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Entrevista: Julio Rodríguez López

Julio Rodríguez López es natural de Motril (Granada), Doctor en Ciencias Económicas por la UCM, Estadístico Superior del Estado al servicio del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Economista Titulado del Servicio de Estudios del Banco de España, Consejero de Economía e Industria de la junta de Andalucia (1982-1985). Fue presidente del Banco Hipotecario de España en el periodo 1985 – 1994, presidente de Caja Granada, 1994 – 2001, presidente del Consejo Social de la Universidad de Granada (1999 – 2003), gerente de la Universidad de Alcalá de Henares (2006 – 2008) y, desde 2002 es vocal del Consejo Superior de Estadística (INE).

Pregunta.- El presidente de Correos, Pedro Saura, (se puso al frente de la entidad a finales de 2023), ha hecho públicas las líneas generales del Plan Estratégico de Correos para el quinquenio 2024-20028, que incluye un eje de servicios financieros. Con lo que conoces de este plan ¿Qué opinión te merece?

De entrada, considero que el presidente de Correos aporta ideas positivas en la entrevista, en la que destaca su propósito de crear una entidad de dinero electrónico (EDE) y su interés por recuperar “los antiguos valores” de la Caja Postal de Ahorros, entidad que se integró en Argentaria, corporación esta última que, en 1999, el gobierno presidido por el Sr. Aznarterminó de vender al BBV, que pasó a ser el BBVA. Se trata ahora de que la SEPI autorice el primer paso anunciado por Pedro Saura. Una EDE no es un banco y solo puede prestar servicios básicos, pero así y todo puede contribuir a reducir la exclusión financiera que sufre sobre todo la “España vaciada”. Será importante conocer el talante del gobierno y del Banco de España ante el propósito del presidente de Correos.

El sistema financiero español adolece de una excesiva concentración. Cuatro entidades (Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell) concentran más del 70% de los activos bancarios, posiblemente el sistema bancario con mayor concentración de activos bancarios en manos de unos pocos bancos en Europa. Se trata de un auténtico oligopolio bancario con amplias consecuencias negativas y que aún se puede concentrar más si el BBVA absorbe al Banco de Sabadell.

Una EDE no es un banco y solo puede prestar servicios básicos, pero así y todo puede contribuir a reducir la exclusión financiera que sufre sobre todo la “España vaciada”

El sistema financiero español adolece de una excesiva concentración. Cuatro entidades concentran más del 70% de los activos bancarios (…).Se trata de un auténtico oligopolio bancario con amplias consecuencias negativas

De izquierda a derecha: Tomás Gómez (Secretario General del PSM-PSOE 2007-2015, Raquel Belinchón (Secretaria General de la Agrupación de Pozuelo)y Julio Rodríguez López.

Pregunta.-Según datos de Correos, de los 8.132 municipios que hay en nuestro país, 4.500 tienen menos de 5.000 habitantes, y de ellos, 3.400 no tienen sucursal bancaria ¿Se está a tiempo de revertir la exclusión financiera que afecta a cerca de 2 millones de personas?

La exclusión financiera (incapacidad para acceder a los servicios financieros necesarios de forma apropiada) que se ha producido, sobre todo a nivel territorial, va a ser difícil de paliar. Es posible corregirla o paliarla, sobre todo si existe voluntad política de mejorar la situación que se ha creado tras la reducción sustancial del número de sucursales y también de cajeros. Los protocolos firmados por las patronales bancarias” para acabar con la exclusión financiera de los mayores” en 2021 y 2022 han supuesto solo mejorías parciales de la situación.

Pregunta.- Hay cerca de 2 millones de personas que no tienen acceso físico a una entidad financiera, pero casi 13 millones, más del 26% de la población, está en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Las entidades financieras privadas también excluyen en función de la capacidad económica ¿Qué banca básica debería proporcionar el Estado para paliar estos tipos de exclusión?

