La Amnistía del procés es el resultado de unos pactos nacidos de una correlación de fuerzas favorables a los avances democráticos, por tanto, contrario al statu quo de la Transición; de ahí la férrea negativa de las derechas reaccionarias a aceptar la Amnistía, pues ello equivale a reconocer el carácter plurinacional de nuestro país y, por tanto, asumir la necesidad de avanzar en la democratización del Estado.
Puede parecer una exageración afirmar que yo observo la actual dinámica política como una pugna entre dictadura y democracia, pero no es así.
Veamos.
Como resultado de una Transición intervenida por el aparato franquista, muchas de las estructuras de poder del viejo régimen perviven hasta nuestros días; son el mismo perro con distinto collar. Siguen, pues, haciendo suyo el viejo dogma de la unidad indisoluble del Reino de España, por oposición a una República federal o confederal, moderna y avanzada.
Las citadas derechas tratan de imponer manu militari un fantasmagórico estado de derecho, incoherente y contradictorio, producto de los déficits democráticos de la Transición y, por tanto, origen de graves disfunciones, irresolubles bajo el régimen del 78.
Ello resulta evidente; no solo por la extremada agitación reaccionaria, que perturba el buen funcionamiento de ciertas instituciones, y las degrada, sino también por la actitud inamistosa y ceñuda del rey Felipe VI durante la jura del presidente Pedro Sánchez.
El corsé de hierro impuesto por la monarquía está herrumbroso, y sus remaches comienzan a saltar ante el empuje y las ansias de libertad de las viejas naciones sin Estado; es decir, de Catalunya, Euskadi y Galicia.
De entre las ruinas del aparato franquista, emerge un nuevo ciclo democratizador. Su éxito está condicionado a una sólida alianza entre las fuerzas plurinacionales que sustentan al Gobierno de coalición.
De la inteligencia estratégica de las citadas fuerzas, coaligadas de hecho, dependerá que la dialéctica entre dictadura y democracia no derive en grave involución.
Tengo la firme convicción de que sabrán avanzar con valor y perseverancia, codo con codo, formando un amplio frente democrático, pese a los vientos contrarios que soplan ya con fuerza. No queda otro camino.
Aviso a navegantes
Argentina, Milei y la herencia peronista: Inflación superior al 142 % con el 40 % de pobreza extrema y reservas en mínimos. La debacle de la izquierda en las elecciones argentinas llevará a más precariedad, hambre, desprotección y desesperación, abonando así el terreno a soluciones autoritarias aún peores.
Manuel Ruiz Robles,
Capitán de Navío de la Armada (R), antiguo militante de la UMD, portavoz del colectivo de militares demócratas “Anemoi”.
Madrid, 20 de noviembre de 2023
Ante la nueva oleada de declaraciones sediciosas de altos mandos militares, aparecidas en los medios digitales y cadenas de TV en horas de gran audiencia, creando alarma social, manifestamos nuestras más rotunda condena.
La primera oleada ha consistido en un manifiesto, publicado por la franquista Asociación de Militares Españoles (AME), sin firmar, en el que un grupo de militares retirados (según nuestras fuentes, 7 generales, 23 coroneles, 4 tenientes coroneles, 7 comandantes y 9 capitanes) piden a las Fuerzas Armadas que destituyan al Presidente del Gobierno de España y se convoquen nuevas elecciones.
La segunda oleada, se refiere a declaraciones, publicadas por el diario “El Mundo”, de altos mandos de las Fuerzas Armadas en activo, que
podrían haber incurrido en un presunto delito de sedición militar, castigado por el Código Penal Militar con penas muy severas.
El retorno, de tales intimidaciones militares de extrema derecha, es a nuestro juicio, responsabilidad, cuando menos, del silencio cómplice del Rey, de la inacción del PSOE y de la actuación presuntamente prevaricadora de su Ministra de Defensa, que protege a los “fuertes” y hace callar a los “débiles”; como lo ha hecho en los casos del Teniente Segura, expulsado por denunciar valientemente la corrupción interna, del Cabo Santos, expulsado por su ideología democrática y la Artillera Valdearcos, vilmente acosada, calumniada y expulsada.
Sí, estoy de acuerdo. Sé que muchos, muchas, no estáis de acuerdo con el pacto de investidura, donde se incorpora la amnistía a quienes propiciaron y participaron en el referéndum ilegal sobre la independencia catalana.
Quiero manifestar públicamente que yo sí estoy de acuerdo.
Para quien quiera entender mis razones, debo empezar diciendo que me siento Republicano y aspiro a recorrer el camino que analice la viabilidad de llegar a un Estado Federal, como puede ser el de Estados Unidos.
Por lo tanto, sí, me parece bien llegar a un acuerdo con fuerzas independentistas donde, desde el diálogo político, se pueda analizar el modelo de Estado más adecuado para el futuro de nuestro país.
Algunas, algunos, no creen en el diálogo, en lo único que creen es en la imposición del “Viva España”. Fueron cómplices del gran conflicto social del 1 de octubre de 2017 (donde incluso se proclamó la independencia catalana), por tal de defender lo que entienden que es una “patria”, en vez de dialogar y poder llegar a algún acuerdo con quienes se sienten diferentes a ellos.
Un primer efecto positivo en la normalización democrática y constitucional es que hace cuatro días, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts se han puesto de acuerdo, por primera vez, votando en contra de la propuesta de la CUP de impulsar otro referéndum ilegal en Cataluña. Parece claro que dejan de impulsar otro referéndum ilegal, acordando que “propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución”.
Es decir, que siguen reclamando la celebración del referéndum, pero ahora en el marco de la Constitución… no como cuando gobernó Rajoy, que lo hicieron al margen de la Constitución y ninguno de los que salieron este domingo a las calles, salieron a manifestarse hace seis años a la sede del Partido Popular.
