Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Se llevarán tu pensión y lo sabes

Entre fiesta y fiesta muy poca gente conoce que el desfalco a la Caja Única de la Seguridad Social está entre los más 140.000 millones de euros que admitía el señor Escrivá en 2023, cuando aún era ministro de la Seguridad Social, y los 500.000 que señalaba CC.OO., en un informe. Si, has leído bien. Pero todavía queda dinero contante y sonante así que el interés por hacerse con lo que queda por parte de Fondos Buitre, Bancos, lejos de haber remitido crece por momentos. Voy a referirme al caso vasco porque vivo y tributo en Euskadi. Tenemos que fijarnos en los datos que nos aportan y buscar el truco. La Comunidad Vasca, o Euskadi, como cada cual prefiera, tasa en 12.000 millones de euros la cantidad anual de pagos a pensionistas que hemos generado aquí el derecho a cobrar lo que antes llamaban «el retiro» tras décadas de cotización. Hacía público un diario de carácter económico que el Lehendakari Pradales remitirá para este año 2025 una propuesta al presidente Pedro Sánchez con objeto de establecer el calendario de transferencia de las competencias y el soporte económico para hacer frente al pago de pensiones y prestaciones correspondientes a los territorios que Lakua gobierna, Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Si bien el mencionado diario se refiere a una cantidad de 12.000 millones de euros, El Correo, vocero calificado del BBVA no hace mucho tiempo incrementó esa cantidad hasta los 12.700 millones de euros.

El Gobierno Vasco elabora una propuesta sobre el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi que prevé remitir al Ejecutivo central antes de finalizar este año, transferencia que valora en unos 12.000 millones de euros. Esta cantidad corresponde al coste anual del pago de pensiones y prestaciones en Bizkaia, Gipuzkoa y Araba.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado este martes que trabajan «discretamente» en la elaboración de una propuesta para el traspaso a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que estiman en 12.000 millones de euros, y que remitirán antes de concluir 2024 al Ejecutivo de Pedro Sánchez, es decir, para inicios de 2025. En su intervención durante la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consejo de Gobierno, Ubarretxena ha destacado que se está intentando trabajar y avanzar «discretamente» en una primera propuesta de esta transferencia, cuya «orientación» pretenden trasladar antes de finalizar el año. La señora Ubarretxena no es ninguna criatura inocente así que ha remarcado la discreción para el logro del buen fin de esta transferencia. 12.700 millones de euros, bien valen toda la discreción que sea necesaria para ella y el lobby que le acompaña.

En esta tesitura, me pregunto qué debo hacer en mi calidad de pensionista. ¿Qué hacer? Me toca decidirlo como trabajador y pensionista vasco. Así que toca analizar la situación con prudencia. En marzo de este año cumplo mi tercer año como pensionista, en 2022 me subieron el mítico 8,50%, es decir, 112 euros al mes. Fue el resultado de las movilizaciones de pensionistas, pero, sobre todo, de la enorme manifestación de Madrid, con más de 30.000 personas advirtiendo a los partidos en el gobierno y sus apoyos periféricos que mantener al PP, VOX, Cs y demás elementos en la oposición no se lograba de forma gratis et amore. Y Pedro Sánchez lo entendió.

A la vuelta a Bilbao, compañeros de Pensionistas de Euskal Herria, organismo en general cercano a EH Bildu me discutieron el alcance de aquella magnífica movilización y les emplacé a ir a Madrid para poder rebatir con criterio el alcance de la movilización de COESPE y otros grupos igualmente dinámicos en la defensa activa de las pensiones públicas.

La vida me ha cambiado bastante en este tiempo, me he incorporado a la Plataforma por la Unidad de las Pensiones Públicas y democráticamente tras un bonito debate hemos solicitado la incorporación a la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas, la COESPE en el mundillo jubilado y pensionista. Y es desde esta militancia estatal con gentes de los movimientos sociales vascos que escribo esta opinión contraria a la ruptura de la Caja única de las Pensiones Públicas y favorable al actual sistema de pensiones con la exigencia añadida de que se realice una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social ya, es decir, que cumplan la Ley 21/2021. Sin transferencia alguna a ningún lugar.

Reclamo la devolución de los miles de millones de euros que los distintos gobiernos han destinado a pagar partidas que deberían haber pagado con dinero de los impuestos, y no de las pensiones. Con ese dinero se acabó cualquier supuesto déficit en las cuentas de la Seguridad Social.

Y exijo que no se entregue un solo euro a Comunidad Autónoma, empresa o Fondo Buitre, puesto que los verdaderos propietarios de ese dinero no lo autorizamos y por supuesto, jamás daremos permiso a ninguna institución para saquear el fruto del trabajo de nuestras vidas y destruir así además el futuro de las generaciones que hoy trabajan y cotizan haciéndolo desgraciadamente cada vez más en precario.

No entiendo el entretenimiento en causas menores de ILPs para subir los mínimos por la vía de la discrecionalidad política a la vez que se ignora olímpicamente que el Estado, los partidos de los consensos, los de siempre y los nuevos rindan cuentas a los 9,3 millones de pensionistas que vivimos de nuestra pensión, tras haber cotizado décadas para el fortalecimiento de ese fondo común y solidario que representa a distintas costumbres, idiomas, acentos con la certeza de que si los listos que desde las instituciones quieren hacerse con una puerta giratoria con BlacRock, Vanguard u otros parásitos de este mismo tipo, no lo van a lograr dejándonos en la ruina y con una deuda pública a la argentina.

Date cuenta que los medios del capital te cuentan que el llamado gobierno vasco reclama 12.700 millones de euros para afrontar los pagos pero te ocultan cuidadosamente que la recaudación en la llamada Comunidad Autónoma de Euskadi asciende a solo 6.000. Te lo ocultan porque al conocer los dos datos, el de ingresos y gastos preguntarás lógicamente quien paga los 6.700 millones de déficit anual.

A esto respondió el dicharachero presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV que ya saben que es deficitario, pero eso no es problema. No lo es porque ellos no van a pagar la deuda, la pagaremos los demás, los que no tenemos posibilidad alguna de acceder a la llamada «ingeniería fiscal», es decir, los que pagamos todas las facturas. La pelota también está en el tejado de EH Bildu.

Obviamente, a los que no residís en Euskadi os harán la misma jugada. Desde aquí os emplazo a participar activamente en el desarrollo de COESPE u otros organismos claros y solidarios y a trabajar activamente estéis donde estéis por la Auditoría inmediata a las cuentas de la Seguridad Social.


Igualmente me dirijo a las compañeras y compañeros que en Euskal Herria luchan por las pensiones públicas y por la Auditoría.

Es el momento de no dejarnos utilizar por cantos de sirena gregarios de la banca y los fondos buitre que tocando la fibra sensible ideológica pueden hacer inviables los pagos de nuestras pensiones.

Tenemos tres tareas: pensar, pensar y pensar.

Un abrazo efusivo desde Euskadi a todas las personas trabajadoras defensoras de las Pensiones Públicas y de todo lo público allá donde os encontréis.

Una alternativa obrera, juvenil, de clase, es urgentemente necesaria. ¡Adelante!

Joseba Izaga
Miembro de “Hemen salida por la izquierda”
para Tribuna Socialista.

La revolución de la IA

El impacto que la Inteligencia Artificial (IA) tendrá sobre la actividad productiva hace prever una seria remodelación de la fuerza de trabajo cualificada. Esta nueva revolución tecnológica tendrá efectos adversos sobre el empleo, dada la pérdida masiva de puestos de trabajo que implica a medio plazo y que, muy probablemente, no será compensada por un incremento equivalente en el número de trabajadores cualificados.

Sin embargo, aun siendo muy seria esta amenaza para la clase trabajadora, la más grave es probablemente la que se deriva de la manipulación de las conciencias mediante las redes sociales y la adicción que ello conlleva, de especial gravedad por su evidente toxicidad psicológica sobre los menores.

A fin de ilustrar el impacto que tendrá, que está teniendo ya esta revolución tecnológica, puede ser de utilidad para su comprensión la realización de una prueba sencilla, planteando una tarea concreta a un chatbot; es decir, un sistema informático que basado en la IA permite mantener una conversación hombre-máquina, simulando las respuestas que daría una persona.

Por ejemplo:

“Escriba un texto de unas 1400 palabras que, desde una perspectiva marxista, analice los riesgos para las democracias de las redes sociales, las chatbots y la inteligencia artificial (IA); en particular, el riesgo de una evolución del capitalismo hacia formas de tecno-feudalismo y nuevos totalitarismos.”

