social: un ejemplo de esto es la “Ley Mordaza” que impuso el PP en 2015 y que ahí continúa sin derogar.

Esos que vociferan la palabra libertad, hablan de la libertad del individuo para hacer lo que le venga en gana, aunque eso perjudique a la mayoría social. El día que se explicó que sus derechos terminan donde comienzan los de sus congéneres no asistieron a clase.

… las consecuencias

El convencimiento refractario a la cosa pública los lleva a detraer dinero público para el establecimiento de universidades privadas, a la par que asfixian económicamente a las públicas y endurecen las condiciones de acceso a las titulaciones, empujando al alumnado hacia los negocios privados, donde, pagando, se puede acceder a cualquier titulación sin necesidad de tener una determinada nota, basta con que la familia pueda pagar, lo que solo puede hacer una minoría. Un negocio que en el curso 2024/2025 superó los 4.100 millones de euros.

La operativa es exactamente la misma en el mercado de la salud privada, con el agravante de que este negocio se nutre, además, de dinero público vía conciertos. A falta de datos estatales, decir que en Madrid se desviaron más de 3.000 millones de euros a los hospitales de gestión privada, un 30% del presupuesto total para sanidad en la Comunidad de Madrid. La presión de las listas de espera, el colapso de las urgencias, el déficit de médicos de familia y pediatras… lleva a que el 26% de la población en todo el Estado, en promedio, tenga una póliza privada de salud. En 2024, solamente los hospitales privados facturaron 13.900 millones de euros en todo el Estado.

Es un negocio sin miramientos. En el Hospital de Torrejón, presuntamente, el personal sanitario tenía orden de reutilizar los catéteres de electrofisiología que cuestan 2000 € cada uno. Un material que sólo puede reutilizarse tras enviarlos a una fábrica de Alemania, para su reciclaje.

En las residencias de mayores y en los colegios infantiles la comida es, en general, incomestible y escasa. El común denominador para toda la gestión privada es la escasez de plantilla, lo que deviene en una atención insuficiente para los usuarios, que se palía con el sobre esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras, sometidos a sobrecargas de trabajo; una de las justas denuncias de los sindicatos médicos en la huelga que ha tenido lugar entre el 9 y el 12 de diciembre.

La educación primaria y secundaria públicas sufren el mismo acoso gubernamental en las comunidades autónomas, en favor de la educación concertada. Exactamente lo mismo que en las residencias de mayores. Nuevamente sin cifras estatales, en el presente curso 2025/2026 han sido 62.000 los alumnos y alumnas que se quedaron sin plaza en Madrid para cursar sus estudios en FP, donde casi el 50% del alumnado se ve empujado a un centro privado.

Esta misma dinámica, si bien con tecnicismos que lo hacen menos evidente, se está aplicando al Sistema Público de Pensiones, al que se le presiona con una gran carga mediática con el mantra de la insostenibilidad del sistema. Mientras que el Gobierno se niega a cumplir con la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021, por la que está obligado a encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

Al problema de la enfermiza privatización de lo público y del dinero que las empresas chupan de los contribuyentes, y sus derivaciones a la corrupción, hay que añadir las muertes y perjuicios a la salud que el liberalismo provoca con sus políticas.

Los 7.291 muertos en las residencias de Madrid, en 2020, fueron víctimas de la decisión política de la señora Ayuso, la protegida por la fracción TOP de la judicatura, para no obligar a las empresas que gestionan las residencias públicas a medicalizarse y para no trasladar a los hospitales a los enfermos, muchos de los cuales podrían haber salvado la vida. Eran esos enfermos que el CEO de Rivera Salud en el Hospital de Torrejón llama “pacientes no rentables”, a los que había que “reducir la atención para ajustar el servicio al presupuesto, aumentando las listas de espera y priorizando pacientes de fuera del área para mejorar beneficios”.

De igual modo, los 229 fallecidos en la DANA del 29 de octubre del pasado año en Valencia, son víctimas de esta orientación ideológica del PP y VOX, que lo primero que hicieron fue desmontar la Unidad de Emergencias de la Generalitat Valencià, porque no lo consideraban un servicio público necesario. Además del terrible desprecio por la vida de las personas que demostró Mazón y su gobierno.

Lo mismo podríamos decir de las 7 víctimas mortales, en los incendios forestales, entre enero y septiembre de este año, porque los gobernantes de Extremadura, Galicia, Castilla y León y Madrid externalizan los servicios de bomberos forestales a empresas privadas, mientras maltratan y precarizan a los bomberos forestales de TRAGSA -empresa pública-.

Mientras se desvían cada año miles de millones hacia las empresas privadas, que premian con obsequios millonarios y cargos en consejos de administración a sus secuaces en la política, se escatima en la construcción de vivienda pública; una necesidad urgente para hacer frente al drama social que sufren los hijos e hijas de la mayoría social, quienes no pueden emanciparse, ni puede pagarse una póliza privada de salud ni puede acceder a una universidad privada.

Desde Tribuna Socialista no nos situamos en la lógica de la derecha; a la que le da lo mismo cómo y por qué caiga el Gobierno, con tal de derribarlo. El presidente y su Consejo de Ministros están en su derecho de agotar la legislatura, pero solo merecerá la pena si lo hacen tomando decisiones que defiendan los servicios públicos y dando soluciones a las reivindicaciones de esa mayoría social.

El Comité de Redacción
Ciclo de deterioro sanitario en España
Ciclo de deterioro educativo en España

La farsa de Trump: ni acuerdo, ni paz, ni alto el fuego

El pasado sábado 29 de noviembre, aniversario de la Resolución 181 de la ONU que dividió Palestina a cuenta del imperialismo, volvieron a movilizarse las organizaciones palestinas en más de 40 ciudades de todo el Estado español.

