Tribuna Socialista

20º aniversario del 11-M

Se han cumplido veinte años de los atentados más terribles -por el número de víctimas- que se han sufrido en nuestro país, 192 muertos y 1.857 heridos.

190 muertos en los trenes de cercanías que todas las mañanas trasladan a los trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo, así como estudiantes que se dirigían a sus centros de estudio. A los que hay que añadir a Nicolás Jiménez Morán, el bebé que nació dos meses después del atentado, pero que murió a las 48 horas por las heridas sufridas por su madre y a Francisco Javier Torrenteras Gadea, el tedax que falleció en la explosión del piso de Leganés, en el que se inmolaron los autores de los atentados.

Tenían una media de edad de 35 años y pertenecían a 17 nacionalidades: 140 españoles y españolas (73,7%); 16 rumanos y rumanas (8,4%): 6 ecuatorianos y ecuatorianas (3,2%); 4 búlgaros y búlgaras (2,1%); 4 peruanos y peruanas (2,1%); 4 polacos y polacas (2,1%); un colombiano y una colombiana (1,1%); 2 marroquíes (varones) (1,1%); un dominicano y una dominicana (1,1%); 2 ucranianos (1,1%); una hondureña y un hondureño(1,1%); un senegalés (0,5%); un filipino (0,5%); un cubano (0,5%); un brasileño (0,5%); y una francesa (0,5%).

Al margen de la edad o del lugar en el que nacieron, tenían en común ser miembros de la clase trabajadora. Mencionamos a todos y a todas porque no queremos olvidarles, porque no son un número icónico de una fecha señalada, eran madres, hijos e hijas, padres, hermanos y hermanos, miembros de nuestra clase.

Es muy recurrente la frase de António Guterres, secretario general de la ONU, cuando en octubre del pasado año dijo: “el ataque de Hamas el 7 de octubre no viene de la nada sino de 56 años de ocupación”. No hay duda de que Guterres no justifica ni comparte que Hamas matase a 1.200 personas en los territorios aledaños a la franja de Gaza, ocupados por Israel. De la misma manera, no hay ninguna justificación en los atentados en los trenes de las madrileñas estaciones de Atocha y de El Pozo, el 11 de marzo de 2004. Lo anterior no implica que olvidemos que, justo un año antes, en marzo de 2003, una coalición liderada por la Estados Unidos invadió Irak; invasión en la que el Gobierno de Aznar involucró a nuestro país. Los atentados no vinieron de la nada.

En marzo de 2004 se cometieron dos atentados: uno, el de los trenes; el otro contra la verdad, se cometió la mayor mentira de Estado que hayan tenido que soportar los pueblos que componen el Estado español. El PP de Aznar mintió y, aún hoy, los medios de comunicación voceros de su política, continúan insinuando y vertiendo falsedades para desligar los atentados terroristas de la invasión de Irak.

El PP es un Partido que tiene alergia a la memoria, por eso, casi medio siglo después de la muerte del criminal dictador, no han condenado el franquismo. Por eso en comunidades autónomas en las que cogobiernan con la extrema derecha han derogado la ley de la memoria histórica. No quieren que recordemos, quizá por eso Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del Gobierno del PP en Madrid, ha eliminado -quizá debiéramos decir profanado- el monumento al 11-M.

El mismo grado de adicción que tienen contra la memoria lo tienen por la mentira. Por eso desde Tribuna Socialista todos los días del año recordamos y no olvidamos.

Comité de Redacción

Especial 8M Dia de la Mujer Trabajadora.

La mujer trabajadora es explotada por su pertenencia a la clase desposeída y oprimida por su condición de mujer.

“…si el proletariado sólo puede conquistar su plena emancipación gracias a una lucha que no haga discriminaciones de nacionalidad o de profesión, sólo podrá alcanzar su objetivo si no tolera ninguna discriminación de sexo.”

Clara Zetkin

Discurso pronunciado en el Congreso de Gotha del Partido Socialdemócrata de Alemania el 16 de octubre de 1896

Terminamos el primer cuarto del s. XXI, en el que la propaganda burguesa ha creado un imaginario de progreso que la tozuda realidad desvanece con solo pararse a pensar un poco, o a leer.

Se está celebrando como un hito histórico, y lo es, que la Francia de la V República haya dado el paso de blindar en su Constitución el derecho al aborto, para que el 51% de la población francesa, las mujeres, tenga la libertad de abortar, si así lo decide.

Nuestra II República, la que nos usurpó un golpe de Estado militar, planteaba en su Constitución la igualdad entre sexos. Legisló sobre el Divorcio, sobre el Matrimonio Civil, en febrero y junio de 1932, por citar dos ejemplos. Pero, claro, para “salvar a España”, el programa nacionalcatolicista de Franco y sus secuaces devolvió a la mujer la mujer a la vida doméstica.

La II República dio pasos que avanzaban sobre las tradiciones ancestrales que la clase acomodada se resiste a cambiar, pues a ellos ya les va bien. Cuando decimos que la realidad dispersa la fantasía del progreso, nos referimos a que las instituciones sociales que oprimen a la mayoría, hombres y mujeres, y a las mujeres doblemente, continúan aquí; por mucho que nos las pinten como simbólicas.

¿No es acaso el Rey el cabeza del Reino? ¿no son los papas, ayatolas, daláis lamas… los cabezas visibles de sus respectivas religiones? Para quienes defienden el concepto tradicional de “familia”, la de esa célula básica social, continúa siendo el “cabeza de familia”, el que manda y decide por el resto de los miembros de la unidad familiar ¿Alguien piensa que esto no tiene nada que ver con el concepto de propiedad que tiene el asesino machista, cuando considera que “su mujer es suya”, o no es de nadie? O simplemente con el concepto autoritario de la derecha sobre la sociedad. Pero aquí seguimos, avanzando por el siglo XXI, atascados y atascadas en conceptos medievales.

Sin embargo, la vida no es igual para las familias pudientes que para las menesterosas, no es igual para la clase explotadora que para la clase explotada: la reina, tanto la vigente como la emérita, la presidenta del Banco Santander, la presidenta de la Comunidad de Madrid… para ellas la realidad es otra, aunque también estén sometidas y acaten el orden patriarcal; la reina emérita bien lo sabe, y lo ha aceptado durante décadas.

