El pueblo francés ha parado el golpe

Estábamos pendientes de si Francia seguiría la senda de Italia y Hungría, de si veríamos un nuevo gobierno de ideología fascista, lo que hubiese sido un golpe muy duro para los pueblos de Europa, pues Francia es la segunda economía del continente europeo y la séptima a nivel mundial, pero el pueblo francés ha parado ese golpe.

                Compartimos la alegría y la celebración de los y las francesas. No obstante, para no darle la razón a Marí Le Pen y que no sea cuestión de tiempo que la extrema derecha alcance el gobierno, hay que sacar lecturas de cómo y por qué se ha llegado a esta situación.

                El primer responsable de los resultados de las elecciones del 9 de junio, desencadenante de las elecciones a dos vueltas que se cerraron el domingo, es el presidente de la República, el señor Macron, en el Elíseo desde mayo de 2017. Este tecnócrata liberal llegó a la política desde la banca francesa, parasitó como asesor y como ministro en el Partido Socialista francés, para dar el salto a la primera línea bien apoyado por el capital.

                Él es el responsable de su pertinaz ataque al Sistema público de Pensiones, elevando la edad de jubilación de 62 a 64 años, en un país en el que se necesitan 43 años cotizados para optar a una pensión completa. Una reforma rechazada contundentemente por el movimiento sindical, con una ola de protestas y huelgas. Los sondeos dicen que 2/3 de la población la rechaza. A pesar de todo, Macron mantuvo su reforma contra la voluntad de su pueblo en una actitud ultraliberal. El coste social está ahí.

                La otra gran ola de protestas surgió contra la subida de los precios de los carburantes, en 2018, no por la guerra -penúltima escusa del oligopolio de los carburantes-, sino por la utilización que la economía liberal está haciendo del cambio climático. Un impuesto sobre las emisiones de carbono desencadenó el movimiento de los chalecos amarillos, pues quien vive de la utilización de un vehículo recibe una penalización por algo de lo que no es responsable o su responsabilidad es muy limitada, mientras que la gran industria contaminante y las clases pudientes pagan, porque pueden permitírselo, y continúan contaminando.

                Ante la respuesta reivindicativa y de protesta, Macron ha optado por adoptar una política xenófoba y represiva. Se pasea por el mundo alentando la Guerra en Ucrania, hablando incluso de enviar tropas, su apoyo al genocidio en Palestina… Es una huida hacia adelante, pero no para aportar soluciones sino para agrandar los problemas.

                La experiencia demuestra que las movilizaciones sirven, incluso cuando el objetivo inmediato de las convocatorias no se consigue. La movilización contra las decisiones de los gobiernos que lesionan los derechos de los pueblos da un punto de apoyo para la democracia, mientras que la laxitud y el dejar pasar no solo no resuelve el problema, sino que engorda y fortalece la reacción, hábitat del fascismo.

                Por tanto, el ascenso de la extrema derecha tiene su origen en las agresiones que el pueblo recibe en forma de decisiones económicas que sesudos asesores y técnicos diseñan en los despachos de instituciones económicas como el FMI, el Banco Central Europeo o la Comisión Europea. Todo esto: decisiones económicas que solo benefician a una minoría, a costa del sufrimiento de la mayoría, las instituciones económicas y no económicas al servicio de esa minoría, junto al poder económico y mediático, incluso judicial, está lanzando al neofascismo a la primera línea del poder político.

                Lo positivo de esta “débacle” es la evidente capacidad de respuesta que tiene la izquierda, cuando deja de matarse entre sí misma y busca la unidad. El Nuevo Frente Popular (NFP) ha obtenido 182 diputados, el partido de Le Pen ha quedado en tercera posición con 143 y el partido de Macron ha quedado en medio con 168. Sabiendo que la mayoría absoluta se sitúa en 289 diputados, parece que lo razonable sería la conformación de un gobierno de coalición o un acuerdo de gobierno que siente las bases para frenar el ascenso del fascismo en Francia, con medidas sociales que favorezcan a la mayoría, o lo que es lo mismo que revierta las políticas antisociales que Macron ha venido aplicando, como por ejemplo derogando la reforma de las pensiones, políticas que han llevado a Francia a esta situación. Esperemos que no se produzca ninguna maniobra por parte de los liberales de Macron que rompa el NFP para continuar con más de lo mismo, porque el resultado será más de lo mismo, es decir, continuidad del ascenso de la ultraderecha de Le Pen y desafección de la mayoría social hacia la democracia.

                De igual modo que la revolución francesa de 1789 cambió la historia, al echar el cerrojo al medievalismo, esperemos que estas elecciones en Francia sirvan para cambiar la tendencia de ascenso del ultraliberalismo. Motivos hay. El pueblo británico ha defendido su Sistema de Sanitario Público y los demás servicios públicos, con su voto. El pueblo francés ha puesto freno a la extrema derecha, pero para poner fin a las políticas económicas de Macron, no para que este continúe haciendo lo mismo.

                Los pueblos de Europa estamos sufriendo un saqueo constante con la subida de los precios, con la privatización de nuestros sistemas públicos sanitarios, de pensiones y educativos. Todo para alimentar la avaricia que promueve un sistema económico desenfrenado en la búsqueda del beneficio, sin importarles los constes en vidas humanas ni el deterioro del planeta.

                Estos problemas y sus soluciones no son de un barrio, un pueblo, una ciudad o un país, es cosa de la clase asalariada a nivel internacional.

Comité de Redacción

Estados Unidos: Senilidad o delincuencia

La bonita canción de Los Chunguitos “Me quedo contigo”, comenzaba diciendo: “Si me das a elegir entre tú y la riqueza”. El pueblo estadounidense tiene planteado el dilema de elegir entre la decadencia cognitiva de Joe Biden o Trump quien ha sido declarado culpable de 34 delitos graves.

