Recibo con alborozo, alegría y jolgorio por mi parte esta nueva sección en Tribuna Socialista. ¿Sección Cultural? Sí. De siempre he sabido que si quería escapar de la esclavitud, que como trabajador me imponían, debía aumentar mis conocimientos y mi cultura. Objetivo conseguido. ¿Soy un liberto? ¡No! Pero soy más culto, por lo menos que cuando empecé a trabajar con dieciséis años. Y además van y me invitan a colaborar. ¿Están locos los editores de Tribuna? Creo que sí. Nunca pertenecería a un club en el que me admitieran.
¿Cultura obrera o cultura burguesa? En mis irregulares, os lo anticipo, colaboraciones no haré ascos a ninguna de las dos o de cualquier otra clase, en el caso de que la Cultura se pueda sectorizar, pese a esta declaración de principios, siguiendo con el Marxismo: «Si no le gustan mis principios, tengo otros», procuraré priorizar que mis escritos tengan alguna conexión con el lado social, político, obrero y obrerista (quítale la connotación peyorativa al término si la tiene), porque, sintiéndolo mucho, me sigo considerando de la inexistente Clase Obrera, o cualesquiera de los sinónimos o eufemismos que se han usado a lo largo de la historia en nuestro idioma (trabajadora, proletaria, económicamente débiles…).
Por eso quiero empezar por rendir un homenaje al considerado último escritor obrero que ha alcanzado lo que cualquier juntaletras sueña. Añado en este homenaje a los trabajadores y trabajadoras, nacidos aquí o fuera (guiño internacionalista) que han muerto en este trozo de tierra que tiene forma de piel de toro (guiño ibérico), por supuesto en esa lista están los que han muerto por razón del dichoso virus, o con síntomas compatibles o por cualquier circunstancia, incluida la vejez, por la que nos hayan dejado en lo que va de este annushorribilis 20/20. Nombro únicamente a los que, en el sentido más amplio de la palabra, sean o hayan sido obreros, trabajadores, asalariados, proletarios…, en algún momento de su vida. Al resto ni los desprecio, ni los humillo, ni quiero faltarles al respeto que merecen, simplemente no los incluyo.
Juan Marsé, nació con otros apellidos, fue adoptado, y como si fuera el personaje de una de sus aventis, pasó de apellidarse Faneca a Marsé, estas circunstancias ni están plenamente explicadas ni a él le gustaba ahondar en el tema. Sin formación académica fue acogido por la intelectualidad literaria y editorial barcelonesa como ‘escritor obrero’, la ‘gauche divine’ necesitaba un proletario en sus filas, tal vez sus taras fueron sus mejores armas y desde sus primeras obras los personajes obreros y sus ocupaciones deambulan por sus páginas, los tostaderos clandestinos de torrefacto, las traperías, el aprendiz del taller de joyería, el paleta, el periodista, ejerciendo los oficios que el propio Marsé había realizado, mezclados con delincuentes, con o sin pasado de represaliados políticos, ex convictos, charnegos y catalans sufren las consecuencias de la posguerra, la miseria, el hambre, la desolación de una sociedad que pelea contra la sarna y la cárcel, mientras elude a los chulos miserables que controlan los barrios enfundados en una camisa azul, escudados en un yugo y unas flechas, protegidos por unas fuerzas de seguridad, como si fueran de ocupación, vencedoras en la guerra. Su universo gravita en el barrio: el Guinardó, pero es toda Barcelona la que aparece enfocada línea tras línea y el constante intento del chico suburbial (posiblemente él mismo) por alcanzar el paraíso entrevisto a través de las verjas de las Torres de la burguesía. Mejor que leer estás palabras sumérgete en ese mundo de niños cuentacuentos como Sarnita o Rosita, jóvenes buscavidas como Java o Pijoaparte, putas, anarquistas, atracadores, creado por el que a mi juicio es el más completo, a veces complejo a veces sencillo, escritor en castellano de los últimos noventa años.
Puede que la obra cumbre de este periodo sea ‘Si te dicen que caí’, aunque te recomendaría que le leyeras cronológicamente, aprovecha que se acaba de publicar su ‘Viaje al Sur’ escrito en 1962 y tal vez pronto aparecerá una inacabada e inédita última novela. Gracias por todo Maestro.
La coordinadora esta tal del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) ha convocado un encuentro para el próximo día 7 de noviembre.
Tribuna Socialista que participa de la coordinadora, forma parte de los convocantes.
Es un encuentro necesario, de igual manera que lo es expresar nuestro apoyo al pueblo trabajador de Madrid que ha empezado a movilizarse pidiendo más medios para la sanidad pública para hacer frente a la pandemia, Ayuso responde pidiendo la intervención del ejército, más policía y guardias civiles: la pandemia no se combate con medidas represivas, sacando a la calle al ejército y a la policía, se combate contratando médicos, enfermeras y rastreadores. La represión es el único argumento del PP y Ciudadanos, apoyados por VOX. Las movilizaciones en los barrios obreros pidiendo la dimisión de Ayuso sigue creciendo.
La presidenta de la Comunidad madrileña: Isabel Diaz Ayuso debe dimitir sin demora.
La situación de la sanidad es insostenible: siguen faltando rastreadores, el inicio del curso escolar es un caos, el cierre de empresas amenaza a cientos de miles de familias. No es un problema solo del pueblo de madrileño, los trabajadores y trabajadoras de todo el país tienen las mismas dificultades. La defensa de la industria es un tema clave, la amenaza de destrucción de empleo requiere de una movilización unida de todo el sector en defensa de los puestos de trabajo, y de la la voluntad política de poner todos los medios necesarios, incluido la propia nacionalización, para garantizar todos los puestos de trabajo.
El encuentro del CATP es necesario porque los trabajadores de todo el país necesitan debatir democráticamente, cómo defender los derechos y recomponerlos de los recortes de la década pasada: los servicios públicos, el sistema de pensiones. Es preciso extender la lucha hasta ganar.
Nos sentimos plenamente identificados con el llamamiento que publicamos en la paginas de este número de TS y especialmente con las experiencias puestas en práctica con el resto de compañeros y compañeras del CATP: “En nuestra trayectoria quedan patentes las múltiples actividades, en defensa de los derechos de autodeterminación de los pueblos, las reivindicaciones sociales, los derechos de la juventud y de los pensionistas. Combatimos por la necesaria independencia y democracia interna en las organizaciones obreras, especialmente las sindicales”.
El encuentro, que se resume en 14 puntos las reivindicaciones principales que la mayoría social tiene planteadas, da un contenido preciso a las reivindicaciones sociales y democráticas. República, concentra todas las aspiraciones las de los trabajadores y las de los pueblos.
Desde Tribuna Socialista llamamos a apoyar el encuentro y a ponerse en contacto con nosotros para participar en él.
Comité de redacción
Encuentro estatal por los derechos democráticos, y la República.
Convocado por el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)
Los meses que llevamos sufriendo la pandemia de la COVID-19, han venido a agravar aún más la crisis económica que ya se veía en el horizonte y que soportan las capas sociales más débiles. Se ha producido un hundimiento social con un millón más de trabajadores en paro, alcanzando a más de 3.800.000 (a cierre de agosto) hombres y mujeres que no tienen un puesto de trabajo. Y a día de hoy, más de 660.000 trabajadores y trabajadoras están sometidos a Expedientes de Regulación Temporal del Empleo Forzosos (ERTE), con pocas esperanzas de recuperar sus empleos.
Todo ello, con un Gobierno que se muestra impotente para dar una salida digna a los graves problemas que sufrimos la ciudadanía y que no cumple con las promesas y compromisos más acu- ciantes, como la derogación de las reformas laborales, de las reformas de pensiones, de la “Ley Mordaza” o del Artº 315.3 del Código Penal.
Nos encontramos ante el mayor desprestigio de las instituciones encabezadas por la Monarquía que nos rige, todas ellas impregnadas de un tufo a franquismo que la llamada modélica Transición de 1978 no ha logrado eliminar.
No hay que engañarse, esta situación deriva de los 40 años de “juancarlismo”, el monarca im- puesto por el genocida general Franco y de todos los gobiernos de estos años de democracia tutela- da, que han transformado este país en un desierto industrial, sin recursos más allá del espejismo que supone el turismo. Esta situación conlleva una sobreexplotación de las clases trabajadoras, mediante las reformas laborales implementadas por los distintos gobiernos, que permiten y fomentan la deva- luación salarial y la precariedad del trabajo.
