Mes: febrero 2026

Editorial: Vuestra guerra, nuestros muertos

El 24 de febrero de 2022 tropas rusas penetraron en el territorio de Ucrania; se cumplen por tanto cuatro años de guerra. La suma de muertos, heridos, desaparecidos o desplazados se cuenta por millones1, la mayor catástrofe en bajas humanas desde la 2ª guerra mundial. A esto hay que añadir las consecuencias de la primera fase de la guerra desde 2014 con el denominado “Euromaidán” y la anexión de Rusia de la península de Crimea.

Al margen de las circunstancias políticas en las que se ha ido desarrollando esta guerra, el sufrimiento del pueblo ucraniano y el ruso ha sido y es inconmensurable. Los jóvenes de uno y otro bando se ven arrastrados a una guerra que en muchos casos no entienden o que perciben como algo ajeno, dependiente de intereses económicos y políticos; se ven obligados a huir a otros países o esconderse para no ser arrastrados al conflicto. La población civil, con las infraestructuras inutilizadas tras cuatro años de destrucción, se enfrenta a todo tipo de privaciones, sin electricidad para calentarse o imposibilitados para cubrir necesidades básicas, incluidos los alimentos. No caben “peros”, es una pelea de oligarcas que han tomado como rehenes a la población civil.

Las guerras, declaradas o no, se extienden por doquier: distintas organizaciones estatales y ONG’s hablan de 56 conflictos armados. Sin embargo, este drama va más allá de la estadística. El anhelo de paz a la que sin duda aspiran los pueblos se enfrenta a una fiebre armamentística desaforada que únicamente esconde el lucro y el ansia de poder de unos pocos. En gran parte del mundo no cabe la paz y el desarme, no es posible denunciar la guerra sin ser señalado como defensor de Putin o de la OTAN.

Con relación a la guerra ruso-ucraniana, los dirigentes de la Unión Europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, se rasgan las vestiduras por los ataques rusos, mientras miran para otro lado ante el genocidio palestino; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se comporta como un quintacolumnista a sueldo de las grandes empresas de armamento; los Gobiernos incrementan sus presupuestos en defensa ante las amenazas de Trump; y todos, con el apoyo mediático, nos avisan del peligro que supone Putin para la seguridad europea. Desde que empezó esta fase de la guerra Finlandia y Suecia se han convertido en miembros de la OTAN. En España, un estudio del CIS de noviembre de 2025 indicaba un 66,2% de los españoles pensaba que España se vería implicada en una guerra en los próximos años.

Aterrorizar tiene réditos

Desde enero, Trump viene intentando justificar su intención de anexionarse Groenlandia con el argumento del peligro de que, fundamentalmente Rusia pero también China, se apoderen de la isla, poniendo en peligro la seguridad de EE.UU. Por supuesto no sirve de nada que Rusia geográficamente ya tenga un acceso privilegiado al Ártico y por tanto a Groenlandia, pero es ahora cuando ve el peligro inminente. Igualmente, su exigencia de elevar los presupuestos en defensa de los países de la OTAN al 5% encuentra justificación ante la amenaza rusa. A nadie se le oculta que este incremento del gasto militar se destinaría a compras de material a las empresas armamentísticas estadounidenses; en esto se traduce el “America First” cacareado por Trump.

En Francia, el presidente Macron justifica duplicar el presupuesto en defensa2: “La aceleración de peligros exige acelerar el esfuerzo en defensa. Para ser libres hay que ser temidos, para ser temidos hay que ser poderosos”. Pronuncia estas palabras a la vez que plantea recortes generales de los servicios públicos franceses. En Alemania, el canciller Merz anuncia la implantación del servicio militar obligatorio y el aumento en defensa, también por la amenaza “activa y agresiva” de Rusia. En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer señala que “la postura de Rusia hacia el continente, incluso si se acaba la guerra de Ucrania, obliga a tomar decisiones en materia de defensa”. Italia, Países Bajos, Bélgica…, se calcula que en 2025 se ha incrementado el gasto en defensa en la Unión Europea en un 62% (381.000 millones de euros). En la Conferencia de Seguridad de Munich, que se ha celebrado este mes de febrero, los líderes europeos se comprometieron con 90.000 millones más para Ucrania.