La movilización en solidaridad con la lucha y la resistencia palestina, por los derechos humanos, por la paz, unió a colectivos palestinos, partidos de izquierda, estudiantes, pensionistas y organizaciones sindicales que salieron a las calles de pueblos y ciudades exigiendo un alto el fuego definitivo en Gaza y Cisjordania, y a nuestro Gobierno, el embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones económicas y políticas que el Estado español mantiene con el Estado criminal y genocida de Israel.

La estrategia de Trump y Netanyahu de intentar quitar del foco mediático el genocidio que están perpetrando en Gaza mediante la publicación de un falso acuerdo de paz no ha sido suficiente para desmovilizar a la ciudadanía que no se ha dejado engañar. Madrid, Barcelona, y hasta cuarenta localidades, han respondido de manera clara y masiva a la farsa, dejando claro que la lucha por la libertad y el derecho a decidir del pueblo palestino sigue estando en el centro de las reivindicaciones de la clase trabajadora.

Mientras muchos militantes de partidos y sindicatos participan masivamente en las movilizaciones, los partidos que se reclaman de la izquierda deberían participar de manera organizada con consignas claras. Es lo que ellos esperan de las organizaciones sindicales confederales de las Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), que tras la pasada convocatoria para la jornada de lucha y huelga del pasado 15 de octubre, parecía que iban a continuar participando, y no ha sido así .

Pese a todo, la base militante política y sindical continúa saliendo a las calles dando ejemplo de lucha a todas las organizaciones de izquierda, reivindicando con su solidaridad un derecho tan legítimo como es la libertad de decidir del pueblo palestino.

La mayoría social quiere una paz justa para Palestina, sin falsos pactos, y así se ha reflejado en las calles de todo el Estado español y de muchos otros países en la Jornada Internacional por Palestina en el 78º aniversario de la partición. Porque la lucha es el único camino, debemos continuar con la lucha y las movilizaciones si queremos una Palestina libre desde el rio hasta el mar.

J. FER
Miembro del comite por la alianza de trabajadores y pueblos (CATP)

Reconectar con la mayoría social: una llamada a la militancia socialista

De izquierda a derecha: representantes de VOX, ERC, la periodista, y PSC.

Hace unos días, con ocasión de la aprobación de los presupuestos municipales del Vendrell, asistí a un debate en la televisión pública del Vendrell, con represenantes de VOX y ERC.

El debate en sí carece de interés para el objetivo de este artículo. Se pueden imaginar: en mi calidad de concejal de hacienda defendí la acción del gobierno municipal y las bonanzas de un presupuesto con impuestos congelados, con excepción del impuesto a los fondos buitre que especulan con la vivienda, y con un buen número de inversiones transformadoras en marcha, mientras VOX y ERC me atacaban con su demagogia.

Tras el debate, un asesor de VOX que estaba detrás de las cámaras me reconocía que su «caladero» electoral más importante son los barrios obreros, donde pregonar que la falta de empleo, el incivismo y la delincuencia es culpa de los inmigranes es fácil.

También les resulta fácil pregonar lo malos que somos los socialistas que damos ayudas sociales a los musulmanes, lo malos que somos los socialistas que bonificamos coches eléctricos y placas solares que solo pueden comprar la gente con más renta, y que solo nos encargamos de favorecer políticas a favor de los gays, los transexuales y las lesbianas. Ante tal hecatombe, ellos proponen la deportación masiva de inmigrantes (incluso los hijos que ya han nacido aqui),y quitar todos los impuestos para que la gente tenga el dinerito en sus bolsillos.

Todos esos argumentos demagógicos son fáciles de desmontar, pero lo que más me llamó la atención es que se pasan el día en la calle, yendo cada día a los institutos a hacer proselitismo de sus ideas, que poco a poco, van calando entre la juventud y las capas sociales más desfavorecidas.

Es claro que la demagogia de VOX se combate con políticas de izquierdas. En la editorial de este número de TS se hace alusión a la ilusión que despierta en EEUU, propuestas encaminadas a abaratar el precio de los alimentos, la sanidad, la vivienda… los verdaderos problemas de la mayoría de la sociedad.

La política española vive una paradoja inquietante: mientras la ultraderecha avanza con un discurso emocional, sencillo y omnipresente en los barrios obreros, el socialismo —históricamente la voz natural de esa mayoría trabajadora— parece haber perdido presencia, oído y pulso territorial.

En toda Europa y en EEUU se ha observado el fenómeno de una parte creciente de la clase trabajadora que ha virado hacia formaciones populistas de derecha, en un contexto de precariedad económica, transformaciones sociales y crisis de representación. España no es una excepción.

La lucha contra el cambio climático y por la igualdad no son suficientes para articular un discurso aglutinador e ilusionate para el proletariado, sobre todo cuando, en vez de ayudar, agravan los problemas de éste. Por ejemplo, las «zonas de bajas emisiones» que limitan el acceso a las ciudades a miles de trabajadores sin tener una red de transporte público alternativo; o por ejemplo, las nuevas políticas de gestión de los residuos, impulsadas desde Europa, y que encarecen la tasa de basura. No digo que no sean necesarias estas políticas, sino que no son suficientes si no existen políticas públicas que tengan efectos tangibles y reales en las vidas de las personas.

