En Tribuna Socialista n.º 173, abrimos una nueva etapa con cambios estéticos, entre los que se incluía –en el faldón del sumario, pág. 2– un párrafo en el que decíamos lo que aspiramos a ser. En la editorial de este número 174, tenemos que comenzar diciendo también que somos una publicación independiente de los gobiernos, de los partidos políticos, de toda fe religiosa y que nos regimos, única y exclusivamente, por la opinión de nuestras asociadas y asociados.
Que seamos independientes no implica neutralidad, pues como reflejamos en el párrafo aludido: “…aspiramos a ser un punto de encuentro para la izquierda…”.
Aunque oficialmente no sea así, todos los partidos están aprestándose para unos próximos comicios, de hecho, en otro artículo de este mismo número, comentamos las dificultades de la izquierda para formar una coalición electoral unida. La realidad nos dice que estamos en un nuevo período electoral.
Precisamente por ello, y porque somos independientes, pero no neutrales, hacemos estas aclaraciones, para abordar una sana crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, sin ser ciegos a lo que ocurre.
El ataque permanente al Gobierno de coalición por parte de la derecha extrema y la extrema derecha, –podría hablarse de “bullying” político– se da desde el minuto después del cierre de las urnas en las generales de julio de 2023. Comenzando por la presión que el PP ejerció sobre Felipe VI, para que encargara a Feijóo iniciar los pasos para la investidura; presión a la que el señor Borbón accedió. Esto, sabiendo que no tenía el apoyo suficiente, pero, probablemente había que intentar un nuevo tamayazo.
Pocos meses después, en abril de 2024, el pseudo sindicato Manos Limpias, de orientación fascista, interpuso una demanda contra Begoña Gómez. La fiscalía solicitó el archivo de la causa, el informe preliminar de la UCO no encontró delito…, aun así el juez Juan Carlos Peinado activó la causa que hoy va camino de cumplir dos años de investigación prospectiva, culebrón judicial y juicio mediático, que se pretende mantener hasta que haya elecciones generales. Como este caso, hay otros.
No tenemos interés en los pormenores de estos casos, ni en contribuir al circo mediático. Sirva la mención de ejemplo de casos fabricados por las organizaciones que la derecha utiliza como brazo armado para machacar a sus adversarios políticos, como anteriormente machacaron a otras y otros como Pablo Iglesias e Irene Montero, Mónica Otra, el exfiscal General del Estado… y a todo aquel que no apoye la idea de que solo la derecha está legitimada para gobernar. Este acoso judicial no sería posible sin la colaboración de jueces que se prestan a seguir la consigna de Aznar “el que pueda hacer que haga”; consigna a la que se suman los medios de comunicación en manos de la derecha económica y política.
La derecha tiene la misma libertad de expresión que el resto de los ciudadanos, solo que a ellos nadie les aplica una Ley Mordaza; pueden decir lo que quieran que no pasa nada, incluso declararlo ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, como hizo el mentiroso MAR en el juicio contra Álvaro García Ortiz, juicio que desembocó en una vergonzante sentencia.
Claro que la derecha puede manifestar su oposición contra las medidas que toma un gobierno contrario ideológicamente. Pero no utilizar las instituciones del Estado para derribar al Gobierno que sumó los votos de las diputadas y diputados electos en las urnas. Ni que poderes económicos, judiciales y mediáticos actúen como poderes fácticos.
No es fácil combatir toda la basura que genera la derecha de toda la vida, y a la vez intentar gobernar un país con casi 50 millones de habitantes. Ahora bien, el Gobierno tiene en sus manos muchos resortes y capacidades que a nuestro modo de ver no utiliza o no lo hace correctamente.
La crítica que hacemos desde Tribuna Socialista es que las políticas del Gobierno, en algunas ocasiones se dan de bruces con la realidad que la mayoría de la sociedad vive/sufre, pues el 80% de la sociedad necesita más política de izquierdas, eficaz, y menos proclamas mediáticas. No negamos que ha tomado algunas medidas acertadas pero también se acumulan las promesas o evidentes necesidades incumplidas.
Un ejemplo es la reforma laboral (RD 32/2021) que pareciera la madre de todas las reformas. La realidad es que dejaron vivos la mayoría de los efectos lesivos de las reformas de 2010 y 2012. La percepción en la vida de los trabajadores respecto a esta reforma no es muy positiva:
- El contrato fijo-discontinuo salió de las estadísticas como contrato temporal, para ser considerado un contrato indefinido. Eso ha disminuido la temporalidad estadísticamente, pero la realidad es que casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras con este contrato, muchas de ellas y ellos, tienen una relación laboral de puesta a disposición con la empresa, con una indefinición tremenda. Hay quienes tienen varios contratos fijo-discontinuo con varias empresas y entre todas no suman una jornada laboral completa.
