Categoría: Justicia

Ante la jauría de la derecha, más apoyo que nunca a este Gobierno

La jauría franquista lleva intentando derribar al gobierno desde el minuto uno de la legislatura. No es novedoso, la derecha española nunca ha soportado que gobierne un partido ajeno a su minoría privilegiada; les ocurrió en 1874 y en 1936. Al pensar que son los dueños de España no respeta a quienes no piensen como ellos.

La derecha española difiere de otras derechas europeas, pues estos no perdieron la guerra, sino que Franco murió en la cama y los pactos para la transición garantizaron el continuismo de las estructuras franquistas, aunque algunas cambiaran el nombre. Incluso el jefe del Estado continúa siendo el jefe de los tres ejércitos, gracias a las leyes de sucesión de 1947 y 1969.

Mientras que la izquierda parece haber olvidado el internacionalismo y que es incapaz de hacer la unidad sin menoscabo de las discrepancias, la derecha lleva años revitalizando y fomentando ámbitos de coordinación internacionales de los que emanan criterios, consignas y dinero; de ahí que la derecha extrema esté en pleno ascenso.

Los garantes de la “España, Una Grande y Libre”, enviaron a los conservadores aperturistas un mensaje de advertencia al inicio de la década de los 80; misiva que fue directa para Adolfo Suárez e indirecta a Felipe González, que estaba en perspectiva de gobernar -quizás algún día sepamos quienes fueron todos los golpistas y los actores intelectuales del 23F-.

Contra José Luis Rodríguez Zapatero se alcanzaron límites propios de una distopía, todo para intentar tapar que los atentados de Atocha fueron consecuencia de la intervención de España en la Guerra de Irak, y, por supuesto, para deslegitimar al gobierno elegido en las urnas. Aun hoy continúan con la cantinela conspiranoica. Recientemente he sabido que la instrumental obsesión por ETA ya la usaba el franquismo: en 1960, tras el atentado en la estación de tren de Amara (San Sebastián) en el que murió la niña Begoña Urroz, con 20 meses de edad, el franquismo lo atribuyó a ETA, cuando en realidad fue obra del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación).

Como decía al inicio, no es nueva la acción de la derecha, cuando está en la oposición, en no hacer oposición y sí acoso y derribo del gobierno: “el que pueda hacer que haga”. Lo que ha cambiado es la virulencia y la pluralidad de escuadrones que se han incorporado a la actividad.

Es cierto que el “Caso Koldo” y el último giro con la presunta jefatura de Santos Cerdán al frente de la trama, al Gobierno y al PSOE se le complican las cosas. Pero como señala la editorial de Tribuna Socialista nº 167: la corrupción está cronificada en España y si las instituciones del Estado estuviesen limpias, de arriba hacia abajo, la corrupción tendría mucha menos cabida. Esto es una constatación y no pretender ser una justificación de lo injustificable.

Que la derecha extrema y el fascismo están en alza en todo el mundo es tan cierto como que en cada país toma sus formas concretas, por lo que debemos preguntarnos qué hace el Gobierno actual para que la derecha esté tan alterada.

Perciben que con la ley de Amnistía se tambalea el sacrosanto criterio de la “España, Una, Grande y Libre”. Pues como nacionalistas hegemónicos que son, no soportan que en lugar de “Una” pueda ser “Plural”, idea que atenta contra una realidad que configura el Estado español desde aun antes de ser el Estado español. En mi opinión, por encima de la historia y la tradición, debe prevalecer la convivencia entre los pueblos.

Contra la “Ley de Amnistía” entró en liza el “escuadrón judicial de la derecha”, liderado por el juez Llarena en el Tribunal Supremo; alto Tribunal cooptado mayoritariamente por la derecha, gracias a los nombramientos que durante 9 años ha estado haciendo un CGPJ militante y a que la extracción social de quienes pueden opositar a la carrera judicial, fiscal, notario… es mayoritariamente de clase pudiente. No aceptan ni la sentencia del TC que dice que la Ley de Amnistía es constitucional.

La judicatura heredera del TOP, no solo ataca, también ejerce de parapeto de las corruptelas de la derecha, como es el grosero caso del delincuente fiscal y presunto testaferro de Díaz Ayuso, para lo que no han dudado en abrir una confrontación brutal contra la Fiscalía General del Estado. O como cuando el juez Hurtado ejerció desde la presidencia de la Sala de abogado defensor de M. Rajoy. No merece la pena hablar de la aberración judicial del Juez Peinado.

Que el gobierno, en su legítima competencia, quiera democratizar el acceso a las carreras de servicio público está suponiendo otra afrenta para la derecha, hasta el punto de que las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga política para los días 1,2 y 3 de julio. Huelga que mantienen a pesar de que el CGPJ haya lanzado un comunicado invalidando la huelga. Para dejar claro que ellos son privilegiados, y que luchan por mantener sus privilegios de clase, las asociaciones de jueces y fiscales dicen que a ellos no se les puede detraer el dinero del salario por los días de huelga, como se le aplica a cualquier trabajador de nuestro país, y que a su huelga no se le pueden aplicar servicios mínimos, como ellos mismo validan desde sus salas judiciales contra las huelgas obreras.

El Gobierno tiene otros frente abiertos que no gustan a la derecha: cobra impuestos sobre beneficios a la banca y las empresas de la energía; pone condiciones a la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell, condiciones justificadas por la alta concentración bancaria; señala a las empresas de la energía, y a Red Eléctrica, por sus incumplimientos que provocaron el apagón del 28 de abril…

Que a nadie dude de cuál hubiese sido la actitud de Feijóo en la cumbre de la OTAN: tan servil y rastrera como la de Rutte. Recordemos el vasallaje baboso del ministro de Economía de Rajoy, el Sr. De Guindos, cuando informó al presidente de la Comisión Europea en 2012, Olli Rehn, diciéndole que la reforma laboral del Gobierno del PP iba a ser “extremadamente agresiva”.

A la derecha le dan igual los motivos, aunque unos les jodan más que otros. Por esto, el Gobierno debiera gobernar sin titubeos en función de la necesidades de la mayoría social: derogando los preceptos que aun están en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012; encargando la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que mandata la Ley 21/2021, para saber cuánto dinero le debe el Estado a la Caja de las Pensiones Públicas desde 1967; continuar con su posición de rechazo al incremento del gasto militar impuesto por Trump y aceptado servilmente por el resto de países de la OTAN; rompiendo relaciones diplomáticas y económicas con Israel, a la vista de la complicidad programada de la Comisión Europea, etc.