La mejoría de la situación de la población en riesgo de exclusión social corresponde sobre todo a la política socioeconómica de todas las administraciones públicas. Las entidades de crédito deben de colaborar con dichas políticas sociales. El Estado debe de contribuir a queel sistema financiero esté menos concentrado que en este momento, para lo cual es necesario que exista un segmento de banca pública. Este debe de estar compuesto por el ICO, reforzado en su capacidad de préstamo, y por una mayor presencia de Correos, primero a través de la EDE para la que necesita de autorización, y después con la extensión de la EDE hasta un banco público que aproveche la extensa red de oficinas de correos -en torno a 2.400- para reducir la exclusión bancaria derivada del cierre masivo de sucursales y de cajeros de las entidades privadas. A esto hay que añadir la creación definitiva de la Autoridad de defensa del cliente financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y los clientes.

Es necesario que exista un segmento de banca pública (…) compuesto por el ICO (…) y con la extensión de la EDE hasta un banco público que aproveche la extensa red de oficinas de correos para reducir la exclusión bancaria derivada del cierre masivo de sucursales y de cajeros de las entidades privadas.

Pregunta.-Eres buen conocedor de la situación de la vivienda social y del drama que sufren muchos españoles y españolas, particularmente la juventud ¿Las políticas de vivienda social se pueden ver favorecidas por un instrumento de banca pública, por ejemplo recuperando el enfoque social de las hipotecas que otorgaban las cajas de ahorro en los tiempos en los que no competían con los bancos?

Desde la década de los años noventa desapareció el Banco Hipotecario de España (BHE), integrado en el BBVA. La cartera de crédito de dicho banco público equivalía al 40% de la financiación crediticia destinada a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Dicho banco tenía en 1991 presencia en las capitales de casi todas las provincias de España, presencia que estimuló el gobierno socialista en los años ochenta para lograr el cumplimiento de los planes plurianuales de vivienda. Estos planes promovían la construcción de un volumen significativo anual de nuevas VPO, en su mayoría destinadas a la venta en propiedad. El resto de la financiación crediticia para la promoción y venta de las VPO lo habían aportado las cajas de ahorros. Estas entidades suponían el 50% del sistema financiero español en 2007 y destinaban un tercio de sus beneficios a la Obra Benéfico-Social, con la que subvencionaban abundantes actividades sociales y culturales.  La crisis de 2007-08 afectó seriamente a las cajas, que habían concentrado el 63% de su cartera de créditos en préstamos al subsector inmobiliario. Las ayudas públicas destinadas a sanear el sistema bancario (unos 63.000 millones de euros)impulsaron el cambio desde cajas de ahorros a bancos, con lo que desde la segunda década del siglo XX desaparecieron en la práctica las cajas como banca alternativa.

El Plan Cuatrienal de Vivienda 2013-2016 fue el primero de los planes plurianuales de vivienda en no incluir objetivos de VPO a iniciar ni tampoco recogió garantía de financiación crediticia para la promoción de viviendas protegidas, situación que se ha repetido en los posteriores planes plurianuales. El número de viviendas protegidas iniciadas y terminadas descendió de forma espectacular a partir de dicho plan cuatrienal, establecido por el gobierno del Partido Popular. Las calificaciones definitivas (viviendas terminadas) anuales de viviendas protegidas pasaron de 53.300 en 2012 a 8.850 en 2023, evolución que ha contribuido a acentuar el problema de la vivienda en España desde la década de los años noventa.  La desaparición de las cajas de ahorros y del BHE ha contribuido, pues, a exacerbar el problema citado.

Las viviendas protegidas anuales pasaron de 53.300 en 2012 a 8.850 en 2023, evolución que ha contribuido a acentuar el problema de la vivienda en España desde la década de los años noventa

Pregunta.-¿Sufre el Estado un problema de dependencia respecto a las entidades financieras privadas, por ejemplo cuando tiene que acudir a ellas para poner en circulación las líneas de crédito que lanza el Instituto de Crédito Oficial (ICO)? Y ¿Estas líneas de crédito, no se desvirtúan por el encarecimiento que las entidades privadas imponen a los destinatarios, en forma de seguros u otros productos propios?

