Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Recuperar los valores de la izquierda

La tradicional reticencia, con un punto de apatía, de un sector de votantes de la izquierda para movilizarse e ir a votar, no cambia por el mero cumplimiento de un proyecto progresista que pone en marcha medidas que benefician a las clases populares y medias y reducen las desigualdades; pues requiere de un discurso que acabe con esa sensación derrotista de que la izquierda siempre está a la greña, mediante el recurso al componente simbólico, olvidado de manera incomprensible, que refuerce el sentimiento de pertenencia entorno a los valores de transformación social que son la seña de identidad histórica de la izquierda. Un relato más necesario que nunca, cuando la derecha, sin complejos ni vergüenza, se apropia de ellos con descaro por dejación de la propia izquierda política y cultural, que ha caído en la trampa de que con una buena gestión ya está todo ganado.

                Que ha olvidado qué en política, y más en una sociedad que se mueve ala velocidad de la luz, nada está consolidado para siempre: ni el propio sistema democrático ni la adscripción de valores como el de libertad a la izquierda, siendo ésta, en sus múltiples facetas, la principal vitola de su ser político junto a los de igualdad y justicia social. La fijación del discurso progresista en las medidas positivas que se llevan a cabo, no es suficiente para movilizar a una parte esencial de su electorado, que ve con pasmo como los adalides más significados de la derecha sin complejos, por ejemplo, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, se apropia y hace bandera de esos valores, sin que nadie desde la izquierda la replique con contundencia y descubra la malignidad falsa de sus afirmaciones, con datos concretos que evidencien la perversidad de su concepto de libertad que beneficia a los ricos.

                Desde la floración del discurso populista, fascista, parece que a los políticos e intelectuales de izquierda les produce reparo, repelús, meterse en ese jardín ideológico no vaya a ser que se arme la de San Quintín por recordar, con datos históricos —materia que los voceros del populismo desconocen casi por completo y por eso se la inventan con desparpajo torero—, que la libertad, igualdad y justicia social son esencia y patrimonio de la izquierda. Valores que siempre ha querido sojuzgar la derecha y la extrema derecha. Cierto que ese posible temor o dejación, pueda estar relacionado con la furia desatada por todas las fuerzas de la caverna ante la sensación de que les están cambiando su España, con medidas como la Ley de Memoria Democrática, sacar el cadáver del dictador del Valle de Cuelgamuros, el Impuesto Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y las pensiones conforme al IPC, la reforma laboral, la Ley del solo Sí es Sí, o el impuesto a la banca y grandes energéticas por sus beneficios extraordinarios. Medidas que, entre otras, han supuesto un reconocimiento y ampliación de derechos para la ciudadanía que recortan zonas de privilegio y confort de los poderosos de siempre.

                Pero, todo eso no basta sino va acompañado de un discurso, de un relato, del valor simbólico que inspira las medidas aprobadas, y las que vendrán, que las aúne y dé sentido colectivo, de izquierda, a la razón última por la que se adoptan. Sentido que no puede remitirse en exclusiva a los datos y las cifras; sino al efecto concreto que tienen en la vida de las personas y el beneficio que les procura, en línea con los valores clásicos de la izquierda: repartir y distribuir el poder y la riqueza que todavía acaparan determinados sectores y grupos sociales poderosos, en pos de una sociedad más justa.

                En estos meses asistimos, como ejemplo palmario del cabreo de esos sectores, a la rebelión de los jueces y fiscales más conservadores del poder judicial, convertidos en una especie de Partido Judicial, que con desfachatez labora en favor de la estrategia del PP de acoso y derribo del presidente del Gobierno, amparados en el poder omnímodo del que gozan en sus juzgados. Ose encastillan contra la Constitución—como hace todo dictador— en las poltronas del CGPJ, para defender la mayoría conservadora que les permite seguir nombrando jueces conservadores en los más altos escalafones del poder judicial. El ultimátum del Presidente para que el PP se avenga en el plazo de un mes a la renovación o, de lo contrario, procederá a aprobar vía parlamentaria un recorte de su capacidad para seguir nombrando jueces en el Tribunal Supremo, es el recurso que queda ante la contumacia del PP a renovarlo con la connivencia de los vocales: incluidos los progresistas.

                Pugna de sustancial calado democrático que, después de cinco años, no ha sido explicada, en su sentido y alcance público, al punto de que un sector de la izquierda la percibe como un foco más de ruido en el debate político, sin atisbar el valor trascendente que se esconde detrás, en cuanto a la mejora de la justicia y el propio sistema democrático, conforme a los valores de la izquierda. Igual sucede cuando el discurso progresista permanece inerme ante la estrategia de la derecha de acusar a la izquierda de los errores políticos que ella misma comete. Por ejemplo, nadie desde el Ejecutivo o los partidos que lo conforman, ha salido a rebatir, a desmentir, el mensaje genérico, sin pruebas y perverso, de la existencia de un foco de corrupción en el Gobierno y el entorno del Presidente, asentado en falsedades y sin pruebas. Resulta incomprensible que se pasen por alto estos mensajes, que dan verosimilitud a la máxima Goebeliana de que toda mentira repetida se convierte en verdad.

                Establecer una relación regular de los partidos y organizaciones de izquierda con intelectuales, sindicatos, agrupaciones sociales, culturales y artistas progresistas con influencia social—como la hubo en los primeros años de la transición—, sin duda permitirá forjar un mensaje más sólido y nítidamente de izquierda. Igual de necesario es reforzar y coordinar los departamentos comunicación, en las distintas esferas de poder, para que los mensajes que se lanzan a la ciudadanía tengan un poso de pedagogía de izquierda, imprescindible, para aumentar el sentimiento de comunión fática entre la ciudadanía progresista que acabe con su orfandad discursiva, cuando se ven inmersos en debates políticos o sociales en su vida cotidiana. Solo así se sentirán integrados como agentes imprescindibles en la brega por una sociedad mejor que es necesario defender a diario y, en especial, los días señalados de elección de representantes políticos.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, Profesor Universitario y Doctor en Comunicación de Masas.