A pesar todo, hay que apoyar al Gobierno, sin que eso signifique no discrepar. En ningún caso hay que adelantar elecciones, que solo llevarían a que la derecha gobernase, muy probablemente con el apoyo de un PSOE en manos de Felipe, Page y Cía.

Roberto Tornamira
Afiliado del PSOE-Madrid en la Agrupación de Arganzuela

Que los jueces cumplan la ley

El pasado 26 de junio, el Tribunal Constitucional dictó sentencia mediante la que se avala la constitucionalidad de la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Una ley que desde Tribuna Socialista hemos defendido para ayudar a normalizar la vida política y desjudicializar conflictos que están en la esfera de lo político y no de lo penal. Un conflicto al que contribuyeron tanto el gobierno de Rajoy en España como los gobiernos independestistas de Cataluña.

A pesar de la aprobación inicial de la Ley hace un año, la derecha franquista y los gobiernos autónomicos gobernados por el PP y por Garcia Page, se encargaron de torpedear, con recursos de institucionalidad. al tiempo que algunos jueces se negaban a aplicar la ley en un acto de rebeldía institucional sin precedentes.

Especialmente grave fue el recurso presentado por García Page, a pesar de que los diputados socialistas castellano-manchegos en el Parlamento habían votado en favor de la ley.

Fiscales y jueces, por su parte, expresaron su rechazo en comunicados institucionales y declaraciones públicas.

Algunos magistrados de tribunales superiores plantearon objeciones de constitucionalidad incluso antes de que la Ley viera la luz, en una suerte de recurso preventivo, inaudito en la democracia.

El juez García-Castellón, ha mantenido una postura especialmente beligerante contra la aplicación de la ley.

Y en la calle, los socialistas vimos como nuestras sedes eran atacadas por los franquistas, banderas con el águila incluídas.

La sentencia del TC ha sido bienvenida por la mayoría del pacto de investidura. De hecho, minutos después de conocerse la resolución del Tribunal, el presidente de la Generalitat, Salvador llla, ha celebrado la decisión judicial. En una declaración institucional, Illa ha pedido que se respete la resolución, ya que «no tiene sentido obstaculizar su aplicación». Así mismo, ha pedido al Tribunal Supremo, «con respeto, pero con claridad, que se aplique esta ley con diligencia».

Igualmente, el Ministro de Presidencia, justicia y relaciones con las cortes. Félix Bolaños, también se pronunció a favor de la sentencia, añandiendo que «la amnistía ha logrado uno de los mayores éxitos de la sociedad española en democracia, al restaurar la convivencia en Cataluña, pero no será completa hasta que no se aplique a todos los protagonistas del proceso independentista».

Veremos si los jueces rebeldes aplican la ley o siguen obedeciendo al dictado de Aznar «el que pueda hacer que haga».

Baltasar Santos
Primer secretario del PSC del Vendrell
Miembro del comite de redacción de Tribuna Socialista.

Comunicado de Juristas por Palestina, de 2 de mayo de 2025

ante el ataque armado contra el buque humanitario Conscience, de la Flotilla de la Libertad

Juristas por Palestina expresa su más enérgica condena ante el ataque armado perpetrado en la madrugada del 2 de mayo contra el buque Conscience, perteneciente a la Flotilla de la Libertad. Según la información suministrada por distintas agencias y medios, el buque, que navegaba bajo pabellón de Palaos, llevaba a defensores de derechos humanos de distintas nacionalidades como miembros de su tripulación y transportaba ayuda humanitaria con destino a Gaza. El buque fue atacado a las 00:23 horas locales, a unas 14 millas náuticas (25,9 km) al este de Malta, dentro de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), espacio en el que rige el derecho de libertad de navegación, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas (CNUDM).

La acción armada tuvo lugar a través de drones (también armados), de los cuales al menos dos impactaron el buque, provocando un incendio a bordo, la destrucción de su sistema eléctrico y una brecha en el casco que lo dejó en grave riesgo de hundimiento. Este acto de violencia, presuntamente estatal, de Israel, podría haber costado vidas humanas, como ya sucedió en una ocasión anterior.
Aunque en esta ocasión la acción armada no haya causado muertes, constituye también una flagrante violación del Derecho Internacional, en particular del Derecho de los Derechos humanos, el Derecho del Mar y el Derecho internacional Humanitario.

Consideramos necesario destacar los aspectos siguientes. En primer lugar, el cometido del barco en sí, así como la misión de las personas que iban a bordo, eran de carácter sencillamente humanitario, pues se trata de defensores de derechos humanos que se dirigían a llevar ayuda humanitaria a Gaza. En segundo lugar, una agresión de este tipo no es la primera que se produce, pues el 31 de mayo de 2010 las fuerzas israelíes ya habían abordado otro buque de la Flotilla de la Libertad en aguas internacionales, el Mavi Marmara, que enarbolaba pabellón de Islas Comoras, y era parte de una flotilla de seis embarcaciones. Aquel ataque resultó en el asesinato de una decena de defensores de derechos humanos y más de 50 heridos. En tercer lugar, lejos de constituir un hecho aislado, esta acción armada forma parte del contexto más amplio de asedio y exterminio contra la población palestina, dado que además de bombardearse sistemáticamente personas e instalaciones civiles en Gaza, como hospitales, escuelas y refugios, sin respetar los principios básicos del Derecho internacional humanitario de distinción, proporcionalidad y precaución, se vienen cometiendo masacres documentadas fehacientemente por múltiples organismos. Y, en cuarto lugar, que este buque iba a intentar paliar en algo las dramáticas consecuencias del actual bloqueo de Israel, que impide el acceso de la población de Gaza a alimentos, medicinas y suministros esenciales, a consecuencia del cual, según han alertado diversos organismos de las Naciones Unidas, incluidos la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la UNRWA, la población civil de Gaza enfrenta niveles catastróficos de inseguridad alimentaria, falta de acceso a agua potable, medicinas y atención médica básica, en lo que califican como una crisis humanitaria sin precedentes. El riesgo inminente de hambruna masiva ha sido documentado como de Fase 5, es decir, de «catástrofe», el nivel más alto de emergencia alimentaria.