Tanto la AIREF como la propia Comisión Europea han indicado que sería conveniente que el ICO prestase directamente a las actuaciones de política económica y que no se limite a traspasar los recursos prestables, en gran medida procedentes de los fondos europeos, a los bancos privados, que priorizan la distribución de tales recursos a sus clientes preferentes. El ICO debe, pues, de prestar directamente a los sectores favorecidos por los objetivos de política económica, lo que requiere de una mayor dimensión de dicha entidad pública. Dicha actuación del ICO resulta muy necesaria para conseguir financiar un mayor volumen de viviendas protegidas. El ICO debería de abrir oficinas en las capitales de provincia para favorecer un mayor acceso a la financiación que aporta, en mejores condiciones que la banca privada.

El ICO debería de abrir oficinas en las capitales de provincia para favorecer un mayor acceso a la financiación que aporta, en mejores condiciones que la banca privada

Pregunta.- Si finalmente el Plan Estratégico sale adelante ¿En qué medida el ICO podría formar parte de ese polo de banca pública?

El ICO es en la práctica el único componente de la banca pública, situación que se prolongará hasta que Correos amplíe su presencia en la prestación de servicios financieros a los hogares y se pueda volver a crear una entidad de características equivalentes a la desaparecida Caja Postal de Ahorros.

Pregunta.-¿Qué opinas sobre la confusión que hay entre banca pública y que el Estado tenga un porcentaje accionarial de una entidad, como fue en la etapa en que el Estado era propietario del 60% de las acciones de Bankia u hoy que tiene el 17% de las acciones de Caixabank?

La participación estatal en el 17% de los recursos propios de Caixabank no parece tener incidencia en la actuación de esta entidad bancaria. El valor de dicha participación debería destinarse a reforzar el segmento real de banca pública.

Correos lanza la creación del germen de lo que podría ser un banco público

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista.

Cada vez es más clara la necesidad de Banca Pública

Por tercer año consecutivo, los bancos españoles han batido récord de beneficios. Solo eloligopolio que concentra más del 70% del mercado financiero, compuesto por: Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankinter, ha ganado más de 26.000 millones de € en 2023.

Un incremento medio del 18,22% en 2022 y del 26,71% en 2023, en tanto que sus plantillas, como muchos otros trabajadores, tienen una pérdida acumulada de poder adquisitivo de entre el 9% y el 12%. Es más que comprensible que los sindicatos del sector financiero se estén movilizando y que hayan convocado una huelga para el 22 de marzo.

                Los banqueros, en las juntas de accionistas venderán que los resultados obedecen a la magnífica labor de los equipos directivos y los consejos de administración, justificando así que la presidenta del Santander gane 11,7 millones de euros, que el presidente del BBVA 8,29 millones de euros o que el presidente de Caixabank 2,2 millones de euros al año (datos de 2022, pues aún no se han publicado las retribuciones de 2023).

                Nada dirán de las horas de trabajo no pagadas a sus trabajadores y trabajadoras, ni de los procesos de ansiedad que hacen padecer a sus plantillas por la carga de trabajo y la consecución de objetivos. No cuantificarán los recortes de personal o los obtenidos por cierre de miles de sucursales. Ni explicarán que los beneficios proceden de las comisiones abusivas a los clientes. Mucho menos pondrán el acento en que por un préstamo personal están cobrando entre un 5% y un 12% TAE, según la entidad y la cuantía.Como no han dudado a la hora de subir el coste de las hipotecas, llevando al límite a muchos de los hipotecados.

                Estos emperifollados banqueros viven en su burbuja de avaricia, pues por un lado saquean a sus clientes y cada día les dan un peor servicio, y por otro se hacen los remolones para pagar intereses por los depósitos. Cómo será de escandaloso que, hasta el Banco Central Europeo (BCE), llama la atención a los bancos españoles por “quedarse atrás a la hora de retribuir los depósitos”.

                Frente a esta orgía de beneficios económicos, los banqueros lloran lágrimas de caimán porque el Gobierno les ha hecho pagar 637 millones de euros, – las compañías energéticas han pagado 817- del gravamen extraordinario.Pero no recuerdan que para obtener esos beneficios fueron dopados con más de 100.000 millones de euros de dinero público; entre el dinero para el saneamiento bancario, 65.000 millones, más los 35.000 de la Sareb que la Comisión Europea obligó a que el Estado lo cubriese con deuda pública, de esa que pagamos todos.

