Valoración del PSOE sobre el acuerdo para la renovación del CGPJ

PSOE y PP hemos alcanzado, con la mediación de la Comisión Europea, un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pone fin a una crisis constitucional de más de cinco años y que cumple con lo expuesto en el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, tal y como exigíamos los socialistas:

Se procederá a una renovación inmediata de los vocales del CGPJ y se tramitará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su independencia, estudiar posibles reformas y poner el mérito en el centro a la hora de realizar nombramientos.

En los próximos días el Congreso y el Senado procederán a elegir los veinte nuevos vocales del Consejo, restaurando así la Constitución en este órgano. Serán 20 vocales con una larga trayectoria y acreditado prestigio en el ámbito de la Justicia y el Derecho y con diferentes sensibilidades que representan a la sociedad española.

Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerzan valores esenciales de la Constitución: Desde ahora, se exigirá que los nombramientos de los altos cargos judiciales se hagan basándose en los méritos y la trayectoria de los candidatos, como ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que mejorará el Servicio Público de Justicia y quitará incentivos para nuevos bloqueos como el que ha mantenido la derecha durante más de 2.000 días.

Se refuerza el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos. Y se encomienda al nuevo Consejo que elabore propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales judiciales, propuesta que se remitirá al Gobierno, al Congreso y al Senado. Cualquier propuesta deberá partir de un amplio consenso, como el que tiene el modelo actual (aprobado en el año 2.000 por más del 90% del Congreso).

Esta renovación es buena para todos:

Para la ciudadanía:

  • Restaura la confianza en la Justicia después de la crisis constitucional de más de cinco años y que afectaba gravemente a la percepción de su independencia, como muestra el Barómetro de Justicia de la UE.
  • Por cada año que no se renovaba el CGPJ, el Tribunal Supremo acumulaba mil asuntos de retraso.

Para jueces y magistrados:

  • Porque permitirá cubrir las plazas pendientes: más de 25 en el Tribunal Supremo (estaban vacantes más del 30%) y más de 70 en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.
  • Y permite que se vuelvan a producir nombramientos y que los jueces y magistrados puedan progresar en sus carreras, como demandaban las asociaciones judiciales tanto progresistas como conservadoras.
  • Se crearán 1.000 plazas de jueces y fiscales en los próximos 5 años.

Y para la economía:

  • El coste anual del bloqueo suponía 12,5M€ para las arcas públicas. El Gobierno estaba reforzando el Tribunal Supremo para evitar su colapso.
  • Y la solución de una crisis constitucional contribuirá a la seguridad jurídica y la confianza de los inversores en España.

El PSOE está plenamente satisfecho con este acuerdo. Hemos estado cinco años intentando que el PP cumpliese la Constitución y, más de 2.000 días y 35 excusas diferentes después, lo hemos logrado. Esperamos que este acuerdo contribuya además a mejorar el clima político del país al subrayar la utilidad de una política útil basada en el diálogo y los acuerdos totalmente opuesta a las formas y las estrategias de la ultraderecha.

Combatir el lawfare construyendo democracia desde la educación

En los últimos tiempos, la desinformación y las fakenews se han convertido en un problema importante para las democracias en el mundo. La situación se ha agravado particularmente desde la pandemia que vivimos por COVID-19, que supuso un cambio radical en la forma de entender y usar las redes sociales y los medios digitales.Todo ello ha dado lugar a que en la actualidad se hable cada vez más de fenómenos,no reconocidos masivamente hasta hace unos años, como el “lawfare”. El término está conformado por “law” (ley) y “warfare” (guerra) empezando a usarse a finales del siglo XX, y teniendo tintes claramente militaristas. Según recoge la FundéuRAE, el término lawfare en el ámbito político hace referencia al uso de procedimientos judiciales «con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».

En los tiempos actuales está teniendo una gran repercusión para la visibilización dellawfarela situación vivida porel presidente del gobierno, Pedro Sánchez, orquestada a través de múltiples medios de comunicación que han difundido informaciones poco contrastadas e incluso intencionadamente falsas. Sin embargo, esta situación no es excepcional ni tampoco limitada al contexto español. Han sido numerosos los líderes y formaciones políticas progresistas que han sido vilipendiadas por parte de los organismos judiciales y determinados medios digitales, con el posterior archivo de las causas en todos los casos. Mónica Oltra, Ada Colau, Victoria Rosell, Isabel Serra, Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Antonio Rodrigo Torrijos yÓscar Reina. Son solo algunos de los nombresque han sufrido lawfare, probablemente por el único motivo de formar parte de fuerzas como Compromís, Comuns, Podemos, Izquierda Unidao el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Las democracias liberales vivieron su auge desde los años 60 del pasado siglo XX, sorteando múltiples crisis y sufriendo un deterioro notable en los últimos años en toda Europa. El Estado del Bienestar se tambalea, muchos derechos básicos recogidos en la Constitución no se cumplen, el empleo para los más jóvenes no es de una calidad suficiente ni merecida y los mecanismos de justicia social de los Estados cada vez tienen menos margen en el ámbito redistributivo. En este contexto, los discursos de extrema derecha se han sentido cada vez más legitimados cambiando el sentido común en torno a los valores democráticos.