- La reforma de 2012 modificó el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores (ET) eliminando la necesidad judicial previa para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), permitiendo que las empresas apliquen despidos colectivos tras cumplir la formalidad del periodo de consultas con los comités de empresa y las secciones sindicales, llevando a los despedidos a la demanda judicial a posteriori.
La reforma de 2022 dejó intacta esta lesiva medida, salvo para las administraciones públicas. Una medida que ha provocado millones de despidos de trabajadoras y trabajadores con derechos, para ser sustituidos por mano de obra precaria; solo hay que ver cómo ha caído el salario más frecuente.
Hace no mucho, desde el Gobierno se clamaba que actuaría contundentemente contra las grandes empresas que anunciaban ERE en los que están siendo despedidos miles de trabajadores ¿Con qué herramienta? A pesar de los 550 nuevos inspectores de trabajo que el Gobierno incorporará hasta 2027, pero ¿qué son 2.550 inspectores para 3,3 millones de empresas y 22,5 millones de ocupados?
- Insistimos, la reforma de 2022 dejó buena parte de las agresivas medidas de las reformas de 2010 y 2012. Por ejemplo, quedó sin modificar el abaratamiento de la indemnización por despido a 33 días por año trabajado que introdujo la reforma de Rajoy y continúan en vigor las cláusulas de descuelgue de los convenios, por parte patronal, mientras que los trabajadores tienen prohibido protestar y hacer una huelga cuando el convenio está en vigor, pero pierden poder adquisitivo a raudales, medida a la que le abrió la puerta la reforma de Zapatero y afianzó la del PP.
Celebramos que se recuperase el principio de ultraactividad de los convenios colectivos, y que se recuperase para los convenios sectoriales la materia en jornada y salario, así como que en 2020 se derogase el art. 52-c del ET, por el que se permitía el despido objetivo por bajas médicas. Son aciertos, pero absolutamente insuficientes frente a las promesas de derogación de las reformas laborales que se aplicaron con motivo de la crisis de 2008.
En otras políticas, aunque no es solo achacable a este Gobierno, es evidente la escasez de esfuerzo inversor en infraestructuras, particularmente si lo comparamos con el gasto en defensa:
- En 2025 se presupuestaron 11.300 millones para transporte, y 2.798 millones para vivienda, frente a los 33.715 millones en defensa -2% del PIB comprometido con la OTAN.
Este país hace aguas, y no solo por la cadena de borrascas, en carreras, en ferrocarriles y particularmente en vivienda de protección oficial (VPO). Esas son las guerras que hay que librar con urgencia, pero ha sido un frente desguarnecido durante años. Y las medidas legislativas que manan del Gobierno son titubeantes, cuando no a favor de los propietarios; que no sufren ningún problema de vivienda.
Tenemos que citar que no se ha cumplido la promesa de derogar la Ley orgánica 4/2015, conocida popularmente como Ley Mordaza, por la que miles de personas son multadas arbitrariamente por agentes de policía de los sindicatos “fachipol”, que ejercen su ideología porra en mano, mintiendo en los partes de lesiones y multando a quienes ejercen su libertad de expresión y derecho a la movilización.
Actualmente nos enfrentamos a un nuevo contraste entre la realidad de la calle y la del Gobierno: mientras hay un clamor que exige la derogación de la Ley 15/1997, la que permite la obscena privatización de la sanidad pública, se nos presenta un Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que incluye una disposición derogatoria que recoge dicha reivindicación. Sin embargo, el texto del Anteproyecto está plagado de terminología que “limita la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro”, pero limitar no es eliminar la sangría de la privatización.
La confianza en el Gobierno está deteriorada, pues, por qué habríamos de confiar en el Anteproyecto sanitario, cuando los defensores de las pensiones en las calles llevan años exigiendo que se cumpla la Ley 21/2021 por la que se tenía que encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social para establecer cuánto dinero le debe el Estado a la caja de las pensiones públicas desde 1967.
Son muchas las reivindicaciones no escuchadas o escuchadas a medias. Es mucha la pérdida de confianza y prestigio de los partidos de la izquierda, por culpa de la corrupción y de los casos de abusos contra la dignidad de las mujeres que, aunque en la derecha lo llevan en su ADN y sus mujeres parecen aceptarlo, en la izquierda es intolerable pues va contra la genética del hecho de ser de izquierdas.
La izquierda necesita unirse, que no uniformarse. Es una necesidad a la que ASTRADE aspira a contribuir junto a todo aquel que camine en esa dirección, pero no cabe duda que no nos podemos permitir que pase un gobierno de izquierdas más por la Moncloa sin tomar las medidas que la mayoría necesita
Tribuna Socialista 
Debe estar conectado para enviar un comentario.