2026 comienza con un baño de realidad sobre lo que viene ocurriendo en el mundo desde el final de la crisis financiera e inmobiliaria que comenzó en 2008. Nada nuevo respecto a lo que el sistema capitalista lleva haciendo desde que impera como ideología económica, pero sí en cuanto al ritmo de apropiación y virulencia con la que lleva a cabo sus incursiones.
Trump lo ha dejado claro en su intervención del 3 de enero desde Mar-a-Lago, su mansión privada desde la que dirige los designios de EE.UU.: La operación en Venezuela tiene por objeto apropiarse del petróleo venezolano; nada que ver con la democracia, ni con si Maduro es mejor o peor que Mohamed bin Salmán o Netanjahu, a quienes la Administración Trump no se planta secuestrar.
Rusia es otro claro ejemplo, con un devenir histórico distinto, de la apropiación de lo público por parte de una minoría que, con prácticas que superan a la más cruenta película de La Cosa Nostra, comenzaron siendo usufructuarios ilegítimos de los bienes y riquezas del pueblo ruso, para acabar repartiéndose los sectores estratégicos y privatizándolos.
El capitalismo, en su absurdo objetivo de crecimiento constante y a falta de nuevos mercados en los que crecer, ha llegado al punto de agredirse unos a otros; es el caso de la apropiación que los EE.UU., planificada para adjudicarse el mercado del Gas Licuado y el petróleo en Europa, arrebatado a Rusia, desembocando en la guerra que han sembrado en Europa que en febrero cumplirá su cuarto año.
En nuestro país ocurre lo mismo, aunque con formas diferentes.
El Gobierno del PP que preside Díaz Ayuso en Madrid, lleva los últimos seis años acelerando la privatización de lo público. El presupuesto de la Comunidad de Madrid para Sanidad en 2025 ha sido de 10.460 millones de euros. Ayuso ha pagado una media de 1.300 millones de euros al grupo Quirón, desde 2019. A esta cifra habría que sumar asignaciones extraordinarias, como la de 106 millones ha otorgado a hospitales de Quirón en 2025, a nombre de un supuesto “reequilibrio económico”. En la misma línea, el grupo Rivera Salud recibió, solo en 2024, 2.194 millones de euros, y pagos en 2025 por “reequilibrio económico “ por valor de 228 millones de euros. Para cerrar 2025, ha pagado a Quirón otros 500 millones de euros.
La última aberración a la que estamos asistiendo es a la transferencia de 61 millones de euros que estaban presupuestados para la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que ha recibido el Grupo Quirón Salud, la empresa privada a través de la cual la pareja de Ayuso cobra las prebendas con las que Quirón recompensa a la presidenta de Madrid y su entorno. Estos 61 millones deberían haberse destinado a incrementar la plantilla, infradotada, de las residencias de mayores en Madrid, y/o a mejorar la calidad de la comida que se dispensa a los y las residentes.
Por unas vías y por otras, con todo un catálogo de subterfugios contables, la suma de los pagos a Quirón y Rivera Salud, suponen que el más del 36% del presupuesto para sanidad pública de la Comunidad de Madrid, es trasvasado cada año, que sepamos, solo a estas dos grandes corporaciones del negocio privado de la salud.
La consecuencia es la saturación de las urgencias hospitalarias por el desmantelamiento de la red de Atención Primaria: déficit de médicos de familia, pediatras…y servicios de urgencias extrahospitalarias sin dotación facultativa, escasez de enfermeras en general, los días de espera en la Atención Primaria, etc.
Esta política es la que, en 2020, en plena pandemia, llevó al Gobierno de Ayuso a dictar los “protocolos de la vergüenza”, que ocasionaron la muerte de 7.291 personas, pues ni se planteó medicalizar las residencias de mayores u ocupar las camas vacías en los hospitales privados a los que baña en dinero público. Camino de que se cumplan seis años de esta atrocidad, las familias de las víctimas siguen esperando que la ¿Justicia? haga su trabajo.
La dinámica de trasvase de dinero público hacia las empresas privadas, además de enriquecer a esas empresas parasitarias del dinero público, tiene como consecuencia la destrucción de los servicios públicos levantados con el esfuerzo contributivo de la clase trabajadora a lo largo de décadas. Y por supuesto, es el caldo de cultivo de la corrupción. Esto mismo podría aplicarse a la educación, tanto infantil, media o universitaria, al sistema público de pensiones, o a cualquier servicio prestado por el Estado -ayuntamientos, comunidades y Estado central-.
Esto ocurre por muchos motivos. Uno es porque los partidos de la izquierda han perdido gran cantidad de prestigio y confianza de sus votantes naturales; la clase trabajadora. Otro porque las organizaciones de la izquierda hace ya tiempo que entraron en la lógica del liberalismo, por lo que conviven, cuando no justifican y aplican estas políticas. Habría más posibles motivos, pero quiero finalizar con otro: la inacción legislativa:
Los gobiernos de izquierda, incluido el actual, que han gobernado desde final del pasado siglo, han asumido la Ley 15/97 siendo incapaces de derogarla. Una ley que abrió las puertas de par en par a los especuladores de la salud y chupópteros de toda calaña. Derogación de la legislación que facilita la destrucción de los servicios público YA.
Roberto Tornamira
Miembro del CATP
Tribuna Socialista 