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Especial Congreso del PSOE


Avanzar hacia el federalismo


Referencias al federalismo en la ponencia base del 41º congreso del PSOE

En el TS 158, Eduardo Hernández y Baltasar Santos, publicábamos en esta misma sección un artículo sobre federalismo: https://wordpress.com/post/tribunasocialista.com/5064 En él hacíamos un recorrido histórico del federalismo en nuestro país, y llamábamos la atención sobre la necesidad de avanzar en el federalismo, evitando el dumping fiscal y la deslealtad entre autonomías; la necesidad de avanzar en un modelo de financiación más justo; y la necesidad de avanzar en un modelo de país en el que se garanticen los derechos sociales y los servicios públicos. La ponencia base del 41º congreso del PSOE sitúa esos mismos temas en el texto. Analizamos

“Una España cohesionada en la diversidad

(…) España aún tiene mucho que hacer para convertirse en ese país territorialmente justo y cohesionado con el que soñamos todos y todas las socialistas.

Destacan cuatro grandes desafíos de aquí al 2030.

El primero y más urgente es lograr un sistema de financiación autonómica que sea más justo y sostenible. Cada reforma ha incrementado los recursos disponibles para todas las Comunidades Autónomas, ha profundizado en su autogobierno, ha mejorado la corresponsabilidad fiscal, y ha garantizado la solidaridad. Sin embargo, este modelo sigue presentando deficiencias en términos de equidad y eficiencia que deben ser corregidas. Persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado, lo que genera una redistribución donde las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal acaban recibiendo menos recursos que otros territorios.

Además, el sistema actual tiene una fuerte descentralización del gasto, pero una corresponsabilidad limitada en los ingresos, lo que desincentiva una gestión tributaria responsable y permite que algunos gobiernos autonómicos jueguen al populismo fiscal, practicando el dumping y bajando los impuestos a sus élites económicas mientras solicitan más fondos al Gobierno central. Por último, el actual sistema tampoco resuelve adecuadamente el problema de las singularidades territoriales, y nos impide recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas realidades demográficas y climáticas, que exigen mayores niveles de inversión en servicios básicos e infraestructuras.

El segundo desafío al que nos enfrentamos es profundizar la cohesión económica y social del territorio. La apertura comercial y la integración del Mercado Único europeo han permitido a las regiones y ciudades capitales explotar sus ventajas competitivas, mientras que los territorios menos industrializados y densamente poblados han comenzado a quedarse rezagados. Esta dinámica –que se da en toda Europa– ha generado la paradoja de que, mientras los Estados miembros han seguido un proceso de convergencia, internamente las diferencias entre Comunidades Autónomas han aumentado. Si queremos ser un país verdaderamente cohesionado que saca lo mejor de sí mismo y que trata a todos sus ciudadanos y ciudadanas por igual, tendremos que ser capaces de corregir esta tendencia y alcanzar un mejor equilibrio territorial. Para lograrlo, tendremos que ahondar en el proceso de federalización del Estado.

España es un caso de éxito en su proceso de descentralización. En muy poco tiempo, hemos pasado de ser un Estado fuertemente centralizado a ser considerado un país casi federal. Sin embargo, quedan pendientes de desarrollar herramientas federales de coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales que mejoren el funcionamiento de nuestro modelo territorial, la co-gobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos. Es necesario mejorar la claridad del reparto competencial, el papel del Senado como cámara de representación territorial, o institucionalizar las relaciones entre comunidades autónomas. No es razonable, por ejemplo, que pacientes graves tengan que trasladarse cientos de kilómetros para recibir un tratamiento, cuando pueden hacerlo más cerca en la comunidad autónoma vecina.

Objetivos y medidas

Para responder a los desafíos mencionados, los y las socialistas pensamos que España debe avanzar en esa federalización justa y solidaria que recoge la Declaración de Granada y construir un modelo autonómico más descentralizado y con mayor capacidad de integrar su diversidad.

Reducir a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado que recibe cada CCAA del sistema de financiación en el marco del nuevo modelo que se acuerde (hoy, la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada es del 30%).

Impulsar la convergencia de la renta per cápita entre todas las CCAA.

Estos objetivos son ambiciosos, pero podemos alcanzarlos si seguimos avanzando por la senda de los últimos años, redoblamos nuestra ambición y actuamos en tres frentes prioritarios.

