PP, VOX, PNV y JUNTS se unen para impedir el aumento de las pensiones y el escudo social para las familias más vulnerables
UGT y CCOO convocan movilizaciones el próximo 2 de febrero
El pasado miércoles 22 de enero tuvo lugar la derrota del gobierno en la votación para la aprobación de la Ley Ómnibus gracias a la alianza de PP, VOX, PNV y Junts, es decir, la derecha franquista y la derecha nacionalista y carlista.
Más allá de las estrategias de gobierno y oposición, y más allá de la posibilidad de aprobar a golpe de decreto ley gran parte de las medidas derogadas con la no aprobación de la Ley Omnibus, lo que queda claro es una cosa: a las derechas patrióticas (cada una con su bandera) le interesan bien poco los ciudadanos y ciudadanas, y les interesa muy mucho echar a Pedro Sánchez del Gobierno.
Unos, la derecha franquista, porque nunca reconocieron la voluntad mayoritaria del pueblo de conformar un gobierno de progreso. Los otros, la derecha nacionalista, con sus diferencias, porque siempre antepusieron el interés del mercado a los derechos sociales.
La alianza de la derecha franquista y la derecha nacionalista ha impedido la aprobación del paquete de medidas recogidas en la Ley Omnibus, demostrando que cuando les interesa se unen
Sea como sea, los efectos del No de Junts, PNV, PP y VOX a la Ley Omnibus no se han hecho esperar. Entre otros:
A la mañana siguiente de la no aprobación de la ley, RENFE comenzaba anunciar en la megafonía de todas las estaciones, el final de la validez de los abonos gratuitos de transporte que sobre todo utilizan estudiantes y trabajadores.
9,26 millones de pensionistas en toda España verán esfumarse el aumento del 2’8% de las pensiones contributivas (de hasta el 6% en muchos casos) y del 9% de las no contributivas
Desaparecen también los incrementos del Ingreso Mínimo Vital dirigidos a la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social y que en noviembre de 2024 afectaba a más de 2 millones de personas que conviven en 665000 hogares.
Desaparece momentáneamente el SMI hasta una previsible nueva regulación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que en España hay entre 2,2 y 2,5 millones de personas que cobran el salario mínimo interprofesional según los sindicatos.
Desaparece la prohibición de cortar la luz, el gas o el agua a los consumidores en situación de vulnerabilidad econòmica.
Desaparece la prohibición de deshaucios a familias en situación de vulnerabilidad y sin solución habitacional.
Desaparece la norma que permite agilizar la construcción de vivienda social.
Es necesaria una gran movilización social, política y sindical para defender las pensiones y derechos sociales negados por la derecha franquista y nacionalista
En definitiva, las derechas (las nacionalistas periféricas y centralista) unen sus fuerzas para negar a la mayoría social de nuestro país algunas de las medidas sociales que más impacto tienen sobre los ciudadanos. Como ha anunciado el secretario general de la UGT el Parlamento no puede secuestrar los derechos de la clase trabajadora, y por ello, han convocado movilizaciones el 2 de febrero para reclamar al Gobierno la aprobación de un nuevo paquete de medidas mediante un real decreto ley.
Se impone un nuevo escenario para revertir las consecuencias del NO de las derechas a la ley Omnibus que pasa por la aprobación por Decreto Ley del aumento de las pensiones y de aquellas medidas que pueden conseguir un consenso más amplio, pero también para iniciar una gran movilización social, política y sindical para parar los pies a la derecha.
Los trabajadores de la empresa Prezero que realizan servicios de recogida de basuras y limpieza viaria en diversos municipios de la comarca del Baix Penedés (Tarragona) llevan más de 2 meses de huelga exigiendo un salario digno que lleva congelado varios años.
Prezero es una empresa alemana del Grupo Schwarz, que también incluye las empresas comerciales Kaufland y Lidl, así como Schwarz Produktion. Con presencia en diversos países centroeuropeos, dio el salto a España presentándose a las licitaciones públicas de diversos servicios, incluyendo la recogida de basuras y la limpieza viaria, y ganando diversas licitaciones al presentar las ofertas más bajas de precio.
Adjudicar servicios públicos al «peor» postor trae como consecuencia problemas como los que están sufriendo en primera instancia los trabajadores de la empresa, con sueldos congelados desde hace varios años; ,,.y los vecinos de los municipios afectados, que ven como en sus pueblos se acumula la basura y la suciedad, llegando a generar verdaderos problemas de insalubridad.