                Si a lo expresado hasta aquí añado la exclusión financiera que el cierre de oficinas bancarias ha ocasionado en la “España vaciada”, a lo largo de los tres últimos lustros, la conclusión es que se hace más necesario que nunca que el Estado se dote de Banca Pública. Una prueba cuantitativa de ello es que los ahorradores se están llevando el dinero de los depósitos a los productos de ahorro que ofrece el Banco de España: desde noviembre de 2022 a noviembre de 2023 se ha pasado de 950 millones en Letras del Tesoro, a 23.977, es decir, que se ha experimentado un crecimiento del 2.424%. Los pequeños ahorradores, los que necesitan un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda, los que necesitan banca básica, requieren que el Estado les dé una solución.

                Incluso el propio Estado necesita una solución para no depender de las entidades privadas, a la hora de hacer llegar a sus destinatarios las campañas de ayuda que lanza el Instituto de Crédito oficial (ICO). Esto ya ocurrió en la etapa de pandemia, cuando el Gobierno lanzó las líneas de avales para facilitar liquidez a empresas y autónomos. Más de 91.000 millones de euros que se gestionaron a través de las entidades financieras. Los bancos aprovecharon para colocar sus productos condicionando a los beneficiarios de las ayudas públicas. Ocurre otro tanto de lo mismo ahora, con la línea de 2.500 millones de euros en avales que el Gobierno ha lanzado para la adquisición de vivienda para jóvenes menores de 35 años; las entidades pretenderán colocar los seguros de protección hogar de sus aseguradoras.

                Este país tiene muchos problemas y retos pendientes de resolver: política de vivienda, que no decaiga aún más la industria, apostar decididamente por la investigación… además de blindar los pilares básicos del Estado de Bienestar: Pensiones, Sanidad, Educación y Dependencia.

                Una herramienta fundamental para las necesidades del Estado y para las de los ciudadanos de a pie es tener una Banca Pública que no compita con la privada, que no entre en su lógica.

                No vale decir que en Europa no hay banca pública. Países como Alemania, Francia, Italia o Finlandia la tienen. Es tan solo un problema de valentía política para apostar por fortalecer el Estado. Ya sé que eso no gusta a los de siempre, a los que pretenden jibarizar el Estado hasta su mínima expresión, ni gustará a los banqueros que incrementan insultantemente sus fortunas cada año. Pero que le vamos a hacer, la democracia consiste en respetar las decisiones de la mayoría del pueblo soberano, si no es así, entonces no le llamemos democracia.

Roberto Tornamira Sánchez
Fue Secretario General de FeS-UGT-Madrid

MoMentuM: Economía Digital

Los servicios bancarios son un servicio
básico que la sociedad necesita

La exclusión financiera se extiende en nuestra sociedad. Afecta a las generaciones de más edad, afecta a más del cincuenta por ciento de los municipios del todo el Estado y afecta a los millones de clientes de servicios bancarios que no tiene capacidad económica para invertir. Y ha afectado a más de 120.000 trabajadores y trabajadoras del sector, quienes han perdido su puesto de trabajo.

En la “España vaciada” se combina la desaparición de las oficinas bancarias, con la precaria situación de acceso a internet que aún se sufre en muchas localidades. Esto provoca un coste añadido a los ciudadanos de estos municipios que tienen que hacer kilómetros de desplazamiento para realizar operaciones bancarias básicas.

Que afecte a estos colectivos de población no significa que sólo les afecte a ellos. Los jóvenes y los clientes, con independencia de su edad, de las entidades financieras de las grandes urbes también ven como son mal atendidos o sencillamente no atendidos por las entidades en las que mantienen una cuenta corriente.

Desde hace unos años, se ha conformado un oligopolio que concentra más del 70% del mercado financiero en manos de cinco grandes entidades: Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell y Unicaja+Liberbank (los tres primeros aglutinan el 60% del negocio). Siempre ha sido muy difícil para los clientes visualizar y demostrar que se están tomando medidas y fijando criterios de actuación que se manifiestan contrarios a los intereses de la clientela, pero a la vista de lo que está ocurriendo no es descabellado pensar que es eso lo que está pasando.