En este momento y en base al contexto descrito, es imprescindible que comencemos a reivindicar el valor de la educación en dos de sus vertientes: como arma para combatir las fakenews y la desinformación, pero también como principal mecanismo para la construcción y el fortalecimiento de las democracias en el siglo XXI. La educación debe ser uno de los pilares másrelevantes para la formación mediática de la infancia y de los jóveneshacia el desarrollo de un pensamiento crítico y la detección de las informaciones falsas. Es imprescindible el desarrollo de competencias digitales entre los más jóvenes, pero también de compromiso cívico y democrático. Las generaciones de “nativos digitales” (personas que han nacido en la era digital, en lugar de haber adquirido familiaridad con los sistemas digitales como adultos) acceden cotidianamente a informaciones con apariencia de “neutralidad” y que como sabemos siempre tienen detrás importantes intereses económicos y/o políticos.Los sistemas educativos han de fortalecer sus centros públicos y comprender que además de transmitir conocimientos académicos, está en juego que lasfuturas generaciones adquieran competencias para convivir en un entorno de consumo volátil de la información que les empuja a pensar rápido, sin diálogo y sin reflexión.

Para afrontar este gran desafío, la educación para el siglo XXI deberá transformarse de forma íntegra. Por un lado, el profesorado ha de formarse al respecto y los planes formativos iniciales y permanentes deben incluir esta temática como un eje docente central. Por otro lado, las familias también deberán formarse, a través de la propia educación pública, para comprender el alcance del desafío que estamos afrontando. Para todo ello es imprescindible dotar de recursos humanos y materiales a las instituciones educativas públicas.En este sentido, ya existen herramientas y profesionales que están trabajando en esta dirección: “Educar en el aula sobre fakenews” o “Con las fakenews no se juega”. Se trata de dos títulos diseñados por Jacqueline Sánchez y Enrique Martínez, que han editado sendos manuales con los que acercan a menores y docentes el concepto de las fakenews, su identificación y como defenderse de ellas.

Cada día que pasa se hace más prioritario que la educación pueda contribuira construir un nuevo modelo social para el futuro, en el cual se ponga en valor el papel de la ciudadanía para reivindicar y sostener los valores democráticos, de progreso y justicia social.Todo ello es incompatible con ciertas prácticas y dinámicas que han ido penetrando en el ámbito político, mediático y judicial, afectando a la convivencia, la opinión y el ejercicio de la ciudadanía en toda su plenitud. El lawfare ejercido sobre grandes líderes pertenecientes a ciertas formaciones políticas es un síntoma grave, pero que solo representa la “punta del iceberg” de un gran deterioro de las democracias liberales.Recientemente,tras las elecciones al Parlamento Europeo hemos acudido a otro alarmante hecho, evidenciándose que un “grupo elector” puede obtener 800.000 votos en nuestro país basando su discurso en la desinformación y el populismo ultraderechista más conspiranoico (valiéndose de unos aparentemente inofensivos canales de Telegram, Youtube y perfiles en otras redes sociales). Precisamente son estos canales de transmisión de contenidos, aparentemente independientes, los que más repercusión tienen en la socialización y adquisición de ideas por parte de los más jóvenes. Los nuevos y cada vez mayores desafíos y amenazas a la democracia, requieren de una educación pública que promueva en las futuras generaciones competencias cívicas para el ejercicio pleno de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Miguel Ángel Albalá Genol.
Doctor en Educación y profesor de Universidad.

Entrevista: Christian Soriano García

Por Baltasar Santos para T.S.

Christian Soriano nació en Vendrell en 1997 (27 años). Es Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho (UPF). Máster de Comunicación Política e institucional (BSM-UPF) y realizó un curso de especialización en campañas electorales (UNIR).

Su carrera política se inició como militante de JSC, primer secretario de JSC en el Vendrell, primer secretario de JSC en la federación del Camp de Tarragona, y miembro de la ejecutiva local del PSC.

Desde 2019 es portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento del Vendrell, asumiendo responsabilidades en distintas áreas: comunicación, televisión pública… y desde 2023 asume la concejalía de seguridad ciudadana.

En las últimas elecciones al Parlament de Catalunya de 2024 ha sido elegido como diputado del PSC por la provincia de Tarragona. integrándose en la comisión de seguridad ciudadana.

En la entrevista que concede a Tribuna Socialista le preguntamos por la juventud, las prioridades del partido en Cataluña y los servicios públicos.

Pregunta: Acabas de ser elegido Diputado del PSC al Parlament de Cataluña. ¿cuáles son las prioridades?

Respuesta: Las prioridades mías y del partido son las mismas que el país requiere: mejores servicios públicos y mayor actividad económica. Cataluña lleva más de una década de regresión en calidad de la sanidad, la educación o la seguridad y lo que necesitamos es revertir cuanto antes esa situación.

Pregunta: Se dice vulgarmente que la gente joven pasa de la política. Sin embargo, en las universidades hay acampadas en contra del genocidio palestino. ¿Estamos fallando los partidos políticos a la hora de representar a la juventud? ¿qué hay que hacer?

Respuesta: El problema no es de los jóvenes con la política, sino de la política con los jóvenes. Los precios del alquiler están en las nubes y tenemos problemas con el paro juvenil, las tasas universitarias o las plazas de FP. El remedio es claro: invertir en políticas transversales que ayudan a las y los jóvenes a desarrollar su proyecto de vida.

Pregunta: Siguiendo en la misma línea. Los partidos ultraderecha llegan mucho más a la gente joven a través de las redes sociales. En los próximos años el auge de la extrema derecha parece concentrarse en estas franjas de edad. ¿Qué opinas?