A cerca de la Unión Militar Democrática (UMD).Segunda parte: Memorias de una disidencia

La primera parte de este artículo fue publicada en TS-152 (pág. 23)

Lafundaciónde la UMD, así como su posterior desarrollo, adquierensu sentido pleno si se tienen en cuentalos cambios sociales anteriormente acontecidos en España, en particular desde el comienzo de los años 60 del siglo pasado.

                Nose entiende, sin embargo,suapresurada disolución en junio de 1977, tras las primeras elecciones democráticas, en un momento en que la agitación militar ultraderechista era especialmente grave.

                Es ineludible, por tanto, considerar también el periodo de activismo desplegado por antiguos miembros de la UMD, tras su autodisolución,oponiéndose activamente algolpismo militar-franquista, hasta su presunta extinción en 1985.

                Esta segunda parte, memorias de una disidencia, está escrita con la intención de aportar algunos recuerdos concretos, muy personales, que puedan ser de utilidad para la comprensión de aquel convulso periodo histórico. Pues, a fin de cuentas, la vida militar toma su sentido verdadero cuando se está dispuesto a arriesgarse y dar la vida por el pueblo.

Activismo en la UMD

                Desde el otoño de 1975 llevé a cabo tareasinformativas y de captación,misión casi imposible dado el enorme temor que inspiraba la represión militarfranquista.

                La detención y encarcelamiento del comandante Luis Otero, junto a los capitanes Fernando Reinlein, Xosé Fortes y seis compañeros más,frenaron en seco las afiliaciones.

                El comandante Julio Busquets, sociólogo y fundador de la UMD, diputado del PSC-PSOE en las primeras elecciones democráticas de 15 de junio de 1977, me dedicó un ejemplar de su libro “El militar de carrera en España”, con una dedicatoriaque lo resume todo: “Al capitán Manuel Ruiz Robles, compañero de armas e ideas, que demostró su actitud democrática, en los años difíciles. Con todo afecto de Julio Busquets”.

                En septiembre de 1976 fui enviado por la Armada a cursar estudios de doctorado en física de la energía en la Universidad de París, durante el curso 1976/1977, efectuando frecuentes a viajes a Madrid, que me mantuvieron en contacto con la organización.

                Los compañeros que habían sido detenidos en julio de 1975, juzgados en consejo de guerra, condenados, encarcelados y expulsados del ejercito por su pertenencia a la UMD, fueron excarcelados tras la primera Ley de Amnistía de julio de 1976,junto a la mayoría de presos políticos, decretada por el rey Juan Carlos. No fue una concesión desinteresada, sino forzada por la potente movilización social. Pese a todo,siguió manteniendo expulsados del Ejército a los compañeros de la UMD.

                Celebradas las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977, la UMD se autodisolvió dos semanas después.

                La Ley de Amnistía de 1977, aprobada por el Parlamento, volvió a dejar expulsados del ejército a nuestros compañeros. Por si fuera poco, el capitán de aviación José Ignacio Domínguez, piloto de reactores y portavoz de la UMD en el exilio, fue procesado tras su regreso a España, y condenado en consejo de guerra celebrado en diciembre de 1977,aplicándosele torticeramente la “Ley de Amnistía”,que confirmó su expulsión.

                Diez años después, en 1986, se enmendó en parte esa grave injusticia, con el claro propósito de blanquear un régimen impuesto por el rey Juan Carlos, pues tampoco se les dejó incorporarse al servicio activo.

La disidencia

                Inmediatamente después de la autodisolución, algunos miembros de la UMD continuamos activos durante varios años, en oposición a los movimientos militares franquistas, que se habían intensificado tras la legalización del PCE y las primeras elecciones democráticas.

                El valeroso capitánde la UMD,Fernando Reinlein, tras su excarcelación, consiguió un empleo de periodista en Diario16 y nos facilitó, a los pocos que nos decidimos a escribir, el acceso a su famosa columna sobre temas militares,publicando rápidamente los textos que escribíamos.

                En el artículo titulado “Señores diputados”, critiqué duramente la Ley de Amnistía de 1977. Denuncié la exclusión de los compañeros condenados en consejo de guerra por pertenecer a la UMD, afirmando que habían sido olvidados. Afirmé, además, que la Ley de Amnistía establecía desequilibrios fundamentales en los cimientos de esta democracia.

                Por ello fui arrestado en 1979, interrogado con malos modos en un juzgado militar y estampada una nota desfavorable en mi hoja de hechos. El capitánJosé Altozano, excelente abogado, que fue defensor del capitán Xosé Fortes en el Consejo de Guerra contra la UMD, redactó varios recursos contra mi sanción, pero todos fueron desestimados. Sin el apoyo moral de Rosa, mi compañera,probablementeme hubiesendestruido; éramos muy jóvenes yya habían nacido nuestros seis hijos.

                Fue una ley de “punto final”que sigue, aún hoy en día, obstruyendo la acción de la justicia internacional contra los crímenes del franquismo.

                En aquellos convulsos días de 1980, con el fin de analizar la grave situación militar en España, me reuní clandestinamente en Lisboa con el antiguo jefe del Comando Operacional del Continente (COPCON), el estratega de la Revolución de los Claveles, Otelo Saraiva de Carvalho.