                Lejos de la belleza poética de los Chunguitos, la situación en los Estados Unidos de América es deplorable. A cuatro meses vista, las elecciones presidenciales se plantean en el terreno de la gerontocracia. Parece mentira que en el país líder del imperialismo Biden o Trump sean las opciones para presidir la Administración ¿será que verdaderamente es mentira? Es cierto que las cosas no son lo que parecen, y eso vale para la situación pre electoral de los USA.

                Resulta inverosímil que el Partido Demócrata haya llegado a este punto, a pesar de que el mundo entero viene viendo y oyendo a Biben, al margen de bulos, “fakenews” y tergiversaciones del equipo de Trump, al que toda esta cuestión le sirve como pantalla de humo para sus escándalos con la justicia y la escandalosa respuesta de esa ¿justicia?

                Desde Tribuna Socialista plateamos una hipótesis ¿puede ser que el Partido Demócrata esté dando por perdidas las presidenciales de noviembre y que prefiera perderlas a nombre de la decrepitud y obstinación de Biden que por la desafección de los votantes tradicionalmente demócratas?

                Si los británicos han tumbado de un severo revés al partido conservador en las elecciones del 4 de julio, por haber destrozado la Sanidad Pública, solo por eso, en los EE.UU., hay motivos para echar al Partido Demócrata y al Partido Republicano y no volverles a votar en cien años, no tanto por destrozar como por impedir que los y las estadounidenses tengan una Sanidad mínimamente digna.

                Hace un año, en junio de 2023, The New York Times publicaba un artículo al respecto “El sistema de salud de EE.UU. está averiado ¿Cómo podemos mejorarlo?” El título es muy “dulce” con la realidad. En el propio artículo, Aaron E. Carroll, su autor, decía “A pesar de que acabamos de experimentar una pandemia en la que han muerto más de un millón de estadounidenses, la reforma sanitaria no parece ser ahora mismo una prioridad política en Estados Unidos”.

                En el libro “Esclavos Unidos de América”, Helena Villar es más certera que The New York Times, y da algunas cifras que clarifican en favor de qué clase social se gobierna y en favor de cuál no se gobierna: “Sin salir de Nueva York, el 34% de quienes fallecían eran hispanos, pese a representar el 29% de la población. Una desproporción también significativa en el caso de los afroamericanos. Así, los pacientes en el Bronx registraban el doble de probabilidades de morir por coronavirus que el resto de la ciudad. En Chicago, donde el 30% de sus habitantes son afroamericanos, 70% era la tasa de fallecimiento por la covid-19, y Nueva Orleans, con un 65% de ciudadanos pertenecientes a esa minoría, era una de las que encabezaba las tasas de mortalidad del país. Puede que un virus no entienda de clases o razas, pero sí de la vulnerabilidad ante el mismo.”

                Sirva este ejemplo para señalar lo que importa a un partido y a otro la vida de sus propios ciudadanos, eso sí de clase trabajadora. Cosa distinta es lo que les importa la clase a la que, en la pandemia, aludía Warren Buffet cuando dijo aquello de “hay una guerra de clases y la estamos ganando los ricos”.

                Otra prueba de lo que de verdad importa y lo que no, es la represión que han sufrido los estudiantes de distintas universidades, como la de Columbia, Brown, Minnesota, Yale, Pittsburgh, Harvard, Princeton, Berkeley, entre otras, por su oposición a la complicidad de la Administración Biden con el Genocidio que el Estado sionista de Israel está cometiendo en Gaza desde hace nueve meses. Una brutalidad policial a la que las fuerzas represivas yanquis nos tiene acostumbrados, pero que en este caso da muestra del nerviosismo de la clase dirigente, pues la han ejercido contra sus estudiantes tanto estados con gobierno demócrata como republicano.

                Un dato que la prensa en nuestro país no ha difundido, y que avala nuestra hipótesis, es el de que en las primarias del Partido Demócrata más de 500.000 votantes estadounidenses han ejercido el “voto no comprometido” (uncommitted) que viene a expresar que son votantes demócratas pero que rechazan a Biden y a sus políticas.

                El pueblo estadounidense no tiene cobertura sanitaria, la tiene de mínimos educativa, sus pensiones son gubernamentales; un sistema complejo y de mínimos. Es decir, que no tienen una red de servicios públicos que cubran las necesidades vitales de la mayoría. Sin embargo, dedican a armamento más que 12 países juntos: China+ Rusia+ India+ Alemania+ Australia+ Gran Bretaña+Arabia Saudí+ Francia+ Corea del Sur+ Japón+ Italia+ Canadá. El presupuesto para el ejército estadounidense en 2024 ha alcanzado 886.000 millones de dólares.

                En la política bélica y en la negación de políticas sociales están de acuerdo Biden y Trump, sus círculos dirigentes y la clase a la que se refería Warren Buffet. Todos ellos, prefieren dedicar ingentes cantidades de dinero a la industria de la muerte, en lugar de a la Sanidad. Si asumen la muerte de más de un millón de sus conciudadanos, por falta de la asistencia debida en la pandemia; como les va a importar los 38.000 muertos en Gaza. En esa lógica, acaban de destinar 16.000 millones de dólares más en ayudas a Netanyahu; qué les importa que continúe la guerra en Ucrania -sin con esto signifique que Putin no es culpable de ocupación -; cómo les va a importar sembrar la guerra en el Mar de China…

Como en muchos países, lo que a la mayoría de los estadounidenses les falta es un partido que defienda verdaderamente sus derechos y reivindicaciones, de que no lo tengan se encargan las estructuras que hay detrás de Biden y Trump. Le seguiremos la pista al Partido Socialista Democrático de América (DSA) y les deseamos mucho éxito.

Comité de Redacción

Entrevista: Christian Soriano García

Por Baltasar Santos para T.S.