¿Y España? Pedro Sánchez incrementó el gasto militar en 2025 en 10.000 millones de euros para llegar al 2% del PIB. Ante la presión de Trump sobre los países europeos para que sostengan militarmente la guerra en Ucrania, incrementando su aportación a la OTAN, Pedro Sánchez ha resistido argumentando que con sus previsiones actuales puede llegar a cubrir las necesidades de defensa europea, y que las peticiones de Trump ponen en peligro las capacidades de desarrollo como país y el Estado de bienestar, sin embargo Sánchez confesó que en 2025 se gastaron 34.000 millones sin pasar por el Congreso. Por su lado, Margarita Robles, ministra de Defensa señala en relación con la operación “Centinela del Ártico”3: «La colaboración va a ser la que nos pida en cada momento el Comandante Supremo Aliado de Europa (SACEUR), el mando aliado, que es el que tiene que decir a cada país de qué manera colabora y en qué misión”. Pedro Sánchez asegura que este gasto militar no va en detrimento de los servicios sociales, pero ¿no se debería dedicar ya ese dinero al mantenimiento de las infraestructuras, a salvar la sanidad, a cubrir el déficit de las universidades públicas, a crear las 100.000 plazas de FP públicas que se necesitan, a aumentar los fondos de atención a la dependencia?. En todo caso, y es obvio, esto producirá un impacto sobre el déficit público, con un beneficiario claro, la industria de defensa, y más concretamente la de EE.UU.

Mirar la Luna y no el dedo

Que las ansias de paz de la mayoría pesan más que los cantos de sirena de los señores de la guerra se manifiesta continuamente, no solo por la resistencia ante la destrucción de los servicios públicos y de los bajos salarios, motivo de continuas movilizaciones, también, subjetivamente, por la simpatía que despierta posicionarse en contra de los planes guerreros. Pedro Sánchez es alabado mundialmente cuando declara que no va a cumplir el objetivo del 5% o cuando llama “genocidio” al genocidio palestino. El pueblo español ya se posicionó claramente contra la guerra en 2003 y en la actualidad, según el CIS, un 73,9% muestra su miedo a verse envueltos en una futura guerra.

Por eso, tenemos que mirar con simpatía las movilizaciones que por todo el mundo se producen ante las agresiones a los pueblos, ya sea palestino, venezolano, cubano, o las guerras como la de Ucrania o Sudan.

En este número encontraréis una sección especial dedicada al Mitin Internacional contra la Guerra que se celebrará en Londres el 20 de junio de este año, que es continuidad del que ya se celebró en París en octubre del año pasado. Nuestra asociación cabecera, ASTRADE, se une a la campaña contra la guerra y acepta la invitación que los organizadores nos hacen para participar. Dicha sección consta del llamamiento que hacen las organizaciones convocantes, la respuesta que hacemos como asociación y una hoja, en la que figuran las primeras firmas por nuestra parte, para que todo el que lo desee pueda adherirse, enviando la hoja firmada a: astrayde@gmail.com. Invitamos a todos los lectores a leerlo, suscribir el llamamiento y a difundirlo a todos los contactos militantes y en todos los foros en que participemos.

Redacción de Tribuna Socialista

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1 Según El País (27 de enero) las bajas en los últimos cuatro años serían de 1.200.000 en el bando ruso y 600.000 en el ucraniano. Según la fuente que se consulte los datos son diferentes, y tampoco explican a qué se refieren.