                Poco después, en el otoño de 1980,ocurrió un extraño incidente presuntamente urdido por las “cloacas militares”. El Comandante-Director de mi destino (CIDA)me ordenó realizar un ensayo en polígono de tiro de un artefacto temporizado que, posteriormente, ya en laboratorio,descubrí que había sido manipulado malintencionadamente. Un comandante de Infantería de Marina, perteneciente a los servicios especiales, vino a mi despacho para darme instrucciones al respecto. Mis sospechas, dada la grave situación militar, hizo que tomaseciertas precauciones.

                Durante las pruebas se produjo ladetonación prematura del cebo eléctrico. De no haber tenido la precaución de retirar la carga explosiva, nos hubiese matado a mí y al capitán de Infantería de Marina Alfonso Hidalgo Landaburu, amigo y vecino mío en las viviendas de la Armada en Madrid, que había sido delegado por el Estado Mayor para inspeccionar las pruebas. Mis superiores se negaron a abrir una investigación, con el pretexto de que era un asunto clasificado como secreto.

                Semanas después, el jefe de unabanda terrorista con tricornio, al mando de un tropel de guardias civiles, asaltaba el Parlamento. Era el detonante del autogolpe del 23-F de 1981, un episodio franquista que, si los documentos clasificados y aún secretos se desclasifican, algún día sobremos si fue instigado, como mínimo consentido, por el rey Juan Carlos Borbón, sucesor del dictador por las leyes de sucesión de 27 de julio de 1947 y de 23 de julio de 1969, huido a Abu Dabi por ladrón desde 2020.

                Al día siguiente del golpe, por la tarde-noche, el comandante Luis Otero, fundador de la UMD junto a Julio Busquets, nos reunió a algunos compañeros en su domicilio en Madrid, a fin de analizar la situación militar e informar a los partidos políticos democráticos. Se concluyó que poco o nada se podía hacer.

                Muchos años después, el citado comandante de Infantería de Marina, antiguo miembro del SECED, relacionado con el turbio asunto del artefacto temporizado, fue reconocido y denunciado por un argentino, antiguo detenido en la ESMA, un centro de tortura y exterminio de la Armada argentina. Ante el escándalo internacional, fue llamado a declarar por el Juez Garzón de la Audiencia Nacional en 1997, pero sorprendentemente tampoco se investigó, y todo quedó en el más absoluto olvido.

Manuel Ruiz Robles, es capitán de navío de la Armada (retirado), antiguo miembro de la Unión Militar Democrática (UMD).

Marcha republicana 16J

El 16 de junio, tal y como estaba previsto y organizado, miles de republicanas y republicanos, llegados de diversos puntos del Estado, nos dimos cita en las calles de Madrid, no menos de 15.000, muchos más de los 4.000 que dijo Delegación de Gobierno, quien debería comprarse unas gafas nuevas de contar manifestantes o dejar de dar por válidas las cifras que le dictan los agentes de la “fachipol”.

                La pluralidad de las organizaciones y colectivos convocantes hizo muy variados los lemas que se corearon:

                -España mañana será republicana.

                -Ni uno más, Felipe “El último”.

Estos, entre otros muchos lemas y canciones. Las conversaciones, los carteles y las pancartas hacía alusión a la necesidad de avanzar en la Democracia, considerando la República como un medio para el avance en derechos y a la Monarquía como una institución anclada en el pasado: el más distante, por ser una institución proveniente de la Edad Media; y el más cercano, ya que La Corona actual se asienta en la herencia que las leyes de sucesión del dictador impusieron a la llamada transición.

                No se trata de cambiar un rey por un presidente, eso, dicho así, es una simpleza. Se trata de que el jefe del Estado pueda ser elegido por el pueblo soberano, en lugar de un relevo por genética. Es una cuestión básica en democracia y para que la democracia pueda deshacerse los lastres del pasado.

                Se trata de que el concepto de jefe del Estado, en paralelo con la jefatura de los tres ejecitos, es el contenido de esa herencia del franquismo. Los republicanos y republicanas no queremos un jefe del Estado militar, ya lo sufrimos desde 1939 a 1975, y continúa con la misma gorra de plato desde 1975, heredada claro está.

                Para avanzar en democracia es necesario que la estructura del Estado, sus tres poderes, no sean súbditos de un o una monarca, tanto da el género, que tiene sus raíces donde las tiene la Casa Borbón.

                República no es cuestión de símbolos, banderas, conmemoraciones…siendo estas muy importantes para garantizar la memoria histórica, es cuestión de derechos:

– Derecho de los pueblos a vivir en paz, sin constantes provocaciones para la confrontación, sean estas políticas, judiciales o del tipo que sean.

– Derecho a la libertad de expresión y movilización sin ser criminalizados por leyes como la “Ley Morzada” que tan ávidamente aplican jueces y fiscales.

– Derecho a vivir con dignidad, sin que más del 26% de la población viva en la pobreza y donde el 50% de los asalariados y asalariadas viven con menos de 1.500 € netos al mes en 12 pagas.

– Derecho a una red de servicios públicos bien dotada en medios y profesionales:

  • Con facultativos en todas las urgencias extrahospitalarias.
  • Con condicionales laborales para los profesionales de la Sanidad Pública que no les obligue a migrar.
  • Con una Educación pública de calidad, en lugar de financiar con dinero público educación segregacionista y de doctrina religiosa.
  • Con un Sistema Público de Pensiones que no sea sangrado por el Estado, para justificar su pretendida privatización. Cumplimiento de la Ley 21/2021 “Auditoría”.
  • Con una red de residencia para mayores en las que no se les ponga en riesgo por subordinar el bienestar de los y las residentes a los intereses económicos de las empresas.

                Son muchos los avances pendientes en derechos, pero esos avances difícilmente se van a conseguir en un Estado cuyo modelo esta enlazado con el franquismo.

