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El cáncer de la Sanidad Pública es su privatización II

Algunos lectores me han sugerido que, por lo interesante del contenido, debía profundizar en el artículo publicado en TS nº 149 con este mismo título. Es por ello que publico esta “parte II”, sobre la privatización de la Sanidad Pública madrileña de la mano del Partido Popular (PP), en las tres últimas décadas.

                Mencionaba en el artículo del pasado mes que, “en 1996 la Sanidad madrileña contaba con 14.000 camas. Hoy, 27 años después y con un incremento de la población del 37,8%, el número de camas es de 12.438, es decir, un 11,16% inferior” (Datos del Ministerio de Sanidad a 2023). No es casual que el 26 de abril de 1997 entrase en vigor la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de Salud. Esta ley del Gobierno de Aznar (mayo 1996 a abril 2000), junto a la Ley 6/1998 de 13 de abril de 1998, sobre régimen del suelo y valoraciones -la ley responsable de la burbuja inmobiliaria que estalló diez años después y que sumió a este país en una profunda crisis económica y social-, son dos de las leyes más perniciosas de los ultimos cincuenta años.

                La Ley 15/97 fue promovida por el PP y votada por PSOE, CIU (hoy Junts, el Partido de Puigdemont), CC (Coalición Canaria) y PNV. Esta ley abrió las puertas de par en par a que las empresas privadas entrasen de lleno a gestionar la Sanidad Pública y a recibir, por ende, dinero público.

                Esta ley se complementa con los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, siendo una ley progresista que universalizó la Sanidad Pública en España, a través de los citados artículos abrió la puerta a los “convenios de colaboración” (Artº. 66 y 67) y a los “conciertos” (Artº. 90). Todos estos mecanismos legales se culminaron en 2002 con el traspaso definitivo de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas.

                A nadie se le escapa, o no debiera, que el objetivo de la Sanidad Pública es proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro. Frente a esto, el objetivo de la sanidad privada es la maximización del beneficio depara los accionistas. Además, a nombre de la “libertad de mercado”, el control del Estado sobre la acción de las empresas es mínimo o incluso nulo, a pesar de la ingente cantidad de dinero público que las empresas reciben cada año.

                Tras tres décadas de experiencia, el deterioro de la Sanidad Pública en Madrid es una evidencia: reducción de camas de hospitales, reducción de personal sanitario, precarización de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de la Sanidad, merma en los recursos en los centros; tanto en hospitales como en los Centros de Atención Primaria y en sus Servicios de Urgencias Extrahospitalarias.

                La destrucción de la Sanidad Pública en Madrid no obedece a un error, es la consecuencia de una planificación inspirada por la idea de sociedad que tiene el pensamiento liberal. Pongamos cifras a todo esto:

  • Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2021, el gasto medio de las comunidades autónomas, en Sanidad, fue del 6,7% del PIB autonómico, equivalente a 1.716 €/habitante. En el mismo ejercicio, en Madrid, el porcentaje fue del 4,4%, el más bajo de todas las autonomías, equivalente a 1.536 €/habitante, un 12% inferior a la media.
  • La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), publicó un informe en diciembre de 2022, en el que daba los siguientes datos: Frente a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dedicar un 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria, Madrid destina un 10,73%, la comunidad que menos presupuesto destina a la Atención primaria en todo el Estado.
  • Para 2024, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso (IDA), ha incrementado el presupuesto destinado a la sanidad privada 1.209 millones de euros, un 24% más que en 2022. Si bien, habrá que ver cómo finaliza el año, pues de los 973 millones presupuestados en 2022 (únicos presupuestos aprobados en la Comunidad de Madrid, antes de los que se acaban de aprobar para 2024) el año terminó con un gasto de 2.000 millones dedicados a la financiación de la sanidad privada, una desviación presupuestaria del 106%. Desde que IDA tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019, el gasto destinado a empresas privadas de la salud, el presupuesto se ha incrementado en un 94%.