Cuarenta años que han permitido que grandes fortunas, incluida la del exrey Juan Carlos I, se amasen y aumenten, todo ello en detrimento de los derechos y el bienestar de la ciudadanía y de todos los pueblos que configuran el Estado español. Devaluando los servicios públicos, al entregar- los a saqueadores y especuladores de toda laya, que han enriquecido a las castas vinculadas al fran- quismo. Esta situación amenaza a los pensionistas, el futuro de la juventud y pone en riesgo la salud del conjunto de la ciudadanía. Por ello, las generaciones de hoy debe luchar por la defensa de los derechos y avances sociales conquistados por la clase trabajadora en duras luchas antes y después de la muerte del dictador.
Un régimen que sostiene una monarquía impuesta por Franco, que solo engendra corrupción, clientelismo, amiguismo y que recibe favores económicos de dictaduras como las del golfo Pérsico, donde se ha refugiado el fugitivo exrey. Contra esto, hay que poner en primera línea los valores republicanos, entendiendo que estos valores son el patrimonio de la clase trabajadora y que deben hacer suyos los sindicatos de clase, los partidos que se reclaman de la izquierda, como referencia de todas sus políticas de defensa de la clase obrera.
El CATP se formó con una inequívoca vocación republicana en 2012, en plena crisis económi- ca y política de 2008. Desde el CATP trabajamos abiertamente para que la salida de la crisis actual, agravada por la COVID-19, sea favorable a los trabajadores y trabajadoras, y a los pueblos que de- mandan su derecho a la libre autodeterminación. Entre nuestras prioridades, está acabar con el ré- gimen monárquico, pilar del capital financiero, garante de la explotación de la clase trabajadora y la opresión de los pueblos.
En nuestra trayectoria quedan patentes las múltiples actividades, en defensa de los derechos de autodeterminación de los pueblos, las reivindicaciones sociales, los derechos de la juventud y de los pensionistas. Combatimos por la necesaria independencia y democracia interna en las organizacio- nes obreras, especialmente las sindicales.
Desde el CATP, hemos lanzado una propuesta de 14 puntos, que resumen la urgencia de una respuesta a los desmanes del capital financiero y la necesidad de movilización de todos los sectores laborales para no ser siempre los mismos los que paguemos los devastadores efectos de la crisis. No podemos consentir que se utilice la COVID-19 como excusa para producir despidos masivos, en una nueva vuelta de tuerca al abaratamiento salarial y la precarización del empleo; un método de enriquecimiento para los especuladores de siempre.
El CATP, una alianza de trabajadores y pueblos, formado por hombres y mujeres de diferentes partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales, que aspiramos a unir todas estas fuerzas por una salida política de izquierda, republicana, de lucha que dé soluciones a los graves problemas que afectan a la clase trabajadora. De ahí que apoyamos todas las luchas de los/as trabajadores/as y exi- gimos la derogación de las leyes que recortan derechos laborales y democráticos.
Proponemos desde el CATP la realización de un encuentro estatal, el 7 de noviembre, para fijar la lucha política contra el régimen del 78, su Constitución y contra la institución monárquica. Este encuentro está abierto a militantes de partidos políticos, sindicalistas y colectivos que estén en sin- tonía con los 14 puntos del CATP, respaldados por formaciones políticas, colectivos sociales y sindicales, y, por cientos de ciudadanos y ciudadanas
Corren tiempos de gran crispación en el entorno político de nuestro país, cuyos dominios han invadido la totalidad de nuestra sociedad, supuestamente civilizada y Democrática. No es poco común ser testigo de discusiones «subiditas de tono» – y no de la buena forma de la expresión- en redes sociales, tertulias televisivas e incluso en las terrazas de los bares infestadas de familias y grupos de amigos, en las que se exponen ideas sustentadas en argumentos pobres – llámenles falacias, si gustan – y faltos de crítica y análisis propios de seres inteligentes y con un mínimo de Cultura.
Esta situación ahora mencionada es, en realidad, el mejor escenario en el ámbito de discusiones políticas. Lo peor se da cuando estos argumentos pierden su credibilidad y son sustituidos por insultos, blasfemias y demás falacias ad hominem. Tenemos, pues, la crispación total de la sociedad, que divide amigos y familiares. ¿Quién es, pues, el causante, el propulsor de esta situación?
Los discursos del odio, por supuesto. Formaciones políticas, así como medios de comunicación, que traen consigo prédicas cuyo único fin es el colapso de la convivencia y la posterior destrucción de la diversidad ética, moral, Cultural y política del
país. No es necesario nombrar a los organismos que dedican su labor social en cometer este ultraje a la democracia, mas todos sabemos de quién se trata. Podemos verles insultando a ministros, acampando frente a casas de vicepresidentes, o disparando con escopetas contra muñecos con una foto impresa de los rostros de miembros del Gobierno de coalición. Son los súbditos de aquellos que instan a derrocar el régimen democrático, los mismos liberticidas que, mediante el libertinaje político, infestan de odio nuestra sociedad que tanto ha sufrido las consecuencias de éste mismo.
Resulta curioso – y es indignante -, que estos totalitarios sean los autoproclamados abanderados de la libertad. ¿Qué libertad, señores? ¿La libertad de odiar al disidente? ¿La libertad de no aceptar los resultados de unas elecciones democráticas? ¿La libertad de asesinar animales e insultar a quienes se opongan a ésto?
Antes que nada, recapaciten y denle un repaso a su concepto de libertad; por el contrario, hagan y digan ustedes cuanto quieran, mas nos tendrán, a los demócratas, a los hijos de la Fraternidad, delante.
Rodolfo Martín Villa nació en 1934, y ostentó varios cargos políticos de relevancia durante la Dictadura franquista. Durante la Transición, formó parte del equipo de gobierno de Adolfo Suárez; y ya en democracia estuvo entre las filas de UCD, primero, y del Partido Popular, más tarde.
Comenzó su carrera política durante la Dictadura franquista, donde ejercería diversos cargos como Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), secretario general de la Organización Sindical o gobernador civil de Barcelona. También ostentó el cargo de procurador en las Cortes franquistas. Tras la muerte de Franco, en diciembre de 1975 entró en el gobierno como ministro de relaciones sindicales, estando presuntamente implicado en los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, por los que ahora tiene que declarar en Argentina.
Fue conocido como “la porra de la transición”
En estas fechas se conmemoran que hace 45 años, durante el mes de septiembre de 1975, tribunales militares dictaron 11 sentencias de muerte en España. Fueron dictadas en cuatro Consejos de Guerra, el primero el 28 de agosto y el último el 19 de septiembre, 22 días. Once condenas a muerte en 22 días. Eso era el franquimo.
El tribunal no necesitaba pruebas, ni testigos, ni abogados defensores, que además fueron amenazados. Sólo se leyeron las acusaciones basadas en declaraciones obtenidas por torturas y no ratificadas.
Franco terminó como había comenzado: asesinando. El régimen lanzó un mensaje claro: había llegado al poder fusilando, se había mantenido en el poder fusilando y estaba dispuesto a seguir fusilando para continuar.
Ante el rechazo internacional y la cada vez mayor contestación social en contra del régimen, se aceleraron los cambios. Muerto Franco, fue proclamado rey Juan Carlos, sucesor designado por el mismo Franco, y los gerifaltes franquistas pasaron a ser demócratas de toda la vida.
Uno de esos franquistas, ahora demócratas de toda la vida, era Martín Villa, que ha tenido que declarar ante la justicia argentina acusado por su responsabilidad en doce asesinatos que estaban encuadrados en un plan sistemático de eliminación de toda oposición política en España entre 1936 y 1978. Es decir, por delitos de lesa humanidad.
Martín Villa es un ejemplo de los franquistas que diseñaron la Transición para su beneficio, de la misma forma que se beneficiaron de la represión. Durante la dictadura fue jefe sindical, procurador en Cortes, gobernador civil, jefe del Movimiento en Barcelona e, inmediatamente después de la muerte de Franco, ministro… y demócrata de toda la vida. Como demócrata de toda la vida fue uno de los principales dirigentes de la Transición.