Respuesta: Precisamente la desafección política que genera la situación socioeconómica entre los jóvenes es lo que crea ese distanciamiento entre los gobernantes y la juventud. Este escenario, lamentablemente, crea una barrera muy peligrosa entre las y los jóvenes y sus representantes políticos que la extrema derechas está aprovechando con soluciones mágicas y discursos simplistas. Estos discursos se combaten hablando con sinceridad a la gente, haciendo pedagogía e invirtiendo para mejorar sus vidas y otorgarles más oportunidades.

Pregunta: Una de las claves del éxito de Illa en las elecciones ha sido su defensa de los servicios públicos. ¿En qué se concreta?

Respuesta: En hacer lo que no se ha hecho en Cataluña en los últimos diez años: gobernar. Necesitamos invertir en el estado del bienestar para volver a ser referentes en educación, sanidad y seguridad. Creo que la ciudadanía ha hablado de manera contundente porque la situación es ya insostenible, existe un gran consenso sobre la necesidad de tener un gobierno progresista y estable que impulse la transformación que Cataluña merece y necesita.

Pregunta: Tu etapa como concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Vendrell ha estado muy impregnada del fortalecimiento de los servicios públicos municipales: gratuidad de las guarderías, servicio de asesoramiento psicológico juvenil, incremento de efectivos en la policía local… ¿Es extrapolable al conjunto de Cataluña?

Respuesta: Totalmente. Los Ayuntamientos nos hemos convertido estos años en Cataluña en el bote salvavidas de los gobiernos de la Generalitat. Hemos llegado donde no han podido llegar ellos y el sistema gratuito de psicología para jóvenes es un ejemplo. En un tema que no nos toca, pero ni podemos ni queremos quedarnos de brazos cruzados viendo como nuestros vecinos y vecinas se tiran cuatro meses esperando una cita con el psicólogo público. Esta vocación de servicio público es la que queremos trasladar los socialistas a la Generalitat.

Pregunta: Hace unos años, dijiste en un acto “si el Felipe González de hace 25 años viera lo que dice el Felipe González de hoy le pegaría una patada en el culo”. Sigues pensando igual? ¿a qué obedece este posicionamiento constante de la vieja guardia del PSOE?

Respuesta: Seguramente diferiría en las formas, pero no en el fondo. Creo firmemente que el Felipe González de los ochenta que conocí leyendo sus discursos y que fue muy importante para mi acceso a la militancia del partido no estaría en nada de acuerdo con el actual. Me entristece ver a estas figuras alineándose con los postulados reaccionarios del país. Es cierto que ellos construyeron el PSOE que conocemos hoy en día, pero también es cierto que todos los militantes, sin excepciones, debemos respeto a un partido con casi dos siglos de historia que se ha dejado la cara y el alma para construir la España de hoy. Y respetar al partido es respetar a su dirección nacional.

Llamarlo como queráis, pero es “Lawfare”

Uno de los poderes del Estado se muestra contemplativo ante un caso de “law fare”, de esos que se dicen “de libro”. Un juez más, y ya son muchos, demasiados, irrumpe en la escena política para incidir en los resultados de unas elecciones. Es tan burda la maniobra que parece mentira, pero es tristemente cierto.

El problema sería anecdótico si la evidencia de la existencia de una fracción de la derechona añorante del franquismo dentro de las instituciones del Estado no fue tan patente y con tantos antecedentes. El problema de la indecencia filofascista que no ha salido des las instituciones es que sus actos tienen consecuencias irreparables.

Los casos de Mónica Oltra en País Valenciano, el de Alberto Rodríguez en el Congreso de los Diputados, el de los acusados de terrorismo por una pelea de bar en Alsasua, la policía patriótica actuando al servicio del PP, el juez García Castellón acusando de terrorismo a políticos catalanes…El listado de casos y hechos sería largo de relatar.

En su desesperación, la derecha política, mediática y judicial acude a lo que ya se ha visto en otros países, siempre con la misma pauta: denuncia falsa que es admitida por un juez y secundada por la correspondiente campaña política. El último caso que hemos visto de cerca fue en Portugal, contra Antonio Costa en otoño del año pasado.

Ahora el objetivo es el presidente del Gobierno, pues lo que no son capaces de conseguir en las urnas están dispuestos a alcanzarlo con el método que la extrema derecha viene implementando por el mundo.

Es la prueba de que la derecha heredera del franquismo: PP, VOX y los rescoldos de C´s, no están dispuestos a que este país pueda vivir en paz y libertad, por eso se empeñan en la confrontación y la exclusión, de ahí que hiperventilen ante la Ley de Amnistía o la Ley de Memoria Democrática.

Esta situación pone en evidencia que la transición no resolvió el problema de la dictadura. Ahora que se cumple el 80 aniversario del desembarco de Normandía, conviene recordar que los aliados aplicaron en Alemania una desnazificación, pero en España no se aplicó una depuración franquista. Por el contrario, se alentó que las estructuras institucionales de la dictadura continuasen vivas, con simples cambios de nombres, es el caso del TOP, cuyos muchos de sus magistrados pasaron a formar parte de la Audiencia nacional y del Tribunal Supremo, y claro, eso deja escuela, y de aquellos polvos estas ciénagas. De la misma manera que ministros franquistas se pusieron un traje de demócrata y constitucional y se dedicaron a constituir partidos que hoy acosan al gobierno.

