Mes: diciembre 2024

Una empresa pública de vivienda y suelo.

En la página 78 de la Resolución Política del 41º Congreso del PSOE, entre las 48 propuestas de Política de Vivienda, la número 39 dice lo siguiente: “Crearemos una gran empresa pública de vivienda y suelo cuya misión será la de construir y gestionar viviendas desde la Administración General del Estado”. La propuesta la incorporó en el discurso de clausura del congreso el secretario general del PSOE y presidente del gobierno Pedro Sánchez.

1.- El fuerte empuje de la población y de los hogares en 2021-2024

El problema de la vivienda se ha intensificado en el periodo posterior a la pandemia de Covid acaecida en 2020. Después de este año se ha acelerado el aumento de la población de España y ha crecido a fuerte ritmo la creación de hogares. El incremento de la población, que con fecha 1 de septiembre ascendía a 48,9 millones, se debe sobre todo al incremento del número de inmigrantes.

El aumento “de aluvión” de la población ha dado lugar a que el ritmo medio anual de creación de hogares entre 2021 y 2024 haya sido de 233.400. El descenso del tamaño medio del hogar ha contribuido a aumentar la creación de hogares. Frente a la expansión de la demanda de vivienda de alquiler por el mayor número de hogares, la oferta de alquiler ha descendido. El retroceso lo provoca el desplazamiento desde la oferta de alquileres permanentes a alquileres a plazo inferior a un año y por el auge de las viviendas de uso turístico en las ciudades con peso significativo del turismo en su actividad productiva.

En consecuencia, los aumentos de los precios de las viviendas y de los alquileres han superado ampliamente al de los salarios en el periodo 2014-2023. En 2024 el aumento anual de los precios de la vivienda ha sido el 8,1% en el tercer trimestre y el de los alquileres el 11,1% en noviembre, frente a un incremento de los salarios del 4%. El importante descenso de los tipos de interés contribuye a acelerar el crecimiento de los precios de la vivienda por el reforzamiento que supone de la demanda de vivienda.

2.- Superar el retroceso de la promoción de viviendas protegidas destinadas al alquiler

El principal instrumento que permitiría frenar el aumento de los precios y de los alquileres radica en lograr un fuerte crecimiento de la oferta de viviendas protegidas destinadas al alquiler. Hasta la primera década del presente siglo se construían volúmenes importantes de viviendas protegidas. Así, en 2012 las calificaciones definitivas (equivalente a viviendas terminadas) de viviendas protegidas ascendieron a 53.332. A partir de 2013, coincidiendo con el inicio del Plan 2013-2016, establecido por el gobierno del Partido Popular, la construcción de viviendas protegidas descendió de forma espectacular, como lo confirma el que las calificaciones definitivas se situaron por debajo de las 5.000 en 2017 (Gráfico).

El descenso en la construcción de viviendas protegidas fue consecuencia, en primer lugar, de la fuerte disminución del gasto público estatal destinado a vivienda. En segundo lugar, la desaparición de las entidades de crédito que habían financiado en el pasado dicha construcción, las cajas de ahorros y el Banco Hipotecario de España, dejó sin financiación crediticia la construcción de viviendas protegidas.

Aunque la competencia en materia de política de vivienda corresponde a las comunidades autónomas, la mayor parte de los recursos públicos destinados a vivienda proceden de los Presupuestos Generales del Estado. En 2023 y 2024 la cuantía del gasto público destinado a vivienda en dichos presupuestos ascendió a algo menos de 3.500 millones de euros, equivalentes al 0,24% del PIB de España.

Esta proporción resulta reducida respecto del nivel de gasto en vivienda en el resto de países de la Unión Europea, pero el nivel del gasto en 2022-24 supuso un aumento importante respecto de los bajos niveles del periodo 2013-2021. La construcción de viviendas protegidas se ha recuperado algo en el transcurso de la presente década, pero aun así el número de calificaciones definitivas solo ascendió a 8.847 en 2023, equivalentes al 4,1% del aumento del número de hogares creados durante dicho ejercicio.

3.- SEPES actuará como empresa promotora y gestionará las viviendas públicas

Ante la difícil situación del mercado del alquiler, resulta necesario promover la construcción de un volumen anual de unas 40.000 viviendas protegidas destinadas al alquiler durante un periodo prolongado de tiempo. El importe del alquiler no debería de superar el 30% de los ingresos de los hogares. Ante las restricciones establecidas a los ayuntamientos para la promoción de viviendas protegidas en la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que obliga a computar como deuda local la de las empresas municipales de suelo y vivienda, resulta necesario crear una empresa pública que pueda promover y gestionar un parque público estatal de vivienda para el alquiler social.