Cuando una mujer de la clase adinerada decide abortar no necesita leyes para hacerlo, tiene los recursos para hacer efectiva la decisión, no así las mujeres trabajadoras. Por eso es tan importante la senda que Francia ha trazado, al blindar un derecho legítimo de las mujeres en su Constitución.

El 8 de marzo celebramos el día Internacional de la Mujer Trabajadora de 2024, pero todos los días del año tenemos que reivindicar los derechos del 85% de la sociedad: asalariados y asalariadas, pensionistas, funcionarias y funcionarios, desempleados y desempleadas, y las hijas e hijos de la clase trabajadora, cuyo derecho al trabajo y sueldo dignos, a la Salud, la Educación, la Dependencia y las Pensiones son vulnerados y pisoteados cada día.

Y como este no es un problema aislado en nuestro país, no podemos olvidar mostrar nuestra solidaridad con las mujeres, niños y niñas que están siendo masacradas en Palestina. Por lo que exigimos ¡Alto al Genocidio!

Viva la Mujer Trabajadora

El Comité de Redacción

¡Tractoradas!, separando el grano de la paja

Las movilizaciones del campo que han paralizado las grandes ciudades del Estado y de toda Europa son movilizaciones del empresariado del sector agrícola, y ganadero, entre ellos, pequeños agricultores, pero también grandes latifundistas, sin la participación de los trabajadores del campo, sin la participación de los sindicatos de clase, y con algunas reivindicaciones justas y razonables y otras que no tanto (Unai Sordo dixit). Separemos el grano de la paja.

¿Qué es la Política Agraria Común?

La Política Agraria Común (PAC) es la politica europea más antigua, ya que data de 1962 y su principal objetivo, según explica el Consejo de Europa en su página web, es «unificar criterios en materia de producción y distribución agrícola, centrando su atención en proporcionar alimentos asequibles, seguros y de alta calidad a los consumidores, conservar los recursos naturales y garantizar el nivel de vida de los trabajadores del sector». A priori, encomiable.

Las ayudas provinientes de la UE destinadas a agricultores y ganaderos son una tercera parte del presupuesto de la UE. Hay tres tipos de ayudas:

-La ayuda a la renta mediante pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos y remuneran a los agricultores por practicar una agricultura respetuosa con el medio ambiente y por prestar servicios públicos que los mercados no suelen recompensar, como el cuidado del campo;

-Las medidas de mercado para abordar situaciones difíciles, tales como una repentina caída de la demanda a causa de una alarma sanitaria o una caída de precios debido a exceso de oferta temporal en el mercado;
-Las medidas de desarrollo rural consistentes en programas nacionales y regionales para atender a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales.

Para España, la PAC prevé destinar más de 47.724 millones de euros a agricultores, ganaderos e iniciativas de desarrollo rural en el periodo 2023-2027. Sin embargo, la concesión de las ayudas se supedita a la puesta en marcha de prácticas medioambientales que condicionan la concesión de parte de las ayudas de la PAC, más cargas burocráticas y el cumplimiento de directrices que van dirigidas a la sostenibilidad medioambiental pero que reducen la productividad de las explotaciones (una de ellas, por ejemplo, es dejar parte de la tierra en barbecho).

Estas medidas se unen a una difícil situación del sector, causada, entre otros factores, por la bajada de la producción generalizada debido a la grave sequía, al encarecimiento de los costes de producción (sobre todos fertilizantes), y una burocracia excesiva que implica tiempo y aumento de gastos para agricultores y ganaderos.

Entre las reivindicaciones del campo se encuentra la eliminación o flexibilización de las medidas medioambientales, a las cuales la UE ya ha accedido, la regulación de un gasóleo profesional agrario que tenga el descuento en el lugar de abastecimiento, como se había hecho en la época poscovid para toda la ciudadanía, en lugar del sistema actual, que consiste en una desgravación de impuestos a fin de año, cuando se presentan los gastos anuales, y que se tomen medidas para erradicar la competencia de las importaciones de países que no cumplen las mismas condiciones exigidas en las producciones de los países miembros de la Unión Europea, compartiendo la petición de diseñar un nuevo marco en las negociaciones de libre comercio con el Mercosur o con terceros países para que no tengan tan fácil vender sus productos en la Unión, como sucede con la entrada de productos ucranianos, que antes de la guerra tenían una política arancelaria más fuerte o los que llegan de países del norte de África,

¿Cuál es la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez?

El mensaje compartido es que al campo se le escucha y no se le da la espalda. De momento, se han tomado algunas medidas y se han prometido más. Pedro Sánchez ha asegurado en una entrevista en La Sexta que “estamos con el campo, con los agricultores, los ganaderos y el sector pesquero”. El presidente del gobierno reconoce que el sector del campo ha sido muy castigado por la evolución de los costes y ha recordado que en los últimos dos años, el Ejecutivo ha aprobado ayudas por valor de 4.000 millones.

Por su parte, el ministro de Agricultura ha prometido defender los intereses del campo en Bruselas, por ejemplo, a la hora de modificar la exigencia de un 4% de tierras en barbecho, disminuir la burocracia, dar voz al sector en Bruselas o mejorar la Ley de la Cadena alimentaria.

Queda por ver si cambiarán los términos de las negociaciones comerciales con terceros países o el Mercosur y cómo será la futura Ley de la Agricultura Familiar, que tiene que ver la luz en esta legislatura.

¿Qué dice el PSOE?

Mi partido (y el de muchos de nuestros lectores) reconoce que los sectores agrario y pesquero constituyen uno de los principales pilares de la economía española y sostienen la balanza comercial de nuestro país. En los últimos 12 meses, las exportaciones agroalimentarias superaron los 70.000 millones de euros.

Sin embargo, como consecuencia de situaciones como la guerra en Ucrania o la prolongada sequía (más de dos años) y la elevación de las temperaturas, atraviesan una difícil situación, que compromete las producciones y la rentabilidad, y de la que el Gobierno es plenamente consciente.

El Gobierno está firmemente comprometido con los sectores agrario y lo demuestra con hechos:

Entre los años 2022 y 2023 ha habilitado ayudas extraordinarias por un valor superior a los 4.000 millones de euros. Nunca hasta ahora se habían movilizado tantos fondos públicos del Estado en apoyo al sector primario.

Además de ayudas directas extraordinarias (unos 1.400 millones de euros para agricultores y ganaderos), se han arbitrado medidas de apoyo fiscal, laboral, social, financiero y de ayuda a la contratación de seguros agrarios, entre otras.