En definitiva, el acto del ataque armado contra un buque humanitario de la Flotilla de la Libertad no puede desvincularse de los graves crímenes, atroces y sistemáticos, realizados por Israel contra la población de Gaza, que reúnen los elementos definitorios de los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra (como en relación con ambas categorías ha dejado claro la Corte Penal Internacional, a través de sus órdenes de arresto ya emitidas contra el primer ministro israelí, B. Netanyahu y el ex ministro de Defensa, Y. Gallant) y el crimen de genocidio.

Si bien la Corte Internacional de Justicia todavía no se ha pronunciado sobre el fondo en el asunto relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (iniciado por Sudáfrica c. Israel), no es necesario esperar a la sentencia que el Tribunal de la ONU dictará en su día para calificar los actos cometidos hasta la fecha por Israel en Gaza como genocidio. Ciertamente, se trata de actos encajables en el Artículo II de la Convención de 1948 y el Artículo 6 del Estatuto de Roma, dado el reguero de pruebas que distintas autoridades y miembros de las fuerzas armadas de Israel han ido dejando sobre la intención de buscar la destrucción parcial o total del pueblo palestino como grupo nacional y étnico. Pruebas que han sido examinadas por distintos organismos expertos independientes y de prestigio, como, entre otros, la Relatora Especial de las NU para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados u organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Recordemos además que la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio impone a todos sus Estados parte la obligación de prevenir y reprimir la comisión de este horrendo crimen.

En adición a lo ya dicho, Juristas por Palestina recuerda que la ocupación israelí de los Territorios Palestinos, incluyendo Jerusalén Este, ha sido calificada reiteradamente como contraria al Derecho Internacional por, entre otros, distintos organismos de las Naciones Unidas, en particular por la Corte Internacional de Justicia (a través de sus Opiniones Consultivas de 2004 –sobre las Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado– y de 2024 –sobre las Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental–). Conclusiones que se alinean con múltiples resoluciones de la Asamblea General (como la 77/247) y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exigen el fin de la ocupación y el respeto al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

Junto a lo anterior, Juristas por Palestina se ve en la obligación de llamar la atención, así como de denunciar, también el doble rasero de muchos Estados, pues, mientras movilizan recursos para ayudar a Israel en catástrofes naturales como los incendios que actualmente está sufriendo (por ejemplo, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil), permanecen cómplices del bloqueo ilegal a Gaza y de los crímenes aludidos, pese a su gravedad. Por ello, debemos recordar una vez más que el Derecho internacional exige a todos los Estados que cumplan y hagan cumplir el Derecho internacional humanitario, pues así lo impone el Derecho consuetudinario y el art. 1 común a los cuatro Convenios de Ginebra para la protección de los conflictos armados, que han sido ratificados por todos los Estados de la sociedad internacional, y forma parte por tanto también de sus Derechos internos. La utilización de la doble vara de medir reseñada implica una jerarquía de vidas humanas en contravención de las normas más elementales del Derecho internacional, e interno, consagradas entre otros instrumentos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La falta de reacción de los Estados supone un gravísimo incumplimiento que trasciende el plano de lo meramente político, en la medida en que tiene perniciosos efectos jurídicos, pues puede impedir la rendición de cuentas, institucionalizar la impunidad cuando se trata de Israel, facilitar el camino para que la intolerable comisión del genocidio por su parte siga su curso en Gaza y erosionar el Derecho existente, lo cual sin duda repercutirá mucho más allá de Oriente Medio, generando sin duda otros impactos negativos en nuestra sociedad global.

A la luz de todo lo anterior, en relación con este último ataque a un buque de la Flotilla de la Libertad, proponemos que:

  • se constituya una investigación internacional independiente que esclarezca los hechos, de modo que pueda allanarse el camino para que pueda llevarse ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del ataque.
  • la Fiscalía de la Corte Penal Internacional incluya este ataque en su examen sobre la situación en Palestina (Caso ICC-01/18) y actúe sin dilaciones.

Más allá del ataque al buque de la Flotilla de la Libertad, nos remitimos a las acciones que venimos solicitando a través de nuestras declaraciones e iniciativas anteriores, las cuales, en síntesis, pueden reconducirse a medidas que se incardinan en los frentes siguientes:

  • adopción de sanciones efectivas contra Israel, tanto a nivel estatal como en el marco de la Unión Europea y otros organismos multilaterales, inclusive un embargo total de armas;
  • suspensión inmediata de toda cooperación militar, comercial y diplomática con Israel, especialmente aquella que pueda facilitar o legitimar violaciones del Derecho Internacional Humanitario, en tanto persista la situación de ocupación;
  • exigencia a los Estados parte de los Convenios de Ginebra de que cumplan su obligación de «respetar y hacer respetar» el Derecho Internacional Humanitario (art. 1 común a las cuatro Convenciones de Ginebra), adoptando, entre otras medidas, acciones concretas para la protección efectiva de las misiones humanitarias internacionales, incluyendo la exigencia de garantías de no repetición de ataques a convoyes civiles en tierra, buques en el mar o vehículos en el espacio aéreo;
  • apoyo institucional y jurídico a las iniciativas en curso ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, incluyendo el caso presentado por Sudáfrica contra Israel por genocidio.
  • medidas de los Estados y de las empresas para impedir que el sector privado pueda seguir apoyando la ocupación ilícita por parte de Israel de territorios palestinos.

Juristas por Palestina reafirma su compromiso con la defensa del Derecho Internacional, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, incluyendo la dignidad de todos los pueblos y personas.

No podemos permanecer en silencio mientras Israel perpetra con impunidad violaciones sistemáticas del orden jurídico internacional, que constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de genocidio.

Se precisa poner fin a tanta pasividad, y que tenga lugar una reacción adecuada. El Derecho, así como los principios de justicia y humanidad, nos exigen a todos una respuesta firme y coherente.

2 de mayo de 2025
Juristas por Palestina

Democratizar, por fin, la carrera judicial

¡Ellos se lo han buscado! De tanto ir el cántaro a la fuente al final se ha roto. Estos asertos populares definen a la perfección el efecto de ponerse al descubierto, a ojos de todo el mundo y con descaro, actuaciones judiciales que confirman la existencia de un grupo de jueces, no menor en la judicatura española, que utiliza la justicia como herramienta acorde a su ideología para asediar al oponente político conforme a una estrategia planificada. Es lo que se viene denominando como el brazo judicial del PP, que lleva meses aflorando. Comando que no es nuevo ni sorprendente, sino conocido por quienes seguimos la actualidad desde la época de la transición democrática que no se produjo en el ámbito del poder judicial.