Christian Soriano nació en Vendrell en 1997 (27 años). Es Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho (UPF). Máster de Comunicación Política e institucional (BSM-UPF) y realizó un curso de especialización en campañas electorales (UNIR).

Su carrera política se inició como militante de JSC, primer secretario de JSC en el Vendrell, primer secretario de JSC en la federación del Camp de Tarragona, y miembro de la ejecutiva local del PSC.

Desde 2019 es portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento del Vendrell, asumiendo responsabilidades en distintas áreas: comunicación, televisión pública… y desde 2023 asume la concejalía de seguridad ciudadana.

En las últimas elecciones al Parlament de Catalunya de 2024 ha sido elegido como diputado del PSC por la provincia de Tarragona. integrándose en la comisión de seguridad ciudadana.

En la entrevista que concede a Tribuna Socialista le preguntamos por la juventud, las prioridades del partido en Cataluña y los servicios públicos.

Pregunta: Acabas de ser elegido Diputado del PSC al Parlament de Cataluña. ¿cuáles son las prioridades?

Respuesta: Las prioridades mías y del partido son las mismas que el país requiere: mejores servicios públicos y mayor actividad económica. Cataluña lleva más de una década de regresión en calidad de la sanidad, la educación o la seguridad y lo que necesitamos es revertir cuanto antes esa situación.

Pregunta: Se dice vulgarmente que la gente joven pasa de la política. Sin embargo, en las universidades hay acampadas en contra del genocidio palestino. ¿Estamos fallando los partidos políticos a la hora de representar a la juventud? ¿qué hay que hacer?

Respuesta: El problema no es de los jóvenes con la política, sino de la política con los jóvenes. Los precios del alquiler están en las nubes y tenemos problemas con el paro juvenil, las tasas universitarias o las plazas de FP. El remedio es claro: invertir en políticas transversales que ayudan a las y los jóvenes a desarrollar su proyecto de vida.

Pregunta: Siguiendo en la misma línea. Los partidos ultraderecha llegan mucho más a la gente joven a través de las redes sociales. En los próximos años el auge de la extrema derecha parece concentrarse en estas franjas de edad. ¿Qué opinas?

Respuesta: Precisamente la desafección política que genera la situación socioeconómica entre los jóvenes es lo que crea ese distanciamiento entre los gobernantes y la juventud. Este escenario, lamentablemente, crea una barrera muy peligrosa entre las y los jóvenes y sus representantes políticos que la extrema derechas está aprovechando con soluciones mágicas y discursos simplistas. Estos discursos se combaten hablando con sinceridad a la gente, haciendo pedagogía e invirtiendo para mejorar sus vidas y otorgarles más oportunidades.

Pregunta: Una de las claves del éxito de Illa en las elecciones ha sido su defensa de los servicios públicos. ¿En qué se concreta?

Respuesta: En hacer lo que no se ha hecho en Cataluña en los últimos diez años: gobernar. Necesitamos invertir en el estado del bienestar para volver a ser referentes en educación, sanidad y seguridad. Creo que la ciudadanía ha hablado de manera contundente porque la situación es ya insostenible, existe un gran consenso sobre la necesidad de tener un gobierno progresista y estable que impulse la transformación que Cataluña merece y necesita.

Pregunta: Tu etapa como concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Vendrell ha estado muy impregnada del fortalecimiento de los servicios públicos municipales: gratuidad de las guarderías, servicio de asesoramiento psicológico juvenil, incremento de efectivos en la policía local… ¿Es extrapolable al conjunto de Cataluña?

Respuesta: Totalmente. Los Ayuntamientos nos hemos convertido estos años en Cataluña en el bote salvavidas de los gobiernos de la Generalitat. Hemos llegado donde no han podido llegar ellos y el sistema gratuito de psicología para jóvenes es un ejemplo. En un tema que no nos toca, pero ni podemos ni queremos quedarnos de brazos cruzados viendo como nuestros vecinos y vecinas se tiran cuatro meses esperando una cita con el psicólogo público. Esta vocación de servicio público es la que queremos trasladar los socialistas a la Generalitat.

Pregunta: Hace unos años, dijiste en un acto “si el Felipe González de hace 25 años viera lo que dice el Felipe González de hoy le pegaría una patada en el culo”. Sigues pensando igual? ¿a qué obedece este posicionamiento constante de la vieja guardia del PSOE?

Respuesta: Seguramente diferiría en las formas, pero no en el fondo. Creo firmemente que el Felipe González de los ochenta que conocí leyendo sus discursos y que fue muy importante para mi acceso a la militancia del partido no estaría en nada de acuerdo con el actual. Me entristece ver a estas figuras alineándose con los postulados reaccionarios del país. Es cierto que ellos construyeron el PSOE que conocemos hoy en día, pero también es cierto que todos los militantes, sin excepciones, debemos respeto a un partido con casi dos siglos de historia que se ha dejado la cara y el alma para construir la España de hoy. Y respetar al partido es respetar a su dirección nacional.

Combatir el lawfare construyendo democracia desde la educación

En los últimos tiempos, la desinformación y las fakenews se han convertido en un problema importante para las democracias en el mundo. La situación se ha agravado particularmente desde la pandemia que vivimos por COVID-19, que supuso un cambio radical en la forma de entender y usar las redes sociales y los medios digitales.Todo ello ha dado lugar a que en la actualidad se hable cada vez más de fenómenos,no reconocidos masivamente hasta hace unos años, como el “lawfare”. El término está conformado por “law” (ley) y “warfare” (guerra) empezando a usarse a finales del siglo XX, y teniendo tintes claramente militaristas. Según recoge la FundéuRAE, el término lawfare en el ámbito político hace referencia al uso de procedimientos judiciales «con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».