Ahora hay un candidato que se presentará a la investidura con el apoyo de todas las formaciones políticas, menos la del PP y VOX, es decir, con una amplia mayoría absoluta que recoge las distintas percepciones de convivencia existente en nuestro país.
Y una última reflexión, distintos gobiernos del Partido Popular han perdonado miles de años de penas a asesinos, a terroristas, a etarras, a delincuentes, a defraudadores… Estoy convencido que lo que de verdad les jode a los dirigentes del PP no es la amnistía, es que su país, que también es el mío, vuelva a tener un gobierno de izquierdas que siga haciendo verdaderas políticas progresistas.
El martes 31 de octubre se representará en las Cortes una nueva escena de Luces de bohemia: el juramento solemne de la cadete Borbón ante los representantes del pueblo español. Su jura civil simboliza -unos días después de su jura militar- el carácter militarista y reaccionario del sistema político emanado de la dictadura, pues no hubo a su término un auténtico proceso constituyente en libertad. De llegar a reinar, será jefe del Estado español como consecuencia de las leyes de sucesión decretadas por el dictador genocida Franco, aún vigentes.
Se trata de un paripé superfluo, pues sería inviolable según el art. 56.3 de la constitución, por tanto, impune, aunque delinca, ya que no le sería reconocida responsabilidad alguna por actos contrarios a las leyes, y no podría ser detenida o juzgada. Por ende, en caso de perjurio no podría ser investigada, procesada y menos aún condenada; por ejemplo, si llegase a emular a su tatarabuelo Alfonso XIII. Y, por si no bastase, tendría además el mando supremo de las fuerzas armadas. Mando supremo que su padre Felipe VI ejerció de forma amenazante con su abominable discurso del 3 octubre de 2017, emitido en directo ante todo el país por los medios de comunicación, tras el brutal apaleamiento del pacífico pueblo catalán por las “fuerzas del orden”.
Lo anterior, prueba que la función efectiva del rey -contrariamente a lo que opinan algunos juristas militares, quizá ingenuamente- no es en absoluto simbólica, sino último eslabón de la cadena de mando militar y, por tanto, garante del ordenamiento constitucional según el art. 8 de la constitución. Algo totalmente insólito en los países de nuestro entorno. La monarquía es un grave obstáculo para la salida pacífica de los conflictos derivados del carácter plurinacional del Estado, pues esa es su verdadera función constitucional. Farsa constitucional que el próximo martes 31 de octubre escenificará la cadete Borbón como protagonista estelar, encarnando la continuidad de un régimen monárquico-parlamentario heredero de Franco.
Será, una vez más, la esperpéntica confirmación del carácter militarista del régimen, en donde el rey representa la última ratio de la oligarquía financiera frente a un posible cambio en la correlación de fuerzas sociales. Una mayor unidad y empuje en la acción de los movimientos sociales, favorables a la autodeterminación de los pueblos del Estado, limitará la hegemonía de la oligarquía española, abriéndose paso la República de una vez por todas. Pues, como he expresado en más de una ocasión, tengo la convicción de que solo es posible democratizar el Estado aceptando su carácter plurinacional y el derecho de autodeterminación. Mientras tanto, continúa el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel sin que su padre, el rey Felipe VI, condene los evidentes crímenes de lesa humanidad del gobierno israelí. Por el contrario, se ha dado prisa en condenar hipócritamente el derecho del pueblo palestino a la resistencia contra el ocupante, calificándolo de terrorismo.
Manuel Ruiz Robles, antiguo militante de la UMD, portavoz de la iniciativa “militares españoles por la paz”.
De nuevo nuestra dignidad socialista pierde nivel, nos sometemos no a una negociación tras un dialogo, sino a una claudicación en la que se nos imponen unas condiciones, que en ocasiones no solo rozan la ilegalidad, sino que a veces son totalmente ilegales teniendo que modificar las leyes, para dar encaje a exigencias inverosímiles y bastardas, que serían claramente despreciadas, si nuestro partido no hubiera perdido tanta confianza del electorado.
No es que hayamos perdido la dignidad mas que el resto de formaciones políticas, son muchas las ocasiones en que he afirmado, que desgraciadamente la política y los órganos de representación en las instituciones, se han convertido en un lodazal, del cual escapan cada día más nuestros políticos de vocación, esos que creen que la política es el arte de mejorar la vida de los ciudadanos.
Al parecer los representantes de los socialistas, que desde hace tiempo se avergüenzan de confesarse socialistas y se parapetan tras el subterfugio de socialdemócratas, desde los tiempos en que nuestro “insigne Isidoro”, se convirtió en ese triste personaje que nos engañó miserablemente, no solo a los socialistas que creímos y confiábamos en él, sino a una inmensa mayoría de la ciudadanía, que lo vio como una solución capaz de apartarnos, de un atroz capitalismo al que desgraciadamente el mismo sin un ápice de disimulo nos llevó al final. Entrando de cabeza en la dinámica, de utilizar cualquier argucia, con tal de gobernar para el capitalismo, da igual con quien, no importa el precio político que haya que pagar, aunque con ello cada vez este mas descompuesta nuestra ideología.
Hasta ahora, los que aún nos consideramos socialistas, nos tapábamos la nariz y pensábamos ingenuamente aun en la regeneración de nuestro histórico partido, pues parecía que con quien veníamos pactando, sometiéndonos a sus caprichos, concediéndoles sus particulares prebendas, era con partidos en teoría progresistas o al menos disfrazados de ello. Pero es que ahora, resulta que vamos a claudicar, precisamente con lo mas retrogrado del conservadurismo catalán, porque nos hace falta un voto, y encima lo haremos con unas condiciones previas impuestas, antes incluso de sentarse a la mesa de negociación, que no dudo que acabaremos aceptando, aun a costa de modificar perversamente las leyes al capricho de personajes realmente impresentables, no para mejorar la vida de nuestros conciudadanos sino para contentar precisamente a los que no quieren serlo .