I. Reforma de los Sistemas de Financiación Autonómica y Local.

Impulsaremos una reforma del sistema de financiación autonómico que 1) aumente los recursos disponibles de todas las Comunidades Autónomas para que todas dispongan de más recursos que en la actualidad; 2) revise la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF; 3) optimice el cálculo de los pagos a cuenta y retenciones de IRPF para que el impacto de las decisiones de las CCAA sea más inmediato; 4) modifique la fórmula de población ajustada para mejorar el cálculo de necesidades y de la capacidad fiscal normativa a competencias homogéneas; 5) negocie un alivio de la deuda pública de las Comunidades Autónomas generada durante la crisis financiera; 6) federalice la dirección de la AEAT para dar más capacidad de decisión a las Comunidades Autónomas y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas; y 7) compatibilice multilateralidad y bilateralidad con un común denominador del sistema perfectamente conciliable con el adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades y el mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal.

Para mejorar la financiación de las Entidades Locales, 8) reequilibraremos los recursos disponibles entre Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos insulares; 9) determinaremos el mapa de sus competencias para mejorar la prestación de los servicios de proximidad; 10) modernizaremos sus fuentes de financiación locales y les dotaremos mayor previsibilidad para la elaboración de sus presupuestos; 11) avanzaremos en su corresponsabilidad fiscal, reduciendo la condicionalidad de sus recursos e incorporando de forma explícita el principio de lealtad institucional, y 12) apoyaremos el uso de inversiones financieramente sostenibles para la ejecución de proyectos de viviendas sociales y asequibles.

II. Impulso de un modelo menos centralista y más solidario, que ayude más a los territorios menos desarrollados. El centro de la Península es un motor clave del crecimiento económico de nuestro país, pero en modo alguno puede o debe ser el único. Los y las socialistas creemos en un país en el que las oportunidades se reparten por todo el territorio y la riqueza se genera de forma descentralizada, colaborativa y transversal, aprovechando las ventajas competitivas de cada Comunidad Autónoma. Por eso, 13) seguiremos usando los Fondos Europeos para generar industria y redinamizar el tejido productivo en todos los territorios más allá de la capital; 14) duplicaremos la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial; y 15) lo convertiremos en un verdadero Fondo de Desarrollo Autonómico, tan ambicioso como los PERTE, que compense la pérdida de fondos estructurales europeos por las Comunidades Autónomas menos desarrolladas, parta del diseño de planes de desarrollo regional holísticos, y adopte la perspectiva de las “políticas basadas en lugares” que recomiendan los principales estudios.

III. Más federalismo, autogobierno y co-gobierno.

Al mismo tiempo, seguiremos avanzando hacia la federalización del Estado 16) mejorando los mecanismos de cooperación vertical y horizontal, definiendo formalmente la Conferencia de Presidentes como órgano director de las actuaciones de co-gobernanza, creando nuevas vías para la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos estatales de su interés, y reforzando las comisiones bilaterales como órgano de resolución de desacuerdos. También 17) apostaremos por reformar el Senado y convertirlo en una Cámara de representación territorial que refleje de forma equilibrada la voluntad de las Comunidades Autónomas; 18) continuaremos transfiriendo competencias a aquellos gobiernos autonómicos que lo soliciten; 19) trabajaremos para actualizar los Estatutos de Autonomía pendientes de reformar; y 20) seguiremos apostando por la protección, el estudio y el uso de las lenguas co-oficiales en todos los ámbitos, dentro y fuera de nuestro territorio.

Si adoptamos estas medidas de aquí a 2030, tendremos una España más descentralizada y cohesionada, capaz de convertir la diversidad de sus territorios en su máxima fortaleza, y de armonizar las particularidades de cada Comunidad Autónoma con el interés colectivo de todas.”

(hasta aquí el texto de la ponencia)

Comentarios al texto de la Ponencia

Coincidiendo con algunos de los aspectos del diagnóstico sobre la situación actual, como el dumping fiscal, las consecuencias negativas de la integración europea para los territorios menos industrializados, o la necesidad de encontrar un sistema de financiación autonómica y local más justo… deberemos plantear algunas cuestiones sobre las que será necesario profundizar:

Defender lo público

La primera de las cuestiones es garantizar que tanto la recaudación de impuestos con una futura agencia tributaria descentralizada sirve al propósito de mejorar los servicios públicos para los ciudadanos, y no una nueva herramienta para bajar impuestos a los más ricos mientras que se privatizan los servicios públicos.

Tenemos experiencias sobradas de utilización indebida del dinero con el que los trabajadores contribuimos al Estado para fines que no son la mejora de los servicios públicos. Por ejemplo:

-La utilización de las cotizaciones a la seguridad social para fines espurios sigue pendiente de auditoría; mientras se duda continuamente de la no sostenibilidad del sistema de pensiones.

