Por Manuel Ruiz Robles
En la reciente Pascua Militar -una ceremonia anacrónica, que pone en evidencia el carácter militarista de la monarquía- el Rey ha alertado de la sensación creciente de amenaza en Europa y del riesgo de “desmantelamiento del vínculo” entre Europa y EE UU. También ha llamado a iniciar cuanto antes una verdadera “transición democrática” en Venezuela.
A mi parecer, se trata de una vergonzosa sumisión al poder del imperialismo, incluso a costa del derecho internacional, de la soberanía de la Unión Europea y de la dignidad del Estado. Una actitud incomprensible y políticamente reprobable tras los graves acontecimientos que han hecho saltar por los aires la famosa democracia americana (Tocqueville, 1805-1859), y con ello el derecho internacional.
Agresión militar a Venezuela y secuestro de su presidente
En los últimos días, la crisis desatada por la agresión militar de EE.UU. a la República Bolivariana de Venezuela, y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ha vuelto a poner de manifiesto una preocupante incoherencia en el discurso oficial del Rey. Mientras que, en el caso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el monarca ha sido explícito en condenar la agresión como una “inaceptable” violación del derecho internacional y ha mostrado apoyo político y moral al pueblo ucraniano, en relación con Venezuela ha optado por el silencio o la ambigüedad.
El contraste es difícil de justificar. La invasión rusa de Ucrania ha sido denunciada repetidamente por Felipe VI como un ataque flagrante a la soberanía y a la integridad territorial de un Estado soberano; un enfoque que es conforme a la defensa del derecho internacional. Sin embargo, ante el ataque militar a Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional, el Rey evitó mencionarlo directamente en su discurso de la Pascua Militar.
En lugar de condenar la violación de la soberanía venezolana por parte de EEUU, su mensaje se limitó a una vaga apelación al “orden global basado en normas” sin una condena explícita de una violación grave del derecho internacional contra Venezuela, un país hermano de América Latina.
Es preciso recordar que el propio Gobierno español -y no solo el Gobierno, sino también importantes actores de la política exterior- ha calificado la agresión militar a Venezuela como una violación del derecho internacional y un “precedente muy peligroso” que violenta la soberanía de los Estados. Con este antecedente, resulta legítimo preguntarse por qué el Jefe del Estado español, cuya función constitucional incluye representar a España, no ha expresado una condena pública equiparable a la que sí ha formulado contra la agresión rusa a Ucrania.
Este silencio o ambivalencia no solo genera confusión, sino que aplica un doble rasero diplomático: voz firme contra Rusia en Europa, pero cautela o temor ante una agresión militar de EEUU en América Latina, que también vulnera gravemente principios fundamentales del derecho internacional. La falta de una condena explícita va en detrimento de la coherencia que se exige a la figura representativa del Estado
La Unión Europea amenazada
En cuanto a Dinamarca, el Rey omitió también toda referencia explícita, subrayando únicamente la “sensación creciente de amenaza” en Europa -sin concretar a qué amenaza se refiere- en vez de condenar explícitamente la coerción y amenaza militar de EEUU contra la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea y socio de la OTAN.
Si la defensa de la soberanía y del derecho internacional es un principio que debe guiar la acción del Estado español, entonces deben rechazarse con la misma contundencia todas las violaciones de esos principios, sin importar quién las cometa o en qué región del mundo ocurran. Solo así España puede aspirar a mantener una postura internacional verdaderamente consistente y respetuosa con los valores que dice defender.
La valentía del Gobierno y la ambigüedad del Rey
El contraste institucional es tan evidente como incomprensible. El Gobierno de coalición progresista y su Presidente, Pedro Sánchez, han mostrado una valentía política clara al defender -sin ambigüedades- la soberanía de un miembro de la UE y aliado, recordando que ninguna relación -ni siquiera con el Sr. Trump, comandante supremo de EEUU y por tanto de la OTAN- puede situarse por encima del derecho internacional y del respeto a la integridad territorial. Esa posición no es gratuita: implica asumir costes diplomáticos y tensiones con la potencia hegemónica. Precisamente por eso tiene valor político.
Además, es obvio que el Gobierno de coalición progresista está sostenido por un mayoría democrática en el Congreso de los Diputados, de lo contrario caería de inmediato.
Frente a ello, la actitud del Rey resulta oscura. Su silencio o su refugio en fórmulas genéricas, cuidadosamente desprovistas de contenido concreto, contrasta con la firmeza que sí ha mostrado en otros conflictos cuando el agresor no forma parte de la OTAN. Esa asimetría no es prudencia institucional: es renuncia a ejercer la función moral y simbólica que corresponde a la Jefatura del Estado cuando están en juego principios básicos del derecho internacional.
Mientras el Gobierno asume la responsabilidad de hablar claro, el Rey opta por no incomodar al todopoderoso Sr. Trump, aunque ello suponga dejar sin defensa explícita a Dinamarca, un Estado miembro de la Unión Europea y socio de la OTAN. La valentía política consiste en sostener los principios incluso cuando resulta incómodo; es miedo paralizante lo que lleva a invocarlos solo cuando no tienen coste. En este caso, la diferencia entre ambas actitudes no podría ser más clara.
El “golpe constitucional”
Por si fuesen pocas las amenazas desde el exterior, el ataque sistemático desde el interior al Gobierno de coalición progresista, con especial intensidad a su presidente, no puede entenderse como una simple disputa partidista: es la expresión descarnada de las contradicciones de clases en el marco del capitalismo español.
Desde una perspectiva democrática, asistimos a la reacción furibunda de un bloque de poder oligárquico -financiero, mediático, judicial y empresarial- que ve amenazados, siquiera mínimamente, sus privilegios históricos. Los frentes “moderado” y ultra actúan al unísono, amplificando un discurso de deslegitimación permanente cuyo objetivo no es la crítica democrática, sino la demolición política de cualquier proyecto que cuestione el orden social conservador.
A este coro se suma, de forma reveladora, el reciente manifiesto de antiguos y destacados miembros del PSOE contra Pedro Sánchez. Lejos de representar una disidencia ideológica honesta, este gesto evidencia la función autoritaria de las viejas élites del régimen del 78, siempre dispuestas a reconducir al partido hacia la cómoda gestión del sistema, no a su transformación.
Se trata de una operación de restauración: forzar el regreso a un bipartidismo turnista, el regreso a la alternancia sin alternativa real, al modelo decimonónico de Cánovas y Sagasta adaptado al neoliberalismo contemporáneo.
El mensaje es claro: cualquier desviación, por tímida que sea, del consenso oligárquico del 78 será castigada. La ofensiva actual no defiende la democracia; defiende el poder de clase que la vacía de contenido.
Manuel Ruiz Robles
Capitán de Navío de la Armada,
exmiembro de la UMD, miembro de la AMMD.
Tribuna Socialista 
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