La insuficiencia de las propuestas que den respuesta a las necesidades de la mayoría, es terreno abonado para la rebeldía retrógrada de la ultraderecha. «Libertad» reclaman, igual que Ayuso en Madrid, o Milei en Argentina. «Fuera impuestos» prometen. «Fuera servicios públicos» que son «chiringuitos» para los políticos que viven del cuento mientras los trabajadores y jóvenes no llegan a fin de mes.

No es casualidad que Vox haya desplegado una estrategia meticulosa de proselitismo emocional: presencia constante en redes, en institutos y en barrios obreros, ni que utilicen una retórica de “hablar claro”, visitas a barrios vulnerables, y una narrativa de agravio que ofrece explicaciones fáciles a problemas complejos. Es propaganda, sí. Pero funciona. Y funciona porque dan respuestas (falsas y engañosas, pero respuesta) a las preocupaciones de la mayoría social más vulnerable.

Mientras tanto, demasiadas agrupaciones socialistas se han replegado a dinámicas internas, lejos del mercado, del casal, de la asociación de vecinos, del bar de siempre o del campo de fútbol del domingo. Hemos dejado de hacer política donde importa: en la calle, con la gente y para la gente. Y eso, para un partido que nació para transformar la vida de la mayoría social, es inadmisible.

La militancia socialista tiene un papel que ninguna estructura institucional puede sustituir: captar el pulso real de la ciudadanía, sin filtros ni gabinetes. Las preocupaciones son claras: empleo y salarios precarios, vivienda inaccesible, inseguridad cotidiana, soledad no deseada, barrios degradados, coste de los alimentos … La gente … nuestra gente, la clase trabajadora, no quiere discursos épicos: quiere soluciones alcanzables.

El socialismo siempre fue fuerte cuando escuchó primero y habló después. Cuando conectó la lucha por la igualdad con la mejora concreta de la vida diaria. Cuando no temió debatir cara a cara con quien piensa diferente. Cuando las agrupaciones eran escuelas de política y motores de comunidad. El futuro no se construye desde la comodidad; se construye desde el debate valiente y el territorio vivo.

Cuando los socialistas somos militantes activos, y recuperamos la vida de las agrupaciones, pegadas a los problemas reales de nuestros conciudadanos, no hay quien nos pare. No hay algoritmos ni bulos que sustituyan una conversación honesta en un rellano o en una plaza.

Nuestra actividad política es la de estar en los barrios con propuestas claras: empleo estable, salarios dignos, seguridad vecinal, vivienda asequible, servicios públicos de calidad.

Nuestro lenguaje y presencia en redes debe ser claro, directo y humano, y no recargado de mensajes institucionales que no llegan al corazón de la gente.

Vienen tiempos difíciles en los que los mensajes de individualismo y cargar contra lo público, contra la igualdad, contra la justicia social y contra la democracia… van calando… porque vamos dejando que calen.

Insisto: la demagogia se combate con pedagogía trabajo y esfuerzo; y a la ultraderecha se la vence con políticas de izquieda. El resto no vale para nada. La gente no es ni ignorante ni se vuelve facha, a la gente hay que escucharla y hacerles propuestas para mejorar nuestras vidas de forma colectiva.

La ultraderecha no está ganando porque tenga mejores soluciones, porque no las tienen. Su solución es la de excluir a otros y desinformar. Diversos estudios muestran que las fuerzas de extrema derecha explotan (y promueven) de manera sistemática la desinformación y los marcos emocionales simplificados para ganar apoyo, especialmente en contextos de malestar económico y desconfianza hacia las instituciones. No es que su electorado sea “más ignorante”, sino que se mueve en entornos informativos más polarizados, donde los bulos y los mensajes de odio circulan con mayor intensidad y menor contraste con datos verificables.

Nuestro reto como socialistas no es llamar ignorante o «facha» a nadie, sino disputar el sentido común: llevar datos, propuestas y presencia a los mismos espacios donde hoy solo se escucha ruido, discursos de odio y miedo.

Ese terreno lo podemos recuperar. Pero exige militancia activa, debates incómodos, calle, calle y más calle, y propuestas que mejoren de verdad la vida de la mayoría social.

Una invitación a la militancia

Compañeras y compañeros: es hora de desentumecer el músculo político. Ni nostalgia ni resignación. Acción. Debate. Escucha. Propuesta. Trabajo.

El socialismo no se defiende solo desde los despachos o las tribunas parlamentarias; se construye caminando junto a la gente, poniéndose en la cabecera de las reivindicaciones y no adoptando actitudes defensivas de la labor de las instituciones.

Si la extrema derecha, y los populismos venden humo con discursos rancios, odio y bulos, los socialistas tenemos la obligación de ventilar bien y recuperar el pulso de la vida activa de las agrupaciones y de nuestras calles y barrios.

Baltasar Santos
1er Sec PSC del Vendrell

El “Trumpantojo”

Dice la RAE de trampantojo: “Trampa o ilusión con que se engaña a alguien haciéndole ver lo que no es”. Desde su reelección Donald Trump adopta y promueve políticas que se ajustan como un guante a esta definición. Nos hace ver que defiende al pueblo estadounidense cuando en realidad lo que está defendiendo son negocios propios y de sus allegados. Si no fuera terrible resultaría cómico verle sentado en la Casa Blanca, haciendo carantoñas en perfecta sintonía con el príncipe de Arabia Saudí, al que califica de defensor de los derechos humanos, y que hasta ayer era acusado mundialmente del asesinato y descuartizamiento del periodista Jamal Khashoggi.