El sistema de contratación pública y adjudicación de los servicios públicos obligatorios es un sistema perverso diseñado para que sean las grandes empresas las que se adjudiquen contratos millionarios.En las contrataciones públicas no se puede priorizar las empresas locales puesto que vulneraría el principio de «igualdad y libre competencia». Tampoco es fácil la concurrencia de empresas nuevas o autónomos, puesto que se suele puntuar los años de experiencia y la solvencia tanto técnica como económica, algo que es imposible para los nuevos emprendores, las cooperativas o las empresas de economía social, salvo que se trate de contratos reservados para ello, y debidamente justificado. Tampoco es fácil la introducción en los pliegos de las denominadas «cláusulas sociales» que sobre el papel, todo el mundo cumple.
De esta manera, lo que más puntúa sigue siendo la oferta económica, y aquí se produce una auténtica subasta a la baja, a la que solamente se excluye aquellas ofertas temerarias, aunque la temeridad se suele demostrar una vez los contratos ya se han adjudicado y están en marcha.
Además de lo anterior, algunos procesos de licitación, como los que afectan a servicios como la recogida de basuras y la limpieza viaria son muy complejos en cuanto a la elaboración de los pliegos. Se han de tener en cuenta las frecuencias, los sistemas de recogida de basura o limpieza, la maquinaria y el personal…sin olvidar el margen de beneficio de las empresas. Estos procesos de elaboración de los pliegos sistemas de recogida de basura o limpieza, la maquinaria y el personal… sin olvidar el margen de beneficio de las empresas. Estos procesos de elaboración de los pliegos técnicos son tan complejos y lentos, que cuando se inicia el proceso de licitación, a menudo, los costes reales han cambiado, máxime en una época tan convulsa como la actual, en la que el coste de la energía, y de todo se ha disparado. Claro está que las empresas no quieren renunciar a contratos tan importantes y a menudo realizan ofertas para contratos con 8 o 10 años de vigencia, a bajo precio, razón por la cual, quien acaba pagando el pato, son los trabajadores del servicio, así como los vecinos, quienes pagan estos contratos con sus impuestos, que reciben un servicio deficiente cuando se empuja a los trabajadores al conflicto.
Prezero es un buen ejemplo: Empresa alemana a la que se le han adjudicado los servicios en Castilla la Mancha (COMSERMANCHA), donde también están en conflicto; A Coruña, donde también han tenido conflicto, y ahora en los municipios de L’Arboç, Llorenç del Penedés, Banyeres del Penedés y Sant Jaume dels Domenys, todos ellos municipios de la comarca del Baix Penedés en Tarragona, donde los trabajadores llevan 70 días de huelga, y los alcaldes de los municipios han tenido que solicitar la emergencia sanitaria para poder recoger la basura tras dos meses de acumulación.
Una cosa está clara y es que, cuando no es posible internalizar un servicio y se ha de contratar privado, en los procesos de licitación pública, se debe tener en cuenta el salario de los trabajadores antes de adjudicar un contrato y la ley de contratos del sector público debiera garantizar la dignidad salarial de quienes prestan el servicio. Las licitaciones públicas no pueden seguir siendo subastas basadas en el bajo precio de la fuerza de trabajo.
Baltasar Santos Primer secretario PSC el Vendrell Comité de Redacción de TS
Desde la época de los chalecos amarillos, la clase obrera francesa está en lucha contra la política de recortes durante la presidencia de Macron.
En las elecciones de julio, donde se auguraba un triunfo de la extrema derecha de LePen, los franceses volvieron a mostrar al mundo que el cambio que Francia necesita no pasa por la extrema derecha ni tampoco por la continuidad de las políticas antiobreras de Macron.
De hecho, la mayoría de partidos de izquierda concurrieron a las elecciones de julio con una coalición en la que se integraba la Francia Insumisa de Melenchon, como grupo mayoritario, el Partido Socialista Francés, el Partido comunista y otras fuerzas.
El Nuevo Frente Popular obtuvo 182 escaños siendo la candidatura con mayor representación en la Asamblea Nacional.
Pese a todo, Macron desoyó el mandato popular y propuso como primer ministro a Barnier, al que apoyó la extrema derecha de RN, Ensemble (el partido de Macron) y los republicanos (el partido conservador de Barnier, que había obtenido un exiguo apoyo electoral).
La consigna era evitar que el NFP accediera al gobierno y continuar aplicando las mismas políticas neoliberales que hasta el momento.
El lunes 2 de diciembre, el gobierno anunció que aprobaría la ley de Financiación de la Seguridad Social que significaba un nuevo recorte al sistema público de seguridad social que incluye la congelación de las pensiones al negar la revalorización automática según la inflación. Esta ley que formaba parte de los Presupuestos para 2025 implicaba recortes de 60.000 millones junto a un aumento de los gastos militares.
Ante esta situación, la izquierda presentó una moción de censura para el jueves 4 de diciembre, que fue apoyada por 331 de los 577 diputados, consiguiendo por tanto derrocar al gobierno más efímero de la historia.
