El comisionismo es una lacra legal en nuestro país ¿Hay algo más injusto que enriquecerse sin trabajar?Afirmo que no. Es por esto que quiero centrar este artículo en este espécimen concreto: el comisionista.
La intermediación debiera estar tasada, como lo están los salarios de los trabajadores y las trabajadoras en los convenios colectivos. Pero ya sabemos que la “libertad”, sobre todo si es de mercado, es muy “elástica”.Intermediar es lo que, por ejemplo, hacen las grandes superficies distribuidoras dealimentos, entre los productores y los consumidores. Otra cosa es que se justifique que Mercadona haya obtenido un 40% de beneficio en 2023, Carrefour un 23%… Intermediar sí, pero que esos abultados beneficios se produzcan a costa de saquear los bolsillos de la mayoría de la sociedad y de explotar a los agricultores y ganaderos es otra cosa muy distinta.
El comisionista sin ninguna ética se inserta en el mundo de la intermediación y por eso no es considerado corrupto o delincuente; no lo es porque el poder legislativo así lo quiere.
Permítaseme una digresión. Las instituciones y las personas que las integran son un referente para la sociedad, como los padres y madres lo son para sus hijos e hijas. Es decir, si el jefe del Estado fue considerado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo como “un comisionista internacional” y no pasa nada, la sociedad que está debajo de la punta de la pirámide lo percibe el comisionismo como “normal”. Me retrotraigo en el tiempo y pienso que él, el Emérito, hizo lo que vio a lo largo de su vida, en su familia y desde que en julio de 1969 fue designado por Franco su sucesor como jefe del Estado -Artº. primero de la Ley 62/1969 de 22 de julio- tiempos en los que a su alrededor no vio otra cosa que “señores de bien”, “pro hombres de la patria”, trincando a diestro y siniestro.
La peor versión de comisionista es el que recibe dinero por poner en contacto a una Administración decide adquirir una cosa o un servicio, con quien vender ese servicio, haciendo uso de un cargo público o a través de un cargo público; se llámese Koldo, Ayuso, Juan Carlos de Borbón o Urdangarín.El problema es cuando el saqueado es el erario público, es decir, todos y todas las que pagamos nuestros impuestos, pues ¡Oh, casualidad!, el comisionista rara vez paga impuestos.
A finales de febrero nos enteramos del caso Koldo. Es inaceptable que el ministro de Fomento en el primer Gobierno progresista de coalición diga queél “no sabía nada ni vio nada raro”. En otros casos de corrupción, como en la Gürtel, Ana Mato, ministra de Sanidad en el Gobierno de Rajoy, no vio los vehículos de alta gama que su marido aparcaba en el garaje de la casa. Aquí me asalta una duda; ¿vio Felipe de Borbón los Ferrari de su padre? En las mismas fechas de la grama Gürtel, 2017, la justicia dictaminó que Cristina de Borbón no sabía nada de las andanzas de su marido en el casoNoos, a pesar de que quedó acreditado que se había gastado, ella, 265.000 euros de la trama.
Desde mediados de este mes de marzo asistimos a un nuevo episodio de la serie “Los Ayuso”, -no la busquen en ninguna plataforma de series y películas, está relatada en la prensa escrita, aunque con tramas distintas según la orientación ideológica del medio-. Se trata del clan de la falangista que preside Madrid, un claro ejemplo de cómo la minoría privilegiada de la sociedad hacen sus fortunas, digno de estudio para las facultades de historia para saber cómo se formaron las grandes fortunas de este país.
Supimos de este clan en 2019.AvalMadrid (empresa semipública, participada por la Comunidad de Madrid, la Confederación de Empresarios de MADRID, la Cámara de Comercio de MADRID, Caixabank (herencia de su fusión con Bankia)era acreedora de los padres de la presidenta que debían 311.000 €,el 78% de un préstamo, que de 400.000€, concedido por AvalMadrid en abril de 2011 a una empresa del padre de Ayuso. Casualmente, AvalMadrid fue tan permisiva con su moroso que no reclamó el dinero hasta octubre de 2019, 8 años después. Digo “casualmente”, pues coincide con que Ayuso tomó posesión de su cargo como presidenta el 19 de agosto de 2019, por vez primera.