En los tiempos actuales está teniendo una gran repercusión para la visibilización dellawfarela situación vivida porel presidente del gobierno, Pedro Sánchez, orquestada a través de múltiples medios de comunicación que han difundido informaciones poco contrastadas e incluso intencionadamente falsas. Sin embargo, esta situación no es excepcional ni tampoco limitada al contexto español. Han sido numerosos los líderes y formaciones políticas progresistas que han sido vilipendiadas por parte de los organismos judiciales y determinados medios digitales, con el posterior archivo de las causas en todos los casos. Mónica Oltra, Ada Colau, Victoria Rosell, Isabel Serra, Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Antonio Rodrigo Torrijos yÓscar Reina. Son solo algunos de los nombresque han sufrido lawfare, probablemente por el único motivo de formar parte de fuerzas como Compromís, Comuns, Podemos, Izquierda Unidao el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Las democracias liberales vivieron su auge desde los años 60 del pasado siglo XX, sorteando múltiples crisis y sufriendo un deterioro notable en los últimos años en toda Europa. El Estado del Bienestar se tambalea, muchos derechos básicos recogidos en la Constitución no se cumplen, el empleo para los más jóvenes no es de una calidad suficiente ni merecida y los mecanismos de justicia social de los Estados cada vez tienen menos margen en el ámbito redistributivo. En este contexto, los discursos de extrema derecha se han sentido cada vez más legitimados cambiando el sentido común en torno a los valores democráticos.

En este momento y en base al contexto descrito, es imprescindible que comencemos a reivindicar el valor de la educación en dos de sus vertientes: como arma para combatir las fakenews y la desinformación, pero también como principal mecanismo para la construcción y el fortalecimiento de las democracias en el siglo XXI. La educación debe ser uno de los pilares másrelevantes para la formación mediática de la infancia y de los jóveneshacia el desarrollo de un pensamiento crítico y la detección de las informaciones falsas. Es imprescindible el desarrollo de competencias digitales entre los más jóvenes, pero también de compromiso cívico y democrático. Las generaciones de “nativos digitales” (personas que han nacido en la era digital, en lugar de haber adquirido familiaridad con los sistemas digitales como adultos) acceden cotidianamente a informaciones con apariencia de “neutralidad” y que como sabemos siempre tienen detrás importantes intereses económicos y/o políticos.Los sistemas educativos han de fortalecer sus centros públicos y comprender que además de transmitir conocimientos académicos, está en juego que lasfuturas generaciones adquieran competencias para convivir en un entorno de consumo volátil de la información que les empuja a pensar rápido, sin diálogo y sin reflexión.

Para afrontar este gran desafío, la educación para el siglo XXI deberá transformarse de forma íntegra. Por un lado, el profesorado ha de formarse al respecto y los planes formativos iniciales y permanentes deben incluir esta temática como un eje docente central. Por otro lado, las familias también deberán formarse, a través de la propia educación pública, para comprender el alcance del desafío que estamos afrontando. Para todo ello es imprescindible dotar de recursos humanos y materiales a las instituciones educativas públicas.En este sentido, ya existen herramientas y profesionales que están trabajando en esta dirección: “Educar en el aula sobre fakenews” o “Con las fakenews no se juega”. Se trata de dos títulos diseñados por Jacqueline Sánchez y Enrique Martínez, que han editado sendos manuales con los que acercan a menores y docentes el concepto de las fakenews, su identificación y como defenderse de ellas.

Cada día que pasa se hace más prioritario que la educación pueda contribuira construir un nuevo modelo social para el futuro, en el cual se ponga en valor el papel de la ciudadanía para reivindicar y sostener los valores democráticos, de progreso y justicia social.Todo ello es incompatible con ciertas prácticas y dinámicas que han ido penetrando en el ámbito político, mediático y judicial, afectando a la convivencia, la opinión y el ejercicio de la ciudadanía en toda su plenitud. El lawfare ejercido sobre grandes líderes pertenecientes a ciertas formaciones políticas es un síntoma grave, pero que solo representa la “punta del iceberg” de un gran deterioro de las democracias liberales.Recientemente,tras las elecciones al Parlamento Europeo hemos acudido a otro alarmante hecho, evidenciándose que un “grupo elector” puede obtener 800.000 votos en nuestro país basando su discurso en la desinformación y el populismo ultraderechista más conspiranoico (valiéndose de unos aparentemente inofensivos canales de Telegram, Youtube y perfiles en otras redes sociales). Precisamente son estos canales de transmisión de contenidos, aparentemente independientes, los que más repercusión tienen en la socialización y adquisición de ideas por parte de los más jóvenes. Los nuevos y cada vez mayores desafíos y amenazas a la democracia, requieren de una educación pública que promueva en las futuras generaciones competencias cívicas para el ejercicio pleno de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Miguel Ángel Albalá Genol.
Doctor en Educación y profesor de Universidad.

Valoración del PSOE sobre el acuerdo para la renovación del CGPJ

PSOE y PP hemos alcanzado, con la mediación de la Comisión Europea, un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pone fin a una crisis constitucional de más de cinco años y que cumple con lo expuesto en el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, tal y como exigíamos los socialistas:

Se procederá a una renovación inmediata de los vocales del CGPJ y se tramitará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su independencia, estudiar posibles reformas y poner el mérito en el centro a la hora de realizar nombramientos.

En los próximos días el Congreso y el Senado procederán a elegir los veinte nuevos vocales del Consejo, restaurando así la Constitución en este órgano. Serán 20 vocales con una larga trayectoria y acreditado prestigio en el ámbito de la Justicia y el Derecho y con diferentes sensibilidades que representan a la sociedad española.

Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerzan valores esenciales de la Constitución: Desde ahora, se exigirá que los nombramientos de los altos cargos judiciales se hagan basándose en los méritos y la trayectoria de los candidatos, como ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que mejorará el Servicio Público de Justicia y quitará incentivos para nuevos bloqueos como el que ha mantenido la derecha durante más de 2.000 días.