Cobrar comisiones de mantenimiento de cuenta cada tres meses, aunque ya no te informen de tus movimientos bancarios por escrito; cobrar comisiones por hacerte tu mismo una transferencia, desde el ordenador de tu casa; tener que realizar en el cajero automático prácticamente todas las operaciones que necesita el 85% de la clientela; trasladar el riesgo de manejo de efectivo al cliente, en plena calle… Son alguna de las situaciones más habituales que se están produciendo.

A ello hay que añadir que la red de cajeros automáticos sufre de un deterioro y déficit de mantenimiento galopante: no es difícil acudir a una oficina con dos o tres cajeros automáticos y que haya que esperar una larga cola, porque de tres solo funciona uno.

El servicio de atención presencial también está en franco deterioro, no por culpa de los trabajadores de las oficinas, sino por la escasez de plantilla que sufren; por la combinación de la ola de despidos que ha sufrido el sector y por la pandemia: bajas más empleados en teletrabajo.

Todas estas vicisitudes son comunes a la práctica totalidad de las entidades financieras, excepto a las que solo ofrecen servicio virtual; estás no ofrecen cajeros y la plantilla es ínfima, en comparación con las entidades tradicionales.

La banca, siempre ha fundamentado su negocio en la confianza. Pero hoy esa confianza se está deteriorando. Una inmensa mayoría de clientes se sienten excluidos de un servicio que se basaba en esa confianza para mantener su dinero, poco o mucho, en custodia de unas entidades que lo manejaban en el mercado interbancario (prestándoselo entre ellas).

Dicen que no nos cobran por mantener nuestro dinero en una cuenta a la vista, pero sí nos acribillan a comisiones, bajo motivaciones muchas veces difíciles de entender, por ejemplo “comisiones por gastos de correspondencia”, aunque haga años que no te envían una carta. Argumentan que los tipos de interés del BCE están en cero o cercano a cero, lo cual es cierto. Pero ellos cobran en torno a un 6% los créditos al consumo; esos que las familias trabajadoras siempre han necesitado para comprar el frigorífico, la lavadora la televisión, etc.

Se desprecia a los depositantes. La banca se ha transformado en un servicio exclusivo para inversores. El problema es que esa gran mayoría de quienes estamos obligados a mantener una cuenta bancaria no tenemos capacidad de ahorro y mucho menos aún de inversión. Y no es una exageración decir que tenemos una cuenta corriente de forma obligada, pues no se puede hacer nada sin una cuenta corriente: no se puede cobrar la pensión, no se pueden pagar los recibos de los suministros ni podemos pagar los impuestos, esto último solo afecta a quienes no eludimos al fisco.

Qué se puede hacer ante esto y quién debe hacerlo

El Estado debería asumir sus responsabilidades y dar respuesta a una situación que se agrava. El servicio bancario es un servicio básico que la sociedad necesita, por tanto, son las instituciones del Estado quienes deben velar por que sea un derecho efectivo.

Hay normativa comunitaria y estatal que regula los derechos de los clientes y que no haya abuso en la prestación de estos servicios. Sin embargo, sin que haya una ley que obligue a tener una cuenta bancaria, la vida diaria es difícil de entender sin una herramienta básica como lo es una cuenta corriente.

El Estado, a través del FROB, ha tenido en sus manos una entidad, Bankia, que era en el 61% de sus acciones propiedad del Estado. Sin embargo, desde 2012; cuando el Estado nacionalizó la entidad, invirtiendo 22.400 millones de euros, no se orientó a dar una alternativa bancaria a la sociedad, sino que se dedicó a competir en el mercado como un banco más; pecando de los mismos malos “usos y costumbres” que las demás. Fue una oportunidad perdida, aunque el 14% de las acciones de la actual Caixabank no son un mal punto de apoyo económico para constituir una banca pública.