2 Macron en sus dos mandatos (10 años) ha incrementado el gasto en defensa en un 67,4%, al pasar de los 40.596 millones que destinó en 2016, hasta los 64.000 millones gastados en 2024 https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/francia?anio=2016 – https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/francia

3 “Centinela del Ártico” es una misión que coordinará la presencia militar creciente de los aliados de la OTAN en Groenlandia

Editorial: Criticamos al Gobierno

En Tribuna Socialista n.º 173, abrimos una nueva etapa con cambios estéticos, entre los que se incluía –en el faldón del sumario, pág. 2– un párrafo en el que decíamos lo que aspiramos a ser. En la editorial de este número 174, tenemos que comenzar diciendo también que somos una publicación independiente de los gobiernos, de los partidos políticos, de toda fe religiosa y que nos regimos, única y exclusivamente, por la opinión de nuestras asociadas y asociados.

Que seamos independientes no implica neutralidad, pues como reflejamos en el párrafo aludido: “…aspiramos a ser un punto de encuentro para la izquierda…”.

Aunque oficialmente no sea así, todos los partidos están aprestándose para unos próximos comicios, de hecho, en otro artículo de este mismo número, comentamos las dificultades de la izquierda para formar una coalición electoral unida. La realidad nos dice que estamos en un nuevo período electoral.

Precisamente por ello, y porque somos independientes, pero no neutrales, hacemos estas aclaraciones, para abordar una sana crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, sin ser ciegos a lo que ocurre.

El ataque permanente al Gobierno de coalición por parte de la derecha extrema y la extrema derecha, –podría hablarse de “bullying” político– se da desde el minuto después del cierre de las urnas en las generales de julio de 2023. Comenzando por la presión que el PP ejerció sobre Felipe VI, para que encargara a Feijóo iniciar los pasos para la investidura; presión a la que el señor Borbón accedió. Esto, sabiendo que no tenía el apoyo suficiente, pero, probablemente había que intentar un nuevo tamayazo.

Pocos meses después, en abril de 2024, el pseudo sindicato Manos Limpias, de orientación fascista, interpuso una demanda contra Begoña Gómez. La fiscalía solicitó el archivo de la causa, el informe preliminar de la UCO no encontró delito…, aun así el juez Juan Carlos Peinado activó la causa que hoy va camino de cumplir dos años de investigación prospectiva, culebrón judicial y juicio mediático, que se pretende mantener hasta que haya elecciones generales. Como este caso, hay otros.

No tenemos interés en los pormenores de estos casos, ni en contribuir al circo mediático. Sirva la mención de ejemplo de casos fabricados por las organizaciones que la derecha utiliza como brazo armado para machacar a sus adversarios políticos, como anteriormente machacaron a otras y otros como Pablo Iglesias e Irene Montero, Mónica Otra, el exfiscal General del Estado… y a todo aquel que no apoye la idea de que solo la derecha está legitimada para gobernar. Este acoso judicial no sería posible sin la colaboración de jueces que se prestan a seguir la consigna de Aznar “el que pueda hacer que haga”; consigna a la que se suman los medios de comunicación en manos de la derecha económica y política.

La derecha tiene la misma libertad de expresión que el resto de los ciudadanos, solo que a ellos nadie les aplica una Ley Mordaza; pueden decir lo que quieran que no pasa nada, incluso declararlo ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, como hizo el mentiroso MAR en el juicio contra Álvaro García Ortiz, juicio que desembocó en una vergonzante sentencia.

Claro que la derecha puede manifestar su oposición contra las medidas que toma un gobierno contrario ideológicamente. Pero no utilizar las instituciones del Estado para derribar al Gobierno que sumó los votos de las diputadas y diputados electos en las urnas. Ni que poderes económicos, judiciales y mediáticos actúen como poderes fácticos.

No es fácil combatir toda la basura que genera la derecha de toda la vida, y a la vez intentar gobernar un país con casi 50 millones de habitantes. Ahora bien, el Gobierno tiene en sus manos muchos resortes y capacidades que a nuestro modo de ver no utiliza o no lo hace correctamente.

La crítica que hacemos desde Tribuna Socialista es que las políticas del Gobierno, en algunas ocasiones se dan de bruces con la realidad que la mayoría de la sociedad vive/sufre, pues el 80% de la sociedad necesita más política de izquierdas, eficaz, y menos proclamas mediáticas. No negamos que ha tomado algunas medidas acertadas pero también se acumulan las promesas o evidentes necesidades incumplidas.

