CONTRA EL GENOCIDIO EN PALESTINA: RUPTURA DE RELACIONES CON ISRAEL

Desde la corriente de opinión Izquierda Socialista – PSOE, condenamos el genocidio que está perpetrando Israel en Gaza contra el pueblo Palestino.

A fecha de hoy son más de 66.000 mil personas las asesinados y otros miles las mutiladas y desaparecidas simplemente por ser palestinos, entre ellos miles de niños, niñas y ancianos. La seguridad del Estado no puede ser la excusa para realizar está barbarie, tal como ha reconocido la Corte Penal Internacional emitiendo una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por cargos que incluyen crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por Israel desde el 7 de octubre de 2023.

Desde I.S.-PSOE, rechazamos las proclamas de las derechas españolas con su tibieza cómplice ante estos hechos y, afirmamos las valientes y decididas acciones del Gobierno progresista de España y a su Presidente en apoyo del pueblo palestino.  

Instamos a todas las instituciones públicas democráticas, y a la ciudadanía en general, a impulsar iniciativas que denuncien el genocidio y sirvan para frenar la salvaje actuación del gobierno sionista. Secundamos todas las propuestas, aun escasas, adoptadas por las Naciones Unidas en este sentido. El pueblo palestino tiene derecho a su territorio, a su vida y a un futuro digno y en paz.

Pedimos el inmediato alto el fuego y el rápido acceso de toda la ayuda humanitaria exigida por la situación creada. La humanidad no debe tolerar lo que está sucediendo. No podemos permitir la horrible frase “hay que terminar el trabajo”, que no es otra cosa que un genocidio.

Denunciamos el apoyo, en todos los ámbitos, del gobierno de los EE.UU. a las atrocidades que se están cometiendo.  Nos solidarizamos con todos los movimientos de los pueblos del mundo que están denunciando el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino.

Desde Izquierda Socialista pedimos al Gobierno progresista de España que mantenga todas las iniciativas adoptadas hasta el momento, y en particular que acuerde la inmediata ruptura unilateral de relaciones de todo tipo (diplomáticas, económicas, militares, culturales, etc.) con el Gobierno de Israel, hasta que cese su agresión actual y que el pueblo palestino haya recuperado todos sus derechos. Esta misma posición debería ser tomada por la Unión Europea apoyándose en las resoluciones de la ONU y el derecho internacional humanitario.

Desde Izquierda Socialista hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas de España a seguir sin descanso en su denuncia del genocidio del pueblo palestino. En ese sentido apoyamos y compartimos todos los llamamientos a la movilización y a la huelga que están proponiendo las organizaciones sindicales, como CC.OO, UGT en toda España, así como otras entidades de la sociedad civil integradas en #PararlaGuerra.

En particular nos dirigimos a los compañeros socialistas de todos los territorios, fieles a nuestra historia y convicciones, para tomar todo tipo de decisiones que acompañen y fortalezcan la lucha contra el genocidio y la barbarie en desarrollo en Palestina.  


Comisión Permanente Federal de IS-PSOE

izquierdasocialista@psoe.es
29 de septiembre de 2025

Llamamiento a la paz de militantes rusos y ucranianos


«Leído en Informations ouvrières n.º 875»

RUSIA/UCRANIA

«La guerra nunca conducirá a la paz: restituir a los pueblos su derecho a la autodeterminación»

Publicamos a continuación un llamamiento, también publicado en L’Insoumission. Lo firman conjuntamente militantes rusos y ucranianos que, en unidad, denuncian a los promotores de guerra de ambas partes, y llaman a la paz entre los pueblos. Este llamamiento tiene enorme importancia en el momento actual.

Es infinitamente ingenuo creer que la guerra conduce a la paz. Ni Putin, ni Trump, ni Zelenski, ni los dirigentes europeos han sido capaces de aportar lo esencial a los pueblos: la paz. Los cálculos basados en una victoria militar se han venido abajo, así como los intentos de «toma y daca» entre dirigentes a costa de los pueblos. Hoy, no solo la izquierda, sino cualquier fuerza democrática debe unirse, pero no en torno a un programa de militarización y violencia, sino bajo lavandera de la paz inmediata.

Nosotros, militantes pacifistas rusos y ucranianos, hemos sido privados de nuestra patria por esta guerra. Cientos de miles de compatriotas nuestros han muerto, hay millones de mutilados, decenas de millones reducidos a la desolación y privados de esperanza. Esta carnicería multiplica cada día el sufrimiento y nos arrebata, a nosotros y a nuestros países, cualquier futuro. Se encarcela a nuestros compañeros y se reprime con brutalidad cualquier disidencia. Conocemos el precio de la guerra: nos ha privado de nuestra voz y del derecho a decidir nuestro destino. La única posibilidad de poner fin a esta pesadilla es devolver a nuestros pueblos ese derecho, el derecho a la autodeterminación.

La dictadura de Putin, que desencadenó la guerra, se sustenta en el miedo, la violencia y la desigualdad para transformar a decenas de miles de pobres en carne de cañón en nombre de sus ambiciones imperiales. Pero no se puede derrotar a esta monstruosa máquina con sus mismos métodos. En Ucrania, se abate sobre los pobres una verdadera caza del hombre: son detenidos, golpeados, enviados a la fuerza a las trincheras. ¿En nombre de la «independencia»? Pero el gobierno de Zelenski firma acuerdos leoninos con Trump que entregan todas las riquezas nacionales a una potencia extranjera. ¿En nombre de la «libertad»? Pero Ucrania cuenta con centenares de presos políticos. Las ideas comunistas están prohibidas, y cualquier disidencia puede implicar represión o violencia de la extrema derecha. ¿En nombre de la «dignidad»? Pero mientras que los pobres mueren en el frente, los funcionarios y hombres de negocios afines al poder se revuelcan en la corrupción y el lujo.

