ALTO AL GENOCIDIO

Alto el fuego inmediato e incondicional

La Casa del Pueblo de la UGT en Madrid albergó un acto, el pasado día 21 de marzo, por el Alto el Fuego inmediato y contra el Genocidio en Gaza.

Tuve el honor de compartir mesa con miembros pertenecientes a distintas organizaciones: la Secretaría de Relaciones Internacionales de UGT, IU, Compromiso por Getafe, Izquierda Socialista-PSOE, el Frente Popular para la Liberalización de Palestina, CCOO, el Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos y la Asociación Trabajo y Democracia; estas dos últimas promotoras del acto, junto a Tribuna Socialista.

Al acto asistieron unas 50 personas, todas ellas militantes y activistas comprometidos con la democracia y los derechos de los pueblos. El evento fue importante por la pluralidad y por el contenido de las intervenciones, tanto desde la Mesa como desde los asistentes participantes en el debate.

En la práctica totalidad de las intervenciones se introdujo la necesaria Unidad para parar de inmediato la masacre que se está cometiendo contra el pueblo palestino, es decir, un Genocidio. El ejército israelí ocupa el puesto 18 entre las 145 fuerzas militares mejor dotadas del mundo -según el ranking de Global Fire Power- y lleva seis meses bombardeando indiscriminadamente a población civil, hospitales, escuelas y atacando a la población cuando esta acude a recoger la ínfima ayuda humanitaria que entre en la Franja de Gaza. Por qué lo llaman guerra cuando se trata de un exterminio, perpetrado por un ejército contra población indefensa.

El resultado de esta barbarie es que en estos seis meses han sido asesinadas más de 32.000 personas, el 70% de ellas, más de 20.000 mujeres, niños y niñas. Cuando se mata a las mujeres y a los menores de edad es que se quiere exterminar a un pueblo, cercenar su futuro. A estas cifras hay que añadir los más de 8.000 desaparecidos, muy probablemente fallecidos bajo los escombros y las decenas de muertes por hambre que ya se están produciendo. De los 2,3 millones de habitantes en la Franja de Gaza, 1,9 han sido desplazados hacia el sur; donde el Gobierno sionista les instó a refugiarse, pero donde también son atacados y bombardeados.

No debemos olvidar que la ocupación del territorio palestino data de las postrimerías de la I Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña ocupó la Transjordania y Siria desde 1915 a 1922 y por mandato de la Sociedad de Naciones, desde 1922 a 1947. Churchill, Roosevelt y Stalin, tras la II Guerra Mundial, decidieron partir y repartir el territorio con nula ecuanimidad, entre israelíes (minoría que recibió la mayoría del territorio) y palestinos (mayoría que recibió la minoría del territorio). Desde entonces, la ocupación e invasión violenta de los territorios palestinos no ha cesado, a base de guerras y provocaciones para el conflicto armado. Las consecuencias no son solo los miles de muertos, desaparecidos y desplazados de estos últimos meses. Hay más de cinco millones de palestinos y palestinas que viven exiliados fuera de sus fronteras, en campos de refugiados en Líbano, Siria y Jordania, entre otros lugares.

En base a lo anterior, es erróneo decir que el ocupante ilegítimo de un territorio tiene derecho a la autodefensa, de ser así, ¿está Putin ejerciendo su derecho a defenderse, cuando es atacado en territorio ocupado? Israel lleva más de 50 años desoyendo las resoluciones de la ONU, por la ilegalidad de los territorios ocupados por su ejército y sus colonos.

Es necesaria la Unidad en nuestro país y a nivel internacional. En relación a esto último, es muy destacable el contacto que han iniciado desde la Sección Sindical de CCOO en John Deere de Getafe, según se indicó en el acto, con los sindicatos del automóvil norteamericano, punta de lanza del rechazo a la acción cómplice que está ejerciendo la Administración Biden en el Genocidio que Israel está perpetrando. Hay que decir que la pauta que todas las administraciones estadounidenses ha sido la misma: de apoyo incondicional, de guardaespaldas de Israel, aunque unas lo hayan expresado con mayor o menor intensidad. En diciembre de 2017, Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel.

La sociedad no puede mirar para otro lado ni ser mera espectadora de esta injusticia ni de la masacre que se está produciendo. Para que no lo sea, corresponde a las organizaciones políticas y sindicales, como en 2003 contra la guerra de invasión de Irak, y a todas las organizaciones comprometidas con la defensa del pueblo palestino unirse para exigir al Gobierno que, además de buenas palabras, rompa relaciones económicas y diplomáticas con Israel. Es urgente. Mucho más urgente que reconocer a Palestina como Estado. Solo el aislamiento económico de Israel puede hacer que el Gobierno sionista de Netanyahu pare sus agresiones.