Dicha empresa pública también podría gestionar las viviendas de SAREB, que se incorporarían a la empresa pública citada y también establecer instrumentos alternativos, como una garantía de alquiler para jóvenes, favoreciendo su emancipación y la movilidad geográfica. De acuerdo con las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodriguez (El País, 8 de diciembre de 2024), a partir de la empresa SEPES, dependiente del Ministerio de Vivienda, entidad pública empresarial de suelo en todos sus destinos, se va a desarrollar la empresa pública que va a actuar desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación de las viviendas, así como la movilización y compra de otras viviendas.

La nueva SEPES, pues dicha empresa deberá modificar su estructura jurídica, actuará estableciendo acuerdos con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para desarrollar su actividad. SEPES podrá sacar a concurso la construcción de viviendas protegidas destinadas al alquiler. En este momento resulta imprescindible que los ayuntamientos dispongan de registros actualizados de las demandas de vivienda realizadas por los vecinos de cada localidad, registros que son obligatorios en este momento en Cataluña y País Vasco.

Para desarrollar su actividad SEPES necesitará suelo y financiación. El suelo puede proceder del disponible por parte de la Administración General del Estado, incluidos los de SAREB, y también del procedente de los nuevos desarrollos inmobiliarios de los ayuntamientos. El ICO, último vestigio de lo que fue una potente banca pública, pasara a desempeñar un papel determinante para el proyecto de la empresa pública promotora, sobre todo en un momento en que la banca privada no financia a la promoción de viviendas destinadas al alquiler y menos aún si son viviendas protegidas.

Los recursos del ICO pueden proceder de los Presupuestos Generales del Estado, de los fondos europeos, de las emisiones de bonos por parte de dicha entidad con aval público y también de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones. Para desarrollar esta misión el ICO necesitará reforzar sus recursos propios y también crear una red territorial para que la financiación a promotor público pueda llegar a todos los territorios de España. Puede ser conveniente la creación de un Fondo de Estado para la Promoción de Vivienda destinada al alquiler asequible a partir de los fondos europeos, que sería gestionado por el ICO, con un aval público del 50% del valor nominal de los préstamos y que dispondría de una importante dotación inicial.

Con la actuación promotora de SEPES se impulsa el cumplimiento de la ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Dicha ley articuló las políticas públicas sobre los controles de los incrementos de precios del alquiler y sobre la vivienda protegida orientada sobre todo al alquiler. Esto último contrasta con la vivienda protegida del pasado, que se destinó casi por completo a la propiedad. SEPES debería impulsar su nueva actividad con la mayor prontitud, ante el gran alcance de la tarea a realizar.

Julio Rodríguez López
Vocal del Consejo Superior de Estadística
Fue presidente del Banco
Hipotecario de España y
de la Caja de Ahorros de Granada

¿Hacia dónde va Europa?

La editorial del Tribuna Socialista de octubre (nº 159) llevaba por título «Tiempos convulsos» y describía brevemente los distintos focos bélicos en el mundo, y la relación de causa efecto entre las economías de guerra que la mayoría de estados adoptan, aumentando el gasto militar en detrimento del gasto dedicado a cubrir las necesidades de la mayoría social.

El aumento del gasto militar va en detrimento de las necesidades de la mayoría social en Europa

En 2019, el PSOE se convirtió en la principal fuerza de izquierdas integrada en el grupo socialdemócrata del Parlamento Europeo y promovió el nombramiento de Josep Borrell como Alto Representante de la UE, es decir el máximo responsable de la diplomacia europea y de defensa, aunque las decisiones en materia de PESC (Política Exterior y de Seguridad Común) deben ser adoptadas por unanimidad de los 27 estados miembros.

Cuando Borrell asumió en 2019 en cargo de Mr PESC, la agenda estaba marcada por la relación Rusia-Ucrania, la relación UE-EEUU y la situación en oriente próximo

Su «mandato» de cinco años se inició con una reunión de ministros de asuntos exteriores de la UE con trestemas importantes en el orden del día:

1.- La relación Ucrania-Rusia: una relación tensa, que desembocó hace 1000 días en la invasión de Rusia a Ucrania. La historia de este conflicto no nace en 2022, sino que viene precedida de una lucha entre oligarquías, con intereses en la energía, la agricultura y la salida al mar Negró. También es fundamental para entender el conflicto, la instalación de bases de la OTAN en los países de influencia rusa.