La dictadura de Putin amenaza a todos los pueblos de Europa. Pero la guerra hace a los países occidentales similares a la Rusia de Putin. Los dirigentes europeos firman con Trump acuerdos humillantes y desiguales, transformando sus países en apoderados de Washington, igual que Putin ha convertido a Rusia en instrumento de la política china. Los gobiernos se preparan abiertamente a sacrificar el modelo social en el altar de la economía de guerra, exactamente como los ha hecho el dictador del Kremlin. Los responsables políticos alemanes y franceses lamentan que Europa pueda convertirse en víctima de un mercado entre Trump y Putin, pero olvidan que ellos mismos han sido los arquitectos de esta catástrofe. Por un lado, durante años han considerado al régimen ruso como un «colaborador socialmente próximo» en la carrera neoliberal por el beneficio; por otro, han alimentado con entusiasmo la mecánica de la dominación atlántica. Esta impopular política de desigualdades y militarización trae consigo el retroceso de los derechos democráticos: gobiernos y medios de comunicación persiguen a los disidentes y se niegan a reconocer los resultados electorales. ¿Dónde está la diferencia con el putinismo?

Un ejemplo palmario de esta persecución es la crítica injustificada que se abate sobre Jean Luc-Mélenchon y LFI desde su discurso del 22 de agosto. Mélenchon formuló unas tesis a las que nos adherimos plenamente, e incluso consideramos evidentes: la política de Francia y de Europa debe perseguir la paz y no la victoria militar; una paz duradera es imposible sin una profunda democratización, sin la participación directa de los pueblos en la decisión de su destino; la voluntad y la determinación de los pueblos priman sobre las fronteras trazadas por dictadores o políticos; es impensable resistir a la dictadura con métodos dictatoriales; Ucrania y Europa precisan profundas transformaciones democráticas; en lugar de un tributo pagado al complejo militar-industrial estadounidense y de la construcción de una economía de guerra, Francia necesita reformas sociales y reducción de desigualdades; Ucrania y Rusia necesitan garantías de seguridad, y la OTAN ha desempeñado un papel trágico en la transformación autoritaria de Rusia y en la legitimación de la política de Putin; una vuelta al derecho internacional exige el abandono de la lógica de los bloques y de las pretensiones imperiales a la hegemonía occidental, etc. En respuesta, hasta los medios de comunicación de izquierda han acusado a Mélenchon de «campismo» y de «utilización de narrativas putinistas». No se trata solo de la vergonzosa atribución de etiquetas infamantes a sus oponentes (¡una técnica de propaganda muy apreciada por Putin!), es también una manipulación evidente. Podría hablarse de campismo más bien en el caso de los que llaman a «la guerra hasta la victoria final», los que exigen la victoria de «su» campo sobre el campo enemigo. El campismo niega la complejidad interna de una sociedad, sus contradicciones, y lo reduce todo a una lucha entre Estados y coaliciones de Estados. Mélenchon llama precisamente a rechazar este marco conceptual, devolviendo a los pueblos la posibilidad de actuar, en vez de a políticos corruptos y desconectados, que especulan sobre los «intereses de los pueblos».

Los que atacan a Mélenchon y a LFI de manera tan injusta son infinitamente ingenuos. Creen que puede ganarse la guerra inyectando más y más miles de millones en la industria militar. Pero no es otra cosa que legitimar el mismo enfoque del bando enemigo. Creen poderse refugiar tras fórmulas constitucionales y especulaciones periodísticas, proclamando la integridad democrática del régimen ucraniano. Sus palabras no podrán frenar a decenas de miles de ucranianos que desertan del frente. Millones de ucranianos no quieren combatir y no sienten que su país les pertenezca. Si queréis fortalecer su ánimo, ayudadles a reencontrar su voz, su derecho a decidir, y sí, devolvedles su igualdad social.

Todos los que desean la caída del proyecto imperialista de Putin deben reflexionar sobre el modo en que puede vincularse su causa con la de cientos de miles de soldados rusos, y la de millones de trabajadores rusos en la retaguardia. Ya que en definitiva, es en sus manos donde se juega el destino del Kremlin. Ahora bien, lo que proponéis hoy son solo bombas y una guerra sin fin. Jean-Luc Mélenchon ha sido el primero en invitaros a una conversación de igual a igual. Y para la dictadura de Moscú eso es más peligroso que los misiles y obuses de la OTAN.

Liza Smirnova, activista de izquierda rusa.
Andrii Lebediev, activista de izquierda ucraniana.
Viktor Sydorchenko, activista de izquierda ucraniana.
Andrii Konovalov, activista de izquierda ucraniana.
Aleksei Sakhnin, activista de izquierda rusa.
Alexander Voronkov, activista de izquierda,
miembro del movimiento «Las izquierdas post-soviéticas».