Un ejemplo es la reforma laboral (RD 32/2021) que pareciera la madre de todas las reformas. La realidad es que dejaron vivos la mayoría de los efectos lesivos de las reformas de 2010 y 2012. La percepción en la vida de los trabajadores respecto a esta reforma no es muy positiva:

  • El contrato fijo-discontinuo salió de las estadísticas como contrato temporal, para ser considerado un contrato indefinido. Eso ha disminuido la temporalidad estadísticamente, pero la realidad es que casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras con este contrato, muchas de ellas y ellos, tienen una relación laboral de puesta a disposición con la empresa, con una indefinición tremenda. Hay quienes tienen varios contratos fijo-discontinuo con varias empresas y entre todas no suman una jornada laboral completa.
  • La reforma de 2012 modificó el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores (ET) eliminando la necesidad judicial previa para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), permitiendo que las empresas apliquen despidos colectivos tras cumplir la formalidad del periodo de consultas con los comités de empresa y las secciones sindicales, llevando a los despedidos a la demanda judicial a posteriori.

La reforma de 2022 dejó intacta esta lesiva medida, salvo para las administraciones públicas. Una medida que ha provocado millones de despidos de trabajadoras y trabajadores con derechos, para ser sustituidos por mano de obra precaria; solo hay que ver cómo ha caído el salario más frecuente.

Hace no mucho, desde el Gobierno se clamaba que actuaría contundentemente contra las grandes empresas que anunciaban ERE en los que están siendo despedidos miles de trabajadores ¿Con qué herramienta? A pesar de los 550 nuevos inspectores de trabajo que el Gobierno incorporará hasta 2027, pero ¿qué son 2.550 inspectores para 3,3 millones de empresas y 22,5 millones de ocupados?

  • Insistimos, la reforma de 2022 dejó buena parte de las agresivas medidas de las reformas de 2010 y 2012. Por ejemplo, quedó sin modificar el abaratamiento de la indemnización por despido a 33 días por año trabajado que introdujo la reforma de Rajoy y continúan en vigor las cláusulas de descuelgue de los convenios, por parte patronal, mientras que los trabajadores tienen prohibido protestar y hacer una huelga cuando el convenio está en vigor, pero pierden poder adquisitivo a raudales, medida a la que le abrió la puerta la reforma de Zapatero y afianzó la del PP.

Celebramos que se recuperase el principio de ultraactividad de los convenios colectivos, y que se recuperase para los convenios sectoriales la materia en jornada y salario, así como que en 2020 se derogase el art. 52-c del ET, por el que se permitía el despido objetivo por bajas médicas. Son aciertos, pero absolutamente insuficientes frente a las promesas de derogación de las reformas laborales que se aplicaron con motivo de la crisis de 2008.

En otras políticas, aunque no es solo achacable a este Gobierno, es evidente la escasez de esfuerzo inversor en infraestructuras, particularmente si lo comparamos con el gasto en defensa:

  • En 2025 se presupuestaron 11.300 millones para transporte, y 2.798 millones para vivienda, frente a los 33.715 millones en defensa -2% del PIB comprometido con la OTAN.

Este país hace aguas, y no solo por la cadena de borrascas, en carreras, en ferrocarriles y particularmente en vivienda de protección oficial (VPO). Esas son las guerras que hay que librar con urgencia, pero ha sido un frente desguarnecido durante años. Y las medidas legislativas que manan del Gobierno son titubeantes, cuando no a favor de los propietarios; que no sufren ningún problema de vivienda.

Tenemos que citar que no se ha cumplido la promesa de derogar la Ley orgánica 4/2015, conocida popularmente como Ley Mordaza, por la que miles de personas son multadas arbitrariamente por agentes de policía de los sindicatos “fachipol”, que ejercen su ideología porra en mano, mintiendo en los partes de lesiones y multando a quienes ejercen su libertad de expresión y derecho a la movilización.