Ya en esa etapa fue ministro de interior, senador, diputado y tuvo diversos cargos en la empresa privada y pública, entre otros la presidencia de Endesa en su fase de privatización y hasta 93 cargos en empresas.
La represión durante la Transición permitió a Martín Villa, y a todos los mandos franquistas, mantener sus privilegios.
En el siglo pasado coexistían en España dos tipos principales de entidades financieras, con intereses opuestos, los Bancos y las Cajas de Ahorros. Con el RDL de 11/2010 de 9 de julio y con el posterior RDL 2/2011 de 18 de febrero las Cajas de Ahorro tuvieron que desaparecer, se reconvirtieron en Bancos. Frecuentemente encontramos en los medios de comunicación artículos en contra de este tipo de entidades. El público en general también muy a menudo tiene un mal concepto de ellas.
Para hablar del origen de las Cajas de Ahorro, paradójicamente, hemos de hablar primero de los Sindicatos Obreros de mediados del siglo XVIII, ya que su Caja de Resistencia, además de sostener las huelgas, tenía una vertiente asistencial. Cuando un afiliado moría, el Sindicato cuidaba de su viuda y de sus hijos huérfanos. También cubría la invalidez y la larga enfermedad de sus afiliados. Esta circunstancia comportó un incremento extraordinario de la afiliación sindical. Los burgueses más civilizados, que eran los que consideraban que la represión no podía ser la única arma contra los obreros, idearon un sistema para frenar lo que para ellos era una peligrosa progresión sindical y crearon las primeras Cajas de Ahorros, ligadas a los Montes de Piedad. Si un obrero tenía un contratiempo importante, dejaban un objeto pignorado (normalmente el colchón) a cambio del dinero que necesitaban. Cuando devolvían el dinero, lo recuperaban. Los Montes de Piedad fueron un recurso de la derecha política para atenuar el poder de los Sindicatos, cosa que consiguieron en parte. La izquierda política vio desde sus inicios en las Cajas de Ahorros un rival, lo que no favoreció una buena opinión sobre ellas.
El éxito de las Cajas ligadas a los Montes de Piedad, dieron como fruto una segunda fase de Cajas más generalistas, como por ejemplo en Cataluña, la “Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears” más conocida como “La Caixa” creada en 1904. Inicialmente, por estatutos, no podían tener como clientes personas que estuvieran por encima de un determinado nivel de renta. En ellas, además, se fomentaba el ahorro para la futura vejez, los futuros planes de jubilación.
Actualmente la opinión pública no recuerda que las Cajas de Ahorro nacieron con el propósito de fomentar y favorecer el ahorro de las clases humildes, los trabajadores. Tal es así que en sus inicios abrían solo los domingos. El único día que los obreros tenían libre. Eran entidades sin ánimo de lucro y por tanto en sus estatutos se fijaba que todos sus beneficios se destinaran a obra social. Las Cajas llegaron a ser muy potentes, llegando a controlar prácticamente más del 50% del mercado financiero. Sus beneficios eran también muy cuantiosos. Su Obra Social destinaba todos estos beneficios, repito sus estatutos así lo exigían, a toda clase de ayuda social. Millones de euros se destinaron a la investigación contra todo tipo de enfermedades, pero principalmente contra el cáncer o la SIDA. Se destinaron también a paliar la pobreza, a la integración social y laboral, a la cultura en general en todos sus ámbitos, a becas, y un largo etc. Cualquier persona, científico, asociación, empresa, ONG, artista o entidad vecinal, podía presentar su proyecto y obtener fondos si, después de su estudio, se aprobaba la concesión.
Los Bancos per contra, son entidades con propietarios, los socios, sus accionistas. Las ganancias van a parar directamente a los bolsillos de sus socios mediante el pago de dividendos. Casi todo el mundo puede ser accionista de un Banco, pero son los grandes accionistas los que tienen las mayores fortunas de este país.
El modelo de las Cajas era un modelo de éxito que ayudaba de forma activa a la gente humilde. Sin embargo, fue un modelo atacado continuamente por los diferentes estamentos. Ya en 1928 se creó la CECA, la “Confederación Española de Cajas de Ahorro” para defender sus intereses de forma unida.
¿Cuáles fueron las razones reales de su desaparición?
A mi entender hay dos que provienen de las razones que hemos comentado. Por un lado, el gran capital no podía permitir la existencia de un modelo de gestión económico exitoso que no se basara al ciento por ciento en el capitalismo salvaje de nuestros días. Tampoco podían permitir que las ganancias del sistema financiero se pudieran repartir de una forma altruista. Eran muchos beneficios que no iban a parar directamente a los poderosos de siempre. Un pastel demasiado atractivo para repartirlo con el resto de la gente.
¿Como lo consiguieron finalmente? Generando la crisis de los títulos de renta fija, la que se ha conocido como crisis de las preferentes y fomentando una campaña de descredito y desinformación sin precedentes en los medios de comunicación. Esperaron su momento y lo hicieron aprovechando las consecuencias de la crisis inmobiliaria del 2008, cuando muchas entidades financieras estaban ya debilitadas por los impagados.
A mi entender, la crisis de los títulos de renta fija tuvo unos responsables directos que no se acostumbra a nombrar en los medios de comunicación. La culpa está repartida entre la Unión Europea, el Gobierno nacional de turno, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todos ellos poniéndose, sabiéndolo o no, al servicio de la Gran Banca.
Como decíamos, los Bancos funcionan con acciones que constituyen su patrimonio. Estas acciones dan dividendos, que son la forma de repartir los beneficios entre sus accionistas. Cuando necesitan financiar sus proyectos, una forma de conseguirlo es haciendo una ampliación de capital, emitiendo más acciones.
Las Caja de Ahorros, no funcionan con acciones, no tienen dueños, no disponian de este mecanismo. Dentro de su patrimonio tenían unos títulos de renta fija que o bien formaban parte de sus activos de forma permanente o bien tenían unos vencimientos o finalidades concretas. Eran una de las formas de financiar sus proyectos. Ejemplos de renta fija podían ser las participaciones preferentes, la deuda subordinada o las cedulas hipotecarias. Cada Caixa tenía sus propias emisiones de renta fija. Títulos que no cotizaban en bolsa, que no eran de renta variable como algunos dicen aún en muchos artículos colgados por Internet, que tenían un vencimiento concreto, un tipo de interés concreto y formaban parte del patrimonio individual de cada Caja de Ahorros.
Las Cajas, a la práctica, no negociaban estos títulos entre ellas, ni con otras Entidades. Los tipos de interés de estos productos estaban siempre por encima de cualquier otro producto de mercado para que siempre fueran competitivos y deseables, y gozaban de cierto prestigio. Estos elevados tipos de interés junto con que las emisiones no eran muy grandes, hacía que siempre hubiera en cada Entidad una lista de espera de clientes que querían estos productos. Cuando, por ejemplo, un cliente deseaba vender sus títulos de deuda subordinada, se le ofrecía la compra a otro cliente de la lista de espera y así hasta su vencimiento. El cliente que quería vender recuperaba su dinero de forma inmediata. La liquidez era total con este sistema y muy semejante al funcionamiento de un plazo fijo. Muchos empleados y sus familiares figuraban en estas listas esperando la posible compra dado que se consideraban productos muy seguros y muy rentables. Tenían más de un siglo de existencia con una utilización eficiente y correcta. Estos productos además gozaban con la aprobación expresa del Banco de España. El Banco de España que, además, auditaba de forma anual las Cajas. Se comercializaron así y sin incidencias durante décadas y este sistema hubiera seguido funcionando durante tiempo y tiempo.
En el año 2011, de un día para otro, sin previo aviso ni a clientes, ni a empleados de oficinas, con la excusa de la transparencia, siguiendo unas directrices difusas de Europa, con el visto bueno del Gobierno, con el silencio y la complicidad del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se obligó a que todas las transacciones de compra y venta de estos productos (participaciones preferentes, etc…) tenían que efectuarse necesariamente a través del mercado secundario español de renta fija. De la noche a la mañana se cambiaron las reglas del juego. Se prohibía expresamente la venta individualizada entre clientes de la misma Entidad. Se obligaba a todas las empresas que habían emitido títulos de renta fija, las Cajas principalmente, pero también empresas como TELEFONICA, REPSOL, ENDESA…que también habían emitido participaciones preferentes a depositar estos títulos en un mercado global secundario. Repito de la noche a la mañana. Además, estos títulos empezaron a tener una cotización.