Apoyo de ASTRADE a las movilizaciones del dia 3 de octubre en Berlín y Stuttgart


A: los organizadores de las movilizaciones en Alemania el 3 de octubre de 2025

19 de septiembre de 2025

Estimados compañeros y compañeras:

La Junta Directiva de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), a través del Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), hemos tenido noticia de la preparación de manifestaciones contra la guerra y contra la guerra social que sufrimos todos los pueblos, como derivada del conflicto bélico en Ucrania.

La guerra, como el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza desde hace dos años, es una agresión contra todos los pueblos. Es la manera que los poderosos tienen de dirimir sus conflictos, principalmente de carácter económico, con consecuencias de muerte, pobreza y destrucción de derechos para la gran mayoría social. Es un mensaje de hasta donde están dispuestos a llegar para defender sus privilegios.

Los acontecimientos del 14 de septiembre en Madrid, contra la participación del equipo ciclista de Israel en La Vuelta a España; en protesta por el genocidio en Palestina, demuestran que solo la movilización decidida y en unidad anima a los gobiernos a tomar acciones en la línea de las prioridades de los pueblos.

La vergonzante posición de las instituciones europeas y los gobiernos de los países miembros, con independencia de que unos se humillen más que otros ante el imperialismo estadounidense y el sionismo israelí, hace necesaria y urgente la respuesta de los pueblos y los trabajadores de Europa.

Celebramos y apoyamos por tanto las movilizaciones que: partidos políticos, sindicatos y otras organizaciones estáis preparando para el 3 de octubre en Berlín y Stuttgart, contra la guerra y contra el genocidio. Os deseamos un gran éxito, pues vuestro éxito será parte de la victoria de todos los pueblos.

La Junta Directiva
ASTRADE

Llamamiento a la solidaridad

La coordinadora alemana del «Comité de Enlace Europeocontra la guerra – contra la guerra social»

Queridos compañeros,
El 3 de octubre, tendrá lugar en Berlín y en Stuttgart otra manifestación nacional contra la guerra y contra la guerra social. La manifestación es un signo visible


• Contra la política de guerra y la preparación de la guerra contra la Rusia por parte del gobierno Merz
• Contra el apoyo del gobierno Merz al genocidio de Gaza y las guerras de agresión de Israel contra varios países.


Cerca de 350 organizaciones, partidos políticos, seccionas de partidos, iniciativas sindicales, iniciativas de paz llaman a estas concentraciones.
Habida cuenta de la escalada bélica en Ucrania y de los preparativos de guerra contra Rusia, así como la expansión del genocidio en Gaza, llamamos a apoyar las manifestaciones nacionales mediante saludos internacionales.
Por favor, enviad breves saludos a GotthardKrupp@t-online.de antes del 27 de septiembre de 2025, que nosotros publicaremos.


En la conferencia y el mitin internacionales de los días 4 y 5 de octubre de 2025 en París daremos cuenta de todo ello. Se trata de la conferencia de la iniciativa europea en torno al llamamiento:


«Ni un céntimo, ni un arma, ni una vida para la guerra»


Web en francés: https://contrelaguerre.fr/
Web en alemán: https://gegendenkrieggegendensozialenkrieg.info/2025/08/2G/europaweit-gemeinsam-gegen-den-krieg-gegen- den-sozialen-krieg/


Con mis saludos solidarios Gotthard Krupp, en nombre de la coordinadora alemana del Comité de Enlace Europeo

No a la guerra en Ucrania. No a la guerra social en Europa. No al genocidio en Gaza

La guerra en Ucrania cumplirá su cuarto año en unos pocos meses. Se cuentan por cientos de miles los muertos a ambos lados del frente; muertos que tienen en común su pertenencia a la clase trabajadora y ver trucada su juventud, por intereses ajenos a ellos. De la misma manera, son millones los heridos de guerra y los desplazados por el conflicto.
En Gaza se cumplen dos años desde que el ejército del Estado sionista de Israel desencadenaba un genocidio contra el pueblo palestino.
Desde la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), asociación que edita Tribuna Socialista, nos solidarizamos con el rechazo a la guerra y por la paz en Ucrania, contra la guerra social que empobrece a los pueblos de Europa, así como contra el genocidio que Netanyahu y su ejercito perpetran en Gaza.
Publicamos el llamamiento a la solidaridad que emiten los organizadores de la movilizaciones que el día 3 tendrán lugar en Berlín y Stutgard y el mensaje que la Junta Directiva de ASTRADE les ha enviado.
Por su relevancia, publicamos también la Declaración firmada por limitantes ucranianos y rusos contra la guerra.
Por último, quedamos muy atentos al desarrollo de la Conferencia-Mitin que se celebrará en Paris los días 4 y 5 de octubre, de la que informaremos en el número 170 de Tribuna Socialista.

Redacción de Tribuna Socialista

El pueblo palestino vencedor de la Vuelta ciclista a España 2025

El 14 de septiembre terminó la 80ª edición de La Vuelta ciclista a España, que será recordada por La Vuelta de la Indignidad.

Algunos poderes públicos y sus adláteres, como el caso de Unipublic (propietaria de La Vuelta ciclista en España), llevan tanto tiempo haciendo lo que les da la gana que piensan que son impunes e inmunes a todo y a todos. Puede que sean impunes ante la ¿Justicia? como es el caso de IDA, la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ni unos ni otras son impunes ante los pueblos.

Prueba de lo anterior es que la pluralidad de pueblos que componen el Estado español venía avisando desde la 5ª etapa de la edición que terminó abruptamente el domingo 14.

