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Nace Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores

La asociación recién creada está constituida por familiares de fallecidos y activistas en defensa de la Sanidad Pública y los Derechos Humanos.

Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM), se constituye exigiendo las responsabilidades que pudiesen derivarse de una mala praxis realizada durante toda la pandemia, y más concretamente en los primeros días de la misma.

DJRM promoverá la existencia de una trama comunitaria con un conjunto de organizaciones, colectivos sociales, asociaciones de familias de víctimas y vecinales y ciudadanos y ciudadanas conectados entre sí, que compartan una perspectiva común en torno a la necesidad de propiciar la investigación de las causas por las que 41.174 personas murieron en Residencias de mayores, en 2021, en todo el Estado, según datos publicados en https://es.statista.com/estadisticas/1201589/fallecidos-residencias-a-causa-de-covid-19-por-region-espana/

Cuatro años después, todos gobiernos de los territorios, han cerrado el escenario de sus responsabilidades. En la Comunidad de Madrid, donde murieron 7.291 personas en las Residencias a los que se les negó la atención médica hospitalaria, y en la que la judicatura está archivando las causas que se presentan. Queda un resquicio de esperanza con las “Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid”.

En Catalunya, el Parlament aprobó unas conclusiones en las que se evita señalar culpables directos y se avala la tesis de que “se hizo lo que se pudo porque nadie en el mundo estaba preparado“. Estas conclusiones las rechazan las familias de las víctimas, que piensan que ha habido un pacto político para minimizar la tragedia. Y deberían rechazarlas el conjunto de la sociedad, pues la falta de previsión, por parte de los poderes públicos, nos pone en riesgo a todas y a todos en materia de Salud y Dependencia.

Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura no disponían de información respecto de las causas. En Asturias, Baleares, Murcia y Navarra aportaron los datos, sin explicar las causas.

En la Comunitat Valenciana sí aportó la información, pero a fecha 30 de octubre de 2020 y no a 30 de abril de aquel año.

DJRM no sólo no cierra las puertas de las instituciones políticas y jurídicas europeas, sino que organizará y canalizará acciones contundentes que permitan sensibilizar a la sociedad civil de la necesidad de conocer la verdad de lo sucedido con todas sus consecuencias.

Desde DJRM nos proponemos promover, con los familiares de los residentes, una nueva Ley de Residencias, con mínimos exigibles de obligado cumplimiento comunes para todas las CC.AA.

DJRM, hace un llamamiento a la ciudadanía comprometida con la defensa de valores públicos a participar en la organización de un movimiento social que tome en sus manos la denuncia y organización contra la mafia empresarial que representa el modelo del negocio de la dependencia.

Mercedes Huertas
Presidenta de DJRM
I Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha celebrado un nuevo Encuentro presencial

¡Madrid sigue en pie en defensa de la sanidad pública!

Una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos

Convocada y organizada por el espacio “Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid” el pasado día 19 tuvo lugar una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos tiempos, se movilizaron decenas de miles de personas bajo el lema ¡Madrid sigue en pie por la Sanidad Pública!

Ocurrió lo mismo en noviembre de 2022 y en febrero de 2023, y ha vuelto a suceder el 19 de mayo de este año, que miles de personas salieron a las calles para defender su Sistema Público de Sanidad en Madrid. Dijese lo que dijese Delegación de Gobierno, estas movilizaciones, las mayores vistas en Madrid desde 2003, cuando los partidos de izquierda y las dos grandes confederaciones sindicales organizaron la movilización para rechazar la brutal Guerra de invasión de Irak, urdida por los USA con la complicidad de Gran Bretaña, en la que Aznar nos implicó. Y en los tiempos más cercanos solo son comparables a la movilización del 8M.