Nuevamente, el presidente Macron desoye el mandato popular y ha nombrado a otro primer ministro conservador, en este caso a François Bayrou, al que le acompaña Manuel Valls (ex primer ministro francés y cabeza de lista de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona en 2019).
Macron quiere seguir presidiendo la república francesa hasta 2027, por lo que está obligado a buscar aliados entre la izquierda, rompiendo la unidad de acción del NFP.
Sin embargo, su voluntad de seguir aplicando políticas de recortes sociales y de aumento del gasto militar, como exige la UE y la OTAN, están dificultando los acuerdos con los sectores de la izquierda que podrían sucumbir a una posible entrada en el gobierno de Macron.
A pesar de la presencia en el nuevo ejecutivo y del llamamiento a la «gran coalición» del exministro socialista François Rebsamen (quien ya había apoyado a Macron anteriormente), la posición del secretario general del Partido socialista (PS), Olivier Faure es clara:
«El PS se mantendrá en la oposición y cualquier miembro del PS que aceptase entrar en el Ejecutivo sería expulsado».
Hubiera sido un error para la izquierda, especialmente para el Partido Socialista, dejarse seducir por el canto de sirenas de Macron para formar un nuevo gobierno, y por tanto, es deseable mantener los equilibrios por la unidad de los partidos del NFP.
Haciendo un paralelismo con lo que sucedió en España cuando las plataformas de militantes se movilizaron por Pedro Sánchez y su No es No a acuerdos con el PP., hoy en Francia, los trabajadores gritan No es No, ningún acuerdo con Macron.
¡Macron dimisión!
Baltasar Santos 1er Sec PSC el Vendrell Comité de Redacción de TS
El 7 de diciembre el gobierno alemán presidido por el socialdemócrata Olaf Schlotz perdió la moción de confianza que presentó ante el Bundestag (parlamento).
El gobierno de coalición, formado por el Partido Socialdemócrata, el Partido verde y los liberales hacía semanas que se había roto al ser expulsado del gobierno el Partido Liberal, que exigía más recortes sociales para equilibrar el aumento del gasto militar previsto para 2025
La antigua canciller Angela Merkel ha presentado su libro Libertad, en el que no solo defiende su legado, sino que viene a decir, que Alemania y su industria ya no podrían «beneficiarse» de la energía a bajo precio de sus vecinos (en particular, de Rusia) sino que tendrá que adquirir la energía para su industria a los Estados Unidos (a mucho mayor precio).
El nuevo orden mundial no es en realidad nuevo. EEUU lleva décadas intentando desmontar la «Europa social» y ahora, que se ha hecho con el negocio del gas licuado y por ende, de la energía, pretende acabar con la industria europea, de la que la alemana ha sido santo y seña.
Mientras Schlotz pretendía cumplir con los compromisos establecidos con lla UE y la OTAN de mantener y ampliar el gasto militar…lo quería aplicar aumentando la deuda pública y sobrepasando la regla del techo de gasto.
La derecha tradicional alemana (CDU/CSU) propone, en cambio, siguiendo los dictados de Merkel, un nuevo «austericidio» mediante el cual se aplicarían recortes en lo público y se adornaría con una rebaja de impuestos para reactivar la economía.
La situación económica de Alemania y el impacto de la guerra de Ucrania golpean con crudeza a la clase trabajadora. Volkswagen, BASF, Thyssenkrupp Steel, ZF Friedrichshafen, Schaeffler, Bosch, Ford, Continental, Bayerm Goodyear, Miele…Más de 40000 trabajadores serán despedidos, y otros tantos verán sus salarios mermados, y su resistencia se expresa en huelgas y movilizaciones, pero también en la búsqueda de un cambio en la dirección política del país.
En las últimas elecciones estatales de 2024, en la que estaban en juego 88 escaños, el SPD obtuvo 32; la extrema derecha de Alternativa por Alemania, obtuvo 30, y la Alianza Sara Wagenknecht (izquierda), que se presentaba a unas elecciones por primera vez obtuvo 14 de los 88.
Las elecciones al Bundestag han sido convocadas para el 23 de febrero próximo, y las primeras encuestas prevén una derrota aplastante a los partidos del gobierno, SPD Verdes y Liberales y el crecimiento de dos formaciones situadas en las antípodas del espectro político: la extrema derecha, la AfD, y la llamada extrema izquierda, la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW). Son las fuerzas que aparecen, para muchos sectores de la juventud y de la clase obrera, como los que se oponen al sistema y, en particular, son las que se oponen a enviar armas a Ucrania.
De hecho, la cuestión de la paz aparece como una de los elementos centrales en esta situación preelectoral.