Contra todas las opiniones que llamaban a la sensatez, los organizadores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, pretendieron imponer que La Vuelta era ajena a lo que está ocurriendo en Gaza desde hace dos años: un Genocidio. Ha sido otra forma de intentar negar el exterminio del pueblo palestino en la Franja de Gaza, pues, a la par de hacer cínicas declaraciones sobre la neutralidad del deporte no han parado, los líderes de la derecha de PP y VOX, de tergiversar, manipular y ningunear cualquier iniciativa o posición que hiciese el más mínimo reproche a la barbarie que el Estado de Israel está cometiendo en Gaza. Una prueba inequívoca de la connivencia con el genocidio es la fotografía de Ayuso con el equipo ciclista israelí, patrocinado por Premier Tech, el mismo día de la etapa final de La Vuelta.

El pueblo de Madrid, como en etapas anteriores lo hiciesen navarros, vascos, asturianos, gallegos y muchos otros pueblos por los que, a duras penas, a discurrido La Vuelta, decidió no dejarse amedrentar por la invasión de sus calles por fuerzas policiales cuya misión era acallar su legítima opinión de rechazo frontal al genocidio de Netanyahu y su ejército sionista.

En Madrid ocurrió lo que siempre ocurre cuando las masas irrumpen y deciden dar su opinión, esa opinión que solo es secundada por los medios de comunicación de masas “a posteriori”.

Paseo del Prado junto al Ministerio de Sanidad
Plaza de Carlos V (Atocha) Paseo del Prado junto al Ministerio de Sanidad

No ha sido la primera vez que en Madrid han tenido lugar movilizaciones en contra del Genocidio sionista, de hecho, tras el 7 de octubre de 2023, a la vista de que Netanyahu tenía un objetivo que no era rescatar a los rehenes israelitas, sino aprovechar las circunstancias para avanzar significativamente en la ocupación ilegal de Palestina, algo que llevan haciendo desde 1947. Esto ha sido posible gracias al doble leguaje de la ONU y de eso que llaman “la comunidad occidental”, quienes emiten comunicados y resoluciones para luego mirar hacia otro lado cuando Israel las incumple. Es lo mismo que está haciendo la Unión Europea y sus instituciones: balbucean decisiones de sanciones que nunca toman y dejan que pase el tiempo insensiblemente ante la muerte diaria de centenares de seres humanos en Palestina; por bombas, disparos y hambre. (1) Los Ángeles Times del 5 de septiembre cifraba en más de 64.000 los muertos en Gaza.

Los pueblos de todo el mundo tienen claro que Israel comete el crimen de lesa humanidad. Y lo está cometiendo porque el capitán del Imperialismo, los USA, está apadrinando y alimentando la masacre. Otra cosa es lo que hagan o digan los gobiernos de esos pueblos. En este sentido, el gobierno español está jugando el papel de “el tuerto en el reino de los ciegos”. Va algunos pasos por delante de sus homólogos europeos, y esto honra a Pedro Sánchez y a su Gobierno y nos dignifica a todos y todas ante el mundo, si bien las palabra tienen que ir acompañadas de hechos, por lo que ya hace tiempo que España tendría que haber roto relaciones diplomáticas con Israel, cortando toda exportación e importación e imponiendo sanciones comerciales a las empresas israelíes que hacen negocio en nuestro país.

De la derecha fascista española no cabe esperar nada más que cinismo y mentiras. Si no son incapaces de empatizar con sus propios ciudadanos, a los que falsamente ellos denominan “sus compatriotas”, a quienes dejan morir en danas, pandemias e incendios, cómo vamos a esperar que tengan algún sesgo de humanidad ante lo que ocurre en guerras y genocidios. Son fieles a sus antecesores ideológicos, aquellos que establecieron una simbiosis con el fascismo italiano y con el nacismo alemán. Por encima de todo, se identifican y apoyan con lo que hagan sus afines en el neofascismo internacional; de ahí que Ayuso otorgase una medalla a Milei cuando vino a insultar y provocar al Gobierno o que Almeida se la otorgarse a Israel cuando ya estaba iniciada la masacre en Gaza; ahora anuncian la condecoración para la indigna Organizadora de La Vuelta. Están en línea con la acción mafiosa, propia de un matón, cuando Trump chantajea a Brasil con la anulación del juicio a Bolsonaro, por golpista, o le impone aranceles del 50%.

La barbarie está a la orden del día. Solo los pueblos pueden cambiar el rumbo degenerado que la sociedad actual ha tomado. La victoria de los pueblos del Estado español ha sido la victoria del pueblo Palestino en La Vuelta ciclista, un sencillo ejemplo del poder de las masas, a pesar de no haber estado organizadas por ninguna organización política ni sindical.

Es importante continuar exigiendo la expulsión de Israel de todos los eventos deportivos y culturales, como acertadamente ha exigido RTVE a Eurovisión. Pero solo se hará justicia cuando Israel devuelva todos los territorios ocupados ilegalmente y los criminales de guerra sean juzgados. Todos los pueblos del mundo deben continuar movilizándose y exigiendo a sus gobiernos la ruptura total de relaciones con el Estado sionista israelita.