Esta maniobra torticera, que irrumpe en plena campaña electoral, es un ataque frontal a la democracia y a las libertades. Una afrenta que debería ser contestada con una gran movilización ciudadana organizada y promovida por las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda. Movilización que debería ir acompañada con decisiones políticas claras, como la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la Ley 15/97 que permite y anima a la privatización de la Sanidad Pública, la puesta en marcha de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social tal como está recogido en la Ley 21/2021, la puesta en marcha de políticas contundentes para intervenir en el mercado de la vivienda, y toda una serie de necesidades de la mayoría social que debería abordar con valentía el gobierno de colación progresista actual.

El mensaje más eficaz contra la extra derecha y sus distintas versiones es la movilización y la toma de decisiones políticas en favor de la mayoría.

El Comité de Redacción
9 de junio de 2024

Nace Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores

La asociación recién creada está constituida por familiares de fallecidos y activistas en defensa de la Sanidad Pública y los Derechos Humanos.

Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), se constituye exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma.

DJRM promoverá la existencia de una trama comunitaria con un conjunto de organizaciones, colectivos sociales, asociaciones de familias de víctimas y vecinales y ciudadanos y ciudadanas conectados entre sí, que compartan una perspectiva común en torno a la necesidad de propiciar la investigación de las causas por las que 41.174 personas murieron en Residencias de mayores, en 2021, en todo el Estado, según datos publicados en https://es.statista.com/estadisticas/1201589/fallecidos-residencias-a-causa-de-covid-19-por-region-espana/

Cuatro años después, todos gobiernos de los territorios, han cerrado el escenario de sus responsabilidades. En la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en las Residencias a los que se les negó la atención médica hospitalaria, y en la que la judicatura está archivando las causas que se presentan. Queda un resquicio de esperanza con las “Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid”.

En Catalunya, el Parlament aprobó unas conclusiones en las que se evita señalar culpables directos y se avala la tesis de que “se hizo lo que se pudo porque nadie en el mundo estaba preparado“. Estas conclusiones las rechazan las familias de las víctimas, que piensan que ha habido un pacto político para minimizar la tragedia. Y deberían rechazarlas el conjunto de la sociedad, pues la falta de previsión, por parte de los poderes públicos, nos pone en riesgo a todas y a todos en materia de Salud y Dependencia.

Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no disponían de información respecto de las causas. En Asturias, Baleares, Murcia y Navarra aportaron los datos, sin explicar las causas.

En la Comunitat Valenciana sí aportó la información, pero a fecha 30 de octubre de 2020 y no a 30 de abril de aquel año.

DJRM no sólo no cierra las puertas de las instituciones políticas y jurídicas europeas, sino que organizará y canalizará acciones contundentes que permitan sensibilizar a la sociedad civil de la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido con todas sus consecuencias.

Desde DJRM nos proponemos promover, con los familiares de los residentes, una nueva Ley de Residencias, con mínimos exigibles de obligado cumplimiento comunes para todas las CC.AA.

DJRM, hace un llamamiento a la ciudadanía comprometida con la defensa de valores públicos a participar en la organización de un movimiento social que tome en sus manos la denuncia y organización contra la mafia empresarial que representa el modelo del negocio de la dependencia.

Mercedes Huertas
Presidenta de DJRM
I Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial

Razones para entender la desafección por las elecciones europeas

A partir del próximo 6 de junio están convocadas elecciones al Parlamento Europeo. En España votaremos el próximo domingo 9 de junio. La participación en las Elecciones Europeas no ha parado de descender desde la primera convocatoria en 1972. Desde 1994 menos de la mitad de los votantes europeos acude a las urnas en cada convocatoria. Solo unos pocos paises registran participaciones altas, pero la razón es que en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia y Luxemburgo el voto es obligado. La desafección es clara, pero ¿cuáles son las razones?

Una primera razón es el carácter de «elección de segundo orden» de estos comícios. Mientras en la mayoría de elecciones, el pueblo elige sus representantes para que a su vez elijan un gobierno, en el caso de las elecciones al parlamento europeo no es así. Elegimos representantes, pero éstos no eligen ningún gobierno. El Gobierno de Europa es la «Comisión Europea» que ostenta el poder legislativo y el poder ejecutivo y cuya composición es de un miembro (comisario) por cada Estado.

De hecho, la iniciativa legislativa de los representantes elegidos por el pueblo se reduce a la posibilidad de proponer a la Comisión Europea la adopción de medidas legislativas, pero su proposición no tiene carácter vinculante. Por otro lado, no tiene ninguna facultad para controlar o decidir sobre la política económica y monetaria que es competencia exclusiva del Banco Central.

Una segunda razón, es la percepción de que cuando se trata de recortes o de fiscalizar las políticas de los países miembros, la Unión Europea tiene competencias. Cuando se trata de homogeneizar derechos en toda la Unión Europea, entonces la UE no tiene competencias, ya que las mismas residen en los estados miembros. Es decir, la misma Unión Europea que impone el cierre de los astilleros, el cierre de las minas, la libre deslocalización de industrias o que pone trabas al sector agrario y ganadero, en nombre de la “libre competencia» y la lucha contra el cambio climático, rechaza la posibilidad de establecer iguales derechos sociales para todos los europeos.