Pascual Sánchez
Militante socialista de Madrid

De acuerdo

«Nuestra capacidad para adaptarnos, y para aceptarlo todo,

es uno de los más grandes peligros que corremos.”

Stanislaw Lem

La carta nos puso los dientes largos.

                Las posibilidades se abren de pronto, como pequeñas grietas por las que se suma el encantamiento, que decía Negri, y toda nuestra resignación se hace posibilidad, y los cierres de la costumbre se abren como oportunidades de avanzar democráticamente en un país que dejó tantas cosas por hacer, tantos sentidos democráticos silenciados y sin explorar, tantos agujeros negros que ha ido rellenando la costumbre, la institucionalización, el miedo, el mal menor, la inercia, la decepción…

                La carta de Pedro Sánchez se entendió políticamente. Como esa voluntad de ruptura que asume el punto de vista subterráneo, que supera los liderazgos y sus hipotecas, las trayectorias y sus lindes, como quien se topa con el final abrupto de un camino, descubre la trampa en el juego o se da cuenta de que aquellos que te pasaron la mano por el lomo de la institucionalidad nunca han dejado de despreciarte.

                No tenía otra explicación. Una decisión que es un momento, una certeza… y que luego se hace colectiva, aclaración, relato y ruptura, abriendo en el espacio público ese momento que cambia pequeñas cosas que lo cambian todo, que devuelve al espacio público esa posibilidad que es utopía, que permite pensar de nuevo desde nuestra pluralidad política múltiple y creadora rompiendo la dinámica, tediosa a veces, del acontecer público.

                Porque nada es pequeño cuando es clave. Y qué duda cabe de que la carencia de una transición democrática en nuestro poder judicial y la elipsis profunda de nuestro mandato constitucional que afirma ufano que, del pueblo español “emanan los poderes del Estado” ha configurado un poder autónomo ─no el único, lamentablemente, de nuestro sistema político─ que se sabe actor y límite, arbitrio e influencia, agente y reparto. Y hay que recordarlo, y hay que ponerse un poco así, grandilocuente y nostálgica de lo que no ha ocurrido, aunque solo sea por contraste.

                Y quizá así se entienda mejor que no fue que el Partido Popular secuestrara durante cinco años el órgano de los jueces mientras clamaba ─y clama─ por reforzar el corporativismo de este poder autónomo del Estado, sino que fue más bien un consorcio para la defensa de los intereses profesionales individuales y colectivos de sus asociados y militantes, en la que los unos acompañaban el discurso político de los otros y éstos correspondían con la continuidad en el manejo de uno de los poderes de última instancia del Estado.

                Pactar hay que pactar, y siempre es bueno llegar a acuerdos. Pero cerrado el nombramiento del nuevo Consejo, asentado de nuevo el relato de la inanidad, la decepción, la cuota, el silencio y el hacerse perdonar por los que van a seguir mandando diga lo que diga el pueblo español, nos queda apenas, otra vez, volver al pozo de las oportunidades perdidas, al inútil plañidero del análisis de las disfuncionalidades democráticas y a la parálisis de la queja mientras el juego político avanza, dejando atrás los espacios de oportunidad que hacen a la gente protagonista de sus instituciones, como un reguero de decepción que, finalmente, habrá de traer al poder a los que entienden la política como un negocio societario, envueltos, eso sí, en banderas de colores y con su trampantojo de enemigos de la patria, como parapeto de esa corrupción estructural que los jueces adecuados nunca investigan adecuadamente.

                Y ya no hará falta que los jueces elijan a los jueces, y ya no harán falta consensos para la imparcialidad sino cuotas para el agradecimiento, y ya no hará falta un parlamento que discuta ante la opinión pública la idoneidad de unos nombramientos sino que bastará el anuncio rápido de unos nombres previamente pactados por sus partidos (bajo la mirada condescendiente de Europa), y ya no hará falta que los jueces puedan o no puedan saltar de un lado al otro del estrado sino que simplemente se avengan a seguir negociando de parte de los poderes que no emanan del pueblo.

                Y ya no hará falta legislar para que el bloqueo no vuelva a ser una herramienta posible y por lo tanto válida para surfear las reclamaciones democráticas de una ciudadanía a la que cada cierto tiempo hay que enseñarle que votar realmente tampoco cambia a todos los que realmente mandan.

Gloria Elizo Serrano

Directora del Instituto Clara Campoamor para el fortalecimiento de la Democracia

Fue vicepresidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados

Editorial: La mayoría quiere convivir en paz y no alimentar la guerra

El mes de junio ha culminado en nuestro país, de momento, con los procesos electorales que estaban fechados para el primer semestre. La lectura de los resultados en los tres procesos autonómicos y del europeo no es la misma. En Galicia (18/02/24) y Euskadi (21/04/24)no ha cambiado la composición del gobierno; en Galicia continua el PP gobernando con mayoría absoluta y en Euskadi se ha reeditado un gobierno PNV/PSE-PSOE. Estas dos comunidades tienen en común el importante ascenso cuantitativo de los partidos nacionalistas de izquierdas, BGN y EH-Bildu, en Galicia y Euskadi respectivamente.

                Las elecciones en Catalunya (12/05/24), 21 años después, han vuelto a dar la victoria al PSC-PSOE, pues desde 2003 no había sido el partido más votado en esa Comunidad. A diferencia de Galicia y Euskadi, la izquierda nacionalista catalana ha retrocedido. A fecha de cerrar esta edición de TS continua incierto el futuro inmediato de la gobernabilidad de Catalunya: ¿habrá pacto progresista PSC+ERC-Comunes o habrá repetición electoral? Dado el avance de la ultraderecha, ultraliberalismo o de los herederos del franquismo en España, cada cual llámelos como quiera, y del filofascismo en Europa, es deseable que las fuerzas de izquierda en Catalunya se pongan de acuerdo para formar gobierno y no continuar dando oportunidades a la derecha en general.