Los ejemplos son numerosos: Gaza y Ucrania, Colombia, Brasil, etc. Ahora le toca a Venezuela. Desde primeros de septiembre ha iniciado una cruzada contra las drogas, lanzando amenazas sin tino, acusando sin pruebas y asesinando extrajudicialmente a decenas de tripulantes de embarcaciones en aguas caribeñas, enviando miles de soldados y barcos de guerra, sobrevolando las fronteras venezolanas en una continua presión sobre el país. La justificación es la defensa de los estadounidenses ante la oleada de narcotraficantes que vienen de la zona inundando de drogas EEUU siguiendo las ordenes de una organización fantasma llamada “Cártel de los Soles”, integrada por los mandos del Ejercito venezolano y dirigida por el presidente Nicolás Maduro, al que califica directamente de terrorista.

Es sabido que Venezuela posee las mayores reservas petrolíferas conocidas del mundo. En 2007 el entonces presidente Hugo Chávez asumió el control de estas reservas en un proceso de nacionalización que transformó los convenios de asociación con las compañías petroleras, que venían extrayendo y explotándolas históricamente y que vieron confiscados sus activos, creando compañías mixtas con participación mayoritaria del Estado venezolano.

En el desarrollo imperialista no cabe la soberanía de los pueblos, y naturalmente desde entonces Venezuela ha sido colocada en el ojo del huracán por EEUU y por los países europeos, que han señalado al régimen venezolano y a sus dirigentes como tiranos dictadores. Desde que Chávez tomó el poder en 1999 los países imperialistas han denunciado todos los procesos electorales apoyando a toda una serie de dirigentes fascistas disfrazados de demócratas. En una gran farsa no han tenido pudor para apoyar como presidentes alternativos a personajes autoproclamados en una plaza de Caracas o recientemente otorgando el premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, una señora que se dedica a conspirar permanentemente contra el régimen y el pueblo venezolano.

Trump no trata otra cosa que laminar el derecho de un pueblo a vivir soberanamente, como viene haciendo con Cuba, Brasil o Colombia, a los que considera su patio trasero. El problema es que Maduro y los dirigentes del régimen venezolano no se apoyan en su pueblo. Según New York Times la compañía petrolera estadounidense Chevron Corporation, una de las mayores del mundo, mantiene una posición privilegiada en la extracción de petroleo, gas y minerales en Venezuela. En los últimos meses y por presiones del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio las licencias de Chevron para actuar en Venezuela fueron canceladas, lo que ha provocó una caída radical de las exportaciones, sin embargo se dio una nueva licencia cuyos detalles son confidenciales, mientras que Maduro, en un esfuerzo desesperado, ofrecía concesiones petroleras a Trump dándole una posición dominante, y planteando la posibilidad de abrir los proyectos petroleros y de oro existentes y futuros a empresas estadounidenses, que recibirían contratos preferentes. Además añadió que reorientaría las exportaciones que ahora se dirigen a China y limitaría los contratos mineros con empresas chinas, iraníes y rusas.

Todo este tema, según NYT “fascina a Trump, como le fascinó cuando instó a la toma de los yacimientos petroleros de Siria, cuyas reservas son una fracción muy pequeña de las de Venezuela”. Chevron contrató a un importante recaudador de fondos para Trump, como representante, para influir en las decisiones de funcionarios y legisladores venezolanos. El “trumpatojo” está servido.

Mientras Trump y Maduro anuncian que hablan por teléfono, las aerolíneas europeas y estadounidenses dejan de volar a Venezuela participando del bloqueo y amenaza que Trump cierne sobre el pueblo venezolano: “A todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y traficantes de personas, consideren el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela cerrado en su totalidad”. Una nueva amenaza de guerra y un paso más en el escalada para arrebatar su soberanía al pueblo venezolano.

Enrique Dargallo

Las universidades públicas madrileñas ante la encrucijada de una infrafinanciación crónica

Por Miguel Albalá
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid

El 26 y 27 de noviembre de 2025, las seis universidades públicas madrileñas (UCM, UAM, UPM, UC3M, URJC y UAH) fueron a la huelga. No fue un gesto simbólico ni una simple “batalla cultural” sino la respuesta del estudiantado, PDI y PTGAS a una política sostenida de infrafinanciación y mercantilización que pone en riesgo la supervivencia de la universidad pública en Madrid.

Desde hace más de una década los campus madrileños sobreviven entre precariedad, sobrecarga y deterioro, aunque no todos los actores analizan igual la situación. Parte del PDI y del estudiantado cuestiona la necesidad del paro, alegando que los problemas son estructurales en todo el país y que las movilizaciones deberían ser estatales. Reclaman una hoja de ruta nacional que garantice: por un lado, la igualdad de oportunidades en un sistema con cada vez menos plazas en sus titulaciones pese a la creciente demanda; y por otro lado, que recupere el papel de la universidad como ascensor social, responsabilidad que atribuyen al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (aunque las competencias estén transferidas a las comunidades autónomas).

Sin embargo, el caso de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mayor del país, simboliza la asfixia financiera específica de la región. En octubre la UCM reconoció públicamente que su crisis deriva de una infrafinanciación continuada desde 2008 (compartida con el resto de universidades públicas madrileñas) y reclamó un modelo de financiación adecuado. La universidad ha tenido que verse sometida al endeudamiento con la propia Comunidad de Madrid mediante un préstamo de 34,5 millones (con 4,4 de estos en intereses), viéndose obligada a mantener hasta 2028 una retención del 35 % del gasto de facultades. Este patrón reproduce el seguido por el gobierno autonómico en otros servicios públicos: debilitarlos e infrafinanciarlos hasta su deterioro y desprestigio, para luego promover la colaboración público-privada como única alternativa.

