Categoría: PSOE

¿Es hora de federalismo?

El pasado 24 de octubre, el colectivo de federalistas del Penedés, colectivo impulsado desde la agrupación local del PSC, organizó la primera charla del ciclo «hablemos de federalismo». En esta primera charla, el senador Gabriel Colomé nos habló, con su particular ironía y gracia personal, de la historia de los nacionalismos españoles, incluído los periféricos y el central. Desmontar la mitología y falsedades creadas para alimentar los nacionalismos, desde la época del romanticismo, es la primera cuestión para darnos cuenta de que España es un estado verdaderamente plurinacional.

La creación del estado de las autonomías fue una manera de negar la voluntar de autogobierno de algunas regiones, creando el artificio de las nacionalidades históricas que accedieron a la autonomía por la llamada vía rápida, a las que se añadieron posteriormente el resto de autonomías.

Los senadores Gabriel Colomé y Núria Rovira presentes en el acto organizado en el Vendrell (Tarragona)

Desde su creación, la evolución autonómica ha sido dispar, existiendo regiones que han desarrollado todas las competencias, y otras que no.

De la misma manera, algunas regiones ya partían de un método de financiación autonómico singular, como el Pais Vasco y Navarra, y otras tres tienen aprobados en sus estatutos la posibilidad de desarrollo de una hacienda propia. Tal es el caso, no solo de Catalunya, que ahora quiere desarrollar esta idea para recaudar los impuestos, sino también Andalucía y Valencia, que copiaron el Estatut de Cataluña, aunque no fueron impugnados como sí lo fue el de Cataluña.

De esta manera, tenemos cinco autonomías que tienen o pueden desarrollar modelos de financiación singular, y autonomías que quedarían ancladas en el regimen común de financiación, al menos por ahora

Baltasar Santos durante su intervención en el acto

Una evolución hacia un federalismo real pasa por reconocer esta diferencia en el desarrollo competencial, en los diferentes modelos de financiación singular y común, pero también, pasa por la necesidad de convertir el Senado en una auténtica cámara de representación territorial, federal.
En el acto, también hubo intervenciones que ponían el acento en la dificultad de avanzar hacia el federalismo real, con la representación política actual, especialmente, en la derecha, pero también con algunas posiciones retrógradas dentro del propio PSOE. De la misma manera, algunas intervenciones también pusieron el acento en la dificultad que representa la monarquía para avanzar hacia el federalismo.

Sea como fuere, el próximo congreso del PSOE debe significar un avance hacia el federalismo real.

Montse Salvatierra
Militante PSC el Vendrell

Especial congreso del PSOE. Democracia interna en las organizaciones sí, pero efectiva.

En los congresos de las organizaciones de la izquierda se pone en marcha una especie de ceremonia, más de forma que efectiva. El resultado es el desistimiento de un importante número de afiliadas y afiliados que a lo largo del tiempo han afianzado la percepción de que el resultado del congreso es como la comida de catering, que está precocinada. Ante lo que dejan de participar o directamente abandonan la organización.

                En mi reflexión no estoy pensando en las organizaciones de la derecha: partidos y asociaciones patronales, las cuales son presidencialistas por naturaleza, con unos parámetros empresariales, aunque hayan adquirido el formalismo democrático para salvar las apariencias y cumplir la ley.

                Sin embargo, tanto en las organizaciones de izquierda como de derechas, en los procesos congresuales en los que se produce la confrontación por la dirección, si que se incrementa notablemente el desarrollo democrático del proceso, pues todos se exigen mutuamente el cumplimiento escrupuloso de los estatutos, aunque el grupo que ostenta la dirección, lo que se conoce como “el aparato”, tiene la capacidad de interpretar dichos estatutos. Esto ocurre cuando se desata la lucha por el control de la organización, normalmente en detrimento del debate de las ideas.

                Importantes partidos y sindicatos de nuestro país tienen ya fechados sus congresos en un espacio temporal de ocho o nueve meses:

  • UGT celebra su 44º Congreso Confederal, en Barcelona, del 25 al 27 de noviembre de 2024
  • PSOE celebra su 41º Congreso Federal, en Sevilla, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2024
  • ERC celebra un Congreso de carácter extraordinario el 30 de noviembre de 2024.
  • CCOO celebrará su XIII Congreso Confederal, en Madrid, del 19 al 21 de junio de 2025.
  • Podemos tiene previsto celebrar su V Asamblea Ciudadana en junio de 2025.

                Cada organización tiene sus normas estatutarias, incluso sus usos y costumbres, a la hora de desarrollar el proceso congresual. También varía el procedimiento, y esto es lógico, en función del tamaño de la organización, es decir, el proceso se hace más complejo y laborioso cuanto mayor es el número afiliados y afiliadas que componen la organización.

                Un hecho diferencial entre Podemos y las demás organizaciones es que funcionan con el modelo de “democracia participativa”, de carácter asambleario y las demás adoptan la “democracia representativa”, vía congresos, de abajo arriba o de arriba abajo, para el desarrollo de sus procesos.

                Hechas las consideraciones objetivas, paso a la crítica positiva; a modo de sugerencia para el debate entre militantes.

                La democracia deja de ser efectiva desde el momento en el que se establecen porcentajes y dificultades para que cualquier militante pueda participar en el congreso de su organización. Esto ocurre porque no todos y todas las militantes tienen acceso a los documentos que establecen las bases de la convocatoria o no con el tiempo de antelación suficiente.