El resultado ha sido la redacción totalmente automática del siguiente texto:

Introducción

En la actualidad, las redes sociales, los chatbots y la inteligencia artificial (IA) han transformado radicalmente la forma en que nos comunicamos, interactuamos y consumimos información. Sin embargo, desde una perspectiva marxista, es crucial examinar cómo estas tecnologías pueden amenazar las democracias y contribuir a una evolución del capitalismo hacia formas de tecno-feudalismo y nuevos totalitarismos. Este análisis se centrará en los riesgos inherentes a estas tecnologías, su relación con el poder económico y político, y las implicaciones para la lucha de clases.

1. Redes Sociales y la Manipulación de la Opinión Pública

Las redes sociales han emergido como plataformas dominantes para la comunicación y la difusión de información. Sin embargo, su estructura y funcionamiento están profundamente influenciados por intereses capitalistas. Las empresas que controlan estas plataformas, como Facebook, Twitter y Google, operan con el objetivo de maximizar sus beneficios, lo que a menudo se traduce en la manipulación de la información.

Desde una perspectiva marxista, esto puede verse como una forma de control ideológico. Las redes sociales no solo facilitan la comunicación, sino que también actúan como herramientas de propaganda. La información se filtra y se prioriza de acuerdo con algoritmos que favorecen el contenido que genera más interacción, lo que a menudo significa que las noticias sensacionalistas y polarizadoras reciben más atención. Esto puede llevar a la desinformación y a la creación de burbujas informativas, donde los usuarios solo se exponen a opiniones que refuerzan sus creencias preexistentes.

Además, la manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales puede ser utilizada por actores políticos y económicos para desestabilizar democracias. La interferencia en elecciones, la difusión de noticias falsas y la polarización social son solo algunos ejemplos de cómo estas plataformas pueden ser utilizadas para socavar la voluntad popular. En este sentido, las redes sociales se convierten en un campo de batalla ideológico donde las luchas de clases se manifiestan de nuevas maneras.

2. Chatbots e IA: Automatización y Desigualdad

La llegada de chatbots e inteligencia artificial ha prometido aumentar la eficiencia y reducir costos en diversas industrias. Sin embargo, esta automatización también plantea serios riesgos para la fuerza laboral y, por ende, para la democracia. Desde una perspectiva marxista, la automatización puede ser vista como una extensión de la lógica capitalista que busca maximizar la producción mientras minimiza los costos laborales.

La sustitución de trabajadores por máquinas no solo genera desempleo, sino que también exacerba la desigualdad económica. A medida que las empresas se vuelven más dependientes de la IA, los trabajadores menos calificados se ven desplazados, mientras que aquellos con habilidades técnicas avanzadas se benefician. Esto crea una brecha creciente entre las clases sociales, donde una élite tecnológica acumula riqueza y poder, mientras que las clases trabajadoras enfrentan precariedad.

Además, la IA y los chatbots pueden ser utilizados para la vigilancia y el control social. Las tecnologías de reconocimiento facial y análisis de datos permiten a los gobiernos y corporaciones monitorear a la población de maneras sin precedentes. Esto plantea un riesgo significativo para las libertades civiles y la privacidad, elementos fundamentales de cualquier democracia. La posibilidad de un estado de vigilancia, donde la disidencia es reprimida y la oposición es silenciada, se convierte en una realidad tangible.

3. Tecno-feudalismo: Una Nueva Forma de Dominación

El concepto de tecno-feudalismo se refiere a una posible evolución del capitalismo hacia un sistema donde el control de la tecnología y la información se convierte en la base del poder. En este nuevo orden, las grandes corporaciones tecnológicas actúan como señores feudales, controlando no solo los medios de producción, sino también el acceso a la información y a los recursos digitales. Este fenómeno plantea serias implicaciones para la democracia y la lucha de clases, ya que la concentración de poder en manos de unas pocas empresas puede llevar a una forma de dominación que recuerda a las estructuras feudales del pasado.

En un sistema tecno-feudal, la mayoría de la población se convierte en «siervos» digitales, dependientes de las plataformas y servicios que estas corporaciones ofrecen. La falta de acceso a la tecnología y a la educación digital puede perpetuar la desigualdad, creando una clase de «excluidos» que no pueden participar plenamente en la economía digital. Esto no solo limita las oportunidades económicas, sino que también restringe la capacidad de los individuos para ejercer su voz en la esfera pública, debilitando así la democracia.

Además, el tecno-feudalismo puede dar lugar a una nueva forma de control social. Las corporaciones tecnológicas, al tener acceso a grandes volúmenes de datos sobre los usuarios, pueden influir en sus comportamientos y decisiones de maneras que son difíciles de detectar. La personalización extrema de la publicidad y la manipulación de la información pueden llevar a una ciudadanía pasiva, donde las personas son más susceptibles a la propaganda y menos propensas a cuestionar el statu quo. Este fenómeno puede ser visto como una forma de alienación, donde los individuos se sienten desconectados de su propia representación y de la capacidad de influir en su entorno político y social.

4. Nuevos Totalitarismos: La Amenaza de la IA y el Control Social

La combinación de redes sociales, chatbots e inteligencia artificial también plantea el riesgo de nuevos totalitarismos. A medida que los gobiernos y las corporaciones se vuelven más adeptos en el uso de estas tecnologías, la posibilidad de un control autoritario sobre la vida cotidiana se vuelve más real. La IA puede ser utilizada para la vigilancia masiva, la represión de la disidencia y la manipulación de la opinión pública, creando un entorno donde la libertad de expresión y los derechos humanos son sistemáticamente violados.

Desde una perspectiva marxista, este desarrollo puede ser visto como una forma de control de clase. Los regímenes autoritarios pueden utilizar la tecnología para mantener su poder y suprimir cualquier forma de resistencia. La historia ha demostrado que los regímenes totalitarios a menudo recurren a la propaganda y a la censura para controlar la narrativa y silenciar a sus oponentes. En la era digital, estas tácticas se vuelven más sofisticadas y efectivas, lo que plantea un desafío significativo para la democracia y la justicia social.

Además, el uso de la IA en la toma de decisiones políticas puede llevar a una deshumanización del proceso democrático. Las decisiones que afectan a la vida de las personas pueden ser tomadas por algoritmos que carecen de empatía y comprensión de las complejidades humanas. Esto puede resultar en políticas que favorecen a las élites económicas y marginan a las comunidades más vulnerables, perpetuando así las desigualdades existentes.

5. Resistencia y Alternativas: Hacia una Democracia Digital

A pesar de los riesgos asociados con las redes sociales, la IA y el tecno-feudalismo, también existen oportunidades para la resistencia y la construcción de alternativas. Desde una perspectiva marxista, es fundamental que los movimientos sociales y las organizaciones de base se apropien de estas tecnologías para empoderar a las comunidades y promover la justicia social.

La resistencia y las alternativas hacia una democracia digital son temas muy interesantes y relevantes en la actualidad. La idea de una democracia digital implica utilizar la tecnología para fomentar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, también enfrenta desafíos, como la desinformación, la privacidad de los datos y la desigualdad en el acceso a la tecnología.

Las alternativas pueden incluir plataformas de votación en línea, foros digitales para el debate público y herramientas que permitan a los ciudadanos expresar sus opiniones de manera más efectiva. Es fundamental que estas iniciativas se desarrollen de manera inclusiva y ética, asegurando que todos tengan voz y acceso.

La resistencia hacia una democracia digital a menudo surge de preocupaciones legítimas sobre la seguridad, la privacidad y el control de la información. Muchos ciudadanos temen que la digitalización de los procesos democráticos pueda llevar a la manipulación de datos o a la vigilancia masiva.

Sin embargo, estas preocupaciones también han impulsado la búsqueda de alternativas más seguras y transparentes. Iniciativas como el uso de blockchain para garantizar la integridad de las votaciones, así como el desarrollo de plataformas de participación ciudadana que priorizan la privacidad, son ejemplos de cómo se pueden abordar estos desafíos.

Además, es crucial fomentar la educación digital para empoderar a los ciudadanos, permitiéndoles navegar de manera crítica en un entorno digital cada vez más complejo. En este camino hacia una democracia digital, la colaboración entre gobiernos, organizaciones civiles y el sector tecnológico será fundamental para construir un sistema que no solo sea accesible, sino también justo y representativo para todos.

Conclusión

El chatbot ha redactado el texto solicitado de 1400 palabras a partir de unas concisas indicaciones de 45 palabras. Esta tarea la ha realizado en un tiempo récord de 3 segundos, imposible de emular por un ser humano.

El impacto que tendrá la IA sobre las fuerzas productivas es evidente; probablemente muy superior al que tuvo la máquina de vapor en la segunda mitad del siglo XVIII, que impulsó la revolución industrial a lo largo del siglo XIX y parte del XX. La máquina de vapor sustituyó la fuerza de trabajo física por la fuerza de la máquina, multiplicando enormemente la productividad.

La capacidad de los algoritmos de aprendizaje automático, tratamiento de gigantescas cantidades de datos y enorme potencial de mantener conversaciones coherentes a través de las redes, indiscernibles de las de un ser humano, supondrá un cambio radical en la explotación de la fuerza de trabajo y en la estructura de los medios de producción.