Concretamente, el BSW, que recoge a militantes y dirigentes desencantados del SPD y de Die Linke, ha encabezado las principales manifestaciones contra la guerra, contra el envío de armas a Ucrania, contra la instalación de misiles en Alemania y contra el genocidio de Gaza, todo ello bajo el lema «sin paz, no hay justicia social»
«Prosperidad sin codicia»
Su lema defiende la paz al mismo tiempo que el respeto de los convenios colectivos y el fortalecimiento de los servicios públicos, con la defensa de la educación y sanidad pública como puntas de lanza.
La situación política y social en Alemania hace saltar todas las alertas en Europa. También en España donde toda la industria alemana tiene fábricas y miles de trabajadores.
Baltasar Santos 1er Sec PSC el Vendrell Comité de Redacción de TS
Referencias al federalismo en la ponencia base del 41º congreso del PSOE
En el TS 158, Eduardo Hernández y Baltasar Santos, publicábamos en esta misma sección un artículo sobre federalismo: https://wordpress.com/post/tribunasocialista.com/5064 En él hacíamos un recorrido histórico del federalismo en nuestro país, y llamábamos la atención sobre la necesidad de avanzar en el federalismo, evitando el dumping fiscal y la deslealtad entre autonomías; la necesidad de avanzar en un modelo de financiación más justo; y la necesidad de avanzar en un modelo de país en el que se garanticen los derechos sociales y los servicios públicos. La ponencia base del 41º congreso del PSOE sitúa esos mismos temas en el texto. Analizamos
“Una España cohesionada en la diversidad
(…) España aún tiene mucho que hacer para convertirse en ese país territorialmente justo y cohesionado con el que soñamos todos y todas las socialistas.
Destacan cuatro grandes desafíos de aquí al 2030.
El primero y más urgente es lograr un sistema de financiación autonómica que sea más justo y sostenible. Cada reforma ha incrementado los recursos disponibles para todas las Comunidades Autónomas, ha profundizado en su autogobierno, ha mejorado la corresponsabilidad fiscal, y ha garantizado la solidaridad. Sin embargo, este modelo sigue presentando deficiencias en términos de equidad y eficiencia que deben ser corregidas. Persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado, lo que genera una redistribución donde las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal acaban recibiendo menos recursos que otros territorios.
Además, el sistema actual tiene una fuerte descentralización del gasto, pero una corresponsabilidad limitada en los ingresos, lo que desincentiva una gestión tributaria responsable y permite que algunos gobiernos autonómicos jueguen al populismo fiscal, practicando el dumping y bajando los impuestos a sus élites económicas mientras solicitan más fondos al Gobierno central. Por último, el actual sistema tampoco resuelve adecuadamente el problema de las singularidades territoriales, y nos impide recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas realidades demográficas y climáticas, que exigen mayores niveles de inversión en servicios básicos e infraestructuras.
El segundo desafío al que nos enfrentamos es profundizar la cohesión económica y social del territorio. La apertura comercial y la integración del Mercado Único europeo han permitido a las regiones y ciudades capitales explotar sus ventajas competitivas, mientras que los territorios menos industrializados y densamente poblados han comenzado a quedarse rezagados. Esta dinámica –que se da en toda Europa– ha generado la paradoja de que, mientras los Estados miembros han seguido un proceso de convergencia, internamente las diferencias entre Comunidades Autónomas han aumentado. Si queremos ser un país verdaderamente cohesionado que saca lo mejor de sí mismo y que trata a todos sus ciudadanos y ciudadanas por igual, tendremos que ser capaces de corregir esta tendencia y alcanzar un mejor equilibrio territorial. Para lograrlo, tendremos que ahondar en el proceso de federalización del Estado.
España es un caso de éxito en su proceso de descentralización. En muy poco tiempo, hemos pasado de ser un Estado fuertemente centralizado a ser considerado un país casi federal. Sin embargo, quedan pendientes de desarrollar herramientas federales de coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales que mejoren el funcionamiento de nuestro modelo territorial, la co-gobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos. Es necesario mejorar la claridad del reparto competencial, el papel del Senado como cámara de representación territorial, o institucionalizar las relaciones entre comunidades autónomas. No es razonable, por ejemplo, que pacientes graves tengan que trasladarse cientos de kilómetros para recibir un tratamiento, cuando pueden hacerlo más cerca en la comunidad autónoma vecina.
Objetivos y medidas
Para responder a los desafíos mencionados, los y las socialistas pensamos que España debe avanzar en esa federalización justa y solidaria que recoge la Declaración de Granada y construir un modelo autonómico más descentralizado y con mayor capacidad de integrar su diversidad.
Reducir a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado que recibe cada CCAA del sistema de financiación en el marco del nuevo modelo que se acuerde (hoy, la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada es del 30%).