                Una conclusión que sacamos de este breve recordatorio electoral es que está claro que el Estado español es plurinacional, como irremediablemente se redactó en el Art.-2 de la Constitución del 78, aunque contradictoriamente se mezclase con el concepto de la “unidad de la nación española”. Es decir que somos plurales y una a la vez, “uno y trino” que dijo Tertuliano en el 215 d.C.

                A la convivencia en paz, que es lo que la inmensa mayoría social desea, le convendría enfocar en positivo que somos un Estado plural, con diferentes ideas de nación: española, catalana, vasca y gallega, y con muchos y muchas ciudadanas que no somos nacionalistas y que hemos nacido en cualquiera de los distintos territorios que componen el Estado. Valoremos que tenemos una gran riqueza lingüística, histórica y cultural, en lugar de la uniformidad y la pretensión de imponer una sola visión de lo que es diferente.

                Por su parte, las elecciones europeas que se celebraron el 9/6/24 han resultado ser un ciclón en Francia -con la 1ª vuelta de las elecciones generales para el 30 de este mes-, una gran tormenta en Alemania y, en general, una ola de ascenso de la extrema derecha. En España ha ganado la Abstención con el 51%, 11 puntos más que en 2019.

                Interesadamente, en Francia,se ha ensalzado el avance del Partido de la señora Le Pen. Decir que se ensalza el resultado no pretende negar en hecho de que obtenido un crecimiento del 67%, al pasar de 18 a 30 diputados. Pero si cabe la crítica por comparación, pues muy poco se dice del crecimiento del parrido Socialista, que ha sido del 86%, al pasar de 7 a 13 diputados, poco y negativo se dice del incremento del 50% de los votos de La Francia Insumisa que lidera el Sr. Mélenchon, al pasar de 6 a 9 diputados. Por el contrario, se minimiza la abultada derrota del Partido de Macron que ha caído un 43% de los votos, de 23 a 10 diputados.

                Lo anterior es lo cuantitativo. La otra lectura obligada es lo cualitativo y de ella nos quedamos con el avance en la unidad de la izquierda. Celebramos la configuración del Nuevo Frente Popular, en el que se han agrupado el Partido Socialista, La Francia Insumisa, el Partido Comunista, y otras fuerzas de izquierda y progresistas, un acuerdo de unidad que está ilusionando a los jóvenes franceses y otros colectivos de la mayoría social francesa.

                A la derecha francesa: política, económica y mediática, le preocupa más la unidad de la izquierda que llegue la extrema derecha, aunque venga recuperando las ideas fascistas del pasado.Muy parecido a lo que ocurre en España y en otros países. Prueba de ello es el pánico que le entró al líder de Los Republicanos (Eric Ciotti), la derecha tradicional francesa, que salió corriendo a buscar un acuerdo con los fascistas de Le Pen. Nada extraño en el Estado español, donde el PP cogobierna en múltiples comunidades y ayuntamientos con el partido fascista VOX.

                Los directivos de las grandes empresas francesasevitaban salir en fotos con los representantes de Reagrupamiento Nacional (RN) el partido de Le Pen, hasta el día 9 de junio. A Medef, la CEOE francesa, le faltótiempo para organizar un acto e invitar a Bardella, el candidato de RN. Los empresarios españoles, encabezados por el Sr. Garamedi, presidente de la CEOE, fueron mucho más rápidos, se hicieron una foto con Milei el 18 de mayo.

                En lo que a Alemania respecta, nos hace ilusión mencionar el gran resultado que ha obtenido el nuevo Partido BSW (Alianza Sarah Wagenknecht) “Razón y Justicia”, con el que nos une la coparticipación, a través del Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP), en el Manifiesto Internacional contra la Guerra en Ucrania que muchos y muchas firmamos bajo el lema “Ni Putin ni OTAN”. El BSW es una escisión de DIE LINKE, y en su primer proceso electoral ha sacado más diputados que DIE LINKE. En ocasiones hay que soltar lastre, única manera para que los globos aerostáticos asciendan.

                El ascenso de la extrema derecha no es un fenómeno exclusivamente europeo, es internacional. Y como a nuestro modo de ver las casualidades no existen, esto obedece a un fomento de los nacionalismos y del imperialismo que confrontan por todo el planeta en defensa de los intereses de los oligopolios en manos de multinacionales y grupos inversores (fondos buitre) con los oligarcas que se apropian de las riquezas de sus pueblos. Ya no quedan territorios que colonizar, por lo que no dudan en acudir a la guerra como forma de apropiarse del negocio para continuar creciendo económicamente.

                “No se inicia una guerra, o racionalmente no debería hacerse, sin preguntarse qué se pretende obtener mediante dicha confrontación y durante la misma.”Clausewitz.

                Parece que los irracionales que gobiernan las grandes potencias y estructuras militares tienen muy claro qué quieren obtener de las guerras y del negocio del armamento que las alimenta.

                La unidad de la izquierda, sin renunciar a la riqueza de su pluralidad, es la única vía para frenar a la extrema derecha y a la derecha de siempre; esa que tiene tentáculos en todas las instituciones para poner freno a leyes de concordia, como la Amnistía, o para dictar sentencias aberrantes que después son afeadas por los tribunales de justicia europeos. Esa unidad de la izquierda es necesaria para vacunar a la mayoría social con derechos, la mejor medicina para evitar el ascenso de cualquier tipo de derecha.

El Comité de Redacción

La Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) y Tribuna Socialista (TS)

¡Nos hemos integrado!

Tras años de colaboración, y compartiendo valores fundacionales, la revista de libre expresión política Tribuna Socialista y la Asociación Trabajo y Democracia, sus órganos de dirección y sus asociados y asociadas, hemos decidido unirnos, en la asamblea celebrada el pasado jueves 27 de junio.

