En el Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de octubre de 2024, en el apartado “El mercado inmobiliario en España”, se destaca la aceleración del aumento de los precios de las viviendas en 2024, sobre todo en las viviendas de nueva construcción. En el Informe se considera que los principales factores explicativos del aumento citado son el elevado ritmo de creación neta de hogares, el creciente volumen de viviendas adquiridas por no residentes y el uso creciente de las viviendas como de uso turístico, lo que reduce la oferta de viviendas de alquiler permanente.
El número de hogares existente en España se mide ahora por medio de la Estadística Continua de Población, elaborada y publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con frecuencia trimestral. En dicha publicación se recoge información, entre otras magnitudes, sobre la población residente en España, total y en viviendas familiares, hogares y migraciones. El INE define al hogar como “grupo humano formado por una o varias personas que residen habitualmente en una vivienda familiar todo el año o la mayor parte del mismo”.
Se echa en falta que entre los objetivos de la política de vivienda aparezca el número de hogares que van a beneficiarse de las actuaciones que se van a emprender
Se advierte la relevancia del hogar como variable determinante no solo de las compras de viviendas, sino también sobre la demanda de bienes de consumo duradero. Se echa en falta que entre los objetivos de la política de vivienda aparezca el número de hogares que van a beneficiarse de las actuaciones que se van a emprender.
La fuente básica de información del INE para estimar de forma continuada la población y el número de hogares de España es el Padrón Municipal de Población. Los últimos datos publicados de la Encuesta de Población citada corresponden a 1 de octubre de 2024, fecha en la cual la población residente en España ascendía a 48,9 millones de habitantes y la residente en viviendas familiares se elevaba a 48,6 millones. El número de hogares en la fecha citada se situaba en 19,4 millones (datos provisionales). Como se dice en los medios de comunicación al comentar los datos de empleo, nunca había tenido España una población próxima a los 50 millones de habitantes.
Desde 2021 se ha acelerado el aumento de la población de España. Así, entre 2021 y 2024 la población ha crecido en 1,6 millones de habitantes. Los extranjeros explican el 86,7% de dicho aumento y el 13,3% restante corresponde a la población española. Los nacidos en el extranjero cubren más del 100% del crecimiento de la población, pues ha habido más defunciones que nacimientos en el caso de la población nacida en España después de 2020. El aumento de la población se ha desacelerado en 2024 respecto de los dos años precedentes.
En cuanto al número de hogares, entre 2021 y 2024 se ha duplicado el ritmo de aumento anual correspondiente respecto del periodo 2013-2020, según la Estadística Continua de la Población. El aumento neto medio anual del número de hogares en el periodo 2021-2023 ha sido superior a los 259.000, previéndose para 2024 una desaceleración que dejaría el aumento neto de los hogares en este ejercicio en 145.900.
El que el crecimiento del número de hogares tenga lugar básicamente a partir de la población inmigrante tiene una repercusión clara sobre el mercado de vivienda. Se trata de un aumento de aluvión, que necesita más viviendas que cuando el aumento poblacional equivalente se deriva del crecimiento demográfico. La población extranjera procedente de países de fuera de la eurozona busca viviendas de alquiler asequibles, como lo indica el que el 73% de los hogares extranjeros resida en viviendas de alquiler, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Hay una parte de la inmigración que reside en España de forma habitual y que suele tener un nivel de ingresos superior a la media y que, con frecuencia, compra viviendas sin necesidad del crédito hipotecario.
La construcción de nuevas viviendas debe concentrarse en aquellas cuyo precio de alquiler resulte asequible a los hogares con reducidos niveles de ingresos
En 2024, la desaceleración del aumento del número de hogares ha sido más acusada que la de la población hasta el tercer trimestre de este año. Abundan las declaraciones en las que se compara el ritmo de creación de hogares con el ritmo de aumento del parque de vivienda. Las viviendas de nueva construcción terminadas en el periodo 2021-2023 han estado por debajo de 90.000 al año, lejos del aumento del número de hogares en el mismo periodo. Teniendo en cuenta que el aumento de los hogares se deriva sobre todo de la población inmigrante que viene a trabajar a España, resulta evidente que es importante aumentar el ritmo de construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, dicho aumento debe de concentrarse en viviendas cuyo precio de alquiler resulte asequible a los hogares con reducidos niveles de ingresos.
“La idea de que hacer más casas no provoca bajadas de precios, sino que incluso suele tener el efecto inverso puede corroborarse con la experiencia. Nuestro modelo de oleadas hace que el sector se caliente con la expectativa. Cuando hay grúas es que hay fiesta y suben los precios, que solo se corrigen tras los estallidos. La cuestión es que una vivienda no es un pimiento, una vivienda es más cosas, por ejemplo, una hucha y es también un activo financiero” (Jorge Dioni López, “Las casas no son pimientos”, El País, 8 de mayo de 2024) Los mayores aumentos de precios de la vivienda en España han tenido lugar en las etapas en las que fue mayor el ritmo de construcción de nuevas viviendas.
En el mercado de vivienda la oferta de nuevas viviendas es muy rígida a corto plazo, pero no es así a largo plazo. En los ocho primeros meses de 2024 el número de viviendas iniciadas creció en un 16,8% sobre el mismo periodo de 2023. Esto último implica que la construcción de nuevas viviendas se puede colocar en breve en unas 150.000 viviendas iniciadas al año. La política de vivienda tiene que actuar canalizando la construcción de nuevas viviendas hacia el componente más vulnerable de la demanda pendiente y no en fomentar de forma indiscriminada la construcción de nuevas viviendas.
Julio Rodríguez López
Vocal del Consejo Superior de Estadística del INE.
El espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid ha enviado al presidente del Gobierno la carta que reproducimos íntegramente. Este espacio vecinal tiene pendiente una reunión con la Ministra de Sanidad, que estaba fechada para el 25 de octubre y anulada ese mismo día por parte del Ministerio, en la que se la expondrán 26 posicionamientos y propuestas, entre ellas la derogación de la Ley 15/97. También está decidido el envío de una carta a la Ministra de Seguridad Social, rechazando el acuerdo interconfederal, alcanzado el pasado mes de septiembre con patronal y sindicatos, por el que la Sanidad Pública derivará a las Mutuas patronales las bajas traumatológicas cuando la Sanidad esté saturada, es decir, siempre.
El espacio que organiza las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, solicitó hace ya meses una reunión con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de quien no se ha obtenido respuesta.
Roberto Tornamira Participa en el espacio VV ByP de Madrid en representación de Nudo Sur
Complejo de la Moncloa
Pedro Sánchez Pérez-Castejón
Presidente del Gobierno
Avenida de Puerta de Hierro, S/N
28071 Madrid
11 de Noviembre de 2024
Sr. Presidente:
Nos dirigimos a usted desde el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, espacio que agrupa a los colectivos vecinales que impulsaron las grandes manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública de los años 2022 y 2023, organizados en asociaciones y plataformas de la práctica totalidad de la geografía de esta comunidad autónoma.
Llevamos años luchando y movilizándonos por la Sanidad Pública, servicio esencial que, como bien sabe, está sufriendo un deterioro galopante en todas las comunidades, pero con un plus destructivo en la de Madrid. Los dos ejes fundamentales que provocan este deterioro paulatino son: la privatización y los recortes económicos aplicados a los servicios públicos y, por ende, a la Sanidad Pública, derivados de la deuda acumulada en la crisis financiera del 2008.
El recorte económico repercute en la calidad del empleo de las y los profesionales sanitarios, así como en su número y en los medios a su disposición. Fruto de esta situación, el número de estas y estos profesionales que, después de recibir una excelente formación financiada con los impuestos de todos, se ven obligados a marchar a países de nuestro entorno en busca de un empleo digno, va en aumento.
Entendemos que no es preciso mencionarle las nocivas consecuencias que esto está teniendo para la ciudadanía, en forma de listas de espera, ausencia de facultativos en las urgencias extrahospitalarias, saturación de las hospitalarias, centros de salud sin pediatra, centros de salud con mínimo personal…
El 27 de septiembre de 2011 se publicó en el BOE la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Concretamente, en su punto 3 se lee: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA». Es decir, en nombre de la «estabilidad presupuestaria» y la «consolidación fiscal», se subordina, literalmente, cualquier gasto social, incluida la Sanidad Pública, al pago de la deuda y sus intereses.