La infrafinanciación no siempre es visible para toda la comunidad universitaria en lo inmediato, pues a menudo se camufla con el esfuerzo del personal y el propio estudiantado de las facultades. Pero sus efectos son claros: menos plazas en grados y posgrados, grupos masificados, peores condiciones docentes, infraestructuras deterioradas, descenso de becas y apoyos, y una calidad educativa sostenida a base de malabarismos que suelen terminar frustrados. En definitiva todo ello supone una ruptura con la igualdad de oportunidades en el acceso y la calidad formativa a través de la universidad pública.

Ante esto, la Coordinadora de Plataformas en defensa de la Universidad Pública convocó la huelga para toda la comunidad universitaria. Sus motivos principales son:

  • La Comunidad de Madrid destina menos del 0,5 % del PIB a sus universidades, pese al objetivo del 1 % fijado en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario).
  • Presenta como grandes logros incrementos en el presupuesto del 3,8 % en 2025 (42 millones adicionales frente a los 200 millones que reclaman los rectores) y del 6,5 % en 2026 (75,3 millones), insuficientes para revertir la congelación (y recortes a efectos prácticos) desde 2008.
  • Es la región más rica del Estado, pero la que menos invierte por estudiante.
  • Impulsa una nueva ley universitaria (LESUC) que refuerza la lógica empresarial, limita la autonomía universitaria, endurece el régimen disciplinario y abre la puerta a nuevas formas de privatización y restricciones a la protesta.

Las plataformas reclaman: 1) Financiación estable y suficiente para cubrir costes reales y revertir recortes; 2) Retirada o modificación profunda de la LESUC por su impacto en la autonomía, la libertad de expresión y las condiciones laborales; y 3) Un plan contra la precariedad y la temporalidad que afecta al PDI joven, becarios, investigadores y personal subcontratado.

La convocatoria que contó con el respaldo de los principales sindicatos (CCOO, UGT, STUM, CNT, CGT, Sindicato de Estudiantes, entre otros) fue un éxito: alcanzando un seguimiento medio del 72% en el paro y la huelga (según CCOO), así como una asistencia de 55.000 manifestantes (según las plataformas organizadoras).

La muerte de Franco: cuatro meses de vértigo

En el verano de 1975 se estaban instruyendo y llevando a cabo consejos de guerra sumarísimos contra militantes antifranquistas (FRAP y ETA) acusados de terrorismo y rebelión militar, que culminaron en once condenas a muerte.

En aquellos días yo era un joven oficial del cuerpo de ingenieros de la Armada, con cinco hijos en edades comprendidas entre los seis años y un año, y mi esposa encinta de nuestro sexto hijo.

Los cuatro meses de vértigo que transcurrieron hasta la muerte de Franco los vivimos intensamente, pues nuestro compromiso democrático nos situaba de hecho en el ojo del huracán.

Me encontraba destinado en Madrid, en un centro cívico-militar de investigación y desarrollo tecnológico, perteneciente a la Marina -y de profesor en la ETSIAN- situados ambos centros en la calle de Arturo Soria, próximos al Pinar de Chamartín.

Cuando me disponía a iniciar mi permiso reglamentario, en el verano del 75, una noticia saltó a la prensa: nueve oficiales del ejército habían sido detenidos. Se trataba de nuestro comandante, Luis Otero -fundador junto a Juli Busquets de la clandestina Unión Militar Democrática (UMD)-, y de ocho compañeros más, entre los que se encontraban los capitanes Xosé Fortes y Fernando Reinlein. En la madrugada del 29 de julio fueron detenidos en sus domicilios.

Acusados de conspiración para la rebelión militar, fueron juzgados pocos meses después en consejos de guerra. Estos juicios militares se celebraron con serias irregularidades procesales y sin derecho efectivo a la defensa. La mayoría fueron condenados a largos años de prisión y expulsados del ejército.

En aquellos años el país se encontraba inmerso en una profunda crisis política, social e internacional. El dictador, enfermo y cada vez más incapacitado, seguía siendo formalmente el jefe del Estado, con el auxilio de Juan Carlos de Borbón, que lo había sustituido en sus funciones desde el 19 de julio hasta el 2 de septiembre de 1974, y, un año después, desde el 30 de octubre al 20 de noviembre de 1975.

El aparato de la dictadura, impuesta desde 1939, se mantenía activo en la represión criminal y en la defensa del Estado fascista. Franco, ya moribundo, firmó sus últimas penas de muerte.

El 27 de septiembre de 1975 fueron ejecutados cinco jóvenes antifranquistas: José Humberto Baena Alonso, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), yJuan Paredes Manot (“Txiki”) y Ángel Otaegui Etxeberria, militantes de ETA político-militar.

Los consejos de guerra, que condenaron a muerte a los once jóvenes resistentes, fueron celebrados con graves irregularidades procesales, sin garantías jurídicas ni derecho efectivo a la defensa. La presión popular forzó el indulto de seis de ellos, pero los otros cinco fueron asesinados. Fue uno de los hechos más trágicos y simbólicos del final de la dictadura.

Las condenas a muerte de estos jóvenes antifranquistas provocaron una ola de indignación nacional e internacional sin precedentes contra la dictadura. En Euskadi, que se encontraba en estado de excepción, se decretó una huelga general, que fue seguida mayoritariamente.

Numerosos gobiernos y organizaciones de derechos humanos condenaron las penas de muerte. En Europa se produjeron manifestaciones masivas: en París, Roma, Londres, Bruselas y Estocolmo, miles de personas salieron a las calles para protestar. Algunos países, como Suecia, Noruega y los Países Bajos, retiraron temporalmente a sus embajadores de Madrid. En Roma, manifestantes asaltaron la embajada española, y en varias capitales se realizaron actos simbólicos de duelo por las víctimas. En Lisboa la embajada española fue asaltada e incendiada. El Papa Pablo VI había pedido clemencia, al igual que numerosos líderes internacionales, pero el régimen desoyó todos los llamamientos.