Si esto se lleva a cabo como todo indica que va a ser, nuestro querido partido socialista estará definitivamente hundido sin remedio, aunque quizás eso sea lo que realmente desde hace unos años necesita el socialismo con mayúsculas; que se muera del todo este engendro en el que nos hemos convertido y de nuestras cenizas, se refunde un nuevo Socialismo puro y limpio que realmente luche por una sociedad justa.
Quizás a la sociedad en general, nos convenga un gobierno de la derecha mas cerril, junto con la extrema derecha más retrograda, que sea lo mas perecido a la dictadura que muchos de nosotros hemos sufrido, pero que una buena parte de los votantes de hoy en día, han tenido demasiada suerte y no han pasado por ella desconociendo sus efectos. Quizás los que si los conocemos, no hemos sido suficientemente didácticos, para dárselos a conocer a esa sociedad que cuando llega a tener un empleo aunque sea miserable, o alcanza a vivir en un piso de 90 metros cuadrados, o se compra un utilitario, pierde su carácter solidario convirtiéndose en un conservador, que le asusta la idea de un estado solidario que comparta la riqueza del país, pues ese ciudadano, ya esta por encima del que vive debajo del puente, creyendo por ello que debe conservar esa miseria conseguida.
Lo siento por mis nietos, les pido perdón a ellos y a su generación, porque no he sabido conseguir aquello por lo que durante toda mi vida he luchado y por lo tanto, les queda una sociedad considerablemente más vacía de valores éticos y morales que la que tuvieron sus padres. Quizás todos necesitamos recordar las persecuciones racistas, homófobas y clasistas, de no hace tanto tiempo, que nuestra frágil memoria olvida con facilidad.
Me gusta decir lo que realmente siento, sin el miedo a que por ello sea expulsado de mi partido, como lo están siendo otros con quienes discrepo, pero si dicen lo que realmente piensan, los respeto, aunque desgraciadamente, hayan entrado en la deriva derechista, son ellos los que deben colocarse en un lugar mas adecuado a su pensamiento y no por una purga.
Lo siento, yo prefiero que los ciudadanos vayamos de nuevo a las urnas, a que tengamos que pasar por el aro, de unos depredadores que no solo destruyen su sociedad independentista, sino que destruyen la dignidad de todos. Luego ganemos o perdamos recuperemos la cordura, refundemos nuestro partido, hagámoslo de nuevo progresista, solidario, recuperemos nuestros valores perdidos, hagámoslo de nuevo socialista.
Los días 15 y 16 de septiembre asistí a las jornadas que se han celebrado en Madrid, bajo el título: “Jornadas de Comparecencias”, organizadas por la Plataforma Verdad y Justicia y Marea Residencias. Han testificado familiares de víctimas de los “Protocolos de la vergüenza”, por los que el Gobierno de Díaz Ayuso (PP), en Madrid, excluyó y negó la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de ancianos y ancianas, residentes en centros públicos y privados, en los meses de marzo y abril de 2020. La consecuencia fue la muerte de, al menos, 7.291 personas mayores.
Ante la Comisión Ciudadana que se ha constituido comparecieron trabajadores y trabajadoras de las residencias, expertos en medicina geriátrica y acreditados científicos en distintas disciplinas, así como políticos, además de las familias de las víctimas y algunas residentes que salvaron la vida.
La experiencia ha sido muy esclarecedora, tanto por los testimonios como por los datos que se dieron desde los distintos enfoques de la experiencia vivida y el conocimiento de los comparecientes. Aunque no se denominase así, lo percibí un verdadero “Tribunal Popular”, un foro de democracia, justicia y libertad, en la que cada compareciente pudo expresar sus vivencias y exponer sus datos, sin ningún tipo de restricción.
La Comisión está presidida por José Antonio Martín Pallín, quien fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. En la Comisión también participan: Ana Freixas Farré, fue catedrática de Psicología Evolutiva y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Córdoba, e investigadora sobre el envejecimiento, en particular de las mujeres; Fernando Flores Giménez, profesor de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia; Eduardo Ranz Alonso, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III de Madrid; el doctor en medicina Fernando Mata, que ha trabajado en Gestión de políticas sanitarias en el ámbito Regional y Nacional; y Mª Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California en Berkeley, experta en epidemiología del envejecimiento.
Trabajadoras de distintas residencias, como: Mari Ángeles Maquedano, de la Residencia Parque Coimbra; Nandi Gutiérrez y Elvira García, de la Gran Residencia de Carabanchel; Pilar Torres, de la Residencia Parque de los Frailes de Leganés; o Antonio Torres de la Residencia DomusVi de Leganés, todas ellas coincidieron en la escasez de plantilla, como común denominador de todos sus centros de trabajo. Una falta de trabajadores y trabajadoras de la que ya se venía alertando antes del estallido de la pandemia y que contribuyó a que la mala atención a los residentes se acentuase con el COVID-19. La escasez de personal es algo que también las familias de los y las residentes percibían en las visitas a sus seres queridos. Esto, que puede parecer cotidiano y común en todas la empresas y sectores, fue un factor determinante en la terrible muerte en solitario, “sin nadie que les cogiese la mano” declararon algunas; a lo que habría que añadir que la no medicalización de las residencias y la ausencia de medios paliativos, hizo de la muerte de muchos y muchas de las víctimas algo inhumano, impropio de una sociedad que se dice avanzada. En palabras de Miriam Alia, Coordinadora Médica de Emergencias en Madrid durante la pandemia, por Médicos sin Fronteras: “No se aplicaron cuidados paliativos, ni clínicos ni sicosociales, ni a enfermos, ni a los trabajadores que les atendían, ni a las familias de las víctimas. Algo no visto en países en guerra o afectados por catástrofes naturales”, dijo, antes de que las lágrimas la desbordasen.