La automatización de la fuerza de trabajo intelectual -que sustituirá en parte a la fuerza de trabajo humana- implica un crecimiento exponencial de la productividad, pero también una amenaza, junto a las redes sociales, por su posible utilización para el control totalitario de las poblaciones.

En efecto, los algoritmos de la IA pueden perpetuar o amplificar sesgos existentes en los datos utilizados para su entrenamiento y aprendizaje automático, representando una amenaza, junto las redes sociales, por su capacidad de manipular el sentido común de las poblaciones, en función de los intereses de una casta de ultrarricos propietarios de tales medios, ajenos al interés público; es lo que se ha dado en llamar tecno-feudalismo.

Por último, termino haciendo hincapié en la necesidad de que nuestro país no pierda una vez más la carrera de los grandes avances científicos y tecnológicos, que inexorablemente impulsará la IA. Para ello es esencial poner en valor el talento de nuestros jóvenes, dándoles las oportunidades que posibiliten el desarrollo de sus capacidades.

Por tanto, es de vital importancia que no se pierda el enorme talento potencial de la juventud, con especial atención a las capas sociales más desfavorecidas. El principal obstáculo sigue siendo la pervivencia de una estructura social profundamente injusta. Remover tal obstáculo es interés objetivo del conjunto de la sociedad.

Manuel Ruiz Robles, capitán de navío (r) del cuerpo de ingenieros de la Armada, Ingénieur Supélec por la Universidad de París (1970).

El TOP no se ha ido nunca

Coincidiendo con la celebración de los cincuenta años de la muerte del dictador Franco no está de más recordar, por concordancias históricas que hoy adquieren relevancia política y expectación pública, que en el año 1963 se creó por el malhadado caudillo de las Españas el denominado Tribunal de Orden Público, conocido más por sus siglas: el TOP. Es decir, hace sesenta y un años existió en este país una instancia judicial dedicada exclusivamente a reprimir a los españoles por supuestos delitos que hoy en su gran mayoría estarían tipificados como hechos no punibles y arropados por la libertad de expresión.

En 1963 Franco creó el Tribunal de Orden Público (TOP) dedicado a reprimir a los españoles por supuestos delitos que hoy en su gran mayoría estarían tipificados como hechos no punibles y arropados por la libertad de expresión.

En realidad, dadas las circunstancias, no es descabellado pensar que a lo largo de la trayectoria democrática en nuestro país el citado Tribunal represor haya permanecido en alguna de sus formas en el propio ámbito de la Justicia; aparentemente se esfumó en enero de 1977, unos meses antes de las primeras elecciones en libertad. Aparentemente. Porque hoy comprobamos con estupefacción –los ciudadanos que venimos manteniéndonos estupefactos, que no debemos ser muchos– que se está asistiendo a determinados procedimientos judiciales dirigidos por ciertos magistrados que dista mucho de que se estén desarrollando desde una mínima ética jurídica obligada y, lo que es más preocupante, desatendiendo a la par principios inexcusables en la aplicación correcta de la Ley. Es decir, no aplicando la Justicia con justicia.

Casos hay que ponen de manifiesto la permanencia de un modo de impartir justicia que recuerda con pesadumbre aquel negro negrísimo TOP en la bruma de los años franquistas; si no en sus aspectos represivos, sí en la manera impúdica de atender los procedimientos. Viene a cuento señalarlos a partir de un hecho concreto que habla por sí solo del ancho espacio de arbitrariedad consentida por el que los jueces campean y que marca un hito más en su poder: la pasividad aquiescente en la renovación de su órgano máximo de gobierno que mantuvieron de manera escandalosa a lo largo de cinco años sin renunciar a sus jugosos privilegios. Total, para perpetuar la célebre máxima lampedusiana: que todo cambie para que todo permanezca como estaba. Así las cosas, surgen en la vida cotidiana de los españoles casos llamativos protagonizados por jueces que afectan a las personas de manera especialmente despiadada. Procesos que no sólo afectan a los encausados, sino que troceados debidamente se trasladan con toda intención a la ciudadanía a través de su conexión con los habituales terminales de experiencia contrastada en esparcir confusión en el patente ánimo de generar un estado de colectiva exacerbación en el seguimiento público de acontecimientos concretos.

El ancho espacio de arbitrariedad consentida por el que los jueces campean hace pensar que el TOP pervive, quizás no en sus aspectos más represivos pero sí en la manera impúdica de atender los procedimientos y no atendiendo la Justicia con justicia

Cabe recordar de forma somera tres de los más sonados: Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, investigada por el juez Juan Peinado; David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, investigado por la jueza Beatriz Biedma, y quizás el más llamativo por lo que significa de enfrentamiento entre instituciones del Estado: la causa abierta por el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado contra el fiscal general Álvaro Ortiz. Los dos casos primeros, alentados con falsedades por organizaciones de ultraderecha como Manos Limpias y Hazte Oír. El último, por la manifiesta animadversión de un juez conservador que impunemente acusa sin pruebas.

Los casos abiertos contra Begoña Gómez o David Sánchez denunciados por organizaciones de ultraderecha con falsedades, o el caso abierto contra el fiscal general del Estado basado en las acusaciones sin pruebas de otro juez, representan la punta del iceberg de las peores prácticas judiciales del TOP

Existen otros con una carga indiscutible de inquina hacia sus “víctimas”, como son los del juez Eloy Velasco, con ofensas hacia Irene Montero, o la del juez Ruiz de Lara, que insultó en sus redes sociales a Pedro Sánchez y a su esposa. El conjunto hace sospechar que una mayoría de los jueces mama ávidamente aún del siniestro TOP franquista y no han sido cribados en su paso a la democracia o, quizás, que todo forma parte de la declarada ofensiva de la derecha en todas sus manifestaciones contra el Gobierno. O posiblemente las dos cosas a la vez.

Fernando Ruiz Cerrato
Militante Socialista PSOE-Madrid-Fuencarral

Entrevista: Mari Pau García Cupertino

Mari Pau García Cupertino es Secretaria de Acción Sindical de la UGT en la Comarca de Valencia Sud i Interior de UGT SERVEIS PÚBLICS-PV. Esta comarca abarca unos 80 municipios, desde el área metropolitana de la capital y comarcas del interior de la provincia de Valencia, hasta lindar con Castilla la Mancha, es decir toda la zona afectada por la DANA.

Además de la responsabilidad de la acción sindical de la Comarca de València Sud i Interior, Maripau también es la responsable en el ámbito de la Comunidad Valenciana de las políticas de diversidad e inclusión, comprendiendo las áreas de juventud, LGTBI, discapacidad y personas migrantes de UGT SERVEIS PÚBLICS-PV.

Maripau es vecina de Xirivella, municipio que dista 0,5 km de la Ciudad de Valencia y colindante con Aldaia, Alaquàs, Picanya y Paiporta, de cuyo Ayuntamiento es Funcionaria de Carrera y Secretaria General de la Sección Sindical de UGT desde hace 15 años. Participa activamente en diferentes movimientos sociales en los ámbitos del feminismo, diversidad y bienestar animal.

Pregunta.- Eres vecina de Xirivella, municipio colindante con Aldaia y Paiporta dos de los municipios más afectados por la DANA que arrasó València el 29 de octubre ¿Cómo viviste aquellas horas? y ¿Cuál es la situación tres meses después?

Aquel día lo viví como un mal sueño. Empezó como cualquier otro día con amenaza de tormenta de otoño. De repente los acontecimientos se fueron precipitando, primero llegaron las primeras noticias de lluvias fuertes en la zona de Chiva (al norte de la provincia), y más tarde la decisión de cerrar universidades y colegios ante la alerta por tormenta y lluvias fuertes.

Yo me encontraba en la sede comarcal de UGT en Torrent cuando sobre las 13:00 del medio día el Ayuntamiento decide cerrar colegios y enviar a los y las funcionarias a sus casas, “pero si no llueve”… ,fue el comentario de mis compañeros, “seguro que al final no pasa nada”. Hasta las 20:00 de la tarde todo transcurre dentro de la normalidad (hablo de Xirivella) en mi clase de pilates los teléfonos empiezan a pitar, y sigue sin llover, nadie de los y las presentes les damos más importancia, terminamos la clase y nos vamos a casa.

La pesadilla empezó a partir de las 21:00, al menos en mi pueblo, el agua empieza a llegar poco a poco a Xirivella, ya tenemos noticias de lo que está pasando en Aldaia, Paiporta, Sedaví, Chiva, Catarroja… el agua sigue llegando poco a poco y va subiendo el nivel hasta alcanzar casi los dos metros: contenedores, electrodomésticos, cajas y vehículos flotan por delante de nuestra ventana de un entresuelo; a las 3:00 a.m. empieza a bajar el nivel y se va luz. Tenemos por delante una semana de oscuridad, sin luz, sin agua, y teniendo que sacar el barro con nuestras propias manos.