Impulsar la convergencia de la renta per cápita entre todas las CCAA.
Estos objetivos son ambiciosos, pero podemos alcanzarlos si seguimos avanzando por la senda de los últimos años, redoblamos nuestra ambición y actuamos en tres frentes prioritarios.
I. Reforma de los Sistemas de Financiación Autonómica y Local.
Impulsaremos una reforma del sistema de financiación autonómico que 1) aumente los recursos disponibles de todas las Comunidades Autónomas para que todas dispongan de más recursos que en la actualidad; 2) revise la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF; 3) optimice el cálculo de los pagos a cuenta y retenciones de IRPF para que el impacto de las decisiones de las CCAA sea más inmediato; 4) modifique la fórmula de población ajustada para mejorar el cálculo de necesidades y de la capacidad fiscal normativa a competencias homogéneas; 5) negocie un alivio de la deuda pública de las Comunidades Autónomas generada durante la crisis financiera; 6) federalice la dirección de la AEAT para dar más capacidad de decisión a las Comunidades Autónomas y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas; y 7) compatibilice multilateralidad y bilateralidad con un común denominador del sistema perfectamente conciliable con el adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades y el mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal.
Para mejorar la financiación de las Entidades Locales, 8) reequilibraremos los recursos disponibles entre Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos insulares; 9) determinaremos el mapa de sus competencias para mejorar la prestación de los servicios de proximidad; 10) modernizaremos sus fuentes de financiación locales y les dotaremos mayor previsibilidad para la elaboración de sus presupuestos; 11) avanzaremos en su corresponsabilidad fiscal, reduciendo la condicionalidad de sus recursos e incorporando de forma explícita el principio de lealtad institucional, y 12) apoyaremos el uso de inversiones financieramente sostenibles para la ejecución de proyectos de viviendas sociales y asequibles.
II. Impulso de un modelo menos centralista y más solidario, que ayude más a los territorios menos desarrollados. El centro de la Península es un motor clave del crecimiento económico de nuestro país, pero en modo alguno puede o debe ser el único. Los y las socialistas creemos en un país en el que las oportunidades se reparten por todo el territorio y la riqueza se genera de forma descentralizada, colaborativa y transversal, aprovechando las ventajas competitivas de cada Comunidad Autónoma. Por eso, 13) seguiremos usando los Fondos Europeos para generar industria y redinamizar el tejido productivo en todos los territorios más allá de la capital; 14) duplicaremos la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial; y 15) lo convertiremos en un verdadero Fondo de Desarrollo Autonómico, tan ambicioso como los PERTE, que compense la pérdida de fondos estructurales europeos por las Comunidades Autónomas menos desarrolladas, parta del diseño de planes de desarrollo regional holísticos, y adopte la perspectiva de las “políticas basadas en lugares” que recomiendan los principales estudios.
III. Más federalismo, autogobierno y co-gobierno.
Al mismo tiempo, seguiremos avanzando hacia la federalización del Estado 16) mejorando los mecanismos de cooperación vertical y horizontal, definiendo formalmente la Conferencia de Presidentes como órgano director de las actuaciones de co-gobernanza, creando nuevas vías para la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos estatales de su interés, y reforzando las comisiones bilaterales como órgano de resolución de desacuerdos. También 17) apostaremos por reformar el Senado y convertirlo en una Cámara de representación territorial que refleje de forma equilibrada la voluntad de las Comunidades Autónomas; 18) continuaremos transfiriendo competencias a aquellos gobiernos autonómicos que lo soliciten; 19) trabajaremos para actualizar los Estatutos de Autonomía pendientes de reformar; y 20) seguiremos apostando por la protección, el estudio y el uso de las lenguas co-oficiales en todos los ámbitos, dentro y fuera de nuestro territorio.
Si adoptamos estas medidas de aquí a 2030, tendremos una España más descentralizada y cohesionada, capaz de convertir la diversidad de sus territorios en su máxima fortaleza, y de armonizar las particularidades de cada Comunidad Autónoma con el interés colectivo de todas.”
(hasta aquí el texto de la ponencia)
Comentarios al texto de la Ponencia
Coincidiendo con algunos de los aspectos del diagnóstico sobre la situación actual, como el dumping fiscal, las consecuencias negativas de la integración europea para los territorios menos industrializados, o la necesidad de encontrar un sistema de financiación autonómica y local más justo… deberemos plantear algunas cuestiones sobre las que será necesario profundizar:
Defender lo público
La primera de las cuestiones es garantizar que tanto la recaudación de impuestos con una futura agencia tributaria descentralizada sirve al propósito de mejorar los servicios públicos para los ciudadanos, y no una nueva herramienta para bajar impuestos a los más ricos mientras que se privatizan los servicios públicos.
