Mes: junio 2024

La República cada vez más cerca

Encuesta monarquía

Un 40,9% de los españoles APOYARÍA la república en un referéndum frente a un 34,9% que VOTARÍA POR la monarquía

La encuesta de 40dB, impulsada por 16 Medios Independientes, apunta hacia una importante división sobre la forma de Estado. Un 47,8% esta a favor de la celebración de un referéndum y un 36,1% en contra. La mayoría de los encuestados suspenden a la institución monárquica, aunque creen que proporciona orden y estabilidad política.

El republicanismo crece en España. Afirmación sustentada en la percepción de que existe una corriente de fondo en la sociedad favorable al advenimiento de la III República; que no se puede verificar con datos actuales desde que en 2015 el CIS dejó de preguntar en sus encuestas sobre la disyuntiva Monarquía o República. Los últimos son de 2020, cuando el gabinete demoscópico Sináptica realizó un muestreo para el diario Público, que señalaba que el 51,6% de los encuestados optaban por la República, frente al 34,6% que preferían la Monarquía. Mayoría republicana que era transversal entre los sexos y franjas de edad.

Datos que, a falta de otros más actuales, confirmaban que una creciente mayoría de españoles consideran la monarquía como un régimen obsoleto, propio de un pasado remoto donde la incultura de las personas fomentada desde el poder, en comunión con la creencia religiosa de que las personas no tenemos capacidad ni conocimiento para auto organizarnos, forjaban la idea perversa de que debemos ser dirigidos por un ser superior, un Rey, encarnación del poder divino, con libertad para hacer y deshacer a su antojo y sin control. Imagen que pervive como poso mental, a pesar de que las monarquías se hayan trasformado en parlamentarias y hayan perdido parte de su poder omnímodo, aunque mantienen un oropel de cuento de hadas que encandila e infantiliza a un sector de población cegado ante su obsolescencia.

La República no es solo una necesidad, una demanda, propia de una sociedad moderna, sino una exigencia para que la ciudadanía recupere el poder de representarse a sí misma, por un igual elegido libremente y por sufragio, entre una oferta de candidatos que no están tocados por ninguna varita divina. República que en la sociedad española está asociada históricamente a la ampliación de derechos y libertades para las personas, y a la reducción efectiva de la influencia social y los privilegios de los que viene gozando la Iglesia católica de manera inveterada. Hoy el Rey de España sigue siendo inimputable, y la Iglesia recibe una fuerte subvención del Estado, y prebendas en cuanto al pago de impuestos por sus inmuebles, a lo que hay que sumar la fuerte implantación de las órdenes y congregaciones religiosas en la Educación, por la vía de los colegios concertados, con lo que ello supone de trasvase de dinero público a la Iglesia y, lo que es peor, el alto grado de adoctrinamiento del alumnado.

Al cumplirse diez años de la abdicación de Juan Carlos I, justo es reconocer que nadie ha hecho tanto como él para incrementar el número de republicanos, una vez descubiertos sus desmanes económicos y amorosos, propios de quien se siente libre de tener que justificarse y dar explicaciones a nadie. Trayectoria que confirma la falsía de la llamada monarquía parlamentaria, donde el Rey, además de tener manos libres para hacer y deshacer, porque es inimputable, tiene la potestad —no solo divina, sino devenida de un dictador que le colocó ahí— de sancionar con su firma lo que deciden los españoles a través de sus representantes. Demostración de la pervivencia de la visión candorosa y simple de la sociedad que necesita que un Rey dé por buenas las decisiones que, los súbditos, adoptan a través de sus representantes, no vaya a ser que estén equivocados. Floración de republicanos fruto de la confirmación de su ambición de Tío Gilito, por almacenar riquezas, privilegios y amistades peligrosas. Por no hablar de su papel en el Golpe del 23F como defensor único de la Constitución y la democracia, hoy cuestionado por periodistas e historiadores, a pesar de los meapilas que han forjado la imagen de hombre bonachón y sociable. El “padrecito” llamaban los campesinos y empobrecidos obreros rusos al Zar.