La respuesta de la UE a dicho conflicto ha sido la de apoyar económica y armamentísticamente a Ucrania, y como dice el propio Josep Borrell al final de su mandato, «En Ucrania las cosas van peor, no podemos estar satisfechos de cómo van las cosas», pero sin embargo marcha de la UE con el mensaje de que hay que seguir apoyando a Ucrania porque sino la guerra se acaba con la victoria de Rusia, sobre todo ahora que parece que Trump dejará de apoyar a Ucrania.

«En Ucrania las cosas van peor. No podemos estar satisfechos de cómo van las cosas».

Josep Borrell. Noviembre 2024

2.- La relación UE-EEUU: En 2019, gobernando Trump en EEUU, la UE se planteaba otro tipo de relación con los USA. Sin embargo, la respuesta de la UE ha sido la política de seguidismo de la OTAN, incluso aumentando el gasto militar de los estados miembros de la UE, tal como comenzó pidiendo Obama, continuó pidiendo Biden y ahora, de nuevo, también Trump. Así las cosas, Borrell ha defendido hasta la saciedad el aumento del gasto en defensa y los distintos estados de la UE han obedecido aplicando las economías de guerra en sus presupuestos con las consecuencias que apúntaba en el primer párrafo.

La sumisión de Europa a los intereses de la OTAN, y por ende de Estados Unidos ha sido clara durante el mandato de Borrell

3.- Oriente próximo: La intervención de Europa en Oriente próximo ha sido de tolerancia con la actuación de Israel. Incluso ante el genocidio de palestinos, y aunque Borrell haya mostrado su apoyo a la ruptura de relaciones de la UE con Israel, su propuesta no ha salido adelante, y la Unión Europea prefiere mantener las relaciones con Israel intactas. Es lo que en la práctica podemos calificar como una «omisión de ayuda a Palestina y la paz en oriente medio»

La Unión Europea ha rechazado la propuesta de Borrell de romper relaciones con el estado sionista de Israel

Por su parte, la nueva flamante «Alto Representante de la UE», la estonia y anti rusa Kaja Kallas, cargo que empezó a ejercer el pasado lunes dos de diciembre, no solo va a seguir una línea continuista de la seguida por Borrell, sino que va más allá: defiende el aumento del gasto de guerra que están aplicando y tendrán que aplicar de forma creciente todos los estados miembros, y defiende la guerra contra Rusia.
De hecho, la nueva Miss PESC, encargada de la diplomacia europea se ha despachado en sus primeras horas en el cargo con declaraciones tipo: «Los ciudadanos rusos deben pagar un precio por la guerra en Ucrania». ¡Los ciudadanos rusos!, ¡no Putin ni quienes mandan a sus pueblos a la guerra, sino los ciudadanos rusos!. ¡La nueva máxima diplomática de la UE arremete contra los ciudadanos rusos!.

«Los ciudadanos rusos deben pagar un precio por la guerra de Ucrania»

Kaja Kallas.
Nueva Alto representante de la diplomacia europea.
Diciembre 2024

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha calificado a la nueva Miss PESC como «la persona que hace falta para la diplomacia europea» a la que le espera un mandato de «Guerras, conflictos y sufrimiento» en Ucrania, Oriente Medio y África; una situación ante la que «Europa debe desempeñar un papel más importante». Por tanto, más guerra y más sufrimiento para los pueblos en guerra, y para todos los ciudadanos europeos que las sufragamos y soportamos.

Úrsula Von del Leyen ha anunciado que Europa afronta un mandato de Guerras, conflictos y sufrimiento

Presidenta de la Comisión

Política de confrontación y guerra es a la que nos aboca la Unión Europea. Nos anuncian más guerra contra Rusia, y ponerse de perfil ante el conflicto de oriente medio, dejando hacer a la ultraderecha sionista de Israel.

Mientras tanto, los ciudadanos europeos hacen frente al aumento del coste de la vida, la crisis industrial, y el deterioramiento de los servicios públicos, santo y seña de la Europa social, que se diluye a pasos agigantados. Y ante este escenario, la respuesta es «guerra, conflictos y sufrimiento».

Invertimos en guerra para proteger justo lo que estamos perdiendo por dedicar fondos a sufragar las guerras

¿Alguien se puede extrañar de que crezca el mal llamado antieuropeismo cuando la respuesta a las necesidadesde los trabajadores de la UE es la guerra? ¿Cómo no va a crecer la desconfianza en la UE?
Invertimos en guerra para proteger justo lo que estamos perdiendo por dedicar fondos a sufragar las guerras.