La tercera de las razones es la subordinación a los Estados Unidos. Desde su fundación, la subordinación a los intereses norteamericanos ha sido una constante. Por poner solo un ejemplo que diversos artículos de Tribuna Socialista han analizado en profundidad durante los últimos años: el papel de Europa en la guerra de Putin. ¿quién además del propio Putin está alimentando esta guerra sino EEUU? Desde el inicio de la guerra de Ucrania, ¿qué pais ha aumentado exponencialmente su cuota de mercado de gas licuado en Europa sino EEUU?

Como cuarta razón para explicar la desafección por las elecciones europeas, podemos hablar de la propia desmovilización de los partidos, especialmente los de izquierda. Por poner solo un ejemplo. ¿En cuántas agrupaciones socialistas se han organizado grupos para pegar carteles o hacer campaña electoral?. Respuesta: en muy pocas, y con un material muy exíguo: solo un 10% de los carteles de farola, ni un solo folleto explicando el programa electoral, sin carteles de papel, El resultado: menos interventores y apoderados para las mesas electorales y reducción de la militancia a ser meros espectadores de los actos en que interviene Pedro Sánchez.

Iré a votar, pero sin ilusión ni esperanza de cambio. Habría que ir pensando en constituir una nueva Europa que sea una verdadera alianza democrática de trabajadores y pueblos.

Carlos Fernández

EUROPA, MÁS EUROPA FRENTE A LA BARBARIE


Por Manolo Romero

Coordinador RUGE-UGT en Sevilla

Este 9 de junio se celebran las elecciones europeas y, probablemente, significarán el inicio de la ruptura del proceso integrador o, esperemos, de una nueva fase de profundización de las relaciones e integración entre los Estados miembros. Afirmaciones como estas pueden parecer manidas, pero esta vez no sólo está en juego el futuro del mayor proyecto de unión entre naciones de la Historia, sino el riesgo de que volvamos 70 años atrás, el riesgo de volver a esa concepción nacionalista excluyente entre pueblos, el riesgo de levantar muros entre vecinos y el riesgo de la pérdida de derechos y libertades.

Siguiendo el pensamiento de Robert Schuman, uno de los padres fundadores del proyecto comunitario, Europa está en riesgo constante, no se construye de una sola vez; sino de manera prolongada en el tiempo, con vaivenes y amenazas que hacen vital el compromiso de la ciudadanía y, en especial, de la clase trabajadora, para su supervivencia.

Hoy, de nuevo, la barbarie llama a las puertas de Europa. Algo que creíamos extinguido tras el último gran conflicto de Los Balcanes, vuelve a suceder casi treinta años después. Al margen de la amenaza en sí misma que la guerra constituye, es importante reflexionar sobre la capacidad de la Unión Europea para revolver estos conflictos y, llegado el extremo, participar de ellos para asegurar el respeto a los derechos humanos y garantizar las libertades. Si en Europa radica el origen del conflicto (no olvidemos, tanto Ucrania como Rusia son Europa), también de Europa debe partir la solución. Son muchos los intereses que giran en torno a las guerras y si en el mundo hay una institución que de verdad vele por los derechos y el progreso de las personas, esta es la Unión Europea. Por tanto, necesitamos unas instituciones comunitarias comprometidas, fuertes, solventes, ajenas a presiones de otras potencias, y que reivindiquen los valores y el acervo comunitario.

Por ello, es hoy más importante que nunca apostar por más Europa, votar con sentimiento comunitario para que quienes pretenden destruir la Unión desde dentro no se valgan de ella. Esta amenaza es la que hoy día representa la ultraderecha y el nacionalismo populista excluyente, ese que creímos superado hace tantas décadas y que hoy vuelve al albur de la desinformación y financiada, a menudo, por quienes no representan ni el 1% de la ciudadanía.

Precisamente por eso comentaba la importancia de la clase trabajadora y también las clases medias, como músculo demográfico para proteger nuestras instituciones. Porque que el progreso y la justicia social sigan siendo principios inspiradores de este proyecto transnacional nos beneficia, ante todo, a las mayorías sociales; y somos nosotros quienes tenemos el deber de protegerla.

Por ello es más importante que nunca la movilización. La paz, la convivencia, las libertades y la redistribución de la riqueza son premisas que han beneficiado a la sociedad en su conjunto, sí, pero en especial a la clase trabajadora. Quienes antes sufrían las guerras ahora disfrutan de la paz; quienes antes se veían desprotegidos y en la pobreza ante las crisis ahora reciben un sistema de protección social; o quienes eran perseguidos por su origen o religión ahora ven respetada su identidad. Todo esto es una realidad mayoritaria para los pueblos y ciudadanía de Europa. Sólo nuestra voluntad y compromiso cívico puede salvar un modelo que, pese a sus muchas carencias, nos han convertido en el lugar del mundo con mayor calidad de vida y esperanza en el futuro.

Desde las instituciones comunitarias, gracias a las fuerzas políticas mayoritarias europeas resultantes tras cada comicios, se han impulsado a lo largo del tiempo medidas que han mejorado sustancialmente la vida de la gente. Muchas de ellas, que repercuten en las mayorías sociales, que han fortalecido el salario mínimo, regulación de las plataformas digitales o el teletrabajo, aportado nuevos derechos por la conciliación, la exigencia de modificar la regulación del despido porque sale demasiado barato, medidas para mejorar la vida de la juventud, etc.

En definitiva, en estos momentos de crispación en los que recorre Europa la amenaza de la polarización social, basada en los bulos y en la guerra del último contra el penúltimo, frente al extremismo, apostemos por más Europa. Como dijo Altiero Spinelli, otro de los padres fundadores del proyecto europeo, “sólo el europeísmo de verdad y una soberanía propiamente europea permitirá que sean los europeos los que resuelvan sus problemas”.