Frente a los desmanes de su padre, Felipe VI, intenta no ser tan protagonista ni disoluto en su vida privada y pública, a tal punto que su papel se limita al meramente representativo abriendo el debate sobre la necesidad de mantener a un figurón, sostenido por un nutrido grupo de corifeos mediáticos que ven en él el puntal necesario, imprescindible, que acentúa y mantiene el modelo clasista que estratifica la sociedad entre los de arriba y los de abajo, los tocados con el poder económico, y los menestrales. Defensores de la monarquía con el argumento de que su papel arbitral garantiza que no volveremos al “Duelo a garrotazos” que expresó Goya en su cuadro, como metáfora de una sociedad inculta que no sabe dialogar. Hoy la sociedad es otra y diferente a esa visión maniquea que maniata cualquier cambio sustancial del orden social, aunque la estrategia de la derecha nos teledirija de continuo a la dicotomía clásica: la Monarquía encarna a los buenos, a la gente de orden, frente a la República que representa a los desarrapados y revolucionarios que quieren “dar la vuelta a la tortilla”. Un árbitro que dice garantizar la convivencia, pero que si es preciso se pone la gorra de plato que a su padre le fue entregada junto con la corona, herencia de las leyes de sucesión dictadas por el inquilino de El Pardo.

Exigir una consulta para saber si preferimos una República o una Monarquía no es un radicalismo asentado en la ilusión romántica de lo que pudo ser y no fue; porque la República no es un simple cambio en la estructura del Estado, sino la necesidad de desprendernos de una vez la moralina rancia y fuera de tiempo que representa la Monarquía. República necesaria para abrir las ventanas al nuevo tiempo, al siglo XXI, que oreé la sociedad y liberare las mentes del simbolismo arcaico de un tiempo que ya nunca volverá.

Vicente Mateos Saiz de Medrano
Periodista, doctor y profesor universitario
Madrid

Defender la justicia social en Europa

Mientras decenas de miles de personas se manifestaban en Madrid en defensa de la sanidad pública, la ultraderecha se concentraba en Vistalegre bajo el lema ¡Europa Viva 24! con la presencia presencial o telemática de los principales líderes de la ultraderecha europeos y mundiales, incluído el provocador Javier Milei. De lo que más se ha hablado en los medios es de los insultos proferidos contra la esposa de Pedro Sánchez, abriendo incluso una crisis diplomática con el pais hermano Argentina. Sin embargo, lo más grave de las intervenciones de Milei fue el ataque furibundo al concepto de justicia social.
La justicia social se basa en la igualdad de oportunidades y en los derechos humanos, y es imprescindible para que cada persona pueda desarrollar su máximo potencial y para una sociedad en paz.
Todas las personas tenemos necesidades básicas comunes, que se traducen en derechos humanos fundamentales: el derecho a la propia identidad, a la supervivencia, a la salud, a la educación, a expresarnos con libertad y a ser tratados con dignidad y respeto… Atacar el concepto de justicia social es arremeter contra la salud, contra la educación, y contra todos los servicios públicos que nos permiten mantener unos mismos derechos independientemente del nivel de renta de las personas.
El liberalismo económico ha cargado reiteradamente contra las políticas sociales que garantizan esta justicia social, permitiendo que sea el mercado quien regule. Quien pueda pagar un médico privado permanecerá sano, quien pueda pagarse una carrera universitaria podrá acceder a un trabajo más cualificado…y quién no, pues se siente.
Cuando las necesidades fundamentales no se satisfacen se genera desigualdad, pobreza, guerra y muerte, y por eso la socialdemocracia siempre ha defendido las políticas sociales, los servicios públicos y la redistribución de la riqueza, frente a quienes quieren dejarlo todo en manos del mercado, la desregulación y favoreciendo al más poderoso económicamente.
Lo que defienden Orban en Hungría, Meloni en Italia, Milei en Argentina, LePen en Francia, o Abascal y Feijoo en España son políticas de recortes sociales. Lo que proponen para Europa y para el mundo es la guerra, el conflicto, la desigualdad y la libertad de mercado extrema, creando zonas francas, sin derechos para que las empresas exploten a los «zurdos», los «descamidados», en definitiva, a la clase trabajadora.
Defender la socialdemocracia y defender Europa es defender la justicia social, defender los servicios públicos, los derechos colectivos, las políticas de redistribución de la riqueza, y eso hoy está en claro peligro, por la tibieza de las propuestas de políticas sociales europeas, por la falta de unas instituciones europeas que se centren en la justicia social y por el ataque furibundo de la extrema derecha que se aprovecha de la debilidad institucional europea y del populismo que arraiga cuando no hay propuestas sociales.
A la clase trabajadora de España, de Europa, del mundo, no nos basta hoy con avisar «que viene el lobo». El lobo ya está aquí hace años, privatizando la sanidad, la educación y las pensiones. El lobo ya está aquí hace años creando división entre pobres y más pobres.
Para el futuro de la clase trabajadora en España, en Europa y en el mundo es necesario fortalecer la socialdemocracia pasando a la acción con políticas de fortalecimiento de los servicios publicos y de nacionalización de los sectores estratégicos hoy en manos privadas. Con políticas de redistribución de la riqueza. Con impuestos…sí, con impuestos progresivos que hagan que contribuya más el que más tiene y que permitan financiar la salud, la educación, la vivienda, las pensiones, las infraestructuras. Con políticas de recuperación del poder adquisitivo de los salarios y de contención de los precios. La receta está inventada pero hay que ponerse a cocinar porque sino la barbarie irá a más.
Los signos distintivos de la vieja Europa, la Europa de los derechos que soñaban Willy Brandt y Olof Palme se contruía bajo el paradigma de la Justicia Social. Eso es lo que se quieren cargar esta gente de la derecha y la extrema derecha. El 9J piensa qué, a quién y por qué votas.