Actualmente nos enfrentamos a un nuevo contraste entre la realidad de la calle y la del Gobierno: mientras hay un clamor que exige la derogación de la Ley 15/1997, la que permite la obscena privatización de la sanidad pública, se nos presenta un Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que incluye una disposición derogatoria que recoge dicha reivindicación. Sin embargo, el texto del Anteproyecto está plagado de terminología que “limita la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro”, pero limitar no es eliminar la sangría de la privatización.

La confianza en el Gobierno está deteriorada, pues, por qué habríamos de confiar en el Anteproyecto sanitario, cuando los defensores de las pensiones en las calles llevan años exigiendo que se cumpla la Ley 21/2021 por la que se tenía que encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social para establecer cuánto dinero le debe el Estado a la caja de las pensiones públicas desde 1967.

Son muchas las reivindicaciones no escuchadas o escuchadas a medias. Es mucha la pérdida de confianza y prestigio de los partidos de la izquierda, por culpa de la corrupción y de los casos de abusos contra la dignidad de las mujeres que, aunque en la derecha lo llevan en su ADN y sus mujeres parecen aceptarlo, en la izquierda es intolerable pues va contra la genética del hecho de ser de izquierdas.

La izquierda necesita unirse, que no uniformarse. Es una necesidad a la que ASTRADE aspira a contribuir junto a todo aquel que camine en esa dirección, pero no cabe duda que no nos podemos permitir que pase un gobierno de izquierdas más por la Moncloa sin tomar las medidas que la mayoría necesita

Redacción de Tribuna Socialista

Salvar la sanidad pública madrileña

El domingo 8 de febrero ha tenido lugar en Madrid una buena manifestación en defensa de la sanidad pública, convocada entre otras organizaciones por los dos grandes sindicatos de clase, bajo el lema “Salvar la Sanidad Pública madrileña”.

La manifestación ha sido multitudinaria, lo cual celebramos. Sin embargo, el deterioro de la sanidad pública en Madrid y el descaro con el que el PP de Ayuso la está entregando a los intereses de las empresas privadas, es motivo para que hubiese sido una manifestación monumental, como las grandes manifestaciones que se han venido haciendo anualmente desde 2022, convocadas por el movimiento vecinal en defensa de la Sanidad Pública.

Cabecera de la manifestación del 8 de febrero de 2026, en la Carrera de San Jerónimo. Foto: Agustín Millán.

Desde ASTRADE, editora de Tribuna Socialista, llamamos días antes a participar y nos sumamos a la lista de adhesiones de la convocatoria. No obstante, cuando se convoca una movilización, del tipo que sea, por una cuestión tan estructural, como lo es la defensa del Sistema Público de Salud, no basta con convocar, lanzar un cartel y animar a los tuyos a través de mensajes en redes, webs, etc. Es necesario organizar, contar y dar participación a todos los actores sociales que, desde el barrio o el pueblo más pequeño hasta la gran ciudad, están luchando permanentemente en las puertas de sus centros de salud y en sus hospitales de referencia, de la mano de sus asociaciones vecinales, reivindicando que haya pediatras, médicos de familia y denunciando las listas de espera -en 2025, la lista de espera en Madrid superaba un millón de pacientes-.

Dicho lo anterior, se echaba de menos que los sindicatos de clase y los partidos de la izquierda se pusiesen al frente de la movilización de una cuestión tan fundamental como esta.

Dice la Constitución en su artículo 15 que “Todos tienen derecho a la vida…sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes…” y que “Queda abolida la pena de muerte…”. Esto, salvo para los 7.291 ancianos y ancianas que habitaban en las residencias de mayores de Madrid, a los que en 2020 se los negó su derecho a la vida; al negárseles su derecho a la asistencia médica hospitalaria, por orden del Gobierno de la señora Ayuso, a través de los “protocolos de la vergüenza”, muriendo en muchos casos de forma inhumana y degradante. Del mismo modo, hay mujeres en Andalucía a las que se las ha condenado a muerte, por la negligente gestión del señor Bonilla. Ya sé que la técnica jurídica interpreta otra cosa, pero la dolorosa realidad se da de bruces con este precepto constitucional.