Sevilla, a 31 de mayo de 2024.

Hemos enviado una carta a la ministra de Sanidad

Hace unas pocas semanas, el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) puso en marcha una iniciativa consistente en dirigir una carta colectiva a la Ministra de Sanidad, Mónica García, pidiéndola que actúe con inmediatez en tres líneas:

  • Derogación de la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, de los artículos 66,67 y 90 de la Ley 14/1986 General de Sanidad y de todas las disposiciones que permiten la privatización de la sanidad.
  • Derogación de las normas que permiten la intromisión de las mutuas en el control de las bajas laborales por contingencias comunes.
  • Aprobación de un presupuesto de urgencia finalista para la sanidad, que permita a los distintos servicios de salud recuperarse de los recortes sufridos y mejorar su funcionamiento y condiciones de trabajo para frenar y revertir la fuga de profesionales.

Las dos primeras peticiones que son comunes a todas las comunidades autónomas, en tanto que se trata de legislación de ámbito estatal, y que suponen el punto de apoyo para todos los gobiernos autonómicos que tienen la privatización de la Sanidad Pública como una política de acción. La segunda, es urgente y necesaria para paliar los recortes económicos que se vienen aplicando en la Sanidad de todas y todos.

La carta fue registrada en el Ministerio de Sanidad el día 20 de mayo, tras haber superado los 1000 primeros firmantes, objetivo que los organizadores se marcaron. Esto no significa que se haya cerrado la posibilidad de adherirse a esta misiva la ministra. De hecho, a fecha de redactar esta nota, se han incorporado más compañeros y compañeras tras entrada en Registro de la carta. Sumarse a la carta es tan sencillo como enviar un mensaje de adhesión a: cartamonicagarcia@gmail.com con el nombre y apellidos, la organización a la que se pertenece y la provincia o localidad en la que se reside.

Una vez que la carta toma dimensión pública, algunos medios de comunicación están mostrando interés por este debate que le proponemos a la titular en el Gobierno de la cartera de Sanidad:

https://radiopopular.com/podcast/carta-a-la-ministra-de-sanidad-se-estan-cerrando-camas-en-hospitales-publicos-y-derivando-a-la-privada?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0iNOLfr8QuLB1Xz_dbnMg6fZEPulJFi_bNi1Cu6_OTqGGXyx5EmJ2GS4A_aem_AY33jf5JxQ4GV32cDyM2dthMp019pNnHVevwgT96XOQaBODrJf2Ow3lp3ivOXDL2Yn1Mge2p3gYhv_D5dRFhYtup

La gran Manifestación que tuvo lugar en Madrid el día 19, en defensa de la Sanidad Pública, convocada y organizada por el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, ratifica lo que la demoscopia viene diciendo a la clase política: ¡Qué la Sanidad Pública está entre las principales preocupaciones de la mayoría social! Cosa distinta es si a la clase política le interesa ponerse a trabajar por resolver este problema de primera magnitud.

El debate está plateado, cuantas más seamos más nos tendrán que escuchar.

Pascual Sánchez
Militante socialista de Madrid

Europa Nos Necesita


Foto del mural “El Futuro es Europa”, en frente de la Comisión y del Consejo Europeo
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En estas elecciones europeas, la Historia, caprichosa, parece querer repetirse. Hace un año, después de unas elecciones generales muy disputadas, la izquierda resistió en España, contra viento y marea, para seguir transformando la sociedad en favor de la mayoría social. ¿Quién nos iba a decir que un año más tarde, tendríamos que librar la misma batalla, pero esta vez, para preservar la Europa de los derechos humanos?

En esa situación estamos. Tenemos que disputar un partido de vuelta, a una escala mayor, para evitar que la extrema derecha, en pleno ascenso, desfigure el proyecto europeo en el que tanto hemos soñado tantas generaciones de españoles. Y, si bien es cierto que hablamos muchas veces del peligro que supone la extrema derecha por los horrores inolvidables que ha provocado, creo que es necesario comprender concretamente la desgracia que supondría una coalición con la extrema derecha para la Unión Europea, una vergonzosa posibilidad a la que se abre Von der Leyen. Esto nos llevaría a una Europa menos respetada en el mundo, a una Europa antisocial totalmente incapaz de hacer frente al cambio climático, y a una Europa en la que los derechos humanos estarían en peligro.

En primer lugar, iríamos hacia un bloqueo de la política exterior europea, o incluso peor, hacia el inmovilismo frente a violaciones del derecho internacional. En efecto, yo he visto con mis propios ojos, como países gobernados por la extrema derecha han vetado en las instituciones iniciativas europeas destinadas a condenar y actuar frente a regímenes autoritarios. Con un ejecutivo comunitario en manos de la extrema derecha, ni hay esperanza para Palestina, ni hay coalición con las democracias del mundo, ni habrá ningún tipo de duda en mirar hacia otro lado cuando sucedan genocidios si hacerlo conviene a los negocios. Iríamos entonces hacia una Europa aislada en el mundo multipolar que nos acusa de tener una doble vara de medir frente a las catástrofes que suceden a escala internacional. El ejemplo global de coherencia y justicia que España ha dado con el reconocimiento de Palestina no salvaría a Europa de ser vista con desprecio por su hipocresía. Europa se quedaría definitivamente sin voz en el mundo y dejaría de ser un modelo de democracia inspirador para otros continentes. La Europa que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2012 se desvanecería.