                Tribuna Socialista inició su andadura el 16 de julio de 2005, en la localidad de Silla (Valencia), donde nos dimos cita militantes socialistas de distinta procedencia, para compartir:

“preocupaciones e inquietudes sobre la situación política en nuestro país, y como inciden en la mayoría social. Inquietudes y preocupaciones basadas en hechos como el intento de decretazo de 2002, contestado con una exitosa Huelga General (20-J), la gestión ignominiosa del accidente del Prestige, la antidemocrática involucración de España en una guerra genocida.”

“Dichas preocupaciones se han visto agravadas con el rumbo y la actitud que la derecha reaccionaria tomó tras los acontecimientos del 11 al 14 de marzo de 2004. Negando la democracia al pisotear las legítimas y soberanas decisiones y aspiraciones del Pueblo, como así está ocurriendo con las trabas que desde la derecha se están poniendo al proceso, esperemos que irreversible,de paz en Euskadi.”

“Es para facilitar el debate que tantos y tantas compañeros y compañeras socialistas reclaman por lo que se edita este Boletín.”

                Estos párrafos plasmados en el nº 1 de TS, en “Por qué y para qué”, reflejan muy bien el sentir y la necesidad de dar luz a las preocupaciones que teníamos hace 19 años, lo que hemos hecho a lo largo de los 155 números editados y de las decenas de declaraciones o números especiales de TS, cuando la relevancia de los acontecimientos así nos lo ha requerido. Unas inquietudes y preocupaciones que, desgraciadamente, continúan vigentes en su esencia.

“Crear un lugar de encuentro que sea plural, democrático, participativo y con afán de construir, con participación a título individual y/o como colectivo y abierto a todos y todas que quieran aportar al proyecto, entre otros, desde la Universidad y el mundo de la experiencia acumulada en el campo sindical, político y profesional para recuperar el valor del trabajo, tanto en la propia existencia, como en la política y en el espacio de la opinión pública y los medios de comunicación.”

El paralelismo en los objetivos queda plasmado nítidamente en los textos reproducidos. Coherentemente con lo expresado en los momentos constituyentes, durante estes último lustro, marcado por la pandemia, Tribuna Socialista y ASTRADE han venido colaborando y coincidiendo en distintas actividades, retroalimentándose.

                Auguramos que esta nueva etapa va a ser muy fructífera en el objetivo de contribuir a la unidad de la izquierda y a ayudar a la necesaria claridad de ideas para la consecución del bienestar de la mayoría social, fundamento de la democracia.

                La Junta Directiva y el Comité de Redacción elegidos en la Asamblea del día 27 está compuesta:

Junta Directiva

Presidente                        Roberto Tornamira Sánchez

Vicepresidenta                Gloria Mora Campos

Secretario                          Miguel Sagüés Navarro

Tesorero                             Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez

Vocal                                    María Iglesias Domínguez

Vocal                                    Baltasar Santos Fernández

Vocal                                    José Ignacio “Iñaki” Merino Montes

Vocal Eduardo Hernandez Oñate

Comité de Redacción

Roberto Tornamira Sánchez

Baltasar Santos Fernández

María Iglesias Domínguez

José Ignacio “Iñaki” Merino Montes

José Antonio Iniesta Martín

Eduardo Hernández Oñate

                Desde esta breve información damos las gracias a las asociadas y asociados de ASTRADE que han dado su apoyo a la Junta Directiva y al Comité de Redacción para iniciar este nueva e ilusionante etapa.

La Junta Directiva

Llamarlo como queráis, pero es “Lawfare”

Uno de los poderes del Estado se muestra contemplativo ante un caso de “law fare”, de esos que se dicen “de libro”. Un juez más, y ya son muchos, demasiados, irrumpe en la escena política para incidir en los resultados de unas elecciones. Es tan burda la maniobra que parece mentira, pero es tristemente cierto.

El problema sería anecdótico si la evidencia de la existencia de una fracción de la derechona añorante del franquismo dentro de las instituciones del Estado no fue tan patente y con tantos antecedentes. El problema de la indecencia filofascista que no ha salido des las instituciones es que sus actos tienen consecuencias irreparables.

Los casos de Mónica Oltra en País Valenciano, el de Alberto Rodríguez en el Congreso de los Diputados, el de los acusados de terrorismo por una pelea de bar en Alsasua, la policía patriótica actuando al servicio del PP, el juez García Castellón acusando de terrorismo a políticos catalanes…El listado de casos y hechos sería largo de relatar.

En su desesperación, la derecha política, mediática y judicial acude a lo que ya se ha visto en otros países, siempre con la misma pauta: denuncia falsa que es admitida por un juez y secundada por la correspondiente campaña política. El último caso que hemos visto de cerca fue en Portugal, contra Antonio Costa en otoño del año pasado.

Ahora el objetivo es el presidente del Gobierno, pues lo que no son capaces de conseguir en las urnas están dispuestos a alcanzarlo con el método que la extrema derecha viene implementando por el mundo.

Es la prueba de que la derecha heredera del franquismo: PP, VOX y los rescoldos de C´s, no están dispuestos a que este país pueda vivir en paz y libertad, por eso se empeñan en la confrontación y la exclusión, de ahí que hiperventilen ante la Ley de Amnistía o la Ley de Memoria Democrática.