Los participantes en el acto mostraron ser conscientes de que la situación internacional es compleja, muy complicada, pero nadie tiene derecho a llevar a los pueblos a la confrontación. Hoy es masacrado el pueblo palestino ¿cuál será el siguiente? Esto nos lleva a no poder permanecer callados ante este crimen de lesa humanidad, y a no ser cómplices del mismo.

Solo la Unidad hará posible que la sociedad salga a las calles en masa, que se implique y en favor de una Palestina Libre.

Roberto Tornamira
Miembro de ASTRADE

Al finalizar el acto se dio lectura al siguiente Manifiesto:

¡Alto el fuego inmediato!
¡Alto al bombardeo y al bloqueo de Gaza!
¡Alto al genocidio del pueblo palestino!

En nuestra condición de organizaciones y ciudadanos de Madrid, que nos reclamamos de los derechos democráticos, manifestamos nuestra alarma por el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino: a fecha de 26 de febrero y desde el pasado 7 de octubre ha asesinado a más de 30.000 personas palestinas en Gaza, incluidos más de 12.000 menores, a las que se debe añadir las más de 7.000 desaparecidas, probablemente sepultadas bajo los escombros de los edificios bombardeados. Esta cifra supone el 1,9% de la población gazatí, el equivalente a más de 820.000 personas de la población española, más que toda la población que habita la ciudad de Valencia, que es la tercera más poblada del Estado español. También la población palestina en Cisjordania es objeto de ataques criminales.

Hoy, se calcula que en la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, se concentran más de un millón de personas a las que se niega lo más elemental: agua, comida, medicamentos, asistencia sanitaria.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 define a éste como “un acto cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. La Corte Internacional de Justicia ha resuelto que Israel tome medidas inmediatas para no violar dicha convención, ante la denuncia presentada por Sudáfrica el 11 de enero. Resolución desatendida por Israel sin que ningún gobierno europeo haya hecho ningún movimiento sustantivo en apoyo de su cumplimiento.

Ante todo ello, como organizaciones y ciudadanos comprometidos con el derecho de los pueblos a su existencia en condiciones dignas, en particular del palestino:

Exigimos el Alto el Fuego Inmediato, que se detenga la agresión del Estado de Israel constitutiva de intento de genocidio. Instando al gobierno español a que decrete el embargo de todo envío de armas y la Ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno israelí.

Editorial: El tablero de la política

En el tablero de la política hay muchos movimientos, unos ya previstos y otros sobrevenidos.

El próximo 21 de abril, los y las electores del País Vasco acudirán a las urnas. El 9 de junio todo el censo electoral del Estado español será llamado a elegir a los representantes al Parlamento Europeo. Estas son las fechas establecidas, porque toca. Los movimientos sobrevenidos son las elecciones en Cataluña, fijadas para el 12 de mayo. Además, a pesar de la bronca en la calle, el día 13 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía, que ahora ha pasado al Senado. Hay materia para la actividad política en los meses próximos. La cuestión es ¿con qué contenido y con qué objetivos?

El candidato de Bildu, Pello Otxandiano, declaraba a los medios de comunicación el pasado 18 de marzo que “La ambición nacional del pueblo vasco se tiene que traducir en políticas públicas, como por ejemplo en un sistema público de salud que sea capaz de ofrecer un servicio de calidad al conjunto de la población”. Bien, es una buena declaración de intenciones sobre la que partir, y sirve para el debate en las elecciones, vascas, catalanas y europeas.

Es necesario abrir un debate en todo el Estado sobre ¿cuáles son las prioridades y reivindicaciones de la mayoría de la sociedad?, pues los electores acuden a las urnas para que los elegidos y elegidas les resuelvan los problemas, o al menos así debiera de ser.

La Amnistía que está en trámite lleva en discusión desde el mes de octubre del año pasado, si bien el “ruido” que provoca la derecha no permite debatir para qué la Amnistía. Lo más urgente es sin duda desjudicializar los hechos del “procès” y que se ponga fin la acción represiva que puso en marcha el PP, con el apoyo de su fracción judicial, policial, mediática y de la propia Corona, “a por ellos oe, oe…” Una represión que afecta a unas 3.000 personas, no solo al señor Puigdemont. Lo siguiente debe ser abrir un debate sereno sobre cómo se supera el concepto de “Unidad de la Patria”, sucedáneo del “España, Una, Grande y Libre”, lema del franquismo, para dar encaje a la realidad plural de nacionalidades y regiones que integran el Estado. Se hace necesario abrir el debate del federalismo y superar el corsé autonómico.