En segundo lugar, se pondría en peligro nuestra capacidad colectiva de resolver el mayor desafío que enfrenta la humanidad en la actualidad: hacer frente a la crisis climática y ecológica con una transición justa cuya ambición esté a la altura. Con la extrema derecha en el ejecutivo europeo, la lucha contra el cambio climático dejaría de ser una prioridad a causa del negacionismo de estos partidos y de la preocupación por el color de piel como única agenda política. Al mismo tiempo, las debilitadas políticas ambientales diseñadas por lo que quedase de la derecha convencional europea acabarían suponiendo una transferencia regresiva de rentas de los que menos tienen a los que más. Con la derecha, la austeridad siempre es para el pueblo, mientras las élites se forran. La mayoría social acabaría pagando no ya la transición de todos, sino la de los más ricos que no quieren contribuir con sus suculentos beneficios al interés general. Incluso los agricultores vivirían peor, porque después de cincuenta años de comisarios europeos de agricultura de derechas (y el último además de extrema derecha), sus problemas no harían más que crecer. Una Comisión sin una política climática firme no podría reducir la inflación ligada a la pérdida del rendimiento agrícola a causa del cambio climático. Una Comisión con una política comercial ambigua sería una doble condena para los agricultores, al desprotegerlos frente a productos que vienen de fuera, mientras ponen barreras dentro de Europa reduciendo así la capacidad exportadora de una potencia agrícola como España. Una Comisión y un Parlamento que no se ocupen de los problemas reales del medio ambiente y de los agricultores simplemente nos harán la vida más difícil a todos, con un impacto a largo plazo preocupante e impredecible.

En tercer lugar, los derechos humanos y la democracia estarían bajo amenaza en una Europa que nada tendría que ver con la visión de sus fundadores. La Comisión dejaría de ser un contrapeso para países como Hungría que intentan saltarse el Estado de derecho y controlar los tribunales constitucionales para aplicar su agenda involutiva. Si Meloni es una aliada de la Comisión, los derechos del colectivo LGTBIQ+ no sólo se verían atacados en Italia, sino en todo el continente. Del mismo modo, podemos esperar que el feminismo, la lucha contra la desinformación y todas aquellas cuestiones relacionadas con profundizar nuestras democracias y avanzar en derechos, acabarían en el cajón del olvido. Europa ya no sería aquella idea moderna de rechazo unánime al fascismo como condición para poder construir un continente basado en normas justas y en una convivencia democrática.

Frente a esta Europa oscura, existe un modelo capaz de resolver los conflictos territoriales, capaz de acabar con la austeridad para gobernar en favor de la mayoría social, capaz de acelerar la transición ecológica con un despliegue récord de energías limpias, y capaz de ampliar la democracia con nuevos derechos. Es el mismo modelo que ha logrado que la extrema derecha retroceda en España porque ha puesto en práctica soluciones justas a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Ese modelo se llama socialismo democrático, y liderado por el PSOE en España, ha logrado avances colectivos inimaginables hace sólo unos años.

Nos encontramos ahora ante unas elecciones cruciales para el futuro de Europa. Y tenemos que ser conscientes de que la situación no es “que viene el lobo”, porque el lobo ya gobierna en países como Italia, Hungría, Suecia y, en breve, Holanda, y ahora está a punto de tocar poder en Europa. Nuestra movilización es la única que puede frenar a los que quieren acabar con la Europa de democracia, de paz y de fraternidad. Por eso, en estas elecciones, debemos votar masivamente al PSOE, porque necesitamos Más Europa y porque el socialismo es el único modelo que funciona para la mayoría social en un mundo tan complejo. Este 9 de junio, llenemos las urnas de esperanza. Europa nos necesita.

Joaquín Gonsálvez Castillo
Sº de Organización de las Juventudes Socialistas de Benalmádena (Málaga).Fue becario en el Consejo de la Unión Europea

Tribuna Socialista entrevista a Ana Rosa Encinas Gilarranz

Ana Rosa Encinas es madrileña, se licenció en Medicina en la Universidad Complutense. Realizó la especialidad de Medicina del Deporte y cursó la formación de Psicoterapia en la Escuela Madrileña de Terapia Gestalt. Madre de 2 hijos. Comienza su activismo en defensa de la Sanidad pública en las movilizaciones de la Marea Blanca. Participa en la Plataforma de Centros de Salud y en varios colectivos en defensa de la Sanidad pública.
Desde hace 38 años, ha desempeñado su trabajo como médica de Atención Primaria, 20 en el barrio de Usera y los 18 últimos años en Carabanchel, donde continúa siendo testigo del deterioro progresivo de nuestro sistema sanitario público.

Pregunta: El domingo día 19 hubo en Madrid una nueva manifestación muy multitudinaria en defensa de la Salud Pública ¿qué sensaciones te quedan tras esta repuesta de la ciudadanía a la convocatoria?

Vivimos en una sociedad que nos empuja al individualismo y a la falta de empatía, potenciando el aislamiento y la soledad, un buen caldo de cultivo para enfermar, en la que se intenta dinamitar vínculos.

Las movilizaciones ciudadanas no son fáciles y la resignación y falta de esperanza en un posible cambio, son nuestros peores enemigos.