El 1 de octubre de 1975 un Franco tembloroso daba su último discurso en la Plaza de Oriente de Madrid, flanqueado por Juan Carlos de Borbón y una muchedumbre enardecida que reclamaba mano dura.

El 13 de octubre de ese mismo año, José Ignacio Domínguez, capitán de aviación, piloto de reactores y dirigente de la UMD, que se encontraba en el extranjero y por ello logró esquivar las detenciones de la madrugada del 29 de julio, daba una memorable rueda de prensa en París. Dos años más tarde, a su regreso a España, era también juzgado en consejo de guerra, condenado y expulsado del ejército.

Ninguno de nuestros compañeros de la UMD, ya excarcelados, pudo beneficiarse entonces de la ley de Amnistía de 1977, mientras que, por el contrario, sí se amnistiaron delitos de sangre; en particular, cientos de miles de crímenes del franquismo, que aquella infame ley de “punto final” impidió que fuesen juzgados, quedando impunes.

En el interior de España, el clima era de represión y miedo, pero también de creciente movilización obrera, estudiantil y vecinal. Las huelgas y protestas se multiplicaban, y la oposición -clandestina pero activa- comenzaba a coordinarse en torno a la idea de una ruptura democrática. El propio régimen mostraba signos de descomposición, dividido entre los llamados “aperturistas”y los“inmovilistas”, que pretendían perpetuar la dictadura.

El 2 de noviembre Juan Carlos de Borbón, en viaje sorpresa, visitaba las tropas españolas en El Aaiún (Sahara), dirigiéndose a los militares: “España no dará un paso atrás, cumplirá todos sus compromisos, respetará el derecho de los saharauis a ser libres” y “No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo”.

El estatus jurídico del Sahara español en aquellas fechas era de provincia española (la número 53), sin representación política plena en las Cortes franquistas. Los saharauis tenían nacionalidad española reconocida, pero con limitaciones de derechos políticos y civiles.

El 6 de noviembre se inicia la invasión marroquí del Sahara español, conocida como la Marcha Verde. El entonces jefe de la dictadura en funciones cedió ilegalmente el Sahara español al Reino de Marruecos, en un intento desesperado por afianzar su acceso al trono y la reinstauración impostora de la monarquía borbónica, dejando abandonado a su suerte al pueblo saharaui. Documentos secretos de la CIA, ya desclasificados, prueban que aquellos hechos de Juan Carlos de Borbón podrían haber constituido presuntos delitos de alta traición. En aquellos funestos días, nuestro querido compañero, el capitán Bernardo Vidal, miembro de la UMD, ayudó a escapar a muchos dirigentes saharauis.

El estatus actual del antiguo Sahara español sigue siendo ambivalente, pues, diplomáticamente, hay un giro hacia la aceptación del plan de autonomía propuesto por el Reino de Marruecos como base de negociación; mientras que legalmente, desde la perspectiva de la ONU, sigue considerándose una cuestión de descolonización con derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

El 20 de noviembre de 1975, Franco murió tras una larga agonía médica retransmitida por los medios oficiales. El presidente del gobierno Arias Navarro, con aspecto lúgubre y compungido, abrió un informativo especial de televisión española con las palabras: “¡Españoles, Franco ha muerto!”.

Dos días después de la muerte de Franco, el 22 de noviembre, Juan Carlos de Borbón jura ante las Cortes franquistas lo principios del Estado fascista -basados en el totalitarismo, el nacionalismo extremo y el culto al líder– siendo proclamado Rey de España.

La muerte de Franco marcó el principio del fin de cuarenta años de dictadura y abrió el camino, lleno de incertidumbres, hacia la Transición democrática. Sin embargo, los fusilamientos de septiembre quedaron grabados en la memoria colectiva como el último acto oficial de la dictadura que ponía en evidencia la extrema brutalidad del franquismo y también como un recordatorio del alto precio que costó la libertad en España.

Este periodo, comprendido entre el verano y finales de diciembre de 1975, constituye por tanto un episodio esencial de la memoria democrática: el cierre violento de una dictadura genocida y el preludio de una nueva etapa política, nacida entre el dolor, la resistencia a la dictadura y la esperanza de unos pueblos que aspiraban a recuperar la libertad.

Aún quedaban por delante tres años de luchas populares y de sufrimiento. Finalmente, la Constitución fue consensuada entre los partidos políticos en 1978, y, pese a ser monárquica y contener artículos dictados manu militari –como el de la inviolabilidad del Rey- abría una nueva época en la Historia de España, aún sin cerrar.