Según los testimonios de las familias de las víctimas, el exceso de celo de muchos de los directores y directoras de las residencias, y los protocolos, impidieron que a partir del 8 de marzo de 2020, se pudiese visitar a los residentes o que sus familiares pudiesen llevárselos a su casa o a un hospital. Tampoco permitieron que acudiesen ambulancias para al traslado a hospitales, aunque fuese costeada por los propios familiares. Restricción que no sufrieron los residentes que tenían pólizas con aseguradoras privadas de salud. En su testimonio, Concepción Quirós, familiar de una residente fallecida en la Residencia pública para mayores de Manoteras, tuvo que recurrir a un Notario y a una ambulancia privada para poder trasladar a su madre al Hospital Ramón y Cajal, una de las pocas familias que consiguió sacar a su familiar, pese a las directrices en contra dictadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Una de las declaraciones más emotivas fue la de Mercedes Huertas Aguilera, cuando relató como en las llamadas telefónicas en las que conseguían contactar con la Residencia, que no con su padre, les decían que estaba bien. El 4 de abril pudieron verle a través de una videollamada, “se le veía adormecido”, el día 6 de abril falleció, no le habían realizado el test hasta el 2 de abril; el resultado de la prueba llegó dos días después del fallecimiento.
El celo excesivo de algunos y algunas directoras llegó incluso a la represión de sus trabajadores, es el caso de la Técnico Sanitario del centro público Gran Residencia de Carabanchel, Nandi Gutiérrez, quien fue sancionada laboralmente con suspensión de empleo y sueldo, y un traslado forzoso, por haber contado lo que ocurría en el interior de la residencia, la dijeron. Una sentencia judicial obligó a la devolución del salario y a la recuperación de su puesto de trabajo en el mismo centro.
A la falta de personal y de medios médicos, carencias previas a la pandemia, se añadió en los testimonios la ausencia de Equipos de Protección Individuales (EPIs), teniendo las trabajadoras y trabajadores que improvisar protecciones con bolsas de basura. Llegando a darse situaciones temerarias como la que relataron varias trabajadoras, cuando, en los primeros días de pandemia, les prohibían el uso de mascarillas, “para no alarmar”. O, en palabras de Antonio Torres, trabajador de la Residencia de Leganés DomusVI, “…los trabajadores utilizaban por turnos una mascarilla que tenían en el área de mantenimiento”.
Se dieron situaciones de enmascaramiento de la realidad, algo que parecer ser habitual en tiempo normales, cuando los familiares anuncian la visita a un residente. En la Residencia antes citada, de Leganés, el 15 de marzo hubo un suicidio. En ese momento, la dirección del centro dio orden de proporcionar mascarillas, batas y gorros, todo desechable, pues llegaba el Juez de Guardia para el levantamiento del cadáver.
Una de las testificales más esperadas fue la de Alberto Reyero, el que fuera Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Díaz Ayuso, y que dimitió tras denunciar “los Protocolos de la vergüenza”.
El Sr. Reyero hizo una reconstrucción cronológica de los acontecido. Recordó que el 4 de marzo de 2020 se produjo el primer fallecimiento por COVID en Madrid, registrado en la Residencia pública La Paz. Y que los protocolos fueron varios y de distintas fechas: el 8 de marzo se lanzó el Protocolo de Limitación de Visitas; el 18 del mismo mes se lanzó un primer Protocolo de no Derivación (a hospitales); el 20 de marzo, se lanzó el segundo Protocolo para la exclusión de residentes con grados de dependencia medio y alto. “Una residencia es un lugar donde se cuida y un hospital es donde se cura”, dijo. Por tanto, resulta fundamental la derivación hospitalaria que se les negó a miles de residentes. En opinión de los juristas que componen la Comisión, se han podido vulnerar los artículos 15 y 43 de la Constitución.
Estos Protocolos fueron emitidos por la Dirección de Protección Sociosanitaria, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y, por ende, del Gobierno de Ayuso. Estas decisiones políticas se tomaron mientras había hospitales privados con camas libres.
Compareció el ex alcalde de Leganés por el PSOE, Santiago Llorente Gutiérrez, quien dejó claro en su declaración que las residencias no tenían los recursos sanitarios mínimos. Denunció que la Comunidad de Madrid nunca derivó personal sanitario a las residencias del pueblo de Leganés, ni las medicalizó mínimamente. Ante esto, bajo su mandato, el Ayuntamiento de Leganés se querelló contra el Gobierno de la señora Ayuso, proceso judicial que aún está en curso, pero al que el actual alcalde, del PP, no tiene intención de dar continuidad.
El ex diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez Chamorro, presidió la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de mayores en la Comunidad de Madrid, relató que, antes de la pandemia, había realizado visitas a las residencias públicas y concertadas de Madrid. La conclusión de estas visitas fue que las condiciones eran lamentables. Achacó el problema a la externalización de servicios y la privatización de los centros públicos, “…las empresas solo ven un nicho de negocio, muchas ni pertenecen al sector sociosanitario.”, “La inspección (desde la CAM) es mínima, por tanto, la relajación de los centros es total”, comentó.
En esta línea, estuvo un pasaje de la declaración que realizó María Jesús Valero, familiar de una residente que falleció en la Residencia de Usera: “La Dirección de la Residencia, (en el momento en que su familiar falleció), nos ofreció los servicios de Mémora (empresa de servicios funerarios) con la que DomusVi tenía un acuerdo de 700 € por finado”. Es el negocio con la muerte, incluso en los momentos más difíciles, en los que la empresa gestora de la residencia se lleva un 10% de cada fallecimiento (teniendo en cuenta el coste del negocio cautivo que son los enterramientos) aprovechando la desgracia ajena.
La Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, constituida el 20 de julio de 2020, solo pudo trabajar durante 35 horas, pues unos meses después se disolvió la Asamblea y se convocaron las elecciones anticipadas del 4 de mayo de 2021.
La Comisión Ciudadana sacará sus conclusiones del impresionante volumen de información que se puso sobre la mesa en las comparecencias. Pero, hay datos irrefutables:
El número de fallecidos en función del número de residentes hablan por sí solos (números aproximativos a falta de datos oficiales):
En Madrid hay 475 residencias públicas, públicas en gestión externalizada, privadas concertadas y privadas, de las tan solo el 10% son públicas de gestión directa. La media de residentes por centro es de unas 250 personas. Datos dados por los comparecientes periciales y profesionales.
“Mientras que en las 25 residencias totalmente públicas hubo una mortalidad del 7,4%, en las 18 de gestión externalizada la cifra escala hasta el 21,9% según un nuevo estudio publicado en la revista internacional Epidemiología.” (publicado en El País del 30 de junio de 22).
El doctor Francisco Pozas, ha estudiado los datos y ha resumido en 20 item sus conclusiones. Una de las más clarificadoras ha sido que: tomando 12 países de la OCDE en el periodo de pandemia, España ostenta el mayor número de muertes entre mayores de 65 años, quedando así en la peor situación en los índices de protección a los mayores de esa edad. Y Madrid está a la cabeza de los índices de mortalidad en mayores de 65.
Las declaraciones, las experiencias vividas y los datos dejan claro el cruel desastre que se vivió en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid en aquellos meses. Ahora solo falta que la Justicia haga su trabajo y que se preste a ser el burladero de la impunidad para los responsables de esta tragedia.
El 14 de abril de 1931 se proclamaba en España la II República que ponía fin a la monarquía borbónica, hasta que fue restaurada tras el golpe de estado militar, la guerra civil y 40 años de dictadura.
Uno de los aspectos más importantes de la Segunda República para las mujeres es que consiguieron entrar masivamente en la esfera pública, conquistando ciertos derechos como el sufragio, el divorcio y el acceso a la educación superior.
Una de las primeras leyes implementadas en la Segunda República tras la aprobación de una nueva constitución permitió a las mujeres votar y postularse para cargos políticos. Este quedó amparado por el artículo 36 del Capítulo III de la Constitución de la Segunda República, y entró en vigor el 1 de octubre de 1931. Las primeras mujeres en conseguir escaños en las Cortes fueron Clara Campoamor Rodríguez, Victoria Kent Siano y Margarita Nelken y Mansbergen. Obtuvieron estos escaños en junio de 1931, varios meses antes de que las mujeres pudieran ejercer el derecho al voto. A ellas se unieron en febrero de 1936 Matilde de la Torre, Dolores Ibárruri y Federica Montseny.
No fue una conquista pacífica, puesto que entre las propias mujeres se cuestionaba el derecho al voto. Nelken y Kent se habían opuesto a otorgar el sufragio femenino, argumentando que la mayoría de las mujeres votarían por los conservadores debido a la influencia de sus maridos y del clero, lo que socavaría la República española. Clara Campoamor, por el contrario, fue una firme defensora del sufragio femenino. El duelo entre Campoamor y Kent por el sufragio femenino ha sido uno de los más importantes de la historia parlamentaria en España.
Las tesis de Campoamor prevalecieron, y el 1 de octubre de 1931 se introducía el artículo 36 en la constitución estableciendo: «Los ciudadanos de cualquier sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos derechos electorales que determinen las leyes». A pesar de la oposición de Nelken al sufragio femenino, los miembros del PSOE apoyaron abrumadoramente el derecho al voto cuando llegó la votación con 161 a favor y 131 en contra. 83 de los 115 diputados del PSOE compañeros de Nelken apoyaron la moción. Con su aprobación, España se convirtió en el primer país latino en aprobar el sufragio universal. La inclusión fue respaldada por el artículo II de la nueva constitución, que establecía la igualdad ante la ley para ambos sexos.
Años después, Frederica Montseny se convirtió en la primera mujer ministra de España, ejerciendo como Ministra de Sanidad y Asistencia Pública desde septiembre de 1936 hasta mayo de 1937.
Campoamor, al defender el sufragio femenino ante las Cortes el 1 de octubre de 1931, manifestó que a las mujeres no se les otorgaba el derecho al voto como premio, sino como recompensa por luchar por la República. Las mujeres habían protestado por la guerra en Marruecos, las de Zaragoza por la guerra en Cuba, y un número aún mayor por el cierre del Ateneo de Madrid por parte del gobierno de Primo de Rivera.
Campoamor también defendió que la inclusión de la mujer era fundamental para salvar la República al tener una población políticamente comprometida, para que no se repitieran los errores de la República Francesa. En su discurso en las Cortes dijo:
«¡Mujeres! ¿Cómo se puede decir que cuando las mujeres den señales de vida por parte de la República se les otorgará como premio el derecho al sufragio?
Clara Campoamor
¿No han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogios las mujeres trabajadoras y universitarias no cantan su capacidad?[…]¿Cómo se puede decir que las mujeres no han luchado y necesitan un período, largos años de República, para de mostrar su capacidad?«
A las gentes que tenemos ciertas ideologías progresistas, nos debe de estar atacando un virus, que nos impide alcanzar acuerdos con el fin de acumular esfuerzos que nos conduzcan a nuestro meta, que no es otra que conseguir una sociedad justa, hace siglos que lo venimos intentando, pero no acabo de entender porque es tan difícil de conseguir.
