
¡SANIDAD PUBLICA!


Señor Fiscal General del Estado D. Álvaro García Ortiz. @fiscal_es
Señores jueces y señoras juezas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) @PoderJudicialEs
Me dirijo a todos y todas ustedes, para adjuntarles las Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid.
El contenido, ha sido elaborado, tras más de seis meses de extenso trabajo y veinticinco comparecencias, por siete personalidades de gran prestigio, expertos en derecho, administración sanitaria, epidemiología, derechos humanos, sociología, componentes de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, presidida por el Magistrado emérito D. José Antonio Martín Pallín.
Los ciudadanos no somos expertos en materia judicial. Sin embargo, una vez leídas las conclusiones citadas, no hace falta ser un experto para comprender que algo está sucediendo en la judicatura española cuando, tanto las fiscalías, como diferentes juzgados, archivan las diligencias sin tan siquiera investigarlas, con hechos acaecidos tan contundentes, como la decisión política de la Comunidad de Madrid, de poner en práctica los llamados “protocolos de la vergüenza”, con el no cumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la denominada “medicalización” de las residencias, ordenada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con las más de mil actas de inspección levantadas por la Policía Municipal, en las que se describen las condiciones con las que se encontraron.
Acogiéndome a la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, en lo referente a los principios de transparencia, información y atención a la ciudadanía que recoge, y las conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, formulo una queja sobre la inhibición de las instituciones judiciales a investigar el caso de las muertes producidas en las residencias, exigiendo que sean tenidas en cuenta las conclusiones adjuntas con el fin de que sean investigados todos los hechos acaecidos que acabaron con la vida de 7.291 de mayores no trasladados a hospitales.
CONCLUSIONES:
https://comisionverdadresidenciasmadrid.wordpress.com

El espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid ha llevado a cabo una nueva jornada de lucha en defensa de la Sanidad Pública. Esta vez, en forma de concentraciones en cinco de los principales centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid: La Paz, el Clínico, el Sureste (Arganda), el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón.
La pandemia de los años 2020 y 2021 puso en evidencia el deterioro de la Sanidad Público, deterioro provocado por la combinación de dos ejes de actuación de los distintos gobiernos: la privatización y la descapitalización.
La privatización no sería posible sin tres puntos de apoyo legislativos:
Dos años después de esta secuencia legislativa, en 2003, se producía el “Tamayazo”, un hecho de corrupción nunca aclarado, y la privatización en bloque de 7 hospitales en Madrid. El trabajo de los lobbies es “lento, pero seguro”.
La descapitalización se viene aplicando cada año, con la no reposición del personal facultativo y sanitario que causa baja por jubilación: en 2016 había en Madrid un 9,43% menos de médicos de familia y un 22,16% menos de personal de enfermería que en 2007.
La descapitalización, también se aplica en el dinero presupuestado; Madrid lleva años siendo la comunidad autónoma que menor renta por habitante dedica a la Sanidad: en 2022, Madrid destinó 1.280 euros por habitante, frente a los 1.996 de Asturias (la que más), siendo el presupuesto medio por habitante en las comunidades de 1.662 euros, Madrid se sitúa un 30% por debajo de media.
El recorte de personal y la reducción de medios es una decisión que, gobierno tras gobierno autonómico, han llevado a cabo mientras la población de Madrid se ha pasado de los 5,33 millones de habitantes en el años 2000, a los 6,91 millones a junio de 2023, es decir, que ante un incremento de la población del 30%, se destinan menos medios.
Este deterioro ha entrado en bucle, provocando el desprestigio del sistema de salud pública de Madrid, al que los nuevos médicos no quieren venir cuando terminan sus estudios y su MIR, y donde el personal sanitario migra en cuanto puede, a territorios y/o países en los que se les trate con dignidad, salarial y profesionalmente.
A lo anterior, hay que añadir el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias, los SUAP y los servicios de Atención Rural en los pueblos, los SAR, dando el criminal esperpento de centros sin médico.
Esta dinámica de legislación y política económica ha desprotegido a la población, lo sufrimos en pandemia y lo acabamos de vivir con la saturación de la Atención Primaria, que ha llevado al colapso de las urgencias hospitalarias en la anual epidemia de gripe.
Las asociaciones vecinales y las plataformas que las agrupan, organizados y coordinados en el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid han dado una nueva respuesta contundente en Defensa de la Sanidad Pública, con la convocatoria de estas cinco concentraciones, a las que se han sumado no menos de 2000 personas, en el conjunto de la movilización.

El pasado 14 febrero, a las 11:30 y convocados por el espacio Vecinas y Vecinos de los pueblos y barrios de Madrid, nos concentramos más de 300 personas (según los medios de comunicación que cubrieron la noticia) a favor de la Sanidad Pública, ante el desmantelamiento de la Atención Primaria y el colapso de las urgencias hospitalarias.
Se incidió en la idea de que la sanidad pública no es de derechas o de izquierdas sino un derecho para todos y todas.
Nuestros mensajes fueron:
El Hospital Universitario del Sureste, atiende a 190.833 pacientes, procedentes de 21 poblaciones del sureste de la Comunidad de Madrid.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 75.562 a 123.370 pacientes, un 63%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 7,40% al 5,36%.