Estas ayudas han beneficiado sobre todo a los sectores ganaderos, tanto de leche como de carne, que se han mostrado más vulnerables a las dificultades de la situación (casi 700 millones de euros), así como para el sector citrícola (38,7 millones de euros).

También se habilitaron 300 millones de euros destinados a paliar los efectos del incremento del coste de los fertilizantes; así como 5 millones de euros para el sector apícola.

Los agricultores de cultivos herbáceos de secano y de determinados cultivos industriales (tomate de industria y arroz) contarán con 268,7 millones de euros para apoyarles por la sequía.

Otros 8 millones de euros han ido a los productores de la cereza del Valle del Jerte (Cáceres), mientras que otros 81 millones de euros procedentes de la reserva agrícola -concedidos a España por la Comisión Europea- irán a los productores de determinados cultivos leñosos (frutales de pepita, de hueso, tropicales, cítricos y frutos de cáscara).

Además, se han arbitrado medidas de alcance en materia fiscal, como rebajas en el rendimiento neto del IRPF, exenciones en el IBI rústico para las explotaciones con pérdida de rendimiento, entre otras.

En materia de ayuda a la financiación se han ampliado los presupuestos para los préstamos bonificados de la línea ICO-MAPA-SAECA y para las subvenciones de avales.

También se ha ampliado el apoyo a la contratación de seguros agrarios. Para este 2024 las ayudas suman 284,5 millones de euros y eleva de forma considerable el presupuesto con el que se encontró en 2018.

En el ámbito laboral se aprobaron aplazamientos en los pagos de las cuotas a la Seguridad Social y reducciones en los dos ejercicios en el número de jornales necesarios para acceder al subsidio por desempleo.

En materia hidráulica, se han adoptado medidas de exenciones de cánones de agua y reducción de precio de agua desalada para el uso agrario.

Y como anunció el ministro Planas en el Congreso, durante la presente legislatura se mantendrá la devolución del impuesto sobre hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola.

La propiedad de la tierra

Hasta ahora he hablado de qué es la PAC? qué objetivos tiene? qué reivindican los agricultores y ganaderos? y qué respuesta damos desde el gobierno y desde el PSOE. Sin embargo, hay cuestiones importantes que no se abordan y que son importantes para el campo, y para tener una provisión de alimentos saludables y variados.

La primera de esas cuestiones es la propiedad de la tierra, que en muchas ocasiones no es de quién la trabaja, sino de latifundistas y grandes corporaciones del sector alimentario que configuran un oligopolio.

El ejemplo de Alemania: En Alemania, como en toda Europa, se está dando una especulación inmobiliaria con las tierras agrícolas. Entre otros inversores privados, están la Fundación Aldi-Nord o «Deutsche Wohnen», uno de los mayores propietarios de tierras de Alemania. Pero eso no es todo. Estas empresas dictan los precios y reducen los ingresos de los agricultores. En Alemania, cuatro grandes grupos se reparten el mercado de la alimentación: los grupos Edeka, Rewe, Aldi y Schwarz. Su participación ha aumentado constantemente en los últimos veinte años, y en 2021 el cuarteto representó más del 85 por ciento de las ventas en el comercio minorista de alimentos, un total de más de 218 000 millones de euros.

El mercado es un oligopolio de facto. Los pequeños agricultores se enfrentan al gran comercio de la alimentación. Debido a su poder de mercado, Edeka, Rewe, Aldi y Lidl pueden dictar los términos y condiciones de los proveedores más pequeños, igual que Mercadona hace en España.

Lo que está en juego es la concentración de la propiedad de la tierra en manos de los grandes monopolios internacionales. Esa es una de esas cuestiones de las que casi nadie habla.

La competencia desleal y la especulación de precios

Una de las quejas de los agricultores es la competencia desleal de productos provinientes de países externos a la UE. En Alemania y en los países del este de la UE se señala directamente al libre comercio con Ucrania, con la que se ha relajado la política arancelaria desde la guerra. En España, se señala a los productos marroquies y a los procedentes de libre comercio con Australia o latinoamerica.

Pero esta competencia «desleal» tiene, al menos, dos componentes. El primero de ellos es que ciertamente, los requisitos de entrada de productos de fuera de la UE son menores que los que se exigen a productores de la UE. Reforzar la trazabilidad de los productos y los controles sanitarios es una necesidad. El segudo de los factores es que esos productos «desleales» son introducidos en el mercado por las mismas multinacionales del sector de la distribución.

También algunos fabricantes de alimentos que procesan productos agrícolas deciden los precios a los que van a comprar los productos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Dr. Oetker, Tönnies, Ferrero, Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble, Tchibo, Unilever, Mars y Danone. Ellos marcan los precios.

Entonces…las ayudas a los agricultores y ganaderos sirven en gran medida para compensar la política de fijación de precios de las grandes distribuidoras y fabricantes multinacionales; pero esas mismas ayudas no atacan el problema de raíz: la especulación de la tierra y sus productos que el capital financiero promueve a través de las multinacionales del sector.

El oposicionismo a la transición verde

Es bien conocido que las tractoradas en la UE están sirviendo a los negacionistas del cambio climático a cargar contra las políticas medioambientales, a la par que suman adeptos para la causa negacionista que lidera la extrema derecha.

Una de los objetivos a conseguir es que se debe hacer un uso racional de la tierra y de los recursos naturales, así como de los procesos utilizados en la agricultura y en la ganadería para que nuestra sociedad disponga de productos alimentarios saludables y variados. Por tanto, la solución para agricultores y ganaderos europeos no debería pasar por relajar las medidas medioambientales para competir con terceros países, sino impedir que se comercialicen productos que no cumplan con las normas medioambientales y sanitarias.
Por ejemplo, la apuesta por la ganadería extensiva e intensiva es muy productiva…para su empresariado, pero muy nociva tanto para el medio ambiente como para la calidad alimentaria de sus productos. Lo mismo podemos decir de los productos agrarios manipulados genéticamente, con grandes corporaciones como Monsanto (hoy Bayer) que incluso fabrican semillas estériles, para que una vez den lugar a una cosecha, se tenga que volver obligariamente a comprar semillas. O el uso de pesticidas y fertilizantes nocivos para la salud animal y humana.

La apuesta por los pequeños productores, por los sistemas de producción cooperativa respetuosa con el medio ambiente y que vele por la calidad alimentaria de los productos debería imponerse a las políticas especulativas de las grandes multinacionales.