Esta situación pone en evidencia que la transición no resolvió el problema de la dictadura. Ahora que se cumple el 80 aniversario del desembarco de Normandía, conviene recordar que los aliados aplicaron en Alemania una desnazificación, pero en España no se aplicó una depuración franquista. Por el contrario, se alentó que las estructuras institucionales de la dictadura continuasen vivas, con simples cambios de nombres, es el caso del TOP, cuyos muchos de sus magistrados pasaron a formar parte de la Audiencia nacional y del Tribunal Supremo, y claro, eso deja escuela, y de aquellos polvos estas ciénagas. De la misma manera que ministros franquistas se pusieron un traje de demócrata y constitucional y se dedicaron a constituir partidos que hoy acosan al gobierno.

Esta maniobra torticera, que irrumpe en plena campaña electoral, es un ataque frontal a la democracia y a las libertades. Una afrenta que debería ser contestada con una gran movilización ciudadana organizada y promovida por las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda. Movilización que debería ir acompañada con decisiones políticas claras, como la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la Ley 15/97 que permite y anima a la privatización de la Sanidad Pública, la puesta en marcha de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social tal como está recogido en la Ley 21/2021, la puesta en marcha de políticas contundentes para intervenir en el mercado de la vivienda, y toda una serie de necesidades de la mayoría social que debería abordar con valentía el gobierno de colación progresista actual.

El mensaje más eficaz contra la extra derecha y sus distintas versiones es la movilización y la toma de decisiones políticas en favor de la mayoría.

El Comité de Redacción
9 de junio de 2024

Nace Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores

La asociación recién creada está constituida por familiares de fallecidos y activistas en defensa de la Sanidad Pública y los Derechos Humanos.

Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), se constituye exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma.

DJRM promoverá la existencia de una trama comunitaria con un conjunto de organizaciones, colectivos sociales, asociaciones de familias de víctimas y vecinales y ciudadanos y ciudadanas conectados entre sí, que compartan una perspectiva común en torno a la necesidad de propiciar la investigación de las causas por las que 41.174 personas murieron en Residencias de mayores, en 2021, en todo el Estado, según datos publicados en https://es.statista.com/estadisticas/1201589/fallecidos-residencias-a-causa-de-covid-19-por-region-espana/

Cuatro años después, todos gobiernos de los territorios, han cerrado el escenario de sus responsabilidades. En la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en las Residencias a los que se les negó la atención médica hospitalaria, y en la que la judicatura está archivando las causas que se presentan. Queda un resquicio de esperanza con las “Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid”.

En Catalunya, el Parlament aprobó unas conclusiones en las que se evita señalar culpables directos y se avala la tesis de que “se hizo lo que se pudo porque nadie en el mundo estaba preparado“. Estas conclusiones las rechazan las familias de las víctimas, que piensan que ha habido un pacto político para minimizar la tragedia. Y deberían rechazarlas el conjunto de la sociedad, pues la falta de previsión, por parte de los poderes públicos, nos pone en riesgo a todas y a todos en materia de Salud y Dependencia.

Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no disponían de información respecto de las causas. En Asturias, Baleares, Murcia y Navarra aportaron los datos, sin explicar las causas.

En la Comunitat Valenciana sí aportó la información, pero a fecha 30 de octubre de 2020 y no a 30 de abril de aquel año.

DJRM no sólo no cierra las puertas de las instituciones políticas y jurídicas europeas, sino que organizará y canalizará acciones contundentes que permitan sensibilizar a la sociedad civil de la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido con todas sus consecuencias.

Desde DJRM nos proponemos promover, con los familiares de los residentes, una nueva Ley de Residencias, con mínimos exigibles de obligado cumplimiento comunes para todas las CC.AA.

DJRM, hace un llamamiento a la ciudadanía comprometida con la defensa de valores públicos a participar en la organización de un movimiento social que tome en sus manos la denuncia y organización contra la mafia empresarial que representa el modelo del negocio de la dependencia.

Mercedes Huertas
Presidenta de DJRM
I Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial

Razones para entender la desafección por las elecciones europeas

A partir del próximo 6 de junio están convocadas elecciones al Parlamento Europeo. En España votaremos el próximo domingo 9 de junio. La participación en las Elecciones Europeas no ha parado de descender desde la primera convocatoria en 1972. Desde 1994 menos de la mitad de los votantes europeos acude a las urnas en cada convocatoria. Solo unos pocos paises registran participaciones altas, pero la razón es que en Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia y Luxemburgo el voto es obligado. La desafección es clara, pero ¿cuáles son las razones?

Una primera razón es el carácter de «elección de segundo orden» de estos comícios. Mientras en la mayoría de elecciones, el pueblo elige sus representantes para que a su vez elijan un gobierno, en el caso de las elecciones al parlamento europeo no es así. Elegimos representantes, pero éstos no eligen ningún gobierno. El Gobierno de Europa es la «Comisión Europea» que ostenta el poder legislativo y el poder ejecutivo y cuya composición es de un miembro (comisario) por cada Estado.

De hecho, la iniciativa legislativa de los representantes elegidos por el pueblo se reduce a la posibilidad de proponer a la Comisión Europea la adopción de medidas legislativas, pero su proposición no tiene carácter vinculante. Por otro lado, no tiene ninguna facultad para controlar o decidir sobre la política económica y monetaria que es competencia exclusiva del Banco Central.

Una segunda razón, es la percepción de que cuando se trata de recortes o de fiscalizar las políticas de los países miembros, la Unión Europea tiene competencias. Cuando se trata de homogeneizar derechos en toda la Unión Europea, entonces la UE no tiene competencias, ya que las mismas residen en los estados miembros. Es decir, la misma Unión Europea que impone el cierre de los astilleros, el cierre de las minas, la libre deslocalización de industrias o que pone trabas al sector agrario y ganadero, en nombre de la “libre competencia» y la lucha contra el cambio climático, rechaza la posibilidad de establecer iguales derechos sociales para todos los europeos.