Madrid, junto al Museo del Prado
  1. https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2025-09-05/cifra-de-muertos-palestinos-supera-los-64-000
Roberto Tornamira
Socialista de Madrid

Crecen las protestas por la deriva autoritaria de Trump

El segundo mandato de Trump no está siendo un camino de rosas, sino de espinas, para los norteamericanos que comienza a reaccionar por el estancamiento de la economía, los despidos masivos en la administración pública, los recortes en los servicios públicos, la caza indiscriminada de inmigrantes y por su deriva autoritaria. Trump, hasta ahora, no está cumpliendo con su promesa de hacer grande a América de nuevo, lema que expresa su visión etnocéntrica del mundo y el reconocimiento, implícito, de que EEUU va a la baja como primera potencia mundial frente a China.

En el primer trimestre de 2025 la economía se contrajo un 1,8%, contracción que según los economistas seguirá en 2026 en porcentajes que rondarán el 1,7%. El déficit público, la deuda en manos de inversores y otros países (China en primer lugar), va camino de situarse en el 5% el máximo desde el término de la II Guerra Mundial. Y el paro ha aumentado hasta el 4,5% confirmando el desplome del mercado laboral. Datos alarmantes que la Reserva Federal intenta contener bajando en su reunión de este mes los tipos de interés que quedan entre el 4% y 4,25%, para reducir la inflación situada en el 2,9%, y prevenir el posible estancamiento económico por su errática guerra arancelaria que ha dislocado el comercio mundial.

En cuanto a los despidos masivos en la administración pública, ejecutados por Elon Musk y justificados en la necesidad de eliminar la maleza burocrática, existe una nebulosa sobre el número total de funcionarios despedidos que, según la mayoría de analistas y medios de comunicación podría rondar, o superar, los 200.000 trabajadores, muchos de los cuales conocieron su despido a través de un mensaje pregrabado enviado a su móvil conminándoles a abandonar su puesto de trabajo en treinta minutos. Despidos que han desmantelado varias Agencias Federales consideradas no esenciales, reduciendo al mínimo sus plantillas. Entre ellas la que supervisa la financiación pública de los medios de comunicación (VOA), para reducir el control del gasto de dinero público destinado a ellos. Otras Agencias desmanteladas están relacionadas con las ayudas sociales como el Consejo Interinstitucional para personas sin hogar, el Fondo para el Desarrollo Comunitario o la Agencia para el Desarrollo de Empresas Minoritarias. Medidas que afectan a los más pobres: ¡sálvese quien pueda!

Recortes y despidos que le han enfrentado con algunos jueces federales que han tirado para atrás algunos de ellos en el sector público. Como otros jueces han invalidado algunas de las detenciones y deportaciones de inmigrantes, con o sin papeles, que diferentes medios norteamericanos cifran en 350.000 personas. Deportaciones efectuadas por sorpresa con razias policiales en oficinas federales, empresas o en la calle, que rompen familias asentadas desde hace años en territorio USA, en una demostración más del matonismo que aplica a todo lo que toca. Como la eliminación —censura— que exige a los medios de comunicación de los profesionales críticos con su gestión que ha supuesto la supresión de dos Late Night de gran audiencia a la que se han plegado dos cadenas, expandiendo la autocensura por miedo a perder el puesto de trabajo. Alarde de poder que como toda persona insegura sublima con actuaciones teatrales con las que adorna sus actos, como la circense firma en el despacho Oval de sus muchos decretos siempre ampulosa y con rotulador negro para reafirmar su autoridad.

Matonismo que aplica a las relaciones internacionales con la amenaza de movilizar a su ejército o imponer sanciones económicas a los países que no doblen la cerviz ante sus dictados, siempre sujetos a lo primero que se le pasa por la cabeza en la creencia de que medidas estrambóticas de un liberalismo radical hacen grande a América. Como la defensa de los ricos que financiaron sus campañas electorales refrendando que son los poderosos los que le interesan, como el poderosísimo lobby judío encantado con su gustoso apoyo al genocida de Netanyahu, sin importarle el exterminio que ejecuta con delectación sobre el pueblo palestino. Las personas no importan, solo el negocio de la reconstrucción futura.

Tras diez meses de mandato los problemas y las protestas comienzan a emerger porque el ciudadano medio comprueba que Trump no consigue que la economía USA crezca, porque sus medidas económicas no están dando los resultados deseados por él ni por sus seguidores. La imposición de los famosos aranceles, medida estrella para hacer crecer el empleo y la riqueza del país se ha convertido en un magma en el que ya no se sabe cuáles o no están en vigor ni en qué porcentajes, por lo errático de su política económica—que no atiende a los efectos inmediatos sobre la ciudadanía—; de ahí que entre los inversores de Wall Street se haya popularizado la que denominan estrategia Taco, para significar que las inversiones bursátiles sobre el impacto de los aranceles deben realizarse contando con que Trump acaba dando marcha atrás: se acobarda (Trump Always Chickens Out). 

Ante este panorama en el que la economía camina hacia el estancamiento, y su influencia no consigue acabar con las guerras en curso como prometió (Gaza y Ucrania), Trump vuelve la mirada hacia casa con una serie de decisiones que refuerzan el autoritarismo de su Gobierno, apoyadas en la mentira y la tergiversación de la realidad, fundamento de la estrategia populista de la que es el primer Pope. Medidas que justifica en un pretendido e inexistente aumento de la inseguridad en las principales urbes del país de población mayoritariamente demócrata, a las que envía a la Guardia Nacional para vigilar sus calles con un alarde de armamento innecesario, que crea en los ciudadanos la sensación de vivir en un estado de sitio, por las detenciones irregulares y arbitrarias que realizan. La población de Washington es la primera en sufrir este recorte de libertades ciudadanas, pero la intención de Trump es hacer lo mismo en Nueva York, Chicago, Los Ángeles o Boston.