Tres meses después las calles están despejadas de coches y enseres, pero se siguen vaciando garajes de agua y lodo, y miles de vehículos se agolpan en las campas, a los lados de la autovía, en calles, a la espera de su traslado y destrucción, pero también de la valoración del consorcio de seguros ya que una gran mayoría no han sido ni valorados, tres meses después seguimos sin acceso a la mayoría de las indemnizaciones. Las viviendas, tres cuartos de lo mismo, sin las indemnizaciones muchas personas aún viven con agujeros y humedad, o han tenido que trasladarse a vivir a casa de familiares o amigos. El metro y trenes de cercanías siguen sin funcionar totalmente y hay muchas carreteras cortadas todavía.

Pregunta.- La DANA, como el COVID, ha sido una manifestación brutal de la naturaleza. Sin embargo, al igual que en 2020 se puso en evidencia la falta de previsión de las instituciones, por la falta de materiales para combatir el virus, ahora se ha puesto en evidencia la falta de previsión, al no haberse llevado a cabo obras de infraestructuras que hubiesen reducido el impacto de la DANA ¿Cuáles son esas obras, desde cuándo se viene señalando su necesidad?

Falta de previsión de las instituciones, una absoluta incompetencia de la Generalitat Valenciana, por no echar a perder el turismo del puente de noviembre. Por razones económicas, no quisieron “alarmar a la población” y no enviaron avisos hasta las 20:00 de la tarde, cuando ya había gente ahogándose, lamentable. Para este gobierno autonómico prima más la economía que las vidas humanas, nada nuevo en el PP.

Los barrancos que se desbordaron son los del Poyo y Pozalet-Saleta los cuales tienen actuaciones pendientes desde 2006. Las obras no habrían evitado la catástrofe, pero sí podrían haber minimizado los graves efectos de la barrancada. Habría habido daños materiales porque la magnitud del fenómeno fue enorme, pero se habrían producido menos daños materiales y por supuesto se hubieran ahorrado muchas vidas. Los dos barrancos mencionados tienen zonas sin cauce o con reducciones de capacidad que pasan por el centro de poblaciones como Chiva, Aldaia o Paiporta, aquí se forman embudos y ramblas, típicas del litoral mediterráneo y que como no se han acometido las obras de desvío o encauzamiento, unido la incidencia de reclamaciones medioambientales sobre la fauna y flora de la zona, ha concluido en un atraso cuya necesidad de las obras se viene reclamando desde los años 90 del siglo pasado.

Pregunta.- ¿Por qué crees que no se han acometido estas inversiones?

Pues uno de los motivos ya lo he comentado y es la incidencia de factores medioambientales que paralizan y complican las actuaciones, unido a una dejadez de las administraciones que han dejado caducar diferentes propuestas técnicas que se han ido trasladando desde principios de siglo. Al final es la misma reflexión que he planteado al inicio, el dinero prima por encima de la vida de las personas, todo vale si necesitas seguir construyendo polígonos en zonas inundables y viviendas de alta gama en laderas de barrancos.

Pregunta.- Una de la primeras medidas del Gobierno valenciano que preside el Sr. Mazón fue suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), especializada en catástrofes ¿Consideras que esta decisión define las prioridades del Gobierno de la Generalitat valenciana, frente a las necesidades de los pueblos?

El Gobierno de Mazón necesitaba, y necesita marcar territorio, y diferenciarse del “Botànic”. El Gobierno de Mazón, también conocido como el del “Pacto de la Servilleta”, calificó la UVE como un chiringuito de la izquierda. Al igual que la UME, la UVE pretendía hacer frente a catástrofes, pero teniendo en cuenta los conocimientos específicos de la zona, es decir en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Tal y como se ha demostrado, tener información de primera mano sobre la orografía, accesos a las poblaciones y demás conocimientos del terreno afectado, ayuda a minimizar los daños y a poder actuar con eficacia y a tiempo para salvar vidas. Esto al Sr. Mazón no parece importarle, y para contentar a sus socios de “la servilleta” decidió tomar la inteligente medida de no llevar a cabo el proyecto de la UVE. Tener esta unidad especializada hubiera salvado muchas vidas.

Pregunta.- La especulación económica no está respetando la desgracia colectiva que sufrís en la zona ¿En qué medida se han disparado los precios allí, como por ejemplo el de los coches?

La especulación económica se ha cebado con las personas más necesitadas, las que hacen uso de su vehículo particular para poder llegar a su centro de trabajo. Tengamos en cuenta que la DANA destruyó accesos a las poblaciones, líneas de metro y de tren de cercanías, quien hacía uso del transporte público no le quedaba otra que utilizar un vehículo, en caso de no haberlo perdido o bien pedir prestado a familiares o allegados. Hablo en presente, porque hoy en día, tres meses después la situación no ha cambiado mucho.

Esta desgracia, como venía diciendo, está siendo aprovechada para subir los precios de los coches de segunda mano hasta duplicar el precio de hace seis meses. Mucha gente, entre los que me incluyo, hemos tenido que desplazarnos fuera de la Comunidad de Valenciana para adquirir un vehículo a un precio razonable.

Pregunta.- El Gobierno ha aprobado medidas excepcionales y ayudas económicas por valor de casi 15.000 millones de euros ¿Cómo se perciben estas ayudas por parte de los damnificados, son suficientes? Y ¿A qué ritmo están llegando?

Bueno pues las ayudas provienen de varias fuentes. La común a todas las personas afectadas es la que se percibe el Consorcio de Seguros, esta llega con cuentagotas, se han primado las ayudas a empresas, pero los y las particulares tenemos la paradoja de contar con préstamos sobre bienes que ya no existen y sobre los cuales las entidades bancarias nos reclaman el pago.

Las personas no estamos percibiendo la ayuda del Gobierno, me cuesta reconocerlo porque no comulgo con su modelo de empresa, pero las primeras ayudas que han llegado a la ciudadanía son las de Amancio Ortega (Inditex) y la familia Roig (Mercadona).

Quiero entender que las ayudas del Gobierno han ido directamente a las instituciones valencianas, y están siendo utilizadas para reparar infraestructuras, pero no interesa que la ciudadanía lo sepa, para poder seguir atacando al Gobierno del Estado.

Pregunta.- Al drama de los efectos de la DANA: 224 muertos, 3 desaparecidos y una gran destrucción, se añade la ignominia de los cambios de versión en el intento de explicar dónde y en qué andaba el president Mazón durante horas el día 29 de octubre, algo aún no aclarado ¿Cómo valenciana y afectada por la DANA qué sientes ante esta cuestión?

Para mí lo de menos es dónde estuvo o con quién, circulan decenas de versiones, no sé si sabremos la verdad algún día. El tema es que por su incompetencia y política de bar hay 224 personas que han perdido la vida y miles de damnificadas.

Siento mucha rabia por tener a un incompetente, un inútil que ha causado tanto daño, porque no da para más. No está preparado para tomar decisiones, no sabe gestionar y, encima, su actitud demuestra que es una mala persona. Siento que debería acabar en la cárcel. El otro día Mazón fue abucheado una vez más en un acto en su ciudad, Alicante, una compañera me dijo “no sabía dónde meterse” yo le contesté pues “podía meterse en la cárcel”. “Ni olvido ni perdón, Mazón a prisión.”

Pregunta.- El 3 de noviembre tuvo lugar la primera visita institucional a la zona, concretamente a Paiporta. Los reyes y su cortejo institucional fueron recibidos con gritos de “asesino” para Carlos Mazón y lanzamiento de pegotes de barro para todas las instituciones ¿Qué opinión tienes de lo que allí ocurrió?

Pues, en primer lugar, el pueblo de Paiporta, pueblo de gente humilde y trabajadora, expresó toda su rabia e impotencia, en Chiva ocurrió lo mismo, pero no tiene tanta difusión, es una reacción normal. Lo que no es tan normal es que hubiera grupos de ultraderecha que se aprovecharan de esta desesperación para blanquear a una institución como es la Monarquía. Aquí en Valencia ha salido muy reforzada y la gente piensa que el Borbón es muy valiente, no como “el Pedro Sánchez que se fue”. Da mucha rabia que se manipule así a gente en una situación de vulnerabilidad extrema. Mazón también se llevó lo suyo, aunque algunos al principio también lo quisieron apostillar como valiente igual que a Borbón, pero no cuela.

Pregunta.- En octubre fue la Dana en Valencia, en 2003 fue el Prestige en Galicia y en otros momentos ha sido en otros lugares. Por tanto, no sería justo que esto se enfoque como un problema del pueblo valenciano, con el que el resto del Estado es solidario ¿Cómo estáis enfocando esto?

