Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Nuevo y convulso curso político

La apertura del nuevo curso político no ha defraudado en absoluto a nadie. Al margen de la alta preocupación y de la incertidumbre que están generando las altas cifras y porcentajes relacionados con los rebrotes de la COVID-19, el análisis de la situación política, económica y social está ocupando un lugar muy relevante en los medios de comunicación, así como los fuertes debates sobre los problemas que más preocupan a la ciudadanía (entre otros, la seguridad en el curso escolar y universitario).

En términos políticos destaca, por su fuerte repercusión mediática, la “Operación Kitchen”, donde se ha vuelto a recordar el intolerable escándalo de la financiación ilegal del PP y, sobre todo, la actuación mafiosa de la llamada “Policía Patriótica” de Jorge Fernández Díaz (“El diablo quiere destruir España”) y Mariano Rajoy, así como el bloqueo sistemático del PP encaminado a evitar la renovación de altos cargos de los organismos del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo de Administración de RTVE…

A ello hay que añadir la esperpéntica moción de censura de VOX al gobierno en el parlamento; la situación de extrema precariedad política del president de la Generalitat de Catalunya; además de la reiterada negativa de Pablo Casado a alcanzar algún tipo de acuerdo que pueda facilitar la salida de la crisis y ayudar a gestionar las cuantiosas ayudas de la UE; y, finalmente, los renovados intentos de las derechas por desestabilizar al Gobierno golpeando de manera persistente a Unidas Podemos (UP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

En términos económicos, los PGE-2021 ocupan, sin lugar a dudas, un destacado protagonismo en las actuales circunstancias: fuerte recesión económica, déficit y deuda pública, alto índice de desempleo (sobre todo de los jóvenes), fuerte precariedad en el empleo, déficit de las políticas sociales (pensiones, dependencia y desempleo), escasa financiación de los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales), crecientes desigualdades sociales (aumento de la pobreza)… A estos importantes asuntos hay que sumar el reciente fracaso del Gobierno en la convalidación del Real  Decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos (corregido en parte); además de un asunto muy relevante, nuevo e inesperado: la apertura de negociaciones para cerrar el proceso de absorción de Bankia por Caixabank.

En relación con este último punto, la derecha política y económica han valorado muy positivamente estas conversaciones (desde la “lógica económica y empresarial”) y los mercados reaccionaron de entrada con fuertes subidas bursátiles. En cualquier caso, la apertura de negociaciones contó con la aprobación e impulso del Banco Central Europeo, la decisión favorable del área económica del actual Gobierno y, particularmente, de su presidente Pedro Sánchez.

A pesar de todo, los argumentos de un cualificado sector de la izquierda (opuesto a la absorción de Bankia) deberían ser dignos de consideración y estudio. En primer lugar defienden el establecimiento de una banca pública en nuestro país  (en base a Bankia y el ICO)- de acuerdo con las experiencias de los países más avanzados de la UE- y, en coherencia con ello, estiman que esta decisión hace prácticamente inviable la constitución a corto y medio plazo de un banco público. En segundo lugar, recuerdan la imperiosa necesidad de recuperar el dinero invertido por el Estado en Bankia (24.000 millones de euros). En tercer lugar, muestran su desaliento y preocupación por la fuerte concentración bancaria que se producirá en nuestro país (Abanca, Ibercaja, Liberbank, Sabadell y Unicaja pueden seguir ese camino), lo  que conducirá a que tres grandes bancos concentren en torno al 80% del sector financiero (Santander, BBVA y Caixabank- Bankia) y, como consecuencia, hará más difícil la influencia del Estado en el conjunto de la economía. En cuarto lugar, los sindicatos hacen hincapié, lógicamente, en la fortísima destrucción de empleos (alrededor de 8.000 empleos) y en el recurrente cierre de oficinas bancarias (cuando menos 1.500), con la repercusión negativa que ello tendrá en la España del interior, en la España mesetaria y profunda y, más en concreto, en el colectivo de personas mayores.

En concreto, ATTAC, la Plataforma por una Banca Pública, Izquierda Unida, Izquierda socialista, los sindicatos e, incluso, una parte de la militancia más sindicalizada del PSOE se han mostrado en contra del proceso o han introducido fuertes reservas y correcciones al mismo. Además han denunciado la falta de participación y debate en el seno de la izquierda sobre un asunto de esta envergadura, a lo que hay que añadir las declaraciones contrarias al proceso de UP- participante en el actual Gobierno de coalición- por no haber participado ni siquiera en la toma de decisiones.

En definitiva, en este asunto, los partidarios de la banca pública se han encontrado ante un hecho consumado y, por lo tanto, forzados “al pataleo y la protesta”, ante una relación de fuerzas muy desfavorable para cambiar las cosas y ofrecer alternativas viables. Debemos constatar que no existe suficiente voluntad política en el Gobierno- ni cauces de participación que faciliten el debate partidario- para defender con decisión la banca pública. Sin duda, esta situación se agrava considerablemente por los efectos perversos de la COVID-19 y, particularmente, por la delicada situación que atraviesa el sector financiero: tipos de interés negativos, previsible aumento de la morosidad, riesgo de que el sector entre en pérdidas…

En todo caso, la base argumental de los defensores de la banca pública tiene una relación directa con la Constitución e, incluso, con las resoluciones congresuales del PSOE. Por eso, Pedro Sánchez debería tomar buena nota del malestar y enfado de una parte de su militancia y de los electores que le apoyaron en momentos sumamente comprometidos. En coherencia con ello, debería explicar con claridad las razones y argumentos que sustentan esta decisión (todavía no se conocen), además de informar sobre lo que el Gobierno pretende hacer en el nuevo banco (producto de la absorción) en los próximos años. Siendo todos conscientes de las  dificultades existentes para contestar en concreto a esta pregunta y mucho más para impulsar una banca pública en nuestro país con todos los poderes fácticos confabulados en su contra. 

En relación a las políticas laborales y sociales preocupan la prórroga de los ERTES, las dificultades para aplicar el IMV, la sostenibilidad de la Seguridad Social, el futuro del diálogo social y el fuerte deterioro de la educación y la sanidad. En este sentido, la derogación de la reforma laboral, el activar el Pacto de Toledo (también para mantener el poder adquisitivo de las pensiones), el incremento de las retribuciones de los empleados públicos y la financiación de los servicios públicos, serán asuntos prioritarios en vísperas de la negociación colectiva para el próximo año.

Particularmente preocupa la grave situación de la asistencia sanitaria en Madrid, víctima de los recortes del PP y de la nefasta gestión del Gobierno de Díaz Ayuso (empecinada en bajar impuestos y en su persistente campaña de desprestigio de Pedro Sánchez), con el agravante de que la oposición política no ha ejercido con la  firmeza y eficacia necesaria su tarea ante semejante desbarajuste. Por eso, es urgente buscar alternativas políticas en la Comunidad de Madrid encaminadas a superar la caótica situación sanitaria, política, económica y social, lo que, en buena medida, pasa por la decisión que pueda tomar Ciudadanos, ante la hipotética presentación de una moción de censura, la convocatoria de unas elecciones anticipadas e, incluso, si no hay otro remedio, la intervención del Gobierno  presidido por Pedro Sánchez.