Cuando estos títulos entraron de forma masiva y de golpe como oferta en este mercado secundario, sin una contrapartida de demanda inmediata, lógicamente colapsaron el mercado. Su recién nacida cotización cayó en picado. Los clientes de estos productos se sintieron estafados. El mercado se colapsó durante unos años, el producto dejó de tener liquidez y a estar desprestigiado. Todos los clientes querían recuperar su dinero a la vez. Algunos lo conseguían con una pérdida considerable otros no. Todo esto provocó pánico. Los medios de comunicación incrementaron ese pánico. Fue una rueda. La idea que se transmitió era el engaño, la realidad es que un cambio legal varió el funcionamiento de estos títulos, y no permitió que se hiciera de una forma ordenada y escalonada.
Algunas Cajas, las más solventes, encontraron formas de tranquilizar y facilitar la recuperación del dinero a sus clientes. Otras Cajas ya debilitadas no pudieron hacer frente a la situación. Pero todas perdieron su prestigio y la confianza de sus clientes.
Nadie puede adivinar el futuro, los empleados fueron acusados de engañar a los clientes. Simplemente no podían prever los cambios futuros. Si lo que perseguía el legislador era favorecer un sistema más global y transparente, podría haberlo hecho dejando vencer las emisiones vigentes y fijando la nueva norma para las posteriores, por ejemplo. En mi opinión, los gobernantes eligieron este sistema, a unos por incompetencia les colaron un gol, pero otros accedieron con el claro propósito de desprestigiar y hacer desaparecer las Cajas. Cosa que consiguieron. Con su desaparición, desaparecieron también millones de euros de ayudas a través de sus Obras Sociales. Unos fondos que hacían mucha falta y que difícilmente recuperará el sistema, dado que ahora ya forman parte del patrimonio de los poderosos de siempre y que los mantienen a buen recaudo en sus ya muy repletos bolsillos.
La pandemia generada por la propagación del COVID-19 ha ocasionado hasta ahora unos 16.000 fallecimientos en la Comunidad de Madrid y la propagación de la enfermedad mantiene un crecimiento incontenible para la ciudadanía. En este momento, somos el epicentro de la pandemia a nivel nacional y europeo, pero todo el caos que esta está generando no es atribuible solo a la diseminación del virus ya que el Gobierno de nuestra Comunidad no ha implementado las medidas sociales y sanitarias necesarias para su control.
La ciudadanía madrileña observa con estupor que no se han contratado los 2.000 efectivos para el rastreo de los posibles contagios, como no se han dotado de los recursos humanos y materiales al sistema sanitario público, el abandono de los Centros de Atención Primaria, muchos de ellos cerrados, los retrasos en la obtención de los resultados de las pruebas PCR, la falta de medicalización de las residencias de la tercera edad, donde han muerto unas 6.000 personas, y la no apertura de las camas hospitalarias cerradas existentes. Tampoco se ha incrementado las frecuencias del transporte público que utiliza la ciudadanía, ahora confinada en sus barrios, para ir a sus puestos de trabajo, con lo que el grado de hacinamiento en líneas de Metro, autobuses y trenes de cercanías es considerable en las horas punta.
Por otra parte, la planificación escolar del inicio de curso para detener los focos de contagio en colegios e institutos ha sido un desastre. Los centros han sido abandonados a su suerte, sin reforzar la plantilla de profesorado ya recortada durante años, sin desdoblar turnos para evitar la masificación de las aulas, sin la atención sanitaria necesaria para los mismos, etc. Da la sensación de que toda la población es irrelevante para el Gobierno de la Comunidad y, por tanto, parece ser prescindible.
Las idioteces que oímos decir ayer a la Presidenta Ayuso son como para una portada de “El Mundo Today” ¿Cómo se puede argumentar el efecto llamada a los MENAS y a la delincuencia para pedir refuerzos de efectivos policiales, cuando la gente está muriendo? Es indignante que no se haya tomado una sola medida de las propuestas por los técnicos sanitarios y los organismos internacionales, las cuales se han utilizado con éxito en otras comunidades autónomas o de otros países. En un par de meses hemos dilapidado el esfuerzo del confinamiento durante el estado de alarma.
Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha optado por medidas represivas con el confinamiento de los barrios obreros, demandando al Gobierno Central el apoyo con más efectivos de la Policía y Guardia Civil. Algo que será inútil ante los desplazamientos imprescindibles para mantener el funcionamiento de la Comunidad.
Es indignante que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se dedique a buscar las oportunidades para el negocio de la empresa privada, cuando no a crearlas. Para ello despilfarra los recursos públicos en la financiación de los intereses privados a través de obras y proyectos innecesarios, como, por ejemplo, el hospital de campaña del IFEMA o el nuevo hospital de Valdebebas. Incurre en contradicciones como pedir constantemente la rebaja de los impuestos a las clases más acomodadas volatilizando la liquidez de la Administración para obtener recursos e implementar las medidas necesarias en el control de la pandemia y acto seguido clama porque no tiene medios económicos.
La ciudadanía está harta de ver morir a sus familiares y amigos ante la pasividad de la Administración en la búsqueda de soluciones efectivas, porque el confinamiento en guetos por criterios socioeconómicos no lo es. Por ello, las organizaciones sindicales de clase y los partidos, cuya ideología no se encuadra en el ideario neoliberal tardofranquista, han convocado una movilización para el próximo domingo día 27 de septiembre a la que el PSOE-Madrid se había unido, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, querido compañero, he podido comprobar en la prensa que, en calidad de Secretario General del PSOE madrileño y Delegado del Gobierno, acabas de anunciar la retirada de nuestro Partido de la movilización, con una argumentación equiparable a la que usa la Presidenta IDA en todas sus hilarantes intervenciones.
La militancia socialista viene reiterando la necesidad de que los socialistas mantengamos una única responsabilidad, bajo el lema “un socialista, un cargo” y entendemos en este momento aún más necesaria su exigencia. Ser a la vez Secretario General del PSOE en Madrid y Delegado del Gobierno te pone en la situación insostenible de enfrentarte a nuestros votantes naturales, para generar un estupor insoportable a muchos militantes, entre ellos yo, con la desaparición repentina del lugar que los socialistas debemos inexcusablemente ocupar, la lucha de clase contra la opresión injustificada y las decisiones injustas.
Soy militante de la Agrupación de Vicálvaro, donde ya, como Delegado del Gobierno, nos hiciste participar un espectáculo policial represivo para la ciudadanía cuando demandaba sanidad pública, algo que te comuniqué por escrito el 4 de junio y no es necesario reiterar. Considero un suicidio político para el Partido la actitud y declaraciones que acabas de hacer. No comprendo cómo el Secretario General del PSOE de Madrid no puede entender que, en esta pandemia, debemos estar al lado de la ciudadanía trabajadora, nuestro cuerpo electoral, cuando se manifiesta exigiendo sus derechos. No podemos consentir que el PSOE de Madrid continúe en el ostracismo por otros tres decenios.
Por tanto, considero imprescindible que comuniques a la militancia del PSOE madrileño que debe ser abanderada de la ciudadanía en la movilización convocada el próximo domingo y seguidamente presentes la dimisión inmediata como Secretario General del PSOE de Madrid. Como Delegado del Gobierno te debes a quien te nombra, pero como Secretario General debes tener un liderazgo frente a la militancia y a mi entender careces totalmente de él. No puedo permanecer en silencio y ser cómplice de la liquidación en Madrid del partido fundado Pablo Iglesias Posse.
La apertura del nuevo curso político no ha defraudado en absoluto a nadie. Al margen de la alta preocupación y de la incertidumbre que están generando las altas cifras y porcentajes relacionados con los rebrotes de la COVID-19, el análisis de la situación política, económica y social está ocupando un lugar muy relevante en los medios de comunicación, así como los fuertes debates sobre los problemas que más preocupan a la ciudadanía (entre otros, la seguridad en el curso escolar y universitario).