La tercera de las razones es la subordinación a los Estados Unidos. Desde su fundación, la subordinación a los intereses norteamericanos ha sido una constante. Por poner solo un ejemplo que diversos artículos de Tribuna Socialista han analizado en profundidad durante los últimos años: el papel de Europa en la guerra de Putin. ¿quién además del propio Putin está alimentando esta guerra sino EEUU? Desde el inicio de la guerra de Ucrania, ¿qué pais ha aumentado exponencialmente su cuota de mercado de gas licuado en Europa sino EEUU?

Como cuarta razón para explicar la desafección por las elecciones europeas, podemos hablar de la propia desmovilización de los partidos, especialmente los de izquierda. Por poner solo un ejemplo. ¿En cuántas agrupaciones socialistas se han organizado grupos para pegar carteles o hacer campaña electoral?. Respuesta: en muy pocas, y con un material muy exíguo: solo un 10% de los carteles de farola, ni un solo folleto explicando el programa electoral, sin carteles de papel, El resultado: menos interventores y apoderados para las mesas electorales y reducción de la militancia a ser meros espectadores de los actos en que interviene Pedro Sánchez.

Iré a votar, pero sin ilusión ni esperanza de cambio. Habría que ir pensando en constituir una nueva Europa que sea una verdadera alianza democrática de trabajadores y pueblos.

Carlos Fernández

EUROPA, MÁS EUROPA FRENTE A LA BARBARIE


Por Manolo Romero

Coordinador RUGE-UGT en Sevilla

Este 9 de junio se celebran las elecciones europeas y, probablemente, significarán el inicio de la ruptura del proceso integrador o, esperemos, de una nueva fase de profundización de las relaciones e integración entre los Estados miembros. Afirmaciones como estas pueden parecer manidas, pero esta vez no sólo está en juego el futuro del mayor proyecto de unión entre naciones de la Historia, sino el riesgo de que volvamos 70 años atrás, el riesgo de volver a esa concepción nacionalista excluyente entre pueblos, el riesgo de levantar muros entre vecinos y el riesgo de la pérdida de derechos y libertades.

Siguiendo el pensamiento de Robert Schuman, uno de los padres fundadores del proyecto comunitario, Europa está en riesgo constante, no se construye de una sola vez; sino de manera prolongada en el tiempo, con vaivenes y amenazas que hacen vital el compromiso de la ciudadanía y, en especial, de la clase trabajadora, para su supervivencia.

Hoy, de nuevo, la barbarie llama a las puertas de Europa. Algo que creíamos extinguido tras el último gran conflicto de Los Balcanes, vuelve a suceder casi treinta años después. Al margen de la amenaza en sí misma que la guerra constituye, es importante reflexionar sobre la capacidad de la Unión Europea para revolver estos conflictos y, llegado el extremo, participar de ellos para asegurar el respeto a los derechos humanos y garantizar las libertades. Si en Europa radica el origen del conflicto (no olvidemos, tanto Ucrania como Rusia son Europa), también de Europa debe partir la solución. Son muchos los intereses que giran en torno a las guerras y si en el mundo hay una institución que de verdad vele por los derechos y el progreso de las personas, esta es la Unión Europea. Por tanto, necesitamos unas instituciones comunitarias comprometidas, fuertes, solventes, ajenas a presiones de otras potencias, y que reivindiquen los valores y el acervo comunitario.

Por ello, es hoy más importante que nunca apostar por más Europa, votar con sentimiento comunitario para que quienes pretenden destruir la Unión desde dentro no se valgan de ella. Esta amenaza es la que hoy día representa la ultraderecha y el nacionalismo populista excluyente, ese que creímos superado hace tantas décadas y que hoy vuelve al albur de la desinformación y financiada, a menudo, por quienes no representan ni el 1% de la ciudadanía.

Precisamente por eso comentaba la importancia de la clase trabajadora y también las clases medias, como músculo demográfico para proteger nuestras instituciones. Porque que el progreso y la justicia social sigan siendo principios inspiradores de este proyecto transnacional nos beneficia, ante todo, a las mayorías sociales; y somos nosotros quienes tenemos el deber de protegerla.

Por ello es más importante que nunca la movilización. La paz, la convivencia, las libertades y la redistribución de la riqueza son premisas que han beneficiado a la sociedad en su conjunto, sí, pero en especial a la clase trabajadora. Quienes antes sufrían las guerras ahora disfrutan de la paz; quienes antes se veían desprotegidos y en la pobreza ante las crisis ahora reciben un sistema de protección social; o quienes eran perseguidos por su origen o religión ahora ven respetada su identidad. Todo esto es una realidad mayoritaria para los pueblos y ciudadanía de Europa. Sólo nuestra voluntad y compromiso cívico puede salvar un modelo que, pese a sus muchas carencias, nos han convertido en el lugar del mundo con mayor calidad de vida y esperanza en el futuro.

Desde las instituciones comunitarias, gracias a las fuerzas políticas mayoritarias europeas resultantes tras cada comicios, se han impulsado a lo largo del tiempo medidas que han mejorado sustancialmente la vida de la gente. Muchas de ellas, que repercuten en las mayorías sociales, que han fortalecido el salario mínimo, regulación de las plataformas digitales o el teletrabajo, aportado nuevos derechos por la conciliación, la exigencia de modificar la regulación del despido porque sale demasiado barato, medidas para mejorar la vida de la juventud, etc.

En definitiva, en estos momentos de crispación en los que recorre Europa la amenaza de la polarización social, basada en los bulos y en la guerra del último contra el penúltimo, frente al extremismo, apostemos por más Europa. Como dijo Altiero Spinelli, otro de los padres fundadores del proyecto europeo, “sólo el europeísmo de verdad y una soberanía propiamente europea permitirá que sean los europeos los que resuelvan sus problemas”.

Sevilla, a 31 de mayo de 2024.