Son varios los factores que otorgan mayor valor a la tremenda riada de personas que se echaron a la calle a defender un derecho básico, el derecho a la Salud: por un lado, las anteriores manifestaciones fueron convocadas en fechas previas a periodos electorales locales o autonómicos, lo que siempre activa a la opinión pública y anima la movilización; otro elemento es que en esta ocasión los sindicatos médicos no estaban reivindicando mejoras laborales, cosa que si ha coincidido en anteriores convocatorias; y la coincidencia de manifestaciones y movilizaciones en el mismo momento temporal, como han sido las huelgas laborales en Educación, las manifestaciones de rechazo al Genocidio en Gaza o, el mismo día 19, la concentración antifascista que se celebró cerca de la Plaza de Cibeles el mismo día y a la misma hora que tenía lugar la manifestación por la Sanidad Pública. Por tanto, objetivamente, a pesar de estos factores que normalmente no ayudan al éxito de una movilización de masas, se ha superado la adversidad con un éxito más que notable.

Esta capacidad de movilización pone en evidencia a quienes argumentan frívolamente que “la gente no quiere luchar”. Pone en evidencia la dimisión de la izquierda en su forma de hacer y relacionarse con la mayoría social, fomentando una distancia cada vez mayor entre quienes dirigen las organizaciones de la clase y esa mayoría social: trabajadores, pensionistas, desempleados, autónomos y estudiantes.

El éxito no tiene fórmulas mágicas, solo mucho trabajo y la firme determinación de personas convencidas de que defender lo público es cosa de todas y todos. Sin financiación ajena a los propios vecinos, sin aparatos, sin nada más que tiempo y dedicación militante. El asociacionismo vecinal independiente está fuerte y ha demostrado nuevamente que la política sana también existe; la de quienes viven de su trabajo, los que pagan sus impuestos, las y los ajenos a corrupciones e intrigas.

La carcoma de la privatización y los recortes presupuestarios están destruyendo la Sanidad Pública. No son políticas nuevas, llevamos muchos años asistiendo a ajustes en presupuestos con la excusa de las crisis: 2008 inmobiliaria y financiera; 2020 pandemia COVID; 2022 Guerra en Ucrania, todo vale para justificar que hay que cumplir con el artículo 135.3 de la Constitución, el que dice: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Y cuando dice absoluta, es por encima de cualquier otra necesidad de gasto social. Las deudas hay que pagarlas, excepto si eres la Banca y el Estado te da más de 100.000 millones de euros y no te los reclama.

Ante nuestras narices, detraen dinero público de la Sanidad, la Educación, las Pensiones o la Dependencia y no se cortan en incrementar los gastos militares. Recortan dinero para curar y educar, para destinarlo a matar.

La privatización en la Sanidad está legalizada desde 1986, cuando en la Ley 14/86 Ley General de Sanidad, en sus artículos 66, 67 y 90, estableció los convenios singulares y conciertos con hospitales privados. Fue la Ley 15/97 la que abrió de par en par puertas y ventanas a la entrada de las empresas privadas en la gestión de la Sanidad Pública, sin ninguna restricción, tal como establece el artículo único de esta Ley del primer Gobierno del PP de Aznar: “a través de la constitución de cualesquiera entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en Derecho” ¿Acaso lo coherente no es exigir la derogación de esta legislación? Además, no es casualidad que en torno a la gestión privada de los servicios públicos florezca con frecuencia la pestilente corrupción.

La Manifestación del 19 de mayo ha puesto el foco en los problemas de la Sanidad en Madrid, que no son muy diferentes de los que ocurren en otras comunidades autónomas, pues la legislación antes citada habilita la privatización en todo el Estado.

Sigamos luchando, continuemos organizando a la mayoría que quiere resistir.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid


Reproducimos el Manifiesto que fue leído al final de la Manifestación del 19 Mayo

¡Vecinas y vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid volvemos a salir a la calle para defender la Sanidad Pública! Lo hicimos el 13 de noviembre de 2022, el 12 de febrero de 2023 y aquí estamos, porque

¡Madrid sigue en pie por la Sanidad Pública!

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ni escucha ni oye la reivindicación de la ciudadanía en defensa de la Sanidad Pública; pero sí cede ante las exigencias de las empresas privadas de la salud, a las que engorda con dinero público. Recordar que más de 350.000 madrileñas y madrileños avalaron la Defensa de la Sanidad Pública, en la Consulta Ciudadana de abril de 2023.

La política privatizadora del Partido Popular está destruyendo la Sanidad Pública.