La llegada en 2020 del primer Gobierno de Coalición de PSOE y Unidas Podemos, merced a la abstención de ERC y Bildu, y el apoyo parlamentario del BNG, Más País-Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y PNV, puso en alerta a todos los sectores de la derecha y ultraderecha, incluido los más conservadores de la judicatura, que pusieron en marcha una estrategia de acoso y derribo que abrió una época —en la que seguimos— donde el discurso político comenzó a tejerse con mentiras y tergiversaciones falaces e hiperbólicas verbalizadas con agresividad y beligerancia impropias, y un lenguaje faltón y barriobajero plagado de epítetos que trajeron del pasado sustantivos lanzados contra el gobierno como invectivas oprobiosas de claro poso fascista: ¡Gobierno de comunistas bolivarianos y liberticidas!

Ahí comenzó la actuación del brazo judicial de la derecha y ultraderecha, cebándose con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Casos que quedaron en nada como el Neurona archivado en 2023 tras tres años de instrucción judicial, o la persecución a la jueza Victoria Rosell por ser diputada de Podemos y haber sido Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Como se archivó también el caso PISA, (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) fraguado fraudulentamente por la Policía Nacional para desacreditar al líder de Podemos por haber recibido financiación para su partido procedente de Venezuela, archivado por la Audiencia Nacional que lo calificó como un conjunto desordenado de recortes de prensa sin sustento documental.

Desaparecido Iglesias de la escena pública, las fuerzas de la reacción fijaron el foco en Pedro Sánchez y su entorno, del que quieren hacer el eje axial de todos los males, al que tienen una inquina especial por tener que aguantar otra legislatura de gobierno progre, comunista y bolivariano que pacta con los terroristas (Bildu) y los independentistas (ERC y JUNTS) para seguir en el Gobierno. Convertido en el demonio que rompe España, el arma judicial ha convertido en diana a su entorno familiar. Jueces que admiten querellas presentadas por asociaciones de ultraderecha —Manos Limpias y Hazte Oír— secundadas por Vox, y abren sumarios con retales de titulares de prensa que estiran como chicles para conseguir mantener la condena mediática de los investigados el mayor tiempo posible, contraviniendo la resolución del Tribunal Supremo de 2014, en la que señalaba que no se pueden abrir causas con titulares de prensa como elemento probatorio.

Los casos contra la esposa del Presidente y su hermano —que ha dimitido como director de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz, por no soportar la persecución mediática— demuestran que hay jueces que, aunque sepan que esos casos quedarán en nada por no haber ilícito penal que los justifique, siguen adelante con el castigo mediático acrecentando la sensación de que no buscan hacer justicia, sino justificar la decisión que tienen tomada de antemano. Charco donde chapotea el juez Peinado, como su conmilitón, el juez Hurtado se inunda de barro en el caso del Fiscal General cuando no da valor a las declaraciones de cuatro periodistas que confirmaron que tenían y publicaron los correos de la discordia muchas horas antes de que los tuviera la Fiscalía General, porque desmontan la instrucción del sumario. Ni quiere entrar en el meollo del caso: que la nota de prensa de la fiscalía desmentía el bulo, la mentira del inefable MAR, y no filtraba ninguna información que no fuera ya conocida. Así la pelota mediática contra el Fiscal General sigue engordando.

No son los únicos miembros de la judicatura a los que les interesa más hacer política que justicia en sus juzgados. En la mente de todos están nombres como los de García Castellón, Carretero, Marchena… o los que por una razón política se manifestaron en la calle delante de Audiencias y Tribunales Superiores, incluidos insignes fiscales —hecho insólito en cualquier democracia de nuestro entorno—, para expresar su oposición radical a la Ley de Amnistía. Acciones que ejemplifican la perversión del papel que deben desempeñar los jueces y magistrados como garantes del cumplimiento de la Ley. Papel que degradan cuando privilegian sus posiciones políticas o morales a la hora de impartir justicia.

Hechos que justifican la necesidad de una reforma de la carrera judicial que acabe con el poder omnímodo del que gozan los jueces, que les convierte en intocables, hagan lo que hagan. Reforma que debe servir para hacer efectiva la democratización del poder judicial —siempre pendiente por la oposición espuria de las asociaciones judiciales— como la planteada por el Ejecutivo, que abre el melón para el debate y la negociación parlamentaria de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial: la última que data de 1985. La medida sustancial para poner coto a la casta judicial propone cambiar el sistema de oposiciones de acceso a la carrera judicial y fiscal, para facilitar el acceso de estudiantes de cualquier nivel socioeconómico, mediante la creación de una Escuela Pública de Opositores y un sistema estable de becas que nunca podrán ser inferiores al salario mínimo interprofesional, que no dependerán del Gobierno de turno o de la disponibilidad presupuestaria. Todo con el objetivo de acabar con el sistema de preparadores, de jueces, que cobran en negro a quienes quieren opositar y que es una fuente de clientelismo.

Con el mismo objetivo, se suprime la decimonónica prueba memorística por una escrita sobre un caso práctico y anónima para que el tribunal valore la capacidad del aspirante sin atender a su linaje. Y para ampliar el número de jueces, la reforma propone consolidar la situación de 913 jueces, el 70% mujeres, que llevan más de dos décadas ejerciendo de jueces interinos. Y para acabar con el poder omnímodo de los jueces la reforma propone reglamentar la inadmisión de querellas basadas en recortes de prensa, la recusación de un juez o magistrado que se haya manifestado públicamente en relación al caso que instruye, y limitar la acusación popular a la formulación inicial de la querella y a la fase del juicio oral, para evitar filtraciones interesadas.