Pues yo que he acudido a dos de las manifestaciones para pedir responsabilidades, y acudiré a la del 1 febrero, creo que se debe enfocar, poniendo el punto de mira en el fortalecimiento de las instituciones, y la necesidad de tener unos servicios públicos que hagan frente a este tipo de catástrofes. Unos servicios públicos cohesionados y bien gestionados, no por “moniatos” como el que sufrimos en Valencia.

Agradecemos de corazón la ayuda de todas las personas voluntarias, sin ellas esto hubiera sido mucho más duro, hemos sentido la solidaridad del pueblo. Pero ojo con el discurso “solo el pueblo salva al pueblo” que pretende ser obrero y corresponde a regímenes totalitarios.

Pregunta.- Se habla del ejército, de los bomberos y los sanitarios, sin duda cuerpos necesarios en la atención a las consecuencias de una catástrofe como la DANA. Sin embargo, no se habla nada de los sindicalistas ¿Cuál está siendo el papel de las delegadas y delegados de los sindicatos?

Al igual que en la pandemia del COVID el papel de las personas que realizamos tareas sindicales ha sido fundamental. Tengamos en cuenta que a quien primero se dirigen las personas trabajadoras es a su representante sindical, su compañero o compañera de trabajo es su primer recurso ante la duda de si tienen que ir a trabajar o bien qué tipo de permisos o bajas laborales pueden solicitar. Ante la incertidumbre hemos sido el primer apoyo. También hemos acompañado informando a los y las trabajadoras de las ayudas a las que tenían derecho y por supuesto a conservar sus puestos de trabajo mediante la negociación de ERTES. Sin el apoyo de los sindicatos, se hubieran perdido muchos puestos de trabajo, gracias al escudo social de la negociación colectiva una vez más se ha minimizado el efecto en el empleo, ya que incluso en el ámbito público nos hemos encontrado ante la incomprensión y la falta de empatía de las y los empleadores.

Pregunta.- No olvidemos que las tareas desde el 29 de octubre se han cobrado la vida de 2 trabajadores ¿En qué grado tiene responsabilidad el Gobierno de Mazón, también sobre estas muertes?

Hay cientos de viviendas y locales que han estado todo este tiempo inundados, algunos de ellos aún siguen con agua y fango. Ante la inactividad de las instituciones valencianas, las personas desesperadas por estar meses sin ayuda física, de las ayudas económicas ni hablamos, contratan empresas para tareas de limpieza. La responsabilidad no creo que sea exclusiva de la Generalitat ya que los Ayuntamientos tienen que garantizar la seguridad de los inmuebles, me refiero al segundo trabajador que falleció la semana pasada en las tareas de limpieza de una comunidad de propietarios en Benetússer. En cuanto al primer trabajador que perdió la vida en un derrumbe de un colegio, aquí sí que es responsabilidad directa de la Generalitat y por tanto de Mazón, porque las competencias en educación son autonómicas y por tanto la dejadez en este caso le ha costado la vida a un trabajador.

Roberto Tornamira
para Tribuna Socialista

Manifestación contra el Genocidio en Gaza. 18 de enero de 2025


La primera del año, pero no será la última

Con un título similar se publicó un artículo en el número de diciembre de Tribuna Socialista, en relación la manifestación del 15 de diciembre contra el Genocidio. Hoy hay que celebrar la tregua que ha comenzado el 19 de enero, tras 15 meses de asedio y masacre en Gaza.

Una celebración con relativa tristeza, pues se cumple una de las exigencias que, quienes llevamos muchos meses manifestándonos, veníamos exigiendo. Y digo que con relativa tristeza porque una vez dada la bienvenida al alto el fuego, tenemos que continuar exigiendo el alto definitivo a este genocidio y que los crímenes de guerra no queden impunes.

Es encomiable la resistencia de los y las gazaties. Casi 47.000 muertos -en su mayoría mujeres, niños y niñas-, 110.000 heridos, 12.000 desaparecidos -muy probablemente muertos bajo los escombros y disueltos por el impacto directo de las bombas israelíes-, y 2 millones de desplazados -en una extensión de 360 Km2, similar a la extensión del municipio de Málaga, por ejemplo-. A pesar de esta locura, de la falta de alimentos, del frío del invierno, de la destrucción de los hospitales… a pesar de todo continúan defendiendo su territorio, un territorio ocupado por Israel desde 1947 con el apoyo de la llamada “comunidad internacional”, de la que no me siento parte.

La alegría por el alto el fuego viene paliada también porque en paralelo al anuncio de tregua ha comenzado a incrementarse la agresión en Cisjordania; como si el Gobierno de Israel hubiese decidido iniciar la masacre en esta otra zona de Palestina. Es decir, que tanto Trump como Biden se apuntan el mérito de una tregua, que no el final del exterminio en Gaza, para dar continuidad a su complicidad con el Estado sionista, solo que en otro lugar.

La humanidad no merece tal nombre si asume e interioriza que una nación, impuesta, ocupe y asesine a otra nación desde hace tres 76 años. Una ocupación y un crimen del que son cómplices, por activa o por pasiva, los gobiernos del resto de países. Es una indecencia mantener relaciones diplomáticas con un Estado criminal de masas: ¿mantendríamos hoy relaciones diplomáticas con la Alemania de Hitler?

En el horizonte temporal solo se ve más barbarie de la que ya hemos visto. Por eso, la movilización debe continuar e incrementarse. El silencio, ignorar el problema y la inacción nos hace cómplices, y no solo con vale con gestos. El gobierno tiene en su mano llevar al Parlamento la ruptura total de relaciones con Israel. Las organizaciones de la izquierda, políticas y sindicales, tienen la responsabilidad de llevar a cabo y organizar la movilización en unidad, contra el Genocidio.

Pascual Sánchez
Militante Socialista

Envenenado con su veneno

Si hay un personaje estrafalario, prepotente y pagado de sí mismo en la escena política, ese es Miguel Ángel Rodríguez, conocido por el acrónimo de MAR; el mejor referente del muñidor que maniobra detrás del telón fraguando intrigas y mentiras para su superior, hoy Isabel Díaz Ayuso, y antes José María Aznar. Rodríguez es de esas personas listas —no inteligentes— que interpretan la vida como una lucha, un combate, contra el adversario político, con habilidad innata para tergiversar y darle la vuelta a la realidad. Marco mental en el que las personas son herramientas de usar y tirar, válidas mientras cumplen a rajatabla con la estrategia configurada por él, siempre con el mismo fin: machacar y acabar con el enemigo. El oponente no existe en su vocabulario.

Así lo atestigua el rastro de su larga trayectoria profesional, jalonado de amenazas contra el que no acepta sus dictados o le muestra sus vergüenzas que no son pocas. El penúltimo ejemplo —habrá más— su mensaje de “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”, dirigido contra elDiario.es, por publicar que Alberto González Amador, novio de Ayuso, había reconocido haber cometido dos delitos contra la Hacienda pública, a la que había ofrecido un pacto para ser condenado a ocho meses de cárcel y el pago una multa de más de quinientos mil euros. Amenazas que el Consejo de Europa ha calificado de actos de intimidación y acoso hacia los periodistas, instando al Gobierno de España a investigar las amenazas vertidas por MAR, y a responder sobre lo que se instruya al respecto.

Información que revolvió las tripas del matón de barrio que, en su línea de siempre, articuló una mentira, un bulo, que envío al diario El Mundo —una de sus correas de transmisión para generar barro— que lo difundió sin contrastar ni investigar su veracidad. Información que recogía una parte del cruce de correos electrónicos entre el abogado de Amador y el fiscal de Hacienda, en el que éste se daba por enterado de su propuesta de pacto. Todo con la intención malévola de expandir la mentira de que era Hacienda y no el novio de Ayuso, quien había ofrecido un acuerdo. Información que MAR reconoció que era una metedura ante los medios tras declarar ante el juez del T. Supremo, que justificó porque cuando la difundió desconocía la existencia de un correo previo donde el abogado de Amador desglosaba los pormenores del acuerdo que ofrecía: el reconocimiento de la comisión de los delitos de fraude fiscal durante los años 2020 y 2021, por un monto de 350.000 euros, y falsedad documental.

Fue su propio veneno el que envenenó su mente y le obligó a confirmar que se había equivocado al acusar a LaSexta de mentir, por confirmar que era un bulo la información difundida por MAR, aunque, con la desvergüenza que le caracteriza, salió del apuro tirando por elevación contra el Fiscal General del Estado y el presidente del Gobierno con su nuevo mantra de “van p`lante”. Y el más reciente “van p`dentro”, como confirmación de que dispone de hilo directo con el juez del Supremo que lleva el caso, Ángel Luis Hurtado, y que conoce de antemano sus resoluciones, como saber con antelación que iba a citar como imputado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Auto de citación en el que da por buena la declaración de MAR de que había sido el Fiscal General el que había filtrado a la prensa la oferta de negociación con Hacienda, desvelando secretos de la vida privada de Amador. Juez que, sin embargo, no da crédito en su auto a la declaración de dos periodistas que desvelaron el caso, en la que afirmaron que ellos disponían de los correos cruzados entre el abogado de Amador y Hacienda, seis días antes de que lo conocieran en la Fiscalía General del Estado, y que la información había sido publicada en la web de la SER, la noche anterior al mensaje lanzado por la FGE a los medios desmintiendo el bulo de MAR.