Tenemos experiencias sobradas de utilización indebida del dinero con el que los trabajadores contribuimos al Estado para fines que no son la mejora de los servicios públicos. Por ejemplo:
-La utilización de las cotizaciones a la seguridad social para fines espurios sigue pendiente de auditoría; mientras se duda continuamente de la no sostenibilidad del sistema de pensiones.
– En materia tributaria, hemos asistido a que el margen tributario sobre el que deciden las autonomías es utilizado para bajar impuestos a las rentas más altas y a las empresas, en una práctica conocida como dumping fiscal, mientras se privatizaban o eliminaban servicios públicos. Los casos más sangrantes son la privatización de la sanidad en la comunidad de Madrid (con influencia directa en la muerte de las personas mayores en la residencia), o la eliminación del servicio de emergencias en Valencia, que podría haber salvado decenas de vidas, ante desastres como la DANA.
Los servicios públicos son los garantes de la justicia social, y para su financiación son necesarios los impuestos.
Por tanto, estando de acuerdo en una federalización de la recaudación de impuestos, y en una clarificación de las competencias, no es menos cierto que es necesario garantizar que la gestión de los impuestos debe servir para financiar los servicios que la mayoría social necesita. Por tanto, deben introducirse principios como lealtad institucional y justicia social para que la reforma federal signifique una mejora para los derechos de la ciudadanía.
Defender la industria y los puestos de trabajo
El propio texto de la ponencia base reconoce dos cuestiones básicas:
– Que el mercado único europeo ha traído consecuencias negativas para las regiones menos industrializadas y más densamente pobladas.
– Que los Fondos Europeos se han utilizado para generar industria y redinamizar el tejido productivo, sobre todo en Madrid.
Dicho de otra manera, faltan planes de desarrollo regional que hagan llegar los fondos europeos a todas las regiones. Lo cual requiere una planificación de nuestro tejido productivo, no solo industrial, sino en todos los sectores: el campo, la extracción y el aprovechamiento de las materias primas, el abastecimiento energético, las infraestructuras… y que las inversiones públicas (el texto habla solo de los fondos europeos) se repartan equitativamente por todo el territorio, y déjenme decirlo: que dejen de ser inversiones que las empresas aprovechan para «modernizarse» automatizando procesos y despidiendo a los trabajadores.
Por tanto, una federalización del Estado ciertamente debe incidir en la cohesión territorial vía desarrollo de la actividad económica e industrial de forma coordinada, planificada y equilibrada territorialmente, pero también por la vía de que la inversión pública se dedique a un sistema productivo público que garantice el abastecimiento energético, el desarrollo sostenible y el mantenimiento y creación de empleo digno, bien retribuido y con derechos.
El que espere en este artículo una crítica feroz contra la política ya puede dejar de leer, y que se dedique a ver los programas de Iker Jiménez, o los de la iglesia, que se documente en los videos y noticias que aparecen en su móvil o que se dedique a escuchar las emisoras de radio oportunistas y antipolíticas de la derecha. La política es el arte del diálogo y la colaboración entre posiciones diferentes para conseguir objetivos comunes para el bien general de la sociedad. Por tanto, la política es necesaria. Otra cosa es que determinadas ideologías aplicadas a la política matan personas. El neoliberalismo que preconizan Milei en Argentina o los sectores más conservadores, mayoritarios hoy día en el PP, suponen una reducción del Estado y, por tanto, una reducción de los servicios públicos, y una flexibilización extrema para favorecer la entrada del sector privado en la gestión de los servicios que son del interés general. En EE. UU., paradigma en declive de este modelo, no solo la sanidad y la educación son mayoritariamente privados (la parte pública es residual e infradotada económicamente), sino que incluso muchas prisiones son privadas, y claro, hay que llenarlas para favorecer el negocio.
El liberalismo económico que predica la derecha supone eliminación de servicios públicos y mata personas
Normalmente, la gestión pública garantiza la equidad del sistema y la ausencia de discriminación racial, social o de cualquier otro índole. La gestión privada, en cambio, persigue valores lo más altos posible en su cuenta de resultados. Cuando se habla despectivamente de lo público se suelen encontrar motivos basados en la tardanza o en la excesiva (en ocasiones) burocratización del sistema. Pero los servicios públicos son necesarios. Dos ejemplos: La gestión de las riadas de l’Horta en Valencia causado por la DANA Las DANAS, anteriormente conocidas como gotas frías, son fenómenos meteorológicos que nos sacuden con crudeza periódicamente. Los temporales seguramente serán más devastadores y frecuentes por el cambio climático. No tengo datos para sostener esta afirmación, pero me baso en lo que leo en medios reputados donde escriben expertos científicos. Sea como fuere, la descarga brusca de lluvia torrencial no parece evitable, pero sus consecuencias sí. Recordemos que las consecuencias son la muerte de decenas de personas (220 muertes en la DANA de Valencia contabilizadas en el momento de escribir estas líneas), la pérdida de bienes y patrimonio (personal y colectivo), el colapso o desabastecimiento de servicios básicos (agua, luz, gas, telecomunicaciones, movilidad), el cierre de la actividad económica y productiva y el esfuerzo físico, psicológico y económico (personal y colectivo) que conlleva la reparación del daño acaecido. Estas consecuencias sí que son evitables.