Medidas cuyo objetivo es acometer la reforma del Poder Judicial, eternamente aplazada desde la instauración de la democracia, que ponga fin a su utilización como herramienta del juego político judicializando la política, para favorecer determinados intereses y estrategias que desvirtúan, a ojos de la ciudadanía, el sentido y valor de la justicia manchado por quienes ejercen el cargo para ejecutar vendettas políticas o morales de poso religioso. La justicia española debe recuperar la imagen perdida de imparcialidad.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor
en Teoría de la Comunicación de Masas

Envenenado con su veneno

Si hay un personaje estrafalario, prepotente y pagado de sí mismo en la escena política, ese es Miguel Ángel Rodríguez, conocido por el acrónimo de MAR; el mejor referente del muñidor que maniobra detrás del telón fraguando intrigas y mentiras para su superior, hoy Isabel Díaz Ayuso, y antes José María Aznar. Rodríguez es de esas personas listas —no inteligentes— que interpretan la vida como una lucha, un combate, contra el adversario político, con habilidad innata para tergiversar y darle la vuelta a la realidad. Marco mental en el que las personas son herramientas de usar y tirar, válidas mientras cumplen a rajatabla con la estrategia configurada por él, siempre con el mismo fin: machacar y acabar con el enemigo. El oponente no existe en su vocabulario.

Así lo atestigua el rastro de su larga trayectoria profesional, jalonado de amenazas contra el que no acepta sus dictados o le muestra sus vergüenzas que no son pocas. El penúltimo ejemplo —habrá más— su mensaje de “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”, dirigido contra elDiario.es, por publicar que Alberto González Amador, novio de Ayuso, había reconocido haber cometido dos delitos contra la Hacienda pública, a la que había ofrecido un pacto para ser condenado a ocho meses de cárcel y el pago una multa de más de quinientos mil euros. Amenazas que el Consejo de Europa ha calificado de actos de intimidación y acoso hacia los periodistas, instando al Gobierno de España a investigar las amenazas vertidas por MAR, y a responder sobre lo que se instruya al respecto.

Información que revolvió las tripas del matón de barrio que, en su línea de siempre, articuló una mentira, un bulo, que envío al diario El Mundo —una de sus correas de transmisión para generar barro— que lo difundió sin contrastar ni investigar su veracidad. Información que recogía una parte del cruce de correos electrónicos entre el abogado de Amador y el fiscal de Hacienda, en el que éste se daba por enterado de su propuesta de pacto. Todo con la intención malévola de expandir la mentira de que era Hacienda y no el novio de Ayuso, quien había ofrecido un acuerdo. Información que MAR reconoció que era una metedura ante los medios tras declarar ante el juez del T. Supremo, que justificó porque cuando la difundió desconocía la existencia de un correo previo donde el abogado de Amador desglosaba los pormenores del acuerdo que ofrecía: el reconocimiento de la comisión de los delitos de fraude fiscal durante los años 2020 y 2021, por un monto de 350.000 euros, y falsedad documental.

Fue su propio veneno el que envenenó su mente y le obligó a confirmar que se había equivocado al acusar a LaSexta de mentir, por confirmar que era un bulo la información difundida por MAR, aunque, con la desvergüenza que le caracteriza, salió del apuro tirando por elevación contra el Fiscal General del Estado y el presidente del Gobierno con su nuevo mantra de “van p`lante”. Y el más reciente “van p`dentro”, como confirmación de que dispone de hilo directo con el juez del Supremo que lleva el caso, Ángel Luis Hurtado, y que conoce de antemano sus resoluciones, como saber con antelación que iba a citar como imputado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Auto de citación en el que da por buena la declaración de MAR de que había sido el Fiscal General el que había filtrado a la prensa la oferta de negociación con Hacienda, desvelando secretos de la vida privada de Amador. Juez que, sin embargo, no da crédito en su auto a la declaración de dos periodistas que desvelaron el caso, en la que afirmaron que ellos disponían de los correos cruzados entre el abogado de Amador y Hacienda, seis días antes de que lo conocieran en la Fiscalía General del Estado, y que la información había sido publicada en la web de la SER, la noche anterior al mensaje lanzado por la FGE a los medios desmintiendo el bulo de MAR.

Todo este enredo es obra de un experto en tergiversar, mentir y salir de rositas que, en este caso, tiene la vertiente incomprensible de que nadie investigue de dónde sale la información privilegiada que difunde sobre las decisiones judiciales del juez del Supremo. Y la segunda, conseguir que el foco mediático se fije en quien desmiente una mentira, y no en el defraudador confeso, a raíz de que éste presentara una querella contra el Fiscal General por filtrar información de su vida privada. ¿Alguien duda que el inspirador de esa estrategia no haya sido el enredador y difusor de mentiras mayor del Reino?

Este episodio, que no será el último, es uno más en su currículo de instigador del enfrentamiento y el barrizal que ya le ha llevado en varias ocasiones ante los tribunales. En 1997 fue denunciado por el entonces presidente de A3TV, Antonio Asensio, por amenazas y represalias si pactaba con Canal+ compartir los derechos televisivos de los clubes de fútbol. En 2011 fue condenado por delito continuado de injurias graves y públicas, contra el doctor Luis Montes, anestesista y coordinador de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, al que acusó de favorecer la muerte de enfermos por defender el derecho a una muerte digna de pacientes en paliativos.

Éste es el pelaje del paladín exaltado y proverbial de la derecha radical, que aceptó dimitir como Secretario de Estado de Comunicación y Portavoz del Gobierno a petición de su conmilitón en la disrupción de la política, y por entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, por las presiones de varios dirigentes del PP que le consideraban un extremista sectario. Actitud que no casaba con la imagen de centrismo y moderación, falsa y oportunista, que necesitaba Aznar en 1998, porque gobernaba gracias al apoyo de la Convergencia de Pujol. A cambio de su dimisión fue condecorado con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

A partir de su caída política, se dedicó a chupar del bote de los contactos de primer nivel como CEO de la multinacional Carat, con la que realizó videos para la Fundación FAES de Aznar y asesoro a medios de comunicación de la derecha. Sus andanzas de bebedor consumado le llevaron de nuevo a los tribunales 2013, tras ser detenido por embriaguez, cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida, tras chocar con varios coches aparcados. En 2016 Isabel Díaz Ayuso lo recuperó para la primera línea política como jefe de su campaña en 2019, y en 2021 le nombró director de su Gabinete.