El manifiesto lo leyeron Raquel, de Manzanares el Real, Vicente, de Soto del Real y una chica joven y comprometida que había acudido a la concentración y se ofreció voluntaria para hacerlo.
Cuando llegaron lxs compañerxs de las urgencias extrahospitalarias desmanteladas, se nos abrió el corazón por el empuje que tienen en su lucha imparable. María cogió el megáfono y no paramos de gritar consignas y cantar con ella en defensa de la Sanidad Pública: qué queremos, universal y de calidad, con las urgencias extrahospitalarias con equipos completos y la Atención Primaria con todas las plazas cubiertas.

En la concentración de La Paz estuvimos unas 200 personas, aunque es difícil precisar porque muchas se unían un rato, cuando salían de sus consultas, y el personal sanitario aprovechó su descanso o bajó a propósito para unirse a la concentración.Como un bonito ejemplo de una bella mujer que nos dijo que tenía 90 años y gritó como la que más.
Veníamos de los pueblos y barrios del norte de Madrid.El ambiente fue magnífico. La gente se identificaba cuando los colectivos empezamos a poner las pancartas.
Nuestra compañera Ana Encinas, médica de Atención Primaria y nuestro compañero Guilléndel Barrio, enfermero de urgencias de La Paz, atendieron a los medios.
Pusimos una mesa para recoger reclamaciones y fue emocionante la cola que se formó. No tuvieron un momento de descanso hasta que acabó la concentración sobre las 13:30, cuando recogimos todo y nos fuimos más que satisfechxs.
El Hospital General La Paz, atiende a 536.448 pacientes, procedentes de las poblaciones del norte de la Comunidad de Madrid.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 180.412 a 249.483 pacientes, un 38%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 14,86% al 10,99%.
Desde el 2012 no se había hecho ninguna concentración en el Clínico, la duda de si iba ha ser secundada por las vecinas y vecinos del área de integración del Clínico era grande, pero nos sorprendió la gente acudiendo de manera importante; unas 250 personas según los medios que acudieron allí.
Al margen de la afluencia, lo más significativo fue con la combatividad y alegría que la gente demostró la hora que estuvimos allí y las trabajadoras y trabajadores del Hospital que se unieron a la concentración.
Cuando confías en la gente y realmente es la protagonista de sus acciones, todo fluye y crece.
Seguiremos hasta conseguirlo. Sanidad 100X 100 pública y de calidad.
El Hospital Universitario Clínico, atiende a 375.451 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Chamberí o Latina.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 105.763 a 145.819 pacientes, un 38%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 19,07% al 13,09%.

Respondiendo a la convocatoria de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, los diferentes colectivos que defendemos la Sanidad Pública de los distritos del ámbito del Gregorio Marañón, organizamos en su entrada una concentración en la que se dieron cita más de 300 personas, a las que se fueron añadiendo, con salidas esporádicas, l@strabajador@s del centro hospitalario, que nos apoyaron y compartieron nuestras reivindicaciones.
Los concentrados se colocaron en la larga escalinata que está en la entrada del hospital, y como cada colectivo llevó sus propias pancartas junto a una de las más emblemáticas de Vecinas y Vecinos que tiene la leyenda “LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE”, que se puso al pie de la escalera, se consiguió un marco escénico espléndido.
Durante más de una hora, estuvimos coreando los lemas en defensa de la Sanidad Pública, de Calidad y Universal y donde el eslogan más destacado fue el reflejado en el cartel de la convocatoria: “PRIMARIA DESMANTELADA, URGENCIAS COLAPSADAS”.
Finalizamosleyendo el manifiesto común a los cinco hospitales donde se celebró este acto, recibiendo el comentario satisfactorio de los asistentes y animándonos a seguir haciendo movilizaciones como esta.
El Hospital General Universitario Gregorio Marañón atiende a 321.591 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Moratalaz, Vicálvaro o Retiro.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 183.663 a 270.319 pacientes, un 47%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 14,91% al 10,04%.