Todo este enredo es obra de un experto en tergiversar, mentir y salir de rositas que, en este caso, tiene la vertiente incomprensible de que nadie investigue de dónde sale la información privilegiada que difunde sobre las decisiones judiciales del juez del Supremo. Y la segunda, conseguir que el foco mediático se fije en quien desmiente una mentira, y no en el defraudador confeso, a raíz de que éste presentara una querella contra el Fiscal General por filtrar información de su vida privada. ¿Alguien duda que el inspirador de esa estrategia no haya sido el enredador y difusor de mentiras mayor del Reino?

Este episodio, que no será el último, es uno más en su currículo de instigador del enfrentamiento y el barrizal que ya le ha llevado en varias ocasiones ante los tribunales. En 1997 fue denunciado por el entonces presidente de A3TV, Antonio Asensio, por amenazas y represalias si pactaba con Canal+ compartir los derechos televisivos de los clubes de fútbol. En 2011 fue condenado por delito continuado de injurias graves y públicas, contra el doctor Luis Montes, anestesista y coordinador de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés, al que acusó de favorecer la muerte de enfermos por defender el derecho a una muerte digna de pacientes en paliativos.

Éste es el pelaje del paladín exaltado y proverbial de la derecha radical, que aceptó dimitir como Secretario de Estado de Comunicación y Portavoz del Gobierno a petición de su conmilitón en la disrupción de la política, y por entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, por las presiones de varios dirigentes del PP que le consideraban un extremista sectario. Actitud que no casaba con la imagen de centrismo y moderación, falsa y oportunista, que necesitaba Aznar en 1998, porque gobernaba gracias al apoyo de la Convergencia de Pujol. A cambio de su dimisión fue condecorado con la Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

A partir de su caída política, se dedicó a chupar del bote de los contactos de primer nivel como CEO de la multinacional Carat, con la que realizó videos para la Fundación FAES de Aznar y asesoro a medios de comunicación de la derecha. Sus andanzas de bebedor consumado le llevaron de nuevo a los tribunales 2013, tras ser detenido por embriaguez, cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida, tras chocar con varios coches aparcados. En 2016 Isabel Díaz Ayuso lo recuperó para la primera línea política como jefe de su campaña en 2019, y en 2021 le nombró director de su Gabinete.

Así se juntó el hambre con las ganas de comer, un tándem de ambiciosos superlativos de poder cuyo objetivo es llegar a la Moncloa, en el que una es la portavoz alocada —no da para más— de la estrategia diseñada por este émulo de Rasputín, basada en la mentira, los bulos y la tergiversación que se aleja de la realidad objetiva que convierten en imaginaria, mediante la victimización —siempre hay una campaña orquestada por el Gobierno contra ellos—, y la apropiación de conceptos propios de la izquierda que hacen suyos degradando su valor simbólico: ¡libertad! También a ellos les llegará su San Martín.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y Doctor
en Teoría de la Comunicación de Masas

“Solo con Educación ya no es suficiente”

Movilización frente a la Asamblea de Madrid, en defensa de la Educación Pública universitaria (19dic24)

El pasado 22 de enero de 2025 tuvo lugar el primer acto después de la fusión entre ASTRADE y Tribuna Socialista, marcando el comienzo de una nueva agenda de iniciativas y eventos sobre temas de carácter sociopolítico. El primer acto titulado “Solo con Educación ya no es suficiente” contó con dos ponentes: Eduardo Sabina (Ex Secretario General de FETE-UGT-Madrid) y Miguel Albalá (Profesor universitario, miembro de ASTRADE y autor del presente artículo), siendo moderada por Roberto Tornamira (presidente de ASTRADE).

El evento tuvo como principal objetivo contextualizar la situación que actualmente vive la educación pública en nuestro país, así como plantear las dificultades y nuevos horizontes para la transformación del sistema educativo.

Eduardo Sabina y Miguel Albalá analizaron la situación actual y plantearon las dificultades y retos para la transformación del sistema educativo

En primer lugar, Eduardo Sabina expuso, en base a su dilatada experiencia sindical y profesional, la evolución de la educación pública en las etapas de educación primaria, secundaria y bachillerato, y de una forma más detallada en la formación profesional (FP). Entre las principales barreras que actualmente enfrenta el sistema educativo público, según Sabina, se encuentran: la segregación del alumnado por clase social, origen y etnia, la desfinanciación de la modalidad pública en beneficio de la concertada, así como los intereses privados que entran en juego en la educación privada.

Entre las principales barreras que actualmente enfrenta el sistema educativo público se encuentra la desfinanciación de la modalidad pública en beneficio de la concertada

Entre las propuestas para revertir esta situación el Ex Secretario General de FETE-UGT-Madrid planteaba la necesidad de voluntad política por parte de todos los agentes y partidos políticos, incluyendo a aquellos progresistas. Con ello se podrían ofrecer medidas políticas dirigidas a fortalecer el sistema educativo público, garantizando unas condiciones laborales adecuadas de los profesionales, así como plantilla suficiente para afrontar las demandas que en la actualidad están dejando excluidos a miles de potenciales estudiantes (con insuficiente oferta de plazas por curso, imposibilidad de realización de prácticas, entre otras).

En segundo lugar, tuve la oportunidad de continuar con el análisis sobre la situación de la educación pública, particularmente en relación con la Universidad pública. El análisis de las últimas décadas permite evidenciar un aumento exponencial de creación de universidades privadas que contrasta con el ámbito público, en el cual desde 1998 no se ha creado ningún campus nuevo.

En las últimas décadas ha habido un aumento exponencial de creación de universidades privadas que contrasta con el nulo crecimiento del ámbito público

Los datos permiten también comprobar la desfinanciación producida por parte de las comunidades autónomas españolas, con presupuestos congelados y en retroceso desde el año 2008. Todo ello hace que en la actualidad las instalaciones, plantillas de trabajadores (docentes e investigadores, así como el personal técnico, de gestión y de administración y servicios) y el alumnado estén padeciendo una grave situación para poder cumplir con los parámetros de “excelencia universitaria” que se presuponen.

La falta de suficiente financiación pública provoca que tanto las instalaciones, como el personal docente y no docente así como el alumnado estén padeciendo una grave situación que impide cumplir con los mínimos estándares deseables de excelencia universitaria

Particularmente, se destacó la situación vivida en la Comunidad de Madrid los pasados meses de noviembre y diciembre de 2024 (con varias concentraciones de las comunidades universitarias y agentes sociales a las puertas de la Asamblea de Madrid), en la que el presupuesto aprobado por la CAM pese a tener una subida del 4,2% (47,3 millones) con respecto al año pasado, este continúa siendo a todas luces insuficiente (la CRUMA conformada por los/a rectores/a de los seis campus públicos reclamaban un incremento mínimo de 200 millones para poder subsistir sin recortes). Prueba de ello ha sido la prórroga de presupuestos aprobada por la Universidad Complutense, que además ha impuesto el recorte de hasta el 35% de los gastos de sus facultades y vicerrectorados, con medidas similares en el resto de campus públicos.

Ambos ponentes concluyen que ante la situación descrita “solo con educación ya no es suficiente”. Intentar cambiar el enfoque educativo desde adentro es muy loable e incluso puede tener un impacto en el alumnado y en la futura ciudadanía. Pero solo limitándonos al desarrollo de cambios en el ámbito educativo ya no es suficiente.

Es necesario reivindicar y reconstruir la educación pública en todas sus etapas. Es necesaria la voluntad política para evitar la privatización y mercantilización de la educación pública.

Es necesario reivindicar y reconstruir la educación pública en todas sus etapas. Una educación pública en la que las aulas no estén masificadas, en la que haya un acceso gratuito para todo el alumnado, en la que no llegue el mes de diciembre con una asignatura sin docente porque no se cubren las bajas laborales y en la que las instalaciones no tengan goteras y frio en invierno y un calor asfixiante en verano. Existen propuestas por parte de intelectuales y diferentes organizaciones que van en la línea reivindicar la voluntad política para evitar la privatización y mercantilización de la educación pública. Por lo tanto, los profesionales educativos, las organizaciones sociopolíticas, sindicales, así como la mayor parte de la sociedad civil debe sentirse interpelada por esta situación, ha de despertar para implicarse de forma activa en cualquiera de las esferas útiles (política, sindical, organización social (a través de colectivos como “¡La uni en la calle!”, “UAM por la pública”, así como otras asambleas, AMPAS, etc.)