Por estas razones, la compleja y convulsa situación política enumerada necesita un potente liderazgo. En primer lugar, el Gobierno de la Nación (PSOE-UP) debe asumir el protagonismo que le corresponde con todas las consecuencias. En segundo lugar lo deben hacer también los interlocutores sociales, en tercer lugar, las fuerzas progresistas de carácter sectorial (Mareas) y, finalmente, la ciudadanía en general en torno a las movilizaciones sociales y a la comunicación virtual. Efectivamente, a pesar de que el esfuerzo debe ser compartido y solidario, el Gobierno es el máximo responsable de marcar las pautas a seguir en este nuevo curso político. No debemos olvidar que el combate a la COVID-19, la distribución, coordinación y gestión de las ayudas de la UE y, desde luego, el generar ilusión para una salida progresista de la crisis es responsabilidad directa y exclusiva del Gobierno. Por eso, no debe extrañar que, desde diversos ámbitos políticos y económicos, se reclame al Gobierno un Plan Estratégico que fije, cuando menos, sus prioridades políticas en esta legislatura y sirva de referencia para el trabajo a desarrollar a corto y medio plazo.

En este sentido, los PGE-2021 (de marcado carácter progresista) deben ser un asunto prioritario y determinante en los próximos meses. Por eso, el primer paso debe consistir en presentar con urgencia  los presupuestos pactados entre los socios del Gobierno (resulta incomprensible su demora) y después explorar la posibilidad de recuperar los apoyos de investidura, sin concesiones a los partidos independentistas que pongan en riesgo la Constitución, lo que obliga a dejar la puerta abierta a que se incorporen otros partidos políticos (Ciudadanos) e, incluso, que se puedan alcanzar acuerdos parciales con el PP en las circunstancias actuales.

En cualquier caso, el Gobierno, para ser eficaz, debe contar con la participación y apoyo de las CCAA, ayuntamientos, interlocutores sociales, universidades y, desde luego, también con la iniciativa privada, sobre todo en la distribución y gestión de las ayudas de la UE y en la aplicación y desarrollo de los PGE-2021. En este nuevo y convulso curso político nadie se puede quedar atrás en esta descomunal tarea a desarrollar en los próximos meses. Tampoco la oposición política en estos momentos  verdaderamente excepcionales…

Antón Saracíbar.

Entrevista al Secretario General de las JSE de Puente Vallecas (Madrid)

Entrevista a Jediael Álvarez de Dompablo

Secretario General de las Juventudes Socialistas de Puente de Vallecas (Madrid)

Jediael es Investigador predoctoral por la Universidad Autónoma de Madrid con grados en Ciencia Política y en Filosofía. Especializado en estudios de género. He desarrollado su activismo en el movimiento universitario defendiendo el asociacionismo. Expresidente y Fundador de la Asociación por la diversidad y Acción política (ADAP). Actualmente es Secretario General de las Juventudes socialistas de Puente de Vallecas y militante del PSOE.

Pregunta: Juventudes Socialistas de España siempre se ha posicionado favorable a un modelo de Estado republicano en lugar del modelo monárquico que sucedió a la dictadura. ¿Está hoy más justificado que nunca el cambio de modelo de Estado?

¿Estaría justificado que alguien por nacer en una determinada familia pudiese heredar un Estado? La historia tiene una importancia crucial, por supuesto, sin embargo, creo que habría que ir un poco más allá y reflexionar que estamos en uno de los países más desiguales de Europa Occidental, donde la pobreza y la riqueza se heredan. 

Provengo de un distrito donde el nacer en determinada familia, o en un determinado lugar, condiciona verdaderamente las posibilidades de vida, y en el fondo no deja de ser, viendo un poco las estadísticas de la movilidad social en este país, que es más fácil ser o trabajar de periodista siendo hijo de periodista que habiendo estudiado la carrera de periodismo. Y yo me pregunto ¿cómo es esto posible? Parece que el principio de legitimidad de herencia, que es el que legitima la monarquía, ha permeado en la sociedad. Y es evidente, y cierto, que en toda sociedad existen desigualdades, pero que la desigualdad por herencia vinculada a los contactos se convierta en elemento central…

Por eso me gusta hablar de República vinculada a la cuestión social, algo que no puede ser ajeno a ningún Partido Socialista, ni a cualquier persona que está inspirada por la igualdad.

Y, sobre todo, un aspecto fundamental: un modelo de democracia liberal tiene que cumplir una premisa: la igualdad de oportunidades, que es elemento central de este contrato social. Entonces, a mí me gusta hablar de República, o nos gustaría hablar de República vinculada a lo social, y como cuestionamiento de ese principio de herencia que ha permeado hasta el último punto, o hasta el último espacio de la sociedad española.

Pregunta: ¿Qué opinión te merece el “culebrón” del verano protagonizado por el señor Borbón, Juan Carlos?

Bueno, creo que hay que tener en consideración el papel crucial que ha tenido Juan Carlos primero como un actor fundamental y muy importante en la Transición a la democracia, y ese papel creo que no, no está cuestionado por determinadas actividades. También recordar que la Transición la hicieron los sindicatos, la hicieron los demócratas, los partidos políticos, las asociaciones vecinales, la hizo la gente. La gente que quería libertad y democracia. Por tanto, la transición no es patrimonio de nadie. Hay actores clave, es importante Juan Carlos I, lo es. Porque como bien recoge el artículo 1.2 de la Constitución española, ese artículo republicano que está, porque está delante de la titularidad del de la forma de Estado donde se establece la monarquía (1.3), y que nos recuerda que la soberanía reside en el pueblo español. Ese es el artículo republicano por excelencia, y creo que esto no lo deberíamos de olvidar.

Respecto al culebrón del verano, todavía no hay suficiente información para juzgar con todo conocimiento de causa. Quizás la democracia, y esto ha perjudicado a la monarquía, no ha ejercido el control. Un férreo control sobre las actividades de la monarquía, que se ha sacralizado, y quizás desde la izquierda hubiéramos tenido que ser un poco más blasfemos en estos términos y vincular la democracia a la monarquía. Es decir, que hubiera habido más transparencia, y probablemente este tipo de comportamientos no se hubieran producido. 

Todavía no sabemos todas las informaciones, la verdad, y creo que esto es muy importante.

Habría que hablar de ética pública, y que en el rey, como cualquier otro funcionario público, tiene que primar la lógica que Manuel Azaña llamaba el elemento central de la República, o, más importante, el espíritu de la República. Que es la ética pública. 