La concentración del 12 de octubre, al igual que las que tuvieron lugar en los otros cuatro hospitales fue un éxito, con una asistencia no menor a 400 ciudadanos y ciudadanas que acudieron a aportar su esfuerzo para defender la Sanidad que es de todos, la Pública. Hay que tener en cuenta que las concentraciones se convocaron por la mañana, en día de diario, momento en el que mucha gente que hubiese acudido estaba trabajando. Aún así, contamos con la presencia y participación de bastantes trabajadores y trabajadoras del Hospital 12 de Octubre.
Desde el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid se está siguiendo la misma pauta que la llevada a cabo para organizar las grandes manifestaciones de años anteriores. Es una respuesta a la política privatizadora del partido que gobierna desde hace décadas en Madrid, el PP, empeñado en cerrar centros de salud, en precarizar el trabajo de los y las profesionales de la Sanidad Pública, con el consiguiente deterioro de la Atención Primaria, lo que a su vez satura las urgencias hospitalarias. Están privatizando incluso servicios como el mantenimiento, la esterilización, todo, para que finalmente, el deterioro de lo público empuje a los ciudadanos a suscribir pólizas en la Sanidad privada, aunque terminen dándose cuenta de que las pólizas que su poder adquisitivo les permite realizar, prácticamente no les sirve para nada, porque tienen que abonar copagos por casi todo.
Vamos a seguir trabajando y movilizando a los vecinos y vecinas desde los barrios. No dudo que en estos próximos meses continuaremos con las movilizaciones hasta volver masivamente a la calle.
El Hospital Universitario 12 de Octubre atiende a 451.200 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Villaverde, Carabanchel o Usera.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 206.741 a 305.650 pacientes, un 48%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 13,50% al 8,32%.
Fuente de datos para los cinco hospitales: Memoria del Servicio Madrileño de Salud de 2020.


Algunos lectores me han sugerido que, por lo interesante del contenido, debía profundizar en el artículo publicado en TS nº 149 con este mismo título. Es por ello que publico esta “parte II”, sobre la privatización de la Sanidad Pública madrileña de la mano del Partido Popular (PP), en las tres últimas décadas.
Mencionaba en el artículo del pasado mes que, “en 1996 la Sanidad madrileña contaba con 14.000 camas. Hoy, 27 años después y con un incremento de la población del 37,8%, el número de camas es de 12.438, es decir, un 11,16% inferior” (Datos del Ministerio de Sanidad a 2023). No es casual que el 26 de abril de 1997 entrase en vigor la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de Salud. Esta ley del Gobierno de Aznar (mayo 1996 a abril 2000), junto a la Ley 6/1998 de 13 de abril de 1998, sobre régimen del suelo y valoraciones -la ley responsable de la burbuja inmobiliaria que estalló diez años después y que sumió a este país en una profunda crisis económica y social-, son dos de las leyes más perniciosas de los ultimos cincuenta años.
La Ley 15/97 fue promovida por el PP y votada por PSOE, CIU (hoy Junts, el Partido de Puigdemont), CC (Coalición Canaria) y PNV. Esta ley abrió las puertas de par en par a que las empresas privadas entrasen de lleno a gestionar la Sanidad Pública y a recibir, por ende, dinero público.
Esta ley se complementa con los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, siendo una ley progresista que universalizó la Sanidad Pública en España, a través de los citados artículos abrió la puerta a los “convenios de colaboración” (Artº. 66 y 67) y a los “conciertos” (Artº. 90). Todos estos mecanismos legales se culminaron en 2002 con el traspaso definitivo de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas.
A nadie se le escapa, o no debiera, que el objetivo de la Sanidad Pública es proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro. Frente a esto, el objetivo de la sanidad privada es la maximización del beneficio depara los accionistas. Además, a nombre de la “libertad de mercado”, el control del Estado sobre la acción de las empresas es mínimo o incluso nulo, a pesar de la ingente cantidad de dinero público que las empresas reciben cada año.
Tras tres décadas de experiencia, el deterioro de la Sanidad Pública en Madrid es una evidencia: reducción de camas de hospitales, reducción de personal sanitario, precarización de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de la Sanidad, merma en los recursos en los centros; tanto en hospitales como en los Centros de Atención Primaria y en sus Servicios de Urgencias Extrahospitalarias.
La destrucción de la Sanidad Pública en Madrid no obedece a un error, es la consecuencia de una planificación inspirada por la idea de sociedad que tiene el pensamiento liberal. Pongamos cifras a todo esto:
Veamos tres tablas que ilustran el deterioro de la Sanidad Pública madrileña:



No ha sido posible encontrar tablas iguales para comparar, pero sí datos concretos sobre profesionales de Atención primaria. La tabla 1 nos da datos de 2007 y lastablas 2 y 3 reflejan los datos de profesionales de 2016. Es decir, tenemos una comparativa de un periodo de 9 años.
En la tabla 1 (2007) los médicos de medicina familiar y comunitaria era de 3.901, y 840 pediatras, un total de 4.741 médicos en Atención Primaria. La tabla 2(2016) vemos que la cifra de médicos de familia cae a 3.553, -9%. Mientras que, en pediatría, el número de profesionales crece a 908, +8%. El total de profesionales en 2016 era de 4.441, lo que representa un recorte del 6,3% en el global de médicos de Atención Primaria.
Según el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) desde 2016 el número de pediatras ha caído a 663 en 2022. O lo que es lo mismo, desde que Díaz Ayuso es presidenta, se ha recortado la plantilla de pediatras en Madrid un 27%, llevando la cifra de pediatras a un 21% inferior a la de 2007.
El personal de enfermería también se ha reducido en estos años. En 2007(tabla 1),Madrid contaba con 4.024 enfermeros y enfermeras, frente a los 3.294 de 2016(tabla 3). Por tanto, en 9 años se recortaron 730 profesionales de enfermería, más del 18% de recorte.
Por último, en 2016 (tabla 3)la tasa de profesionales de enfermería en Atención Primaria era de 0,5 por cada 1.000 habitantes, la más baja de todo el país, solo igualada por Baleares y Ceuta y Melilla.
Los datos demuestran los efectos de la privatización en la Comunidad de Madrid, donde, en paralelo al deterioro de la Sanidad Pública, la sanidad privada ha crecido exponencialmente hasta convertirse en la comunidad con mayor gasto per cápita del Estado español, con un gasto de 936 € en 2022.
Los datos también evidencian la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias, que han ido deteriorando el Sistema Público Sanitario en los años previos a la Pandemia de COIVID-19, no porque supiesen que llegaba una pandemia. Dice el artículo 43 de la Constitución:
“Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.
Los poderes públicos no solo no adoptaron medidas preventivas, sino que deterioraron a tal punto la herramienta pública para proteger el derecho a la salud que la han dejado en un estado que no soporta ni la habitual ola de gripe anual, como acabamos de sufrir en estas semanas pasadas.
Los datos explican por qué en Madrid se ha alcanzado el millón de personas en lista de espera, de las que más de la mitad tienen que esperar más de 3 meses para una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o la consulta con un especialista.
Ante la evidencia, no cabe otra solución que derogar la Ley 15/97 y los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de la Seguridad Social. Defender la Sanidad Pública es una reivindicación de la mayoría social, de ese 75% de la sociedad que no puede pagarse una póliza de salud privada.
Tenemos un Gobierno de Coalición progresista, y una Ministra de Sanidad que ha batallado en Madrid por la defensa de la Sanidad Pública. Muy bien, es el momento de tomar decisiones políticas, derogar los convenios y los conciertos, cerrar la puerta de la Sanidad al mercado privado y dejar de sangrar las cuentas públicas. Esto, está en manos del Gobierno de la nación.
La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 CE, estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar, frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible, al establecer en el punto tercero del artículo, prioridad absoluta para los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas. Es decir, que antes de atender a los Servicios Públicos, hay que pagar la deuda pública, los capitalistas antes que los trabajadores y los ciudadanos en general.
La referencia a esta reforma de la Constitución, a modo de introducción, se realiza porque, a juicio del que suscribe, viene a consolidar la privatización de los servicios públicos, en especial, la sanidad y la enseñanza. Es a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en 2020, cuando se produce un aumento de privatizaciones sanitarias, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Se me dirá que no tiene nada que ver priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos, con la privatización de los mismos. Pero yo entiendo que, con esta reforma, la derecha de todo pelaje, quiere desmontar el estado de derecho y el estado de bienestar a nombre de las imposiciones de la UE, el FMI y el BCE imponen su proyecto privatizador.
En efecto, el negocio de la sanidad privada, en el conjunto de las comunidades autónomas, ha crecido un 53% en una década y ya factura 11.000 millones de euros, en concreto, 11.238 en 2023. Continúa el ascenso de los seguros privados de salud, en el año pasado tuvieron un incremento del 6,6% y desde el 2015, el incremento ha sido del 52,7% y se calcula que el número de personas aseguradas privadamente es, en 2023, de 12 millones de personas, el 25% de la población, según datos del lobby de la sanidad privada, Fundación IDIS. (Infolibre. es 21/01/2024).
Se está procediendo al deterioro progresivo de la Sanidad Pública, sobre todo en aquellas Comunidades donde gobierna el PP con el apoyo de los fascistas de VOX, deterioro que se concreta, entre otros aspectos, en la falta de contrataciones de médicos y mejora de las condiciones laborales y de medios, el cierre de Centros de Urgencia Extrahospitalaria SUAP, no se cubren jubilaciones ni bajas. Tras los aplausos, hay una marcha constante de profesionales a otras instituciones y ámbitos geográficos en busca de mejores condiciones laborales y sociales, la falta de médicos en la asistencia ambulatoria, con la consecuencia de la saturación y hacinamiento en las urgencias hospitalarias.
Este brutal deterioro se plasma en las listas de espera, las más elevadas de la historia, pacientes que fallecen sin ser atendidos, excesos de mortalidad no investigados, etc., “lento deterioro, pero sin pausa, que engorda el negocio sanitario privado, tacita a tacita”, (advertencia del médico y analista Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria).
La realidad es hoy que uno de cada tres euros dedicados a sanidad, acaba en los bolsillos de empresas privadas, mientras los centros públicos agonizan por falta de medios y los seguros privados se disparan.
Toda esta deplorable situación de nuestra Sanidad Pública, deriva de instrumentos legales, las leyes de ámbito estatal 15/97(nuevas formas de gestión) que se dictó, precisamente, para universalizar e introducir la igualdad en la Sanidad Pública, pero que se ha utilizado para romper la Sanidad Pública, así como los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que los gobiernos “más progresistas de la historia” mantiene en vigor sin derogarlas o modificarlas.
La cronología de los instrumentos legales que han permitido la privatización de la Sanidad Pública, ha sido la siguiente:
• 1986.- Ley General de Sanidad. Incorporó avances como la creación de la Atención Primaria, pero se suprimieron propuestas iniciales como la creación de un sistema público de Farmacia, o la atención integral de salud mental y bucodental. Se introducen los artículos 67 (convenios singulares) y 90 (conciertos) que van a permitir trasvasar miles de millones de euros a empresas privadas, por actividad que se podría hacer en los centros públicos.
• 1997.- Ley 15/97 (de “Nuevas Formas de Gestión”), que va a permitir, con dinero público, la apertura de centros sanitarios privatizados durante décadas.
• 1999.- Primer hospital de modelo concesión (Alzira, Valencia), cedido a una empresa privada por 20 años. Posteriormente se abren otros 4 con el mismo modelo.
• 2000.- Madrid aplica el mismo modelo, privatizando por 35 años (hasta 2035) 11 hospitales privados, lo que implicó el cierre de más de 2.000 camas públicas y el trasvase de cientos de millones de euros anuales que se detraen de los centros públicos.
• 2010.- Se extiende el modelo de hospitales privatizados a Comunidades Autónomas, en concreto, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Galicia, etc. Paralelamente se privatizan ambulatorios y laboratorios públicos, citas médicas, extracción de sangre, lavandería, limpieza, informática, mantenimiento, almacenaje, vacunas, etc.
• 2018-2023.- Se disparan las listas de espera hasta cifras récord, lo que les ha permitido justificar el brutal incremento de los conciertos privados (art. 90 Ley General de Sanidad), mientras se cerraban o reducían servicios en los centros públicos. La crisis del COVID es aprovechada para derivar cientos de millones de euros hacia empresas privadas, abrir “hospitales” innecesarios e infradotados (ZENDAL) cerrar servicios de urgencias, rematar la Atención Primaria y maltratar aún más a los trabajadores.