Es imprescindible que la educación pública comience a ser un eje central en los programas y propuestas políticas de cualquier organización que se llame progresista.

Es imprescindible que la educación pública comience a ser un eje central en los programas y propuestas políticas de cualquier organización que se llame progresista. Sin embargo, la estrategia debe ser diferente a la mera defensa de la educación pública. Es imprescindible que apelemos a una reconstrucción y refundación profunda de la educación pública. Solo de esta manera podremos dar respuesta a los desafíos presentes y futuros que tenemos por delante: el debilitamiento creciente de las democracias, auge de lideres autócratas, la desinformación a través de las fakenews y un ámbito digital cada vez con más influencia en el pensamiento y comportamiento cotidiano de los más jóvenes.

Miguel Ángel Albalá Genol

Doctor en educación y profesor de universidad

Cuando les interesa…la derecha se junta

PP, VOX, PNV y JUNTS se unen para impedir el aumento de las pensiones y el escudo social para las familias más vulnerables

UGT y CCOO convocan movilizaciones el próximo 2 de febrero

El pasado miércoles 22 de enero tuvo lugar la derrota del gobierno en la votación para la aprobación de la Ley Ómnibus gracias a la alianza de PP, VOX, PNV y Junts, es decir, la derecha franquista y la derecha nacionalista y carlista.

Más allá de las estrategias de gobierno y oposición, y más allá de la posibilidad de aprobar a golpe de decreto ley gran parte de las medidas derogadas con la no aprobación de la Ley Omnibus, lo que queda claro es una cosa: a las derechas patrióticas (cada una con su bandera) le interesan bien poco los ciudadanos y ciudadanas, y les interesa muy mucho echar a Pedro Sánchez del Gobierno.

Unos, la derecha franquista, porque nunca reconocieron la voluntad mayoritaria del pueblo de conformar un gobierno de progreso. Los otros, la derecha nacionalista, con sus diferencias, porque siempre antepusieron el interés del mercado a los derechos sociales.

La alianza de la derecha franquista y la derecha nacionalista ha impedido la aprobación del paquete de medidas recogidas en la Ley Omnibus, demostrando que cuando les interesa se unen

Sea como sea, los efectos del No de Junts, PNV, PP y VOX a la Ley Omnibus no se han hecho esperar. Entre otros:

  • A la mañana siguiente de la no aprobación de la ley, RENFE comenzaba anunciar en la megafonía de todas las estaciones, el final de la validez de los abonos gratuitos de transporte que sobre todo utilizan estudiantes y trabajadores.
  • 9,26 millones de pensionistas en toda España verán esfumarse el aumento del 2’8% de las pensiones contributivas (de hasta el 6% en muchos casos) y del 9% de las no contributivas
  • Desaparecen también los incrementos del Ingreso Mínimo Vital dirigidos a la reducción del riesgo de pobreza y exclusión social y que en noviembre de 2024 afectaba a más de 2 millones de personas que conviven en 665000 hogares.
  • Desaparece momentáneamente el SMI hasta una previsible nueva regulación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Recordemos que en España hay entre 2,2 y 2,5 millones de personas que cobran el salario mínimo interprofesional según los sindicatos.
  • Desaparece la prohibición de cortar la luz, el gas o el agua a los consumidores en situación de vulnerabilidad econòmica.
  • Desaparece la prohibición de deshaucios a familias en situación de vulnerabilidad y sin solución habitacional.
  • Desaparece la norma que permite agilizar la construcción de vivienda social.

Es necesaria una gran movilización social, política y sindical para defender las pensiones y derechos sociales negados por la derecha franquista y nacionalista

En definitiva, las derechas (las nacionalistas periféricas y centralista) unen sus fuerzas para negar a la mayoría social de nuestro país algunas de las medidas sociales que más impacto tienen sobre los ciudadanos. Como ha anunciado el secretario general de la UGT el Parlamento no puede secuestrar los derechos de la clase trabajadora, y por ello, han convocado movilizaciones el 2 de febrero para reclamar al Gobierno la aprobación de un nuevo paquete de medidas mediante un real decreto ley.

Se impone un nuevo escenario para revertir las consecuencias del NO de las derechas a la ley Omnibus que pasa por la aprobación por Decreto Ley del aumento de las pensiones y de aquellas medidas que pueden conseguir un consenso más amplio, pero también para iniciar una gran movilización social, política y sindical para parar los pies a la derecha.

Baltasar Santos
1r Secretario del PSC el Vendrell

La dimisión de Mazón es una necesidad democrática y por salud pública


Delegación de ASTRADE a la manifestación del 29 de diciembre en Valencia

El pasado mes de diciembre, ante el anuncio de las asociaciones y colectivos valencianos de convocar una nueva manifestación en Valencia para el día 29, la Junta Directiva de ASTRADE tomó la decisión de facilitar la participación de una delegación de miembros de nuestra Asociación en esta manifestación. Nos pareció una forma de solidaridad con el pueblo valenciano que, además de la DANA, ha sufrido las consecuencias de unas instituciones contrarias a los intereses de la mayoría social.

El inicio de la manifestación estaba fijado para las 18:00, por lo que nos dio tiempo a participar en una comida/reunión que los compañeros del CATP en Valencia tenían prevista, a la que nos sumamos junto a otra delegación que había viajado desde Cataluña. Pudimos hablar con compañeras y compañeros de Valencia, algunas de ellas afectadas directamente por las consecuencias de la DANA. La puesta en común y presencia allí de militantes que nos habíamos desplazado para participar codo con codo en la reivindicación abrió la posibilidad de que, en estos meses venideros, se organice un encuentro estatal en Valencia para abordar el deterioro de los servicios públicos y los derechos; situaciones que nos afectan por igual en Valencia, Andalucía, Cataluña, Madrid o en cualquier otro lugar del Estado español, como es el caso de la Sanidad, la Vivienda, la Educación, las Pensiones, las Residencias o la ineficacia, la negligencia y la contribución de las instituciones al agravamiento de los problemas naturales, como ha ocurrido en Valencia con la DANA y como ocurrió en Madrid con el COVID.

En el inicio de la manifestación me acordaba las movilizaciones contra la guerra de Irak que tuvieron lugar en Madrid en 2003 o las convocadas en estos últimos años en defensa de la Sanidad Pública: esas manifestaciones que no arrancan por el colapso que se produce cuando es tan masiva la asistencia que las calles se quedan pequeñas. La asistencia a esta manifestación del 29 de diciembre, como en otras que han tenido lugar desde la catástrofe del 29 de octubre, se calcula que fue de unos 200.000 manifestantes; teniendo en cuenta que la población de Valencia es de unos 790.000 habitantes, es comparable cuando en Madrid salimos a la calle 800.000 personas a manifestarnos. Esas cifras que marean y que tanto gusta minimizar a las delegaciones de gobierno y policías municipales.

Las 224 víctimas mortales, los 3 desaparecidos y los dos trabajadores muertos en las labores de limpieza y reconstrucción, son cifras escalofriantes que permiten entender la rabia y la indignación del pueblo valenciano. No obstante, la manifestación se desarrolló con absoluta normalidad canalizando los manifestantes su sentir en los cánticos: “El president a Picassent”, “El dinero del Borbón para la reconstrucción” o “No son muertes, son asesinatos”, entre otros. Lemas que reflejan el sentir de un pueblo que ha visto de cerca y con brutalidad que las prioridades del Gobierno de la Generalitat valenciana no son coincidentes con las necesidades de las personas. Una brutalidad palmaria cuando se piensa en la cantidad de vidas que podrían haber salvado si se hubiesen dado las alarmas a lo largo de la mañana del 29 de octubre y no a las 20:11 de la tarde. O si la Unidad Valenciana de Emergencias no hubiese sido disuelta por el Gobierno de Mazón, en noviembre de 2023. O si se hubiesen acometido las obras que estaban proyectadas desde 2006 en el barranco del Poyo y Pozalet-Saleta. Entre otras actuaciones e inversiones preventivas que deberían haberse realizado desde hace años.

El sentir del pueblo valenciano expresado a lo largo de la Manifestación es coincidente con el sentimiento de miles de madrileñas y madrileños cuando piensan en los 7.291 ancianos y ancianas que murieron en las residencias de Madrid, abandonados a la enfermedad por el COVID. El mismo sentir de la mayoría de los pueblos de nuestro país cuando recuerdan los 193 muertos y más de 2.000 heridos en los atentados de Atocha el 11 de marzo de 2004, que se habrían evitado si el Gobierno de Aznar no nos hubiese involucrado en la Guerra de Irak.

No me dedico al bulo ni a la hipérbole, pero tampoco a quitar hierro o dulcificar la realidad, por eso no diré que la culpa de las catástrofes naturales la tengan los gobiernos. Lo que nadie puede negar es que no actuar, actuar tarde o tomar decisiones que añaden pérdidas de vidas humanas es algo intolerable.