Y sobre todo entender, que el interés general está por encima del interés particular, y la monarquía, incluso en el imaginario político, había representado esto durante toda su durante toda la historia democrática actual. Sin embargo, creo que con el culebrón del verano puede entrar en quiebra y lo que tenemos que tener claro es esto: es que las monarquías, aunque sean constitucionales, deberían de ser Repúblicas coronadas, donde el interés general esté presente primero, frente al interés particular, y parece que éste no ha sido el caso.

Pregunta: La Constitución del 78 necesita reformas de calado para dar cabida a necesidades propias del Estado español del s. XXI: federalismo en lugar de autonomismo, poder judicial, aforamientos e inviolabilidad del Rey, laicismo… ¿No consideras que la reforma es tan profunda que quizás fuese mejor una nueva Constitución?

Bueno, políticamente, aquí habría que hablar de un equilibrio de poderes y ver si verdaderamente la sociedad española, tal y como estamos, en donde hay un auge de la extrema derecha, y donde existen desafíos importantes como país, sí podríamos hablar de un consenso.

Que una nueva Constitución fuera a desarrollar más la democracia, los derechos sociales, los derechos civiles y políticos, tengo mis dudas respecto a eso por la situación del panorama político actual. Sin embargo, creo que la Constitución del 78, aunque es verdad y esto se ha hablado, necesita reformas. Pienso en una Constitución que incluyese una ampliación de los derechos sociales, y un blindaje de los mismos. Por ejemplo, también que se reconociesen y ampliasen los derechos sobre la cuestión de género, los derechos de las mujeres, y que se enfatice la igualdad; o, por ejemplo, que recogiese derechos ecológicos y de un planeta sostenible. Es decir, yo creo firmemente en que la Constitución puede ser reformada, y a mí no me genera ningún problema. De hecho, si hubiera una República en España, tiene que ser de la ley y por la ley, respetando las leyes vigentes. No podemos caer en visiones de otros tiempos donde se pensaba que lo mejor es dar un carpetazo. 

Imaginemos y preguntémonos ¿qué pasaría cuando llegue la derecha al poder? También tenemos que tener claro que la República en sí debe servir para potenciar la democracia, la participación política, pero en ningún caso la República puede ser de parte. La República tendría que ser capaz de buscar ciertos consensos, por ejemplo, en nuevas formas de participación política que impliquen un avance en el s. XXI, y que yo creo que incluso la derecha podría estar de acuerdo. 

En resumen, los republicanos ponemos encima de la mesa un nuevo proyecto político, que no tiene que ser rupturista respecto a la Constitución del 78,que permite y ha permitido la convivencia entre los españoles con sus elementos positivos; y el objetivo es construir un proyecto de futuro al que la sociedad quiera avanzar. 

Desde una visión progresista parece que ahora, en la era de la globalización, la izquierda no consigue superar ciertas paradojas como la de aumentar el gasto social sin aumentar la deuda pública la gran dificultad de este mundo global. Entonces, parece que el proyecto de la izquierda se ha convertido en conservatista, en el sentido de por favor que nos quedemos como estamos y que no haya retrocesos. Parece que hemos perdido esa idea del proyecto político de avanzar hacia el futuro, que en el caso del Partido Socialista, o de los socialistas, siempre era avanzar a una sociedad donde se redujeran las desigualdades de clase, o las desigualdades sociales, en definitiva las desigualdades en términos amplios. En definitiva, la República puede significar esto, un proyecto de futuro para este país, en el cual ampliar, debatir y reflexionar conjuntamente, y avanzar, por ejemplo, hacia un modelo federal que también suponga intentar resolver la cuestión territorial. La república es ese proyecto que conecte la razón y la pasión de un cambio de época, un proyecto político al cual deseemos adherirnos desde las discrepancias propias del pluralismo político pero que permita encontrar esos puntos comunes de libertad, igualdad y solidaridad que definen las aspiraciones de las grandes mayorías sociales. 

Pregunta: ¿Cómo convive la posición republicana de JJSS con la posición institucional del PSOE?

Con normalidad democrática entendemos que hay posiciones encontradas, pero lo bueno que las Juventudes Socialistas están para eso, para intentar ser la vanguardia de pensamiento y de acción, de pedir al partido algo más, y pedir reflexión y espacios de reflexión, debate, diálogo, de discusión. 

Yo también entiendo perfectamente la posición del Partido Socialista. Es un partido de Gobierno, en el fondo, el partido que ha articulado España, y sería paradójico que el partido que articula España rompa o quite el tapón de una bañera llena de agua.

Yo no creo lo que decía Rubalcaba, que los socialistas somos republicanos de corazón, pero monárquicos de razón.  No puedo entender esa máxima. Yo entiendo que la coherencia política es, si uno es republicano, trabajar por el republicanismo. Lo que implica, efectivamente, también la forma de Estado. Pero que, más allá, es decir, este Gobierno es profundamente republicano. Es un Gobierno de coalición donde diferentes elementos de izquierda, con un montón de intereses y de puntos de vista confrontados, saben dejar atrás lo particular por un bien superior, y llegar a un acuerdo por el interés general. Eso significa República, y eso va a generar una profundización democrática y social que con el tiempo llevará a una tercera República en España, estoy completamente seguro.

Tenemos una monarquía tapón, que parece que se va a vaciar y se va a caer el Estado si se quita.

Creo que ante todo hay que tener respeto. El Partido Socialista históricamente siempre ha estado y ha entendido bien España. Y cuando verdaderamente se den las condiciones, porque hay que entender una cosa, yo no querría una República que surgiera de la corrupción de la monarquía, eso simplemente sería  una república sin pilares sería inestable y es no entender lo que significa verdaderamente una República, el papel de las Juventudes socialistas en sembrar el republicanismo (y parece que generacionalmente esto está pasando en España), estoy seguro que cuando llegue el momento, el Partido Socialista tras una amplia reflexión y un debate en un Congreso (donde se tienen que debatir estas cosas) cambiará de postura. Esto se hará con total normalidad, por eso lo importante es mantener un diálogo, mantener una reflexión, y que cada uno cumpla su función. 

Pregunta: En el distrito de Vallecas, JJSS, habéis participado activamente en los referéndums por las República que se celebraron el pasado año. ¿Qué habría que hacer para que la posición mayoritaria que se ha expresado en esas votaciones a pie de calle se trasladase al conjunto de la sociedad?