La democracia deja de ser efectiva desde el momento en el que se establecen porcentajes y dificultades para que cualquier militante pueda participar en el congreso de su organización

                Se establecen plazos cortos para presentar avales, en el caso de querer optar a la secretaría general. O se condiciona un número de avales que puede parecer poco en términos relativos, pero que en números absolutos es superior a la población de más del 60% de los municipios del Estado español. Por ejemplo, si para presentar candidatura a la secretaría general, en una organización de unos 200.000 afiliadas y afiliados censados, se exige el 3% de avales, estamos hablando de 6.000 avales ¿disponen todos y todas las afiliadas del censo del Partido para poder dirigirse a todas y todos los afiliados para proponerles el acto del aval? No ¿Desde una agrupación de un barrio o un pueblo, un militante tiene capacidad para, efectivamente, alcanzar ese número mínimo de avales? No. Sin embargo, desde la Dirección del Partido se dispone dele-mail, teléfono, dirección, etc., de todas y todos los afiliados y afiliadas y se cuenta con la inestimable colaboración de las federaciones y/o agrupaciones territoriales y locales.

                Lo mismo ocurre para la elección de las delegaciones a los congresos extraordinarios en los que serán elegidos y elegidas las delegadas al congreso superior, proceso en el que se establecen plazos de 6 o 7 días para presentar candidaturas y para presentar avales, etc. En este caso, en las candidaturas, como en las elecciones generales, autonómicas o municipales, se abre la cuestión de si las candidaturas son abiertas o cerradas; un debate que va más allá de las fronteras de una organización.

¿disponen todos y todas las afiliadas del censo del Partido para poder dirigirse a todas y todos los afiliados para proponerles el acto del aval?

                La democracia no es efectiva no solo cuantitativamente, también ocurre en lo cualitativo. Por ejemplo, en lugar de que todas y todos los militantes pudiesen enviar sus propuestas de acción política o sindical -dependiendo de qué tipo de organización- y que esas propuestas fuesen refundidas en un documento Base en el que estuviesen contenidas todas las reivindicaciones y necesidades desde abajo, lo que habitualmente se hace es que la Dirección encarga a un grupo, normalmente de afines o como mínimo mayoritariamente de afines, para que redacte un documente Base. Documento que, bastante voluminoso, llegará a las bases un mes antes del congreso, se les dará unos días, pocos, para que lo lean y hagan enmiendas que tendrán que obtener un porcentaje, por ejemplo: del 30% de sus asambleas de agrupación, con el único compromiso de ser debatidas y estudiadas en el ámbito territorial superior, donde, con un nuevo porcentaje, serán aprobadas las que obtengan otro 30% de todo el ámbito territorial.

                Todo este farragoso proceso, que a mi modo de ver vicia la democracia, pone a salvo las posiciones políticas de la Dirección, pues “la cadena de mando”, en los hechos y a lo largo del complejo procedimiento, ya se ocupa de que no lleguen al congreso federal o confederal propuestas con las que unos pocos (la dirección) no están de acuerdo.

                En ocasiones ha ocurrido que se ha escapado una propuesta que a la dirección le resulta incómoda: república, defensa de lo público… ese tipo de cosas que se suelen caracterizar por los hombres y mujeres de Estado como posiciones “antisistema”. En estos casos entran en funcionamiento todo tipo de argucias, que suelen llevar a cabo los famosos “fontaneros”, con un alto grado de presión contra los proponentes para que desistan de llevar al plenario tal o cual enmienda que ha superado todos los filtros.

El farragoso proceso (redacción de ponencias y presentación de enmiendas), que a mi modo de ver vicia la democracia, pone a salvo las posiciones políticas de la Dirección

                Este proceder lleva a que cada día sean más los y las militantes que se abstienen de participar en el proceso congresual, tanto de acudir como de escribir, quedan así las manos libres a quien ostenta el poder dentro de las organizaciones; grupos que se enquistan durante años y terminan apropiándose de una organización que por naturaleza es de los militantes y no de uno o varios.

Cada día son más los militantes que se abstienen de participar en el proceso congresual, tanto de acudir como de escribir, quedando así las manos libres para los que ostentan el poder dentro de las organizaciones

                Si tal o cual dirección de una organización influyente en la vida democrática de una sociedad es cooptada por intereses espurios a la organización, pues terminamos entendiendo la brecha, cada vez mayor, que se ha abierto entre bases militantes y dirección y que el sentir de la mayoría social sea de rechazo a la política. Pero esto de la cooptación lo dejo para en próximo número, junto con lo de las listas abiertas o cerradas.

Roberto Tornamira Sánchez
Afiliado de la Agrupación de PSM-PSOE-Arganzuela   

Especial Congreso del PSOE. Un congreso crucial para la mayoría social

Abrimos en este número de Tribuna Socialista una sección especial congreso del PSOE que se mantendrá activa hasta su celebración. Una sección en la que los socios y socias de ASTRADE así como los lectores de TRIBUNA SOCIALISTA podrán publicar aquellos contenidos de relevancia para mejorar los derechos y libertades de la clase trabajadora de este país