En términos políticos destaca, por su fuerte repercusión mediática, la “Operación Kitchen”, donde se ha vuelto a recordar el intolerable escándalo de la financiación ilegal del PP y, sobre todo, la actuación mafiosa de la llamada “Policía Patriótica” de Jorge Fernández Díaz (“El diablo quiere destruir España”) y Mariano Rajoy, así como el bloqueo sistemático del PP encaminado a evitar la renovación de altos cargos de los organismos del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo de Administración de RTVE…
A ello hay que añadir la esperpéntica moción de censura de VOX al gobierno en el parlamento; la situación de extrema precariedad política del president de la Generalitat de Catalunya; además de la reiterada negativa de Pablo Casado a alcanzar algún tipo de acuerdo que pueda facilitar la salida de la crisis y ayudar a gestionar las cuantiosas ayudas de la UE; y, finalmente, los renovados intentos de las derechas por desestabilizar al Gobierno golpeando de manera persistente a Unidas Podemos (UP).
En términos económicos, los PGE-2021 ocupan, sin lugar a dudas, un destacado protagonismo en las actuales circunstancias: fuerte recesión económica, déficit y deuda pública, alto índice de desempleo (sobre todo de los jóvenes), fuerte precariedad en el empleo, déficit de las políticas sociales (pensiones, dependencia y desempleo), escasa financiación de los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales), crecientes desigualdades sociales (aumento de la pobreza)… A estos importantes asuntos hay que sumar el reciente fracaso del Gobierno en la convalidación del Real Decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos (corregido en parte); además de un asunto muy relevante, nuevo e inesperado: la apertura de negociaciones para cerrar el proceso de absorción de Bankia por Caixabank.
En relación con este último punto, la derecha política y económica han valorado muy positivamente estas conversaciones (desde la “lógica económica y empresarial”) y los mercados reaccionaron de entrada con fuertes subidas bursátiles. En cualquier caso, la apertura de negociaciones contó con la aprobación e impulso del Banco Central Europeo, la decisión favorable del área económica del actual Gobierno y, particularmente, de su presidente Pedro Sánchez.
A pesar de todo, los argumentos de un cualificado sector de la izquierda (opuesto a la absorción de Bankia) deberían ser dignos de consideración y estudio. En primer lugar defienden el establecimiento de una banca pública en nuestro país (en base a Bankia y el ICO)- de acuerdo con las experiencias de los países más avanzados de la UE- y, en coherencia con ello, estiman que esta decisión hace prácticamente inviable la constitución a corto y medio plazo de un banco público. En segundo lugar, recuerdan la imperiosa necesidad de recuperar el dinero invertido por el Estado en Bankia (24.000 millones de euros). En tercer lugar, muestran su desaliento y preocupación por la fuerte concentración bancaria que se producirá en nuestro país (Abanca, Ibercaja, Liberbank, Sabadell y Unicaja pueden seguir ese camino), lo que conducirá a que tres grandes bancos concentren en torno al 80% del sector financiero (Santander, BBVA y Caixabank- Bankia) y, como consecuencia, hará más difícil la influencia del Estado en el conjunto de la economía. En cuarto lugar, los sindicatos hacen hincapié, lógicamente, en la fortísima destrucción de empleos (alrededor de 8.000 empleos) y en el recurrente cierre de oficinas bancarias (cuando menos 1.500), con la repercusión negativa que ello tendrá en la España del interior, en la España mesetaria y profunda y, más en concreto, en el colectivo de personas mayores.
En concreto, ATTAC, la Plataforma por una Banca Pública, Izquierda Unida, Izquierda socialista, los sindicatos e, incluso, una parte de la militancia más sindicalizada del PSOE se han mostrado en contra del proceso o han introducido fuertes reservas y correcciones al mismo. Además han denunciado la falta de participación y debate en el seno de la izquierda sobre un asunto de esta envergadura, a lo que hay que añadir las declaraciones contrarias al proceso de UP- participante en el actual Gobierno de coalición- por no haber participado ni siquiera en la toma de decisiones.
En definitiva, en este asunto, los partidarios de la banca pública se han encontrado ante un hecho consumado y, por lo tanto, forzados “al pataleo y la protesta”, ante una relación de fuerzas muy desfavorable para cambiar las cosas y ofrecer alternativas viables. Debemos constatar que no existe suficiente voluntad política en el Gobierno- ni cauces de participación que faciliten el debate partidario- para defender con decisión la banca pública. Sin duda, esta situación se agrava considerablemente por los efectos perversos de la COVID-19 y, particularmente, por la delicada situación que atraviesa el sector financiero: tipos de interés negativos, previsible aumento de la morosidad, riesgo de que el sector entre en pérdidas…
En todo caso, la base argumental de los defensores de la banca pública tiene una relación directa con la Constitución e, incluso, con las resoluciones congresuales del PSOE. Por eso, Pedro Sánchez debería tomar buena nota del malestar y enfado de una parte de su militancia y de los electores que le apoyaron en momentos sumamente comprometidos. En coherencia con ello, debería explicar con claridad las razones y argumentos que sustentan esta decisión (todavía no se conocen), además de informar sobre lo que el Gobierno pretende hacer en el nuevo banco (producto de la absorción) en los próximos años. Siendo todos conscientes de las dificultades existentes para contestar en concreto a esta pregunta y mucho más para impulsar una banca pública en nuestro país con todos los poderes fácticos confabulados en su contra.
En relación a las políticas laborales y sociales preocupan la prórroga de los ERTES, las dificultades para aplicar el IMV, la sostenibilidad de la Seguridad Social, el futuro del diálogo social y el fuerte deterioro de la educación y la sanidad. En este sentido, la derogación de la reforma laboral, el activar el Pacto de Toledo (también para mantener el poder adquisitivo de las pensiones), el incremento de las retribuciones de los empleados públicos y la financiación de los servicios públicos, serán asuntos prioritarios en vísperas de la negociación colectiva para el próximo año.
Particularmente preocupa la grave situación de la asistencia sanitaria en Madrid, víctima de los recortes del PP y de la nefasta gestión del Gobierno de Díaz Ayuso (empecinada en bajar impuestos y en su persistente campaña de desprestigio de Pedro Sánchez), con el agravante de que la oposición política no ha ejercido con la firmeza y eficacia necesaria su tarea ante semejante desbarajuste. Por eso, es urgente buscar alternativas políticas en la Comunidad de Madrid encaminadas a superar la caótica situación sanitaria, política, económica y social, lo que, en buena medida, pasa por la decisión que pueda tomar Ciudadanos, ante la hipotética presentación de una moción de censura, la convocatoria de unas elecciones anticipadas e, incluso, si no hay otro remedio, la intervención del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
Por estas razones, la compleja y convulsa situación política enumerada necesita un potente liderazgo. En primer lugar, el Gobierno de la Nación (PSOE-UP) debe asumir el protagonismo que le corresponde con todas las consecuencias. En segundo lugar lo deben hacer también los interlocutores sociales, en tercer lugar, las fuerzas progresistas de carácter sectorial (Mareas) y, finalmente, la ciudadanía en general en torno a las movilizaciones sociales y a la comunicación virtual. Efectivamente, a pesar de que el esfuerzo debe ser compartido y solidario, el Gobierno es el máximo responsable de marcar las pautas a seguir en este nuevo curso político. No debemos olvidar que el combate a la COVID-19, la distribución, coordinación y gestión de las ayudas de la UE y, desde luego, el generar ilusión para una salida progresista de la crisis es responsabilidad directa y exclusiva del Gobierno. Por eso, no debe extrañar que, desde diversos ámbitos políticos y económicos, se reclame al Gobierno un Plan Estratégico que fije, cuando menos, sus prioridades políticas en esta legislatura y sirva de referencia para el trabajo a desarrollar a corto y medio plazo.
En este sentido, los PGE-2021 (de marcado carácter progresista) deben ser un asunto prioritario y determinante en los próximos meses. Por eso, el primer paso debe consistir en presentar con urgencia los presupuestos pactados entre los socios del Gobierno (resulta incomprensible su demora) y después explorar la posibilidad de recuperar los apoyos de investidura, sin concesiones a los partidos independentistas que pongan en riesgo la Constitución, lo que obliga a dejar la puerta abierta a que se incorporen otros partidos políticos (Ciudadanos) e, incluso, que se puedan alcanzar acuerdos parciales con el PP en las circunstancias actuales.