Quienes llevaron a cabo esta reforma en 2011 argumentaron que era un imperativo producto de la crisis económica que sufrimos en aquellos años. El tiempo ha demostrado que aquellas políticas de recortes que derivaron de esa reforma fueron un fracaso. Usted mismo ya señaló en noviembre de 2014 que «aquella reforma fue un error».
La Sanidad Pública necesita un plan de choque, que entre otras medidas que haremos llegar a la ministra de Sanidad, debería contemplar un presupuesto finalista, es decir, dotaciones presupuestarias para cubrir los déficits que se han generado en las distintas comunidades autónomas, por el abandono progresivo de lo público en manos de las empresas privadas y fondos buitre que estrangulan la sanidad y todos los servicios públicos. Si no se destinan a cubrir esos déficits, no se reciben.
Consideramos que el bienestar de las personas y el derecho a la protección de la salud que recoge el artículo 43 de la Constitución, es uno de los más importantes y es responsabilidad del Estado, por tanto, de su gobierno y suya, tomar las medidas para evitar las consecuencias negativas que tiene en la población el deterioro de la Sanidad Pública.
Hay entidades muy solventes, como la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, que hablan de que una parte de la deuda a la que hemos de hacer frente y cuyo pago es prioritario por mandato del artículo 135, es DEUDA ILEGÍTIMA y creemos que este aspecto debe ser contemplado por su gobierno. El dinero destinado a pagar esa deuda ilegítima se podría destinar a mejorar los servicios públicos y conseguir una Sanidad Pública de Calidad y Universal.
Por todo lo anterior, le pedimos que usted y su gobierno tomen en consideración abrir el debate en el Congreso de los Diputados para la derogación del artículo 135.3 de la Constitución y que, en la misma reforma, el precepto que establece el artículo 43, el derecho a la salud, pase a formar parte del Título I (De los derechos y deberes fundamentales), concretamente en la Sección 1ª de su Capítulo Segundo. Esto último, sería un gran paso de credibilidad hacia el blindaje constitucional de la salud.
Quedamos a su entera disposición y a la de los miembros de su Gabinete y del Gobierno para abordar y ahondar en cualquier cuestión relativa a las peticiones y propuestas realizadas.
Muchas gracias por su tiempo.
A la espera de su respuesta, reciba un atento saludo de
VECINAS Y VECINOS DE LOS BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID
Carta de la Asamblea de afiliadas y afiliaos de la Agrupación de Retiro PSOE-M al Comité Organizador del 41º Congreso del PSOE
Compañeros/as: Santos Cerdán León (presidente); María Jesús Montero Cuadrado (Coordinadora Adjunta), Esther Peña Camarero (Portavoz). Vocales: Juan Francisco Serrano Martínez, Ana María Fuentes Pacheco, Francisco Salazar Rodríguez, Emma López Araujo, Ion Antolín Llorente y Eladio Garzón Serrano.
Compañeros/as:
Según se puede leer en la Ponencia Marco en su punto 378: “El PSOE mejora cuando los militantes se sienten partícipes de sus decisiones y por ello abrimos las casas del pueblo y sus asambleas; ponemos la elección de los órganos internos y candidatos a decisión del voto de la militancia y facilitamos la relación entre los responsables públicos y orgánicos con las personas. Un ejemplo de ello ha sido la puesta en marcha del portal de las agrupaciones, que ha agilizado la comunicación y el trasvase de información con ellas. Si logramos estar tan conectados con cada rincón del país es porque reforzamos el papel de las agrupaciones y de cada militante, nuestro mayor capital”.
Coincidiendo con el espíritu que emana el texto, queremos mostrar nuestra disconformidad con el calendario establecido para la presentación de enmiendas por parte de la militancia.
Es muy contradictorio insistir, congreso, tras congreso, que el PSOE es el partido de los militantes, y restringir el tiempo para que estos mismos afiliados y afiliadas puedan aportar sus reflexiones a la Ponencia Marco.
Es de una obviedad aplastante que el margen temporal para poder leer, interiorizar y debatir en las agrupaciones no solo es insuficiente, sino prácticamente imposible. Tengamos en cuenta que la recepción de la Ponencia Marco a toda su afiliación se produjo el día 5 de noviembre, y como fecha máxima deben enviarse las enmiendas el día 9, sin olvidar que previamente deben convocarse las asambleas para su aprobación.
Este calendario habla por sí solo, por lo que parece obvio que el tiempo concedido a los/las militantes no permite ni la participación, ni motiva a los mismos a hacerlo, al contrario, parece ilustrar que se trata de una Ponencia blindada elaborada concienzudamente y por un Comité de expertos, que la militancia debe asumir por responsabilidad.
No ponemos en duda el trabajo realizado en la Ponencia, pero sí creemos que nuestro partido mejora cuando sus afiliados/as se sienten partícipes de sus decisiones, debemos rechazar cualquier proceso que limite el debate interno y la participación de sus afiliados/as. Salvo que queramos que “el partido de los militantes” sea una bonita frase, pero vacía de contenido.
Saludos socialistas
Carta aprobada por unanimidad por la asamblea de la Agrupación Socialista de Retiro.
Referencias al federalismo en la ponencia base del 41º congreso del PSOE
En el TS 158, Eduardo Hernández y Baltasar Santos, publicábamos en esta misma sección un artículo sobre federalismo: https://wordpress.com/post/tribunasocialista.com/5064 En él hacíamos un recorrido histórico del federalismo en nuestro país, y llamábamos la atención sobre la necesidad de avanzar en el federalismo, evitando el dumping fiscal y la deslealtad entre autonomías; la necesidad de avanzar en un modelo de financiación más justo; y la necesidad de avanzar en un modelo de país en el que se garanticen los derechos sociales y los servicios públicos. La ponencia base del 41º congreso del PSOE sitúa esos mismos temas en el texto. Analizamos
“Una España cohesionada en la diversidad
(…) España aún tiene mucho que hacer para convertirse en ese país territorialmente justo y cohesionado con el que soñamos todos y todas las socialistas.
Destacan cuatro grandes desafíos de aquí al 2030.
El primero y más urgente es lograr un sistema de financiación autonómica que sea más justo y sostenible. Cada reforma ha incrementado los recursos disponibles para todas las Comunidades Autónomas, ha profundizado en su autogobierno, ha mejorado la corresponsabilidad fiscal, y ha garantizado la solidaridad. Sin embargo, este modelo sigue presentando deficiencias en términos de equidad y eficiencia que deben ser corregidas. Persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado, lo que genera una redistribución donde las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal acaban recibiendo menos recursos que otros territorios.
Además, el sistema actual tiene una fuerte descentralización del gasto, pero una corresponsabilidad limitada en los ingresos, lo que desincentiva una gestión tributaria responsable y permite que algunos gobiernos autonómicos jueguen al populismo fiscal, practicando el dumping y bajando los impuestos a sus élites económicas mientras solicitan más fondos al Gobierno central. Por último, el actual sistema tampoco resuelve adecuadamente el problema de las singularidades territoriales, y nos impide recaudar los recursos necesarios para hacer frente a las nuevas realidades demográficas y climáticas, que exigen mayores niveles de inversión en servicios básicos e infraestructuras.
El segundo desafío al que nos enfrentamos es profundizar la cohesión económica y social del territorio. La apertura comercial y la integración del Mercado Único europeo han permitido a las regiones y ciudades capitales explotar sus ventajas competitivas, mientras que los territorios menos industrializados y densamente poblados han comenzado a quedarse rezagados. Esta dinámica –que se da en toda Europa– ha generado la paradoja de que, mientras los Estados miembros han seguido un proceso de convergencia, internamente las diferencias entre Comunidades Autónomas han aumentado. Si queremos ser un país verdaderamente cohesionado que saca lo mejor de sí mismo y que trata a todos sus ciudadanos y ciudadanas por igual, tendremos que ser capaces de corregir esta tendencia y alcanzar un mejor equilibrio territorial. Para lograrlo, tendremos que ahondar en el proceso de federalización del Estado.
España es un caso de éxito en su proceso de descentralización. En muy poco tiempo, hemos pasado de ser un Estado fuertemente centralizado a ser considerado un país casi federal. Sin embargo, quedan pendientes de desarrollar herramientas federales de coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales que mejoren el funcionamiento de nuestro modelo territorial, la co-gobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos. Es necesario mejorar la claridad del reparto competencial, el papel del Senado como cámara de representación territorial, o institucionalizar las relaciones entre comunidades autónomas. No es razonable, por ejemplo, que pacientes graves tengan que trasladarse cientos de kilómetros para recibir un tratamiento, cuando pueden hacerlo más cerca en la comunidad autónoma vecina.