Realmente, ¿nos importa a todos el bienestar y la igualdad de oportunidades sociales, de educación, de trabajo, de cultura, etc.?, o lo que realmente queremos, es conseguir que nuestro proyecto individual sea el que gane, independientemente de si es el mejor o no, al margen de si el de los otros que piensan como yo, que se parece mucho al nuestro pero claro, no es el nuestro y si gana el mío, el grado de (ego)admiración que tengan por mi será superior al del colega, aunque en nuestro fuero interno sepamos que el suyo es mejor.
Yo, empiezo a estar harto de machos Alfa, que piensan que son los más solidarios y de féminas que se creen en posesión de la verdad absoluta, es que nunca vamos a ser capaces de sentarnos y contrastar ideas y adoptar la mas eficaz para nuestro fin, que es o debería de ser el mismo.
También estoy harto, de lideres que ostentan incluso en el nombre de su partido la palabra IZQUIERDA, verles negar su voto a leyes progresistas, votando con la derecha más retrograda, por el simple hecho de que no se cede a sus pretensiones nacionalistas trasnochadas.
Estoy harto así mismo, de esos lideres que esconden su machismo desmesurado, detrás del nombramiento democrático de su sucesora y cuando esta demuestra su carácter democrático y su valía considerablemente superior, le pone palos en las ruedas y bombas en su línea de flotación.
Estoy harto también, de esas ministras que creen que solo ellas son feministas, pero no tienen el grado de humildad necesario para reconocer cuando se equivocan, como nos equivocamos todos, ejerciendo la gran virtud de rectificar a tiempo, pero su orgullo mal entendido no se lo permite, consiguiendo siempre el efecto contrario al feminismo.
Para colmo, gentes que en su día fueron iconos del progresismo, parecen haber perdido toda capacidad cognitiva de sus en su día brillantes cerebros, para en un último afán de protagonismo inútil, intentar de la mano del fascismo disfrazado, destruir los pocos logros sociales que se han venido consiguiendo, promoviendo un intento grotesco y absurdo de acoso y derribo de este gobierno, pero desde el lado de la extrema derecha mas retrograda de todos los tiempos, consiguiendo solamente la destrucción de la poca dignidad que le quedaba, al protagonista de este circo, que quizás carecía de la capacidad de decidir con lucidez, pero que al parecer nadie de su entorno, tuvo la suficiente como para aconsejarle impedir ese ridículo .
Sera verdad, que existe ese virus que nos ataca solamente a los que tenemos ideologías progresistas, o es que este país necesita que recordemos lo que pasa, con un proceso de gobiernos de derechas apoyados o mejor dicho dirigidos por la extrema derecha, será que los españolitos necesitamos atravesar por un cáncer para poder prevenir un resfriado.
Señoras y señores de nuestro querido PSOE, de Podemos, de PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG y las abstenciones de ERC y EH Bildu., de verdad piensan que me puedo creer, que nuestras ideologías ¿están tan alejadas, que impiden el acuerdo en los temas básicos que mejoren la vida a los mas necesitados?. Dejen sus egos y sus exigencias particulares colgadas en la puerta de la sala de reuniones y trabajen por la sociedad en común, no solo por su parcela, eso no es progresista eso es profundamente clasista y elitista.
Llevo tiempo participando en numerosas reivindicaciones, tanto laborares, debito a mi condición de representante de los trabajadores de la empresa como sindicalista de la UGT, como en reivindicaciones más del tipo social. Me quiero referir a reivindicaciones de “tipo social” ya que han sido lideradas por movimientos de pensionistas, jóvenes, asociaciones vecinales y familias completas, las que han salido a las calles en las diferentes luchas, aun activas, como son la defensa del sistema público de pensiones, por la sanidad pública y de calidad, contra una guerra injusta que está cobrándose miles de muertos y heridos en Ucrania, provocando una grave crisis económica, social y política en todos los pueblos de Europa.
Con estos frentes abiertos: guerra, salarios bajos y una elevada inflación, el desmantelamiento de la Sanidad Publica, la amenaza constante hacia la privatización del sistema Público de Pensiones bajo el mantra de la insostenibilidad, la negativa por parte del gobierno de coalición de cumplir con una Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, que ellos mismo se comprometieron a realizar; se celebraron, el pasado 28 de mayo, las elecciones autonómicas y municipales con el resultado que ya conocemos: un duro golpe para los partidos de izquierdas, y un doloroso, aunque no sorpresivo, resultado para la militancia.
Tras la disolución de las cortes y la convocatoria de elecciones generales por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez; el Socialismo, el nuevo bloque de izquierda y otros partidos a la izquierda del PSOE se preparan para lo que será una nueva oportunidad para recuperar el espacio político perdido. Evidentemente se necesita del voto de la clase trabajadora, una clase trabajadora que es la primera interesada, de verdad, en evitar a la derecha y a la extrema derecha dentro de las instituciones democráticas, algo que ya no se puede evitar, después de los resultados de las elecciones del pasado 28 de mayo, en las muchas provincias y municipios de las diferentes comunidades autónomas, y lo que sería peor aún, si consiguen llevar el control absoluto del país bajo su gobernanza. La extensión, sobre todo de VOX, en todo el mapa político, debe ser valorada por los partidos de izquierdas, incluso aunque lleguen a ganar las elecciones del 23 J, ya que se podría volver un país más difícil de gobernar debido al crecimiento y ampliación de la derecha y la extrema derecha en todo el territorio.