El socialismo debe ofrecer alternativas transnacionales a la libertad de mercado

En toda Europa, la extrema derecha ha tratado -y está tratando- de capitalizar este malestar, sobre todo en países como Francia, Alemania o también España. Pura demagogia y oportunismo. Ya sabemos que lo que quiere la ultraderecha es sembrar el caos, destruir el medio ambiente y la libertad…de empresa y del capital financiero (y si no que se lo pregunten a los argentinos)

Por ello, es más necesario que nunca, una alternativa socialista para el campo para proteger a los que trabajan la tierra, para poner fin a la especulación del capital financiero, para acabar con el oligopolio de la distribución y las grandes marcas de fabricantes que fijan los precios, sobreexplotan la tierra y la ganadería y someten a los trabajadores de la tierra a condiciones de trabajo precarias; y para acabar con la guerra de ucrania que favorece esa especulación y los intereses espúreos de las grandes corporaciones.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de T.S

Más claro que el agua: lo que dicen los agricultores de verdad

(Clica sobre la imagen para reproducir el video)

17 de Febrero. Alto a la masacre en Palestina

En unos días se cumplirán los 5 meses de la masacre sistemática que Israel está cometiendo en la Franja de Gaza, donde la cifra de muertos se acerca a los 30.000; de los cuales, el 70% son mujeres y niños.

He escuchado bastante polémica en relación a que en los manifiestos y pancartas principales de la manifestación celebrada el sábado día 17 de febrero, no figuraba el término Genocidio. Solo cabe pensar que el hecho de no utilizar esta expresión, por parte de los convocantes, era para no molestar, ofender… al gobierno de Netanyahu, pues en castellano, según la RAE, Genocidio se define como: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad.”

Lo cierto es que más que discutir sobre si la palabra genocidio aparece o no escrita, no puede caber duda de que lo que se está cometiendo en Gaza desde el 7 de octubre es un Genocidio.Considero que tiene más lógica polemizar sobre si es importante que Israel se moleste o no, cuando lo que las manifestaciones masivas que está habiendo en muchas ciudades del mundo están pidiendo a sus gobiernos es que rompan relaciones diplomáticas con el Estado sionista israelí; ojo, con el Estado sionista y con el Gobierno de Netanyahu, no así con el pueblo de Israel.

No puedo dejar de pensar en por qué nuestro Gobierno de coalición de izquierdas no da el paso de romper relaciones con Israel, ni se ha sumado a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional, y me hago hipótesis en la cabeza a este respecto. La que más solidez toma es la de que más que preocuparles, a nuestro Gobierno de coalición de izquierdas, que se pueda molestar el Gobierno de Netanyahu, les preocupa que se moleste la Administración de Biben, pues desde que estalló oficialmente la guerra en Ucrania, tras la entrada de las tropas de Putin en territorio ucraniano, somos percibidos como el alumno aventajado de la OTAN; título por el que pugnan Sunak, Sochlz, Macrón y Sánchez, junto a los demás presidentes y presidentas de los países miembros de esa estructura militar.

Cuando se critica a los sindicatos, por lo que hacen y también por lo que no hacen, se suele decir que si no existiesen habría que inventarlos. Pues bien, no existe un movimiento contra la guerra, ¡habrá que inventarlo!, ya que la única manera de que los gobiernos cambien de rumbo es con las masas en la calle exigiendo y reivindicando, y esto vale contra la guerra y contra las políticas contrarias a los intereses de la mayoría de la sociedad.

Las críticas a las formas verbales de los convocantes eran legítimas, incluso las comparto, pero de ahí a no acudir a la manifestación y boicotearla, me parece que hay una gran diferencia. Supongo que a los y las gazatíes que están rodeados de muerte les parecerá bienvenida toda ayuda, incluso el apoyo abstracto de un manifiesto y/o una movilización, la convoque quien la convoque. En este sentido, valoro muy positivamente que las confederaciones sindicales UGT y CCOO hayan convocado la manifestación del día 17, así como que el PSOE haya convocado a sus bases y que haya desfilado con una pancarta propia en esta manifestación.

Lo cierto es que hubo pancartas, como la del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que sí denunciaban el Genocidio que Israel está cometiendo, y a nadie le molestó, ni desde la organización de la manifestación se instó a que se retirasen estas pancartas.

La manifestación que tuvo lugar el 27 de enero si que fue muy masiva, pero a aquella no se sumaron las grandes organizaciones sindicales y partidos. Es una pena que la izquierda ande como en la película “La vida de Brian”. Es tan grotesco como triste que ante un crimen de masas como el que se está cometiendo, un crimen que dura ya más de 77 años, que las organizaciones que dicen defender los intereses de la mayoría social, las grandes, las medianas y las minúsculas, no sean capaces de buscar la unidad para rechazar semejante atrocidad.

Rompamos relaciones con los países genocidas y con las satrapías. No podemos criticarles y acto seguido venderles armamento.

Reconsideremos con quienes nos aliamos y a qué aventuras militares imperialistas nos llevan esos supuestos aliados, quienes en realidad buscan apoderarse de mercados y materias primas.

Digamos no a la guerra, como lo dijimos en 2003 contra la guerra en la que nos metieron los criminales de las Azores.

Unidad para parar el Genocidio, el Exterminio, la Matanza, el Crimen de lesa humanidad… Basta ya.

Rogelio Obrador

Socialista de Madrid no afiliado

¡La amnistía es necesaria para la mayoria social!

El proyecto de ley de amnistía fue rechazado el martes 30 de enero en el Congreso de los Diputados con el voto en contra a última hora de los 7 diputados de Junts. La Comisión de Justicia del Congreso decidirá cuando se volverá a presentar el Proyecto.

El riesgo de que no haya amnistía pondría en serio riesgo la legislatura, al romperse la mayoría que votó la investidura de Pedro Sánchez. Flaco favor se hacen a si mismos los diputados de Junts al votar lo mismo que PP y VOX y dar alas al franquismo político y judicial.

Por su parte, el juez García -Castellón – incapaz de averiguar quién era un tal M. Rajoy en el caso Gurtel, incapaz de no ver nada de lo que sucede en Marbella, y que ha organizado más de 20 procesos e investigaciones contra Podemos (todos archivados), se ha dedicado las últimas semanas a intentar acusar de terrorismo a Carles Puigdemont y otros dirigentes.