Objetivos y medidas
Para responder a los desafíos mencionados, los y las socialistas pensamos que España debe avanzar en esa federalización justa y solidaria que recoge la Declaración de Granada y construir un modelo autonómico más descentralizado y con mayor capacidad de integrar su diversidad.
Reducir a la mitad la diferencia de recursos por habitante ajustado que recibe cada CCAA del sistema de financiación en el marco del nuevo modelo que se acuerde (hoy, la brecha entre la comunidad mejor y peor financiada es del 30%).
Impulsar la convergencia de la renta per cápita entre todas las CCAA.
Estos objetivos son ambiciosos, pero podemos alcanzarlos si seguimos avanzando por la senda de los últimos años, redoblamos nuestra ambición y actuamos en tres frentes prioritarios.
I. Reforma de los Sistemas de Financiación Autonómica y Local.
Impulsaremos una reforma del sistema de financiación autonómico que 1) aumente los recursos disponibles de todas las Comunidades Autónomas para que todas dispongan de más recursos que en la actualidad; 2) revise la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF; 3) optimice el cálculo de los pagos a cuenta y retenciones de IRPF para que el impacto de las decisiones de las CCAA sea más inmediato; 4) modifique la fórmula de población ajustada para mejorar el cálculo de necesidades y de la capacidad fiscal normativa a competencias homogéneas; 5) negocie un alivio de la deuda pública de las Comunidades Autónomas generada durante la crisis financiera; 6) federalice la dirección de la AEAT para dar más capacidad de decisión a las Comunidades Autónomas y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas; y 7) compatibilice multilateralidad y bilateralidad con un común denominador del sistema perfectamente conciliable con el adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades y el mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal.
Para mejorar la financiación de las Entidades Locales, 8) reequilibraremos los recursos disponibles entre Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos insulares; 9) determinaremos el mapa de sus competencias para mejorar la prestación de los servicios de proximidad; 10) modernizaremos sus fuentes de financiación locales y les dotaremos mayor previsibilidad para la elaboración de sus presupuestos; 11) avanzaremos en su corresponsabilidad fiscal, reduciendo la condicionalidad de sus recursos e incorporando de forma explícita el principio de lealtad institucional, y 12) apoyaremos el uso de inversiones financieramente sostenibles para la ejecución de proyectos de viviendas sociales y asequibles.
II. Impulso de un modelo menos centralista y más solidario, que ayude más a los territorios menos desarrollados. El centro de la Península es un motor clave del crecimiento económico de nuestro país, pero en modo alguno puede o debe ser el único. Los y las socialistas creemos en un país en el que las oportunidades se reparten por todo el territorio y la riqueza se genera de forma descentralizada, colaborativa y transversal, aprovechando las ventajas competitivas de cada Comunidad Autónoma. Por eso, 13) seguiremos usando los Fondos Europeos para generar industria y redinamizar el tejido productivo en todos los territorios más allá de la capital; 14) duplicaremos la cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial; y 15) lo convertiremos en un verdadero Fondo de Desarrollo Autonómico, tan ambicioso como los PERTE, que compense la pérdida de fondos estructurales europeos por las Comunidades Autónomas menos desarrolladas, parta del diseño de planes de desarrollo regional holísticos, y adopte la perspectiva de las “políticas basadas en lugares” que recomiendan los principales estudios.
III. Más federalismo, autogobierno y co-gobierno.
Al mismo tiempo, seguiremos avanzando hacia la federalización del Estado 16) mejorando los mecanismos de cooperación vertical y horizontal, definiendo formalmente la Conferencia de Presidentes como órgano director de las actuaciones de co-gobernanza, creando nuevas vías para la participación de las Comunidades Autónomas en asuntos estatales de su interés, y reforzando las comisiones bilaterales como órgano de resolución de desacuerdos. También 17) apostaremos por reformar el Senado y convertirlo en una Cámara de representación territorial que refleje de forma equilibrada la voluntad de las Comunidades Autónomas; 18) continuaremos transfiriendo competencias a aquellos gobiernos autonómicos que lo soliciten; 19) trabajaremos para actualizar los Estatutos de Autonomía pendientes de reformar; y 20) seguiremos apostando por la protección, el estudio y el uso de las lenguas co-oficiales en todos los ámbitos, dentro y fuera de nuestro territorio.
Si adoptamos estas medidas de aquí a 2030, tendremos una España más descentralizada y cohesionada, capaz de convertir la diversidad de sus territorios en su máxima fortaleza, y de armonizar las particularidades de cada Comunidad Autónoma con el interés colectivo de todas.”
(hasta aquí el texto de la ponencia)
Comentarios al texto de la Ponencia
Coincidiendo con algunos de los aspectos del diagnóstico sobre la situación actual, como el dumping fiscal, las consecuencias negativas de la integración europea para los territorios menos industrializados, o la necesidad de encontrar un sistema de financiación autonómica y local más justo… deberemos plantear algunas cuestiones sobre las que será necesario profundizar:
Defender lo público
La primera de las cuestiones es garantizar que tanto la recaudación de impuestos con una futura agencia tributaria descentralizada sirve al propósito de mejorar los servicios públicos para los ciudadanos, y no una nueva herramienta para bajar impuestos a los más ricos mientras que se privatizan los servicios públicos.
Tenemos experiencias sobradas de utilización indebida del dinero con el que los trabajadores contribuimos al Estado para fines que no son la mejora de los servicios públicos. Por ejemplo:
-La utilización de las cotizaciones a la seguridad social para fines espurios sigue pendiente de auditoría; mientras se duda continuamente de la no sostenibilidad del sistema de pensiones.
– En materia tributaria, hemos asistido a que el margen tributario sobre el que deciden las autonomías es utilizado para bajar impuestos a las rentas más altas y a las empresas, en una práctica conocida como dumping fiscal, mientras se privatizaban o eliminaban servicios públicos. Los casos más sangrantes son la privatización de la sanidad en la comunidad de Madrid (con influencia directa en la muerte de las personas mayores en la residencia), o la eliminación del servicio de emergencias en Valencia, que podría haber salvado decenas de vidas, ante desastres como la DANA.
Los servicios públicos son los garantes de la justicia social, y para su financiación son necesarios los impuestos.
Por tanto, estando de acuerdo en una federalización de la recaudación de impuestos, y en una clarificación de las competencias, no es menos cierto que es necesario garantizar que la gestión de los impuestos debe servir para financiar los servicios que la mayoría social necesita. Por tanto, deben introducirse principios como lealtad institucional y justicia social para que la reforma federal signifique una mejora para los derechos de la ciudadanía.
Defender la industria y los puestos de trabajo
El propio texto de la ponencia base reconoce dos cuestiones básicas:
– Que el mercado único europeo ha traído consecuencias negativas para las regiones menos industrializadas y más densamente pobladas.
– Que los Fondos Europeos se han utilizado para generar industria y redinamizar el tejido productivo, sobre todo en Madrid.
Dicho de otra manera, faltan planes de desarrollo regional que hagan llegar los fondos europeos a todas las regiones. Lo cual requiere una planificación de nuestro tejido productivo, no solo industrial, sino en todos los sectores: el campo, la extracción y el aprovechamiento de las materias primas, el abastecimiento energético, las infraestructuras… y que las inversiones públicas (el texto habla solo de los fondos europeos) se repartan equitativamente por todo el territorio, y déjenme decirlo: que dejen de ser inversiones que las empresas aprovechan para «modernizarse» automatizando procesos y despidiendo a los trabajadores.
Por tanto, una federalización del Estado ciertamente debe incidir en la cohesión territorial vía desarrollo de la actividad económica e industrial de forma coordinada, planificada y equilibrada territorialmente, pero también por la vía de que la inversión pública se dedique a un sistema productivo público que garantice el abastecimiento energético, el desarrollo sostenible y el mantenimiento y creación de empleo digno, bien retribuido y con derechos.