Durante el COVID se dejaron morir cientos de miles de ancianos en las residencias privadas, por negarse las autoridades sanitarias responsables a su derivación a Hospitales, en Madrid, concretamente, 7.291 ancianos, por cuyos luctuosos hechos, algunos esperamos que algún día se acabe procesando, por presunto homicidio, a Isabel Díaz Ayuso.
En cuanto a la lucha que debemos llevar, los “Ayuso dimisión (o el político que corresponda)”, o “La sanidad no se vende, se defiende” están muy bien, pero se vacían de contenido si nos quedamos solo en los síntomas y el diagnóstico. Hay que actuar sobre las verdaderas causas, es decir, atacar hasta su derogación o sustancial modificación, aquellas leyes estatales y autonómicas que han hecho posible llegar a esta situación, al establecer los instrumentos legales de gestión privada, conciertos y convenios con entidades privadas, que después han sido los sujetos del expolio y de la privatización de la Sanidad Pública.
Del mismo modo debemos señalar a los responsables (todos los partidos que mantienen esas leyes estatales, que permitieron las privatizaciones). Los partidos y sindicatos que, por activa o por pasiva, han permitido esta situación son parte del problema y no pueden formar parte de la solución, son los mismos que desmantelan las pensiones, pasan página en la masacre de las residencias, mantienen la ley Mordaza, no derogan las reformas laborales de 2010 y 2012 y siguen sin garantizar el acceso a la vivienda.
Debemos recuperar la movilización autónoma, al margen de los privatizadores, o nos despojaran de todo.