En cualquier caso, el Gobierno, para ser eficaz, debe contar con la participación y apoyo de las CCAA, ayuntamientos, interlocutores sociales, universidades y, desde luego, también con la iniciativa privada, sobre todo en la distribución y gestión de las ayudas de la UE y en la aplicación y desarrollo de los PGE-2021. En este nuevo y convulso curso político nadie se puede quedar atrás en esta descomunal tarea a desarrollar en los próximos meses. Tampoco la oposición política en estos momentos verdaderamente excepcionales…
Secretario General de las Juventudes Socialistas de Puente de Vallecas (Madrid)
Jediael es Investigador predoctoral por la Universidad Autónoma de Madrid con grados en Ciencia Política y en Filosofía. Especializado en estudios de género. He desarrollado su activismo en el movimiento universitario defendiendo el asociacionismo. Expresidente y Fundador de la Asociación por la diversidad y Acción política (ADAP). Actualmente es Secretario General de las Juventudes socialistas de Puente de Vallecas y militante del PSOE.
Pregunta: Juventudes Socialistas de España siempre se ha posicionado favorable a un modelo de Estado republicano en lugar del modelo monárquico que sucedió a la dictadura. ¿Está hoy más justificado que nunca el cambio de modelo de Estado?
¿Estaría justificado que alguien por nacer en una determinada familia pudiese heredar un Estado? La historia tiene una importancia crucial, por supuesto, sin embargo, creo que habría que ir un poco más allá y reflexionar que estamos en uno de los países más desiguales de Europa Occidental, donde la pobreza y la riqueza se heredan.
Provengo de un distrito donde el nacer en determinada familia, o en un determinado lugar, condiciona verdaderamente las posibilidades de vida, y en el fondo no deja de ser, viendo un poco las estadísticas de la movilidad social en este país, que es más fácil ser o trabajar de periodista siendo hijo de periodista que habiendo estudiado la carrera de periodismo. Y yo me pregunto ¿cómo es esto posible? Parece que el principio de legitimidad de herencia, que es el que legitima la monarquía, ha permeado en la sociedad. Y es evidente, y cierto, que en toda sociedad existen desigualdades, pero que la desigualdad por herencia vinculada a los contactos se convierta en elemento central…
Por eso me gusta hablar de República vinculada a la cuestión social, algo que no puede ser ajeno a ningún Partido Socialista, ni a cualquier persona que está inspirada por la igualdad.
Y, sobre todo, un aspecto fundamental: un modelo de democracia liberal tiene que cumplir una premisa: la igualdad de oportunidades, que es elemento central de este contrato social. Entonces, a mí me gusta hablar de República, o nos gustaría hablar de República vinculada a lo social, y como cuestionamiento de ese principio de herencia que ha permeado hasta el último punto, o hasta el último espacio de la sociedad española.
Pregunta: ¿Qué opinión te merece el “culebrón” del verano protagonizado por el señor Borbón, Juan Carlos?
Bueno, creo que hay que tener en consideración el papel crucial que ha tenido Juan Carlos primero como un actor fundamental y muy importante en la Transición a la democracia, y ese papel creo que no, no está cuestionado por determinadas actividades. También recordar que la Transición la hicieron los sindicatos, la hicieron los demócratas, los partidos políticos, las asociaciones vecinales, la hizo la gente. La gente que quería libertad y democracia. Por tanto, la transición no es patrimonio de nadie. Hay actores clave, es importante Juan Carlos I, lo es. Porque como bien recoge el artículo 1.2 de la Constitución española, ese artículo republicano que está, porque está delante de la titularidad del de la forma de Estado donde se establece la monarquía (1.3), y que nos recuerda que la soberanía reside en el pueblo español. Ese es el artículo republicano por excelencia, y creo que esto no lo deberíamos de olvidar.
Respecto al culebrón del verano, todavía no hay suficiente información para juzgar con todo conocimiento de causa. Quizás la democracia, y esto ha perjudicado a la monarquía, no ha ejercido el control. Un férreo control sobre las actividades de la monarquía, que se ha sacralizado, y quizás desde la izquierda hubiéramos tenido que ser un poco más blasfemos en estos términos y vincular la democracia a la monarquía. Es decir, que hubiera habido más transparencia, y probablemente este tipo de comportamientos no se hubieran producido.
Todavía no sabemos todas las informaciones, la verdad, y creo que esto es muy importante.
Habría que hablar de ética pública, y que en el rey, como cualquier otro funcionario público, tiene que primar la lógica que Manuel Azaña llamaba el elemento central de la República, o, más importante, el espíritu de la República. Que es la ética pública.
Y sobre todo entender, que el interés general está por encima del interés particular, y la monarquía, incluso en el imaginario político, había representado esto durante toda su durante toda la historia democrática actual. Sin embargo, creo que con el culebrón del verano puede entrar en quiebra y lo que tenemos que tener claro es esto: es que las monarquías, aunque sean constitucionales, deberían de ser Repúblicas coronadas, donde el interés general esté presente primero, frente al interés particular, y parece que éste no ha sido el caso.
Pregunta: La Constitución del 78 necesita reformas de calado para dar cabida a necesidades propias del Estado español del s. XXI: federalismo en lugar de autonomismo, poder judicial, aforamientos e inviolabilidad del Rey, laicismo… ¿No consideras que la reforma es tan profunda que quizás fuese mejor una nueva Constitución?
Bueno, políticamente, aquí habría que hablar de un equilibrio de poderes y ver si verdaderamente la sociedad española, tal y como estamos, en donde hay un auge de la extrema derecha, y donde existen desafíos importantes como país, sí podríamos hablar de un consenso.
Que una nueva Constitución fuera a desarrollar más la democracia, los derechos sociales, los derechos civiles y políticos, tengo mis dudas respecto a eso por la situación del panorama político actual. Sin embargo, creo que la Constitución del 78, aunque es verdad y esto se ha hablado, necesita reformas. Pienso en una Constitución que incluyese una ampliación de los derechos sociales, y un blindaje de los mismos. Por ejemplo, también que se reconociesen y ampliasen los derechos sobre la cuestión de género, los derechos de las mujeres, y que se enfatice la igualdad; o, por ejemplo, que recogiese derechos ecológicos y de un planeta sostenible. Es decir, yo creo firmemente en que la Constitución puede ser reformada, y a mí no me genera ningún problema. De hecho, si hubiera una República en España, tiene que ser de la ley y por la ley, respetando las leyes vigentes. No podemos caer en visiones de otros tiempos donde se pensaba que lo mejor es dar un carpetazo.
Imaginemos y preguntémonos ¿qué pasaría cuando llegue la derecha al poder? También tenemos que tener claro que la República en sí debe servir para potenciar la democracia, la participación política, pero en ningún caso la República puede ser de parte. La República tendría que ser capaz de buscar ciertos consensos, por ejemplo, en nuevas formas de participación política que impliquen un avance en el s. XXI, y que yo creo que incluso la derecha podría estar de acuerdo.
En resumen, los republicanos ponemos encima de la mesa un nuevo proyecto político, que no tiene que ser rupturista respecto a la Constitución del 78,que permite y ha permitido la convivencia entre los españoles con sus elementos positivos; y el objetivo es construir un proyecto de futuro al que la sociedad quiera avanzar.
Desde una visión progresista parece que ahora, en la era de la globalización, la izquierda no consigue superar ciertas paradojas como la de aumentar el gasto social sin aumentar la deuda pública la gran dificultad de este mundo global. Entonces, parece que el proyecto de la izquierda se ha convertido en conservatista, en el sentido de por favor que nos quedemos como estamos y que no haya retrocesos. Parece que hemos perdido esa idea del proyecto político de avanzar hacia el futuro, que en el caso del Partido Socialista, o de los socialistas, siempre era avanzar a una sociedad donde se redujeran las desigualdades de clase, o las desigualdades sociales, en definitiva las desigualdades en términos amplios. En definitiva, la República puede significar esto, un proyecto de futuro para este país, en el cual ampliar, debatir y reflexionar conjuntamente, y avanzar, por ejemplo, hacia un modelo federal que también suponga intentar resolver la cuestión territorial. La república es ese proyecto que conecte la razón y la pasión de un cambio de época, un proyecto político al cual deseemos adherirnos desde las discrepancias propias del pluralismo político pero que permita encontrar esos puntos comunes de libertad, igualdad y solidaridad que definen las aspiraciones de las grandes mayorías sociales.
Pregunta: ¿Cómo convive la posición republicana de JJSS con la posición institucional del PSOE?