Las voces contra la guerra se alzan cada vez más fuertes en España, Europa, Rusia, EEUU y en el resto del mundo

Como explicaba Vicent Garcés en el número 160 de Tribuna Socialista:
«Las voces contra la guerra se alzan cada vez más fuertes en España, Europa, los EE.UU. y el resto del mundo. Esas voces y lo que representan han de crecer frente a las que están creando las condiciones para la guerra (…) La necesaria lucha contra el cambio climático, contra el hambre y la pobreza y contra las desigualdades es incompatible con el desplazamiento de las ingentes cantidades de recursos humanos y económicos hacia la guerra que se está produciendo». Sin embargo, lo que nos depara la UE es más de lo mismo, y en cantidad:

Poco a poco, los Gobiernos y los medios de comunicación nos van preparando para una guerra generalizada. Hace unos días el señor Biden, al que le quedan pocas semanas de presidencia, decide que Zelenski puede utilizar los misiles de largo alcance suministrados por los Estados Unidos contra la Federación Rusa. Pronto fue secundado por Starmer en Gran Bretaña y Macron en Francia. Putin responde amenazando con la posibilidad de utilizar armas nucleares tácticas. Alemania ha elaborado un plan de contingencias, de 1.000 páginas, para la guerra. Suecia, Finlandia y Noruega preparan a su población. Los tambores de guerra suenan por todo el mundo, incluyendo el Pacífico, donde Japón ha botado su primer portaaviones desde la II Guerra Mundial. Al mismo tiempo crece la indignación entre las poblaciones de todos los países. El 80% de la población alemana se opone a la guerra, tanto Zelenski como Putin se enfrentan a crecientes dificultades para reclutar jóvenes soldados y multiplican los mercenarios…

Y en materia de relaciones comerciales, además de la negativa de romper relaciones con Israel, la UE, por medio de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde anuncia comprar más a EEUU para evitar que Trump lance una guerra comercial con la UE.

Paralelamente, la UE firma el acuerdo de libre comercio con MERCOSUR, que implica la eliminación de aranceles, y la entrada en Europa de productos procedentes de países cuyas políticas medioambientales y de sostenibilidad de los recursos naturales es muy inferior a la europea, lo que en la práctica significa que la ganadería y agricultura europea juegan en desventaja.

Importar más productos de EEUU y el tratado de libre comercio con MERCOSUR es un nuevo lastre para el campo europeo por mucho que se defienda el papel geoestratégico de esas decisiones

De hecho, la UE defiende mayor autonomía respecto a Rusia, China y EEUU, pero en la práctica, todo apunta a que la economía europea será cada vez más dependiente de terceros.

La lucha contra la guerra, contra la guerra social y contra el genocidio está más que nunca relacionada con la lucha por las reivindicaciones sociales y políticas. El No a la guerra debe extenderse entre las filas socialistas, frente a los que defienden lo contrario, entre la mayoría social.


Baltasar Santos
Comité de redacción TS
1er Secretario PSC-El Vendrell

Editorial: Una “clave de bóveda” anacrónica con poco que celebrar.

Termina 2024 y con él 10 años desde la abdicación de Juan Carlos I; una abdicación que se llevó a cabo a modo de enroque, para proteger a la Institución, dada la farsa que se escondía tras el maquillaje y la propaganda de una institución que se nos presentaba como modélica, según se vendió a la ciudadanía desde el minuto 1, corriendo un tupido velo sobre las leyes de sucesión franquistas y sobre la conducta y negocios del Sr. Borbón.

En junio vimos y pagamos la celebración de los 10 años de reinado de Felipe VI: desfiles, discursos, almuerzos y celebraciones, y muchas horas dedicadas por todos los medios de comunicación. Una manera de afianzar en el pueblo una idea que no termina de calar, por lo que de vez en cuando tienen que adornarles se pasean por las ciudades, pretendiendo proyectar una imagen de que son una familia más.

Desde Tribuna Socialista nos identificamos con Pablo Iglesias Posse, cuando el 10 de enero de 1912, en un discurso ante el Parlamento, decía:

“No somos monárquicos porque no lo podemos ser; quien aspira a suprimir al rey del taller, no puede admitir otro rey”.