Veamos tres tablas que ilustran el deterioro de la Sanidad Pública madrileña:


          No ha sido posible encontrar tablas iguales para comparar, pero sí datos concretos sobre profesionales de Atención primaria. La tabla 1 nos da datos de 2007 y lastablas 2 y 3 reflejan los datos de profesionales de 2016. Es decir, tenemos una comparativa de un periodo de 9 años.

                En la tabla 1 (2007) los médicos de medicina familiar y comunitaria era de 3.901, y 840 pediatras, un total de 4.741 médicos en Atención Primaria. La tabla 2(2016) vemos que la cifra de médicos de familia cae a 3.553, -9%. Mientras que, en pediatría, el número de profesionales crece a 908, +8%. El total de profesionales en 2016 era de 4.441, lo que representa un recorte del 6,3% en el global de médicos de Atención Primaria.

                Según el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) desde 2016 el número de pediatras ha caído a 663 en 2022. O lo que es lo mismo, desde que Díaz Ayuso es presidenta, se ha recortado la plantilla de pediatras en Madrid un 27%, llevando la cifra de pediatras a un 21% inferior a la de 2007.

                El personal de enfermería también se ha reducido en estos años. En 2007(tabla 1),Madrid contaba con 4.024 enfermeros y enfermeras, frente a los 3.294 de 2016(tabla 3). Por tanto, en 9 años se recortaron 730 profesionales de enfermería, más del 18% de recorte.

                Por último, en 2016 (tabla 3)la tasa de profesionales de enfermería en Atención Primaria era de 0,5 por cada 1.000 habitantes, la más baja de todo el país, solo igualada por Baleares y Ceuta y Melilla.

                Los datos demuestran los efectos de la privatización en la Comunidad de Madrid, donde, en paralelo al deterioro de la Sanidad Pública, la sanidad privada ha crecido exponencialmente hasta convertirse en la comunidad con mayor gasto per cápita del Estado español, con un gasto de 936 € en 2022.

                Los datos también evidencian la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias, que han ido deteriorando el Sistema Público Sanitario en los años previos a la Pandemia de COIVID-19, no porque supiesen que llegaba una pandemia. Dice el artículo 43 de la Constitución:

                “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

                Los poderes públicos no solo no adoptaron medidas preventivas, sino que deterioraron a tal punto la herramienta pública para proteger el derecho a la salud que la han dejado en un estado que no soporta ni la habitual ola de gripe anual, como acabamos de sufrir en estas semanas pasadas.

                Los datos explican por qué en Madrid se ha alcanzado el millón de personas en lista de espera, de las que más de la mitad tienen que esperar más de 3 meses para una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o la consulta con un especialista.

                Ante la evidencia, no cabe otra solución que derogar la Ley 15/97 y los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de la Seguridad Social. Defender la Sanidad Pública es una reivindicación de la mayoría social, de ese 75% de la sociedad que no puede pagarse una póliza de salud privada.

                Tenemos un Gobierno de Coalición progresista, y una Ministra de Sanidad que ha batallado en Madrid por la defensa de la Sanidad Pública. Muy bien, es el momento de tomar decisiones políticas, derogar los convenios y los conciertos, cerrar la puerta de la Sanidad al mercado privado y dejar de sangrar las cuentas públicas. Esto, está en manos del Gobierno de la nación.

Roberto Tornamira
Participa en el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DETERIORO DE LA SANIDAD PÚBLICA HASTA SU DESAPARICIÓN. LA LUCHA QUE DEBEMOS DESPLEGAR

La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 CE,​ estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar, frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible, al establecer en el punto tercero del artículo, prioridad absoluta para los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas. Es decir, que antes de atender a los Servicios Públicos, hay que pagar la deuda pública, los capitalistas antes que los trabajadores y los ciudadanos en general.

                La referencia a esta reforma de la Constitución, a modo de introducción, se realiza porque, a juicio del que suscribe, viene a consolidar la privatización de los servicios públicos, en especial, la sanidad y la enseñanza. Es a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en 2020, cuando se produce un aumento de privatizaciones sanitarias, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Se me dirá que no tiene nada que ver priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos, con la privatización de los mismos. Pero yo entiendo que, con esta reforma, la derecha de todo pelaje, quiere desmontar el estado de derecho y el estado de bienestar a nombre de las imposiciones de la UE, el FMI y el BCE imponen su proyecto privatizador.

                En efecto, el negocio de la sanidad privada, en el conjunto de las comunidades autónomas, ha crecido un 53% en una década y ya factura 11.000 millones de euros, en concreto, 11.238 en 2023. Continúa el ascenso de los seguros privados de salud, en el año pasado tuvieron un incremento del 6,6% y desde el 2015, el incremento ha sido del 52,7% y se calcula que el número de personas aseguradas privadamente es, en 2023, de 12 millones de personas, el 25% de la población, según datos del lobby de la sanidad privada, Fundación IDIS. (Infolibre. es 21/01/2024).

                Se está procediendo al deterioro progresivo de la Sanidad Pública, sobre todo en aquellas Comunidades donde gobierna el PP con el apoyo de los fascistas de VOX, deterioro que se concreta, entre otros aspectos, en la falta de contrataciones de médicos y mejora de las condiciones laborales y de medios, el cierre de Centros de Urgencia Extrahospitalaria SUAP, no se cubren jubilaciones ni bajas.  Tras los aplausos, hay una marcha constante de profesionales a otras instituciones y ámbitos geográficos en busca de mejores condiciones laborales y sociales, la falta de médicos en la asistencia ambulatoria, con la consecuencia de la saturación y hacinamiento en las urgencias hospitalarias.

                Este brutal deterioro se plasma en las listas de espera, las más elevadas de la historia, pacientes que fallecen sin ser atendidos, excesos de mortalidad no investigados, etc., “lento deterioro, pero sin pausa, que engorda el negocio sanitario privado, tacita a tacita”, (advertencia del médico y analista Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria).

La realidad es hoy que uno de cada tres euros dedicados a sanidad, acaba en los bolsillos de empresas privadas, mientras los centros públicos agonizan por falta de medios y los seguros privados se disparan.

                Toda esta deplorable situación de nuestra Sanidad Pública, deriva de instrumentos legales, las leyes de ámbito estatal 15/97(nuevas formas de gestión) que se dictó, precisamente, para universalizar e introducir la igualdad en la Sanidad Pública, pero que se ha utilizado para romper la Sanidad Pública, así como los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que los gobiernos “más progresistas de la historia” mantiene en vigor sin derogarlas o modificarlas.

                La cronología de los instrumentos legales que han permitido la privatización de la Sanidad Pública, ha sido la siguiente:

• 1986.- Ley General de Sanidad. Incorporó avances como la creación de la Atención Primaria, pero se suprimieron propuestas iniciales como la creación de un sistema público de Farmacia, o la atención integral de salud mental y bucodental. Se introducen los artículos 67 (convenios singulares) y 90 (conciertos) que van a permitir trasvasar miles de millones de euros a empresas privadas, por actividad que se podría hacer en los centros públicos.

• 1997.- Ley 15/97 (de “Nuevas Formas de Gestión”), que va a permitir, con dinero público, la apertura de centros sanitarios privatizados durante décadas.

• 1999.- Primer hospital de modelo concesión (Alzira, Valencia), cedido a una empresa privada por 20 años. Posteriormente se abren otros 4 con el mismo modelo.

• 2000.- Madrid aplica el mismo modelo, privatizando por 35 años (hasta 2035) 11 hospitales privados, lo que implicó el cierre de más de 2.000 camas públicas y el trasvase de cientos de millones de euros anuales que se detraen de los centros públicos.

• 2010.- Se extiende el modelo de hospitales privatizados a Comunidades Autónomas, en concreto, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Galicia, etc. Paralelamente se privatizan ambulatorios y laboratorios públicos, citas médicas, extracción de sangre, lavandería, limpieza, informática, mantenimiento, almacenaje, vacunas, etc.

• 2018-2023.- Se disparan las listas de espera hasta cifras récord, lo que les ha permitido justificar el brutal incremento de los conciertos privados (art. 90 Ley General de Sanidad), mientras se cerraban o reducían servicios en los centros públicos. La crisis del COVID es aprovechada para derivar cientos de millones de euros hacia empresas privadas, abrir “hospitales” innecesarios e infradotados (ZENDAL) cerrar servicios de urgencias, rematar la Atención Primaria y maltratar aún más a los trabajadores.

                Durante el COVID se dejaron morir cientos de miles de ancianos en las residencias privadas, por negarse las autoridades sanitarias responsables a su derivación a Hospitales, en Madrid, concretamente, 7.291 ancianos, por cuyos luctuosos hechos, algunos esperamos que algún día se acabe procesando, por presunto homicidio, a Isabel Díaz Ayuso.

                En cuanto a la lucha que debemos llevar, los “Ayuso dimisión (o el político que corresponda)”, o “La sanidad no se vende, se defiende” están muy bien, pero se vacían de contenido si nos quedamos solo en los síntomas y el diagnóstico. Hay que actuar sobre las verdaderas causas, es decir, atacar hasta su derogación o sustancial modificación, aquellas leyes estatales y autonómicas que han hecho posible llegar a esta situación, al establecer los instrumentos legales de gestión privada, conciertos y convenios con entidades privadas, que después han sido los sujetos del expolio y de la privatización de la Sanidad Pública.

                Del mismo modo debemos señalar a los responsables (todos los partidos que mantienen esas leyes estatales, que permitieron las privatizaciones). Los partidos y sindicatos que, por activa o por pasiva, han permitido esta situación son parte del problema y no pueden formar parte de la solución, son los mismos que desmantelan las pensiones, pasan página en la masacre de las residencias, mantienen la ley Mordaza, no derogan las reformas laborales de 2010 y 2012 y siguen sin garantizar el acceso a la vivienda.

                Debemos recuperar la movilización autónoma, al margen de los privatizadores, o nos despojaran de todo.

Miguel Sagüés Navarro
Militante Socialista de Madrid

El cáncer de la Sanidad Pública es su privatización

Casi cinco años después del “Tamayazo” (junio de 2003), Esperanza Aguirre (PP) inauguraba 7 hospitales en Madrid: Infanta Leonor (Vallecas), Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el del Tajo (Aranjuez), el del Henares (Coslada), Infanta Cristina (Parla) y el del Sureste (Arganda del Rey).

                Estos hospitales fueron dados a construir por empresas privadas -algunas de ellas implicadas en los casos Púnica y Gürtel, ¿el azar?- que adelantaron una inversión de 747 millones de euros (datos de la Cámara de Cuentas de Madrid). Solo entre 2008 y 2016, en esos ocho años, la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, pagó 1182 millones de euros. Es decir, que en ocho años se amortizó la inversión y las empresas obtuvieron una rentabilidad cercana al 60%, un beneficio promedio anual del 7,3%. Buen negocio. El negocio es más goloso aún, pues las empresas agraciadas con los contratos continúan recibiendo un canon anual de dinero público y los contratos de adjudicación no vencen hasta 2035, o sea en poco más de una década.

                La misma Cámara de Cuentas regional que actualmente la señora Ayuso se ha propuesto controlar de forma omnímoda, emitió un informe en 2012, el que detallaba una partida de 80 millones extras que le fueron otorgados a las empresas en concepto de sobrecostes. Al negocio hay que añadir que muchos de estos grupos empresariales de la construcción tienen divisiones de limpieza, hostelería, seguridad… por lo que también obtienen beneficios añadidos por la prestación de estos servicios.

                Este “Plan de Infraestructuras Sanitarias” se desarrolló justo después del “Tamayazo”, en la legislatura autonómica 2003-2007. Como suele decirse: blanco y en botella.

                En la época del predecesor de Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón, a quien ella le denominaba como “el hijo puta” -insulto muy utilizado por las “señoras de bien” del PP-, en 1996, la Sanidad madrileña contaba con 14.000 camas. Hoy, 27 años después y con un incremento de la población del 37,8% (La población censada en Madrid ha crecido, en el periodo 1996 a 2023, en 1,9 millones de habitantes), el número de camas es de 12.438, es decir, un 11,16% menos.

Las cifras de la gestión privada son un disparate. Dos ejemplos: El Hospital “La Paz”, tiene un coste anual de 526 millones de euros para sus 1.308 camas (más de 400.000 €/cama); La “Fundación Jiménez Díaz”, destina 372 millones anuales para sus 659 camas (más de 564.000 €/cama).

¿Alguien se imagina las cifras astronómicas que genera este negocio a lo largo de 35 años, en el conjunto de la red hospitalaria madrileña? Los lobbies al servicio de las grandes corporaciones y de los fondos de inversión sí que se lo imaginan. Por eso destinan ingentes cantidades de dinero en corromper, tamayazos, y/o en abrir de par en par las puertas giratorias para los allegados al poder de decisión política: es el caso de Assignia, una de las adjudicatarias de la construcción de hospitales públicos de gestión privada, empresa que incorporó a su Consejo de Administración al señor Manuel Lamela, quien, ¡oh! Casualidad, fue consejero de Sanidad en el Gobierno de Esperanza Aguirre en el periodo 2003-2007.

El negocio tiene otras derivadas, como es el hecho de que el deterioro de la Sanidad Pública empuja a un 25% de la población a contratar pólizas de Salud privadas, el 25% de la población que puede económicamente hacerlo.El otro 75% de los ciudadanos y ciudadanas solo puede sufrir las consecuencias del saqueo de los servicios públicos. Aunque esta gran mayoría, también podría organizarse y dedicar un poco de esfuerzo a defender sus intereses.

                El diagnóstico y los datos están ahí. Ahora la cuestión es qué tratamiento necesita la Sanidad Pública madrileña y la del resto de comunidades autónomas, pues esto no es un problema exclusivo de Madrid.

                Lo primero que habría que hacer es desintoxicar a la Sanidad Pública de la adicción a la privatización. En la aplicación de este tratamiento debería implicarse el Gobierno de Pedro Sánchez, y en particular la nueva Ministra de Sanidad, Mónica García, pues ella conoce de primera mano la situación. Hay que llevar a cabo políticas que frenen la privatización y que impidan la renovación de los contratos de gestión privada de lo público. En el caso concreto de Madrid y de los hospitales mencionados faltan 11 años, tiempo suficiente para planificar el tratamiento.

                Lo segundo es impedir que se continúe maltratando a los y las profesionales de la Sanidad Pública. Las plantillas son insuficientes, porque no se contrata ni siquiera para reemplazar al personal que se jubila. Y el personal sanitario está mal pagado, prueba de ello es que un alto porcentaje de los MIR, cuando terminan su proceso de formación, rechazan las plazas que se ofertan en Madrid; en el caso de la pediatría es brutal.

                Lo tercero es trabajar desde las instituciones del Estado para que el pueblo soberano, al que solo se le llama a la hora de votar, esté informado debidamente de la importancia e insustituibles que son los sistemas públicos: Sanidad, Pensiones, Educación y Dependencia.

                Seguro que se pueden y se deben aplicar más tratamientos, pero de momento parece que solo son eficaces las ondas de choque de la movilización.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista