
El sábado 15 de abril, con nocturnidad y alevosía, el presidente de la República francesa, Enmanuel Macron, promulgó la Ley de Financiación Rectificativa de la Seguridad Social para el 2023, es el nombre oficial de la conocida popularmente como reforma de las pensiones, que pretende retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años.
Esta ley, que fue enviada al Consejo Constitucional, una institución que podríamos asemejar al Tribunal Constitucional español, pero formado por algunos ex ministros de Macron, dio luz verde a la propuesta de ley en el punto más conflictivo: prolongar la edad de jubilación dos años más.
Nada más conocerse la decisión del Consejo Constitucional, los sindicatos pidieron al Presidente que no promulgara la Ley, pero este hizo caso omiso y la promulgó, con la arrogancia que le caracteriza no quiso ni oír a los sindicatos que, unánimemente llevan meses convocando huelgas y manifestaciones en contra de la reforma de pensiones. Pero si Macron fue rápido en promulgar la Ley, igualmente rápidas fueron las caceroladas y manifestaciones que de forma espontáneas se concentraron en calles y plazas de todo el país, mostrando de esta forma que los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo francés no está dispuesto a aceptar la imposición de una ley que es sentida como una agresión intolerable a uno de los derechos más valorados por los trabajadores franceses.
En el centro de las movilizaciones está la clase obrera con todas las organizaciones sindicales haciendo la unidad y han conseguido el apoyo de la juventud y toda la sociedad francesa.
Pero la reforma de Macron que es la reforma del capital, no solo significa quitar dos años de merecido descanso a los trabajadores franceses, significa prolongar dos años más la explotación de esos trabajadores, soportar los próximos recortes que Macron tiene en cartera y por tanto incrementar dos años más el beneficio que esos patrones extraen de cada uno de los trabajadores afectados.
Como muestra la disposición aprobada por el Consejo Constitucional francés, cada día aparece con más claridad el papel de las instituciones de la V República, que actúan en contra de la gran mayoría de la sociedad francesa, en defensa de una legalidad antidemocrática que permite actuar en beneficio de una minoría y al presidente de la República mostrarse como un monarca. Es por eso que una mayoría de franceses no da legitimidad al presidente para que aplique una Ley que, ni tan siquiera se ha votado en el parlamento.
Macron está en un callejón sin salida, solo, aislado, enfrentado a su pueblo y sin capacidad de respuesta ante la oleada de movilizaciones que recorre todo el país desde hace meses y que seguramente este Primero de Mayo, en las calles de las ciudades de toda Francia volverá a resonar el grito de repudio a Macron y su Ley.