¡Más justicia social!

Baltasar Santos
Primer Secretari agrupació PSC-El Vendrell

¡Madrid sigue en pie en defensa de la sanidad pública!

Una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos

Convocada y organizada por el espacio “Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid” el pasado día 19 tuvo lugar una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos, se movilizaron decenas de miles de personas bajo el lema ¡Madrid sigue en pie por la Sanidad Pública!

Ocurrió lo mismo en noviembre de 2022 y en febrero de 2023, y ha vuelto a suceder el 19 de mayo de este año, que miles de personas salieron a las calles para defender su Sistema Público de Sanidad en Madrid. Dijese lo que dijese Delegación de Gobierno, estas movilizaciones, las mayores vistas en Madrid desde 2003, cuando los partidos de izquierda y las dos grandes confederaciones sindicales organizaron la movilización para rechazar la brutal Guerra de invasión de Irak, urdida por los USA con la complicidad de Gran Bretaña, en la que Aznar nos implicó. Y en los tiempos más cercanos solo son comparables a la movilización del 8M.

Son varios los factores que otorgan mayor valor a la tremenda riada de personas que se echaron a la calle a defender un derecho básico, el derecho a la Salud: por un lado, las anteriores manifestaciones fueron convocadas en fechas previas a periodos electorales locales o autonómicos, lo que siempre activa a la opinión pública y anima la movilización; otro elemento es que en esta ocasión los sindicatos médicos no estaban reivindicando mejoras laborales, cosa que si ha coincidido en anteriores convocatorias; y la coincidencia de manifestaciones y movilizaciones en el mismo momento temporal, como han sido las huelgas laborales en Educación, las manifestaciones de rechazo al Genocidio en Gaza o, el mismo día 19, la concentración antifascista que se celebró cerca de la Plaza de Cibeles el mismo día y a la misma hora que tenía lugar la manifestación por la Sanidad Pública. Por tanto, objetivamente, a pesar de estos factores que normalmente no ayudan al éxito de una movilización de masas, se ha superado la adversidad con un éxito más que notable.

Esta capacidad de movilización pone en evidencia a quienes argumentan frívolamente que “la gente no quiere luchar”. Pone en evidencia la dimisión de la izquierda en su forma de hacer y relacionarse con la mayoría social, fomentando una distancia cada vez mayor entre quienes dirigen las organizaciones de la clase y esa mayoría social: trabajadores, pensionistas, desempleados, autónomos y estudiantes.