Aquí también me gustaría dar las gracias a la Agrupación y a mis compañeros y compañeras de Puente de Vallecas, porque la verdad es que hacen un trabajo diario increíble. Hemos formado parte de ese movimiento social. Hablaba con anterioridad que la República es sembrar, y vuelvo a citar a Manuel Azaña, no se puede construir una República sin republicanos, y hemos formado parte de ese movimiento social que, bueno, se inició en los barrios. El primer referéndum fue en Puente de Vallecas, luego Vicálvaro, en las universidades, luego también se hizo a nivel central de Madrid y sabemos que las Juventudes de toda España y de Madrid han participado también en estas acciones del movimiento. Creo que no sería muy interesante hablar de cuántos miles de votos hubo o no, porque en el fondo es un ejercicio de participación política que lo que intenta es desvelar, o movilizar, o concienciar, o sacar a la luz el movimiento republicano, y en ningún caso es importante o interesante el número de votos. A mí sí que me gustaría destacar el número de votos en las universidades, esto sí porque a los estudiantes les movilizó más ir a votar a las mesas por el referéndum si Monarquía o República, que ir a votar a los rectores. Parece que es un buen termómetro para analizar la importancia, o el calado democrático, que tienen, sobre todo para las nuevas generaciones y la juventud. 

Entre la gente más joven, para nosotros, República significa soñar con un proyecto político de futuro del que seamos protagonistas, y creo que cada generación, y en la historia ha estado presente, ese querer sentirse protagonista y plasmar su visión del mundo. Y creo que la República no debe basarse en el folklore del pasado con todo el respeto que me puede producir la historia del republicanismo tanto en España como en el mundo, sino avanzar hacia un proyecto nuevo de futuro. Entender esto es crucial en el posicionamiento republicano y en el partido. Nosotros como Juventudes Socialistas de Puente de Vallecas vamos a seguir trabajando en ampliar, en mantener el debate, y en sembrar republicanismo, para que el día de mañana, cuando sea el momento, podamos plantear una tercera República para este país.

Roberto TornamiraTS Madrid

La pandemia pone en evidencia lo antidemocrático del sistema

Tras cinco meses y medio de pandemia, solo podemos reafirmar que este sistema económico está montado para beneficiar a una minoría social: no es la primera vez que lo decimos y lo demostramos con hechos y datos, pero la pandemia ha descarnado más aún esta estafa social.

Alguien dirá que es un punto de vista negativo, pesimista… en nuestra opinión, es puro realismo objetivo.

El COVID-19 nos pilló con los almacenes vacíos de mascarillas y de equipos de protección, para los sanitarios y para la población en general; del mismo modo que se evidenció el destrozo en la Sanidad pública, producto de los recortes y la privatización sufrida estos años atrás: escasez de respiradores, de camas UCI y de personal sanitario. La excusa: “nadie sabía que esto podía pasar”. De acuerdo, pero tenemos un ejército con armamento y nadie espera una guerra. La deuda del Estado ha crecido: nos han dicho que para paliar los efectos económicos del COVID-19. Pero ¿dónde ha ido a parar esa ingente cantidad de dinero? El conjunto de las comunidades autónomas, han recibido 16.000 millones de euros ¿qué se ha hecho con ese dinero?

Hay que auditar la gestión de la pandemia, sí, ¿por qué no?. Pero ¿cuándo se va a auditar la gestión de la crisis de 2008/2018: en la que la deuda del Estado creció del 40% al 100% del PIB?

Hemos superado los 31.100 fallecidos por coronavirus (en el momento de redactar esta editorial, a 24/09/20), pero la atención primaria no se ha reforzado, ni se ha contratado a más personal sanitario, ni a los rastreadores necesarios. Sin embargo, el ICO había puesto ya en mayo más de 60 mil millones de euros en créditos a disposición de las empresas, lo que no ha evitado que el desempleo suba hasta los 3,8 millones de trabajadores ni que haya 800.000 varados en los ERTE: muchos de ellos y ellas en grave riesgo de perder definitivamente su puesto de trabajo. Esas descomunales sumas de dinero no han impedido que se multipliquen por cuatro las colas del hambre, solo paliadas gracias al movimiento vecinal (a pesar del ostracismo al que le tienen sometido los ayuntamientos: muy particularmente los gobernados por PP y C´s con la complicidad necesaria de VOX).

Nos dicen que la economía está muy mal, pero nadie plantea exigir la devolución del dinero público prestado a las entidades financieras en la anterior crisis; una cantidad que alcanza, como mínimo, el 43% de los 140.000 millones que esperamos de Europa. Ni se abre una Investigación a la familia Borbón, para esclarecer de dónde han acumulado una fortuna en torno a 2.000 millones de euros: fortuna que no es solo del fugado. La banca obtuvo, en 2019, 13.592 millones de euros, pero se continúa destruyendo puestos de trabajo en el sector financiero y cerrando oficinas y caminando hacia una insoportable concentración bancaria.

Son solo unos ejemplos de dónde hay dinero, por si las instituciones del Estado tuviesen la voluntad política de afrontar con garantías la situación de salud pública que sufrimos.

El horizonte inmediato no es halagüeño para la clase trabajadora del Estado español, pues los “nubarrones” leídos en la prensa económica, del martes día 22, decían: “el Ejecutivo comunitario ha endurecido los criterios con los que se repartirá el fondo de recuperación Next Generation EU.” (El País/Economía). Concretamente se refería a la exigencia de una nueva reforma de la Pensiones y a atajar la dualidad del mercado laboral. Lo que significa endurecer y/o recortar el acceso a las pensiones, rebajando las cuantías y alargando la edad de jubilación. Y atacar los contratos con derechos; así, todos precarios y mal pagados, se acabó la dualidad. Es como si en una sociedad esclavista, para alcanzar la igualdad, se hubiese hecho esclavos también a los hombres libres. Quizás por estas cosas se está haciendo tan complicado encontrar el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado: nadie quiere apechugar con los costes políticos de los PP.GG.EE que exige la UE.

Ante esta dramática situación, el Gobierno continúa siendo timorato en llevar a cabo las promesas realizadas desde antes de la moción de censura: derogación de las reformas laborales, derogación de la ley Mordaza, derogación del Artículo 315,3 del Código Penal, derogación de la reforma de pensiones de 2013, entre otras leyes que dejó en herencia el Gobierno de Rajoy.

El domingo día 20, ante la dislocada situación que se vive en Madrid y las medidas de segregación de clase que el Gobierno de PP y Ciudadanos han tomado, muchos barrios de Madrid salieron a las calles, casi espontáneamente, a exigir más inversión pública en sanidad y educación. Es una pena que ninguna organización obrera, ni política ni sindical, se haya puesto al frente de la movilización que necesita la mayoría social, convocaron trastabilladamente (en el caso del PSOE de Madrid el término correcto es: patéticamente) para el día 27, por la presión recibida de la calle el anterior domingo. Da la sensación que ejercen de dique de contención ante la clamorosa necesidad de movilización para exigir justicia social y defensa de los servicios públicos.