Otro juez, Joaquín Aguirre acusó en la TV pública alemana, las presuntas conexiones rusas del Procés (operación Voloh) saltándose a la torera el secreto del sumario, dando argumentos y opiniones esperpénticas, y dictando el mismo día un auto acusando a Puigdemont de alta traición.

No son unos pocos jueces politizados. Es la cúpula judicial, el CGPJ que lleva 5 años caducado quien encabezan la ofensiva. No quieren que se hable de Lawfare, pero, la confabulación del aparato judicial más rancio y la política de PP y VOX no parece una casualidad. No es casual que en la manifestación del 28E, el PP ensalzara a estos jueces como héroes nacionales. No es casual tampoco que el PP exija que la elección del CGPJ corresponda a los propios jueces y no al parlamento votado por el pueblo. De esta forma, podrían bloquear todas las decisiones del Parlamento y del gobierno contrarias al ideario político de estos jueces.

El Rey, Felipe VI tampoco es neutral en este tema. Lejos de cumplir con su obligación de arbitrar y moderar “el funcionamiento regular de las instituciones”, el día 14F, en Barcelona, en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, Felipe VI ha apelado al «respeto» a las resoluciones del Poder Judicial porque tiene atribuida, en exclusiva, la función de juzgar como poder «independiente y plenamente separado» de los demás. A pesar de que sus resoluciones excedan de las funciones democráticas que tienen atribuídas los jueces y a pesar de que la cúpula del CGPJ lleve más de cinco años usurpando el cargo. De hecho, en el mismo acto, el presidente del CGPJ elevó su voz para gritar a los políticos «dejennos en paz», ante la connivencia del monarca. Por tanto, el Rey, en nombre de quien se firman las sentencias, también forma parte del problema.

Es necesario restablecer la fraternidad entre los pueblos y su unidad ante un enemigo común, la herencia del franquismo que atenta contra la igualdad, contra el medio ambiente, contra la libertad y contra los derechos de los trabajadores y los pueblos. Por eso es necesaria la amnistía.

Espero que la amnistía sea aprobada. Espero que la apuesta por la convivencia, la política y los derechos de trabajadores y pueblos se abra camino. Que la política se normalice, y que podamos tener una legislatura de avances sociales, económicos y democráticos avalada por la mayoría parlamentaria que votó a favor de la investidura de Pedro Sánchez.

Carles Arroyo
Militante PSC

Redoblar la lucha por la Amnistía

Getafe 8 de febrero

El debate sobre la Amnistía se ha instalado en la sociedad, sin que eso signifique que este sea un tema de máxima preocupación del conjunto de la ciudadanía. Según el barómetro del 17 de enero, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo al 2,3% de los encuestados sitúan la amnistía como uno de los tres principales problemas del país.

En el acto que tuvo lugar en Getafe el pasado día 8, en el que tuve el honor de compartir mesa de debate con Gloria Elizo, Ana González y Jesús Béjar, pudimos debatir sobre a quién y por qué le preocupa la amnistía, y qué beneficios puede tener para el conjunto de la sociedad.

Una cuestión previa que se planteó fueron los antecedentes del conflicto en Cataluña. Se señaló que no se puede olvidar que en septiembre de 2005 el Parlament de Catalunya aprobó democráticamente la reforma del Estatut. Este documento fue enviado a las Cortes para su aprobación, lo que ocurrió en marzo de 2006. Una vez aprobado, también democráticamente por el poder legislativo, se procedió a convocar un referéndum en Cataluña en junio de 2006, siendo aprobado por los y las votantes. Hasta aquí todo normal.

Este proceso legítimo fue rechazado por la derecha españolista, el PP principalmente, y por los “hombres de Estado del PSOE”, esos que acompañan a la derecha siempre que tienen ocasión. El PP, judicializó el Estatut llevándolo al Tribunal Constitucional, alto tribunal que, en 2010, cercenó 14 y modificó 23 de los artículos de la ley aprobada por el legislativo autonómico y estatal.

Este proceder, con prácticamente los mismos protagonistas: PP, Ciudadanos, VOX y la corte de Felipe González, la hemos visto en 2006 y 2007, cuando Zapatero aceleró el proceso de paz en el País Vasco, que devino en fin de la violencia, o cuando en 2021 Pedro Sánchez procedió a indultar a los presos políticos catalanes del “procés”.

Tanto los protagonistas de la refracción como los contenidos refractados delatan a un nacionalismo hegemónico que lleva muchas décadas camuflado detrás de la rojigualda, a nombre de “salvar España”.

Solo el 2,3% de la ciudadanía ve en este asunto una preocupación prioritaria. Porcentaje este que debe ser coincidente con quienes en 1978 se consignaron para dar continuidad al franquismo. Los que, en enero de 1977, por el real Decreto Ley 1/1977 le cambiaron el nombre al Tribunal de Orden Público y lo rebautizaron con el de Audiencia Nacional.

Están preocupados muchos del estamento armado, quienes se consideran un Estado dentro del Estado, cuyo jefe en la cadena de mando es el jefe del Estado, como el dictador. Siempre han dicho que la institución monárquica es “decorativa”, pero se pongan como se pongan ostenta la jefatura del Estado, y así lo han demostrado los dos borbones de la democracia, la última en el discurso del 3 de octubre de 2017, en el que echó gasolina al fuego.

A mi modo de ver, los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos que componen el Estado español, en su inmensa mayoría, no se consideran nacionalistas: ni vascos, ni catalanes ni gallegos, menos aún quienes hemos nacido en cualquiera de los demás territorios del Estado. Asistimos a la confrontación de intereses de las minorías privilegiadas que pugnan por controlar el dinero de los impuestos y los resortes del poder en los distintos territorios. De entre esos grupos destaca el nacionalismo español, heredero del nacionalcatolicismo franquista, que fue el nacionalismo imperante durante los cuarenta años de dictadura y que ahora continua siendo excluyente hacía los demás nacionalismos. En su pugna, estos grupos de interés, no dudan en utilizar los símbolos, como la bandera, o la lengua, como elementos de confrontación.

Los ciudadanos y ciudadanas que componemos la pluralidad de pueblos del Estado español, necesitamos una convivencia pacífica y no de confrontación permanente, para avanzar en los retos comunes a todos los pueblos del Estado.

Según el aludido último barómetro del CIS, las principales preocupaciones de la sociedad son la Economía, la Sanidad y el Empleo.