Los políticos, los jueces, el propio rey, tienen que responder por sus extralimitaciones e irresponsabilidades. La impunidad es una grave enfermedad para la democracia, por eso gente como Ayuso o Mazón deben dimitir y ser juzgados.

Animo al pueblo valenciano a perseverar en la exigencia de dimisiones y responsabilidades públicas y judiciales. El 1 de febrero y todos los días que hagan falta hasta que se hagan justicia.

Roberto Tornamira Sánchez

Presidente de ASTRADE

Editorial: ¡Franco ha muerto!, pero el franquismo no

Desde el 8 de enero se está conmemorando el 50 Aniversario de la muerte del dictador que el 18 de julio del 1936 se puso a la cabeza de un golpe de Estado militar contra la República y contra su Constitución democrática; golpe militar que desembocó en una guerra civil que le costó la vida a más de 500.000 personas en nuestro país.

En 2025 se conmemora la muerte del dictador que en 1936 encabezó el golpe de Estado militar contra la II República y que dio lugar a una guerra civil que costó la vida a mas de 500.000 personas.

En tanto que conmemorar lleva implícito rememorar, es necesario recordar, al menos, dos hechos importantes:

  1. Que los militares golpistas contra su propio pueblo contaron con la ayuda y participación de los fascismos nazi e italiano. Además de que las potencias europeas, particularmente Gran Bretaña y Francia, miraron para otro lado a nombre de la neutralidad -algo que pagaron muy caro pocos años después-.
  2. Que al medio millón de muertos que provocó el golpe de Estado, hay que añadir los estragos de la persecución tras la guerra: 120.000 desaparecidos, 700.000 presos sometidos a trabajos forzados y torturas, 2.400 fosas comunes datadas, aunque no todas abiertas aun hoy, miles de bebés robados, cientos de miles de exiliados, hambruna, enfermedades, retraso cultural y económico…

Conviene distinguir los muertos en la contienda, sin olvidar quién la provocó, de las atrocidades y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante 36 años, tras la guerra.

Se cuentan por miles las publicaciones que demuestran estos y otros datos del horror franquista, pero basta con este resumen para que la muerte del dictador no se celebre con frivolidad.

Conviene no olvidar las atrocidades, desapariciones y muertos durante la guerra civil y tras la guerra, y conviene, por tanto, no celebrar el aniversario de la muerte del dictador con frivolidad

Sin embargo, aunque Franco murió, el franquismo continúa vivo y coleando; es el “atado y bien atado”. Esto queda patente con la actitud de la derecha política, buena parte de la judicatura y de los medios de comunicación. Cabría decir que el franquismo está desatado. Más allá de los juegos de palabras, somos conscientes de que la desfachatez de la derecha en España obedece a consignas y criterios de la derecha internacional, en función y a disposición del capital financiero. Están embarcados en una huida hacia adelante en el intento de zafarse de las contradicciones del sistema económico imperante, pues tienen mucho dinero disponible pero no encuentran donde invertir para rentabilizarlo, de ahí que los inversores vean en la vivienda un valor refugio, sin que les importe un pimiento si esa dinámica está truncando la vida de varias generaciones de jóvenes en nuestro país. O en la guerra y el genocidio, si eso dispara las acciones de la industria del armamento y posibilita que se apropien de mercados como el de la energía en Europa, por ejemplo.

Aunque Franco murió el franquismo continúa desatado como queda patente con la actitud de la derecha política, buena parte de la judicatura y de los medios de comunicación

Los nostálgicos y añorantes del franquismo están desesperados por no poder privatizar más aún de lo que ya se ha privatizado y a mayor ritmo. Los servicios públicos están en su punto de mira: sanidad, educación, pensiones y dependencia públicas. Lo están destruyendo para convertirse en los dueños de un mercado privado vedado para la gran mayoría de la sociedad.

Los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones, dependencia) están en el punto de mira de los herederos del franquismo. Los están destruyendo para convertirlos en un mercado privado

En su decisión de derrocar al gobierno lanzan a su escuadrón de togas. Les sirve cualquier denuncia, por infundada que esté, para arremeter contra el gobierno y su presidente. Se inventan trabas a la aplicación de la Ley de Amnistía, mientras indisimuladamente lanzan mensajes de aproximación a la derecha catalana. Incumplen leyes del Estado, en las comunidades y municipios en los que gobiernan, o provocan muertes añadidas a las catástrofes naturales: como en el caso de la DANA en Valencia o el COVID en Madrid, pero no pasa nada porque la misma fracción judicial y fiscal que practica el “law fare” en favor de la derecha archiva las causas o no actúa cuando se trata de hacer justicia para el pueblo.

Los franquistas lanzan a su escuadrón de togas para practicar el Lawfare utilizando denuncias infundadas contra el gobierno y su presidente, dificultando la aplicación de leyes aprobadas por el parlamento o tapando las irresponsabilidades de sus políticos

En este contexto tenemos uno de los “nudos” heredados del franquismo: La Corona, que se instauró en las leyes de sucesión dictadas por el sátrapa: la “Ley de sucesión en la Jefatura del Estado, publicada en el BOE del 27 de julio de 1947, por la que “el Estado se declara constituido en reino”. Y la Ley 62/1969, de 22 de julio, en cuyo artículo primero se instauró La Corona en la persona de Juan Carlos de Borbón.

La ausencia de Felipe VI en los actos del 8 de enero, alegando problema de agenda, se suma al rechazo de la derecha a participar en cualquier acto de memoria histórica

Felipe VI no ha querido participar en los actos que tuvieron lugar el 8 de enero, a nombre de “problema de agenda”. De este modo, el heredero del heredero no se desmarca del rechazo de la derecha a cualquier acto de memoria histórica, por tenue que este sea, aunque se vista de “España en libertad”, “la transición”, etc.

Este año promete ser un periplo de celebraciones y efemérides:

  • Del 6 al 8 de febrero recordaremos la masacre cometida por el ejército de la rijogualda en la carretera de Málaga a Almería, “La desbandá”. Y 23 de febrero exigiremos que se desclasifiquen y se hagan públicos todos los documentos oficiales sobre la trama golpista que tuvo lugar en 1981.
  • El 23 de marzo recordaremos la muerte de Francisco Largo Caballero, tras pasar por el campo de concentración de Orianenburg, y el 28 de marzo recordaremos que Miguel Hernández moría abandonado por el régimen en el Reformatorio de Adultos de Alicante.
  • El 14 de abril celebraremos y conmemoraremos la proclamación de la II República como todos los años, con la vista puesta en la tercera.
  • El 1º de mayo celebraremos el día de los trabajadores, clase mayoritaria.
  • El 15 de junio nos manifestaremos para recordar la abdicación de Juan Carlos I El Comisionista.
  • El 19 de julio, recordaremos que el pueblo se echo a la calle a defender la República, frente a los golpistas.
  • El 5 de agosto recordaremos el fusilamiento de “Las 13 Rosas” y el 18 el fusilamiento de Federico García Lorca, asesinado por su opción sexual y por su obra en favor de los perseguidos, los diferentes y los menesterosos.
  • El 27 de septiembre recordaremos que en 1975 aun se produjeron cinco fusilamientos.
  • En octubre celebraremos la huelga revolucionaria de aquel mes de 1934.
  • El 20 de noviembre brindaremos por la muerte del dictador y exigiremos que el Valle de los caídos deje de ser un santuario para convertirse en un lugar para la memoria.
  • Y el 25 de diciembre recordaremos las 14 mujeres y los 182 hombres que fueron fusilados en Cáceres por mandato del gobernador Ricardo de la Rada.

Son muchas, demasiadas, las fechas que podríamos y deberíamos conmemorar para que nadie olvide que los crímenes del franquismo no pueden quedar impunes y que aun hoy hay fusilados en las cunetas. No debemos olvidar para poder entender lo que ocurre hoy.

Son muchas, demasiadas, las fechas que deberíamos conmemorar para que nadie olvide que los crimenes del franquismo no pueden quedar impunes

Más allá de las justas conmemoraciones, es un hecho que el Gobierno vive paralizado por la acción de los franquistas; a quienes, sin duda, la política de Trump va a envalentonar más aún, al menos en estos próximos meses. Es necesario abrir el debate de cómo conseguir hoy lo que se fue capaz o no se pudo conseguir hace 50 años: cómo acabar con los privilegios de la minoría que pervive gracias al aparato franquista incrustado en el poder. Esto hace que tengamos que recuperar el dilema que se abrió tras la muerte de Franco: la necesidad de la ruptura democrática con el franquismo y sus herederos, para que se pueda gobernar en favor de la mayoría, y esto solo tiene una senda, la de avanzar hacia la República.

El Comité de Redacción