Medidas a las que se oponen los Alcaldes y Gobernadores donde se ubican esas urbes y varios jueces federales, en especial los de la capital federal, como la jueza de instrucción Zía Faruqui, que ha condenado públicamente la legalidad de los arrestos y registros de la Guardia Nacional por la brutalidad en su ejecución carente, ha afirmado: de la dignidad humana más básica. Decisiones autoritarias de Trump, que comienza a encontrar respuesta en la sociedad con el aumento de las manifestaciones de protesta contra su gestión. En sus dos últimas apariciones públicas, en la final del Open USA de tenis, y en su salida a cenar a un conocido restaurante de la capital, Trump fue abucheado en una reacción espontánea, acusándole de ser el Hitler de nuestro tiempo. Crítica social que replica acusando a los que protestan de izquierdistas peligrosos a los que responsabiliza, sin ninguna prueba, del asesinato del propagador de los mensajes ultraderechistas más extremos Charlie Kirk.

Autoritarismo que polariza como nunca a la sociedad. Según las encuestas recientes el 56% de los norteamericanos desaprueban su gestión frente al 42% que la respalda. Confirmación de lo caótico de sus políticas que dan pábulo a quienes piensan que Trump no está haciendo grande América, sino convirtiéndola en un régimen autoritario como su potencia rival China.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.

Periodista, profesor universitario y

Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

El empresariado se queda con millones de horas trabajadas

Los datos que figuran en las tablas del Instituto Nacional de Estadística (INE) -los más recientes corresponden al 4º trimestre de 2023- dicen que en España se realizan 6.341.000 horas extraordinarias semanales, es decir, que en computo anual estamos hablando de más 330 millones de horas extraordinarias, esto, traducido a contratos de jornada completa de 8 horas diarias o 1.826 horas anuales, significaría trabajo para más de 180.000 trabajadores y trabajadoras sin puesto de trabajo.

La misma fuente de datos, el INE, dice que, de esos 330 millones de horas extraordinarias, productivas y trabajadas, se paga el 60%, por tanto, el empresariado hurta no menos de 132 millones de horas extraordinarias.

La primera víctima de esta apropiación indebida es el asalariado que ha realizado el trabajo, pero no ha recibido la remuneración correspondiente. También es víctima la Hacienda Pública, pues las horas extraordinarias no pagadas tampoco están sujetas a la correspondiente retención del IRPF y, por último, es víctima el Sistema Público de Pensiones, dado que el empresario escamotea también el pago de la cuota a la Seguridad Social. Este fraude afecta a toda la sociedad y a los trabajadores y trabajadoras en particular, como asalariadas, como futuros pensionistas y como receptores de servicios públicos.

Conseguir la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) no fue fácil ni un regalo. La reivindicación de los trabajadores y sus organizaciones fue trabajada en la calle, con la movilización y en los tribunales de justicia, pasando por la acción ante los partidos políticos en el Congreso de los Diputados.

El PSOE, en junio de 2017, estando en la oposición, registró una proposición de ley para que las empresas tuviesen la obligación de registrar y contabilizar las horas de jornada que realizan los trabajadores en sus puestos de trabajo, modificando el artículo 34 del E.T.

En el periodo del primer gobierno de Pedro Sánchez, se legisló el Real Decreto-Ley 8/2019 en el que se introdujo el punto 9 en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores:

Artículo 34

9. La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

A pesar de que, desde 2019, las empresas están obligadas a “garantizar el registro de la jornada”, no todos los trabajadores tienen esa garantía y la inspección de trabajo sufre déficit de inspectores y subinspectores, como la Sanidad sufre escasez de personal sanitario, la Educación profesorado o la extinción de incendios necesita bomberos. En nuestro país hay unos 2000 inspectores de trabajo para 3,3 millones de empresas y 19 millones de asalariados y asalariadas.

Las formas que toma el incumplimiento de ley por parte empresarial son variopintas: desde el falseamiento de los datos que se plasman las hojas físicas -donde las haya- hasta el control omnímodo del método informatizado, por parte del empleador.

Mucho me temo que los datos que arroja el INE son solo una parte del total de las horas extraordinarias trabajadas y no pagadas, pues el grueso de las no pagadas, particularmente en las pymes, no llega a las estadísticas.

Este es el empresariado que se resiste a bajar el cómputo semanal de jornada hasta las 37,5, como propone el Gobierno. Hay que recordar que en los primeros años de la dictadura franquista se trabajaban 60 horas semanales -tras haber derogado la legislación de la II República que establecía la jornada semanal en 40 horas- y que, hasta la entrada en vigor de la Ley 4/1983 se trabajaban 48 horas semanales.

De los 19 millones de asalariados y asalariadas, unos 7 millones ya están por debajo de las 40 horas semanales, un derecho fijado por la negociación colectiva en sus convenios colectivos; normalmente esta es la situación en las grandes empresas. Sin embargo, esta mejora no garantiza que los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas no se vean forzados a realizar horas extraordinarias no retribuidas, algo muy habitual, por ejemplo, en el sector financiero.