Se refuerza el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos. Y se encomienda al nuevo Consejo que elabore propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales judiciales, propuesta que se remitirá al Gobierno, al Congreso y al Senado. Cualquier propuesta deberá partir de un amplio consenso, como el que tiene el modelo actual (aprobado en el año 2.000 por más del 90% del Congreso).

Esta renovación es buena para todos:

Para la ciudadanía:

  • Restaura la confianza en la Justicia después de la crisis constitucional de más de cinco años y que afectaba gravemente a la percepción de su independencia, como muestra el Barómetro de Justicia de la UE.
  • Por cada año que no se renovaba el CGPJ, el Tribunal Supremo acumulaba mil asuntos de retraso.

Para jueces y magistrados:

  • Porque permitirá cubrir las plazas pendientes: más de 25 en el Tribunal Supremo (estaban vacantes más del 30%) y más de 70 en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.
  • Y permite que se vuelvan a producir nombramientos y que los jueces y magistrados puedan progresar en sus carreras, como demandaban las asociaciones judiciales tanto progresistas como conservadoras.
  • Se crearán 1.000 plazas de jueces y fiscales en los próximos 5 años.

Y para la economía:

  • El coste anual del bloqueo suponía 12,5M€ para las arcas públicas. El Gobierno estaba reforzando el Tribunal Supremo para evitar su colapso.
  • Y la solución de una crisis constitucional contribuirá a la seguridad jurídica y la confianza de los inversores en España.

El PSOE está plenamente satisfecho con este acuerdo. Hemos estado cinco años intentando que el PP cumpliese la Constitución y, más de 2.000 días y 35 excusas diferentes después, lo hemos logrado. Esperamos que este acuerdo contribuya además a mejorar el clima político del país al subrayar la utilidad de una política útil basada en el diálogo y los acuerdos totalmente opuesta a las formas y las estrategias de la ultraderecha.

Acuerdo para la renovación del CGPJ y la reforma de la LOPJ y el Estatuto Fiscal

Bruselas, a 25 de junio de 2024

Con el fin de recuperar la normalidad institucional en el Consejo General del Poder Judicial y mejorar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, los Grupos Parlamentarios abajo firmantes han llegado a los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se adjunta como Anexo I, donde:
(i) se refuerzan las garantías de independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional; (ii) se mejoran las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción de la justicia; y (iii) se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.


Segundo.- Renovar el CGPJ conforme a una lista conjunta de candidatos de perfil profesional e independiente que se adjunta como Anexo II, que apoyarán los grupos parlamentarios firmantes en el Congreso y el Senado. También se incluye el candidato a la plaza vacante del Tribunal Constitucional que ha de nombrar el Senado. Las personas propuestas cumplirán ya los criterios de independencia e idoneidad establecidos en la Proposición de Ley Orgánica que se expone en el apartado anterior.


Tercero.- Ambos Grupos Parlamentarios se comprometen a presentar conjuntamente la Proposición de Ley adjunta como Anexo I y no tramitar ni apoyar ninguna enmienda a esa Proposición de Ley Orgánica que no vaya firmada conjuntamente.


Cuarto.- La Proposición de Ley Orgánica y los nombres de los candidatos propuestos al CGPJ se presentarán de forma conjunta en el registro de la cámara que corresponda.


Quinto.- Los grupos parlamentarios ordenarán el calendario de tal manera que la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica en el Congreso, los candidatos a vocales de Consejo General del Poder Judicial en el Congreso y en el Senado y el candidato a la vacante del Tribunal Constitucional se aprobarán en la misma semana del mes de julio, idealmente el mismo día.


Sexto.- El Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será aquel que decidan los miembros del CGPJ, tal y como dispone la ley.

Félix Bolaños Diputado PSOE // Esteban González Pons Diputado PP

En representación de la Comisión Europea, que ha acompañado las conversaciones previas a este pacto, asiste a la firma de este acuerdo la Vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová.

¡No a la gran coalición!

El reciente acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del CGPJ ha despertado los viejos fantasmas sobre la «gran coalición», que provocó que las bases del partido, los y las militantes, se rebelaran contra una imposición de los «barones». Pedro Sánchez lideró entonces el «No es No» que le encumbró a la Secretaria General del PSOE, le permitió ganar la moción de censura al gobierno de M.Rajoy, y a alcanzar acuerdos de investidura para presidir el gobierno de España hasta el día de hoy.

Tras cinco años de incumplimiento constitucional del PP para la renovación del CGPJ, el PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo, con la mediación de Bruselas, para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, y para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Dicho acuerdo pone fin a más de 2000 días de bloqueo institucional, pero más allá de este hecho, el acuerdo ha sido saludado con estusiasmo por personajes como Aznar, Felipe González, o García Page, firmes defensores de la gran coalición. Empieza a correr la posibilidad de que PP y PSOE se pongan de acuerdo en otras cuestiones, ante las reticencias de los grupos que dieron apoyo a la investidura.

Los acuerdos son necesarios cuando hay partes enfrentadas…lo sabemos bien quienes hemos negociado en centros de trabajo…siempre que supongan un avance, pero ¿qué avance ha conseguido la mayoría social con este acuerdo? ¿qué nos jugamos si se materializara una gran coalición?

Los lectores de Tribuna Socialista podrán leer en la página siguiente los argumentos de valoración positiva que la dirección del PSOE ha emitido sobre el acuerdo de renovación del CGPJ. Sin embargo, el hecho de que la mitad de los vocales nombrados sean conservadores, no parece que refleje lo que la sociedad expresó en las urnas, y de hecho, el Tribunal Constitucional se refuerza con algunos de los jueces más contrarios a las resoluciones del gobierno de Pedro Sánchez, particularmente contra la ley de amnistía. Así pues, incumplir la constitución le sale muy rentable al PP que refuerza su peso en las instituciones del Estado.