El que espere en este artículo una crítica feroz contra la política ya puede dejar de leer, y que se dedique a ver los programas de Iker Jiménez, o los de la iglesia, que se documente en los videos y noticias que aparecen en su móvil o que se dedique a escuchar las emisoras de radio oportunistas y antipolíticas de la derecha. La política es el arte del diálogo y la colaboración entre posiciones diferentes para conseguir objetivos comunes para el bien general de la sociedad. Por tanto, la política es necesaria. Otra cosa es que determinadas ideologías aplicadas a la política matan personas. El neoliberalismo que preconizan Milei en Argentina o los sectores más conservadores, mayoritarios hoy día en el PP, suponen una reducción del Estado y, por tanto, una reducción de los servicios públicos, y una flexibilización extrema para favorecer la entrada del sector privado en la gestión de los servicios que son del interés general. En EE. UU., paradigma en declive de este modelo, no solo la sanidad y la educación son mayoritariamente privados (la parte pública es residual e infradotada económicamente), sino que incluso muchas prisiones son privadas, y claro, hay que llenarlas para favorecer el negocio.
El liberalismo económico que predica la derecha supone eliminación de servicios públicos y mata personas
Normalmente, la gestión pública garantiza la equidad del sistema y la ausencia de discriminación racial, social o de cualquier otro índole. La gestión privada, en cambio, persigue valores lo más altos posible en su cuenta de resultados. Cuando se habla despectivamente de lo público se suelen encontrar motivos basados en la tardanza o en la excesiva (en ocasiones) burocratización del sistema. Pero los servicios públicos son necesarios. Dos ejemplos: La gestión de las riadas de l’Horta en Valencia causado por la DANA Las DANAS, anteriormente conocidas como gotas frías, son fenómenos meteorológicos que nos sacuden con crudeza periódicamente. Los temporales seguramente serán más devastadores y frecuentes por el cambio climático. No tengo datos para sostener esta afirmación, pero me baso en lo que leo en medios reputados donde escriben expertos científicos. Sea como fuere, la descarga brusca de lluvia torrencial no parece evitable, pero sus consecuencias sí. Recordemos que las consecuencias son la muerte de decenas de personas (220 muertes en la DANA de Valencia contabilizadas en el momento de escribir estas líneas), la pérdida de bienes y patrimonio (personal y colectivo), el colapso o desabastecimiento de servicios básicos (agua, luz, gas, telecomunicaciones, movilidad), el cierre de la actividad económica y productiva y el esfuerzo físico, psicológico y económico (personal y colectivo) que conlleva la reparación del daño acaecido. Estas consecuencias sí que son evitables.
La descarga brusca de lluvia torrencial no parece evitable, pero sus consecuencias sí
Una de las primeras decisiones políticas ultraliberales que tomó el gobierno valenciano (2023. PP y VOX) fue acabar con la Unidad de Emergencias de Valencia. Era un servicio público calificado como «chiringuito» y como una «carga burocrática excesiva». Es decir, se cargan un servicio público esencial que hoy podría haber salvado vidas.
El gobierno de Valencia desmontó la Unidad de Emergencias porque decían que era un chinguito y una carga burocrática excesiva. Hoy podría haber salvado vidas.
No hablaré de las prioridades del gobierno valenciano, cuyo presidente, transmitió su desinformación como si fuera información veraz, cuando no lo era, pero recuerden como se intentaba evitar la llegada de voluntarios de toda España diciendo más o menos que eran un estorbo. Y recuerden que el Presidente (todavía hoy) de la Comunidad Valenciana prefería estar en una comida de 4 horas con una periodista a la que quería enchufar para que dirigiera la televisión valenciana de una determinada manera, que llegar a tiempo a la reunión de coordinación de la emergencia que se estaba dando en ese mismo momento, con las consecuencias que ya sabemos
Un determinado tipo de políticas tienen la culpa. Eliminar los servicios públicos tienen consecuencias, sin entrar a valorar la capacidad de gestión de algunos políticos como los que integran el gobierno valenciano. Las políticas de defensa de lo público salvan vidas. Ahí están los ejemplos de la creación en 2005 de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por parte del Gobierno de España (2004-2008). Ahí están los recursos públicos invertidos para recuperar los servicios básicos o para rescatar personas, y en el peor de los casos, recuperar los cuerpos de las personas fallecidas. Ahí están las ayudas económicas que salen de nuestros impuestos para intentar aliviar los problemas de los damnificados. Todo eso se mantiene con dinero público, es decir, con el dinero que todos aportamos con nuestros impuestos. Cuando alguien dice voy a rebajar impuestos hay que responderle «qué servicio público quieres reducir o quitar». Por ello, y sin desmerecer ni un ápice a los miles de voluntarios que solidariamente están colaborando en las tareas de reparación, rescate y reconstrucción de la catástrofe, «el pueblo salva al pueblo, también con los impuestos».
Cuando alguien diga que quiere rebajar impuestos hay que preguntarle qué servicio público quiere quitar, y por qué.
La gestión de las residencias de personas mayores en la CA de Madrid en época del COVID Para el segundo ejemplo no me extenderé tanto. Basta una imagen para recordar que los recortes en sanidad realizados por Ayuso (PP) en Madrid han causado que 7291 personas mayores hayan fallecido en las residencias de mayores sin recibir asistencia sanitaria. Las políticas neoliberales de eliminación de lo público unido a la infame gestión política de las derechas de los recursos públicos provocan muerte y destrucción que eran evitables. Qué tiempos aquellos en que algunos partidos políticos solo amparaban la corrupción, robaban y conspiraban. Sus políticas también matan.
Las políticas neoliberales de eliminación de lo público unido a la infame gestión política de las derechas de los recursos públicos provocan muerte y destrucción que eran evitables.
Los ciudadanos y ciudadanas debemos apostar por políticos y políticas responsables, competentes y que antepongan el bien colectivo al bien propio. Las políticas que apuestan por la recaudación justa de impuestos para financiar los servicios públicos que nos ayudan a todos son más que nunca necesarias.
¡Qué tiempos aquellos en que el PP solo era una partido corrupto, mafioso, y conspirador. Ahora sus políticas también matan.
Exigir que nuestros impuestos se aprovechen para lo prioritario es tarea de cada uno de nosotros individualmente y de nuestras organizaciones vecinales, y fundamentalmente sindicales y políticas, en las que la mayoría social debería organizarse más para empoderarse colectivamente.
Baltasar Santos 1r Secretario PSC el Vendrell Comité de Redacción de TS
Inundaciones Bilbao de 1983: el pueblo se organizó para paliar el desastre
Antes de nada, quiero enviar un fuerte abrazo a todas las víctimas de la DANA no solo de Valencia sino también a las de Albacete, Aragón, Catalunya y Baleares. Periódicamente nos encontramos con supuestas catástrofes naturales con consecuencias cada vez más dramáticas tanto en efectos económicos como en destrozos de todo tipo y con cada vez más víctimas mortales.
A estas situaciones responde el sistema capitalista con sesiones de reality show y propaganda dirigida a hacer creer a la ciudadanía que son situaciones imprevisibles y desvían la atención de las causas adormeciendo a la población con relatos humanos dirigidos a no entrar al fondo de las responsabilidades. Los mass media del sistema tienen encomendada la función de crear cortinas de humo evitando en todo momento que las conclusiones de la ciudanía sean del tipo de la necesidad de acabar con este sistema para preservar la vida de todos.
Y lo hacen perfectamente. Se saca de paseo al rey y al presidente de gobierno, también al de la comunidad autónoma que toque al alcalde o alcaldesa. Pero jamás se presentan los informes técnicos en los que han basado la construcción de viviendas en zonas que corresponden por derecho y propiedad a los ríos, al mar o a los volcanes.
Los mass media del sistema tienen encomendada la función de crear cortinas de humo para que la ciudadanía no acabe pensando que hay que acabar con este sistema para preservar la vida de todos
Qué técnicos han avalado las construcciones en esas zonas, cuál fue su informe técnico, cómo evaluaron los cauces frente a potenciales riadas o erupciones volcánicas.
De esto no se habla jamás. Es el asunto que hay que esconder bajo mil llaves. Cuando vean la televisión fíjense en la forma en que las grandes cadenas desinformativas no hablan de este asunto y si aparece en escena la acción particular de algún técnico que había avisado del riesgo, que al final se ha convertido en realidad, y se le calló ignorándolo tendrá que hacerlo a través de medios alternativos dado que la consigna del poder es que los informes profesionales que frustran las operaciones inmobiliarias especulativas, no existen y si se hacen a la luz, no se les dé crédito o directamente, se les combata mediáticamente.
