Es las épocas de “vacas flacas” es cuando más se notan las diferencias entre las políticas fiscales progresistas y las liberales, las de izquierda y las de derecha. Los impuestos son las aportaciones de los ciudadanos por diferentes conceptos (renta, patrimonio, bienes inmuebles, vehículos…). Su recaudación permite aplicar polítcas públicas. Una de las características de las políticas socialdemócratas es la aplicación de una fiscalidad que permitas quién más tiene aporte más para cubrir las necesidades de todos, especialmente, de los que menos tienen. Las políticas liberales, al revés, aplican bajadas de impuestos, especialmente a las rentas más altas con el objeto de reducir el peso de las políticas públicas y privatizar todo lo privatizable generando negocio privado para los suyos.
Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid eleva la desfachatez fiscal a su enésima potencia, no solo baja los impuestos a los más ricos, sino que además, el dinero público recaudado lo utiliza para favorecer a las rentas más altas. El anuncio de la creación de becas al estudio para los hijos de famílias bienestantes que van a colegios privados en detrimento de más dinero público para la sanidad y educación públicas son un buen ejemplo.
Pero el mes de septiembre ha estado cargado de noticias relacionadas con la fiscalidad, especialmente con la competencia o competitividad fiscal que las autonomías gobernadas por el PP están anunciando sobre el Impuesto de Patrimonio. Madrid fue la pionera, ahora Andalucía y Galicia anuncan exenciones o rebajas del impuesto de Patrimonio, es decir bajadas a los más ricos. Esta estrategia de competir en bajadas de impuestos a los más ricos es una clara declaración del objetivo de estos gobiernos autonómicos: reducir las políticas públicas a su mínima expresión y atraer las rentas más altas. Políticas para ricos.
Pedro Sánchez ha censurado esta medida de «competencia fiscal a la baja” y ha dicho que “Lo importante es fortalecer el Estado del Bienestar, que nos defiende frente a adversidades como la pandemia”.
Por otro lado, el impuesto a las energéticas y la banca, así como el nuevo impuesto que se ha anunciado sobre las grandes fortunas, son medidas que se orientan a que contribuya más el que más tiene, pero que deberían aplicarse no temporalmente, sino de manera estructural.
En Europa también cuecen habas. La primera medida que ha anunciado la flamante nueva ministra conservadora, Liz Truss es reducir los ingresos del Estado, rebajando varios impuestos, por lo general a las rentas más altas, en un total de 55.000 millones de euros para reactivar la economía. La laborista Rachel Reeves, en la oposición, dice que esta es la estrategia para favorecer a los ricos para que su gasto llegue a los más pobres.
En el primer mandato de Macron en Francia ya se han aprobado importantes rebajas fiscales a las clases más pudientes, con la supresión parcial del impuesto sobre la fortuna o disminuyendo del 45% al 30% la tasación máxima del capital. Ahora, el segundo mandato se ha iniciado con el anuncio de los superbeneficios de las grandes multinacionales en Francia, ante los que el gobierno Macron se niega a gravar fiscalmente, de forma contratria a lo que exige la oposición de izquierdas, Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES) que reclama un impuesto ante tan descomunales beneficios, mien- tras los servicios públicos se están deteriorando a la velocidad de la luz
El debate ideológico por la fiscalidad no es cualquier cosa. Los servicios públicos que deben garantizar la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, está en juego. Defender hoy los impuestos puede parecer impopular, pero los impuestos son necesarios. Eso sí, justos. Que sirvan para redistribuir la riqueza que se genera en beneficio de toda la población. Unos impuestos que obliguen a que el que más tiene contribuya más, para cubrir las necesidades de quien menos tiene.
Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS
Tribuna Socialista 