Con normalidad democrática entendemos que hay posiciones encontradas, pero lo bueno que las Juventudes Socialistas están para eso, para intentar ser la vanguardia de pensamiento y de acción, de pedir al partido algo más, y pedir reflexión y espacios de reflexión, debate, diálogo, de discusión.
Yo también entiendo perfectamente la posición del Partido Socialista. Es un partido de Gobierno, en el fondo, el partido que ha articulado España, y sería paradójico que el partido que articula España rompa o quite el tapón de una bañera llena de agua.
Yo no creo lo que decía Rubalcaba, que los socialistas somos republicanos de corazón, pero monárquicos de razón. No puedo entender esa máxima. Yo entiendo que la coherencia política es, si uno es republicano, trabajar por el republicanismo. Lo que implica, efectivamente, también la forma de Estado. Pero que, más allá, es decir, este Gobierno es profundamente republicano. Es un Gobierno de coalición donde diferentes elementos de izquierda, con un montón de intereses y de puntos de vista confrontados, saben dejar atrás lo particular por un bien superior, y llegar a un acuerdo por el interés general. Eso significa República, y eso va a generar una profundización democrática y social que con el tiempo llevará a una tercera República en España, estoy completamente seguro.
Tenemos una monarquía tapón, que parece que se va a vaciar y se va a caer el Estado si se quita.
Creo que ante todo hay que tener respeto. El Partido Socialista históricamente siempre ha estado y ha entendido bien España. Y cuando verdaderamente se den las condiciones, porque hay que entender una cosa, yo no querría una República que surgiera de la corrupción de la monarquía, eso simplemente sería una república sin pilares sería inestable y es no entender lo que significa verdaderamente una República, el papel de las Juventudes socialistas en sembrar el republicanismo (y parece que generacionalmente esto está pasando en España), estoy seguro que cuando llegue el momento, el Partido Socialista tras una amplia reflexión y un debate en un Congreso (donde se tienen que debatir estas cosas) cambiará de postura. Esto se hará con total normalidad, por eso lo importante es mantener un diálogo, mantener una reflexión, y que cada uno cumpla su función.
Pregunta: En el distrito de Vallecas, JJSS, habéis participado activamente en los referéndums por las República que se celebraron el pasado año. ¿Qué habría que hacer para que la posición mayoritaria que se ha expresado en esas votaciones a pie de calle se trasladase al conjunto de la sociedad?
Aquí también me gustaría dar las gracias a la Agrupación y a mis compañeros y compañeras de Puente de Vallecas, porque la verdad es que hacen un trabajo diario increíble. Hemos formado parte de ese movimiento social. Hablaba con anterioridad que la República es sembrar, y vuelvo a citar a Manuel Azaña, no se puede construir una República sin republicanos, y hemos formado parte de ese movimiento social que, bueno, se inició en los barrios. El primer referéndum fue en Puente de Vallecas, luego Vicálvaro, en las universidades, luego también se hizo a nivel central de Madrid y sabemos que las Juventudes de toda España y de Madrid han participado también en estas acciones del movimiento. Creo que no sería muy interesante hablar de cuántos miles de votos hubo o no, porque en el fondo es un ejercicio de participación política que lo que intenta es desvelar, o movilizar, o concienciar, o sacar a la luz el movimiento republicano, y en ningún caso es importante o interesante el número de votos. A mí sí que me gustaría destacar el número de votos en las universidades, esto sí porque a los estudiantes les movilizó más ir a votar a las mesas por el referéndum si Monarquía o República, que ir a votar a los rectores. Parece que es un buen termómetro para analizar la importancia, o el calado democrático, que tienen, sobre todo para las nuevas generaciones y la juventud.
Entre la gente más joven, para nosotros, República significa soñar con un proyecto político de futuro del que seamos protagonistas, y creo que cada generación, y en la historia ha estado presente, ese querer sentirse protagonista y plasmar su visión del mundo. Y creo que la República no debe basarse en el folklore del pasado con todo el respeto que me puede producir la historia del republicanismo tanto en España como en el mundo, sino avanzar hacia un proyecto nuevo de futuro. Entender esto es crucial en el posicionamiento republicano y en el partido. Nosotros como Juventudes Socialistas de Puente de Vallecas vamos a seguir trabajando en ampliar, en mantener el debate, y en sembrar republicanismo, para que el día de mañana, cuando sea el momento, podamos plantear una tercera República para este país.
Tras cinco meses y medio de pandemia, solo podemos reafirmar que este sistema económico está montado para beneficiar a una minoría social: no es la primera vez que lo decimos y lo demostramos con hechos y datos, pero la pandemia ha descarnado más aún esta estafa social.
Alguien dirá que es un punto de vista negativo, pesimista… en nuestra opinión, es puro realismo objetivo.
El COVID-19 nos pilló con los almacenes vacíos de mascarillas y de equipos de protección, para los sanitarios y para la población en general; del mismo modo que se evidenció el destrozo en la Sanidad pública, producto de los recortes y la privatización sufrida estos años atrás: escasez de respiradores, de camas UCI y de personal sanitario. La excusa: “nadie sabía que esto podía pasar”. De acuerdo, pero tenemos un ejército con armamento y nadie espera una guerra. La deuda del Estado ha crecido: nos han dicho que para paliar los efectos económicos del COVID-19. Pero ¿dónde ha ido a parar esa ingente cantidad de dinero? El conjunto de las comunidades autónomas, han recibido 16.000 millones de euros ¿qué se ha hecho con ese dinero?
Hay que auditar la gestión de la pandemia, sí, ¿por qué no?. Pero ¿cuándo se va a auditar la gestión de la crisis de 2008/2018: en la que la deuda del Estado creció del 40% al 100% del PIB?
Hemos superado los 31.100 fallecidos por coronavirus (en el momento de redactar esta editorial, a 24/09/20), pero la atención primaria no se ha reforzado, ni se ha contratado a más personal sanitario, ni a los rastreadores necesarios. Sin embargo, el ICO había puesto ya en mayo más de 60 mil millones de euros en créditos a disposición de las empresas, lo que no ha evitado que el desempleo suba hasta los 3,8 millones de trabajadores ni que haya 800.000 varados en los ERTE: muchos de ellos y ellas en grave riesgo de perder definitivamente su puesto de trabajo. Esas descomunales sumas de dinero no han impedido que se multipliquen por cuatro las colas del hambre, solo paliadas gracias al movimiento vecinal (a pesar del ostracismo al que le tienen sometido los ayuntamientos: muy particularmente los gobernados por PP y C´s con la complicidad necesaria de VOX).
Nos dicen que la economía está muy mal, pero nadie plantea exigir la devolución del dinero público prestado a las entidades financieras en la anterior crisis; una cantidad que alcanza, como mínimo, el 43% de los 140.000 millones que esperamos de Europa. Ni se abre una Investigación a la familia Borbón, para esclarecer de dónde han acumulado una fortuna en torno a 2.000 millones de euros: fortuna que no es solo del fugado. La banca obtuvo, en 2019, 13.592 millones de euros, pero se continúa destruyendo puestos de trabajo en el sector financiero y cerrando oficinas y caminando hacia una insoportable concentración bancaria.
Son solo unos ejemplos de dónde hay dinero, por si las instituciones del Estado tuviesen la voluntad política de afrontar con garantías la situación de salud pública que sufrimos.
El horizonte inmediato no es halagüeño para la clase trabajadora del Estado español, pues los “nubarrones” leídos en la prensa económica, del martes día 22, decían: “el Ejecutivo comunitario ha endurecido los criterios con los que se repartirá el fondo de recuperación Next Generation EU.” (El País/Economía). Concretamente se refería a la exigencia de una nueva reforma de la Pensiones y a atajar la dualidad del mercado laboral. Lo que significa endurecer y/o recortar el acceso a las pensiones, rebajando las cuantías y alargando la edad de jubilación. Y atacar los contratos con derechos; así, todos precarios y mal pagados, se acabó la dualidad. Es como si en una sociedad esclavista, para alcanzar la igualdad, se hubiese hecho esclavos también a los hombres libres. Quizás por estas cosas se está haciendo tan complicado encontrar el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado: nadie quiere apechugar con los costes políticos de los PP.GG.EE que exige la UE.