Es así siempre y hay que decir que esta política que viene de muchas décadas atrás ha permitido la construcción ilegal en todos los puntos del Estado español, sin excepción alguna. Si nunca debiera haberse permitido, por el riesgo evidente para la vida y los bienes, ahora con el cambio climático evidenciándose en hechos atmosféricos, están mucho más en riesgo puesto que los cambios de temperatura y otras variables que afectan a la seguridad y a la vida se han instalado de forma definitiva en estas partes del mundo que comienzan a padecer de manera reiterativa los efectos de fenómenos propios de otras latitudes, con efectos devastadores.
El mandamiento único de la Ley del capitalismo es ¡Enriquécete!
Y así obran los partidos institucionales en general allá donde logran el premio gordo de hacerse con el control de los presupuestos de las instituciones durante el tiempo que retengan el mandato. Aquellos técnicos que trabajan con criterios profesionales y tratan de evitar que las construcciones criminales de gran pelotazo económico vean la luz son condenados al ostracismo cuando no son directamente objeto de persecución o de separación del servicio mediante expedientes. La mafia no admite que ningún titulado con prejuicios frustre sus pelotazos de sangre.
Así sucedió en Bizkaia en 1983. En Bilbao vimos una ciudad devastada al igual que toda su periferia. Las lluvias torrenciales coincidieron con la Aste Nagusia, Semana Grande festiva de la Villa, y ahí se produjo una reacción popular al desastre que pasó por encima de Protección Civil y de todas las instituciones, Ejército incluido.
La Coordinadora de Konparsas, coorganizadora de las fiestas, entonces populares, decidió el envío de Brigadas de Limpieza asignándose a cada comparsa la zona de trabajo, en mi caso fue El Peñascal, zona obrera de Bilbao situada sobre el histórico barrio de Rekalde. Cuando llegó el Ejercito las comparsas levábamos días de adelanto, éramos un ejército civil de miles de integrantes con sus responsables en la figura de los coordinadores de comparsa. Los militares mismo se extrañaron ante la organización y la efectividad enorme del trabajo de recuperación y limpieza que llevamos adelante. A la pregunta de ¿Qué podemos hacer? Se respondió al ejército «con armas nada» y sus miembros las ocultaron discretamente para comenzar su trabajo efectivo en la zona que asumieron. Fueron días duros, de terribles pérdidas económicas y vidas. Ver El Arenal, la zona del Ayuntamiento en aquellas condiciones nos hacía pensar que Bilbao nunca se recuperaría de aquella situación. Pero recuperamos Bilbao y Bizkaia, y zonas de Araba y Gipuzkoa. Es obvio que las instituciones tomaron nota del peligro político que suponía una organización ciudadana autónoma resolviendo la situación con el riesgo de que la ciudadanía llegase a la conclusión de que «los políticos institucionalistas» son absolutamente prescindibles. Esta es la clave. Llevamos décadas de institucionalismo del pelotazo y sabemos que con el cambio climático las arremetidas de la naturaleza para recuperar lo que la especulación le ha arrebatado, son tan inevitables como crueles.
Sabemos que con el cambio climático las arremetidas de la naturaleza para recuperar lo que la especulación le ha arrebatado, son tan inevitables como crueles
Hay que estar rematadamente loco para poner en manos de muchos de los elementos que pululan por las instituciones nuestras vidas y nuestra seguridad, al igual que el futuro económico común. En Bilbao padecimos unas terribles lluvias torrenciales en 1983. La ría no estaba preparada para una subida de las aguas como la que se produjo, La Peña se inundó hasta los tuétanos con varias personas ahogadas, casas que se derrumbaron, el Peñascal sobre Rekalde, vio como sobre el barrio se derrumbaba la cantera, en Rekalde hubo rescates en helicóptero, todo fue así. Pero en Bilbao existía y existe una auto organización festiva en forma de comparsas que nos permitió responder con celeridad a la terrible situación sobrevenida. La Coordinadora de Comparsas cogió el timón y miles de comparseras y comparseros, armados de palas, nos dirigimos cada una a la zona que la Coordinadora le asignó.
Las instituciones del pelotazo acusaron el golpe y el más necio de entre todos ellos, el entonces Gobernador Civil de Bizkaia, Julián San Cristóbal, ideólogo de los GAL de la mano de Felipe González, se refirió a quienes llevábamos días en tareas de limpieza y seguridad auto organizadas diciendo que «éramos todos unos hijos de puta que enseguida nos cansaríamos de las palas«. Como profeta no llegó muy lejos. Nosotros no nos cansamos de la pala y él tampoco de meter la mano al cajón del dinero. Nosotros limpiamos Bizkaia con toda la ciudadanía de los pueblos y barrios y él entró a la cárcel por terrorista de Estado y por lo que se le quedó entre los dedos del dinero de los contribuyentes. Bilbao y Bizkaia hoy es otra cosa. Se canalizó la ría, desviándose su cauce y creando uno de cemento que ha salvado a La Peña, mi barrio, de múltiples inundaciones dado su nivel a ras de la ría. Se tomaron en serio las obras porque temieron la respuesta política de una ciudadanía despierta, dispuesta a prescindir de los buscavidas que pululan por muchos cargos institucionales.
Cuando miro a Valencia, leo los informes de camaradas de militancia y observo que el PP pone al frente de la reconstrucción a un General, veo la diferencia de esa Comunidad con Euskadi. Aquí hacer eso hubiese supuesto una insurrección popular. No porque se considere que un militar no sirve para esa tarea, sino porque un militar ligado al Partido Popular se sitúa ahí para responder sin contemplaciones a la sociedad valenciana si se atreve a pedir explicaciones y responsabilidades. Para cubrir las espaldas de los criminales que gobiernan ahí, tras del descalabro humano y económico que se ha producido.
Creo que la más urgente de las necesidades para el Pueblo Trabajador valenciano es echar de las instituciones a quienes durante décadas les han gobernado arrebatando a los ríos unos terrenos que les pertenecen y que las Confederaciones Hidrográficas así lo establecen, frente a los hombres y mujeres del pelotazo que no se paran en barras para conseguir salir de los cargos políticos ilícita y fraudulentamente enriquecidos.
La más urgente de las necesidades para el Pueblo Trabajador valenciano es echar de las instituciones a quienes les gobiernan
Es necesaria la Unidad del Pueblo para exigir que se vayan y preparar el relevo bajo control popular de las instituciones, porque el cabrón, como la cabra, siempre tira al pelotazo. Duele ver a 100.000 personas voluntarias, la mayoría jóvenes, detenidas por la Policía bajo instrucciones de los corruptos para evitar que se visualice el estrago y ya es el colmo, que sea la Gendarmería Francesa la primera en llegar con medios, alimentos y agua a los pueblos anegados y destruidos con decenas de muertos, negándoseles la participación en las tareas de rescate y el reparto de las ayudas a las personas afectadas, cuando estas carecen de todo. Aquí nobleza obliga y toca decir merci beucoup.
Si lo que ha sucedido es un drama absoluto lo peor es que estos fenómenos se van a volver a repetir sin duda alguna. El calentamiento del agua de los mares combinado con el frío atmosférico produce Danas. La pregunta es dónde se va a producir el siguiente golpe. Y entre tanto, cuál va a ser la respuesta en términos de prevención de quienes dicen ser los responsables de la gestión económica y, por tanto, a ellos corresponde establecer la estrategia para evitar un ataque de la naturaleza que vuelva a arrasar otras zonas. La cuestión no es recuperar cadáveres, coches apilados como muñecos, ni llorar amargamente, que también, la cuestión es realizar las obras necesarias para prevenir.
Que no nos cuenten que no existen recursos económicos, que para las guerras de la OTAN suben las aportaciones el 2% del PIB y más. Esta es la tarea que corresponde a toda la ciudadanía. Evitar entrar en los juegos de espejos de los medios de comunicación al servicio del aparato del Estado y del capital, al que antes se llamaba periodismo y ahora se ha convertido en Mercenarios de la Pluma que dice los que dicte el que paga la tinta. La otra es organizarnos para luchar y arrojar luz sobre las sombras que el capital crea para evitar que las clases populares contemplen su verdadero rostro psicópata y criminal. Dejó escrito Karl Marx que el Capital nació chorreando sangre y sin duda alguna necesita incrementar su dosis de vampiro elevando el listón desde el robo de los recursos de todos cada día, hasta subir la apuesta hacia una III Guerra Mundial. Para sus aventuras genocidas siempre hay dinero y si no es suficiente se eleva la aportación restándola del presupuesto civil para obras públicas de seguridad colectiva e individual, enseñanza, sanidad y transporte públicos.