Pero las instituciones siguen en su mundo: están enzarzadas en inhabilitar al Presidente de la Generalitat por unas simples pancartas, pero no mueven un dedo ante la corrupción crónica en La Zarzuela, ni ante el galopante desprestigio de la Justicia, a quien ni el Rey se quiere arrimar para la foto, ni ante la negligente gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, más aún; el Presidente del Gobierno se prestó el lunes 21 al espectáculo pirotécnico que montó IDA, quien todo lo arregla con medidas represivas, pidiendo más guardia civil y más policía.

Desde Tribuna Socialista llamamos a la unidad de las organizaciones que se reclaman de la izquierda y de progreso, para frenar en seco la deriva que está tomando esta nueva crisis económica, pues lleva los mismos derroteros que la anterior, pero esta es de mayores dimensiones.

El Comité de Redacción

¿A quién beneficia una mega fusión de bancos?

La concentración bancaria en España continúa creciendo. Si la fusión de Caixabank y Bankía llega a su fin, a las cinco primeras entidades españolas actuales: Caixabank+Bankia, Santander, BBVA y Sabadell, se les sumará Bankinter y entre las nuevas cinco alcanzarán un sumatorio por volumen de activos equivalente a 1,5 veces el PIB del Estado español.

En el mundo político (al menos en la parte progresista y de izquierdas) se reflexiona con preocupación sobre la excesiva “influencia” del mercado en la política, y por ende en las decisiones que toman los poderes del Estado. Esa capacidad de “influencia” se debiera combatir y se puede medir, del mismo modo que se mide el exceso de sematotropina en el organismo para combatir el gigantismo.

La concentración de empresas no es un fenómeno nuevo ni exclusivo del sector financiero. Tras muchas décadas en este proceso de concentración para ganar cuota de mercado, rentabilidad, productividad… está deviniendo en oligopolios en sectores estructurales de la economía: algo que a los gobiernos debiera preocupar, en lugar de dedicarse a alentar.

Esta mega fusión que se está gestando entre Caixabank y Bankia, dará como resultado una entidad financiera cuyo volumen de activos será equivalente al 60% del PIB. Los organismos de la competencia y el Banco Central Europeo (BCE), utilizan el índice Herfindahl, según el cual la concentración del mercado financiero en España es “moderada”: pero claro, qué van a decir quienes están dando alas a las fusiones de las entidades financieras en Europa.

Por otra parte, los contribuyentes tenemos derecho a pedir cuentas (nunca mejor dicho) sobre la ruinosa operación de saneamiento de las entidades financieras. De los 60.000 millones de euros públicos invertidos en sanear un buen número de entidades, al menos 27.000 millones de euros netos (descontados los 2.100 recuperados por el FROB vía venta de acciones y otros 1.000 recibidos en concepto de dividendos de Bankia) están en este binomio de entidades: Caixabank y Bankía. Recordemos con cuándo, cuánto y dónde:

2010.- Caja Madrid se fusiona con Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Operación apoyada con 4.465 millones de €.

Este mismo año se configura el Banco Mare Nostrum (BMN), compuesto por: Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra. Operación a la que el erario público aportó 1.645 millones de euros.

2011.- El Banco de España interviene el Banco de Valencia e inyecta 1.000 millones de euros de capital y le concede una línea de crédito de otros 2.000 millones.

2012.- El Banco Financiero y de Ahorros (BFA), marca bajo la que se agrupa Bankia, fue nacionalizado en su 100%. Nacionalización que conllevó una inyección de 17.959 millones de euros públicos.

En junio-12, el FROB aprueba una nueva inyección de 998 millones de euros públicos al Banco de Valencia. Entidad a la que en diciembre-12 se inyectan otros 4.500 millones de euros.

2013.-El Banco de Valencia se vende por 1 € a Caixabank, tras haber recibido un total de 6.498 millones de euros de los contribuyentes, sin contar los 2.000 de la línea de crédito de los cuales no tenemos constancia de su devolución o no.

2018.- Se integran Bankia y BMN, acumulando entre ambas entidades 24.069 millones aportados por el Estado.

En el caso concreto de Caixabank y Bankia, el Estado español pierde una gran oportunidad de dotarse de la Banca Pública que necesitamos: la Administración y la sociedad. Bankia, es aún es una entidad cuyas acciones son mayoritariamente (en un 60%) propiedad del Estado a través del FROB, lo que le da la posibilidad de orientar el servicio bancario que presta esta entidad a la sociedad. Por ejemplo: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que no es un banco, no tiene red para la distribución de las líneas de crédito que pone a disposición de pymes y autónomos; depende de las entidades privadas para distribuir esas las líneas de crédito del Estado. Por otra parte, el ICO soportó las quejas de los bancos por el atasco sufrido en el mes de abril, cuando en realidad el problema fue que las entidades financieras han reducido tanto sus plantillas que cualquier campaña extraordinaria las satura. El trabajo termina saliendo, pero claro, como siempre, a costa del sobre esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del sector financiero.

Los trabajadores del sector son los más perjudicados de este proceso de concentración bancaria: comparando los anuarios de AEB, CECA y UNACC de 2008 y los de 2019, se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo, el equivalente al 32% de la plantilla. Y se ha cerrado más del 40% de las sucursales.

Cada vez que se anuncia una fusión se da por descontado que habrá excedente de plantilla, pues como dijo el pasado miércoles día 16, en sede de la CEOE, el señor Pablo Fernández de Cos, Gobernador del Banco de España, entre otras muchas cosas: “las fusiones se hacen para ganar productividad”. Claro, pero la productividad no se gana solo recortando plantillas. No perdamos de vista que en los últimos cinco años, Caixabank y Bankia han recortado en torno a 10.000 puestos de trabajo.

Recortar constantemente plantillas y cerrar oficinas perjudica seriamente a los clientes. Recordemos que más del 50% de los 8.131 municipios que hay en España no tienen servicio bancario de ningún tipo. Además, en la España vaciada, no siempre es posible operar a través de la banca electrónica, pues las dificultades de conexión no son pocas.

La clientela de los bancos ha visto en los últimos años como ha caído en picado la calidad del servicio que recibían: se les fuerza a operar en los cajeros automáticos, en las web de las entidades o se les imponen bandas horarias restringidas para resolver sus gestiones. Por el contrario, se han orientado nuevos modelos de oficina con asesores financieros para los clientes con capacidad de ahorro e inversión. Sin embargo, no todos los afortunados que tienen capacidad de ahorro puede o quieren invertir en productos financieros, y no olvidemos que la gran mayoría de los españoles y españolas no tienen capacidad de ahorro.

El Estado debería dar una solución a estos problemas: tanto a la exclusión financiera que sufre una parte importante del territorio del Estado, como a las consecuencias del cambio de modelo bancario privado que abdica de la banca tradicional para orientarse casi en exclusiva a la inversión. Dos terrenos: el geográfico y el segmento de clientela que demanda servicios bancarios básicos, en los que no se haría competencia a la banca privada.

La conclusión es que con esta dinámica de concentración financiera no se benefician ni el Estado ni los clientes y mucho menos los trabajadores y trabajadoras del sector financiero (tremendamente perjudicados). Estamos a tiempo, luego no nos quejemos.