El Partido Socialista afronta una nueva etapa con la convocatoria del 41º Congreso Federal Ordinario para los próximos días 29 y 30 de noviembre, y el 1 de diciembre, en Sevilla.
Tribuna Socialista no es un órgano de comunicación del PSOE. Sin embargo, la difusión de TS tiene una amplia aceptación entre las agrupaciones socialistas, y entre la militancia socialista. Por ello, y habida cuenta de la importancia de este Congreso para la definición de las políticas y estrategias más necesarias para la clase trabajadora, y habida cuenta de que el PSOE es el partido de referencia para la mayoría de trabajadores de nuestro país, creemos que los debates que tengan lugar en este congreso son de interés para todos nuestros lectores.
Un congreso que se celebra en otoño igual que los congresos de la UGT, de ERC de Junts, del PNV y de SUMAR. Por tanto, en pocos meses, los diferentes partidos políticos van a definir no solo sus políticas sino también los liderazgos y estrategias.
Para la clase trabajadora en su conjunto, es fundamental que los liderazgos y políticas que se definan respondan al interés de la mayoría social y que, por tanto, sirvan para afianzar acuerdos entre los partidos que dieron apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, y la conformación de un gobierno de progreso, con el objetivo de avanzar en el progreso colectivo de nuestro país.
En el capítulo de liderazgos, el actual secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado dispuesto a presentar su candidatura a la reelección al cargo orgánico. Veremos en las próximas semanas si los barones críticos con la política de pactos del partido, y críticos con los indultos y la amnistía y, que en general, defienden posiciones más próximas a la derecha centralizadora, logran presentar sus alternativas a la deliberación del congreso.
En cuanto al contenido del Congreso, el 25 de octubre se remitirá a todo el partido la ponencia marco y el informe de gestión de los órganos federales del partido. Las asambleas de las Agrupaciones Locales podrán proponer sus enmiendas hasta el 4 de noviembre. Estas aportaciones se recogerán en una memoria definitiva el 19 de noviembre.
En definitiva, el congreso del PSOE llega en un momento crucial, de grandes desafíos para nuestra democracia: la apuesta federalista, la financiación autonómica, la mejora de los servicios públicos, el auge de la ultraderecha, la regeneración democrática, el cambio climático, la igualdad, la vivienda o la posición y papel de España en un contexto internacional, marcado por la escalada belicista, y por el genocidio del pueblo palestino a manos del infame Netanyahu.

Comité de Redacción

Especial Congreso del PSOE. Federalismo.

Necesitamos un nuevo marco de relación entre los pueblos que supere «el café para todos» autonómico y que garantice los derechos y conquistas sociales de la clase trabajadora de nuestro país, la justicia social y suponga un marco de convivencia compartido entre las diferentes nacionalidades de este estado plurinacional llamado España

La Constitución española de 1978 se aprobó tres años después de la muerte del dictador e instauró «el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones» que forman el Estado. Dicho reconocimiento de las autonomías era una reivindicación de las llamadas nacionalidades históricas, como Euskadi o Cataluña, cuya voluntad de autogobierno arranca en el siglo XI con la constitución de uno de los primeros parlamentos del mundo, sino el primero (existe cierta polémica sobre si fue en León donde se constituyó el parlamento más antiguo del mundo ).

En la II República algunas regiones aprobaron su estatuto de autonomía

Históricamente, es con la proclamación de la II República, cuando algunas regiones aprobaron sus estatutos de autonomía. Concretamente: Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco. De hecho, Francesc Macià proclamó el 14 de abril de 1931 la república catalana dentro de la federación de pueblos ibéricos.

Francesc Macià proclamó el 14 de abril de 1931 la república catalana dentro de la federación de pueblos ibéricos

Sin embargo, unos años más tarde, la dictadura acabó con las aspiraciones de los pueblos de avanzar en su autogobierno dentro de España o dentro de Iberia (incluyendo a Portugal) proclamando la unidad de la patria y no es sino hasta años después de la muerte del dictador que se restituye la posibilidad de que los pueblos se constituyan en comunidades autónomas.

La dictadura de Franco proclamó la «Unidad de la Patria» hasta que en 1979, muerto el dictador, se creó el denominado «Estado de las Autonomías»

Este hecho supuso un cambio de 180 grados con respecto a la dictadura franquista, que se basaba en planes centralizados tradicionales, para dar lugar a una organización estatal en la que se reconocía, siquiera parcialmente, las aspiraciones de los pueblos de avanzar en su autogobierno. Sin embargo, la realidad es que tal estado autonómico no podía permitirse el lujo de que hubiera regiones organizadas con estatuto de autonomía y otras provincias no organizadas en autonomía, por lo que se aplicó el “café para todos”, y en algunos casos incluso se obligó por decreto a que algunas provincias reticentes se incorporaran a una comunidad autónoma, como fue el caso de Segovia.
Desde la constitución de las 17 comunidades autónomas, éstas han ido desarrollando las competencias que tienen asignadas (exclusivas o no) a diferentes velocidades.
Dicho de otra manera, aunque todas las comunidades tienen acceso a las mismas competencias delegadas del estado, existen comunidades autónomas que han desarrollado esas competencias y otras que no, como muestra de las diferentes voluntades de autogobierno de los diferentes pueblos del estado español.

No todas las CCAA han desarrollado las mismas competencias a las que todas pueden acceder

Las comunidades gobernadas por el PP, en cuanto al desarrollo autonómico, siguen la estrategia del perro del hortelano, que «ni come ni deja comer», y se rasgan las vestiduras clamando contra comunidades que como es el caso de Catalunya, quieren seguir desarrollando su capacidad de autogobierno, dentro del marco constitucional.

En cuanto al desarrollo autonómico, las CCAA gobernadas por el PP ni comen ni dejan comer

De ahí, por poner un solo ejemplo, el gran debate abierto sobre “la financiación singular de Cataluña”, comunidad autónoma que basándose en su propio Estatuto de Autonomía (refrendado por el pueblo catalán y aprobado (y reformado) por el Congreso de los diputados) quiere seguir avanzando en el desarrollo competencial, y en el sostenimiento de los servicios públicos para hacerlo posible.
Por otro lado, cabe decir, que en el ejercicio de sus competencias, sobre todo en el ámbito fiscal, las comunidades autónomas han aplicado diferentes medidas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha rebajado los impuestos a las rentas más altas, mientras que otras comunidades no lo han hecho. Como ha manifestado Salvador Illa recientemente, «no pueden dar lecciones los que rebajan los impuestos a los ricos».

No supone ningún problema avanzar en la transformación del Estado, profundizando en el desarrollo competencial. Un desarrollo que como hasta hoy en día, puede seguir siendo asimétrico, con diferentes grados de autonomía o distintas competencias, o bien caminar al Estado Federal.