Que no nos cuenten que no existen recursos económicos, que para las guerras de la OTAN suben las aportaciones el 2% del PIB y más
Creo no equivocarme al decir que entre lo más corrupto del sistema está el ínclito partido al que no mencionaré por sus siglas para evitar una querella criminal. Pero, como se dice en el Caribe, ya tú sabes. No somos muchas las personas que apostamos por una política obrera desde un partido obrero, al servicio de nuestra clase totalmente desligado y enfrentado a los partidos del capital y a todas sus instituciones. Pero debo decir que cada vez somos más. Se lo debemos a las víctimas de Lorca, Tenerife, Bilbao, Albacete, Castellón, Aragón, de Galicia con sus exasperantes incendios, de Murcia, a tantas y tantas víctimas sacrificadas en ofrenda por la clase política institucional en el altar del Dios de la Corrupción y el Dinero.
A las lectoras y lectores de Tribuna Socialista como a todos los demás, corresponde dar un paso al frente. Como dejó escrito un gran dirigente obrero que nos precedió, se trata de Teoría y Práctica. Y la gran tarea es Organización, Organización y Organización. Nos Coordinamos en el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), a la búsqueda de las respuestas que nuestra clase, la clase trabajadora, necesita cada vez con mayor urgencia frente al Imperialismo. Ni nos podemos equivocar en el debate y las tareas ni podemos retrasar la constitución de la organización que necesita la clase obrera. Ya no hay tiempo.
El desastre humanitario que ha ocasionado un fenómeno meteorológico de dimensiones poco habituales, ha puesto a nuestro país ante un esfuerzo que requiere de todos, y exige, desde la responsabilidad, afrontar la respuesta con coordinación, prontitud y capacidad. Y lo primero es reconocer que los expertos nos alertaron, y los expertos nos están ayudando a socorrer y rehacer toda una región destruida.
Es doloroso ver la tragedia de las personas, de cuántas vidas y destrucción ha costado, pero no podemos dejarnos llevar por la desesperación, la ira y que los odiadores habituales nos intoxiquen con sus bulos, aprovechando el dolor causado por la DANA.
No es verdad que el «pueblo salva al pueblo», no como eslogan para la deslegitimación de la política, es decir, la antipolítica. Solo un Estado organizado, con responsabilidades organizadas es capaz de afrontar un problema de esta dimensión. Esta es la única forma de afrontar seriamente el auxilio ante una tragedia, porque son los ciudadanos mediante sus impuestos quienes construyen estructuras capaces de responder a problemas: Protección Civil, Sanidad Pública, AEMET, Bomberos, UME, Policía, Guardia Civil, Forestales… y cuántos otros podamos pensar.
Hay que decir con claridad, que somos un país democrático, con políticas democráticas que necesitamos actualizar constantemente, para dilucidar mediante el diálogo sereno e inteligente cómo mejorar y corregir en este caso nuestra respuesta, y nuestras capacidades. Los afectados nos necesitan a todos, necesitan nuestra ayuda, y no nuestros insultos, nuestros odios ni la estupidez de unos pocos, por muy organizados que estén, repitiendo las mentiras que escupieron tras la tragedia terrorista del 11M.
Por eso, somos el conjunto de ciudadanos, a través de las personas que elegimos y nuestras instituciones, quienes hacemos frente a estas circunstancias excepcionales; en una democracia, imperfecta como cualquiera, los procesos democráticos y las decisiones que se adoptan se traducen en aciertos y errores, y esta obviedad, permite poner en evidencia la idea fascista de atribuir culpas al «sistema», de presentar al » pueblo» como objeto de redención que en manos adecuadas puede ser salvado.
Las responsabilidades saldrán a la luz, inevitablemente, pero el daño que nuestras democracias están sufriendo por culpa de ideas y bulos populistas/fascistas es enorme, y como suele ocurrir con esas opciones políticas, se atribuyen la potestad de determinar quién es «culpable», sin interesarles resolver los problemas, ni su prevención, repartiendo culpas cuando no les afecta, y cuando les afecta directamente, hablando de fallos del «sistema político», de » políticos», en abstracto, pero mirando hacia otro lado cuando el causante es de su “causa”, como por ejemplo en el abandono terrible que sufrieron los ancianos y ancianas de las residencias de Madrid en pandemia.
No hay nada más fascista que culpabilizar a los políticos, en abstracto, mientras se mira para otro lado cuando el responsable es de su partido
Atribuir el mal, como si de un monstruo se tratase, a la Democracia, es atentar contra ella con una clara intencionalidad, con una irresponsabilidad no sólo dirigida a proteger intereses espurios, sino a ponerla en cuestión.
Eduardo Hernández Oñate
Afiliado de la Agrupación de Distrito de Salamanca, PSOE-Madrid
El gran imperio edificado durante el siglo XX por los EE.UU., de América se siente hoy amenazado. El nuevo “emperador” recién elegido así lo manifiesta, y el que se va abre más las puertas de la guerra.
Los EE.UU., forjado desde las rebeldes colonias británicas, con millones de emigrantes europeos y de todo el mundo, con sangrientas matanzas de los pueblos originarios y tremendas guerras intestinas, a finales del siglo XIX y principios del XX liquidó al ya moribundo imperio español haciéndose con territorios y grandes zonas de influencia. Tras la segunda guerra mundial, con la guerra fría, confrontó con la otra gran potencia del siglo XX, la Unión Soviética, hasta extenuarla multifactorialmente y conducirla a su desaparición. Tras cien años de dominación los USA llegaron a pensar que la historia había terminado y que el modelo capitalista de desarrollo por ellos encabezado era el único posible. El fin de la historia y el pensamiento único fueron teorizados y proclamados, por pensadores y usufructuarios varios del sistema.
De pronto, y sorpresivamente para muchos, aparecieron resistencias varias en América Latina. En la patria grande de Simón Bolívar, descendiente de mil batallas, surgieron en 1994 indígenas zapatistas en México oponiéndose al Tratado de Libre Comercio de las Américas; un militar de bajo rango trató de imitar la técnica golpista de toma del poder en Venezuela, fracasó y después gano la Presidencia electoralmente; en Brasil apareció la voz “Otro mundo es posible”, movilizando a miles de personas de buena voluntad por todo el planeta a favor de otra globalización no neoliberal y un sindicalista surgía desde la clandestinidad para llegar democráticamente a la presidencia; un dirigente indígena cocalero alcanzaba la presidencia en Bolivia, y así por toda América Latina se levantó desde las cenizas de los golpes de Estado que acabaron con la vida del Presidente Allende y la experiencia de la vía chilena al socialismo, desde las profundidades de las históricas consignas tierra y libertad o crear dos tres muchos Vietnams, se levantó una incipiente muralla contra el capitalismo neoliberal dominante.
Este, enfrentado a los riesgos del cambio climático que él mismo ha generado, junto con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la concentración creciente de la propiedad de esas tecnologías, de los medios de producción, de cambio, de los recursos naturales y ahora de la inteligencia artificial están transformando las relaciones sociales y de poder intensamente, impulsando las desigualdades sociales y económicas entre los países y dentro de cada país.
Mientras, las ex potencias colonizadoras europeas construían, acabada la segunda guerra mundial, una institucionalidad nueva, una integración para la paz y la prosperidad, un instrumento conocido hoy como Unión Europea. Simultáneamente colaboraban en la articulación del brazo militar trasatlántico, “occidental”, la OTAN. Aparato político-militar que actuó por primera vez fuera de sus territorios bombardeando Belgrado a finales del siglo XX y que ahora pretende cercar a la potencia postzarista y postestalinista, Rusia, abriendo una nueva guerra en tierras europeas con final imprevisible.
Y en paralelo, en oriente, a partir de la victoriosa guerra prolongada de Mao Tse Tung, tras la segunda guerra mundial empezó la construcción de lo que hoy es la primera o segunda potencia mundial, China. Ese proceso, junto con la perdida de la India por el imperio británico, modificaron sustancialmente la correlación de fuerzas demográficas y económicas existentes en el siglo XX. Alcanzando hoy un alto nivel de conflictividad señalado por la definición USA/OTAN de China como enemigo estratégico.