– En materia tributaria, hemos asistido a que el margen tributario sobre el que deciden las autonomías es utilizado para bajar impuestos a las rentas más altas y a las empresas, en una práctica conocida como dumping fiscal, mientras se privatizaban o eliminaban servicios públicos. Los casos más sangrantes son la privatización de la sanidad en la comunidad de Madrid (con influencia directa en la muerte de las personas mayores en la residencia), o la eliminación del servicio de emergencias en Valencia, que podría haber salvado decenas de vidas, ante desastres como la DANA.

Los servicios públicos son los garantes de la justicia social, y para su financiación son necesarios los impuestos.

Por tanto, estando de acuerdo en una federalización de la recaudación de impuestos, y en una clarificación de las competencias, no es menos cierto que es necesario garantizar que la gestión de los impuestos debe servir para financiar los servicios que la mayoría social necesita. Por tanto, deben introducirse principios como lealtad institucional y justicia social para que la reforma federal signifique una mejora para los derechos de la ciudadanía.

Defender la industria y los puestos de trabajo

El propio texto de la ponencia base reconoce dos cuestiones básicas:

– Que el mercado único europeo ha traído consecuencias negativas para las regiones menos industrializadas y más densamente pobladas.

– Que los Fondos Europeos se han utilizado para generar industria y redinamizar el tejido productivo, sobre todo en Madrid.

Dicho de otra manera, faltan planes de desarrollo regional que hagan llegar los fondos europeos a todas las regiones. Lo cual requiere una planificación de nuestro tejido productivo, no solo industrial, sino en todos los sectores: el campo, la extracción y el aprovechamiento de las materias primas, el abastecimiento energético, las infraestructuras… y que las inversiones públicas (el texto habla solo de los fondos europeos) se repartan equitativamente por todo el territorio, y déjenme decirlo: que dejen de ser inversiones que las empresas aprovechan para «modernizarse» automatizando procesos y despidiendo a los trabajadores.

Por tanto, una federalización del Estado ciertamente debe incidir en la cohesión territorial vía desarrollo de la actividad económica e industrial de forma coordinada, planificada y equilibrada territorialmente, pero también por la vía de que la inversión pública se dedique a un sistema productivo público que garantice el abastecimiento energético, el desarrollo sostenible y el mantenimiento y creación de empleo digno, bien retribuido y con derechos.

Baltasar Santos
1r Secretario PSC el Vendrell
Comité de Redacción de TS

¿Es hora de federalismo?

El pasado 24 de octubre, el colectivo de federalistas del Penedés, colectivo impulsado desde la agrupación local del PSC, organizó la primera charla del ciclo «hablemos de federalismo». En esta primera charla, el senador Gabriel Colomé nos habló, con su particular ironía y gracia personal, de la historia de los nacionalismos españoles, incluído los periféricos y el central. Desmontar la mitología y falsedades creadas para alimentar los nacionalismos, desde la época del romanticismo, es la primera cuestión para darnos cuenta de que España es un estado verdaderamente plurinacional.

La creación del estado de las autonomías fue una manera de negar la voluntar de autogobierno de algunas regiones, creando el artificio de las nacionalidades históricas que accedieron a la autonomía por la llamada vía rápida, a las que se añadieron posteriormente el resto de autonomías.

Los senadores Gabriel Colomé y Núria Rovira presentes en el acto organizado en el Vendrell (Tarragona)

Desde su creación, la evolución autonómica ha sido dispar, existiendo regiones que han desarrollado todas las competencias, y otras que no.

De la misma manera, algunas regiones ya partían de un método de financiación autonómico singular, como el Pais Vasco y Navarra, y otras tres tienen aprobados en sus estatutos la posibilidad de desarrollo de una hacienda propia. Tal es el caso, no solo de Catalunya, que ahora quiere desarrollar esta idea para recaudar los impuestos, sino también Andalucía y Valencia, que copiaron el Estatut de Cataluña, aunque no fueron impugnados como sí lo fue el de Cataluña.

De esta manera, tenemos cinco autonomías que tienen o pueden desarrollar modelos de financiación singular, y autonomías que quedarían ancladas en el regimen común de financiación, al menos por ahora

Baltasar Santos durante su intervención en el acto

Una evolución hacia un federalismo real pasa por reconocer esta diferencia en el desarrollo competencial, en los diferentes modelos de financiación singular y común, pero también, pasa por la necesidad de convertir el Senado en una auténtica cámara de representación territorial, federal.
En el acto, también hubo intervenciones que ponían el acento en la dificultad de avanzar hacia el federalismo real, con la representación política actual, especialmente, en la derecha, pero también con algunas posiciones retrógradas dentro del propio PSOE. De la misma manera, algunas intervenciones también pusieron el acento en la dificultad que representa la monarquía para avanzar hacia el federalismo.