El PP entiende las autonomías como el cortijo desde el cual regalar privilegios y prevendas a los amiguetes, a los especuladores, y a las rentas más altas tal y como hace Ayuso en la comunidad de Madrid.
Pero si a Cataluña se le ocurre abrir el debate sobre la necesidad de establecer una financiación singular, el PP enseguida apela a la igualdad de los españoles. Igualdad que profanan en sus propias comunidades con medidas políticas y fiscales liberales.

El PP entiende las autonomías como el cortijo desde el que regalar privilegios y prevendas a sus amiguetes y especuladores, pero claman, cínicamente por la igualdad si Catalunya negocia una nueva financiación para atender a su población

Eso no quiere decir que las comunidades autónomas estén bien financiadas, que no lo están. Y de hecho, esa infrafinanciación de las autonomías es un caldo de cultivo magnífico para reducir servicios públicos y liberalizar el sector público. Al mismo tiempo, una política fiscal ultraliberal como la que aplica Ayuso también produce infrafinanciación.

La infrafinanciación de las autonomías es la excusa perfecta para privatizar el sector público, pero también es el resultado de una politica fiscal ultraliberal

Por tanto, no es de extrañar que Ayuso se sienta cómoda con un «status quo» autonómico que le permite practicar el «dumping fiscal» para privatizar servicios públicos como las residencias o la sanidad.

Ayuso se siente cómoda en un modelo autonómico que le permite practicar el «dumping fiscal» mientras privatiza servicios públicos como las residencias o la sanidad

Ni el diferente desarrollo competencial ni el dumping fiscal aconsejan repetir la fórmula del “café para todos”, siendo necesario avanzar en un modelo de estado federal.
El Federalismo es una evolución del estado de las autonomías que puede permitir avance en la clarificación del Artº 2 de la Constitución y la pluralidad de pueblos que componen el Estado español , asegurando la solidaridad de los pueblos, y permitiendo que las diferentes regiones con voluntad de autogobierno puedan tener la financiación necesaria para satisfacer las necesidades de la clase trabajadora.
Tanto el Estado de las Autonomías, como el hipotético Estado Federal tienen ese fundamento: los servicios públicos. Y son éstos los que vertebran la arquitectura del estado que es la estructura que los une. Si existen estas variantes o tipos de Estado son para acercar, racionalizar y mejorar los servicios que los ciudadanos hemos creado como sostén de la convivencia y la equidad social..

Ni el diferente desarrollo competencial ni el dumping fiscal aconsejan repetir la fórmula del “café para todos”, siendo necesario avanzar hacia un modelo de estado federal

Un estado federal debe establecer mecanismos para garantizar una sanidad pública, una educación pública, y unas pensiones y servicios públicos de calidad en todos los rincones del estado.
Un estado federal debe establecer los diferentes niveles de decisión política, teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, y por tanto incluir el municipalismo, cuyas administraciones son las más cercanas a los problemas y necesidades de los ciudadanos.
Un estado federal debe establecer los mecanismos de coordinación necesarios. En este sentido, recordar que el Senado debería ser una cámara de representación autonómica, y no lo es.
Un estado federal debe organizar a las distintas regiones de forma que estén cosidas unas a otras por el principio de interdependencia, solidaridad y justicia social, y no por la guerra entre autonomías ni por la duplicidad competencial de las administraciones.

Un estado federal debe coser las distintas regiones bajo el principio de interdependencia, solidaridad y justicia social

Un estado federal debe saber conjugar la singularidad, la idiosincrasia cultural, lingüística, o de derecho, de las diferentes regiones, con los derechos sociales de la clase trabajadora. De hecho los derechos sociales y los derechos nacionales de los pueblos son indisolubles.
Los que suscribimos consideramos que el 41º congreso del PSOE no puede dejar pasar la ocasión de avanzar hacia una nueva organización federal del estado, un nuevo marco de relación entre los pueblos, que desde la convivencia fraternal y solidaridad, evite el dumping fiscal entre autonomías; que garantice los mismos derechos y oportunidades; que garantice una financiación suficiente de los servicios públicos, que evite la privatización de los mismos, y que evite la confrontación entre los trabajadores y los pueblos de las distintas regiones, mientras los ricos se continúan haciendo más ricos. En definitiva, se trata de de dar respuesta a una necesidad política de los ciudadanos y los pueblos.

Eduardo Hernández-Madrid
Baltasar Santos-Tarragona

Especial Congreso del PSOE. Defender la ley de amnistía esdefender la democracia.

La estrategia seguida por la derecha política, judicial y mediática desde las últimas elecciones al Congreso de los diputados ha sido la negación de la legitimidad del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Primero, por los acuerdos de investidura, luego por la ley de amnistía, las últimas semanas la financiación singular de Cataluña.

Efectivamente, la ley de amnistía ha sido uno de los caballos de batalla de la derecha para cuestionar la legitimidad no solo del gobierno de Pedro Sánchez sino también de cualquier acuerdo que alcance la mayoría parlamentaria que le invistió.

Tras el fracaso de la investidura de Feijoo, al no reunir la mayoría parlamentaria necesaria, el PSOE comenzó a negociar con el resto de partidos del arco parlamentario con la intención de conseguir la investidura de Pedro Sánchez.

Desjudicializar la política, y devolver los conflictos políticos a la política, ha sido una constante del gobierno presidido por Pedro Sánchez. Primero fue la constitución de una mesa de diálogo, luego la aprobación de los indultos, y después, la ley de amnistía, que forma parte de los acuerdos entre los partidos de la investidura. Justo, la estrategia opuesta a la que había practicado el PP, tanto bajo el liderazgo de Rajoy como con Casado, y ahora con Feijoo.