Manuel Ruiz Robles

La IA, artificial pero poco inteligente

La primera dificultad de los mayores de 45 años (media de edad de la población española) pudiera ser entender de que diablos hablamos cuando oímos o leemos el término ese de Inteligencia Artificial.
Empeñado con entenderlo a mis 63 años he visto que casi todas las multinacionales tecnológicas, que son las que pintan algo en este asunto coinciden en algo parecido a esto:
« La inteligencia artificial (IA) es un campo de la informática que se enfoca en la creación de sistemas y tecnologías capaces de realizar tareas que, normalmente, requerirían inteligencia humana. Esto implica dotar a las máquinas de capacidades como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la comprensión del lenguaje natural y la creatividad »

La primera pregunta que podemos y debemos hacer para actuar inteligentemente es la de siempre cuando uno es un trabajador1, un estudiante, un ciudadano consciente de que vivimos en el capitalismo: ¿Esto es útil, me debo interesar en ello? Y mi punto de vista en ese sentido es radicalmente claro, SI, debes tenerlo en cuenta, y lo puedo argumentar.
¿Dejarías de utilizar el teléfono, el tren, la imprenta, las herramientas que los avances tecnológicos han proporcionado a la humanidad por el hecho de que sean utilizados para destruir el pueblo palestino, para exterminar a más de un millón de ucranianos y rusos, para incrementar hasta el paroxismo el beneficio capitalista llevando a miles de millones de personas al hambre física2? Obviamente, no, porque las herramientas, los avances tecnológicos, en la medicina, en la agricultura, en la industria, en el transporte, son la base de una futura sociedad basada en la búsqueda de la felicidad para la propia humanidad.3

La I.A. y su burbuja

No es solamente en los medios de comunicación donde puedes hablar e incluso debatir sobre si este campo de la informática va a sufrir una cosa llamada burbuja financiera, incluso te hablarán de ello en los infinitos cursos que te ofrecen empresas privadas, unos directamente y otros a través de cursos financiados con dinero público pero que serán organizados por esas u otras empresas privadas (sin ir más lejos, los del Servicio Público de Empleo Estatal [SEPE]).
¿Se refieren a eso cuando nos hablan de burbuja de la IA? Buscando con la ayuda de la propia IA (porque no te queda más remedio, porque ya los buscadores en internet la utilizan te guste o no), se encuentran algunas explicaciones, de las cuales amigo lector te dejo la que me ha parecido más comprensible.4

La IA y los despidos masivos

No es nada difícil encontrar sesudos economistas, políticos e incluso burócratas sindicales que explican los planes de despidos brutales de Amazón o las tecnológicas5.
Cualquiera puede preguntarse: si los beneficios empresariales de estas empresas son gigantescos incluso con la creciente aplicación de la IA, ¿porque despedir?.
Utilizando una aplicación de IA ligada a Google hemos preguntado:
¿Como justifican las empresas punteras en IA sus miles despidos cuando anuncian al mismo tiempo miles de millones en beneficios?Y entre otras cosas nos ha respondido:
(…) Existe un escepticismo considerable sobre si la IA es la causa real de todos los despidos o si se está utilizando como una «cortina de humo» conveniente para justificar recortes de personal por razones financieras más tradicionales, como la codicia corporativa o la subcontratación. Algunas empresas incluso admiten que la IA es solo uno de los factores, y no el principal, detrás de las decisiones de reducción de plantilla. (…)6

Una vez más, imprescindible el socialismo

Si, como la electricidad de la que no disponen en Gaza o en la Cañada Real de Madrid7 es imprescindible para la supervivencia de la humanidad también la inteligencia artificial puede ser un elemento de gran ayuda para el desarrollo de esta hacia un mundo pleno donde la libertad, la igualdad y la fraternidad sea una realidad que la burguesía cono clase social ha sido incapaz de implementar.
Por duro que parezca, aunque el escepticismo ataque una y otra vez, hay que mirar de frente, empezando por eso que llamamos estado y que supuestamente ahora nos llevaría en España a defender al Fiscal General, hombre de estado defenestrado por otros hombres de estado.
Usando IA nos resulta lo siguiente:
Pregunta:
¿Quien y cuando alguien definió al estado como destacamentos de hombres armados? Respuesta:
La frase de que el Estado consiste fundamentalmente en»destacamentos especiales de hombres armados» (o «cuerpos especiales de hombres armados») proviene de las obras de Vladimir Ilich Lenin. Lenin atribuye esta idea aFriedrich Engelsy la desarrolla ampliamente en su libro fundamentalEl Estado y la revolución. 

Mikel González, diseñador gráfico de oficio,
socialista revolucionario y aprendiz de IA

El oligopolio bancario español saquea a sus cautivos clientes

Las entidades financieras en nuestro país -Las 24 entidades agrupadas en la Asociación Española de Banca (AEB) + las 9 de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) + las 42 de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), las conocidas como cajas rurales – suman un volumen de activos que multiplica por 2,66 el PIB español, a diciembre de 2024; PIB que se situó en 1.594.330 millones de euros.

Con datos de los anuarios de AEB, CECA y UNACC de 2024, el volumen de activos de sus entidades asociadas, expresado en millones de euros, es el siguiente:

  • Las 24 entidades de AEB aglutinan el 74% 3.133.938
  • Las 9 entidades de la CECA aglutinan el 22,66% 959.485
  • Las 42 entidades de UNACC aglutinan el 3,34% 141.640

El total de activos de las entidades financieras suma 4.235.063

Hago esta introducción para ayudar a entender uno de los ejes de este artículo: la concentración bancaria en España. Esta concentración se mide internacionalmente tomando la suma de los activos de las 5 entidades más grandes (índice Herfindahl-Hirschman (IHH), que en nuestro caso son:

Las cinco entidades más grandes conforman un oligopolio financiero que concentra el 85,05% del total de activos del sector -en 2008, la concentración bancaria en España era del 42%-. La concentración bancaria en la UE, en promedio, en 2024 era del 67,28%. Si algún lector tiene interés, no tendría ningún inconveniente en desagregar estas macro cifras por entidad y/o asociación patronal bancaria.

A la vista de estos datos, es comprensible la posición del Gobierno al mostrarse en contra de la operación hostil que el BBVA ha intentado para hacerse con el Banco Sabadell. De haber salido adelante la pretensión del BBVA, la concentración bancaria hubiese alcanzado el 87,35%, al unificarse BBVA y Sabadell, y pasar Ibercaja a formar parte del Top 5.