Sea como fuere, el próximo congreso del PSOE debe significar un avance hacia el federalismo real.

Montse Salvatierra
Militante PSC el Vendrell

Especial Congreso del PSOE. Federalismo.

Necesitamos un nuevo marco de relación entre los pueblos que supere «el café para todos» autonómico y que garantice los derechos y conquistas sociales de la clase trabajadora de nuestro país, la justicia social y suponga un marco de convivencia compartido entre las diferentes nacionalidades de este estado plurinacional llamado España

La Constitución española de 1978 se aprobó tres años después de la muerte del dictador e instauró «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» que forman el Estado. Dicho reconocimiento de las autonomías era una reivindicación de las llamadas nacionalidades históricas, como Euskadi o Cataluña, cuya voluntad de autogobierno arranca en el siglo XI con la constitución de uno de los primeros parlamentos del mundo, sino el primero (existe cierta polémica sobre si fue en León donde se constituyó el parlamento más antiguo del mundo ).

En la II República algunas regiones aprobaron su estatuto de autonomía

Históricamente, es con la proclamación de la II República, cuando algunas regiones aprobaron sus estatutos de autonomía. Concretamente: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. De hecho, Francesc Macià proclamó el 14 de abril de 1931 la república catalana dentro de la federación de pueblos ibéricos.

Francesc Macià proclamó el 14 de abril de 1931 la república catalana dentro de la federación de pueblos ibéricos

Sin embargo, unos años más tarde, la dictadura acabó con las aspiraciones de los pueblos de avanzar en su autogobierno dentro de España o dentro de Iberia (incluyendo a Portugal) proclamando la unidad de la patria y no es sino hasta años después de la muerte del dictador que se restituye la posibilidad de que los pueblos se constituyan en comunidades autónomas.

La dictadura de Franco proclamó la «Unidad de la Patria» hasta que en 1979, muerto el dictador, se creó el denominado «Estado de las Autonomías»

Este hecho supuso un cambio de 180 grados con respecto a la dictadura franquista, que se basaba en planes centralizados tradicionales, para dar lugar a una organización estatal en la que se reconocía, siquiera parcialmente, las aspiraciones de los pueblos de avanzar en su autogobierno. Sin embargo, la realidad es que tal estado autonómico no podía permitirse el lujo de que hubiera regiones organizadas con estatuto de autonomía y otras provincias no organizadas en autonomía, por lo que se aplicó el “café para todos”, y en algunos casos incluso se obligó por decreto a que algunas provincias reticentes se incorporaran a una comunidad autónoma, como fue el caso de Segovia.
Desde la constitución de las 17 comunidades autónomas, éstas han ido desarrollando las competencias que tienen asignadas (exclusivas o no) a diferentes velocidades.
Dicho de otra manera, aunque todas las comunidades tienen acceso a las mismas competencias delegadas del estado, existen comunidades autónomas que han desarrollado esas competencias y otras que no, como muestra de las diferentes voluntades de autogobierno de los diferentes pueblos del estado español.

No todas las CCAA han desarrollado las mismas competencias a las que todas pueden acceder

Las comunidades gobernadas por el PP, en cuanto al desarrollo autonómico, siguen la estrategia del perro del hortelano, que «ni come ni deja comer», y se rasgan las vestiduras clamando contra comunidades que como es el caso de Catalunya, quieren seguir desarrollando su capacidad de autogobierno, dentro del marco constitucional.

En cuanto al desarrollo autonómico, las CCAA gobernadas por el PP ni comen ni dejan comer

De ahí, por poner un solo ejemplo, el gran debate abierto sobre “la financiación singular de Cataluña”, comunidad autónoma que basándose en su propio Estatuto de Autonomía (refrendado por el pueblo catalán y aprobado (y reformado) por el Congreso de los diputados) quiere seguir avanzando en el desarrollo competencial, y en el sostenimiento de los servicios públicos para hacerlo posible.
Por otro lado, cabe decir, que en el ejercicio de sus competencias, sobre todo en el ámbito fiscal, las comunidades autónomas han aplicado diferentes medidas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha rebajado los impuestos a las rentas más altas, mientras que otras comunidades no lo han hecho. Como ha manifestado Salvador Illa recientemente, «no pueden dar lecciones los que rebajan los impuestos a los ricos».