La derecha ha utilizado la ley de amnistía para cuestionar la legitimidad tanto del gobierno de Pedro Sánchez como de cualquier acuerdo que alcance la mayoría parlamentaria que le invistió

Digo que defender la ley de amnistía es defender la democracia, porque ha sido una ley aprobada por la mayoría de diputados y diputadas elegidos por el pueblo.
Por ende, oponerse a su aplicación es oponerse a la democracia parlamentaria, y en esa línea están alineados PP y VOX, pero también parte de los jueces que se niegan a aplicarla.
De hecho, de las 486 personas que podrían beneficiarse potencialmente la amnistía, según la Fiscalía General del Estado, solo se ha aplicado a 108 personas, la mayoría policías.

Defender la ley de amnistía es defender la democracia, porque ha sido una ley aprobada por la mayoría de diputados y diputadas elegidos por el pueblo

Se está dando una oposición radical de algunos jueces, como Llarena en la aplicación de la Ley de amnistía, aprobada por el Congreso de los diputados.

De las 486 personas que podrían beneficiarse potencialmente la amnistía, los jueces solo la han aplicado a 108 personas, la mayoría policías.

Paralelamente, el PP sigue atacando, presentando recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía por parte de sus gobiernos autonómicos, cuyo trámite ha sido suspendido por el TC por no considerar que se vulneren competencias autonómicas.
Llama la atención poderosamente, que junto a las 15 autonomías que han presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, también presentó recurso el gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, que de esta forma, contradice lo que los diputados y diputadas castellanomanchegos habían votado en Las Cortes.

García-Page se ha alienado con el PP para la presentación de recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía, contraviniendo la decisión de los diputados y diputadas castellano-manchegos que la votaron a favor

Por ello, saludo con satisfacción el comunicado de izquierda socialista de Castilla la Mancha (publicado en la sección de Tribuna Abierta, en este número de Tribuna Socialista), posicionándose en favor de la Ley de Amnistía, en favor de sus diputados y diputadas, y exigiendo la retirada inmediata del recurso presentado por Page, y que augura un congreso regional tenso entre los que defienden la legitimidad democrática de lo aprobado en el congreso de los diputados, y Page, siempre alineado con los gobiernos del PP.
No me cabe duda, que el 41ºCongreso ha de cerrar filas en defensa de la convivencia entre los pueblos, en defensa de la ley de amnistía, en defensa de la legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez, y en defensa de la democracia.

Baltasar Santos
1er Secretario PSC-el Vendrell
Comité de redacción de TS

Especial Congreso del PSOE. El negocio de las guerras empobrece a la clase trabajadora

Uno de los temas principales que los congresos sindicales y de partidos políticos deberían abordar es el del empobrecimiento de la clase trabajadora bajo economía de guerra. Introducimos el debate.

Solo hay que leer o ver las noticias de lo que pasa en el mundo, para darse cuenta del auge belicista existente a nivel internacional. Tanta información, tanta información sesgada que nos inmuniza ante la barbarie, máxime cuando no hay respuesta organizada para hacerle frente.
El genocidio del pueblo palestino y la escalada del conflicto en oriente medio son, hoy día, el principal foco, que tiene como protagonista al estado sionista de Israel, con el criminal Netanyahu a la cabeza, a los gobiernos islamistas de Hamas o Hizbulá (entre otros), pero sobretodo, alimentado por la desidia de los gobiernos occidentales con intereses no solo geopolíticos, sino más bien económicos tanto por el negocio en la venta de armamento, los intereses en la apropiación de los recursos naturales de los países destruídos, y los intereses en la «reconstrucción» de lo destruído.
La exigencia del fin al conflicto en oriente medio no puede constituir solo una declaración de buenas intenciones sino que debe materializarse en medidas concretas, como el fin del suministro de armamento a Israel, el fin inmediato del genocidio, el restablecimiento de los servicios básicos para la población palestina, sanitarios, educativos…; la ruptura de las relaciones bilaterales con el gobierno israelí…

La exigencia del fin al conflicto en oriente medio no puede ser solo una declaración de buenas intenciones, sino recoger medidas concretas

Aciertan los sindicatos británicos en su congreso del TUC, con la moción que añadimos en la sección de Tribuna Abierta de este numero de Tribuna Socialista.
Otro de los focos bélicos en el mundo es la guerra de Rusia y Ucrania. Muchos son los factores que inciden en el origen y continuidad de este conflicto. Guerra de imperialismos, guerra económica por el control del Mar Muerto, Guerra por la energía, por el control de la producción agrícola…siempre con Estados Unidos por detrás, alimentando la venta de armas, haciendo negocio con su gas licuado, exigiendo economías de guerra en Europa y favoreciendo el crecimiento de la OTAN a costa de la provocación al criminal Putin.
Las víctimas aquí no solo son el pueblo ruso y ucraniano, sino que los efectos de esta guerra que amenaza con convertirse en nuclear afectan a toda Europa y a África.

Las víctimas de la guerra de Ucrania no son solo el pueblo ruso y ucraniano, sino que afecta a toda Europa y África

La afectación de la guerra de Ucrania en Europa es bien sabida: aumento del coste de la energía, por tanto afectación a los hogares pero también a la industria, y a las economías de los países más industrializados (Alemania, Francia…).
Afectación en el coste y en el propio suministro de los alimentos, que afectan en el encaremiento del coste de la vida para los europeos, y en la falta de grano, principal alimento en muchos países de África.
Inflación, crisis energética, desindustrialización, desempleo, hambruna… en definitiva, destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora en el mundo.

La guerra de Ucrania está generando inflación, crisis energética, desindustrialización, desempleo, hambruna y en definitiva destrucción y empobrecimiento de la clase trabajadora

Todos estos efectos directos de la guerra no son sino un caldo de cultivo abonado para populismos, nacionalismos excluyentes y extrema derecha, con consecuencias también directas sobre los derechos y libertades de la clase trabajadora.
Y otro de los efectos del auge belicista que provoca pobreza son los movimientos migratorios, que ponen a prueba la solidaridad internacional y a los maltrechos servicios públicos de cada país, y que se retroalimentan con más racismo y xenofobia, y por tanto con más confrontación entre clase trabajadora.