También con las palabras de Luis Gómez Llorente, cuando el 11 de mayo de 1978 defendía la República como modelo de Estado en el Congreso de los Diputados:

“Ni creemos en el origen divino del Poder, ni compartimos la aceptación de carisma alguno que privilegie a este o a aquel ciudadano simplemente por razones de linaje. El principio dinástico por sí solo no hace acreedor para nosotros de poder a nadie sobre los demás ciudadanos.”

Estos insignes Socialistas defendían posiciones de principios que suscribimos. Hoy, hacemos un balance que, lejos del maquillaje y la manipulación, nos permita valorar si hay motivos para la celebración y el aplauso.

No necesitamos remontarnos a 1700, con Felipe V -primer Borbón-, ni a Carlos IV “El Cazador” -instaurador de la rojigualda-. Es suficiente partir de Juan Carlos I “El de Abu Dabi” para desear que Felipe VI sea el último de esta jefatura del Estado hereditaria.

Muchas veces nos han presentado a La Corona como la “clave de bóveda de la arquitectura constitucional”. Es una metáfora grandilocuente en la que se sitúa a la Institución monárquica por encima de todo lo demás. Sin embargo, nos sirve para explicar nuestro rechazo a la Monarquía, pues la “clave de bóveda de España” se asienta sobre dovelas afectadas por el mal de la piedra; solo hay que ver la descomposición del poder judicial y su ofensiva permanente contra el gobierno y contra toda la izquierda, por muy contenida que esta se muestre, o el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en los años de reinado de “El de Abu Dabi”, o el esperpento de la política en los municipios, autonomías y en el Senado y el Congreso.

El problema de esta descomposición institucional es que nos afecta de manera grave a los todos los pueblos del Estado español, y como Trump dedicó a los mejicanos: “Os voy a construir un muro y lo vais a pagar vosotros”. A nosotros nos endosaron la Monarquía y la estamos pagando, y a qué precio. Veamos:

La abdicación de junio de 2014 no se produjo porque La Casa Real estuviese preocupada por las consecuencias de la crisis económica y de vivienda que veníamos sufriendo desde 2008, como consecuencia de la Ley 6/1998, la que abrió la veda a la desregulación del suelo de manera salvaje, ni por la acción de la banca privada que se sumó al jolgorio financiero con productos de alto riesgo -banca a la que se le dieron más de 100.000 millones de euros públicos para sanearse de la resaca-. No, nada de eso, el Rey estaba de caza en África, matando especies protegidas y dedicado a sus chanchullos económicos. Todo ello con el conocimiento y protección de los servicios de seguridad del Estado.

“La clave de bóveda” preside la apertura del año judicial, y lo ha estado haciendo durante 5 años, sin rubor, desde diciembre de 2018 -cuando expiró el mandato del anterior CGPJ- hasta junio de 2024 -momento en el que se ha renovado-.

Felipe VI se mostró muy aguerrido en el discurso del 3 de octubre de 2017, televisado en “prime time” por todas las televisiones y emitido por todos los medios radiofónicos. En su discurso, refiriéndose a las autoridades de Cataluña, dijo literalmente:

“Con sus decisiones han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado.”

Aun estamos esperando que el monarca dé un discurso recriminando las decisiones de las autoridades de Madrid, por las que se vulneró el derecho de miles de personas a ser atendidas en los hospitales, y que causaron la muerte de 7291 ancianos y ancianas en 2020.

O un discurso reprochando a las autoridades de las comunidades autónomas y municipios en los que gobierna la derecha que se vulnere el derecho constitucional a la vivienda de millones de personas, entre ellas varias generaciones de jóvenes. Instituciones del Estado que se niegan a aplicar normas y leyes legítimamente aprobadas.

Poco debería tener que celebrar el jefe de un reino que tiene casi 14 millones -un 28,6% de personas- en riesgo de pobreza y exclusión social.

Quizá debería mostrar preocupación porque no se cumplen las leyes que firma, como es el caso de la Ley 21/2021, en lo referente a la necesaria Auditoría a las a cuentas de la Seguridad Social, pues su reino le debe a los pensionistas más de 103.000 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020.

En su vacuo discurso navideño no ha mostrado preocupación alguna por el deterioro de la universidad pública, la sanidad, los 50.000 alumnos sin plaza de FP… Quizá porque, desde que nació, ha vivido en un hábitat en el que se ejercía el comisionismo y ha disfrutado de los frutos de tan “ilustre deporte” y nunca le ha faltado de nada.