Para eludir el pago, el clan Ayuso se descapitalizó: una triquiñuela legal para no pagar, donaron un piso de 90 m2 en el barrio de Chamberí y otra vivienda de 212 m2más una finca de 700 m2, estás dos últimas propiedades en Sotillo de la Adrada, donación efectuada a sus propios hijos: Isabel, la IDA y Tomás el Mas Carilla. Como lo de Koldo -el amigo de Ábalos y recomendado de Santos Cerdán- que tiene propiedades a nombre de su hija pequeña.
Después, nos enteramos que Tomás el Mas Carilla, trincó 234.000€ de comisión sobre el millón y medio que la Comunidad de Madrid pagó a PrivietSportive, S.L. Según se sabe, el botín de 1,5 Millones se repartió, tras descontar el coste dereal de las mascarillas, 500.000€: 234.000 para el comisionista y 766.000 para el empresario.
La madre, no la de la novela de Gorki, la de Ayuso, es o era apoderada en la empresa Prhoinsa, S.A., (Proyectos Hospitalarios Internacional) receptora de más de 1 millón de euros, desde 2018, cuando IDA era viceconsejera del Gobierno, a lo largo de 25 contratos de esos que se dan a dedo, pues los pedidos se parcelan o diseccionan.
Por supuesto, la ¿Justicia? no ha visto indicios delictivos en estos hechos y en lo que lo había prescribieron a tiempo.Juzgar según a qué espectro ideológico pertenezca el o la juzgada; sea ministra, infanta, presidenta o portero de lupanar, ¿no entra también en la definición de “lawfare”? La ¿Justicia? europea y española no vieron irregularidades en estos negocios, ni siquiera nepotismo.
Lo último es el caso de Alberto, el novio de Ayuso (novio o lo que sea) que ha sido acusado por la Fiscalía Provincial de Madrid, tras ser informada por la Agencia Tributaria, por delitos fiscales, falsedad documental -facturas falsas, por valor de 1,7 millones de euros- para rebajar los beneficios de sus empresas con la finalidad de no pagar impuestos. Delitos fiscales que el Novio ha admitido, por mucho que la IDA mienta y diga que se trata de una simple inspección de Hacienda.
Las empresas del el Novio, prestan servicios sanitarios. El socio de la madre y el hermano venden productos sanitarios, un directivo de Quirón involucrado en la creación de una empresa en Panamá, utilizada por el Novio para eludir impuestos. Esto son algo más que casualidades y yo no creo en las casualidades.
Mi conclusión es que la privatización de los servicios públicos, en este caso la Sanidad Pública, engendra la corrupción, sea a pequeña escala como la venta de mascarillas o sea de gran tamaño como es la cesión y privatización de hospitales públicos.La privatización se inició en Madrid en 2003, tiempos de Esperanza Aguirre, con el “Tamayazo”, gracias a que en 2002 se traspasaron las competencias de Sanidad a las comunidades autónomas. La privatización está amparada por la Ley 15/1997, y los conciertos y convenios, eso que se llama “colaboración publico/privada” por los artículos 66, 67 y 90 de la ley General de Sanidad de 1986.
Sin privatización, no de produciría la corrupción, o al menos el Estado, es decir todas y todos los ciudadanos, estaríamos más protegidos.
Veremos qué dice la ¿Justicia? en los casos Koldo y Novio, y si ve algo. Pero algo está fallando en la izquierda, política y sindical, si no se sale a la calle masivamente para que los estafados y estafadas podamos expresas nuestra repulsar este espolio expolio nacional.
Tribuna Socialista 