El éxito no tiene fórmulas mágicas, solo mucho trabajo y la firme determinación de personas convencidas de que defender lo público es cosa de todas y todos. Sin financiación ajena a los propios vecinos, sin aparatos, sin nada más que tiempo y dedicación militante. El asociacionismo vecinal independiente está fuerte y ha demostrado nuevamente que la política sana también existe; la de quienes viven de su trabajo, los que pagan sus impuestos, las y los ajenos a corrupciones e intrigas.

La carcoma de la privatización y los recortes presupuestarios están destruyendo la Sanidad Pública. No son políticas nuevas, llevamos muchos años asistiendo a ajustes en presupuestos con la excusa de las crisis: 2008 inmobiliaria y financiera; 2020 pandemia COVID; 2022 Guerra en Ucrania, todo vale para justificar que hay que cumplir con el artículo 135.3 de la Constitución, el que dice: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Y cuando dice absoluta, es por encima de cualquier otra necesidad de gasto social. Las deudas hay que pagarlas, excepto si eres la Banca y el Estado te da más de 100.000 millones de euros y no te los reclama.

Ante nuestras narices, detraen dinero público de la Sanidad, la Educación, las Pensiones o la Dependencia y no se cortan en incrementar los gastos militares. Recortan dinero para curar y educar, para destinarlo a matar.

La privatización en la Sanidad está legalizada desde 1986, cuando en la Ley 14/86 Ley General de Sanidad, en sus artículos 66, 67 y 90, estableció los convenios singulares y conciertos con hospitales privados. Fue la Ley 15/97 la que abrió de par en par puertas y ventanas a la entrada de las empresas privadas en la gestión de la Sanidad Pública, sin ninguna restricción, tal como establece el artículo único de esta Ley del primer Gobierno del PP de Aznar: “a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho” ¿Acaso lo coherente no es exigir la derogación de esta legislación? Además, no es casualidad que en torno a la gestión privada de los servicios públicos florezca con frecuencia la pestilente corrupción.

La Manifestación del 19 de mayo ha puesto el foco en los problemas de la Sanidad en Madrid, que no son muy diferentes de los que ocurren en otras comunidades autónomas, pues la legislación antes citada habilita la privatización en todo el Estado.

Sigamos luchando, continuemos organizando a la mayoría que quiere resistir.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid


Reproducimos el Manifiesto que fue leído al final de la Manifestación del 19 Mayo

¡Vecinas y vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid volvemos a salir a la calle para defender la Sanidad Pública! Lo hicimos el 13 de noviembre de 2022, el 12 de febrero de 2023 y aquí estamos, porque

¡Madrid sigue en pie por la Sanidad Pública!

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ni escucha ni oye la reivindicación de la ciudadanía en defensa de la Sanidad Pública; pero sí cede ante las exigencias de las empresas privadas de la salud, a las que engorda con dinero público. Recordar que más de 350.000 madrileñas y madrileños avalaron la Defensa de la Sanidad Pública, en la Consulta Ciudadana de abril de 2023.

La política privatizadora del Partido Popular está destruyendo la Sanidad Pública.

¡Se ha superado el millón de pacientes en lista de espera!

Esta insoportable situación es consecuencia de las irresponsables políticas del Gobierno de la Comunidad, que se resumen en una mezcla de privatización y racanería en la inversión en recursos humanos y materiales. Somos la Comunidad que menos dinero destina por habitante a la Sanidad Pública, un 30% menos que la media de las comunidades autónomas. Madrid no puede estar a la cola en la inversión. Exigimos un sustancial aumento en el presupuesto de Sanidad, acorde a las necesidades actuales, y que ese presupuesto sea destinado íntegramente a la Sanidad Pública.

Las condiciones de trabajo de las y los profesionales de la sanidad pública madrileña son malas: alta responsabilidad y jornadas de trabajo extenuantes, provocan un déficit de profesionales en Pediatría y en Medicina Familiar y Comunitaria, así como en Enfermería. No se cubren las bajas cuando caen enfermos, ni cuando toman sus vacaciones, ni ante cualquiera otra circunstancia habitual en otros sectores de actividad. La política de no cubrir las vacantes por jubilación está destrozando los cuadrantes y las jornadas de trabajo. Por eso:

  • Para que cuando pidamos cita no tengamos que esperar meses.
  • Para que cuando acudimos al Centro de Salud, la médica o médico que nos atienda no sea diferente en cada visita.
  • Para que haya pediatras que atiendan a nuestras niñas y niños.
  • Para que en las urgencias extrahospitalarias de barrios y pueblos haya médicos y médicas, y que los equipos estén completos.
  • Para que cuando acudamos a las urgencias de un hospital no tengamos que esperar horas en los pasillos.

Si queremos una Sanidad de calidad, el personal sanitario no puede trabajar en precario. Por coherencia, apoyamos la exigencia de las asociaciones profesionales y sindicatos en la Sanidad Pública de equiparar las condiciones laborales con las mejores condiciones que se aplican en otras comunidades autónomas. Madrid es la comunidad más rica y la que peor trata a sus profesionales.

Los nulos esfuerzos de la Consejería de Sanidad por fidelizar a las y los MIR, junto con la alta tasa de jubilaciones, provoca un déficit de profesionales en Medicina Familiar y Comunitaria. Según datos de las asociaciones de profesionales, al finalizar el periodo 2021-2025, se habrá producido una reducción del 27%, pues se jubilarán 12.600 doctoras y doctores de Medicina Familiar y Comunitaria, pero solo accederán a una plaza 9.900 Médicos Internos Residentes.

Es inaceptable la falta de apoyo que tienen las decenas de miles de personas afectadas por COVID persistente en esta Comunidad.

El escándalo del cobro de 500 euros a las y los estudiantes de Formación Profesional Sanitaria, priorizando a los centros de estudios privados, delata y retrata las nocivas políticas de quien nos gobierna en Madrid.

La situación en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria es terrible y ofrece una de las versiones más dramáticas de la política del Gobierno autonómico. Que el 40% de los SUAP no tenga médico o médica, supone un riesgo para la población.

Los Servicios de Atención Rural, con frecuencia, carecen de personal médico en el 35% de los casos, quedando bajo la responsabilidad del personal de enfermería y celadores. Son muchos los pueblos de la Comunidad de Madrid en esta lamentable y peligrosa situación. Recordemos que el 27 de enero, un vecino de Majadahonda fallecía tras acudir al Centro “Cerro del Aire”, donde no había médica ni médico que pudiese administrarle la medicación necesaria.

El 86% de las madrileñas y madrileños piensan que faltan enfermeras y enfermeros en el Sistema Sanitario de Madrid, lo dice el estudio realizado por el Colegio de Enfermería. La política del Gobierno de la Comunidad está haciendo que los profesionales de enfermería tengan que migrar a otras comunidades u otros países, donde las condiciones laborales sean dignas.

En los tres últimos años el número de pediatras ha caído en un 30%, por eso es habitual encontrar Centros de Salud sin pediatra o saturados de pacientes cuando acudimos con nuestras hijas e hijos.

El caos en la Atención Primaria colapsa las urgencias en los hospitales. Urgencias hospitalarias que sufren la reducción del número de camas. Hoy, en Madrid, estamos un 33% por debajo de la media de la UE en camas por cada 1.000 habitantes.

Estamos muy lejos de cumplir con el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud, quien señala que el presupuesto destinado para la Atención Primaria tiene que ser el 25% del total del presupuesto sanitario; en Madrid estamos en el 10%. Exigimos que se alcance el 25% fijado por la OMS.

A la escasa financiación y la decisión de privatizar todo lo público, hay que añadir la falta de previsión. Lo hemos vuelto a vivir este pasado invierno, cuando muchos servicios de Salud, tanto extrahospitalarios como hospitalarios han colapsado ante la gripe estacional. De la misma manera, ¡el Gobierno de la señora Ayuso, hizo caso omiso del Artº 43 de la Constitución en 2020, al renunciar a organizar y tutelar la salud de miles de residentes en las Residencias de mayores de esta Comunidad, dejando morir y en absoluto abandono a 7.291 personas, fallecidas de forma indigna! al negárseles la asistencia sanitaria hospitalaria, siguiendo las directrices marcadas en los “protocolos de la vergüenza”.

El artículo 43.2 de la Constitución, dice:

“Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios…

La otra cara de la moneda son las empresas y aseguradoras de la salud privada. Por ejemplo, la empresa Quirón ha crecido en sus ingresos hasta los 4.770 millones de euros en 2023, un 8% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, las aseguradoras del sector sanitario han aumentado sus ingresos un 6,6% en 2023, alcanzando los 11.238 millones de euros.

La bicoca del negocio de la sanidad privada tiene su raíz en los convenios y conciertos con hospitales privados establecidos en la Ley 14/1986. Once años después, la Ley 15/97, amplió las “formas” de gestión del Sistema Nacional de Salud a “cualquier entidad admitida en derecho”.

Con la Ley 15/97, el negocio de la salud se puso a disposición incluso de empresas ajenas a la sanidad: consorcios, fundaciones, constructoras, etc. Con esas leyes se pusieron las pistas de aterrizaje para la privatización de la Sanidad Pública en Madrid. El entramado de la colaboración “público-privada” que ha posibilitado estas leyes ha llevado a su vez a la insoportable corrupción que se viene produciendo desde hace décadas. No es por casualidad que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya disparado un 1.900% el montante de los pagos realizados a la Empresa Quirón, pasando de 20 millones de euros en 2020 a 393 en diciembre de 2022. Tampoco es casualidad que en julio de ese mismo año fuese fulminada la Interventora General, la profesional pública encargada de fiscalizar estos pagos.

Las Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid decimos ¡Basta ya de destruir nuestra Sanidad Pública! Los servicios públicos no son propiedad de los gobiernos, son de los pueblos y su ciudadanía, de las generaciones de trabajadoras y trabajadores que han contribuido para que la red de servicios públicos sea posible y sea de calidad.

Decimos alto y claro que defender la Sanidad Pública es defender nuestra Salud, la de nuestras hijas e hijos y la de nuestros mayores. Es lo que vamos a seguir haciendo y os llamamos a todas y a todos a que os unáis a las asociaciones vecinales y plataformas de vuestros barrios y pueblos.

Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid

siempre con la Sanidad 100% Pública, de Calidad y Universal

con la Sanidad de todas y todos

Editorial: Antes de votar, pensemos.

El día 9 de junio volvemos a ser llamados a las urnas. El acto de poder votar es un hecho democrático básico, pero no debe convertirse en una liturgia por y para el hecho en sí, sino que debe suponer un periodo de reflexión más allá del día previo al que acudimos a introducir la papeleta en la urna.

Es necesario pensar en los cuatro años previos a los comicios para evaluar cuales son las consecuencias de nuestro voto, incluso, deberíamos pensar en el devenir de la Unión Europea en las últimas décadas, para intentar ver hacía donde vamos. Claro que cada cual tiene el derecho de votar a quién le plazca, de la misma manera que en nuestra libertad de expresión podemos y debemos reflexionar sobre las consecuencias del voto.

Por ejemplo, en 2009, nuestro gobierno socialista apoyó a Durão Barroso a la presidencia de la Comisión Europea, el mismo señor de centro-derecha -aunque su partido se hiciese llamar Social Demócrata, que el 16 de marzo de 2003, siendo presidente de la República de Portugal, había albergado la reunión de las Azores en la que Bush, Blair y Aznar lanzaron al mundo la vergonzante y criminal invasión de Irak, bajo la “fake” de las armas de destrucción masiva.

Traemos este episodio a colación, porque no está del todo claro que la izquierda no vaya a apoyar, o a abstenerse, ante la candidatura de la señora Ursula von der Leyen, del PP europeo, tras su exceso en apoyo incondicional al Estado sionista de Israel, cuando dio su “apoyo al derecho de Israel a defenderse” olvidando por completo cualquier otra consideración histórica en relación con la ocupación de Palestina por parte de Israel o del derecho internacional. Apoyo que la convierte en cómplice del Genocidio que Netanyahu lleva cometiendo desde hace 8 meses. El derecho a defenderse no da derecho al exterminio de un pueblo.

No debemos olvidar la guerra de Irak, que como podemos ver en la gráfica anterior dejó más de 100.000 muertos civiles; sabiendo que en esta cifra solo cuentan los cuerpos de fallecidos llegados a los hospitales o fallecidos en los hospitales, no así los desaparecidos bajo los escombros de los edificios, ni los muertos por consecuencias derivadas de la falta de alimentos y medicamentos; consecuencias impuestas por los bloqueos económicos. En el caso de Irak, esta es la cifra de muertes de civiles más baja, pues hay estudios que la elevan a 600.000. Una masacre a la que ninguna estancia judicial le ha abierto causa para juzgar a quienes promovieron o ayudaron a promover aquella guerra. Por ello, no miramos hacia otro lado en lo que está ocurriendo en Gaza, donde ya se han rebasado los 36.000 muertos, a los que habrá que añadir los más de 10.000 desparecidos.

En lo económico, la UE está tan subordinada a los Estados Unidos de América. Potencia que está poniendo en riesgo la propia supervivencia de la Unión Europea. No es solo una cuestión de necesidad de desarrollar una defensa propia, es la necesidad de defender y recuperar una industria propia, de apostar por un desarrollo tecnológico propio y la necesidad de desarrollar nuestro potencial de investigación científico, entre otras materias. El problema es que la UE es más un club de mercaderes en busca de rentabilidad que una Unión de Pueblos, donde los derechos sociales siempre quedan en segundo o tercer plano tras los intereses de los sectores como la banca, la energía, las farmacéuticas, etc., sectores que tienen a sus lobbies permanentemente defendiendo sus intereses económicos.

Recordemos que la Comisión Europea formó parte de “La Troika”, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE). El trabajo de La Troika fue sometido a revisión en marzo de 2014, por parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetario del Parlamento Europeo, así como por la Comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales. Las conclusiones fueron que “los países que solicitaron un rescate económico, aplicaron ajustes presupuestarios y reformas económicas”. ¿Tantos recursos para llegar a esa conclusión? También concluyeron, en particular la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que: “los programas de ajuste no deben servir para debilitar los acuerdos colectivos suscritos por los interlocutores, ni para recortar o congelar los salarios mínimos ni los sistemas de pensiones -poniéndolos en algunos casos por debajo del umbral de la pobreza-, ni para dificultar el acceso a la atención sanitaria, a las medicinas o una vivienda asequible”.

Todo eso está muy bien, pero las reformas laborales criticadas continúan en vigor en gran medida y son las que han provocado un pronunciado descenso en las rentas del trabajo que se plasma en el incremento de los índices de pobreza y exclusión social, que cerró 2023 con una tasa del 26,5% y que las carencias materiales de carácter severo han alcanzado el 9%, mientras, como vemos en la gráfica, en 2009 se situaba en el 4,5%.

Otros aspectos de las conclusiones se comentan solos, como por ejemplo la destrucción sistemática de la Sanidad Pública, por la vía de la privatización, la cual habría que revertir comenzando con la derogación de las leyes que la hacen posible, como la Ley 15/97. Y qué decir del drama que para los las jóvenes supone la imposibilidad de acceso a la vivienda y la precariedad en el empleo, factores que cercenan su emancipación.

La percepción de todo esto es que el Parlamento Europeo -único órgano sobre el que los ciudadanos deciden de forma directa, en las elecciones- así como sus Comisiones delegadas, pinta más bien poco y es la Comisión la que toma todas las decisiones, aunque luego sean criticadas por las propias comisiones parlamentarias. Suena a una puesta en escena en la que se salvaguardan los intereses económicos en detrimento de los intereses de la mayoría social de los pueblos de Europa.

En la misma línea, asistimos a una campaña electoral en la que, pretenden hacernos ver, que todo el problema es que viene la “extrema derecha”, para así hurtar el debate a la ciudadanía sobre la política de guerra, dictada desde Washington y aplicada por la OTAN, que nos pone en riesgo a todos los pueblos de Europa y que está empobreciendo a la mayoría de la sociedad.

Desde Tribuna Socialista lo hemos manifestado en muchas ocasiones, no somos neutrales, llamamos a votar a las candidaturas de la izquierda. Y, a la par, llamamos a los partidos de la izquierda a que sean nítidos en sus planteamientos y objetivos.

Ante las próximas citas electorales volveremos a reflexionar sobre ¿para qué sirve el voto?

El Comité de Redacción