Las interferencias no son meras opiniones o posicionamientos del habitual coro mediático de la derecha, como hacía el ABC, oficioso altavoz monárquico, tachando de inconstitucional la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Se trata de la confrontación entre instituciones, mejor dicho, de todas las instituciones contra el Parlamento, la Cámara de las Cortes que más directamente representa la soberanía de los pueblos que conforman el Estado. Esa confrontación institucional es particularmente grave desde el Senado, utilizado por el PP como traba al desarrollo de la ley. Y muy significativamente grave desde el Poder Judicial, con sus declaraciones de boicot a la Ley de Amnistía; recordemos que es el Rey quien preside el Poder Judicial, el que abre los cursos judiciales sin importarle que el gobierno de los jueces lleve más de cinco años sin renovarse ¿se negará el Rey a firmar la ley cuando le toque hacerlo? Es evidente que hay una reacción contra la pluralidad del Estado en defensa del concepto de Unidad, heredado del pasado.

No es la primera vez que desde la Justicia se interfiere, obstaculiza y paraliza la acción del Poder Legislativo, recordemos que en diciembre de 2022 en Tribunal Constitucional paralizó el trámite parlamentario que aprobó el Congreso de los Diputados para la reforma del Poder Judicial y del TC. La democracia está “tutelada” por unos poderes que no se presentan a elecciones, que defienden los privilegios de los herederos del pasado ¿cómo podemos esperar así que se defiendan los servicios públicos, tal como reivindica la mayoría de la sociedad?

Necesitamos superar todo esto para avanzar en derechos y libertades, para poder debatir de lo que nos interesa, de: Sanidad Pública, Educación Pública, Pensiones Públicas, Dependencia Pública, que es exactamente lo contrario a los derroteros en los que, desde hace décadas, se metió a nuestros servicios públicos. La privatización de lo público es inadmisible por dos motivos: primero porque la rentabilidad de los servicios públicos no puede estar subordinada a los beneficios empresariales; y segundo porque los continuos escándalos de comisionismo dejan claro que la privatización engendra la corrupción, además de ser la privatización el origen del del deterioro de nuestra Sanidad Pública, en todas las comunidades.

Queremos debatir sobre una verdadera separación de poderes, muy particularmente de la independencia del poder Judicial. Politizado hasta la médula, escorado a la derecha y con un tufo a TOP que tira para atrás.

Necesitamos que la sociedad tome posición sobre la política de guerra a la que se nos avoca desde la UE y la OTAN, pues este tema de vida o muerte no puede ser ajeno a la voluntad de los pueblos, enajenación que solo es posible por la gruesa capa de manipulación mediática que tiene confundida a la ciudadanía y a sus instituciones sociales: políticas y sindicales. Con las graves consecuencias económicas que los conflictos bélicos tienen para los pueblos; afirmamos que sufrimos una auténtica guerra social, paralela a la militar, que destruye derechos y empobrece a la clase trabajadora. Es inadmisible que participemos en alimentar la guerra en Ucrania y, en paralelo, miremos para otro lado con el Genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, desde hace seis meses.

Estas y otras cosas son de la que hay que hablar ante los procesos electorales y en el debate parlamentario. El problema es que los ciudadanos y ciudadanas que viven de su trabajo están hastiados de ver que los representantes políticos se pierden en barrizales que nada resuelven, pero que desangran el erario público a manos de mangantes y sanguijuelas o en gastos militares. Este es el motivo que lleva al ascenso de la extrema derecha; la ausencia de una fuerza política que escuche a la mayoría social y trabaje por dar solución a sus problemas e inquietudes.

Somos conscientes de que la sola posibilidad de que estos planteamientos tomen cuerpo enerva, como vemos desde meses atrás, a la derecha de siempre y a la derecha escindida de la derecha de siempre. No soportan la posibilidad de que se puedan mover un ápice sus privilegios: por eso se mantiene la impunidad de La Corona, incluso en el delito; por eso se niegan a renovar el Consejo General del Poder Judicial que les garantiza su impunidad ante los casos de corrupción; por eso no quieren ni oír hablar de desprivatización de la Sanidad Pública; por eso defienden a capa y espada la Educación concertada, donde empresas y congregaciones religiosas hacen su agosto;…; por eso se echan a la calle rabiosamente ante la posibilidad de que la pluralidad de pueblos que compone el Estado español conviva en paz y nos podamos poner de acuerdo para dar un giro de guion al orden establecido.

El Comité de Redacción