Partiendo de esta premisa, creo que debemos sentir alegría y orgullo al ver a tantos miles de personas inundando nuestras calles, exigiendo que nuestro sistema sanitario público reciba la inversión necesaria y la gestión adecuada, evitando la privatización, para poder hacer sostenible el sistema y tener una atención digna, de calidad y universal.

P: El espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid lleváis varios años en movilización ¿por qué hay que movilizarse para defender la Sanidad Pública? ¿qué está ocurriendo en Madrid?

Todas las personas que aquí vivimos (aunque no se padece de igual manera según las zonas y clases sociales) vemos el deterioro de la atención sanitaria recibida. La ciudadanía tiene dificultades de acceso a su Centro de Salud: en algunos lugares les derivan a otras localidades, sin tener en cuenta que para algunas personas resulta complicado el traslado y siempre rompe la relación terapéutica; el aumento del tiempo de espera con su profesional (de hasta 20 o 30 días); la falta de pediatría en muchos centros (agrupan y deben desplazarse a los centros referentes, perdiendo longitudinalidad y seguimiento); la falta de profesionales en horario de tarde (el futuro será cierre a las 18 horas, sin valorar que muchos horarios laborales terminan tarde) También sufrimos la falta de médico/a en la mitad de nuestros centros de urgencias extrahospitalarias (aquí debemos hablar de las muertes ocurridas en estos centros sin médicx, ya son 5 muertes publicadas que quizá se hubieran evitado con equipo completo).

A nivel hospitalario padecemos una lista de espera interminable para revisiones, pruebas diagnósticas o cirugía hospitalaria (hemos superado el millón de personas en lista de espera y desconocemos el número de personas que fallecen esperando su cita).

La Sanidad Pública es un derecho social que nos iguala a todas las personas, un derecho humano básico contemplado en la Constitución y en las leyes centrales y autonómicas.

Es necesario defenderlo porque nos va la vida en ello.

P: Es evidente que los vecinos y las vecinas tienen derecho a expresar su opinión, señalar los problemas y exigir soluciones ¿qué y quién puede aportar soluciones a la situación que está sufriendo la Sanidad Pública madrileña?

La enfermedad se ha convertido en uno de los negocios más rentables. Todas las personas somos pacientes cautivos, debido a ello la privatización de la Sanidad pública se extiende a todo el Estado y ocurre lo mismo en otros países.

A Madrid le transfirieron las competencias en Sanidad en 2001 y es el Gobierno autonómico quien decide los presupuestos raquíticos y la despiadada desviación de dinero público a empresas privadas: de cada 2 € presupuestados para la sanidad pública, 1 € termina en manos privadas.

Es nuestra Consejera de Sanidad la que debería tener la intención política de hacer sostenible el sistema público, con inversión adecuada e impidiendo la sangría que supone la privatización.

Somos conscientes de que las leyes que permiten la privatización tienen rango estatal: Ley 15/86 (artículos 66,67 y 90) y Ley 15/97, leyes que, por coherencia, deberían ser derogadas.

La ciudadanía debe exigir la reversión de todo lo privatizado porque somos los titulares de nuestro sistema sanitario.

P: Como trabajadora de la Sanidad Pública ¿cuál es el problema más grave al que os enfrentáis los y las profesionales sanitarias?

Comenzaré explicando que hay déficit de plantilla de todas las categorías y en todos los niveles asistenciales, esto conduce a una sobrecarga laboral generalizada.

En el caso de medicina de familia y pediatría hay 500 plazas vacantes, por lo que los pacientes son repartidos entre los profesionales que estamos, las agendas son interminables y tenemos insuficiente tiempo para poder escuchar, diagnosticar, tratar y acompañar a los pacientes, así como maltrato e incumplimiento de nuestros derechos laborales.

En Madrid faltan profesionales porque se van de aquí, buscando mejores condiciones de trabajo. Aumentar las plazas en Universidades y en la formación de especialidad no soluciona totalmente el problema. Madrid es un lugar frecuentemente elegido para la formación, tenemos muy buenos centros y prestigiosos profesionales, el problema son las condiciones laborales: habrá que igualar la oferta a la que encuentran en sus lugares de destino.

P: Las trabajadoras de la Sanidad Pública, como todas y todos los trabajadores, también enfermáis. En calidad de paciente ¿Cuál es el problema más grave?

A raíz de la pandemia hemos tenido que atravesar momentos muy dramáticos, sosteniendo mucho sufrimiento de muchas personas. Para algunos compañeros y compañeras ha sido un shock postraumático, que arrastran y se suma a la sobrecarga en el trabajo, precisando medicación y/ o baja laboral.

Muchas sentimos que están profanando nuestro trabajo, es difícil dar la atención humana adecuada.

P: Por último, ¿qué le dirías a una persona que piensa que no se pueda hacer nada?

Le recordaría que la Marea blanca impidió la privatización de 6 hospitales y 27 Centros de Salud e impidió que el Hospital de la Princesa se convirtiera en un geriátrico. Más actualmente, nuestras movilizaciones han obligado a reabrir los 37 servicios de urgencia urbanos, aunque no todos con equipo completo. Hemos frenado el cierre de la tarde por ahora…

La ciudadanía debería tomar conciencia de la gravedad del tema. Sería muy interesante que fuéramos capaces de aumentar la red de vínculos y de implicación, hacer una Auditoría ciudadana manejando la información que pretenden ocultar los responsables de nuestra gestión sanitaria, los que nos despojan de lo que es nuestro.

Roberto Tornamira para Tribuna Socialista