La clase trabajadora, la militancia activa política y sindical de este país, no iremos a votar únicamente para evitar a un gobierno de derechas, ¡No! Iremos a votar para que no sólo se recupere el espacio político perdido en las últimas elecciones. Sino para que los partidos que se dicen llamar de izquierdas escuchen y actúen sobre las demandas, que la voz de un pueblo, de una militancia de izquierdas, de sus mayores, de sus jóvenes, de sus ciudadanos: que no queremos participar en guerras, la izquierda nunca apoyó las guerras, queremos mantener los servicios públicos, ya que son nuestras conquistas sociales de clase, no podemos permitir la continua amenaza de la privatización, queremos mejorar las condiciones salariales, que las reivindicaciones de un pueblo no sean ahogadas, silenciadas, judicializadas, condenadas bajo leyes represivas y anticonstitucionales, como lo es la ley Mordaza. Por todo esto y muchas otras cosas más …, iremos a votar.
Cuatro décadas preparando la privatización de nuestro Sistema Público Sanitarios
Con la Ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya de 1990, que permitía el uso de hospitales privados con financiación pública, y el informe Abril Martorell de 1991, que pretendía reducir el nivel de aportación de cotizaciones a la Seguridad Social al Sistema Nacional de Salud, y con copagos de los usuarios por los servicios reducidos, se inicia el proceso de privatización de nuestro Sistema Sanitario Público. Estos procesos se paralizaron parcialmente por la ciudadanía en la calle. Sin embargo, leyes de calado privatizador como la 15/97 es un apoyo más a las políticas privatizadores, al permitir que en la gestión de los servicios sanitario puedan intervenir entidades públicas y privadas.
En 1999 se crea en la Comunidad Valenciana el primer modelo público de gestión privada en España, el llamado modelo Alzira. La senda privatizadora continúa con Esperanza Aguirre con la construcción en la Comunidad de Madrid, en el periodo entre 2005 y 2008, de seis hospitales nuevos con gestión privada.
En octubre de 2012, el entonces Consejero de Sanidad Fernández Lasketty, intentó privatizar seis hospitales y 27 Centros de Salud. Las condiciones que constaban en los pliegos hechos públicos en el BOCM dejaban bien a las claras que estas medidas suponían asegurar el beneficio de las empresas que participarían en la gestión hospitalaria, más que proteger el Sistema Sanitario Público y la propia asistencia médica a la población.
El proceso de privatización de Lasketty suponía el despido de más de 5.000 profesionales sanitarios. La respuesta no se dejó esperar. Una histórica Marea Blanca se hizo visible en las calles. Los ataques contra nuestro sistema sanitario público que comenzaron en los años 90 llenan las calles dos años después del nacimiento del 15 M.
El 15 M devolvió la ilusión a la ciudadanía. Los sindicatos volvieron a estar beligerantes en defensa de lo público. Las medidas privatizadoras que habían pasado desapercibidas toman cuerpo en el mismo momento que Ignacio González y el Consejero de Sanidad Lasketty sacan a la luz el plan que intenta transformar el sistema.
Un espacio en defensa de la salud y la vida basado en la autoorganización
En 2022 el dúo Ayuso-Lasketty, retoma la senda privatizadora. Aprovechan la pandemia para desmantelar otro poco más la Atención Primaria, primer escalón fundamental de nuestro sistema sanitario público. La cartera de servicios se ve mermada. Cientos de miles de usuarios se ven privados de asignación de médicos. Más de seiscientos mil niños se encuentran sin pediatras. Se cierran los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias (SUAP). El consejero Ruíz Escudero, presenta un nuevo modelo de Atención Primaria basado en la enfermería y video consultas.
La respuesta no se deja esperar. Esta vez corre a cargo de los usuarios de la Sanidad Pública. Con los cierres de los SUAP la ciudadanía de barrios de clase trabajadora se laza a las calles. Carabanchel, Latina y Villaverde se movilizan semanalmente. Concentraciones, manifestaciones semanales recorren las calles de los barrios de estos distritos. Durante dos años las movilizaciones no cesan. La idea de autoorganización va calando en las vecinas y vecinos de estos barrios. Las Asambleas semanales que dan paso a las manifestaciones o concentraciones son cada vez más numerosas y la implicación ciudadana también. Tareas como pegada de carteles y mesas informativas va creando un espacio de compromiso ciudadano por la apertura de las urgencias, por la demanda de más personal médico y por la defensa de una Atención Primaria que está siendo programada desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid hacia su destrucción.
En julio de 2022, los barrios de Carabanchel, Latina y Villaverde hacen un llamamiento a organizar una gran movilización. A este llamamiento se unen barrios y municipios de la Comunidad de Madrid que llevaban un proceso movilizador idéntico. Rivas Vaciamadrid, Arganzuela, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, Getafe, Guadarrama. En julio de 2022 una Asamblea en la que participan representantes de Asambleas de barrios, municipios, colectivos sociales, asociaciones vecinales constituyen el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid.
El 13 de noviembre se produce la primera convocatoria de este espacio. Las calles de Madrid se convierten en una riada ciudadana que accede a la Plaza de Cibeles en cuatro columnas, convirtiéndose en la manifestación más multitudinaria que haya existido en nuestro país hasta esa fecha, por la defensa de la Sanidad Pública.
Los planes de Ayuso siguen adelante y, en febrero, de nuevo la ciudadanía toma la calle con una manifestación más numerosa que la celebrada en el mes de noviembre.
En el mes de abril Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, ante la continuación de los planes del Gobierno Ayuso organiza una Consulta Ciudadana por la Sanidad. Más de 324.000 ciudadanos y ciudadanas participan en la misma exigiendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid como tarea prioritaria la financiación necesaria que permita la dotación de personal y medios necesarios para la Atención Primaria, Servicios de Urgencias Rurales, Summa 112 y Hospitales de la Comunidad de Madrid.
En esta consulta en la que no participan, UGT, CC.OO., FRAVM, SOCIEDADES MÉDICAS adquiere un gran valor de auto organización. Miles de voluntarios, convierten la consulta en una acción que ha servido para aumentar el compromiso por la defensa de la Sanidad Pública, estableciendo una conexión directa con la ciudadanía y sus preocupaciones por el deterioro de nuestro sistema sanitario público.