Estos complejos hechos, brevemente descritos, están forzando la aparición de una neo guerra fría, con dos polos de atracción, Norte Global vs. Sur Global, entorno a los cuales se están alineando las fuerzas. También existe un tercer polo, no alineados, que trata de sobrevivir y evitar la barbarie generalizada.
El siglo XX, y los tiempos anteriores, han parido un mundo multipolar donde las potencias euroamericanas, “occidentales”, con todas sus zonas de influencia se están confrontando con las nuevas/viejas potencias euroasiáticas. Confrontación económica, política y cada vez más militar. Pareciera ser que la humanidad tras siglos de avances de todo tipo, en la ciencia, en la tecnología, en el conocimiento de lo más pequeño y lo más grande, no ha sido capaz todavía de encontrar las fórmulas para resolver los conflictos por la vía pacífica. Que todavía domina la idea del imperio romano Si vis pacem, para bellum, o la de Clausevitz la guerra es la extensión de la política por otros medios, siendo la política, en su sentido más noble, la forma de organizar y resolver los conflictos de intereses y de poder en la sociedad.
Si a todo ello se añade el desarrollo sangriento, genocida, del conflicto Israel/Palestina, con los múltiples efectos colaterales en todo oriente medio y más allá, si contemplamos los recientes vuelos de misiles fabricados en EE.UU. o Gran Bretaña y lanzados por Ucrania contra Rusia, si observamos la creación en la Unión Europea de una nueva área de defensa con voluntad de poner en pie un ejército europeo, y si se analiza fríamente la ingente y acelerada carrera armamentística actual, no queda sino exigirnos un último esfuerzo que evite la catástrofe final anunciada de una Tercera Guerra mundial apocalíptica.
Las voces contra la guerra se alzan cada vez más fuertes en España, Europa, los EE.UU. y el resto del mundo. Esas voces y lo que representan han de crecer frente a las que están creando las condiciones para la guerra. La articulación y desarrollo de los BRICS como posible contrapeso de los bloques “occidentales”, las recientes intervenciones de los presidentes de Brasil, Colombia y México en la reunión del G20 apelando a la paz y al alto el fuego, aparecen como rayos de esperanza. La necesaria lucha contra el cambio climático, contra el hambre y la pobreza y contra las desigualdades es incompatible con el desplazamiento de las ingentes cantidades de recursos humanos y económicos hacia la guerra que se está produciendo.
Para tratar toda esta problemática, contrastar la información de cada país, reflexionar sobre las propuestas que vayan en el camino de la paz y la justicia social se han reunido en Berlín a principios de noviembre sindicalistas, fuerzas políticamente organizadas de diferentes tradiciones, de Alemania, Francia, España, Portugal, Suecia, Noruega, Polonia, Grecia, Serbia, Rumania, Grecia, Croacia y Macedonia. La guerra en Ucrania y la guerra genocida en Gaza fueron analizadas en profundidad. Al final hubo coincidencia generalizada en levantar la voz y gritar con fuerza y hasta con rabia:
¡Alto al genocidio contra la población palestina!
¡No a la expansión de la guerra de destrucción de Israel hacia el Líbano y Siria!
En Palestina como en Ucrania: ¡Alto el fuego inmediato!
¡No a las entregas de armas!
¡No a la guerra!
Defendamos la carta universal de los derechos humanos, los derechos que de ella se derivan y el derecho internacional.
Semblanza: Juan Lobato pertenece, por edad, a la generación Millenial. Licenciado en ADE y Derecho, es miembro del Cuerpo de Técnicos de la Hacienda Pública. Comenzó su andadura política institucional en Soto del Real, Ayuntamiento en el que fue elegido concejal en las elecciones municipales de 2003, pasando a ser alcalde en el periodo 2015 a 2021. Ha sido diputado de la Asamblea de Madrid en distintas etapas. Lidera el Partido Socialista Obrero Español en Madrid (PSOE-M) desde que fue elegido Secretario General en el XIV Congreso, celebrado en noviembre de 2021.
Pregunta.- ¿En vísperas del 41º Congreso Federal del PSOE, qué tres asuntos consideras de mayor relevancia, que incluso sean merecedores de un resolución de urgencia del plenario?
Una respuesta clara para apuntalar los servicios públicos especialmente en Madrid donde su desmantelamiento es muy grave. Es la sanidad y la educación, pero también es la vivienda pública donde después de 30 años de gobiernos del PP, el parque público de vivienda de alquiler es solo el 1% mientras en Europa, en regiones similares a Madrid, es un 20%.
Pregunta.- Eres el líder del Partido Socialista en Madrid, por tanto, permíteme esta pregunta ¿Crees que el PSOE en Madrid tiene la suficiente conexión con su base natural de votantes en Madrid para sacar del poder a la populista Ayuso?
La tuvo, y necesitamos seguir trabajando para recuperar la transversalidad y la confianza de una mayoría de madrileños que se sienten e identifican como demócratas de convicciones sociales.
Pregunta.- ¿Qué necesitas y qué habría que hacer para llevar al PSOE a gobernar Madrid, tras casi 30 años fuera del Gobierno autonómico?
Seriedad, rigor y solvencia en las propuestas que hacemos. También poner en valor y como tarjeta de presentación el extraordinario trabajo y buena gestión que hacen los alcaldes/as socialistas que hay en la Comunidad de Madrid, así como el Gobierno de España.
Todo esto mientras a diario no dejar de pisar barrios, municipios, empresas, colectivos sociales, comercios, universidades… La alternancia democrática en Madrid después de 30 años va a llegar trabajando duro, no hay otro camino.
Pregunta.- Por lo que te he podido escuchar en redes y medios, eres partidario de la reforma del modelo de financiación autonómica, aunque es un tema muy complejo ¿Es hora de una reforma constitucional que iguale a todos los territorios, incluidos Euskadi y Navarra, de modo que sean los territorios los que aporten al Estado, en función de su capacidad económica?
Todo el mundo coincide en la necesidad de reformar y actualizar un modelo que es fundamental para abordar el futuro. El mayor coste es no reformarlo porque España y sus Comunidades Autónomas lo necesitan. Justicia social y fiscal junto a corresponsabilidad fiscal son los pilares sobre los que debe sustentarse esta reforma.
Pregunta.- Hay derechos como la Sanidad, las Pensiones o la Vivienda que en la Constitución no están en el paquete de “Derechos Fundamentales ¿Qué opinas de que esos derechos y algún otro más, en una reforma constitucional, cambien su ubicación en la Carta Magna para ser derechos fundamentales?
Veo complicado armar mayorías suficientes para reformar la CE en estos momentos, pero hay decisiones que pueden blindar servicios públicos esenciales que en mi opinión es mucho más efectivo e inmediato para garantizar derechos fundamentales.
Pregunta.- ¿No crees que la Constitución del 78 necesita una reforma de calado, por acumulación de reformas, que la adecúen al siglo XXI?, incluyendo el excesivo aforamiento del Rey en el artículo 56.3.
La CE después de 46 años de vida es lógico que haya asuntos que exijan su reforma y actualización. Otra cosa es que haya mayorías que lo permitan. No hay que tener miedo a reformar la CE.
Pregunta.- Con una guerra en Ucrania que va camino de su tercer año, un Genocidio en curso en Palestina y Trump como presidente electo de la primera potencia mundial, qué mensaje piensas que debería emitir el Congreso, para el socialismo y la socialdemocracia del mundo, recordando que Pedro Sánchez es el presidente de la Internacional Socialista desde hace dos años.
El derecho internacional si no se respeta terminará por decaer. En eso debemos poner todos los esfuerzos políticos y diplomáticos. Condena total al recrudecimiento de bombardeos sobre población civil. La destrucción y la muerte tiene que parar en Oriente Medio, y debemos exigir un alto el fuego, el cumplimiento del Derecho Internacional y dejar claro que España está siempre con la paz y la protección de civiles.
Todo tiene un límite, aunque parece que eso no se aplica en política y en particular no se aplica al Partido Popular (PP).
Apelando a la sabiduría popular, la del pueblo: “De aquellos polvos vienen estos lodos” o “Dime con quién andas y te diré quién eres”; son expresiones que sirven para apelar a la historia del partido político que ha heredado la ideología franquista, tras la larga noche dictatorial que este país sufrió durante cuarenta años. También sirve para calibrar los valores de un dirigente político que ha mantenido relaciones de amistad con un narcotraficante y que apoya su poder institucional en VOX, un pariente cercano en lo ideológico que pone sus servicios jurídicos a disposición de quienes atacan físicamente al presidente del Gobierno, con intención de linchamiento; son características del fascismo la indolencia ante la violencia y la fascinación por eliminar al contrario físicamente.