También dice la Constitución de 1978, en su artículo 43 que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”, y que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas…”. Lejos de organizar y tutelar la salud pública, una ola de privatización y destrucción por la vía de los recortes presupuestarios, están desorganizando el Sistema Público de Salud y entregándoselo descaradamente a entidades como Quirón o Rivera ¿Reutilizar catéteres de un solo uso -catéteres de electrofisiología- en el Hospital de Torrejón puede considerarse proteger la salud? ¿Es eso tutelar la salud pública?

Es tan grave la situación como groseras son las cínicas respuestas del Gobierno autonómico, quien se dedica a tutelar los intereses de las empresas privadas de la salud. Esto hace comprender como es posible que la señora Fátima Matute, consejera de Sanidad en el Gobierno de Ayuso, antes de entrar al Gobierno en las últimas elecciones de 2023, viniese de trabajar 17 años para Quirón Salud. Y explica que el novio/testaferro de la presidenta esté en nómina del Grupo Quirón, si bien es un “trabajador” muy raro, pues, debe ser el único en el mundo que hace negocios en Panamá con él presidente de Quirón. Quizá, todo se entienda mejor si se señala que estas empresas reciben miles de millones de la Comunidad de Madrid.

La privatización de los servicios públicos no es algo único de Madrid ni afecta solamente a la sanidad, lo que ocurre es que en Madrid es brutal el ritmo al que se está desmontando la sanidad pública y es una sangría insultante la cantidad de dinero público; que pagamos todas y todos los contribuyentes que no defraudamos. Es lógico que, en la manifestación, muchos cortejos coreasen la exigencia de derogación de la Ley 15/1997, una ley con un solo artículo que abrió las puertas de par en par a las empresas privadas, a nombre de la colaboración público-privada; concepto este de “colaboración” muy semejante al que Trump aplica a los países en los que hay petróleo. ¿Cuándo va a llevar al Consejo de Ministros esta propuesta la Ministra de Sanidad? ¿Cuándo va el Gobierno de coalición a llevar este asunto al Congreso de los Diputados?

La manifestación a su paso por la Plaza de Canalejas 8 de febrero de 2026. Foto: Roberto Tornamira.

Los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia (incluidas residencias de mayores) y pensiones, son servicios elementales para la inmensa mayoría de la sociedad -solo el 25% de la ciudadanía tiene seguro médico privado-2. Quienes viven de su sueldo, de su pensión, o tienen la desgracia de no tener un puesto de trabajo, no pueden pagar una póliza privada de seguro médico. Como tampoco puede pagar la matrícula de un centro de estudios privado.

Defender los servicios públicos es defender los sistemas de protección que son propiedad de la pluralidad de pueblos del Estado español, pues ha sido y es principalmente la clase trabajadora la que aporta con sus impuestos para que estos sistemas sean posibles. Por tanto, movilizaciones como la del domingo son necesarias para exigir que paren de robarnos lo que es de todos.

Finalización de la manifestación en la Puerta del Sol. Foto: Agustín Millán
La Junta Directiva de ASTRADE
10 de febrero de 2026

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(2) https://www.cnmc.es/prensa/panel-seguros-medicos-20250516

Victoria pírrica del PP en Aragón

El PP ha ganado las elecciones en Aragón. Es lo que desde la calle Génova pregonan y celebran por todo lo alto. Para variar no es falso, pero solo desde el punto de vista matemático. Sin embargo, una lectura política, pues esto del electoralismo es política, los de Feijóo han obtenido una victoria pírrica.

Feijóo está desesperado por llegar a Moncloa, desde el minuto uno tras las elecciones de julio de 2023, cuando forzó al Rey, y Felipe VI no se opuso a la presión, para que le encargase formar gobierno; aun sabiendo que no contaba con el apoyo parlamentario necesario, pero había que probar por si podían hacer un “tamayazo estatal”.

