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Getafe 8 de febrero

El debate sobre la Amnistía se ha instalado en la sociedad, sin que eso signifique que este sea un tema de máxima preocupación del conjunto de la ciudadanía. Según el barómetro del 17 de enero, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo al 2,3% de los encuestados sitúan la amnistía como uno de los tres principales problemas del país.

                En el acto que tuvo lugar en Getafe el pasado día 8, en el que tuve el honor de compartir mesa de debate con Gloria Elizo, Ana González y Jesús Béjar, pudimos debatir sobre a quién y por qué le preocupa la amnistía, y qué beneficios puede tener para el conjunto de la sociedad.

                Una cuestión previa que se planteó fueron los antecedentes del conflicto en Cataluña. Se señaló que no se puede olvidar que en septiembre de 2005 el Parlament de Catalunya aprobó democráticamente la reforma del Estatut. Este documento fue enviado a las Cortes para su aprobación, lo que ocurrió en marzo de 2006. Una vez aprobado, también democráticamente por el poder legislativo, se procedió a convocar un referéndum en Cataluña en junio de 2006, siendo aprobado por los y las votantes. Hasta aquí todo normal.

                Este proceso legítimo fue rechazado por la derecha españolista, el PP principalmente, y por los “hombres de Estado del PSOE”, esos que acompañan a la derecha siempre que tienen ocasión. El PP, judicializó el Estatut llevándolo al Tribunal Constitucional, alto tribunal que, en 2010, cercenó 14 y modificó 23 de los artículos de la ley aprobada por el legislativo autonómico y estatal.

                Este proceder, con prácticamente los mismos protagonistas: PP, Ciudadanos, VOX y la corte de Felipe González, la hemos visto en 2006 y 2007, cuando Zapatero aceleró el proceso de paz en el País Vasco, que devino en fin de la violencia, o cuando en 2021 Pedro Sánchez procedió a indultar a los presos políticos catalanes del “procés”.

                Tanto los protagonistas de la refracción como los contenidos refractados delatan a un nacionalismo hegemónico que lleva muchas décadas camuflado detrás de la rojigualda, a nombre de “salvar España”.

                Solo el 2,3% de la ciudadanía ve en este asunto una preocupación prioritaria. Porcentaje este que debe ser coincidente con quienes en 1978 se consignaron para dar continuidad al franquismo. Los que, en enero de 1977, por el real Decreto Ley 1/1977 le cambiaron el nombre al Tribunal de Orden Público y lo rebautizaron con el de Audiencia Nacional.

                Están preocupados muchos del estamento armado, quienes se consideran un Estado dentro del Estado, cuyo jefe en la cadena de mando es el jefe del Estado, como el dictador. Siempre han dicho que la institución monárquica es “decorativa”, pero se pongan como se pongan ostenta la jefatura del Estado, y así lo han demostrado los dos borbones de la democracia, la última en el discurso del 3 de octubre de 2017, en el que echó gasolina al fuego.

                A mi modo de ver, los ciudadanos y ciudadanas de los pueblos que componen el Estado español, en su inmensa mayoría, no se consideran nacionalistas: ni vascos, ni catalanes ni gallegos, menos aún quienes hemos nacido en cualquiera de los demás territorios del Estado. Asistimos a la confrontación de intereses de las minorías privilegiadas que pugnan por controlar el dinero de los impuestos y los resortes del poder en los distintos territorios. De entre esos grupos destaca el nacionalismo español, heredero del nacionalcatolicismo franquista, que fue el nacionalismo imperante durante los cuarenta años de dictadura y que ahora continua siendo excluyente hacía los demás nacionalismos. En su pugna, estos grupos de interés, no dudan en utilizar los símbolos, como la bandera, o la lengua, como elementos de confrontación.

                Los ciudadanos y ciudadanas que componemos la pluralidad de pueblos del Estado español, necesitamos una convivencia pacífica y no de confrontación permanente, para avanzar en los retos comunes a todos los pueblos del Estado.

                Según el aludido último barómetro del CIS, las principales preocupaciones de la sociedad son la Economía, la Sanidad y el Empleo.

                Efectivamente, necesitamos que el Gobierno gobierne para que la especulación inflacionaria deje de esquilmar sueldos y pensiones. Especulación que toma su forma concreta en el conflicto de los agricultores, con los diferenciales entre los precios en origen y los precios de venta a los consumidores.

                Necesitamos que los gobiernos: central, autonómicos y municipales, cumplan con lo establecido en el artº 43 de la Constitución:

                “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

                La privatización de la Sanidad Pública ha llevado el sistema de salud a una situación que, lejos de “prevenir” asegura el caos cada vez que la situación se tensa. Esto fue brutal en la pandemia y acaba de ser nuevamente evidente en la epidemia anual de gripe invernal. Es por ello fundamental derogar los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, de 1986 y la ley 15/97, que habilitan a las comunidades autónomas a poner la Sanidad Pública en manos de las empresas privadas, trasladando el objetivo de “la Salud de los ciudadanos” a “los Beneficios de los accionistas”.

                Necesitamos que las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras deje de precarizarse, por lo que es preciso que el Gobierno derogue de verdad las reformas laborales de 2010 y 2012, las que han destruido y precarizado el empleo en este país, facilitando el despido, desregulando las condiciones laborales y abaratando los salarios.

                Por estos motivos, la amnistía debe servir para cerrar la brecha de convivencia que la política represiva del Gobierno de Rajoy abrió con Cataluña. No es una cuestión formal, es una necesidad democrática.