Los pasados días 6, 7 y 8 del mes de octubre, el Espacio Vecinal de los Barrios y de los Pueblos de Madrid, desarrolló unas jornadas participativas en defensa de la sanidad pública, celebradas en el Colegio Mayor Universitario Teresa de Jesús.
Este espacio ha llevado a cabo numerosas acciones. Entre ellas, y seguramente las más reconocidas por la ciudadanía, dos grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid en los meses de noviembre de 2022 y febrero de 2023.
Dichas manifestaciones contaron con unos datos de participación muy elevados, más si cabe, teniendo en cuenta la baja participación ciudadana que habitualmente responde a las convocatorias de movilización.
Otra de las acciones llevadas a cabo e igualmente digna de ser destacada, es la que tuvo lugar durante el mes de abril pasado. En dicha ocasión, se planteó una consulta popular a propósito de si es o no necesaria una mayor inversión en la sanidad pública. Esta acción brindó la posibilidad a los/as madrileños/as de pronunciarse sobre este asunto, llevándose a cabo a través de mesas de votación por todos los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid, con una participación de más 350.000 ciudadanos y ciudadanas.
Sin embargo,las plataformas y asociaciones que formamos el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madridsomosconscientes de que esta lucha no va a tener resultados satisfactorios e inmediatos a corto plazo, por lo que hay que seguir desarrollando estructuras y creando puentes para seguir avanzando.
De esta necesidad surgió la idea de organizar unas jornadas de debate con el objetivo de poder profundizar seriamente sobre lo que está ocurriendo con la sanidad pública madrileña; cuáles son sus planes y cómo abordarlos, y hacerlo desde los distintos colectivos, plataformas o/ycon los distintos sindicatos que representen al personal sanitario.
Asuntos como la necesidad de tomar acciones comunes en defensa de una Sanidad Pública para toda la población, sin que quede nadie excluido de ella, o debatir y estudiar entre todos/as los/as participantes qué alternativas para seguir luchando, constituyeron el grueso de estas Jornadas.
Su desarrollo se basó en tres sesiones con tres ejes temáticos de exposiciones en plenario, seguidas de talleres de debate específicos para cada grupo de ponencias. Para finalizar, el ultimo día hubo dos charlas temáticas muy específicas y de sumo interés.Por último,una puesta en común de las propuestas que salieron de los distintos talleres, todas estas llevadas al Plenario.
Paso a enumerar los temas desarrollados cada día:
Jornada 1. viernes 6 de octubre. Los asuntos a tratar versaron sobre:
Jornada 2. sábado 7 de octubre. El debate y la exposición se centraron en:
Jornada 3. Domingo 8 de octubre. Exposición de:
Todas estas exposiciones de personal sanitario y plataformas ciudadanas y posteriores talleres de debate, estaban constituidos bajo una misma premisa: que se pudieran poner en común ideas, experiencias y distintas alternativas de acción. El resultado estuvo dividido en tres ejes de acción:
Conclusiones:
A modo de cierre, paso a relacionar algunas ideas y las posibles acciones a llevar a cabo, que surgieron de una manera común, en los distintos talleres:
Centrar el eje de acción en: Pediatría, Salud Mental, Listas de espera en los Hospitales y Las Urgencias Extrahospitalarias.
Todas estas acciones se llevarán acabo en grupos de trabajo. Uno de ellos será de Extensión. Otro grupo consistirá en la relación del movimiento vecinal con el personal sanitario y por último otro grupo de Legal (estudio de la Ley de Sanidad, Consejos de Salud etc.)
Todas estas acciones fueron refrendadas posteriormente por y en La Asamblea General.
El Espacio de Vecinas y Vecinos de barrios y Pueblos de Madrid continúa reuniéndose periódicamente para valorar y tomar decisiones en defensa de la Sanidad Pública, la Sanidad de todos y todas, contra las políticas privatizadoras del Gobierno del PP en Madrid.
En la actualidad siguen incorporándose nuevos barrios y pueblos al Espacio.
Seguimos con acciones muy concretas en algunos Centros de Salud, unido a una campaña de concienciación ciudadana para reclamar.
A la vez trabajando en organizar de nuevo otra gran manifestación por las calles de Madrid. La movilización es el único método que la política entiende para tomar decisiones en favor de la mayoría.