¡Se ha superado el millón de pacientes en lista de espera!

Esta insoportable situación es consecuencia de las irresponsables políticas del Gobierno de la Comunidad, que se resumen en una mezcla de privatización y racanería en la inversión en recursos humanos y materiales. Somos la Comunidad que menos dinero destina por habitante a la Sanidad Pública, un 30% menos que la media de las comunidades autónomas. Madrid no puede estar a la cola en la inversión. Exigimos un sustancial aumento en el presupuesto de Sanidad, acorde a las necesidades actuales, y que ese presupuesto sea destinado íntegramente a la Sanidad Pública.

Las condiciones de trabajo de las y los profesionales de la sanidad pública madrileña son malas: alta responsabilidad y jornadas de trabajo extenuantes, provocan un déficit de profesionales en Pediatría y en Medicina Familiar y Comunitaria, así como en Enfermería. No se cubren las bajas cuando caen enfermos, ni cuando toman sus vacaciones, ni ante cualquiera otra circunstancia habitual en otros sectores de actividad. La política de no cubrir las vacantes por jubilación está destrozando los cuadrantes y las jornadas de trabajo. Por eso:

  • Para que cuando pidamos cita no tengamos que esperar meses.
  • Para que cuando acudimos al Centro de Salud, la médica o médico que nos atienda no sea diferente en cada visita.
  • Para que haya pediatras que atiendan a nuestras niñas y niños.
  • Para que en las urgencias extrahospitalarias de barrios y pueblos haya médicos y médicas, y que los equipos estén completos.
  • Para que cuando acudamos a las urgencias de un hospital no tengamos que esperar horas en los pasillos.

Si queremos una Sanidad de calidad, el personal sanitario no puede trabajar en precario. Por coherencia, apoyamos la exigencia de las asociaciones profesionales y sindicatos en la Sanidad Pública de equiparar las condiciones laborales con las mejores condiciones que se aplican en otras comunidades autónomas. Madrid es la comunidad más rica y la que peor trata a sus profesionales.

Los nulos esfuerzos de la Consejería de Sanidad por fidelizar a las y los MIR, junto con la alta tasa de jubilaciones, provoca un déficit de profesionales en Medicina Familiar y Comunitaria. Según datos de las asociaciones de profesionales, al finalizar el periodo 2021-2025, se habrá producido una reducción del 27%, pues se jubilarán 12.600 doctoras y doctores de Medicina Familiar y Comunitaria, pero solo accederán a una plaza 9.900 Médicos Internos Residentes.

Es inaceptable la falta de apoyo que tienen las decenas de miles de personas afectadas por COVID persistente en esta Comunidad.

El escándalo del cobro de 500 euros a las y los estudiantes de Formación Profesional Sanitaria, priorizando a los centros de estudios privados, delata y retrata las nocivas políticas de quien nos gobierna en Madrid.

La situación en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria es terrible y ofrece una de las versiones más dramáticas de la política del Gobierno autonómico. Que el 40% de los SUAP no tenga médico o médica, supone un riesgo para la población.

Los Servicios de Atención Rural, con frecuencia, carecen de personal médico en el 35% de los casos, quedando bajo la responsabilidad del personal de enfermería y celadores. Son muchos los pueblos de la Comunidad de Madrid en esta lamentable y peligrosa situación. Recordemos que el 27 de enero, un vecino de Majadahonda fallecía tras acudir al Centro “Cerro del Aire”, donde no había médica ni médico que pudiese administrarle la medicación necesaria.

El 86% de las madrileñas y madrileños piensan que faltan enfermeras y enfermeros en el Sistema Sanitario de Madrid, lo dice el estudio realizado por el Colegio de Enfermería. La política del Gobierno de la Comunidad está haciendo que los profesionales de enfermería tengan que migrar a otras comunidades u otros países, donde las condiciones laborales sean dignas.

En los tres últimos años el número de pediatras ha caído en un 30%, por eso es habitual encontrar Centros de Salud sin pediatra o saturados de pacientes cuando acudimos con nuestras hijas e hijos.