Efectivamente, necesitamos que el Gobierno gobierne para que la especulación inflacionaria deje de esquilmar sueldos y pensiones. Especulación que toma su forma concreta en el conflicto de los agricultores, con los diferenciales entre los precios en origen y los precios de venta a los consumidores.

Necesitamos que los gobiernos: central, autonómicos y municipales, cumplan con lo establecido en el artº 43 de la Constitución:

“Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

La privatización de la Sanidad Pública ha llevado el sistema de salud a una situación que, lejos de “prevenir” asegura el caos cada vez que la situación se tensa. Esto fue brutal en la pandemia y acaba de ser nuevamente evidente en la epidemia anual de gripe invernal. Es por ello fundamental derogar los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, de 1986 y la ley 15/97, que habilitan a las comunidades autónomas a poner la Sanidad Pública en manos de las empresas privadas, trasladando el objetivo de “la Salud de los ciudadanos” a “los Beneficios de los accionistas”.

Necesitamos que las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras deje de precarizarse, por lo que es preciso que el Gobierno derogue de verdad las reformas laborales de 2010 y 2012, las que han destruido y precarizado el empleo en este país, facilitando el despido, desregulando las condiciones laborales y abaratando los salarios.

Por estos motivos, la amnistía debe servir para cerrar la brecha de convivencia que la política represiva del Gobierno de Rajoy abrió con Cataluña. No es una cuestión formal, es una necesidad democrática.

Roberto Tornamira

Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE

Declaración de blanquerna

Redoblar la lucha por la Amnistía

Reunidos en Madrid el 27 de noviembre en la Librería Blanquerna de Madrid a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), con el objetivo de redoblar el combate por obtener una verdadera ley de amnistía que afecte a «todos los perseguidos por el Proces» y para acabar con toda la legisla- ción represiva de herencia franquista, en particular la Ley Mordaza.

Hemos considerado que para conseguir esta ley es necesaria la implicación y movilización de todas las organizaciones obreras y democráticas, que no podemos confiar en los meros mecanismos parlamentarios e institucionales.

Que la consecución de estos objetivos, así como la defensa de las organizaciones, los militantes y elegidos del pueblo que luchan por ellas, exige que en todo el Estado, en todos los pueblos de este país, se desarrolle un amplia campaña al respecto con el objetivo de vencer a la reacción impulsada por los franquistas amparándose en la instituciones heredadas de la dictadura.

La lucha por la amnistía es inseparable de la lucha en defensa de todas las libertades y los derechos sociales.

Entrevista: Ana Usero

Por Roberto Tornamira

para Tribuna Socialista

Ana Usero es Secretaria General de la Sección Sindical de la UGT en CaixaBank en Madrid. Es representante de los trabajadores y trabajadoras desde 2012. Trabajadora del sector financiero desde enero de 1997.Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III.

Pregunta:Hace muchos años que los sindicatos del sector financiero no convocaban movilizaciones sectoriales ¿qué motiva que comencéis hoy día 8 de febrero con esta Manifestación y anunciéis huelga de 24 horas para el 22 de marzo?

La plantilla del Sector financiero lleva desde el 2008, el comienzo de la crisis, asumiendo con gran responsabilidad cambios en los modelos de gestión del negocio y relación con el cliente. Estos cambios han sido impuestos por las direcciones de las entidades sin contar ni con el cliente ni escuchar a los empleados. Hemos sufrido no solo el rechazo social por una gestión política que en muchos casos no compartimos, sino una persecución laboral interna para cambiar el modelo de negocio y conseguir los beneficios que el modelo anterior no conseguía. Cuando hablamos de persecución, no exageramos. La vigilancia de producciones individualizadas casi cada hora es habitual. Nos solo hablo de producción en el sentido de ventas, sino también en imponer un autoservicio al cliente y una digitalización obligada sin tener en cuenta la sensibilidad de cada cliente. Los seguimientos de autoservicio y de operaciones por ventanilla han establecido también una calificación de tu rendimiento laboral. Esto ha generado un clima laboral insostenible para cualquier empresa saludable y socialmente responsable. Además, escudados en esta “crisis”, han metido la tijera en cada uno de los convenios negociados. Los convenios del sector financiero eran probablemente de los mejores convenios de este país. Esto no nos lo ha regalado nadie. Son fruto de años de lucha, de negociaciones y de un excelente trabajo de la representación sindical.

Cuando ha tocado apretarse el cinturón, nosotros lo hemos hecho. En los últimos 5 años hemos perdido un enorme poder adquisitivo directo en tablas, pero además el sector ha establecido de forma unilateral complementos salariales absorbibles con las subidas en salario base, que provocan que la subida salarial real sea muy inferior a la pactada en convenio.

Toda esta situación ha generado una gran frustración en las plantillas que ve como año tras año se duplican los beneficios, los salarios de los consejos y los dividendos a los accionistas. Mientras sus salarios son congelados y la presión laboral crece de forma exponencial.

Sinceramente, no podemos más. Tenemos la sensación de que en cada presentación de resultados se ríen de nosotros.No nos han dejado ninguna otra salida que comenzar con movilizaciones.

Pregunta: Las entidades financieras en nuestro país, se han concentrado en las últimas dos décadas hasta conformar un oligopolio financiero ¿Qué porcentaje del volumen de activos se reparten las cinco entidades más grandes? ¿Piensas que esta concentración financiera va a continuar incrementándose?

Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter concentran casi el 95% de los activos financieros de este país, pero solo entre las tres primeras se agrupa más del 85%.

Cuando hablaban de mejorar la productividad del sector financiero vía fusiones, en realidad hablaban de un mayor control no solo del aspecto económico, sino de la capacidad de intervenir en las políticas económicas más profundas de un país. Si controlas las políticas de financiación a empresas y particulares, los flujos de inversión que se destinan a unos sectores u otros, o los proyectos privados de inversión, consigues un poder político y económico muy importante.

Imaginemos que los tres bancos no apuestan por financiar parques solares, mucho más atomizado en pequeños inversores y solo apuestan por eólicos o energías no renovables, controladas por empresas del Ibex, empresas que dominan el sector y que tienen más intereses económicos. El Ibex, vía cruce de accionariado, puede controlar sectores estratégicos de este país controlando los flujos de capital hacia determinadas inversiones. Aunque parezca ciencia ficción puede pasar. Quien domina el capital domina un país. Por eso la intervención de Bankia fue una oportunidad perdida para crear un Banco Público de calidad y con capacidad no solo para dar servicio a colectivos que no son rentables desde el punto de vista económico, sino para evitar de alguna forma el exceso de control sobre la economía de este país del sector privado.