Así se juntó el hambre con las ganas de comer, un tándem de ambiciosos superlativos de poder cuyo objetivo es llegar a la Moncloa, en el que una es la portavoz alocada —no da para más— de la estrategia diseñada por este émulo de Rasputín, basada en la mentira, los bulos y la tergiversación que se aleja de la realidad objetiva que convierten en imaginaria, mediante la victimización —siempre hay una campaña orquestada por el Gobierno contra ellos—, y la apropiación de conceptos propios de la izquierda que hacen suyos degradando su valor simbólico: ¡libertad! También a ellos les llegará su San Martín.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor
en Teoría de la Comunicación de Masas

El TOP no se ha ido nunca

Coincidiendo con la celebración de los cincuenta años de la muerte del dictador Franco no está de más recordar, por concordancias históricas que hoy adquieren relevancia política y expectación pública, que en el año 1963 se creó por el malhadado caudillo de las Españas el denominado Tribunal de Orden Público, conocido más por sus siglas: el TOP. Es decir, hace sesenta y un años existió en este país una instancia judicial dedicada exclusivamente a reprimir a los españoles por supuestos delitos que hoy en su gran mayoría estarían tipificados como hechos no punibles y arropados por la libertad de expresión.

En 1963 Franco creó el Tribunal de Orden Público (TOP) dedicado a reprimir a los españoles por supuestos delitos que hoy en su gran mayoría estarían tipificados como hechos no punibles y arropados por la libertad de expresión.

En realidad, dadas las circunstancias, no es descabellado pensar que a lo largo de la trayectoria democrática en nuestro país el citado Tribunal represor haya permanecido en alguna de sus formas en el propio ámbito de la Justicia; aparentemente se esfumó en enero de 1977, unos meses antes de las primeras elecciones en libertad. Aparentemente. Porque hoy comprobamos con estupefacción –los ciudadanos que venimos manteniéndonos estupefactos, que no debemos ser muchos– que se está asistiendo a determinados procedimientos judiciales dirigidos por ciertos magistrados que dista mucho de que se estén desarrollando desde una mínima ética jurídica obligada y, lo que es más preocupante, desatendiendo a la par principios inexcusables en la aplicación correcta de la Ley. Es decir, no aplicando la Justicia con justicia.

Casos hay que ponen de manifiesto la permanencia de un modo de impartir justicia que recuerda con pesadumbre aquel negro negrísimo TOP en la bruma de los años franquistas; si no en sus aspectos represivos, sí en la manera impúdica de atender los procedimientos. Viene a cuento señalarlos a partir de un hecho concreto que habla por sí solo del ancho espacio de arbitrariedad consentida por el que los jueces campean y que marca un hito más en su poder: la pasividad aquiescente en la renovación de su órgano máximo de gobierno que mantuvieron de manera escandalosa a lo largo de cinco años sin renunciar a sus jugosos privilegios. Total, para perpetuar la célebre máxima lampedusiana: que todo cambie para que todo permanezca como estaba. Así las cosas, surgen en la vida cotidiana de los españoles casos llamativos protagonizados por jueces que afectan a las personas de manera especialmente despiadada. Procesos que no sólo afectan a los encausados, sino que troceados debidamente se trasladan con toda intención a la ciudadanía a través de su conexión con los habituales terminales de experiencia contrastada en esparcir confusión en el patente ánimo de generar un estado de colectiva exacerbación en el seguimiento público de acontecimientos concretos.

El ancho espacio de arbitrariedad consentida por el que los jueces campean hace pensar que el TOP pervive, quizás no en sus aspectos más represivos pero sí en la manera impúdica de atender los procedimientos y no atendiendo la Justicia con justicia

Cabe recordar de forma somera tres de los más sonados: Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, investigada por el juez Juan Peinado; David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, investigado por la jueza Beatriz Biedma, y quizás el más llamativo por lo que significa de enfrentamiento entre instituciones del Estado: la causa abierta por el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado contra el fiscal general Álvaro Ortiz. Los dos casos primeros, alentados con falsedades por organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias y Hazte Oír. El último, por la manifiesta animadversión de un juez conservador que impunemente acusa sin pruebas.

Los casos abiertos contra Begoña Gómez o David Sánchez denunciados por organizaciones de ultraderecha con falsedades, o el caso abierto contra el fiscal general del Estado basado en las acusaciones sin pruebas de otro juez, representan la punta del iceberg de las peores prácticas judiciales del TOP

Existen otros con una carga indiscutible de inquina hacia sus “víctimas”, como son los del juez Eloy Velasco, con ofensas hacia Irene Montero, o la del juez Ruiz de Lara, que insultó en sus redes sociales a Pedro Sánchez y a su esposa. El conjunto hace sospechar que una mayoría de los jueces mama ávidamente aún del siniestro TOP franquista y no han sido cribados en su paso a la democracia o, quizás, que todo forma parte de la declarada ofensiva de la derecha en todas sus manifestaciones contra el Gobierno. O posiblemente las dos cosas a la vez.

Fernando Ruiz Cerrato
Militante Socialista PSOE-Madrid-Fuencarral

Justicia: un poder del Estado al servicio de una ideología

El desprestigio de uno de los tres poderes del Estado, la Justicia, ha alcanzado cotas desconocidas en los últimos 46 años.

                El hecho de que el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), haya estado sin renovarse casi cinco años cuantifica este problema democrático. Y el hecho de renovarlo no resuelve el descrédito de la Justicia.

                Es impensable que el poder ejecutivo estuviese vigente durante nueve años, sin renovarse desde su constitución. O sería un escándalo mayúsculo que un delegado o delegada del gobierno en una región interpretase sus funciones como le diese la gana o se extralimitase en la aplicación de sus atribuciones. Lo normal sería que el Gobierno le destituyese ipso facto.

                Bien, pues desde hace ya muchos años venimos asistiendo a una especie de vale todo en la interpretación y aplicación de las leyes para garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, que es la función principal de los jueces, fiscales y tribunales. Si estas opiniones las dejase aquí no serían más que opiniones de un ciudadano ajeno al Derecho y a lo Judicial. Sin embargo, es el Tribunal Constitucional (TC) el que acaba de decir cosas como: “…se ha invadido la separación de poderes al criminalizar actos legislativos de un gobierno regional”, o “supone incidir en un ámbito ajeno al control judicial, excediendo de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida” o “se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal”… Son algunas consideraciones, posiblemente no las más gruesas, que ha emitido el TC respecto a las sentencias dictadas por la Audiencia provincial de Sevilla en el caso de los EREs de Andalucía.

                Es a todas luces evidente que este caso se utilizó para azuzar, en marzo de 2011, contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (las generales las ganó el PP en noviembre del mismo año): ojo, no por esto solamente. Un PP que estaba inmerso en una avalancha de casos de corrupción por toda España. Allí destacó la jueza Alaya cometiendo, a juicio del TC, toda clase de excesos y graves quiebras de la justicia.