El caos en la Atención Primaria colapsa las urgencias en los hospitales. Urgencias hospitalarias que sufren la reducción del número de camas. Hoy, en Madrid, estamos un 33% por debajo de la media de la UE en camas por cada 1.000 habitantes.

Estamos muy lejos de cumplir con el objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud, quien señala que el presupuesto destinado para la Atención Primaria tiene que ser el 25% del total del presupuesto sanitario; en Madrid estamos en el 10%. Exigimos que se alcance el 25% fijado por la OMS.

A la escasa financiación y la decisión de privatizar todo lo público, hay que añadir la falta de previsión. Lo hemos vuelto a vivir este pasado invierno, cuando muchos servicios de Salud, tanto extrahospitalarios como hospitalarios han colapsado ante la gripe estacional. De la misma manera, ¡el Gobierno de la señora Ayuso, hizo caso omiso del Artº 43 de la Constitución en 2020, al renunciar a organizar y tutelar la salud de miles de residentes en las Residencias de mayores de esta Comunidad, dejando morir y en absoluto abandono a 7.291 personas, fallecidas de forma indigna! al negárseles la asistencia sanitaria hospitalaria, siguiendo las directrices marcadas en los “protocolos de la vergüenza”.

El artículo 43.2 de la Constitución, dice:

“Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios…

La otra cara de la moneda son las empresas y aseguradoras de la salud privada. Por ejemplo, la empresa Quirón ha crecido en sus ingresos hasta los 4.770 millones de euros en 2023, un 8% más que en el ejercicio anterior. Por su parte, las aseguradoras del sector sanitario han aumentado sus ingresos un 6,6% en 2023, alcanzando los 11.238 millones de euros.

La bicoca del negocio de la sanidad privada tiene su raíz en los convenios y conciertos con hospitales privados establecidos en la Ley 14/1986. Once años después, la Ley 15/97, amplió las “formas” de gestión del Sistema Nacional de Salud a “cualquier entidad admitida en derecho”.

Con la Ley 15/97, el negocio de la salud se puso a disposición incluso de empresas ajenas a la sanidad: consorcios, fundaciones, constructoras, etc. Con esas leyes se pusieron las pistas de aterrizaje para la privatización de la Sanidad Pública en Madrid. El entramado de la colaboración “público-privada” que ha posibilitado estas leyes ha llevado a su vez a la insoportable corrupción que se viene produciendo desde hace décadas. No es por casualidad que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya disparado un 1.900% el montante de los pagos realizados a la Empresa Quirón, pasando de 20 millones de euros en 2020 a 393 en diciembre de 2022. Tampoco es casualidad que en julio de ese mismo año fuese fulminada la Interventora General, la profesional pública encargada de fiscalizar estos pagos.

Las Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid decimos ¡Basta ya de destruir nuestra Sanidad Pública! Los servicios públicos no son propiedad de los gobiernos, son de los pueblos y su ciudadanía, de las generaciones de trabajadoras y trabajadores que han contribuido para que la red de servicios públicos sea posible y sea de calidad.

Decimos alto y claro que defender la Sanidad Pública es defender nuestra Salud, la de nuestras hijas e hijos y la de nuestros mayores. Es lo que vamos a seguir haciendo y os llamamos a todas y a todos a que os unáis a las asociaciones vecinales y plataformas de vuestros barrios y pueblos.

Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid

siempre con la Sanidad 100% Pública, de Calidad y Universal

con la Sanidad de todas y todos

Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid

CARTA ABIERTA

Señor Fiscal General del Estado D. Álvaro García Ortiz. @fiscal_es
Señores jueces y señoras juezas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) @PoderJudicialEs

Me dirijo a todos y todas ustedes, para adjuntarles las Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid.

El contenido, ha sido elaborado, tras más de seis meses de extenso trabajo y veinticinco comparecencias, por siete personalidades de gran prestigio, expertos en derecho, administración sanitaria, epidemiología, derechos humanos, sociología, componentes de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, presidida por el Magistrado emérito D. José Antonio Martín Pallín.