La descarga brusca de lluvia torrencial no parece evitable, pero sus consecuencias sí
Una de las primeras decisiones políticas ultraliberales que tomó el gobierno valenciano (2023. PP y VOX) fue acabar con la Unidad de Emergencias de Valencia. Era un servicio público calificado como «chiringuito» y como una «carga burocrática excesiva». Es decir, se cargan un servicio público esencial que hoy podría haber salvado vidas.
El gobierno de Valencia desmontó la Unidad de Emergencias porque decían que era un chinguito y una carga burocrática excesiva. Hoy podría haber salvado vidas.
No hablaré de las prioridades del gobierno valenciano, cuyo presidente, transmitió su desinformación como si fuera información veraz, cuando no lo era, pero recuerden como se intentaba evitar la llegada de voluntarios de toda España diciendo más o menos que eran un estorbo. Y recuerden que el Presidente (todavía hoy) de la Comunidad Valenciana prefería estar en una comida de 4 horas con una periodista a la que quería enchufar para que dirigiera la televisión valenciana de una determinada manera, que llegar a tiempo a la reunión de coordinación de la emergencia que se estaba dando en ese mismo momento, con las consecuencias que ya sabemos
Un determinado tipo de políticas tienen la culpa. Eliminar los servicios públicos tienen consecuencias, sin entrar a valorar la capacidad de gestión de algunos políticos como los que integran el gobierno valenciano. Las políticas de defensa de lo público salvan vidas. Ahí están los ejemplos de la creación en 2005 de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por parte del Gobierno de España (2004-2008). Ahí están los recursos públicos invertidos para recuperar los servicios básicos o para rescatar personas, y en el peor de los casos, recuperar los cuerpos de las personas fallecidas. Ahí están las ayudas económicas que salen de nuestros impuestos para intentar aliviar los problemas de los damnificados. Todo eso se mantiene con dinero público, es decir, con el dinero que todos aportamos con nuestros impuestos. Cuando alguien dice voy a rebajar impuestos hay que responderle «qué servicio público quieres reducir o quitar». Por ello, y sin desmerecer ni un ápice a los miles de voluntarios que solidariamente están colaborando en las tareas de reparación, rescate y reconstrucción de la catástrofe, «el pueblo salva al pueblo, también con los impuestos».
Cuando alguien diga que quiere rebajar impuestos hay que preguntarle qué servicio público quiere quitar, y por qué.
La gestión de las residencias de personas mayores en la CA de Madrid en época del COVID Para el segundo ejemplo no me extenderé tanto. Basta una imagen para recordar que los recortes en sanidad realizados por Ayuso (PP) en Madrid han causado que 7291 personas mayores hayan fallecido en las residencias de mayores sin recibir asistencia sanitaria. Las políticas neoliberales de eliminación de lo público unido a la infame gestión política de las derechas de los recursos públicos provocan muerte y destrucción que eran evitables. Qué tiempos aquellos en que algunos partidos políticos solo amparaban la corrupción, robaban y conspiraban. Sus políticas también matan.
Las políticas neoliberales de eliminación de lo público unido a la infame gestión política de las derechas de los recursos públicos provocan muerte y destrucción que eran evitables.
Los ciudadanos y ciudadanas debemos apostar por políticos y políticas responsables, competentes y que antepongan el bien colectivo al bien propio. Las políticas que apuestan por la recaudación justa de impuestos para financiar los servicios públicos que nos ayudan a todos son más que nunca necesarias.
¡Qué tiempos aquellos en que el PP solo era una partido corrupto, mafioso, y conspirador. Ahora sus políticas también matan.
Exigir que nuestros impuestos se aprovechen para lo prioritario es tarea de cada uno de nosotros individualmente y de nuestras organizaciones vecinales, y fundamentalmente sindicales y políticas, en las que la mayoría social debería organizarse más para empoderarse colectivamente.