En su miopía, la de Feijóo, está engordando a sus parientes ideológicos -derecha extrema y extrema derecha, vienen de la misma casa madre, el franquismo- para debilitar al PSOE. Incluso está poniendo en evidencia los tentáculos de la derecha de siempre en el seno del Poder Judicial. Y han acabado con el poco prestigio que le pudiera quedar a cabeceras mediáticas de la derecha.

Feijóo empuja a sus líderes territoriales a adelantar elecciones; una estrategia de tierra quemada, como es habitual buscando el efecto mediático, cuyo resultado es, que en Extremadura tiene de plazo máximo el 19 de abril, antes de volver a las urnas, si la señora Guardiola es incapaz de ser investida presidenta de la Junta extremeña. En Aragón el resultado es un retroceso, con el mismo panorama que en Extremadura; dependencia total de VOX, al perder dos diputados -un retroceso del 7,14% en número de escaños-.

Entrando en los datos cuantitativos

Aragón ha pasado de un censo electoral de 1.019.050 en 2023 a los 1.036.321 actuales. De estos electores, 317.661 el domingo se abstuvieron: la abstención ha bajado un 1,03% respecto a las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, aun así, el 31% de los electores no han ido a votar, por lo que políticamente, la abstención es una vez más la “ganadora” de las elecciones.

Como ya se ha dicho, el PP ha bajado de los 28 diputados que obtuvo en 2023 a 26. Y ha perdido más de 13.000 votos respecto a las elecciones anteriores. Por tanto, han ganado las elecciones bajando en votos y en diputados, a pesar del descenso de la abstención.

El PSOE ha tenido el mismo resultado que Javier Lambán en las elecciones aragonesas de 2015, 18 diputados, perdiendo 5 diputados y perdiendo 38.500 votos respecto a 2023.

VOX se ha visto beneficiado por el sistema de reparto de la ley electoral, pues ha doblado el número de diputados, al pasar de 7 a 14, aunque no ha multiplicado por 2 los votos recibido: en 2023 recibieron 75.349 votos y en estas elecciones ha subido a 117.347.

Chunta Aragonesista (CHA), ha doblado su número de diputados, pasando de 3 a 6, y ha doblado sus votos: de 34.163 a 63.875. Recordando que su techo lo fijaron en 2003, cuando obtuvieron 9 diputados.

Teruel Existe ha perdido un diputado, bajando de 3 a 2 e Izquierda Unida (IU) se ha quedado con el diputado que tenía, pero perdiendo un 8% de los votos recibidos en 2023.

Alguna consideración cualitativa

No tenemos intención de entrar en esta Declaración, a modo de valoración, en un análisis profundo de los porqués de estos resultados. Desgraciadamente, tenemos que constatar el retroceso que para el conjunto de la izquierda se viene produciendo, en pérdida de votos e incluso en la desaparición de Podemos, cuyos votos, no menos de 20.000, de los 26.923 que recibieron en 2023, han ido aparentemente al CHA.

Hay que señalar que Aragón es una Comunidad con un sector primario que aporta más de un 5% al PIB aragonés, más del doble que la aportación de ese sector en el ámbito estatal. Las políticas de la UE, donde es mayoritario el Partido Popular Europeo, sin olvidar que quién representa a España en las instituciones europeas es el Gobierno de la nación; son políticas que no están siendo favorables a los intereses de la agricultura y la ganadería, de ningún país de la UE, donde se incluye el sector primario de nuestro país.

La izquierda tiene demasiadas diferencias formales, partidistas…que debieran superar, tanto a la hora de las elecciones como a la hora de la acción de gobierno como la acción en el legislativo, centrándose en las reivindicaciones y necesidades de la mayoría social. No hacerlo significa seguir perdiendo la confianza de quienes viven de su esfuerzo.

La Junta Directiva de ASTRADE
9 de febrero de 2026