Ante esta dramática situación, el Gobierno continúa siendo timorato en llevar a cabo las promesas realizadas desde antes de la moción de censura: derogación de las reformas laborales, derogación de la ley Mordaza, derogación del Artículo 315,3 del Código Penal, derogación de la reforma de pensiones de 2013, entre otras leyes que dejó en herencia el Gobierno de Rajoy.
El domingo día 20, ante la dislocada situación que se vive en Madrid y las medidas de segregación de clase que el Gobierno de PP y Ciudadanos han tomado, muchos barrios de Madrid salieron a las calles, casi espontáneamente, a exigir más inversión pública en sanidad y educación. Es una pena que ninguna organización obrera, ni política ni sindical, se haya puesto al frente de la movilización que necesita la mayoría social, convocaron trastabilladamente (en el caso del PSOE de Madrid el término correcto es: patéticamente) para el día 27, por la presión recibida de la calle el anterior domingo. Da la sensación que ejercen de dique de contención ante la clamorosa necesidad de movilización para exigir justicia social y defensa de los servicios públicos.
Pero las instituciones siguen en su mundo: están enzarzadas en inhabilitar al Presidente de la Generalitat por unas simples pancartas, pero no mueven un dedo ante la corrupción crónica en La Zarzuela, ni ante el galopante desprestigio de la Justicia, a quien ni el Rey se quiere arrimar para la foto, ni ante la negligente gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, más aún; el Presidente del Gobierno se prestó el lunes 21 al espectáculo pirotécnico que montó IDA, quien todo lo arregla con medidas represivas, pidiendo más guardia civil y más policía.
Desde Tribuna Socialista llamamos a la unidad de las organizaciones que se reclaman de la izquierda y de progreso, para frenar en seco la deriva que está tomando esta nueva crisis económica, pues lleva los mismos derroteros que la anterior, pero esta es de mayores dimensiones.
La concentración bancaria en España continúa creciendo. Si la fusión de Caixabank y Bankía llega a su fin, a las cinco primeras entidades españolas actuales: Caixabank+Bankia, Santander, BBVA y Sabadell, se les sumará Bankinter y entre las nuevas cinco alcanzarán un sumatorio por volumen de activos equivalente a 1,5 veces el PIB del Estado español.
En el mundo político (al menos en la parte progresista y de izquierdas) se reflexiona con preocupación sobre la excesiva “influencia” del mercado en la política, y por ende en las decisiones que toman los poderes del Estado. Esa capacidad de “influencia” se debiera combatir y se puede medir, del mismo modo que se mide el exceso de sematotropina en el organismo para combatir el gigantismo.
La concentración de empresas no es un fenómeno nuevo ni exclusivo del sector financiero. Tras muchas décadas en este proceso de concentración para ganar cuota de mercado, rentabilidad, productividad… está deviniendo en oligopolios en sectores estructurales de la economía: algo que a los gobiernos debiera preocupar, en lugar de dedicarse a alentar.
Esta mega fusión que se está gestando entre Caixabank y Bankia, dará como resultado una entidad financiera cuyo volumen de activos será equivalente al 60% del PIB. Los organismos de la competencia y el Banco Central Europeo (BCE), utilizan el índice Herfindahl, según el cual la concentración del mercado financiero en España es “moderada”: pero claro, qué van a decir quienes están dando alas a las fusiones de las entidades financieras en Europa.
Por otra parte, los contribuyentes tenemos derecho a pedir cuentas (nunca mejor dicho) sobre la ruinosa operación de saneamiento de las entidades financieras. De los 60.000 millones de euros públicos invertidos en sanear un buen número de entidades, al menos 27.000 millones de euros netos (descontados los 2.100 recuperados por el FROB vía venta de acciones y otros 1.000 recibidos en concepto de dividendos de Bankia) están en este binomio de entidades: Caixabank y Bankía. Recordemos con cuándo, cuánto y dónde:
2010.- Caja Madrid se fusiona con Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. Operación apoyada con 4.465 millones de €.
Este mismo año se configura el Banco Mare Nostrum (BMN), compuesto por: Caja Murcia, Caixa Penedés, Caja Granada y Sa Nostra. Operación a la que el erario público aportó 1.645 millones de euros.
2011.- El Banco de España interviene el Banco de Valencia e inyecta 1.000 millones de euros de capital y le concede una línea de crédito de otros 2.000 millones.
2012.- El Banco Financiero y de Ahorros (BFA), marca bajo la que se agrupa Bankia, fue nacionalizado en su 100%. Nacionalización que conllevó una inyección de 17.959 millones de euros públicos.
En junio-12, el FROB aprueba una nueva inyección de 998 millones de euros públicos al Banco de Valencia. Entidad a la que en diciembre-12 se inyectan otros 4.500 millones de euros.
2013.-El Banco de Valencia se vende por 1 € a Caixabank, tras haber recibido un total de 6.498 millones de euros de los contribuyentes, sin contar los 2.000 de la línea de crédito de los cuales no tenemos constancia de su devolución o no.
2018.- Se integran Bankia y BMN, acumulando entre ambas entidades 24.069 millones aportados por el Estado.
En el caso concreto de Caixabank y Bankia, el Estado español pierde una gran oportunidad de dotarse de la Banca Pública que necesitamos: la Administración y la sociedad. Bankia, es aún es una entidad cuyas acciones son mayoritariamente (en un 60%) propiedad del Estado a través del FROB, lo que le da la posibilidad de orientar el servicio bancario que presta esta entidad a la sociedad. Por ejemplo: el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que no es un banco, no tiene red para la distribución de las líneas de crédito que pone a disposición de pymes y autónomos; depende de las entidades privadas para distribuir esas las líneas de crédito del Estado. Por otra parte, el ICO soportó las quejas de los bancos por el atasco sufrido en el mes de abril, cuando en realidad el problema fue que las entidades financieras han reducido tanto sus plantillas que cualquier campaña extraordinaria las satura. El trabajo termina saliendo, pero claro, como siempre, a costa del sobre esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del sector financiero.
Los trabajadores del sector son los más perjudicados de este proceso de concentración bancaria: comparando los anuarios de AEB, CECA y UNACC de 2008 y los de 2019, se han perdido más de 100.000 puestos de trabajo, el equivalente al 32% de la plantilla. Y se ha cerrado más del 40% de las sucursales.
Cada vez que se anuncia una fusión se da por descontado que habrá excedente de plantilla, pues como dijo el pasado miércoles día 16, en sede de la CEOE, el señor Pablo Fernández de Cos, Gobernador del Banco de España, entre otras muchas cosas: “las fusiones se hacen para ganar productividad”. Claro, pero la productividad no se gana solo recortando plantillas. No perdamos de vista que en los últimos cinco años, Caixabank y Bankia han recortado en torno a 10.000 puestos de trabajo.
Recortar constantemente plantillas y cerrar oficinas perjudica seriamente a los clientes. Recordemos que más del 50% de los 8.131 municipios que hay en España no tienen servicio bancario de ningún tipo. Además, en la España vaciada, no siempre es posible operar a través de la banca electrónica, pues las dificultades de conexión no son pocas.
La clientela de los bancos ha visto en los últimos años como ha caído en picado la calidad del servicio que recibían: se les fuerza a operar en los cajeros automáticos, en las web de las entidades o se les imponen bandas horarias restringidas para resolver sus gestiones. Por el contrario, se han orientado nuevos modelos de oficina con asesores financieros para los clientes con capacidad de ahorro e inversión. Sin embargo, no todos los afortunados que tienen capacidad de ahorro puede o quieren invertir en productos financieros, y no olvidemos que la gran mayoría de los españoles y españolas no tienen capacidad de ahorro.
El Estado debería dar una solución a estos problemas: tanto a la exclusión financiera que sufre una parte importante del territorio del Estado, como a las consecuencias del cambio de modelo bancario privado que abdica de la banca tradicional para orientarse casi en exclusiva a la inversión. Dos terrenos: el geográfico y el segmento de clientela que demanda servicios bancarios básicos, en los que no se haría competencia a la banca privada.
La conclusión es que con esta dinámica de concentración financiera no se benefician ni el Estado ni los clientes y mucho menos los trabajadores y trabajadoras del sector financiero (tremendamente perjudicados). Estamos a tiempo, luego no nos quejemos.
Roberto Tornamira Sánchez
Secretario Federal de FeSMC-UGT del Sector Financiero, Seguros y Oficinas
Tribuna Socialista 
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