Cuando desaparecieron las antiguas Cajas de Ahorro, se las acusaron de estar “politizadas” y tomar este tipo de decisiones en base no a criterios económicos, sino en base a factores sociales importantes. Pues eso es justo lo que acaban de conseguir con el oligopolio financiero: eliminar la intervención pública y la decisión democrática vía elecciones de proyectos de inversión socialmente rentables.

La concentración financiera hoy por hoy es imparable. Seguirán engullendo a los pequeños que aún sobreviven en España y después, si nada cambia, veremos fusiones de bancos fuera de nuestras fronteras.

Pregunta: El sector ha perdido mucho empleo, desde la crisis de 2008, y paralelamente se han cerrado miles de oficinas ¿en cuanto cifras esta contracción de plantilla y de sucursales? Aunque no lo perciba la opinión pública, la carga de trabajo está llevando a los trabajadores y trabajadoras del sector financiero a situaciones de presión, estrés y ansiedad ¿puedes describir cómo se está viviendo internamente en las oficinas?

Las cifras aproximadas desde el 2008 sitúan esta pérdida en más de 128.000 empleos, lo que supone un 47% de la plantilla total.

Como el número de clientes no ha disminuido podemos afirmar que la carga de trabajo a los trabajadores del sector se ha incrementado al menos en ese porcentaje. Esto unido a que la diversificación del negocio ha llevado al sector a un intrusismo en comercializar productos de otros sectores como el de seguros y el del pequeño electrodoméstico hacen que la carga de trabajo impuesta sea muy superior a la de épocas anteriores. Donde antes atendías las necesidades financieras de un cliente, ahora tienes que sumarle atender y provocar artificialmente una necesidad de coberturas de seguros y de móviles, colchones, televisores….

La presión comercial que sufren los empleados es difícilmente imaginable. Hay reportes de actividad casi cada hora, reuniones para priorizar los 20 productos del día. Seguimientos individualizados y rankings públicos.

El número de bajas laborales por la presión comercial es el secreto mejor guardado del sector.Las empresas se niegan a analizar y hacer público este dato, porque nos encontraríamos con una sorpresa de magnitudes socialmente inasumibles.

Cada día recibimos llamadas de ataques de ansiedad, depresiones y enfermedades derivadas del exceso de estrés laboral y la carga de trabajo.Muchos compañeros están al borde del colapso y ese pesimismo es contagioso.

La ciudadanía además nos percibe como cómplices de unas decisiones políticas y empresariales que ni hemos provocado ni compartimos, con lo que a la sobrecarga de trabajo y el exceso de presión comercial se une una relación con tus clientes complicada. El resultado es un polvorín que siempre explota del lado del empleado.

Otro gran secreto de la banca es el número de horas trabajadas fuera de horario laboral no recogidas ni reguladas. Un gran porcentaje de los compañeros amplían sistemáticamente su jornada laboral para suplir esa reducción de plantilla y el aumento de carga de trabajo. La presión para que “cumplas tus objetivos” es tremenda. Esto solo se consigue ampliando jornada.

Tenemos un control horario ficticio donde al empleado que teclea la jornada real se le recrimina y se le hostiga para que confirme el horario establecido y evite poner la jornada real.

El cierre de oficinas se sitúa en 28.000 oficinas en todo el sector, un 61% aproximadamente.

Hay una concentración oficinas que aleja al cliente, especialmente en las plazas más pequeñas.

La exclusión financiera se agranda especialmente por dos vías. Una la geográfica: pueblos sin oficinas ni acceso a servicios financieros y otra por una digitalización impuesta especialmente a raíz de la pandemia que la sociedad no ha sido capaz de seguir.

Pregunta: Las entidades financieras llevan tres años consecutivos batiendo récord de beneficios ¿repercuten esos beneficios en los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector?

Los beneficios del sector que hemos visto anunciados a bombo y platillo estas semanas, son lo esperado con un escenario de subidas de tipos de interés. En muchos casos se ha duplicado la cuenta de resultados conseguida como he comentado a costa de la salud de sus empleados.

La diversificación del negocio que supone una sobrecarga de trabajo al empleado revierte beneficios millonarios a los bancos. Donde antes se suponía que eran ingresos extraordinarios, ahora son recurrentes, gracias a su plantilla. Esto hace que, con tipos de interés altos, los beneficios aumenten de forma exponencial.

Los empleados esperábamos que la misma responsabilidad que hemos tenido nosotros en épocas difíciles, la tuvieran nuestros directivos ahora que todo sonríe.

Pues esa responsabilidad que deberían tener con la plantilla y con la sociedad se les ha olvidado enterrada por la codicia de sus altos directivos.

El acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmado por la CEOE, UGT y CCOO en 2023 recogía subidas salariales marco del 4%, 3% y 3% en los siguientes años. Este acuerdo marco está pensado para una red de empresas muy diverso y a él han hecho referencia empresas con estructuras mucho más precarias que la banca. Nuestras patronales se han descolgado de este acuerdo y las subidas salariales que proponen son un insulto a los trabajadores del sector.

Mientras sus consejos de administración y sus directivos se aprueban subidas para 2024 del 5% como es el caso de Goirigolzarri y Gortázar de Caixabank. Entre 2021 y 2022 estos mismos directivos han tenido subidas totales del 28% en el caso de Gorigolzarri y del 11% en el caso de Gortázar según la CNMV.

Pregunta: Por terminar por donde comenzamos ¿Qué pedís en las mesas de negociación?

Lo que pedimos es básicamente dos cosas:

La posibilidad de recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos años y tener revalorizaciones acordes a la inflación actual y a los beneficios obtenidos por nuestras empresas. Nuestra propuesta es una recuperación salarial en tablas del 9% el primer año más 1% en función del beneficio de la entidad y ¡% en función de la subida del IPC, y para el segundo y tercer año un 4% más 1% en función del beneficio de la entidad y ¡% en función de la subida del IPC respectivamente. Con estas subidas recuperaríamos el poder adquisitivo perdido en los últimos dos convenios y cubriríamos las posibles subidas de inflación de los siguientes.