Las guerras y las economía de guerra también generan movimientos migratorios y de refugiados, que ponen a prueba la solidaridad internacional y a los maltrechos servicios públicos de cada país.

Completar un análisis exhaustivo de los conflictos en el mundo es tarea imposible para este artículo, pero podemos citar la intromisión internacional en Venezuela, con el objetivo de apropiarse de sus recursos naturales; los conflictos bélicos en África alimentado por la corrupción de unos gobiernos al servicio de los intereses de las multinacionales que expolian sus recursos naturales (diamantes, Coltán, Platino..); o las guerras en Sudán, Birmania, Etiopía, el Sahel…o la escalada de conflictos en el Mar del Sur de China. Siempre, detrás de estas guerras que diezman la población o les les hace abandonar sus hogares, hay detrás intereses de los países historicamente imperialistas como Francia, Alemania, Rusia, China o Estados Unidos, que además hacen gran negocio con el comercio de armas.
Por ello, cuando decimos No a la Guerra, no es simplemente una declaración bienintencionada, pacifista y casi «hippy», sino que está cargada de razones materiales con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas, sobre el bienestar de la clase trabajadora, en España, en Europa y en todo el mundo.

«No a la Guerra», no es solo una declaración bienintencionada, pacifista y casi «hippy», sino que está cargada de razones materiales con consecuencias directas sobre la vida de millones de personas, sobre el bienestar de la clase trabajadora, en España, en Europa y en todo el mundo.

Y desde un punto de vista local, en España nos sobran los motivos para posicionarnos en contra de las guerras, redefiniendo el papel de nuestros representantes. tanto en el gobierno como en las instituciones europeas y organismos internacionales bajo el paradigma del cuestionamiento de «¿a qué intereses sirven nuestros posicionamientos internacionales?»

En España, nos sobran los motivos para posicionarnos en contra de las guerras

La influencia de la economía de guerra sobre los salarios, sobre la cesta de la compra, sobre la energía, sobre los servicios públicos… todo ello debería ser objeto de resoluciones en los congresos de los partidos que se reclaman de la izquierda, y en particular, y por supuesto en el 31ª Congreso del PSOE, como principal partido de la clase trabajadora.

Baltasar Santos

Comunicado de IS-PSOE-CLM.

Hoy hemos sabido por la prensa que el Tribunal Constitucional ha decidido dejar en suspenso la tramitación de los recursos de inconstitucionalidad presentados por 16 Comunidades Autónomas contra la Ley de Amnistía (Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistia para la normalización institucional, política y social en Cataluña), 15 gobernadas por el Partido Popular y el recurso presentado por Castilla La Mancha, gobernada por Emiliano García-Page Sánchez.

Castilla-La Mancha fue la única comunidad no gobernada por el PP que presentó recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Amnistía

Entre los argumentos del Tribunal Constitucional para estudiar durante dos meses los recursos presentados por las 16 autonomías, la posibilidad de que las Comunidades Autónomas interesadas carezcan de legitimidad legal para recurrir una Ley como la de Amnistía, que no vulnera en absoluto ninguna competencia autonómica.

Queremos dejar clara esta cuestión desde Izquierda Socialista de Castilla La Mancha, la Ley de Amnistía no sólo no conculca ninguna competencia autonómica, sino que en ningún caso perjudica los intereses materiales de los castellano-manchegos. Algo que no es tan claro si pensamos en los recursos económicos que se emplean por parte del Gobierno Regional para hacer oposición a la mayoría parlamentaria y al Gobierno progresista de España.

Existe una clara incongruencia política entre el recurso de inconstitucionalidad presentado por García-Page Sánchez, Presidente socialista con mayoría absoluta en el Parlamento Regional de Castilla La Mancha, y la actuación de los Diputados socialistas de la región que han votado a favor de la mencionada Ley de Amnistía en las Cortes Generales. ¿Dónde se sitúan los compañeros Diputados y Diputadas frente al recurso de inconstitucionalidad de García-Page a día de hoy? ¿Dónde está su liderazgo regional y provincial, dónde su opinión sobre el tema? ¿Están con Madrid o con Toledo en este asunto? Han votado sí a la Ley de Amnistía y su Jefe de filas regional, su Secretario General les ha puesto una enmienda a la totalidad de sus votos.

la Ley de Amnistía no conculca ninguna competencia autonómica y en ningún caso perjudica los intereses materiales de los castellano-manchegos

Lo cierto es que en Castilla La Mancha este asunto está generando discusiones y rupturas entre compañeros y compañeras, desde el momento que dependemos de la decisión unipersonal del Presidente castellano-manchego, en un alarde de monitorización personalista de la voluntad general del PSOE de la región y de la voluntad popular, que ahora tumba momentáneamente el Tribunal Constitucional. Mientras que, desde Izquierda Socialista de CLM seguimos haciéndonos la pregunta del millón: ¿con quién o quienes tomó la decisión Emiliano García-Page Sánchez de recurrir la Ley de Amnistía?

Mientras los diputados de Castilla-La Mancha votaron a favor de la ley de amnistía García-Page presentaba el recurso

¿con quién o quienes tomó la decisión Emiliano García Page?

En cierto modo, si atendemos a los motivos del compañero Presidente de Castilla La Mancha para presentar el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía, por vulnerar los intereses de los castellano-manchegos o las competencias de nuestra región, generando desigualdad territorial y ciudadana, una Ley singular y extraordinaria como esta, podemos comprender el reproche de la derecha extrema, PP, y la extrema derecha, Vox, exigiendo a los Diputados/as socialistas en el Congreso que no traicionen nuestra tierra con su voto. Y deja igualmente mal a todos y todas l@s militantes socialistas de Castilla La Mancha.