Es conveniente que se conozca que, en Europa, aunque no sea objeto de una especial publicidad, existe una importante presencia de una banca pública rentable y solvente en: Alemania, Francia, Suecia, Italia, Finlandia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Noruega, etc. España es un caso extremo en el sentido de no disponer de ningún banco público que trabaje directamente con el público.

La banca pública no tiene porqué competir con la banca privada, aún menos cuando las entidades privadas están renunciando a dar un servicio decente a millones de clientes que no tienen capacidad para invertir en fondos de inversión. Nadie tiene que pensar que la banca pública regalará el dinero; hay que buscar el equilibrio entre rentabilidad social por el servicio que se presta y la rentabilidad económica, sin la presión de un accionariado que demanda dividendos cada año.

El Estado cuenta con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que sufre una dependencia de las entidades privadas para distribuir sus campañas crediticias y de préstamo. Un particular y una empresa no pueden dirigirse al ICO para obtener financiación de forma directa.  Por otra parte, una vez entregada Bankia a “la Caixa”, el Estado solo cuenta con Correos y lo que queda de la antigua red de Caja Postal, con más de 8.300 puntos de atención en todo el territorio, particularmente en la “España Vaciada”. En cada oficina bancaria funcionaba una estafeta de correos, muy empleada por cierto para realizar giros bancarios. Dichas estafetas se privatizaron desde 1991 vendiéndolas a un banco extranjero que poco tiempo después prescindió de las mismas, y que en este momento serian de gran utilidad para realizar las operaciones financieras más elementales

La creación de una banca pública, a partir de estas herramientas del Estado, resolvería la dependencia del ICO de las entidades privadas, dotaría de contenido financiero a Correos; que, por cierto, está siendo colonizado por Banco Santander y, sobre todo, daría una solución para los depositantes que solo demandan servicios básicos de ingresos, reintegros, cobros y pagos de recibos. Resulta evidente que no podrán edificarse unos parques sociales de viviendas de alquiler sin una entidad financiera pública que aporte la financiación crediticia necesaria, pues de los presupuestos de los ayuntamientos no cabe esperar la financiación crediticia necesaria

A corto plazo lo más acuciante es la dotación de las oficinas de Correos de un servicio financiero que sería, sobre todo, de gran utilidad, en aquellas ciudades en las que no ha quedado ninguna oficina bancaria. El gobierno podría contar para lograr dicho propósito de los recursos derivados de la venta de la participación en CaixaBank, donde en este momento no se aprecia ninguna influencia de la participación pública citada.

Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario Federal de UGT en el Sector
Financiero, Seguros y Oficinas.
Miembro del Comité por la Alianza de
Trabajadores y Pueblos.

Julio Rodríguez López
Ex Presidente del Banco Hipotecario de España.
Miembro de Economistas Frente a la Crisis.

La banca debe ser un servicio público

La apuesta por la digitalización de la banca está dejando fuera del sistema financiero a las personas mayores, un colectivo excluido por sus limitaciones en el uso de la tecnología. El proceso va acompañado de un cierre progresivo de las sucursales bancarias, lo que ha dejado a la mitad de pueblos de Cataluña sin ninguna oficina. La situación se conoce ya con el concepto de exclusión financiera.

Entre 2008 y 2017, Cataluña pasó de 8004 oficinas a 3945. Este hundimiento del 50%, el mayor a nivel estatal, sitúa la concentración de número de sucursales por millón de habitantes en las 520, por debajo de las 595 de la media del Estado español. Cataluña, junto a Madrid y Valencia, acumula el 37% del total de puntos de atención bancaria y es la segunda comunidad con el recorte de sucursales.

De los 947 municipios catalanes, 467 (casi la mitad) no dispone de ninguna oficina bancaria, dejando un 3,2% de la población catalana sin algo tan esencial como el acceso a una entidad financiera por disponer de efectivo. Para el colectivo de personas mayores, las que tienen movilidad reducida o las que no cuenten con transporte privado, tener un cajero es un servicio básico, no un lujo.