Es importante entender y tomar conciencia del nivel de concentración bancaria, pues, con las reglas del libre mercado, las cinco grandes entidades marcan la tendencia al resto del sector financiero. Aunque las entidades se agrupen básicamente como lo han hecho a lo largo de su historia, exceptuando: Caja de Ahorros y MP de Ontinyent y Colonya Caixa d`Estalvis de Poyença, el resto de entidades que se organizan en CECA pasaron de ser cajas de ahorros a bancos.

Esto puede parecer una cuestión menor; que sean cajas o sean bancos, pero no lo es, pues la diferencia es si los beneficios se reparten en dividendos o si se destinan a obra social, como ocurría antiguamente. El cambio lo señaló políticamente el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la década de los 90 del pasado siglo y lo voceó en España el “prestigioso” Rodrigo Rato, vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía con el Señor Aznar. El Sr. Rato decía que “las cajas de ahorro no puede ser entidades sin dueño”, es decir, no puede haber empresas que no tengan accionistas. Esta orientación política, puramente liberal, contra las cajas de ahorro llevó a una campaña de desprestigio de las cajas; en muchas de las ocasiones merecido, pero que la finalidad era que el sector bancario, puramente privado, fagocitase al sector de cajas de ahorro, que eran entidades sin ánimo de lucro propiedad de los impositores, las entidades sociales y municipales.

Antes de la crisis financiera e inmobiliaria de 2008, el sector financiero se dividía del siguiente modo: 50% de los activos los acaparaban los bancos, las cajas el 45,4% y las cajas rurales el 4,6%. La comparativa deja claro hasta qué punto el objetivo del capital financiero internacional se ha conseguido: el 96,6% del volumen de activos está en manos de bancos, independientemente de la asociación patronal en que se organizasen las entidades.

El proceso de concentración bancaria en España no comenzó con la crisis de 2008, ni ha finalizado tras darla oficialmente por cerrada. Un par de ejemplos:

  • En 1982, el Estado puso 291.000 millones de pesetas (1.750 millones de euros), para sanear Banca Catalana, el Banco que en 1959 se montó la familia Pujol; entidad que terminó siendo absorbida en 1984 por el Banco de Vizcaya ´hoy inserto en el BBVA-.
  • En 1978, Banesto adquirió el Banco Coca. En diciembre de 1993 Banesto fue intervenido por el Banco de España y en 1994 fue adquirido por el Banco Santander.

Podría citar otros ejemplos, como el de Banco de Valencia, hoy digerido por Caixabank, los 18 bancos del Grupo RUMASA o Banco Simeón. Estos y otros muchos casos configuran la historia de la concentración de la banca en España, pagada, la mayoría de las ocasiones, con dinero público. En este sentido, cabe concluir que la viabilidad de una entidad financiera no reside en si es de naturaleza pública o privada, sino de cómo es gestionada. Por ende, con los mismos motivos que se entregaron las cajas a los bancos, podrían haber entregado los bancos a las cajas, o haberlos nacionalizado a todos, a fin de cuentas, todos lo hemos pagado.

En el año 2000 había 206 entidades financieras, entre bancos, cajas de ahorro y Coop. de Crédito. Hoy suman 75, por lo que la crisis de 2008 y los años posteriores tiene la peculiaridad de que la concentración bancaria se ha acelerado brutalmente, reduciéndose el número de entidades en un 64%.

Lo peor de este proceso acelerado de concentración, ha sido que por el camino se han destruido más de 120.000 puestos de trabajo y se han cerrado más de la mitad de las oficinas bancarias que había antes de 2008. Y todo esto nos ha costado 65.000 millones de euros públicos para el saneamiento de las entidades, más los 35.000 millones de la SAREB; al hacerse cargo el Estado de los inmuebles de las entidades. Un total de 100.000 millones de euros que bancos y banqueros no han devuelto a los contribuyentes.

El Estado, todos los gobiernos, tiene su responsabilidad en este devenir y en la cautividad que sufren los clientes de los bancos, pues no tenemos opciones públicas para domiciliar la nómina o la pensión, para pagar los recibos de los suministros domésticos, para depositar nuestros ahorros o para acceder a un préstamo hipotecario. Renunciar a dotar al Estado de banca pública, no para competir con las entidades privadas, sino para dar una solución a la sociedad que está siendo esquilmada a base de comisiones bancarias e intereses.

Hay unos gobiernos que tienen más culpa que otros, sin duda. Por ejemplo, Felipe González fue quién abrió la puerta a la privatización de la banca pública agrupada en Argentaria; operación de privatización que completó Aznar. Zapatero y Rajoy, muy particularmente este último y su ministro de Economía, Industria y Competitividad, el Sr. De Guindos, remaron a favor de la banca en la concentración bancaria de la crisis de 2008. Y el gobierno actual, habiendo que reconocer que se ha opuesto a que la concentración bancaria continúe, ha dilapidado en buena medida la posibilidad de dotar al país de una banca pública, que cubra las necesidades básicas de la mayoría social, al integrar Bankia en Caixabank, pues Bankia era una entidad 100% pública, saneada con 22.000 millones del erario público.

Entre las tres primeras entidades: Caixbank 18,5 + Santander 15 + BBVA 11, suman 44,8 millones de clientes. Es decir, que el 99% de la sociedad estamos cautivos y desarmados, en manos de un sector de actividad privada privilegiado.

Roberto Tornamira Sánchez
Fue Secretario Estatal del Sector Financiero,
Seguros y Oficinas de la FeSMC-UGT