Roberto Tornamira Sánchez

Secretario Federal de FeSMC-UGT del Sector Financiero, Seguros y Oficinas

Caos provocado por PP y Ciudadanos

Tras la reunión Pedro Sánchez e IDA, en Madrid, se confirma que estamos una situación crítica respecto a la pandemia, y caótica como consecuencia de las medidas adoptadas por la «autoridad incompetente».

Está reunión, por su forma y por su fondo, y lo expresado por el Presidente, Pedro Sánchez, ponen más aún al descubierto la desastrosa situación sanitaria en Madrid.

Cuando salíamos del confinamiento en todo el país, todos tenían claro las medidas más necesarias que había que afrontar:

  1. investigación para encontrar un tratamiento y creación de la vacuna.
  2. refuerzo de las medidas preventivas y paliativas: rastreadores, refuerzos y contratación de médicos, enfermeros, material sanitario, refuerzo educativo con medidas de prevención y contratación de personal docente y no docente, etc.

El tiempo transcurrido nos muestra que quien debía asumir la parte más inmediata y cercana (medidas preventivas y paliativas) no ha hecho su trabajo de manera evidente. 

En estos momentos la situación epidemiológica está descontrolada, los hospitales están desbordados o a punto de estarlo, con medios que siguen siendo claramente, precarios e insuficientes. 

Éstas certezas solo son negadas de manera ridícula y patética por la Presidenta de la Comunidad madrileña, incapaz de hacer frente a sus obligaciones por desconocimiento y falta de competencia clara, pero atañen también de manera directa a Ciudadanos por la responsabilidad compartida de gobierno, y por su incapacidad para proponer un cambio urgente y necesario en las políticas a adoptar. 

Desde Tribuna Socialista hemos reiterado la necesidad de escuchar a los expertos que nos dicen constantemente que hay que reforzar el sector público de atención sanitaria, el sector educativo para garantizar la seguridad de docentes y alumnos, etc, etc…Y sin embargo… nada se ha hecho en esa dirección.

A estas alturas todos los madrileños y madrileñas, “dentro de España”, saben quién es el responsable, nuestro gobierno autónomo: el PP y Ciudadanos, con el apoyo de la ultraderecha franquista. Incluso quien les apoyan y les votó lo reconoce con vergüenza, y solo hay un camino: un cambio radical con una nueva mayoría parlamentaria, vía elecciones anticipadas.

Sería deseable una Moción de Censura, incluso es necesaria, pero para qué, si parte del problema seguiría ahí, en tanto que C´s de la señora Arrimadas es tan responsable de la situación como el PP del señor Casado.

Qué decir del PSOE de Madrid: necesita un cambio urgente de personas y de orientación. No creemos que la solución esté en el relevo de Gabilondo.

El partido socialista de Madrid lleva tiempo ausente, descabezado, y sin un proyecto reconocible por la mayoría de los madrileños y madrileñas. No es sólo cuestión de un dirigente, que acumula dos cargos incompatibles: Secretario General Regional y Delegado del Gobierno en el mismo territorio, ni de un político acreditado e intelectualmente brillante… No es eso.

«No tenemos partido»

Tenemos agrupaciones, salvo excepciones contadas, que solo están sobre el papel. No hay una estructura consolidada, y la que hay apenas genera participación o actividad político-social, tenemos nidos clientelares para catapultarse hacia arriba sin importar para qué. 

No es, por tanto, que gobierne la derecha con apoyo de la ultraderecha, es que desde hace mucho tiempo el partido está ausente, y los votantes lo expresan con claridad. Ello explica por qué el PSOE de Madrid lleva 25 años sin gobernar en Madrid, sin olvidar la acción fascinerosa del “tamayazo”, orquestada por la impresentable Esperanza Aguirre. Y por qué llevamos 31 años sin gobernar el Ayuntamiento de Madrid. Y así año tras año… votación tras votación.


Quizás la militancia socialista debiera plantearse en Madrid lo mismo que hizo en 2016 para ayudar a Pedro Sánchez frente a Susana Díaz. Es urgente, inaplazable.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista-Madrid

Vertedero de Zaldibar y otras porquerías

El pasado 6 de febrero se produjo el derrumbe de la escombrera, que sepultó a los dos empleados que se encontraban en la zona de la báscula del vertedero en ese momento y que invadió la calzada de la autopista que une Bilbao con San Sebastián, provocando el corte de la vía al tráfico durante varios días. A la gravedad del colapso del vertedero, único caso de estas características conocido en Europa, se unió el descubrimiento de que en el mismo se habían almacenado residuos que contenían amianto, material tóxico para el que la escombrera no tenía autorización para aceptar su depósito y la contaminación ambiental que se produjo en el entorno de la escombrera, al entrar en combustión durante varios días los gases almacenados en su interior y liberarse las aguas sucias que genera la descomposición de los residuos. Iñaki nos hace una crònica de lo sucedido en la escombrera, y manifiesta su crítica a algunas decisiones del nuevo gobierno vasco del que forma parte el PSE.

El 6 de febrero se produce el derrumbe del vertedero de Zaldibar. Lo que más alarmó en aquel primer momento fue el corte de la autopista A8 (Bilbao-Donostia) a su paso por el pueblo, más tarde, acabaría en tragedia al confirmarse la desaparición de dos trabajadores. La primera imagen que viene a la cabeza cuando oyes lo del vertedero es un sitio donde acaban todas nuestras basuras que, a diario, arrojamos a contenedores del barrio, pero Zaldibar no es eso. Zaldíbar es un vertedero de escombros y todo tipo de desechos industriales, decenas de miles de toneladas de basura industrial. Lo primero que hice fue buscar el vertedero en google maps y pude ver un poco más claro la magnitud del derrumbe.

El vertedero está sobre la ladera de un monte a una distancia de casi 400 metros en línea recta de la autopista. La lengua de escombros del derrumbe recorrió ese casi medio kilómetro monte abajo hasta tapar por completo un tramo de la misma. Sabiendo esto, no extraña tanto que no se pudieran encontrar los primeros restos de uno de los trabajadores sepultados hasta el 16 de agosto y el otro siga desaparecido, todo esto con pandemia de por medio y decenas de miles de toneladas de terreno que remover, lo de aguja en un pajar se queda corto.

Cuando acuden los primeros efectivos de ertzaintza y operarios de la autopista para iniciar las tareas de desescombro, en este momento no se sabía de desaparecidos, la urgencia era poder volver a abrir la autopista cuanto antes. De hecho, a toda ese gente que llega allí a desescombrar, a redirigir el tráfico y tratar de minimizar el caos, nadie les dice que allí había desechos industriales peligrosos, como el amianto, hasta muchas horas después.