Baltasar Santos 1r Secretario PSC el Vendrell Comité de Redacción de TS
España tiene una oportunidad de oro de avanzar hacia un modelo federal de España que por una parte permita un mejor encaje de los pueblos de España, y que por otra parte permita mejorar la infrafinanciación autonómica que sufren el conjunto de comunidades. La derecha y ultraderecha españolas se oponen sistemáticamente a cualquier iniciativa del gobierno. En el caso de la financiación singular de Cataluña no podía ser menos. De todos es sabido que negar cualquier iniciativa que salga de Cataluña representa un aumento del rédito electoral para el PP y VOX (también para García Page). Pero negar la mejora de la financiación de Cataluña es también negar la posibilidad de mejorar la financiación de Andalucía y Valencia, que tienen estatutos de autonomía calcados al de Cataluña, y negar la posibilidad de que a corto y medio plazo, el resto de autonomías pueden imitar el modelo si modifican sus estatutos. La llamada financiación singular de Cataluña no es otra cosa que un modelo de financiación federal como el que tienen en Alemania, sin que a nadie se le ocurra decir que «Alemania se rompe». De hecho, en España ya coexisten 2 régimenes diferenciados, el de la financiación singular de Navarra y el Pais Vasco, y el regimen común, en el que hasta ahora están el resto de comunidades autónomas. Nada pasará si a ese regimen especial o singular se suma Cataluña, Andalucía y Valencia, si así lo desean, y sigue existiendo el regimen común para el resto de autonomías. Como decía anteriormente, Alemania es quizás el país que tiene el modelo que más se parecería a la financiación singular propuesta para Cataluña. Los länder alemanes recaudan en nombre del Gobierno federal los principales impuestos del país y se quedan con la parte que corresponde a las regiones. Los länder recaudan directamente IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades. Los gobiernos regionales se quedan con una parte de los impuestos y el resto va al Estado. El reparto es distinto al que existe en España ya que a la regiones les corresponde el 42,5% del IRPF y el 50% del impuesto de sociedades. Tras recaudar el 100% de los impuestos se quedan con ese dinero y el resto se envía al Gobierno federal. Posteriormente es el Estado el que transfiere los recursos a los municipios o a las regiones que lo necesitan para equilibrar la financiación entre territorios especialmente con las regiones más pobres del país.
El modelo alemán puede servir de ejemplo para mejorar la financiación de todas las comunidades autónomas y acabar con el dumping fiscal que ejerce la comunidad de Madrid
En Alemania aunque los länder gestionan la mayoría de los tributos no tienen capacidad normativa pero pueden ejercer sus derechos a través del Senado. En España, en cambio, las comunidades autónomas apenas tienen capacidad de influencia en la política fiscal en el Senado (a pesar de que la constitución establece que el Senado debería ser la cámara de representación autonómica) pero sí que tienen capacidad normativa, con algunas competencias compartidas y otras exclusivas. La falta de capacidad normativa provoca que los länder no pueden subir los impuestos o bajarlos en las regiones como sí sucede en España, creando Dumping fiscal, como es el caso de Madrid, que baja los impuestos a las rentas más altas y a las empresas con el objetivo de competir deslealmente con el resto de comunidades. De hecho, el último ejemplo de dumping fiscal lo hemos tenido este mismo mes, en el que Renault ha decidido trasladarse de Valladolid a Madrid para ahorrarse impuestos, y la comunidad de Castilla Leon dejará de ingresar 282 millones de euros. A Ayuso ya le va bien, está dispuesta a renunciar a los impuestos para seguir privatizando la sanidad y la educación, y dejar morir a más ancianos en las residencias. La misma «libertad» de Ayuso es la de Milei en Argentina. Para ellos, decir «viva la libertad, carajo» es renunciar a los servicios públicos. Volviendo al tema de la financiación, mientras en Alemania los länders no pueden competir fiscalmente entre sí, en España sí que se puede, y de hecho se hace dumping fiscal. El modelo que prevé el pacto PSC-ERC para Catalunya aunque es similar al vasco, puesto que prevé quedarse con la recaudación y hacer una aportación al Estado, cuenta con elementos de corrección y estabilización como la cuota de solidaridad al estilo del sistema alemán para que todas las comunidades tengan un nivel de prestaciones similar. Esa “factura” solo quedará limitada por el principio de ordinalidad. Ese mecanismo prevé que Catalunya mantenga su puesto en el ránking de recursos antes de aportar a la caja común y después de recibir las cuantías correspondientes. En conclusión, España podría establecer sin problema una financiación singular para aquellas comunidades que lo deseen, compatible con el modelo de regimen común para el resto de autonomías, y acabar de una vez con la competencia fiscal de algunas autonomías como la de Madrid. De hecho, este sería un avance importante en sentido federal, siguiendo como ejemplo el modelo alemán.
Baltasar Santos 1er secretario PSC el Vendrell Miembro del comité de redacción de TS
Tribuna Socialista 
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