                Ahora tenemos al juez Peinado, que ha decidido mantener abierta una causa general contra el presidente del Gobierno, acompañando así el acoso y derribo que el PP puso en marcha tras la fracasada investidura de Feijóo. No es la primera vez que la derecha: PP, VOX y C´s todos o en parte, según las etapas, aplica la táctica de no reconocer la legitimidad del gobierno salido de las urnas.

                El juez Peinado busca motivos para imputar a, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, aún a sabiendas de que dichos motivos no son punibles. Da lo mismo, el objetivo es mantener abierta un acusa que alimente el circo mediático en los canales de la derecha. Forman un tridente de ataque contra el presidente: judicial, mediático y político, para derribar al gobierno. No es un golpe de estado militar, pero busca el mismo fin.

                Estas prácticas, conocidas con el anglicismo de “lawfare”, son parte de las consignas y formas de actuar de la extrema derecha y la derecha extrema, aunque vistan de “demócratas”.

                El presidente de Brasil, Lula Da Silva, pasó 580 días en la cárcel y lo más importante para Bolsonaro; que no pudiese participar en las elecciones presidenciales de 2018. Hoy es nuevamente el presidente del Brasil, tras haber revocado la justicia brasileña las condenas orquestadas en la operación “Lava Jato”.

                El presidente portugués Antonio Costa dimitió en noviembre de 2023, tras relacionarse su nombre en una investigación judicial. Después, tras las elecciones que le dieron el triunfo a la derecha, resultó que era otro Antonio Costa el investigado.

                La instrumentación de la justicia para incidir en la política no afecta solo a presidentes de gobierno. Aquí se ha aplicado a políticos para desestabilizar grupos parlamentarios o gobiernos regionales. Es el caso de Alberto Rodríguez, quien perdió su acta de diputado en octubre de 2021, tras ser condenado por la Sala II del Tribunal Supremo, esa misma Sala sobre la que el portavoz del PP en 2018, Ignacio Cosidó, dijo “Controlaremos la Sala segunda desde atrás”. El TC ha revocado la sentencia y considera que fueron vulnerados los derechos fundamentales de Alberto Rodríguez. Y ocurrió en el País Valenciano, cuando Mónica Oltra tuvo que dimitir de su cargo de vicepresidenta del Gobierno autonómico al ser imputada en una causa que, dos años después, el juez dice que no hay ni “indicios de la comisión de delito alguno”.

                Son muchos los casos que podría citar y no es la primera vez que desde los tribunales europeos y altas instancias judiciales e instituciones internacionales afean la arbitrariedad de la justicia española. Quizá, el caso que deja más nítida la tendencia política de estos jueces y juezas que practican el “lawfare” sea el del juez Baltasar Garzón, quien fue apartado de la carrera judicial por querer investigar los crímenes del franquismo y cuando ordenó escuchas para investigar el caso de corrupción “Gurtel”; caso que atravesaba y atraviesa al PP de abajo arriba y de un lado a otro.

                El Comité de Derechos Humano de la ONU estimó que el Tribunal Supremo español vulneró el derecho del ex juez a la presunción de inocencia y el de revisión de condena, llegando a considerar que no había tenido acceso a un tribunal independiente e imparcial.

                Queda mucho por hacer. La transición del franquismo a la democracia no será completa en tanto haya un poder del Estado que tiene tufo franquista. La llamada a la regeneración democrática no debería quedarse en medidas estéticas ni de traslación de directivas comunitarias; necesitamos medidas de calado, estructurales.

                Los jueces deben ser independientes, claro que sí, pero no solo han de serlo, también deben parecerlo y en el caso abierto contra Begoña Gómez es evidente que no lo están siendo ¿Hasta cuándo el Gobierno de los jueces va a permitir esta tropelía?

Roberto Tornamira Sánchez
Presidente de ASTRADE

¡No a la gran coalición!

El reciente acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del CGPJ ha despertado los viejos fantasmas sobre la «gran coalición», que provocó que las bases del partido, los y las militantes, se rebelaran contra una imposición de los «barones». Pedro Sánchez lideró entonces el «No es No» que le encumbró a la Secretaria General del PSOE, le permitió ganar la moción de censura al gobierno de M.Rajoy, y a alcanzar acuerdos de investidura para presidir el gobierno de España hasta el día de hoy.

Tras cinco años de incumplimiento constitucional del PP para la renovación del CGPJ, el PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo, con la mediación de Bruselas, para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, y para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Dicho acuerdo pone fin a más de 2000 días de bloqueo institucional, pero más allá de este hecho, el acuerdo ha sido saludado con estusiasmo por personajes como Aznar, Felipe González, o García Page, firmes defensores de la gran coalición. Empieza a correr la posibilidad de que PP y PSOE se pongan de acuerdo en otras cuestiones, ante las reticencias de los grupos que dieron apoyo a la investidura.

Los acuerdos son necesarios cuando hay partes enfrentadas…lo sabemos bien quienes hemos negociado en centros de trabajo…siempre que supongan un avance, pero ¿qué avance ha conseguido la mayoría social con este acuerdo? ¿qué nos jugamos si se materializara una gran coalición?

Los lectores de Tribuna Socialista podrán leer en la página siguiente los argumentos de valoración positiva que la dirección del PSOE ha emitido sobre el acuerdo de renovación del CGPJ. Sin embargo, el hecho de que la mitad de los vocales nombrados sean conservadores, no parece que refleje lo que la sociedad expresó en las urnas, y de hecho, el Tribunal Constitucional se refuerza con algunos de los jueces más contrarios a las resoluciones del gobierno de Pedro Sánchez, particularmente contra la ley de amnistía. Así pues, incumplir la constitución le sale muy rentable al PP que refuerza su peso en las instituciones del Estado.

Cuando en abril, Pedro Sánchez se retiró a reflexionar qué medidas tomar contra el lawfare, las difamaciones y la «máquina de fango» del PP y VOX, muchos militantes pensamos que se endurecerían las penas para los que intentaran alterar la democracia mediante falsedades o los que incurrieran en la utilización partidista de las instituciones del estado y que se promoverían medidas para inhabilitar a aquéllos jueces que incumplieran el mandato constitucional de neutralidad política. Nada de eso ha pasado, pero sin embargo se refuerza el peso político de derechas en los órganos de gobierno judicial.