El contexto de su discurso del día 24 de diciembre ya delata lo que piensa: nos habla de la preocupación por el problema de la vivienda desde el suntuoso Palacio Real. Desde ahí les habla a quienes en Valencia han perdido su casas y más humildes posesiones. Es la imagen de una Institución que nada tiene que ver con su pueblo.

A lo largo de estos diez años, en sus discursos, no ha hecho una sola autocrítica de las instituciones de las que es jefe. Tampoco este año ha dedicado una sola palabra de reproche a las instituciones que, por no hacer su trabajo, han provocado gran parte de las consecuencias del desastre de la DANA. Cuáles son para él las “enseñanzas necesarias que debemos sacar”. A qué se refiere con “el bien común que a todos beneficia”. Esas palabras del Rey no significan lo mismo para él que para las miles de familias que van a ser indemnizados con 5.000 ridículos euros por el coche que no les dio tiempo a sacar del garaje, porque el presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia no se preocupó hasta las 20:00, cuando las alarmas se habían dado desde primeras horas de la mañana.

Para Felipe VI, lo esencial es el cierre de filas en torno a la institución monárquica y su Constitución, único común denominador de todos los discursos del 24 de diciembre, incluidos los de su padre. Pero lo esencial para el pueblo es que se cumpla el derecho a acceder a una vivienda, que no nos destruyan, por la vía del recorte económico y la privatización, la Sanidad ni la Educación ni las Pensiones ni los servicios para la Dependencia, como la Residencias de mayores.

Las buenas palabras para los afectados por la DANA en Valencia no son suficientes, casi son ofensivas, cuando muchas de las 223 victimas mortales fueron arrastradas por el agua mientras Mazón comía tranquilamente y su Gobierno le esperaba para dar la alarma ¿no son recriminables las autoridades valencianas?

Es evidente que “la clave de bóveda” y toda la cúpula institucional tiene unas prioridades distintas a la mayoría social. Está muy claro que los intereses de las clases sociales son contrapuestos. Tribuna Socialista se sitúa con la clase mayoritaria: asalariados y asalariadas, desempleados y desempleadas, pensionistas, autónomas y autónomos, así como con los hijos e hijas de la clase productiva. A todas ellas y ellos les deseamos Salud y República para 2025.

Nos emplazamos desde ya a participar en las marchas republicanas que tendrán lugar en junio de este nuevo año.

Comité de Redacción

Llamamos a la participación en la Manifestación del 29 de diciembre

El próximo domingo 29 de diciembre se cumplirán dos meses desde que una DANA arrasase 78 municipios valencianos, con el resultado de 223 muertos y 3 desaparecidos. Sin olvidar los 7 de Castilla La Mancha y uno más en Málaga.

Llamamos a participar solidariamente con el pueblo valenciano, y ASTRADE participará con una delegación que partirá desde Madrid.

Esta tragedia nos concierne a todas y todos. No es solo una desgracia que les ha ocurrido a los y las valencianas. Es una tragedia que el clima se haya cebado con el levante de la Península Ibérica, claro que sí. Pero las desgracias, como la DANA o el COVID, tanto en Valencia como en Madrid se han visto agravadas por los gobiernos; en un caso por no ejecutar obras que, aun habiendo sido planificadas, no se llevaron a cabo y que de haberse realizado hubiesen salvado vidas y atenuado la devastación. De la misma manera que si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no hubiese tomado la decisión de negar la atención sanitaria hospitalaria, al menos 4.000 de los 7.291 ancianos y ancianas que fallecieron abandonadas en las residencias no hubiesen fallecido.

Podríamos citar más ejemplos de tragedias acaecidas en nuestro país a lo largo del tiempo, como la gestión del accidente del Prestige o los antecedes de los atentados de Atocha.

No es suficiente con exigir que las ayudas sean mayores y que lleguen con inmediatez, por supuesto que hay que exigirlo. También hay que exigir la depuración de responsabilidades, comenzando por la dimisión de Mazón.

Las instituciones no se pueden esconder tras las llamadas a la unidad institucional, la responsabilidad y el interés general. Para unidad la demostrada por del pueblo valenciano para con sus vecinos y vecinas. Responsabilidad es la que los gobernantes no tuvieron y debieran haber tenido, por eso mismo hay que depurar esas responsabilidades. El único interés que hoy cabe es el de los pueblos en que sus responsables políticos no puedan volver a tomar decisiones que agrandan los efectos perjudiciales de catástrofes naturales o no naturales.

¡El 29 de diciembre todos a Valencia, con el pueblo valenciano!

La Junta Directiva
25 de diciembre de 2024