El incumplimiento de las leyes por parte del empresariado es un hecho facilitado por la escasa capacidad inspectora de la Administración -por el déficit ya señalado de inspectores de trabajo- y porque las multas bien son de baja cuantía o bien son recurridas hasta las altas instancias judiciales, donde el empresariado suele encontrar “la comprensión” de los jueces.

Acabar con estos desmanes y la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, a pesar del incremento de beneficios que la innovación tecnológica está proporcionando al empresariado, es lo que la derecha más rancia: PP, VOX y Junts han impedido con su voto en el Congreso de los Diputados el pasado día 10 de septiembre. Por encima de si son nacionalistas catalanes o españolistas, la derecha defiende los intereses de la minoría privilegiada.

Las organizaciones de los trabajadores, tanto políticas como sindicales, deberán emprender una lucha sostenida en el tiempo hasta que lo que hoy es una reivindicación se convierta en un derecho. Esta es la manera en la que la clase trabajadora ha adquirido los derechos que disfrutamos. Además, hay que mantener la vigilancia y la exigencia de que una vez que la reivindicación pase a ser ley, que se cumpla escrupulosamente, pues son demasiados los derechos que figuran en la ley, pero no todos pasan de ser un papel escrito.

Roberto Tornamira Sánchez
Fue Secretario General de FeS-UGT-Madrid

Los incendios como síntoma del desmantelamiento de lo público

Parque de Bomberos en Ronda de Segovia, 95 en el distrito Centro de Madrid

Este mes de agosto hemos vivido las evidentes consecuencias del abandono de las políticas de inversión pública. Hasta el 7 de septiembre 341.203 hectáreas quemadas (según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), el mayor número de la serie histórica, y que las distintas administraciones achacan al cambio climático, a los pirómanos, a la España vaciada, a lo que convenga para no señalar lo evidente: no hay recursos, ni bomberos, ni prevención, los medios están obsoletos, y tampoco hay dinero que dedicar a lo público. Hoy mismo (24 de septiembre) bomberos y agentes forestales convocan a toda la sociedad a una manifestación en Valladolid para pedir estabilidad laboral y aumento de recursos. Consideran la gestión forestal inadecuada y sujeta a intereses privados.

El fuego es un síntoma y una tragedia, este verano han muerto tres bomberos y seis voluntarios. En todo el Estado los daños son millonarios y los desplazados se cuentan por miles. En Madrid, en el incendio de Tres Cantos murió un vecino intentando salvar a sus animales, hubo más de 180 personas desalojadas y el humo se pudo sufrir en Madrid a más de 30 kms.

Se veía venir. Los bomberos de la CAM tenían convocada una huelga desde el 15 de julio al 15 de agosto reclamando un nuevo convenio, el vigente data de 2008. Denunciaban los bajos salarios, la temporalidad, el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y protección ante los agentes cancerígenos a los que se ven expuestos debido al carácter de su trabajo. La huelga se interrumpió ante la oleada de incendios y concretamente por el de Tres Cantos.

Los incendios no son un problema de temporada ni son un imponderable. Privatizar su gestión supone negar toda prevención para optimizar beneficios. Es ahí donde hay que buscar la temporalidad, las malas condiciones laborales y la falta de profesionales. Los bomberos trabajadores de Tragsa, subcontrata del servicio en Madrid, señalan que su salario apenas es 100€ mayor que el Salario Mínimo Interprofesional. Según CCOO y UGT en la CAM se pagaron 18 millones de euros en horas extras en 2023 y solo hay 1.600 efectivos de los 2.200 prometidos. El País señala que los datos de Eurostat muestran que las plantillas retrocedieron en más de 2.600 personas, siendo España es uno de los pocos países europeos que perdió bomberos en 2024.

Todos estos datos demuestran que los incendios no son fruto del azar, son la negativa a mantenerlos como un servicio público en beneficio de la población para entregarlos a manos privadas, en beneficio de la empresa privada. Por eso no se cuidan los bosques en invierno y se despiden los bomberos cuando acaba el verano, y esto genera muertes y devastación.

La privatización de los servicios públicos es una política general para entregar a unos pocos los presupuestos que deberían ir destinados a garantizar el bienestar de la población. Los partidos de la derecha son los principales promotores de esta política, pero los partidos de izquierda deberían dedicar sus esfuerzos a revertir las privatizaciones legislando y financiando, no asumiendo la privatización bajo el eufemismo de la “colaboración público-privada”. No es casual que la inyección de dinero público en la gestión privada de la sanidad supere los 8.000 millones de euros anuales, ni que seamos uno de los países europeos que menos invierte en sanidad per capita. Tampoco que las universidades públicas se quejen permanentemente de la falta de recursos para mantener su personal e infraestructuras. Y esto se extiende a todos los empleados públicos, a la justicia, a los servicios sociales, a las infraestructuras de transporte…, etc., y claro está a bomberos y la protección y vigilancia del medio ambiente.

No podemos olvidar lo ocurrido este verano; no es la primera vez que sufrimos incendios y, si no se pone remedio, no será la última. Exijamos plantillas suficientes, que se limpien y mantengan los bosques permanentemente, que se doten recursos, que se revierta lo privatizado, que se pidan responsabilidades por el abandono.

Enrique Dargallo (Madrid, 24 de septiembre de 2024)

Nuevo curso, sí, pero con asignaturas pendientes.