Los municipios del Camp de Tarragona, el Baix Penedès y las Terres de l’Ebre ven con impotencia cómo el cierre de oficinas y la pérdida de servicios bancarios avanza sin freno. Desde 2008 han cerrado cerca del 70% de las sucursales bancarias de la demarcación, pasando de 800 oficinas a sólo 261 en el tercer trimestre de 2021. La mitad de los 184 municipios de Tarragona no tienen ni oficina ni cajero.

Paralelamente al desmantelamiento de los cajeros de las calles, la decisión de las entidades financieras está generando una brecha digital que afecta especialmente a las personas mayores que tienen que asumir nuevas herramientas y sistemas digitales. De la vocación de servicio de las cajas de ahorro se ha pasado a la autogestión de las operaciones financieras habituales.

Esta reducción cuando no eliminación de sucursales y de cajeros automáticos, lleva a nuestros abuelos (y a todos nosotros) a tener que esperar en la calle a ser atendidos formando largas colas, y expuestos a las inclemencias del tiempo. En muchas entidades, además, el horario de atención presencial se ha reducido dramáticamente a horarios de 9 a 11h.

Con esta situación de déficit de atención presencial a las personas que necesitan hacer operaciones financieras sencillas, algunos ayuntamientos y movimientos vecinales han realizado acciones para luchar contra la exclusión financiera de nuestros mayores. En algunos ayuntamientos se han cedido espacios públicos para la instalación de cajeros, en otros se han organizado cursos de banca digital…incluso un referendum organizado en Cornudella para exigir un cajero público,

En el Vendrell, se ha acordado incrementar exponencialmente la tasa de ocupación de la vía pública, y bonificar a aquellas entidades que el “Consejo de la gente mayor” determine que realizan una gestión presencial adecuada (atención presencial durante toda la mañana, educación en el uso de las nuevas tecnologías…)

Una de las entidades financieras que han dado la cara, reconoce que la digitalización de los servicios ha ido demasiado rápido, y que de un modelo de caja de pensiones y ahorro, con vocación de servicio público, se ha pasado a un modelo bancario marcado por las cualificaciones de S&P y alejado del interés de los clientes mayores.

En Tarragona, tanto UGT como CCOO se han adherido a la Plataforma por una banca digna para las Personas Mayores y estarán presentes en la manifestación que tendrá lugar el próximo 6 de marzo frente al Banco de España, en Tarragona. El objetivo es conseguir el compromiso por parte de entidades bancarias y administraciones públicas de impulsar medidas que reduzcan la brecha digital.

Paco Orti, secretario general FeSMC-UGT de Tarragona y delegado de UGT en CaixaBank.señala que el cierre de oficinas tiene repercusiones para la ciudadanía, pero también para los trabajadores. “’El empleado se siente abandonado por parte de la entidad y esto está provocando muchas bajas”,

Siguiendo con el repaso a alternativas (infructuosas) que se han ido tomando desde los estamentos públicos, la Diputación de Tarragona, puso en marcha una prueba piloto para instalar cajeros automáticos en municipios pequeños que se habían quedado sin servicios bancarios.Un total de 12 ayuntamientos firmaron un convenio con una entidad bancaria, que se ha retirado del convenio 3 años después. En estos momentos se estudia la posibilidad de que Correos o Prosegur se hagan cargo del servicio.

Algunos ayuntamientos están pagando a los bancos para que mantengan sus cajeros.

Lo que tienen en común todas estas medidas y propuestas “bienintencionadas” es que no son suficientes, a veces, ni mínimamente efectivas.

En algunos casos,alguna entidad se ha comprometido a manterner un horario de atención que abarque todas las mañanas, y a potenciar la figura del gestor senior, para favorecer la eliminación de la brecha digital.

Sin embargo, parece claro que la única solución efectiva a corto plazo es que la banca sea un servicio público y que se reconozca el derecho subjetivo a disponer de dinero en efectivo, y a ser atendido presencialmente para realizar las tareas financieras habituales que todos necesitamos realizar.

Se puede decir de muchas maneras, pero el acceso al sistema financiero, a los ahorros de cada uno, es un servicio público que debe ser recuperado para beneficio de todos.

Banca pública YA!

Baltasar Santos

Tribuna Socialista Tarragona