No supone ningún problema avanzar en la transformación del Estado, profundizando en el desarrollo competencial. Un desarrollo que como hasta hoy en día, puede seguir siendo asimétrico, con diferentes grados de autonomía o distintas competencias, o bien caminar al Estado Federal.


El PP entiende las autonomías como el cortijo desde el cual regalar privilegios y prevendas a los amiguetes, a los especuladores, y a las rentas más altas tal y como hace Ayuso en la comunidad de Madrid.
Pero si a Cataluña se le ocurre abrir el debate sobre la necesidad de establecer una financiación singular, el PP enseguida apela a la igualdad de los españoles. Igualdad que profanan en sus propias comunidades con medidas políticas y fiscales liberales.

El PP entiende las autonomías como el cortijo desde el que regalar privilegios y prevendas a sus amiguetes y especuladores, pero claman, cínicamente por la igualdad si Catalunya negocia una nueva financiación para atender a su población

Eso no quiere decir que las comunidades autónomas estén bien financiadas, que no lo están. Y de hecho, esa infrafinanciación de las autonomías es un caldo de cultivo magnífico para reducir servicios públicos y liberalizar el sector público. Al mismo tiempo, una política fiscal ultraliberal como la que aplica Ayuso también produce infrafinanciación.

La infrafinanciación de las autonomías es la excusa perfecta para privatizar el sector público, pero también es el resultado de una politica fiscal ultraliberal

Por tanto, no es de extrañar que Ayuso se sienta cómoda con un «status quo» autonómico que le permite practicar el «dumping fiscal» para privatizar servicios públicos como las residencias o la sanidad.

Ayuso se siente cómoda en un modelo autonómico que le permite practicar el «dumping fiscal» mientras privatiza servicios públicos como las residencias o la sanidad

Ni el diferente desarrollo competencial ni el dumping fiscal aconsejan repetir la fórmula del “café para todos”, siendo necesario avanzar en un modelo de estado federal.
El Federalismo es una evolución del estado de las autonomías que puede permitir avance en la clarificación del Artº 2 de la Constitución y la pluralidad de pueblos que componen el Estado español , asegurando la solidaridad de los pueblos, y permitiendo que las diferentes regiones con voluntad de autogobierno puedan tener la financiación necesaria para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora.
Tanto el Estado de las Autonomías, como el hipotético Estado Federal tienen ese fundamento: los servicios públicos. Y son éstos los que vertebran la arquitectura del estado que es la estructura que los une. Si existen estas variantes o tipos de Estado son para acercar, racionalizar y mejorar los servicios que los ciudadanos hemos creado como sostén de la convivencia y la equidad social..

Ni el diferente desarrollo competencial ni el dumping fiscal aconsejan repetir la fórmula del “café para todos”, siendo necesario avanzar hacia un modelo de estado federal

Un estado federal debe establecer mecanismos para garantizar una sanidad pública, una educación pública, y unas pensiones y servicios públicos de calidad en todos los rincones del estado.
Un estado federal debe establecer los diferentes niveles de decisión política, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, y por tanto incluir el municipalismo, cuyas administraciones son las más cercanas a los problemas y necesidades de los ciudadanos.
Un estado federal debe establecer los mecanismos de coordinación necesarios. En este sentido, recordar que el Senado debería ser una cámara de representación autonómica, y no lo es.
Un estado federal debe organizar a las distintas regiones de forma que estén cosidas unas a otras por el principio de interdependencia, solidaridad y justicia social, y no por la guerra entre autonomías ni por la duplicidad competencial de las administraciones.

Un estado federal debe coser las distintas regiones bajo el principio de interdependencia, solidaridad y justicia social

Un estado federal debe saber conjugar la singularidad, la idiosincrasia cultural, lingüística, o de derecho, de las diferentes regiones, con los derechos sociales de la clase trabajadora. De hecho los derechos sociales y los derechos nacionales de los pueblos son indisolubles.
Los que suscribimos consideramos que el 41º congreso del PSOE no puede dejar pasar la ocasión de avanzar hacia una nueva organización federal del estado, un nuevo marco de relación entre los pueblos, que desde la convivencia fraternal y solidaridad, evite el dumping fiscal entre autonomías; que garantice los mismos derechos y oportunidades; que garantice una financiación suficiente de los servicios públicos, que evite la privatización de los mismos, y que evite la confrontación entre los trabajadores y los pueblos de las distintas regiones, mientras los ricos se continúan haciendo más ricos. En definitiva, se trata de de dar respuesta a una necesidad política de los ciudadanos y los pueblos.

Eduardo Hernández-Madrid
Baltasar Santos-Tarragona