Casi cinco años después del “Tamayazo” (junio de 2003), Esperanza Aguirre (PP) inauguraba 7 hospitales en Madrid: Infanta Leonor (Vallecas), Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el del Tajo (Aranjuez), el del Henares (Coslada), Infanta Cristina (Parla) y el del Sureste (Arganda del Rey).
Estos hospitales fueron dados a construir por empresas privadas -algunas de ellas implicadas en los casos Púnica y Gürtel, ¿el azar?- que adelantaron una inversión de 747 millones de euros (datos de la Cámara de Cuentas de Madrid). Solo entre 2008 y 2016, en esos ocho años, la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, pagó 1182 millones de euros. Es decir, que en ocho años se amortizó la inversión y las empresas obtuvieron una rentabilidad cercana al 60%, un beneficio promedio anual del 7,3%. Buen negocio. El negocio es más goloso aún, pues las empresas agraciadas con los contratos continúan recibiendo un canon anual de dinero público y los contratos de adjudicación no vencen hasta 2035, o sea en poco más de una década.
La misma Cámara de Cuentas regional que actualmente la señora Ayuso se ha propuesto controlar de forma omnímoda, emitió un informe en 2012, el que detallaba una partida de 80 millones extras que le fueron otorgados a las empresas en concepto de sobrecostes. Al negocio hay que añadir que muchos de estos grupos empresariales de la construcción tienen divisiones de limpieza, hostelería, seguridad… por lo que también obtienen beneficios añadidos por la prestación de estos servicios.
Este “Plan de Infraestructuras Sanitarias” se desarrolló justo después del “Tamayazo”, en la legislatura autonómica 2003-2007. Como suele decirse: blanco y en botella.
En la época del predecesor de Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón, a quien ella le denominaba como “el hijo puta” -insulto muy utilizado por las “señoras de bien” del PP-, en 1996, la Sanidad madrileña contaba con 14.000 camas. Hoy, 27 años después y con un incremento de la población del 37,8% (La población censada en Madrid ha crecido, en el periodo 1996 a 2023, en 1,9 millones de habitantes), el número de camas es de 12.438, es decir, un 11,16% menos.
Las cifras de la gestión privada son un disparate. Dos ejemplos: El Hospital “La Paz”, tiene un coste anual de 526 millones de euros para sus 1.308 camas (más de 400.000 €/cama); La “Fundación Jiménez Díaz”, destina 372 millones anuales para sus 659 camas (más de 564.000 €/cama).
¿Alguien se imagina las cifras astronómicas que genera este negocio a lo largo de 35 años, en el conjunto de la red hospitalaria madrileña? Los lobbies al servicio de las grandes corporaciones y de los fondos de inversión sí que se lo imaginan. Por eso destinan ingentes cantidades de dinero en corromper, tamayazos, y/o en abrir de par en par las puertas giratorias para los allegados al poder de decisión política: es el caso de Assignia, una de las adjudicatarias de la construcción de hospitales públicos de gestión privada, empresa que incorporó a su Consejo de Administración al señor Manuel Lamela, quien, ¡oh! Casualidad, fue consejero de Sanidad en el Gobierno de Esperanza Aguirre en el periodo 2003-2007.
El negocio tiene otras derivadas, como es el hecho de que el deterioro de la Sanidad Pública empuja a un 25% de la población a contratar pólizas de Salud privadas, el 25% de la población que puede económicamente hacerlo.El otro 75% de los ciudadanos y ciudadanas solo puede sufrir las consecuencias del saqueo de los servicios públicos. Aunque esta gran mayoría, también podría organizarse y dedicar un poco de esfuerzo a defender sus intereses.
El diagnóstico y los datos están ahí. Ahora la cuestión es qué tratamiento necesita la Sanidad Pública madrileña y la del resto de comunidades autónomas, pues esto no es un problema exclusivo de Madrid.
Lo primero que habría que hacer es desintoxicar a la Sanidad Pública de la adicción a la privatización. En la aplicación de este tratamiento debería implicarse el Gobierno de Pedro Sánchez, y en particular la nueva Ministra de Sanidad, Mónica García, pues ella conoce de primera mano la situación. Hay que llevar a cabo políticas que frenen la privatización y que impidan la renovación de los contratos de gestión privada de lo público. En el caso concreto de Madrid y de los hospitales mencionados faltan 11 años, tiempo suficiente para planificar el tratamiento.
Lo segundo es impedir que se continúe maltratando a los y las profesionales de la Sanidad Pública. Las plantillas son insuficientes, porque no se contrata ni siquiera para reemplazar al personal que se jubila. Y el personal sanitario está mal pagado, prueba de ello es que un alto porcentaje de los MIR, cuando terminan su proceso de formación, rechazan las plazas que se ofertan en Madrid; en el caso de la pediatría es brutal.
Lo tercero es trabajar desde las instituciones del Estado para que el pueblo soberano, al que solo se le llama a la hora de votar, esté informado debidamente de la importancia e insustituibles que son los sistemas públicos: Sanidad, Pensiones, Educación y Dependencia.
Seguro que se pueden y se deben aplicar más tratamientos, pero de momento parece que solo son eficaces las ondas de choque de la movilización.

Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid, el espacio impulsor de las dos grandes movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública y que aglutina a decenas de colectivos y plataformas de la Comunidad de Madrid, lanza ahora esta campaña. La deficiente inversión en la Sanidad Pública por parte de la Comunidad de Madrid y la grave desviación de recursos públicos hacia la sanidad privada, conlleva un peligroso deterioro de los servicios ofrecidos. En ese sentido, desde el espacio buscan con esta campaña “informar a los ciudadanos sobre su derecho a reclamar (derecho respaldado por una amplia normativa incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y proporcionar herramientas para ejercer dicho derecho”.
Salimos a la calle para enfatizar que, sin reclamaciones, no habrá mejoras ni soluciones visibles en la atención de la Sanidad Pública de Madrid. Las quejas de la ciudadanía se centran en el acceso al sistema, demoras en servicios y disfunciones en los centros de Atención Primaria, los servicios de urgencias extra hospitalarias y en los hospitales. Se destacan problemas como las citas en Atención Primaria, Centros de Urgencias sin médicos, y listas de espera hospitalarias que suman un millón de personas, proporcionando razones sólidas para la reclamación.
La campaña tiene dos objetivos: concienciar a la ciudadanía de la importancia y repercusión en nuestra salud del deterioro del sistema sanitario público, reclamando nuestro derecho a una sanidad pública de calidad, y denunciar ante la Consejería de Sanidad las áreas prioritarias de mejora a través de nuestras reclamaciones.
“Se dirige, por tanto, hacia la Consejería de Sanidad de Madrid, responsable de la gestión sanitaria y entendemos que, tanto la ciudadanía como l@s trabajador@s, somos víctimas del deterioro” dicen las impulsoras.
La campaña se llevará a cabo de manera continua en los próximos meses, buscando que los ciudadanos tomen conciencia del papel imprescindible que tienen en la defensa de su Sanidad Pública.