En estos últimos meses hemos visto como otra de las justas, legítimas y necesarias aspiraciones de la clase trabajadora, una vez más ha sido truncada, en lo que respecta a la posibilidad de reducir la jornada de trabajo para aquellas personas que -en torno a 13 millones- aún tienen las 40 horas de trabajo semanales.

La propuesta de ley que ha sido llevada a Cortes y rechazada tras las enmiendas a la totalidad por la derecha catalana y, con los apoyos de PP y Vox, dejan por el momento esta mejora de las condiciones de trabajo fuera del alcance de la mayoría, ya que unos 4 millones de trabajadores trabajan jornadas inferiores a la norma de 1983, bien por acuerdos o tras la negociación en los convenios colectivos.

La derecha política y empresarial, junto con sus patronales, no ven con buenos ojos que un trabajador pueda reducir su jornada media hora al día. Algo que indigna y cabrea a muchos, pero a otros tampoco nos sorprende:

¿Cuántos derechos y conquistas de los trabajadores se han conseguido con acuerdos en Cortes, con el apoyo de la derecha y la extrema derecha?

No cabe duda que abrir el debate político sobre la necesidad de reducir la jornada laboral como mejora de las condiciones de trabajo, sobre todo en sectores más explotados, por la falta de control horario, y el abuso con las horas extras no retribuidas, es muy importante, pero tal vez se ha llevado por la vía menos favorable para que prospere, más ahora, con un tablero político tan fragmentado.

Hemos visto a los secretarios generales de los Sindicatos de CCOO y de la UGT bastante activos junto con la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, para la elaboración de la norma. También han estado en diferentes actos como el del pasado 22 de julio en el Auditorio Marcelino Camacho (totalmente abarrotado), coincidiendo con el último día de trabajo en Cortes, previo a las vacaciones, en el que no estaba en el orden del día para el debate parlamentario la reducción de la jornada a las 37,5 horas, debido a que Junts mantenía su postura contra la aprobación de la ley. Tras la vuelta de vacaciones, y como ya estaba anunciado, el miércoles 10 de septiembre CCOO Y UGT hacen un llamamiento a los trabajadores para acudir a la protesta frente al Congreso de los diputados en Madrid a las 16.00 horas; también se hicieron concentraciones y movilizaciones en diferentes comunidades autonómicas, el día que se votaría la ley para la reducción de la jornada laboral, que como todas sabéis, no salió adelante.

Según han expresado en diferentes actos los dirigentes de UGT y CCOO, la reducción de la jornada de trabajo en 37.5 horas es solo el principio, ya que el objetivo es llegar a 32 semanales, un objetivo muy ambicioso que va a necesitar del empuje de la clase trabajadora organizada. La duda que se nos plantea ahora es cómo se va a retomar la posibilidad de conseguir este derecho: ¿se volverá a llevar la ley a Cortes cuando se considere que el “terreno” político es el idóneo? Tal vez, para estas cuestiones, propias de los intereses la mayoría trabajadora, el único terreno propicio para sacar adelante esta, como cualquier otra reivindicación, pasa porque las dos grandes Organizaciones Sindicales (UGT Y CCOO) informen, debatan, organicen y movilicen a los trabajadores en sus centros de trabajo y empresas, que llamen a la unidad en manifestación en las calles, donde verdaderamente el terreno nos es más favorable, con la unión y la fuerza que se necita para arrebatar derechos al Capital. Un Capital feroz que no cesa en destruir derechos y conquistas conseguidos hace años tras las luchas de las trabajadoras y los trabajadores.

“Mantener lo conquistado para avanzar”, este ha sido el lema de los sindicatos recientemente. Reconociendo de algún modo la situación por la que estamos pasando y el peligro que corren nuestros derechos. Pensiones, sanidad, educación, dependencia todos los servicios públicos están sufriendo un nuevo ataque con políticas que, bajo el amparo de leyes que permiten la privatización, buscan desmantelar los pilares fundamentales del Estado de Bienestar, como es el claro ejemplo de la Sanidad o la Educación.

No podemos olvidar el problema de la vivienda, con alquileres abusivos, en función de los salarios. En un artículo El Mundo el 22 de julio 2025: “Los salarios reales sólo han subido un 2,76% en 30 años “, siendo España el cuarto país de la OCDE con menor subida salarial de las últimas décadas. Estos datos dejan claros signos del trasvase que está sufriendo la renta del trabajo a las rentas del capital, bien por los bajos salarios y pensiones o bien el aumento desmesurado del IPC en los últimos años. Esta situación implica a los Sindicatos en las negociaciones de los convenios colectivos la obligación de negociar salarios que permitan hacer frente con las necesidades de las familias, recuperando el poder adquisitivo perdido. Incrementar salarios por encima del IPC, ya que, de no ser así, no estaríamos hablando de una subida real de salario. En la Comunidad de Madrid el salario medio es de 33.000€ incluyendo los sueldos de los altos cargos, pero la gran mayoría de los sueldos están en los 23.000€. Salarios que están, en su mayoría, más cerca del SMI.

Todas estas reivindicaciones estarían vacías de sentido si no mencionamos la lucha por la libertad de Palestina, contra el Gobierno genocida y terrorista de Netanyahu, que mata con bombas y de hambre a la población civil.

Juan Fernando Díaz-Mayordomo
Sindicalista de UGT, en Madrid.