No tod@s l@s militantes del PSOE de CLM pensamos como García-Page respecto de la Ley de Amnistía. Ni mucho menos. Es más, antes de iniciar ningún tipo de recurso de inconstitucionalidad García-Page debería haber consultado al menos con la militancia de Castilla La Mancha y con los órganos regionales del PSOE, ¿hizo esto último?.

No todos los militantes del PSOE de CLM pensamos como García-Page respecto de la ley de amnistía

La posición de Emiliano García-Page Sánchez frente a la Ley de Amnistía les ha dejado a las derechas votando su estrategia electoral-populista, para hacer oposición al Gobierno progresista de España, dejando en una posición incómoda, cuando no insostenible a nuestros representantes en la Cortes Generales.

Desde Izquierda Socialista de CLM no podemos entender que un Gobierno (Junta de Comunidades de CLM) y un Presidente socialistas hagan oposición junto a la derecha extrema y a la extrema derecha (PP y Vox) al Parlamento y al Gobierno progresista de la nación.

No obstante, como estamos inmersos en un nuevo proceso congresual entendemos que si no se está de acuerdo en cómo se dirige el Partido Socialista, existen los instrumentos democráticos internos adecuados para presentar una alternativa clara y contundente frente a la candidatura de Pedro Sánchez.

Entendemos que decir las cosas claramente no van en contra de los intereses de los militantes, pero lo que sí es contrario a los intereses de los y las militantes es hacer guerras de guerrillas utilizando los platós de las televisiones más conservadoras, y sobre todo utilizar el voto militante y ciudadano para hacer oposición política al Parlamento y al Gobierno progresista de la nación.

El recurso de inconstitucionalidad a la ley de amnistía por parte del gobierno de Castilla-La Mancha debe ser retirado de forma inmediata

Independientemente de cómo resulte la decisión final del Tribunal Constitucional, izquierda Socialista de Castilla-La Mancha, entendemos que debe de ser retirado de forma inmediata el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía por parte del Gobierno de Castilla La Mancha. Y si no es así, deberíamos presentar en el próximo proceso congresual regional una alternativa clara y contundente contra aquellos que no toman en cuenta a la militancia PSOE y a los votantes de Castilla La Mancha.

De no retirarse el recurso, en el próximo congreso regional deberíamos presentar una alternativa clara contra los que ignoran a la militancia y al electorado del PSOE en CLM

Coordinadora Regional de IS-PSOE-CLM
Toledo a 17 de Septiembre del 2024

¡No a la gran coalición!

El reciente acuerdo entre el PP y el PSOE para la renovación del CGPJ ha despertado los viejos fantasmas sobre la «gran coalición», que provocó que las bases del partido, los y las militantes, se rebelaran contra una imposición de los «barones». Pedro Sánchez lideró entonces el «No es No» que le encumbró a la Secretaria General del PSOE, le permitió ganar la moción de censura al gobierno de M.Rajoy, y a alcanzar acuerdos de investidura para presidir el gobierno de España hasta el día de hoy.

Tras cinco años de incumplimiento constitucional del PP para la renovación del CGPJ, el PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo, con la mediación de Bruselas, para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, y para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Dicho acuerdo pone fin a más de 2000 días de bloqueo institucional, pero más allá de este hecho, el acuerdo ha sido saludado con estusiasmo por personajes como Aznar, Felipe González, o García Page, firmes defensores de la gran coalición. Empieza a correr la posibilidad de que PP y PSOE se pongan de acuerdo en otras cuestiones, ante las reticencias de los grupos que dieron apoyo a la investidura.

Los acuerdos son necesarios cuando hay partes enfrentadas…lo sabemos bien quienes hemos negociado en centros de trabajo…siempre que supongan un avance, pero ¿qué avance ha conseguido la mayoría social con este acuerdo? ¿qué nos jugamos si se materializara una gran coalición?

Los lectores de Tribuna Socialista podrán leer en la página siguiente los argumentos de valoración positiva que la dirección del PSOE ha emitido sobre el acuerdo de renovación del CGPJ. Sin embargo, el hecho de que la mitad de los vocales nombrados sean conservadores, no parece que refleje lo que la sociedad expresó en las urnas, y de hecho, el Tribunal Constitucional se refuerza con algunos de los jueces más contrarios a las resoluciones del gobierno de Pedro Sánchez, particularmente contra la ley de amnistía. Así pues, incumplir la constitución le sale muy rentable al PP que refuerza su peso en las instituciones del Estado.

Cuando en abril, Pedro Sánchez se retiró a reflexionar qué medidas tomar contra el lawfare, las difamaciones y la «máquina de fango» del PP y VOX, muchos militantes pensamos que se endurecerían las penas para los que intentaran alterar la democracia mediante falsedades o los que incurrieran en la utilización partidista de las instituciones del estado y que se promoverían medidas para inhabilitar a aquéllos jueces que incumplieran el mandato constitucional de neutralidad política. Nada de eso ha pasado, pero sin embargo se refuerza el peso político de derechas en los órganos de gobierno judicial.

Por tanto: ¡Alerta!. La gran cuestión no es este acuerdo puntual, sino la posible renuncia al «No, es no a la gran coalición» que Pedro Sánchez lideró para alcanzar la presidencia con el apoyo de la mayoría de grupos políticos antifranquistas.

Dejar fuera de juego a Vox no está mal, pero dejar fuera de juego a todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez tiene pinta de renuncia a la legislatura, o como mínimo, la renuncia a un gobierno de izquierda. Es decir, ¿que en aras a la estabilidad del Estado se renuncia a las políticas de izquierda? ¿Es que se está preparando una alternancia de gobierno?