Miles de personas han salido a las calles de Madrid, este 26 de noviembre, por segundo día consecutivo; ayer fueron miles quienes se manifestaron en contra de la violencia machista, hoy han sido miles quienes ha salido a denunciar que “no fueron muertes, que fueron asesinatos”, los 7291 fallecimientos que se produjeron en las residencias de Madrid, en los primeros meses de pandemia.
Familias de los y las fallecidas, y personas que en solidaridad se han sumado a la marcha, han recordado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (IDA), del PP, les negó la asistencia sanitaria hospitalaria, vulnerando de este modo la Constitución del 78 que tanto defienden, en sus artículos 15 y 43, pues, ¿acaso no fue se les negó “el derecho a la vida y a la integridad física”, cuando se les dejó abandonados a su suerte, sin medidas paliativas siquiera? ¿No fue “inhumano y degradante” dejar que se asfixiaran sin ningún acompañamiento ni intento de minimizar su agonía? ¿Tutelaron los “poderes públicos y organizaron la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”?
Una parte mayoritaria de los y las jueces y fiscales parece que ha decidido dedicarse más a hacer el quite a la derecha, su opción ideológica, que a servir a la justicia. Los vericuetos jurídicos y judiciales, dejan impunes a los malhechores y sus decisiones políticas criminales, no solo negligentes: fiscales que no han escuchado a las familias ni a las trabajadoras de las residencias; juzgados que archivan las causas sin abrir juicio oral… Solo la presión social de las familias de las víctimas, su presencia en algunos medios de comunicación, el hecho de haber llevado su justa causa a las instituciones europeas… esta haciendo que casi cuatro años después se abran causas con Ayuso y su Gobierno, por los protocolos de la vergüenza, los que negaron la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de residentes en las residencias de Madrid.

En la manifestación de hoy, no solo han reclamado “Verdad y Justicia”, han exigido una Ley marco estatal
que regule el funcionamiento de las residencias, que se ponga freno al negocio por el cual se maltrata a decenas de miles de ancianos y ancianas. Cuando un servicio público se pone en manos de la iniciativa privada, el objetivo deja de ser el bienestar de los ciudadanos y ocupan su lugar la avaricia y el lucro de los accionistas, de y los fondos buitre, a quienes la salud, el bienestar y la vida digna les trae sin cuidado.
La privatización de los servicios públicos se ha convertido en un verdadero cáncer de la sociedad actual: colegios, hospitales, residencias… donde el beneficio impone el recorte de personal y de las condiciones de trabajo, de la calidad de los alimentos y de su cantidad, entre otras cosas. Ciertos políticos ceden, vergonzosamente, ante los lobbies de las grandes corporaciones y los fondos de inversión. Los hay más desvergonzados, si cabe, como la señora Ayuso, que van en busca de esos grupos de interés económico, que viajan a Estados Unidos y otros países, para ofertar al “mejor” postor hacerse cargo de servicios públicos que ella está predispuesta a privatizar.
Los ciudadanos y ciudadanas, como hoy, como en las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública, organizadas el espacio de Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid, o como las grandes manifestaciones organizadas por el movimiento estatal de pensionistas, tiene que echarse a la calle a defender lo que es suyo. Nadie debería olvidar que los servicios públicos se financian y construyen con nuestros impuestos directos, cada mes que nos descuentan el IRPF de la nómina; y de los indirectos, cada vez que compramos algo y nos aplican el IVA; además de otros impuestos y tasas, como el IBI, ese del que la Iglesia está exenta.
Reclamar justicia, como reclamar que lo público no se privatice y/o que se desprivatice lo privatizado, es hacer mejor esta sociedad bárbara.

Sra. Ayuso:
No sé la trayectoria sindical de la nueva Ministra de Sanidad, cualidad que usted le atribuye despectiva y peyorativamente.
Le aseguro, por experiencia, que ser sindicalista es un honor y un orgullo. Algo que usted nunca podrá sentir tras haber negado la atención hospitalaria a miles de ancianos y ancianas, en 2020, con el resultado de 7.291 fallecidos, en las residencias de Madrid ¿Qué dice a este respecto la Fe que usted profesa?
Como tampoco hay honor ni ética en facilitar pelotazos económicos a los hermanos, aprovechando una pandemia y la necesidad de mascarillas en la sociedad. Lástima que usted y los suyos estén tan preocupados por la ley de amnistía, en lugar de exigir una ley que prohíba la actividad de los parásitos comisionistas a quienes defienden con tanto fervor. El comisionismo sí que rompe España; fíjese si es dañino que ha roto incluso la familia Borbón.
Nadie puede sentirse orgullosa de racanearle las ayudas y becas de comedor a niños y niñas necesitadas, mientras subvenciona el servicio doméstico a los pudientes.
No hay honor alguno en destinar dinero público para subvencionar el negocio privado de la Sanidad y la Educación, en tanto que los sistemas públicos se deterioran por falta de profesionales; por ponerle un ejemplo, es sangrante el déficit de pediatras en la Comunidad que usted preside.
Por tanto, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, se equivoca si pretende faltar al respecto a sus enemigas políticas llamándolas sindicalistas.
Deje usted de ser tan irrespetuosa y mal educada y pida ayuda para que la enseñen a poner límites antes de hablar y/o actuar. Educación que, a la vista está, sus padres no fueron capaces de darle.
Anímese, pida ayuda, nunca es tarde. Entre tanto, deje de insultar a la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
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