Por tanto: ¡Alerta!. La gran cuestión no es este acuerdo puntual, sino la posible renuncia al «No, es no a la gran coalición» que Pedro Sánchez lideró para alcanzar la presidencia con el apoyo de la mayoría de grupos políticos antifranquistas.

Dejar fuera de juego a Vox no está mal, pero dejar fuera de juego a todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez tiene pinta de renuncia a la legislatura, o como mínimo, la renuncia a un gobierno de izquierda. Es decir, ¿que en aras a la estabilidad del Estado se renuncia a las políticas de izquierda? ¿Es que se está preparando una alternancia de gobierno?

La mayoría de la sociedad sigue necesitando medidas de progreso, de avance en derechos laborales y sociales, y de avances en materia de inversión en servicios públicos y en materia de calidad democrática y convivencia, y eso no nos lo va a proporcionar un acuerdo general con el PP,
Espero que no se materialice esta gran coalición tan negativa para el socialismo y para los intereses de la mayoría social. Toca estar alerta para reactivar el No es No, porque de lo contrario, el gobierno progresista se debilitaría hasta el punto de dejar morir la legislatura, ya veremos si poco a poco o de forma abrupta a partir del otoño.

Toca de nuevo apoyar a Pedro Sánchez frente a los franquistas, para que utilice su manual de resistencia, y se resista a la gran coalición y a las presiones que recibe para que se materialice.

Baltasar Santos
Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Acuerdo para la renovación del CGPJ y la reforma de la LOPJ y el Estatuto Fiscal

Bruselas, a 25 de junio de 2024

Con el fin de recuperar la normalidad institucional en el Consejo General del Poder Judicial y mejorar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, los Grupos Parlamentarios abajo firmantes han llegado a los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se adjunta como Anexo I, donde:
(i) se refuerzan las garantías de independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional; (ii) se mejoran las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción de la justicia; y (iii) se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.


Segundo.- Renovar el CGPJ conforme a una lista conjunta de candidatos de perfil profesional e independiente que se adjunta como Anexo II, que apoyarán los grupos parlamentarios firmantes en el Congreso y el Senado. También se incluye el candidato a la plaza vacante del Tribunal Constitucional que ha de nombrar el Senado. Las personas propuestas cumplirán ya los criterios de independencia e idoneidad establecidos en la Proposición de Ley Orgánica que se expone en el apartado anterior.


Tercero.- Ambos Grupos Parlamentarios se comprometen a presentar conjuntamente la Proposición de Ley adjunta como Anexo I y no tramitar ni apoyar ninguna enmienda a esa Proposición de Ley Orgánica que no vaya firmada conjuntamente.


Cuarto.- La Proposición de Ley Orgánica y los nombres de los candidatos propuestos al CGPJ se presentarán de forma conjunta en el registro de la cámara que corresponda.


Quinto.- Los grupos parlamentarios ordenarán el calendario de tal manera que la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica en el Congreso, los candidatos a vocales de Consejo General del Poder Judicial en el Congreso y en el Senado y el candidato a la vacante del Tribunal Constitucional se aprobarán en la misma semana del mes de julio, idealmente el mismo día.


Sexto.- El Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será aquel que decidan los miembros del CGPJ, tal y como dispone la ley.

Félix Bolaños Diputado PSOE // Esteban González Pons Diputado PP

En representación de la Comisión Europea, que ha acompañado las conversaciones previas a este pacto, asiste a la firma de este acuerdo la Vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová.

Valoración del PSOE sobre el acuerdo para la renovación del CGPJ

PSOE y PP hemos alcanzado, con la mediación de la Comisión Europea, un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pone fin a una crisis constitucional de más de cinco años y que cumple con lo expuesto en el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, tal y como exigíamos los socialistas:

Se procederá a una renovación inmediata de los vocales del CGPJ y se tramitará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su independencia, estudiar posibles reformas y poner el mérito en el centro a la hora de realizar nombramientos.

En los próximos días el Congreso y el Senado procederán a elegir los veinte nuevos vocales del Consejo, restaurando así la Constitución en este órgano. Serán 20 vocales con una larga trayectoria y acreditado prestigio en el ámbito de la Justicia y el Derecho y con diferentes sensibilidades que representan a la sociedad española.

Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerzan valores esenciales de la Constitución: Desde ahora, se exigirá que los nombramientos de los altos cargos judiciales se hagan basándose en los méritos y la trayectoria de los candidatos, como ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que mejorará el Servicio Público de Justicia y quitará incentivos para nuevos bloqueos como el que ha mantenido la derecha durante más de 2.000 días.

Se refuerza el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos. Y se encomienda al nuevo Consejo que elabore propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales judiciales, propuesta que se remitirá al Gobierno, al Congreso y al Senado. Cualquier propuesta deberá partir de un amplio consenso, como el que tiene el modelo actual (aprobado en el año 2.000 por más del 90% del Congreso).

Esta renovación es buena para todos:

Para la ciudadanía:

  • Restaura la confianza en la Justicia después de la crisis constitucional de más de cinco años y que afectaba gravemente a la percepción de su independencia, como muestra el Barómetro de Justicia de la UE.
  • Por cada año que no se renovaba el CGPJ, el Tribunal Supremo acumulaba mil asuntos de retraso.

Para jueces y magistrados:

  • Porque permitirá cubrir las plazas pendientes: más de 25 en el Tribunal Supremo (estaban vacantes más del 30%) y más de 70 en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.
  • Y permite que se vuelvan a producir nombramientos y que los jueces y magistrados puedan progresar en sus carreras, como demandaban las asociaciones judiciales tanto progresistas como conservadoras.
  • Se crearán 1.000 plazas de jueces y fiscales en los próximos 5 años.

Y para la economía:

  • El coste anual del bloqueo suponía 12,5M€ para las arcas públicas. El Gobierno estaba reforzando el Tribunal Supremo para evitar su colapso.
  • Y la solución de una crisis constitucional contribuirá a la seguridad jurídica y la confianza de los inversores en España.

El PSOE está plenamente satisfecho con este acuerdo. Hemos estado cinco años intentando que el PP cumpliese la Constitución y, más de 2.000 días y 35 excusas diferentes después, lo hemos logrado. Esperamos que este acuerdo contribuya además a mejorar el clima político del país al subrayar la utilidad de una política útil basada en el diálogo y los acuerdos totalmente opuesta a las formas y las estrategias de la ultraderecha.