Gobierne quien gobierne la Sanidad Pública se defiende
Este lema es repetido hasta la saciedad en las múltiples movilizaciones en defesan de la Sanidad Pública. Sea el que sea el resultado de las próximas elecciones Autonómicas, la movilización no va a parar hasta frenar los procesos de destrucción de nuestro sistema sanitario público. El próximo 29 de mayo, la lucha se retoma. No hemos ganado nada todavía, en lo que se refiere a frenar los planes de destrucción de los servicios públicos. Sin embargo, ahora mismo hemos acumulado un capital inmenso. Las ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad de Madrid hemos conseguido un espacio de lucha y auto organización. Un espacio que nace de la movilización. Un espacio que está siendo capaz de organizar grandes movilizaciones. Un espacio que tenemos que expandir a todos los barrios y municipios de la Comunidad de Madrid. Un espacio en el que tienen cabida todos los barrios y municipios que se movilizan por la defensa del derecho a la salud y la vida que es lo que nos une.
Damián Caballero Martínez
Presidente de la PLAFHC
Miembro del Grupo Técnico de VHC del Ministerio de Sanidad.
Hoy se publican dos noticias que leídas juntas dejan poca esperanza en que las cosas puedan ir a mejor en Bizkaia y en Euskadi tras el 28M.
El diario el “El Correo” nos cuenta como el 56% de los municipios bizkainos siguen gobernados por el mismo partido político desde 1979, y nos da la lista de municipios, entre ellos su capital Bilbao, donde las cosas nunca cambian. Otro Diario “Argia” confirma la culminación de la privatización de la gestión del agua en Bizkaia tras acabar con todos los consorcios del agua, el ultimo el de Busturialdea.
Vivo en Barakaldo, margen izquierda del Nevión, cuna del socialismo bizkaiano y capital de la zona minera, de lo que ya no queda más que el recuerdo, tanto de lo uno como de lo otro y algo del paisaje. Mi municipio es de los que se sale de ese 56% que menciona el correo, aunque por muy poco, estuvimos gobernados por el PSE/PSOE desde el 1983 hasta 2015, 32 años, desde entonces estamos en manos del PNV, partido que consiguió la primera alcaldía de la democracia de 1979 a 1983. Como se puede ver no hay una gran alternancia política en Barakaldo, menos si tenemos en cuenta el pacto de gobierno que une a estos dos partidos en las instituciones vascas y que suele llegar hasta las políticas municipales. Las políticas de unos y otros son muy difíciles de diferenciar, si buscamos políticas “Socialistas”, por ejemplo, resulta chocante que el PSE/PSOE, como aspirante a recuperar el ayuntamiento, en sus promesas electorales se incluyan mejoras en barrios degradados, que llevan más de 30 años degradados y por los que poco hicieron en su día.
El partido socialista en Bizkaia y en Euskadi tiene muy fácil el distanciarse del PNV y de sus políticas conservadoras sin tener que recurrir a grandes obras en las infraestructuras de nuestros barrios, bastaría con defender simples ideales “Socialistas” como la lucha por lo público y contra las privatizaciones o por una laicidad real empezando por los municipios y llegando al gobierno autonómico.
El pasado mes de abril las centrales sindicales vascas, ESK y ELA, denunciaban la privatización de los almacenes de Osakidetza, el objetivo real de Osakidetza no es otro que el de cerrar los diferentes almacenes con los que cuenta hoy en las diferentes Organizaciones de Servicios, gestionados con medios y personal propio, para centralizarlos en la futura plataforma logística, cuya gestión se va a subcontratar a una empresa externa y por lo tanto, a privatizar. No es el primer ataque de privatización que sufre el Servicios Vasco de Salud, como es práctica habitual en todos los servicios de Salud del Estado, empiezan con derivaciones de pacientes a centros privados “colaboradores” para ciertos procedimientos, siguen el engorde de las listas de espera que hasta para la atención primaria pasa de horas o dias a semanas. Y acaban con el cierre de servicios, como el módulo psicosocial de Cruces, en mi municipio, que este sí que llevaba funcionando desde 1979.
También en estos días, y cara a la actual campaña a las elecciones municipales para el 28M, desde la asociación “Langilen Informazioa” nos hemos dirigido a los candidatos para que incluyan en sus mítines y en sus discursos la discusión sobre el proyecto de ley que prepara Gobierno Vasco en el que se va un poco más allá del pacto que ha alcanzado el gobierno de Pedro Sánchez con diferentes religiones. La propuesta del gobierno vasco obliga a los municipios a reservar terreno público para cualquiera de las confesiones religiosas, esta carta ya la publicamos en el número 143 de TS ( https://tribunasocialista.com/2023/05/02/ley-de-culto-en-euskadi/ ), como bromeaba, y no sin razón, un periodista de La Cadena Ser, nos vamos a convertir en el paraíso para las STARTUP religiosas.
También hemos preparado una mesa redonda en Leioa, para el próximo día 25, a la que hemos invitado a los candidatos a estas municipales a significarse en favor de la Auditoria a las cuentas de la seguridad social, algo que por ley aprobada en el congreso se debería haberse llevado a cabo hace meses.
Estos son los ejemplos más cercanos y recientes del poco interés de los candidatos en Euskadi por políticas “Socialistas”, porque el problema que siempre queda patente del PSE/PSOE en Euskadi es el pacto con los conservadores que le ata de pies mi manos para poder hacer suyas cualquiera de estas políticas por lo público, contra las privatizaciones, por una laicidad real en nuestros municipios, un pacto que se hace notar hasta en Madrid cuando el Gobierno de Pedro Sánchez quiere sacar adelante los presupuestos generales del Estado con el apoyo de los abertzales.
Tribuna Socialista 
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