La mayoría de la sociedad sigue necesitando medidas de progreso, de avance en derechos laborales y sociales, y de avances en materia de inversión en servicios públicos y en materia de calidad democrática y convivencia, y eso no nos lo va a proporcionar un acuerdo general con el PP,
Espero que no se materialice esta gran coalición tan negativa para el socialismo y para los intereses de la mayoría social. Toca estar alerta para reactivar el No es No, porque de lo contrario, el gobierno progresista se debilitaría hasta el punto de dejar morir la legislatura, ya veremos si poco a poco o de forma abrupta a partir del otoño.

Toca de nuevo apoyar a Pedro Sánchez frente a los franquistas, para que utilice su manual de resistencia, y se resista a la gran coalición y a las presiones que recibe para que se materialice.

Baltasar Santos
Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Acuerdo para la renovación del CGPJ y la reforma de la LOPJ y el Estatuto Fiscal

Bruselas, a 25 de junio de 2024

Con el fin de recuperar la normalidad institucional en el Consejo General del Poder Judicial y mejorar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal, los Grupos Parlamentarios abajo firmantes han llegado a los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se adjunta como Anexo I, donde:
(i) se refuerzan las garantías de independencia de jueces y magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional; (ii) se mejoran las garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado en el ejercicio de sus funciones de promoción de la acción de la justicia; y (iii) se requiere al CGPJ que apruebe, por mayoría de tres quintos, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, que será trasladada al Gobierno y a las Cortes para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación.


Segundo.- Renovar el CGPJ conforme a una lista conjunta de candidatos de perfil profesional e independiente que se adjunta como Anexo II, que apoyarán los grupos parlamentarios firmantes en el Congreso y el Senado. También se incluye el candidato a la plaza vacante del Tribunal Constitucional que ha de nombrar el Senado. Las personas propuestas cumplirán ya los criterios de independencia e idoneidad establecidos en la Proposición de Ley Orgánica que se expone en el apartado anterior.


Tercero.- Ambos Grupos Parlamentarios se comprometen a presentar conjuntamente la Proposición de Ley adjunta como Anexo I y no tramitar ni apoyar ninguna enmienda a esa Proposición de Ley Orgánica que no vaya firmada conjuntamente.


Cuarto.- La Proposición de Ley Orgánica y los nombres de los candidatos propuestos al CGPJ se presentarán de forma conjunta en el registro de la cámara que corresponda.


Quinto.- Los grupos parlamentarios ordenarán el calendario de tal manera que la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica en el Congreso, los candidatos a vocales de Consejo General del Poder Judicial en el Congreso y en el Senado y el candidato a la vacante del Tribunal Constitucional se aprobarán en la misma semana del mes de julio, idealmente el mismo día.


Sexto.- El Presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo será aquel que decidan los miembros del CGPJ, tal y como dispone la ley.

Félix Bolaños Diputado PSOE // Esteban González Pons Diputado PP

En representación de la Comisión Europea, que ha acompañado las conversaciones previas a este pacto, asiste a la firma de este acuerdo la Vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourová.

Valoración del PSOE sobre el acuerdo para la renovación del CGPJ

PSOE y PP hemos alcanzado, con la mediación de la Comisión Europea, un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pone fin a una crisis constitucional de más de cinco años y que cumple con lo expuesto en el Informe del Estado de Derecho de la Comisión Europea, tal y como exigíamos los socialistas:

Se procederá a una renovación inmediata de los vocales del CGPJ y se tramitará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar su independencia, estudiar posibles reformas y poner el mérito en el centro a la hora de realizar nombramientos.

En los próximos días el Congreso y el Senado procederán a elegir los veinte nuevos vocales del Consejo, restaurando así la Constitución en este órgano. Serán 20 vocales con una larga trayectoria y acreditado prestigio en el ámbito de la Justicia y el Derecho y con diferentes sensibilidades que representan a la sociedad española.

Las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerzan valores esenciales de la Constitución: Desde ahora, se exigirá que los nombramientos de los altos cargos judiciales se hagan basándose en los méritos y la trayectoria de los candidatos, como ha defendido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que mejorará el Servicio Público de Justicia y quitará incentivos para nuevos bloqueos como el que ha mantenido la derecha durante más de 2.000 días.

Se refuerza el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos. Y se encomienda al nuevo Consejo que elabore propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales judiciales, propuesta que se remitirá al Gobierno, al Congreso y al Senado. Cualquier propuesta deberá partir de un amplio consenso, como el que tiene el modelo actual (aprobado en el año 2.000 por más del 90% del Congreso).

Esta renovación es buena para todos:

Para la ciudadanía:

  • Restaura la confianza en la Justicia después de la crisis constitucional de más de cinco años y que afectaba gravemente a la percepción de su independencia, como muestra el Barómetro de Justicia de la UE.
  • Por cada año que no se renovaba el CGPJ, el Tribunal Supremo acumulaba mil asuntos de retraso.

Para jueces y magistrados:

  • Porque permitirá cubrir las plazas pendientes: más de 25 en el Tribunal Supremo (estaban vacantes más del 30%) y más de 70 en tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.
  • Y permite que se vuelvan a producir nombramientos y que los jueces y magistrados puedan progresar en sus carreras, como demandaban las asociaciones judiciales tanto progresistas como conservadoras.
  • Se crearán 1.000 plazas de jueces y fiscales en los próximos 5 años.

Y para la economía:

  • El coste anual del bloqueo suponía 12,5M€ para las arcas públicas. El Gobierno estaba reforzando el Tribunal Supremo para evitar su colapso.
  • Y la solución de una crisis constitucional contribuirá a la seguridad jurídica y la confianza de los inversores en España.

El PSOE está plenamente satisfecho con este acuerdo. Hemos estado cinco años intentando que el PP cumpliese la Constitución y, más de 2.000 días y 35 excusas diferentes después, lo hemos logrado. Esperamos que este acuerdo contribuya además a mejorar el clima político del país al subrayar la utilidad de una política útil basada en el diálogo y los acuerdos totalmente opuesta a las formas y las estrategias de la ultraderecha.