Cuando en abril, Pedro Sánchez se retiró a reflexionar qué medidas tomar contra el lawfare, las difamaciones y la «máquina de fango» del PP y VOX, muchos militantes pensamos que se endurecerían las penas para los que intentaran alterar la democracia mediante falsedades o los que incurrieran en la utilización partidista de las instituciones del estado y que se promoverían medidas para inhabilitar a aquéllos jueces que incumplieran el mandato constitucional de neutralidad política. Nada de eso ha pasado, pero sin embargo se refuerza el peso político de derechas en los órganos de gobierno judicial.

Por tanto: ¡Alerta!. La gran cuestión no es este acuerdo puntual, sino la posible renuncia al «No, es no a la gran coalición» que Pedro Sánchez lideró para alcanzar la presidencia con el apoyo de la mayoría de grupos políticos antifranquistas.

Dejar fuera de juego a Vox no está mal, pero dejar fuera de juego a todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez tiene pinta de renuncia a la legislatura, o como mínimo, la renuncia a un gobierno de izquierda. Es decir, ¿que en aras a la estabilidad del Estado se renuncia a las políticas de izquierda? ¿Es que se está preparando una alternancia de gobierno?

La mayoría de la sociedad sigue necesitando medidas de progreso, de avance en derechos laborales y sociales, y de avances en materia de inversión en servicios públicos y en materia de calidad democrática y convivencia, y eso no nos lo va a proporcionar un acuerdo general con el PP,
Espero que no se materialice esta gran coalición tan negativa para el socialismo y para los intereses de la mayoría social. Toca estar alerta para reactivar el No es No, porque de lo contrario, el gobierno progresista se debilitaría hasta el punto de dejar morir la legislatura, ya veremos si poco a poco o de forma abrupta a partir del otoño.

Toca de nuevo apoyar a Pedro Sánchez frente a los franquistas, para que utilice su manual de resistencia, y se resista a la gran coalición y a las presiones que recibe para que se materialice.

Baltasar Santos
Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Hacer sindicalismo no es delito

En junio de 2023, una gran manifestación (más de 10.000 personas), recorría las calles de Madrid, desde San Bernardo hasta Atocha, (convocada por la CNT), al grito de «HACER SINDICALISMO NO ES DELITO».

                El Juez de Instrucción Número 1 de Gijón había condenado a 6 sindicalistas de CNT (5 mujeres y 1 hombre) a 3,5 años de cárcel cada uno y al pago de 125.000€ de multa a su sindicato, la CNT. El Juez aplica estás condenas en base a dos delitos del Código Penal (obstrucción a la justicia y coacciones).

                Condena a los sindicalistas a 3,5 años de cárcel, tratándoles como delincuentes comunes, desligando los hechos del ejercicio sindical a la vez que condena al sindicato al pago de 125.000€ de multa.

                Hoy, el TRIBUNAL SUPREMO, ratifica la condena del Juez de Gijón y seis personas jóvenes verán truncadas sus vidas con un encarcelamiento de 3,5 años de prisión, porque son trabajadores que han tenido la osadía de defender los derechos de una compañera trabajadora de la pastelería «La Suiza» de Gijón, a la que se debían salarios a la vez que sufría acoso laboral por parte del jefe.

                Con esta indignante noticia, pretendo zarandear las conciencias de toda la clase obrera de este país y de todas las organizaciones obreras, políticas y sindicales, para que se den cuenta de que en esta llamada democracia no hay ni Constitución ni leyes que nos protejan, siempre que cualquier juez conservador pueda retorcer los hechos para acomodarlos a su ideología.


                Está sentencia es contra la clase trabajadora de este país y como tal debe entenderlo la clase trabajadora y sus organizaciones.

                Ahora, los que pueden y deben hacer algo contra está ignominia, que hagan.

Yo me adhiero.

Carmen Alonso
Militante socialista (Trujillo-Cáceres)

Lo denuncia en su TikTok CGT Metal Madrid

Recuperar los valores de la izquierda

La tradicional reticencia, con un punto de apatía, de un sector de votantes de la izquierda para movilizarse e ir a votar, no cambia por el mero cumplimiento de un proyecto progresista que pone en marcha medidas que benefician a las clases populares y medias y reducen las desigualdades; pues requiere de un discurso que acabe con esa sensación derrotista de que la izquierda siempre está a la greña, mediante el recurso al componente simbólico, olvidado de manera incomprensible, que refuerce el sentimiento de pertenencia entorno a los valores de transformación social que son la seña de identidad histórica de la izquierda. Un relato más necesario que nunca, cuando la derecha, sin complejos ni vergüenza, se apropia de ellos con descaro por dejación de la propia izquierda política y cultural, que ha caído en la trampa de que con una buena gestión ya está todo ganado.

                Que ha olvidado qué en política, y más en una sociedad que se mueve ala velocidad de la luz, nada está consolidado para siempre: ni el propio sistema democrático ni la adscripción de valores como el de libertad a la izquierda, siendo ésta, en sus múltiples facetas, la principal vitola de su ser político junto a los de igualdad y justicia social. La fijación del discurso progresista en las medidas positivas que se llevan a cabo, no es suficiente para movilizar a una parte esencial de su electorado, que ve con pasmo como los adalides más significados de la derecha sin complejos, por ejemplo, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se apropia y hace bandera de esos valores, sin que nadie desde la izquierda la replique con contundencia y descubra la malignidad falsa de sus afirmaciones, con datos concretos que evidencien la perversidad de su concepto de libertad que beneficia a los ricos.