Reducir la presión comercial existente en oficinas para conseguir un clima laboral digno y saludable.

Alerta en Galicia

El voto a la izquierda aumenta pero el PSdG deja de ser su referencia

Los resultados de las elecciones gallegas han permitido que el PP renueve la mayoría absoluta aún perdiendo 2 diputados, ante una izquierda que en su conjunto suma casi tantos votos como la derecha, pero con una aportación muy desigual de los distintos partidos.

Mientras el BNG consigue el mayor número de escaños de su historia (25), los 9 diputados/as del PSdG representan el peor resultado de su historia. Podemos desaparece (solo votan su 2500 militantes y 1000 personas más), y SUMAR solo es capaz de recoger una parte del voto que cede el partido socialista.

Con una participación más de un 18% superior a la del 2020, el PSOE pierde 46059 votos, obteniendo 207691 (poco más de un 14% del electorado).

La culpa no es de la amnistía como algunos medios de comunicación pretenden, ya que el BNG también es partidario. La culpa no es de los acuerdos con Bildu. El BNG también tiene importantes coincidencias programáticas. Posiblemente, la pérdida de apoyo al PSdG se deba a la combinación de una serie de factores: el liderazgo, el programa, los problemas internos del PSdG o la influencia de la política estatal.

En cualquier caso, en 2020 hubo un retroceso importante del PSOE y de los partidos a la izquierda del PSOE.

En 2024 se alcanza el peor resultado de la historia del PSdG, la práctica desaparición de Podemos y un SUMAR que no ha sumado. Los nacionalistas de izquierdas del BNG cogen el testigo de convertirse en la referencia de izquierdas, alternativa al PP.

Probablemente, los problemas internos del PSdG sean una de las claves de la devacle. La gente queremos liderazgos naturales, basados en valores socialistas y de progreso y capaces de catalizar una respuesta clara a las necesidades de la mayoría social, y la participación de las bases del partido para debatir propuestas y elegir candidatos ha brillado por su ausencia.

La historia se repite. En Madrid, el PSOE sufrió el sorpaso de Mas Madrid. En Euskadi, Bildu concentra el voto de izquierda por encima del PSE;

La cuestión no es qué le pasa al PSdG, sino ¿qué le pasa al PSOE en estas regiones, dónde no solo no gana, sino dónde además hemos dejado de ser la referencia de izquierdas?

Xose Revestido. Ourense

Galicia 2024

Los socialistas nos hemos llevado un revolcón en las elecciones autonómicas gallegas, celebrada el domingo 18 de febrero. No nos puede extrañar en absoluto, pues entre otras cosas nuestras fratricidas guerras internas no dan pie a otra cosa, una vez más el candidato elegido es simplemente un aspirante a una poltrona que le permita vivir holgadamente hasta el final de sus días, cuando lo que se espera de un candidato al que se le suponen unos valores socialistas, es la vocación de construir una sociedad mejor, pero esa vocación desgraciadamente se está perdiendo en nuestro partido.

Es tan asqueroso el lodazal en que se ha convertido la política en los últimos tiempos, que resulta muy difícil que alguno de nuestros compañeros con valores, que los hay, quieran posicionarse y trabajar por una sociedad justa, porque los abundantes trepas se lo impedirán con las sucias maniobras a las que nos tienen acostumbrados.

Siento ser tan duro en mis apreciaciones, pero a mis 78 años no pienso callar mis opiniones, sobre lo que veo todos los días ya que soy demasiado mayor para otras cosas, al menos me desahogo diciendo lo que pienso, aun a riesgo de equivocarme con alguno que pueda que sí ejerza de político socialista.

Me resulta muy triste pero realmente necesario admitir, que muchos compañeros en estas elecciones emitieron su voto a favor del BNG, ya que nuestro candidato no nos ofreció ninguna confianza pues ni siquiera nosotros sabíamos lo que quería hacer si entraba en el gobierno de la Xunta, pues los mítines fueron estatalistas, sin ofrecer ninguna alternativa a las problemáticas autonómicas.

También me resulta triste y doloroso que mi nieta que hace unos días cumplió la mayoría de edad, con la evidente ilusión por emitir su voto por primera vez, no pudiera obtener el consejo de su abuelo a petición del mismo, ya que seguramente mi consejo no sería comprendido por ella.

Son muchas las ocasiones últimamente, que mis reflexiones me llevan a pensar una vez más, en que la única forma de que nuestro partido, que una vez fue socialista, vuelva a la senda de la justicia social, es la refundación, dejando al margen a los dinosaurios que nos han llevado a este conservadurismo encubierto. Por otra parte, esta enfermedad parece que está extendiéndose por toda la izquierda, haciendo misión imposible la unión de los partidos que se autoproclaman progresistas. Quizás sea porque el progreso que desean, es su propio progreso personal e individual y no tanto el de la sociedad.

Esta campaña, que debería haber sido autonómica, a mi al menos me ha puesto de manifiesto el deseo de estatalizarla, lo cual en mi opinión es una estrategia estúpida, o peor aún, que se consideró perdida de antemano y por lo tanto mejor emplear las energías de forma torticera, para esconder lo que algunos quieren mantener a la sombra, tan es así que nuestro querido partido en esta campaña, de forma incomprensible, ni siquiera ha presentado un programa, mediante el cual los votantes supieran lo que los socialistas teníamos pensado hacer.

Quizás se hizo así, porque ya sabíamos que una vez más nuestros diputados se mantendrán cómodamente en sus escaños, eso cuando asistan a los plenos, no vaya a ser que nos conozcan y que la gente sepa que el partido socialista nació para conseguir una sociedad justa.

Me da mucha pena, que no nos volquemos en ser nosotros la locomotora de la sociedad y que, por el contrario, siempre permanezcamos sometidos a los caprichos particulares, de quienes, sin moral, ni valores, ni la más mínima ética, nos exigen aberraciones, sin que la mayoría de las veces sirvan para potenciar el bien común.

No sé si el hecho o la intención de ayudar al BNG, pudiera haber representado un avance social para Galicia, yo quiero pensar que sí, por eso creo que con las cartas que el PSdG., tiene en las manos, es lo mejor que podemos hacer, mientras no nos concienciamos que la política es un arte, un medio para mejorar la vida de los ciudadanos en general y no la nuestra individual y si hacemos uso de las herramientas que nos da la filosofía socialista, podremos conseguirlo.

Autor: Tribuna Socialista