Mientras en Zaldibar se buscaban los restos de los trabajadores desaparecidos y el mundo, incluido Euskadi, luchaba contra la pandemia, se celebraron elecciones autonómicas y se conforma un “nuevo” gobierno vasco, casualmente, insisto casualmente, un día antes de hacerse público los “nuevos” cargos del gobierno vasco, se hacen público las conclusiones de una auditoria externa sobre la tragedia de Zaldibar, en la que nos aclaran a todos que “..el departamento de Medio Ambiente de Gobierno vasco cumplió con sus requisitos de control.”, . Podría pensarse que esos requisitos de control que tan satisfactoriamente ha cumplido Medio Ambiente no sean suficientes, visto lo sucedido, pero para ellos es más que suficiente para quitar hierro al asunto y al día siguiente poder hacer público que, como en el juego de la silla típico, los pactos de gobierno entre PNV/PSE-EE, el hasta entonces consejero de Medio Ambiente Iñaki Arriola (PSE), pasa con un expediente impoluto a ser consejero de Transporte.

 En los 7234 km2 que tiene Euskadi tenemos otros 16 vertederos como el de Zaldibar, un negocio muy lucrativo y que mueve decenas de millones de euros anuales en un territorio con abundante industria pesada que necesita un modo de librarse de sus escrecencias. Un negocio, que en casos como en el que nos ocupa, a poco que se busque, enseguida aparecen los vínculos “familiares”.

Algún día quizás aparezcan los restos del otro trabajador y pueda ponerse fin a la tragedia personal de las familias, pero faltará por ver si se seguirà buscando a los responsables reales de la tragèdia. Es muy posible que los únicos responsables que se encuentre acaben siendo los dos fallecidos. No sería la primera vez ni será la última en la que se culpa a los trabajadores en vez buscar a los que no pusieron los medios para evitar las tragedias (Albia Madrid-Ferrol 2013).

Otra tragedia que nos va a traer el año próximo es la consumación de la transferencia desde el gobierno central al “nuevo” Gobierno Vasco de la gestión de la Seguridad Social. Calculan que a finales del 2021, a falta de saber cómo quedara esa transferencia con el nuevo pacto firmado estos días, sabemos, por el anterior pacto, que abre el camino para poner fin a la caja única y al sistema público de pensiones y también sabemos que esa transferencia incluye el “patrimonio” de la Seguridad Social, lo que viene a ser los hospitales y todos los bienes inmuebles de la Seguridad Social. Esto abrirá el coto a la privatización todavía más salvaje de nuestra sanidad pública.

Cuando estos días escuchamos a nuestra nueva Vicelehendakari Idoia Mendia hablarnos de llevar a cabo “políticas publicas” debería practicar con el ejemplo, y cuando sus socios de gobierno llevan a cabo despidos en la sanidad pública vasca (Osakidetza) o financian con casi 35 millones de euros de dinero publico a los colegios privados de Euskadi en plena pandèmia, no callarse y luego ir a reunirse con Confebask y las centrales sindicales buscando el modo de que las calles no se llenen de trabajadores descontentos.

Toda la clase trabajadora debemos unir fuerzas para acabar con décadas de clientelismo y de sumisión al régimen del 78, régimen que lleva prostituyendo la palabra democracia desde la muerte del dictador con una monarquia franquista  cuyo rey padre ha acabado en el exilio al igual que sus antecesores, con unos gobiernos democráticos que montaban su propia guerra sucia contra el terrorismo o con unos gobiernos democráticos que se ponen al servicio del partido democrático que les sustenta para encubrir sus robos, corrupciones y mentiras democraticas.

Salud y Republica.

Iñaki Merino

TS Euskadi

La pandemia pone en evidencia lo antidemocrático del sistema

Tribuna socialista 116. septiembre 2020. La pandemia nos muestra lo antidemocrático del sistema. Comparte!

150150

Descarga el TS 116 en pdf

Tras cinco meses y medio de pandemia, solo podemos reafirmar que este sistema económico está montado para beneficiar a una minoría social: no es la primera vez que lo decimos y lo demostramos con hechos y datos, pero la pandemia ha descarnado más aún esta estafa social.

Alguien dirá que es un punto de vista negativo, pesimista… en nuestra opinión, es puro realismo objetivo.

El COVID-19 nos pilló con los almacenes vacíos de mascarillas y de equipos de protección, para los sanitarios y para la población en general; del mismo modo que se evidenció el destrozo en la Sanidad pública, producto de los recortes y la privatización sufrida estos años atrás: escasez de respiradores, de camas UCI y de personal sanitario. La excusa: “nadie sabía que esto podía pasar”. De acuerdo, pero tenemos un ejército con armamento y nadie espera una guerra. La deuda del Estado ha crecido: nos han dicho que para paliar los efectos económicos del COVID-19. Pero ¿dónde ha ido a parar esa ingente cantidad de dinero? El conjunto de las comunidades autónomas, han recibido 16.000 millones de euros ¿qué se ha hecho con ese dinero?

Hay que auditar la gestión de la pandemia, sí, ¿por qué no?. Pero ¿cuándo se va a auditar la gestión de la crisis de 2008/2018: en la que la deuda del Estado creció del 40% al 100% del PIB?

Hemos superado los 31.100 fallecidos por coronavirus (en el momento de redactar esta editorial, a 24/09/20), pero la atención primaria no se ha reforzado, ni se ha contratado a más personal sanitario, ni a los rastreadores necesarios. Sin embargo, el ICO había puesto ya en mayo más de 60 mil millones de euros en créditos a disposición de las empresas, lo que no ha evitado que el desempleo suba hasta los 3,8 millones de trabajadores ni que haya 800.000 varados en los ERTE: muchos de ellos y ellas en grave riesgo de perder definitivamente su puesto de trabajo. Esas descomunales sumas de dinero no han impedido que se multipliquen por cuatro las colas del hambre, solo paliadas gracias al movimiento vecinal (a pesar del ostracismo al que le tienen sometido los ayuntamientos: muy particularmente los gobernados por PP y C´s con la complicidad necesaria de VOX).

Nos dicen que la economía está muy mal, pero nadie plantea exigir la devolución del dinero público prestado a las entidades financieras en la anterior crisis; una cantidad que alcanza, como mínimo, el 43% de los 140.000 millones que esperamos de Europa. Ni se abre una Investigación a la familia Borbón, para esclarecer de dónde han acumulado una fortuna en torno a 2.000 millones de euros: fortuna que no es solo del fugado. La banca obtuvo, en 2019, 13.592 millones de euros, pero se continúa destruyendo puestos de trabajo en el sector financiero y cerrando oficinas y caminando hacia una insoportable concentración bancaria.

Son solo unos ejemplos de dónde hay dinero, por si las instituciones del Estado tuviesen la voluntad política de afrontar con garantías la situación de salud pública que sufrimos.