Son ya muchas las víctimas mortales que pesan sobre las decisiones tomadas por dirigentes del PP. Las personas y las organizaciones pueden equivocarse. Si el error es reiterado ya no es error, es una forma de hacer y pensar, en todo caso deben pagar las consecuencias de sus errores. Cuando un trabajador o trabajadora comete un error en el desempeño de sus funciones es despedida fulminantemente. En esto como en tantas otras cosas, se aplica la “ley del embudo”: lo ancho para lo institucional, lo estrecho para el pueblo.
El caso del PP es tremendo, pues no es que se hayan equivocado una vez, parece que cada vez que hay una catástrofe natural, o no natural, su implicación y sus decisiones siempre quedan impunes ante la ley y en las urnas. Su alergia a las leyes de memoria democrática es indicativa de que también quieren la impunidad ante la historia. Sin embargo, Los hechos se empeñan en dejar a este Partido en evidencia. Y no solo a este Partido, también al Estado, con todas sus instituciones, pues, se supone que las instituciones del Estado están para defender al pueblo y no para proteger a corruptos e irresponsables. Luego ponen cara de extrañeza cuando les reciben con pegotazos de barro.
Se supone que las instituciones del Estado están para defender al pueblo y no para proteger a corruptos e irresponsables
Hagamos memoria:
El 9 de enero de 1959 el pueblo de Ribadelago (Zamora), fue barrido por una tromba de agua, por la rotura de la presa de Vega de Tera. Fallecieron 144 personas de los 532 habitantes del pueblo -solo se recuperaron 28 cadáveres-. Quedó probado y demostrado en el juicio que se celebró cuatro años después, que el motivo estuvo en las graves deficiencias de la construcción de la presa y lo inadecuado de los materiales. Hidroeléctrica Moncabril -fusionada con Unión Fenosa tiempo después- fue condenada a pagar 19 millones de pesetas y un año de cárcel para el director gerente, dos ingenieros y un perito. A nadie de la Administración franquista se le pidieron explicaciones o responsabilidades. La sentencia fue recurrida y los condenados indultados por el Gobierno de Franco. El control férreo sobre los medios de comunicación silenció que el juicio fuese portada de los medios de la época.
En 1959, en Ribadelago (Zamora) fallecieron 144 personas tras la rotura de una presa. Los condenados fueron indultados por el Gobierno de Franco
El PP y muchos jueces que beben de la misma filosofía se rigen por el mismo “modus operandi”.
Nosotros y nosotras no olvidamos:
En noviembre de 2002 el petrolero Prestige, con 77.000 toneladas de fuel pesado, sufrió una tormenta frente “A Costa da Morte” y terminaría hundiéndose a 250 kilómetros del litoral gallego. El vertido afectó a toda la costa del Cantábrico, desde el norte de Portugal hasta las Landas francesas, afectando principalmente a las costas de Galicia. A las 15 horas del 13 de noviembre el capitán del Prestige emite la señal de alarma a los servicios de rescate españoles. Las autoridades españolas tardaron 24 horas en tomar la decisión de alejar el barco todo lo posible. Cinco días después, el ministro de Fomento, Álvarez Cascos, pidió informes técnicos para valorar qué hacer con el barco; el 19 de noviembre el barco terminó partiéndose, hundiéndose y vertiendo toda la carga al agua. El Gobierno de Aznar solo reconocía un vertido de unas 3.000 toneladas -en el juicio se demostró que ya se habían vertido 54.000-. En esos días el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declaraba que solo se trataba de “unos hilillos de plastilina. Fauna marina y avícola sufrieron el impacto. 7.000 familias, dependientes de 2.500 barcos, vieron como su sustento quedaba paralizado. Decenas de miles de trabajadores de la industria pesquera sufrieron los efectos de la mala gestión de la catástrofe.
Nadie asumió responsabilidades, a pesar de las masivas protestas tanto en Galicia como en el resto de los territorios del Estado. El que lideró el Gabinete de Crisis fue premiado con la candidatura a presidente del Gobierno en las elecciones de 2011.
En 2002, en el caso del Prestige, gestionado por Rajoy y Aznar, nadie asumió responsabilidades por la infame gestión del desastre ambiental
El 11 de marzo de 2004 Madrid sufrió el peor atentado terrorista de la historia de nuestro país; con 193 fallecidos en la cadena de explosiones. Por mucho que el PP lo intentó, poniendo todo el aparato de propaganda del Estado a su servicio y toda la desfachatez de la que son capaces, que es muy grande, el Gobierno de Aznar no pudo desligar este cruel atentado de la guerra de invasión de Irak, en la que nos involucraron a partir de la foto de las Azores; imagen en la que Tony Blair y Aznar posaban como lacayos de la Administración de George W. Bush (la foto fue tomada el 16 marzo de 2003, la operación militar comenzó el 20 de marzo).
Esta guerra basada en falsedades, por la que ninguno de los responsables políticos ha rendido cuentas ante la Justicia, hasta la fecha, se mantuvo activa entre 2003 y 2011 y, según la revista científica The Lancet, la cifra de muertos superó los 655.000, incluyendo centenares de miles de civiles.
Una semana antes de que el Gobierno de la Nación decretase el Estado de Alarma, el 14 de marzo de 2020, desde el Gobierno de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, comenzó a restringir la derivación de personas mayores de las residencias de Madrid a los hospitales, y en el mismo mes de marzo aprobó los protocolos de la vergüenza, por los que se prohibía el traslado a los hospitales de ancianos y ancianas enfermos de COVID. Una comisión de expertos y multidisciplinar, independiente del Gobierno de Ayuso, ha estimado que, de los 7291 fallecidos en las Residencias, más de 4.000 se hubiesen podido salvar; por el contrario, se les abandonó, literalmente, dejándoles morir agónicamente.
En marzo de 2020, Isabel Díaz Ayuso aprobó los protocolos de la vergüenza, por los que se prohibía el traslado a los hospitales de ancianos y ancianas enfermos de COVID. 7291 ancianos fallecieron agónicamente en las residencias
Podríamos recordar más catástrofes como el accidente del Yak-42 (mayo-2003), con 62 muertos, o el accidente del Metro de Valencia (julio-2006) con 43 muertos.
Demasiados muertos, demasiadas malas gestiones, como para atribuirlo a la mala suerte. Es el “modus operandi” de un Partido que está convencido de que siguen siendo los dueños del cortijo y que ellos no son responsables de las consecuencias de sus decisiones y/o de su inacción en la prevención de catástrofes, naturales o no.
Hace un mes de la DANA que arrasó Valencia, donde nadie duda que, de los 221 muertos y 5 desaparecidos hasta la fecha, muchos podrían haber salvado la vida si el Gobierno del PP, presidido por el Sr. Mazón, hubiese dado la alarma a tiempo y no horas después, a destiempo, y si no hubiese desmantelado la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), y si desde hace años se hubiesen llevado a cabo las inversiones necesarias en infraestructuras, pero esas no son sus prioridades.
Como republicanos y republicanas que somos, no miramos para otro lado ante la actitud de La Corona, ante todos estos hechos y la que tuvo el 3 de octubre de 2017 frente al pueblo catalán por aspirar a decidir sobre su futuro. Fotos y buenas palabras (eso que llamamos pose) ante los desastres y los muertos, contundencia ante el riesgo de que le toquen el corral.
El pueblo ha estado una vez más en vanguardia, acudiendo en masa a ayudar a sus vecinos y vecinas, ante el abandono institucional, llenando las calles de Valencia el 9 de noviembre con una manifestación histórica en la que participaron 200.000 ciudadanos, y con otra el 23 de noviembre, lo que volverá a hacer el día 30, para exigir responsabilidades a las instituciones del Estado; en primer, lugar al Gobierno del PP que preside Mazón. Es un orgullo ver la respuesta del pueblo, sí, pero a su vez es lamentable no ver al frente de la movilización a todas las organizaciones políticas que se reclaman de izquierdas, en lugar de estar llamando a la “unidad del Estado” en torno a esas instituciones que tantas veces han fallado al pueblo trabajador, “unidad” que está siendo quebrada por la exigencia de responsabilidades y la movilización masiva del pueblo valenciano.
Tribuna Socialista 
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