                Desde la floración del discurso populista, fascista, parece que a los políticos e intelectuales de izquierda les produce reparo, repelús, meterse en ese jardín ideológico no vaya a ser que se arme la de San Quintín por recordar, con datos históricos —materia que los voceros del populismo desconocen casi por completo y por eso se la inventan con desparpajo torero—, que la libertad, igualdad y justicia social son esencia y patrimonio de la izquierda. Valores que siempre ha querido sojuzgar la derecha y la extrema derecha. Cierto que ese posible temor o dejación, pueda estar relacionado con la furia desatada por todas las fuerzas de la caverna ante la sensación de que les están cambiando su España, con medidas como la Ley de Memoria Democrática, sacar el cadáver del dictador del Valle de Cuelgamuros, el Impuesto Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones conforme al IPC, la reforma laboral, la Ley del solo Sí es Sí, o el impuesto a la banca y grandes energéticas por sus beneficios extraordinarios. Medidas que, entre otras, han supuesto un reconocimiento y ampliación de derechos para la ciudadanía que recortan zonas de privilegio y confort de los poderosos de siempre.

                Pero, todo eso no basta sino va acompañado de un discurso, de un relato, del valor simbólico que inspira las medidas aprobadas, y las que vendrán, que las aúne y dé sentido colectivo, de izquierda, a la razón última por la que se adoptan. Sentido que no puede remitirse en exclusiva a los datos y las cifras; sino al efecto concreto que tienen en la vida de las personas y el beneficio que les procura, en línea con los valores clásicos de la izquierda: repartir y distribuir el poder y la riqueza que todavía acaparan determinados sectores y grupos sociales poderosos, en pos de una sociedad más justa.

                En estos meses asistimos, como ejemplo palmario del cabreo de esos sectores, a la rebelión de los jueces y fiscales más conservadores del poder judicial, convertidos en una especie de Partido Judicial, que con desfachatez labora en favor de la estrategia del PP de acoso y derribo del presidente del Gobierno, amparados en el poder omnímodo del que gozan en sus juzgados. Ose encastillan contra la Constitución—como hace todo dictador— en las poltronas del CGPJ, para defender la mayoría conservadora que les permite seguir nombrando jueces conservadores en los más altos escalafones del poder judicial. El ultimátum del Presidente para que el PP se avenga en el plazo de un mes a la renovación o, de lo contrario, procederá a aprobar vía parlamentaria un recorte de su capacidad para seguir nombrando jueces en el Tribunal Supremo, es el recurso que queda ante la contumacia del PP a renovarlo con la connivencia de los vocales: incluidos los progresistas.

                Pugna de sustancial calado democrático que, después de cinco años, no ha sido explicada, en su sentido y alcance público, al punto de que un sector de la izquierda la percibe como un foco más de ruido en el debate político, sin atisbar el valor trascendente que se esconde detrás, en cuanto a la mejora de la justicia y el propio sistema democrático, conforme a los valores de la izquierda. Igual sucede cuando el discurso progresista permanece inerme ante la estrategia de la derecha de acusar a la izquierda de los errores políticos que ella misma comete. Por ejemplo, nadie desde el Ejecutivo o los partidos que lo conforman, ha salido a rebatir, a desmentir, el mensaje genérico, sin pruebas y perverso, de la existencia de un foco de corrupción en el Gobierno y el entorno del Presidente, asentado en falsedades y sin pruebas. Resulta incomprensible que se pasen por alto estos mensajes, que dan verosimilitud a la máxima Goebeliana de que toda mentira repetida se convierte en verdad.

                Establecer una relación regular de los partidos y organizaciones de izquierda con intelectuales, sindicatos, agrupaciones sociales, culturales y artistas progresistas con influencia social—como la hubo en los primeros años de la transición—, sin duda permitirá forjar un mensaje más sólido y nítidamente de izquierda. Igual de necesario es reforzar y coordinar los departamentos comunicación, en las distintas esferas de poder, para que los mensajes que se lanzan a la ciudadanía tengan un poso de pedagogía de izquierda, imprescindible, para aumentar el sentimiento de comunión fática entre la ciudadanía progresista que acabe con su orfandad discursiva, cuando se ven inmersos en debates políticos o sociales en su vida cotidiana. Solo así se sentirán integrados como agentes imprescindibles en la brega por una sociedad mejor que es necesario defender a diario y, en especial, los días señalados de elección de representantes políticos.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, Profesor Universitario y Doctor en Comunicación de Masas.

A cerca de la Unión Militar Democrática (UMD).Segunda parte: Memorias de una disidencia

La primera parte de este artículo fue publicada en TS-152 (pág. 23)

Lafundaciónde la UMD, así como su posterior desarrollo, adquierensu sentido pleno si se tienen en cuentalos cambios sociales anteriormente acontecidos en España, en particular desde el comienzo de los años 60 del siglo pasado.

                Nose entiende, sin embargo,suapresurada disolución en junio de 1977, tras las primeras elecciones democráticas, en un momento en que la agitación militar ultraderechista era especialmente grave.

                Es ineludible, por tanto, considerar también el periodo de activismo desplegado por antiguos miembros de la UMD, tras su autodisolución,oponiéndose activamente algolpismo militar-franquista, hasta su presunta extinción en 1985.

                Esta segunda parte, memorias de una disidencia, está escrita con la intención de aportar algunos recuerdos concretos, muy personales, que puedan ser de utilidad para la comprensión de aquel convulso periodo histórico. Pues, a fin de cuentas, la vida militar toma su sentido verdadero cuando se está dispuesto a arriesgarse y dar la vida por el pueblo.

Activismo en la UMD

                Desde el otoño de 1975 llevé a cabo tareasinformativas y de captación,misión casi imposible dado el enorme temor que inspiraba la represión militarfranquista.

                La detención y encarcelamiento del comandante Luis Otero, junto a los capitanes Fernando Reinlein, Xosé Fortes y seis compañeros más,frenaron en seco las afiliaciones.

                El comandante Julio Busquets, sociólogo y fundador de la UMD, diputado del PSC-PSOE en las primeras elecciones democráticas de 15 de junio de 1977, me dedicó un ejemplar de su libro “El militar de carrera en España”, con una dedicatoriaque lo resume todo: “Al capitán Manuel Ruiz Robles, compañero de armas e ideas, que demostró su actitud democrática, en los años difíciles. Con todo afecto de Julio Busquets”.