El horizonte inmediato no es halagüeño para la clase trabajadora del Estado español, pues los “nubarrones” leídos en la prensa económica, del martes día 22, decían: “el Ejecutivo comunitario ha endurecido los criterios con los que se repartirá el fondo de recuperación Next Generation EU.” (El País/Economía). Concretamente se refería a la exigencia de una nueva reforma de la Pensiones y a atajar la dualidad del mercado laboral. Lo que significa endurecer y/o recortar el acceso a las pensiones, rebajando las cuantías y alargando la edad de jubilación. Y atacar los contratos con derechos; así, todos precarios y mal pagados, se acabó la dualidad. Es como si en una sociedad esclavista, para alcanzar la igualdad, se hubiese hecho esclavos también a los hombres libres. Quizás por estas cosas se está haciendo tan complicado encontrar el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado: nadie quiere apechugar con los costes políticos de los PP.GG.EE que exige la UE.

Ante esta dramática situación, el Gobierno continúa siendo timorato en llevar a cabo las promesas realizadas desde antes de la moción de censura: derogación de las reformas laborales, derogación de la ley Mordaza, derogación del Artículo 315,3 del Código Penal, derogación de la reforma de pensiones de 2013, entre otras leyes que dejó en herencia el Gobierno de Rajoy.

El domingo día 20, ante la dislocada situación que se vive en Madrid y las medidas de segregación de clase que el Gobierno de PP y Ciudadanos han tomado, muchos barrios de Madrid salieron a las calles, casi espontáneamente, a exigir más inversión pública en sanidad y educación. Es una pena que ninguna organización obrera, ni política ni sindical, se haya puesto al frente de la movilización que necesita la mayoría social, convocaron trastabilladamente (en el caso del PSOE de Madrid el término correcto es: patéticamente) para el día 27, por la presión recibida de la calle el anterior domingo. Da la sensación que ejercen de dique de contención ante la clamorosa necesidad de movilización para exigir justicia social y defensa de los servicios públicos.

Pero las instituciones siguen en su mundo: están enzarzadas en inhabilitar al Presidente de la Generalitat por unas simples pancartas, pero no mueven un dedo ante la corrupción crónica en La Zarzuela, ni ante el galopante desprestigio de la Justicia, a quien ni el Rey se quiere arrimar para la foto, ni ante la negligente gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, más aún; el Presidente del Gobierno se prestó el lunes 21 al espectáculo pirotécnico que montó IDA, quien todo lo arregla con medidas represivas, pidiendo más guardia civil y más policía.

Desde Tribuna Socialista llamamos a la unidad de las organizaciones que se reclaman de la izquierda y de progreso, para frenar en seco la deriva que está tomando esta nueva crisis económica, pues lleva los mismos derroteros que la anterior, pero esta es de mayores dimensiones.

El Comité de Redacción

Huir como tradición familiar

 

El señor Borbón, el padre, le ha comunicado al señor Borbón, el hijo, que se marcha de España por la: “repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada.»

En primer lugar, a quien debería darle explicaciones es al pueblo que le ha estado manteniendo en el cargo desde hace 45 años. Explicaciones que entre otras vías deberá dar ante la Justicia. Es una nueva anomalía que alguien que está incurso en una investigación abandone el país, y nadie puede estar por encima de la ley y la Justicia. Por tanto, ni el Rey actual ni el Gobierno debieran dar cobertura a esta nueva actuación irregular de ese señor.

Cuando el señor Juan Carlos de Borbón habla de: “ciertos acontecimientos”, en realidad se refiere a la costumbre establecida en esa familia de pedir dinero a cambio de llevar al Estado al que representan hacía los intereses del pagador. Es lo que su hija, la señora Cristina de Borbón y su marido hicieron con la Fundación Noos.

No nos interesan en absoluto sus líos de faldas, sus juergas ni su vidorra. Las explicaciones que el pueblo merece son las de saber qué consecuencias económicas, para el erario público y para la política de nuestro Estado, han tendido sus “andanzas” a lo largo de estas cuatro décadas y media. Explicaciones que aclaren, de verdad, de dónde ha salido la fortuna estimada en más de dos mil millones de euros y a cambio de qué le han dado esos regalos dinerarios e inmobiliarios los jefes de Estado de otros países.

Tribuna Socialista siempre nos hemos declarado republicanos, por ende, no necesitábamos este espectáculo para declarar nuestra posición respecto a la forma de Estado. Venimos reflexionando, en común con muchos otros ciudadanos y ciudadanas, desde hace tiempo, sobre la necesidad de avanzar. Consideramos que el avance es por la vía de la República, vemos que la Monarquía constituye un ancla en el pasado, a la par de incompatible con una verdadera Democracia.

Los pueblos que componen el Estado español no pueden avanzar si continúan lastrados por una institución que, para defenderse a sí misma, necesita confrontar a los ciudadanos unos contra otros. La unidad de los pueblos tiene que ser libre y voluntaria, no por la atadura a una institución simbólica que ha degenerado en una sanguijuela para el Estado.

No podemos seguir diciendo que vivimos en democracia si vivimos pendientes de un poder corporativo dentro del Estado que solo reconoce a su jefe de armas. Es la gorra de plato, más que la corona, el nudo “atado y bien atado” que nos quedó del régimen fascista.

Llamamos a todos los ciudadanos y ciudadanas, y a las organizaciones que se reclaman de la izquierda, a reflexionar y a trabajar políticamente, para caminar hacia una mayoría que permita un cambio constitucional que aborde todos los asuntos que en la Constitución hacen aguas desde hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo.

No es por tanto un problema de este señor, ni de si lo que aparece ahora fue antes o después de 2014. Es un problema constitucional, de la institución: La Corona. No podemos tragar la rueda de molino de la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Es evidente que el Jefe del Estado ha sido un irresponsable, pero sus irresponsabilidades no pueden quedar impunes. Fue él quien dijo aquello de: “Todos somos iguales ante la ley”, pues que se cumpla.

De la misma manera, es un problema que el Estado siga ligado a la Iglesia por la “aséptica” palabra: aconfesional. Avancemos hacia la laicidad del Estado, donde cada cual pueda practicar libremente la fe que considere oportuna, pero en el que la fe no interfiera en la Educación pública, en los costes del Estado ni en los actos públicos. Necesitamos democratizar el Poder Judicial, para que esté despolitizado y además lo parezca; pues desde hace mucho ni lo uno ni lo otro.

 

Hay que avanzar hacia la España federal, superando el Estado de las autonomías de la Transición. Adecuando a la actualidad la relación entre los pueblos que nos configuran como Estado.

Son muchos los problemas pendientes de resolver. Por ello, no podemos estar de acuerdo con el Presidente del Gobierno cuando insiste en separar el problema entre Juan Calos I y Felipe VI, no es un problema de personas, el problema es intrínseco a la institución.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

7 de agosto de 2020

A %d blogueros les gusta esto: