Mes: septiembre 2021

La agenda social para una recuperación justa

Han transcurrido cerca de dieciocho meses desde la declaración de la pandemia de la covid-19, por la Organización Mundial de la Salud, y en nuestro país más del 70% de la población ya ha recibido la pauta completa de vacunación contra la misma. Cuando el Gobierno anunció este objetivo, dentro de la lucha contra los efectos del coronavirus, las derechas y la ultraderecha, acompañadas por algunos medios de comunicación, pusieron en duda su cumplimiento. La realidad les ha desmentido, de hecho, las consecuencias de la quinta ola en cuanto a contagios son sensiblemente menores a las anteriores, por el grado de inmunidad alcanzado a nivel territorial y generacional.


La economía está recuperando los niveles previos a la crisis provocada por la covid-19, como resultado de las políticas puestas en marcha por el Gobierno para proteger la salud, el mantenimiento del sistema productivo y del empleo, garantizar las rentas y la protección social para trabajadores por cuenta ajena, autónomos y personas vulnerables. La Autoridad de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que la economía española crecerá un 2,4% en el tercer trimestre respecto al segundo, lo que situaría el PIB en el 95% del que se alcanzó a finales de 2019.


En los meses de verano se ha visto consolidada la tendencia positiva de la evolución del empleo, recogida por la EPA del segundo trimestre de 2021, cuando el número de ocupados aumentó en 464.900 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 19.671.700. El empleo ha crecido en 1.064.400 en los 12 últimos meses, respecto al segundo trimestre de 2020, cuando se produjo el mínimo de ocupación desde el inicio de la pandemia. En referencia al segundo trimestre de 2019 la variación es de –133.300. En el mes de agosto el paro registrado contabilizó una reducción récord de más de 82.000 personas, dejando la cifra total de desempleados en 3,3 millones, mientras que en agosto de 2020 el total de personas desempleadas era de 3,8 millones. No obstante, aún se está lejos de alcanzar los 3,06 millones de desempleados registrados en agosto de 2019.

La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional prevén que en 2022 España sea el país que más crezca y el Gobierno quiere que ese crecimiento económico impulse la creación de empleo y cohesión social, de modo que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se acompañe de una agenda social para potenciar una recuperación justa, con el potente diálogo social que se viene desarrollando desde el inicio de la legislatura. Mediante políticas públicas que garanticen que el crecimiento y la riqueza se redistribuyan y se consoliden los derechos y libertades para el conjunto de la ciudadanía, de forma que la lucha contra el coronavirus se proyecte también en la recuperación, modernización y transformación económica y social, reduciendo las desigualdades y fomentando la solidaridad.


Gran parte de las medidas de la agenda social y económica se tratarán en la elaboración de los PGE-2022 y el Plan Anual Normativo 2021, que incluye las iniciativas de naturaleza normativa que tiene previsto aprobar el Consejo de ministros hasta el 31 de diciembre. Está compuesto por 144 iniciativas normativas: 6 leyes orgánicas, 28 leyes ordinarias y 110 reales decretos. Una tercera parte de las mismas tienen que ver con los compromisos que España ha contraído con la Comisión Europea, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Algunas de las nuevas normas previstas para los próximos 4 meses son las leyes de Formación Profesional, Ciencia, la de creación y crecimiento de empresas, Vivienda, 5G, la reforma laboral, la reforma de pensiones o el desarrollo de la ley de Educación. La reforma fiscal se prevé para 2022.


En el último trimestre de 2021 el Gobierno debe afrontar compromisos centrales, como la derogación de la reforma laboral, cuyo objetivo, tal y como se recoge en el programa del Gobierno, es modernizar nuestro mercado de trabajo y desmontar la legislación laboral lesiva que impuso el Gobierno del Partido Popular. Actualmente se está abordando en el diálogo social, de forma tripartita por el Ejecutivo junto con los sindicatos y patronales. El primer bloque de la reforma de pensiones ya está en el Congreso; dicho bloque incorpora la garantía del poder adquisitivo para los pensionistas actuales y futuros, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad. También la Ley Estatal de Vivienda debería ver la luz antes de que finalice el año, además del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.


Uno de los principales problemas que actualmente enfrenta la economía española es el histórico incremento del precio de la luz, una cuestión compleja pero que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Uno de los puntos que viene monopolizando el debate económico y político tiene que ver con los márgenes de la normativa europea para reducir los precios, o la oportunidad de una empresa pública de energía. Mientras el PP critica el sistema de formación de precios que ellos mismos aprobaron en 2013, el objetivo del Plan del Gobierno es conseguir que al finalizar este año 2021 la ciudadanía haya pagado por su recibo de la luz una cantidad muy similar a la que pagó en un año como 2018.


El Gobierno pretende que la subida desmedida del precio de la energía eléctrica en el mercado mayorista tenga un impacto mínimo en el recibo que pagan los ciudadanos. Algunas medidas que ya se han puesto en funcionamiento para lograrlo son la reducción del IVA de la factura eléctrica del 21% al10% y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7%. A ello hay que añadir otras, como la protección a los hogares vulnerables, la ampliación de la prohibición del corte de suministro, la ampliación de la base de beneficiarios del bono social eléctrico, la creación de un bono social térmico o evitar los sobrebeneficios de las compañías eléctricas. El Plan también se compone de medidas estructurales, como la apuesta por las energías renovables, las más baratas para generar electricidad. La pretensión es que las renovables dominen el mercado, precisamente la mayor penetración de renovables en los mercados de futuros de electricidad indican que España tendrá precios inferiores a Francia y a Alemania en 2022 y 2023.


La inflación se ha instalado en el actual proceso de recuperación. En el mes de agosto los precios subieron un 3,3% en nuestro país, situación común a otras muchas economías desarrolladas. El pasado julio en la zona euro la inflación alcanzó el 2,2%, el nivel más elevado desde octubre de 2018, y pese a que los precios no se han acelerado tanto como en Estados Unidos (5,4%), la inflación sí viene superando mes a mes el promedio de sus socios europeos. Son diversos los efectos colaterales de mantenerse en el tiempo, y aunque los bancos centrales tienen la esperanza que se superen, podrían lastrar la economía española al reducir el poder adquisitivo a los trabajadores públicos y privados, dañar el consumo, gravar la factura de las pensiones y erosionar la competitividad de las empresas.


La subida salarial pactada en los convenios colectivos de trabajo se situó en el 1,56% en julio, por debajo del IPC, según datos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento salarial está por debajo de las directrices marcadas en el Acuerdo Interconfederal para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) 2018-2020, pactado por UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, que planteaba subidas salariales superiores al 2% y que aún no ha sido renovado para 2021. Ante el rebrote de la inflación se requiere tener claro que la recuperación no puede darse con una nueva devaluación salarial, por ello es necesario actualizar el SMI en 2021 y proteger la evolución de los salarios en las actividades públicas y privadas, junto con la garantía del poder adquisitivo de las pensiones.

Toni Ferrer

Por la nacionalización del sector energético

En los últimos meses mucho se ha debatido sobre el encarecimiento de la factura de la luz. Nos decían que con la ley de la oferta y la demanda y la gestión privada se satisfarían las necesidades de energía de la población. Nada más lejos de la verdad. El precio de la factura eléctrica ha alcanzado unas cifras escandalosas en las últimas fechas. lo cual supone una agresión para la población más necesitada y un serio obstáculo para la industria, los restaurantes, los comercios…


Mientras estamos comprando energía nuclear a Francia y electricidad a una empresa pública italiana como ENEL, España fue uno de los países que antes privatizó las empresa públicas energéticas.


En España, la empresa estatal Endesa llegó a tener más de un 40% del mercado y aunque tras la venta sucesiva de dos paquetes de acciones de ENDESA por los Gobiernos de Felipe González, el Estado aún mantenía en 1988 el 67% de la propiedad y el control público sobre la empresa eléctrica, los gobiernos de Aznar y Rato, vendieron la mayor parte de las acciones de Endesa propiedad del estado. La liberalización y privatización de ENDESA se llevó a cabo. Como premio a la privatización: puertas giratorias para políticos socialistas, peperos (Aznar fichó en 2011 por ENDESA tras haberla privatizado en 1998),y también nacionalistas.


En toda la Unión Europea los procesos de privatización que llevaban como objetivo acabar con los monopolios estatales, nos llevaron a un oligopolio de seis multinacionales. Concretamente, en el caso de España, Endesa, Iberdrola y Naturgy, han ganado más de 26 millones de euros en los últimos 5 años., mientras nuestra factura de la luz sigue aumentando.


Hemos llegado a una situación inadmisible en la que el Gobierno de Pedro Sánchez tras varias medidas que se han demostrado ineficaces, ha anunciado un nuevo paquete de medidas para detraer los ingresos extraordinarios de las empresas, los conocidos como ‘beneficios caídos del cielo’ o windfall, para destinarlos a topar el precio del gas. Suponen alrededor de 650 millones de euros. ¿será suficiente? me gustaría pensar que sí, pero creo que no va ser suficiente.


De hecho, mientras la derecha reivindica la bajada del IVA a un tipo superreducido, los sectors más progresistas coinciden en que deben aprobarse medidas de fondo en relación con el modelo energético español. ¿Qué medidas tomar? ¿crear una empresa pública o nacionalizar el sector eléctrico?


Leí en un artículo de Odón Elorza publicado en elobrero.es el 21 de agosto de 2021, que sugería la creación de una empresa pública que recuperara la gestión de más de 30 centrales hidroeléctricas cuya concesión finaliza en este periodo y hasta 2031. Ciertamente, parece una buena idea crear una empresa pública dedicada a la producción de energía que permita incidir en el precio final de la luz. Mejor una empresa pública que privada. Al menos nos aseguraríamos que no vacían los embalses como ha hecho Iberdrola para manipular el precio de la luz en las subastas de este especulativo mercado.


En la misma línea de pensamiento se inscriben las declaraciones del President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés (ERC), cuando manifiesta “Lo que se debe hacer es regular el mercado de forma diferente”, reivindicando que la Generalitat ya ha iniciado los pasos para crear una energética pública que gestiones dónde deben ubicarse los centros de producción energética.
Se necesita un modelo energético sostenible que garantice la producción alli donde se necesita, para no tener que importarla desde Argelia, Francia, o ningún otro país, sin que se tenga que trinchar el territorio con nuevas líneas de muy alta tensión, y para que se promueva el uso de las renovables.
Insisto en que prefiero una empresa pública que una empresa privada, pero es que el debate no es ese.


El debate es si el precio de la energía debe someterse a las reglas de mercado o no. Ni las propuestas del compañero Odón ni la de Pere Aragonés, ni las medidas adoptadas por Sánchez discuten el mercado, y por tanto “el mercadeo” energético. Si una empresa pública tiene que competir con las privadas, en un mercado al servicio del oligopolio privado, vamos servidos. La alternativa sería que la UE decidiera que la energía no se someta a las reglas de mercado, cosa que no va a decidir, entre otras cosas porque nadie ha situado el debate.
Si realmente queremos garantizar el suministro eléctrico de luz y gas vamos a tener que nacionalizar el sector y poner al servicio de la ciudadanía y de la industria los recursos energéticos necesarios para la vida y el funcionamiento de las fábricas, y por ende el mantenimiento de los puestos de trabajo del sector industrial que como todos ustedes saben sigue menguando debido al cierre o deslocalización de las empresas hacia países más desregulados en materia ambiental.


No podemos dejar en manos del mercado lo que no debe ser objeto de especulación.


Baltasar Santos
TS Cataluña

Resolución de la reunión de coordinadora de CATP

Llamamos a mantener y reforzar la resistencia y organizar la movilización en unidad

Reunidos el sábado 18 de septiembre de 2021 en Madrid, en la sede sindical de la calle Maldonado, organizaciones, colectivos, comités de Trabajadores y jóvenes de diferentes pueblos del Estado español.

CONSTATAMOS:
Que el momento político y social que atravesamos está repleto de agresiones para nuestros derechos, duramente conquistados, que vienen siendo amenazados y lesionados desde hace mucho tiempo. Son nuestros medios de subsistencia como trabajadores y pueblos los que están siendo atacados en favor de los intereses de una minoría privilegiada.
La oligarquía financiera exige que, en medio de la crisis del capital, los servicios públicos, los derechos laborales, los salarios y las pensiones sean devaluados para salvarse de su ocaso como sistema. Pretenden arrebatarnos nuestros derechos sociales y democráticos con el fin de imponer sus mecanismos de apropiación de lo público y continuar con el trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital; buen ejemplo de ello es la devaluación de salarios y pensiones que se está llevando a cabo con el alza de los precios en general y la luz en particular.
Las instituciones del régimen que Franco nos dejó en herencia, con la monarquía y la justicia en cabeza, no solo defienden los intereses de esa minoría sino sus propios privilegios.
El Gobierno que fue elegido por la mayoría obrera y popular del país es incapaz de actuar en función de los intereses de la mayoría y es percibido cada vez más como un juguete en manos de las finanzas y de las instituciones de las multinacionales. Han pasado 39 meses desde la Moción de Censura que sacó al Gobierno mafioso del PP, el del caso “Kitchen”, de la Moncloa; pero las reformas laborales, contra las que los trabajadores hicieron tres huelgas generales, continúan intactas. El SMI sube el 1,5% (15€/mes) frente a las brutales subidas de la energía.

PERO LA RESISTENCIA EXISTE
La desconfianza ante las medidas del Gobierno crece, como también aumenta la indignación ante el poder de multinacionales y capitalistas en todas sus formas; los especuladores que dictan los precios de la luz, dónde hay vacunas o no y a cuánto… Mientras, tenemos que convivir con medidas represivas, como las contenidas en “Ley Mordaza” que impuso el PP para imponer sus reformas y políticas económicas contra los trabajadores y los pueblos. La actitud timorata del Gobierno, los partidos y las cúpulas sindicales a la hora de proteger los intereses de la mayoría, levanta cada día más la oposición tenaz entre los trabajadores, los pensionistas, los jóvenes, los inmigrantes en todos los pueblos del Estado español, lo que los lleva a querer decidir sobre su futuro.

LA RESIGNACIÓN ABRE PASO A LA MOVILIZACIÓN
Desde el CATP brindamos todo nuestro apoyo y participación a:
• Los pensionistas que marcharán a las Cortes el 16 de octubre, para exigir una Auditoría a la Seguridad Social que establezca y aclare cuánto dinero le debe el Estado a la caja de las Pensiones.
• Los jóvenes estudiantes que ven como se deteriora la Educación, por los recortes de profesorado, el hacinamiento en las aulas o porque no tienen plaza en la FP. En paralelo a esta situación, la Iglesia disfruta de un jugoso negocio, a través de la educación concertada, aprovechando que en este país no están separados: Estado e Iglesia. El CATP se compromete en la lucha por la Educación pública, laica, gratuita y de calidad.
• Los médicos y enfermeras que exigen un presupuesto consecuente para combatir la pandemia y atender a todas las necesidades médicas de la ciudadanía en un entorno seguro para los profesionales sanitarios. Un sector, el de la Sanidad Pública, en el que en estos meses SE HAN MULTIPLICADO LAS MOVILIZACIONES de todo tipo.
• Los trabajadores de la industria amenazados de despido, definitivos y temporales han tomado nota tras la experiencia de NISSAN; como los trabajadores de SEAT a quienes les van a aplicar un nuevo ERTE de casi un año de duración. O los de Alcoa que como otras empresas industriales del acero y aluminio se ven amenazadas de cierre en nombre de la transición ecológica. Quienes son despedidos no creen en promesas de supuesta recolocación.
• Los trabajadores de la Banca que una vez más se han enfrentado a la reducción de empleos y cierre de oficinas; ya son más de 115.000 los empleos destruidos y más de un 40% de la red de oficinas cerradas, desde 2010.
• Los pueblos, como el catalán que sigue exigiendo Amnistía y derecho a decidir.
• Los miles de interinos, que ven cómo pueden perder su empleo tras años trabajando con contratos fraudulentos para las administraciones.
• Los desempleados que llevan años en el paro de larga duración, sin oportunidades reales de acceder a un puesto de trabajo. Colectivo que padece un plus de sufrimiento por el incremento de los precios.
• Y a todos los despedidos como las compañeras de Lyma en Getafe, el compañero Juampa, presente en esta reunión y despedido estando de baja médica, y Ángeles Guindel trabajadora despedida y que por dos veces ha ganado el juicio y espera su readmisión en el Ayuntamiento de Getafe.

NO ESTAMOS SOLOS
El movimiento de resistencia que se agudiza en nuestro país está en consonancia con las movilizaciones en Francia, Italia, Grecia, y todos los países europeos, no por casualidad, enfrentados a los mismos ataques.

HACE FALTA LA UNIDAD
El mayor obstáculo para frenar los planes del capital está en la falta de unidad en torno a las reivindicaciones. Al contrario, vemos que en muchos casos nuestras organizaciones a nivel confederal aceptan la política del gobierno y sus argumentos en nombre del peligro de la extrema derecha. Se niegan a organizar una movilización de conjunto, como exigen la mayoría de militantes que, en las empresas, los servicios públicos y los barrios exigen la movilización unida GOBIERNE QUIEN GOBIERNE.

EL CATP NO TIENE INTERESES DISTINTOS A LAS ORGANIZACIONES OBRERAS Y DEMOCRÁTICAS
Sus partidarios, organizados en colectivos o comités, forman parte de estas organizaciones y militan en ellas para que la unidad se realice en favor de las reivindicaciones, en defensa de los derechos, para abrir la vía a la Democracia o sea a la República, para acabar con la corrupción de la Corte ejemplificada por el Emérito, para acabar con poderes como el Judicial; independientes, sí, de la soberanía popular.

EL CATP participa y apoya las movilizaciones que existen y promueve en unidad todas aquellas que sean necesarias. Para que ello sea una realidad invita a formar parte del CATP y de su Coordinadora Estatal a los colectivos en lucha por sus derechos y reivindicaciones; luchas y reivindicaciones que son comunes a todos los trabajadores y a todos los pueblos.