                En septiembre de 1976 fui enviado por la Armada a cursar estudios de doctorado en física de la energía en la Universidad de París, durante el curso 1976/1977, efectuando frecuentes a viajes a Madrid, que me mantuvieron en contacto con la organización.

                Los compañeros que habían sido detenidos en julio de 1975, juzgados en consejo de guerra, condenados, encarcelados y expulsados del ejercito por su pertenencia a la UMD, fueron excarcelados tras la primera Ley de Amnistía de julio de 1976,junto a la mayoría de presos políticos, decretada por el rey Juan Carlos. No fue una concesión desinteresada, sino forzada por la potente movilización social. Pese a todo,siguió manteniendo expulsados del Ejército a los compañeros de la UMD.

                Celebradas las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, la UMD se autodisolvió dos semanas después.

                La Ley de Amnistía de 1977, aprobada por el Parlamento, volvió a dejar expulsados del ejército a nuestros compañeros. Por si fuera poco, el capitán de aviación José Ignacio Domínguez, piloto de reactores y portavoz de la UMD en el exilio, fue procesado tras su regreso a España, y condenado en consejo de guerra celebrado en diciembre de 1977,aplicándosele torticeramente la “Ley de Amnistía”,que confirmó su expulsión.

                Diez años después, en 1986, se enmendó en parte esa grave injusticia, con el claro propósito de blanquear un régimen impuesto por el rey Juan Carlos, pues tampoco se les dejó incorporarse al servicio activo.

La disidencia

                Inmediatamente después de la autodisolución, algunos miembros de la UMD continuamos activos durante varios años, en oposición a los movimientos militares franquistas, que se habían intensificado tras la legalización del PCE y las primeras elecciones democráticas.

                El valeroso capitánde la UMD,Fernando Reinlein, tras su excarcelación, consiguió un empleo de periodista en Diario16 y nos facilitó, a los pocos que nos decidimos a escribir, el acceso a su famosa columna sobre temas militares,publicando rápidamente los textos que escribíamos.

                En el artículo titulado “Señores diputados”, critiqué duramente la Ley de Amnistía de 1977. Denuncié la exclusión de los compañeros condenados en consejo de guerra por pertenecer a la UMD, afirmando que habían sido olvidados. Afirmé, además, que la Ley de Amnistía establecía desequilibrios fundamentales en los cimientos de esta democracia.

                Por ello fui arrestado en 1979, interrogado con malos modos en un juzgado militar y estampada una nota desfavorable en mi hoja de hechos. El capitánJosé Altozano, excelente abogado, que fue defensor del capitán Xosé Fortes en el Consejo de Guerra contra la UMD, redactó varios recursos contra mi sanción, pero todos fueron desestimados. Sin el apoyo moral de Rosa, mi compañera,probablementeme hubiesendestruido; éramos muy jóvenes yya habían nacido nuestros seis hijos.

                Fue una ley de “punto final”que sigue, aún hoy en día, obstruyendo la acción de la justicia internacional contra los crímenes del franquismo.

                En aquellos convulsos días de 1980, con el fin de analizar la grave situación militar en España, me reuní clandestinamente en Lisboa con el antiguo jefe del Comando Operacional del Continente (COPCON), el estratega de la Revolución de los Claveles, Otelo Saraiva de Carvalho.

                Poco después, en el otoño de 1980,ocurrió un extraño incidente presuntamente urdido por las “cloacas militares”. El Comandante-Director de mi destino (CIDA)me ordenó realizar un ensayo en polígono de tiro de un artefacto temporizado que, posteriormente, ya en laboratorio,descubrí que había sido manipulado malintencionadamente. Un comandante de Infantería de Marina, perteneciente a los servicios especiales, vino a mi despacho para darme instrucciones al respecto. Mis sospechas, dada la grave situación militar, hizo que tomaseciertas precauciones.

                Durante las pruebas se produjo ladetonación prematura del cebo eléctrico. De no haber tenido la precaución de retirar la carga explosiva, nos hubiese matado a mí y al capitán de Infantería de Marina Alfonso Hidalgo Landaburu, amigo y vecino mío en las viviendas de la Armada en Madrid, que había sido delegado por el Estado Mayor para inspeccionar las pruebas. Mis superiores se negaron a abrir una investigación, con el pretexto de que era un asunto clasificado como secreto.

                Semanas después, el jefe de unabanda terrorista con tricornio, al mando de un tropel de guardias civiles, asaltaba el Parlamento. Era el detonante del autogolpe del 23-F de 1981, un episodio franquista que, si los documentos clasificados y aún secretos se desclasifican, algún día sobremos si fue instigado, como mínimo consentido, por el rey Juan Carlos Borbón, sucesor del dictador por las leyes de sucesión de 27 de julio de 1947 y de 23 de julio de 1969, huido a Abu Dabi por ladrón desde 2020.

                Al día siguiente del golpe, por la tarde-noche, el comandante Luis Otero, fundador de la UMD junto a Julio Busquets, nos reunió a algunos compañeros en su domicilio en Madrid, a fin de analizar la situación militar e informar a los partidos políticos democráticos. Se concluyó que poco o nada se podía hacer.

                Muchos años después, el citado comandante de Infantería de Marina, antiguo miembro del SECED, relacionado con el turbio asunto del artefacto temporizado, fue reconocido y denunciado por un argentino, antiguo detenido en la ESMA, un centro de tortura y exterminio de la Armada argentina. Ante el escándalo internacional, fue llamado a declarar por el Juez Garzón de la Audiencia Nacional en 1997, pero sorprendentemente tampoco se investigó, y todo quedó en el más absoluto olvido.

Manuel Ruiz Robles, es capitán de navío de la Armada (retirado), antiguo miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).