Los ciudadanos no somos expertos en materia judicial. Sin embargo, una vez leídas las conclusiones citadas, no hace falta ser un experto para comprender que algo está sucediendo en la judicatura española cuando, tanto las fiscalías, como diferentes juzgados, archivan las diligencias sin tan siquiera investigarlas, con hechos acaecidos tan contundentes, como la decisión política de la Comunidad de Madrid, de poner en práctica los llamados “protocolos de la vergüenza”, con el no cumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la denominada “medicalización” de las residencias, ordenada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con las más de mil actas de inspección levantadas por la Policía Municipal, en las que se describen las condiciones con las que se encontraron.

Acogiéndome a la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, en lo referente a los principios de transparencia, información y atención a la ciudadanía que recoge, y las conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, formulo una queja sobre la inhibición de las instituciones judiciales a investigar el caso de las muertes producidas en las residencias, exigiendo que sean tenidas en cuenta las conclusiones adjuntas con el fin de que sean investigados todos los hechos acaecidos que acabaron con la vida de 7.291 de mayores no trasladados a hospitales.

CONCLUSIONES:
https://comisionverdadresidenciasmadrid.wordpress.com

Mercedes Huertas Aguilera
Hija de víctima de Residencias

Reportaje: Jornada de lucha 14 de febrero de 2024

“Atención Primaria desmantelada, urgencias colapsadas«

El espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid ha llevado a cabo una nueva jornada de lucha en defensa de la Sanidad Pública. Esta vez, en forma de concentraciones en cinco de los principales centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid: La Paz, el Clínico, el Sureste (Arganda), el 12 de Octubre y el Gregorio Marañón.

La pandemia de los años 2020 y 2021 puso en evidencia el deterioro de la Sanidad Público, deterioro provocado por la combinación de dos ejes de actuación de los distintos gobiernos: la privatización y la descapitalización.

La privatización no sería posible sin tres puntos de apoyo legislativos:

  • Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, siendo una ley progresista que universalizó la Sanidad Pública en España, a través de los artículos 66 y 67 (convenios de colaboración y 90 (conciertos), sentó las bases de la colaboración público-privada.
  • Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de Salud. Esta ley, basada en el “informe de Abril Martorell, de 1991, abría las puertas a la privatización de la Sanidad Pública, dejándole a las empresas las manos libres para lucrarse, pues desaparecía la capacidad de supervisión del servicio prestado, entre otras cosas.
  • Real Decreto 1479/2001, de 27 de diciembre, sobre el traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacional de Salud.

Dos años después de esta secuencia legislativa, en 2003, se producía el “Tamayazo”, un hecho de corrupción nunca aclarado, y la privatización en bloque de 7 hospitales en Madrid. El trabajo de los lobbies es “lento, pero seguro”.

La descapitalización se viene aplicando cada año, con la no reposición del personal facultativo y sanitario que causa baja por jubilación: en 2016 había en Madrid un 9,43% menos de médicos de familia y un 22,16% menos de personal de enfermería que en 2007.

La descapitalización, también se aplica en el dinero presupuestado; Madrid lleva años siendo la comunidad autónoma que menor renta por habitante dedica a la Sanidad: en 2022, Madrid destinó 1.280 euros por habitante, frente a los 1.996 de Asturias (la que más), siendo el presupuesto medio por habitante en las comunidades de 1.662 euros, Madrid se sitúa un 30% por debajo de media.

El recorte de personal y la reducción de medios es una decisión que, gobierno tras gobierno autonómico, han llevado a cabo mientras la población de Madrid se ha pasado de los 5,33 millones de habitantes en el años 2000, a los 6,91 millones a junio de 2023, es decir, que ante un incremento de la población del 30%, se destinan menos medios.

Este deterioro ha entrado en bucle, provocando el desprestigio del sistema de salud pública de Madrid, al que los nuevos médicos no quieren venir cuando terminan sus estudios y su MIR, y donde el personal sanitario migra en cuanto puede, a territorios y/o países en los que se les trate con dignidad, salarial y profesionalmente.

A lo anterior, hay que añadir el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias, los SUAP y los servicios de Atención Rural en los pueblos, los SAR, dando el criminal esperpento de centros sin médico.

Esta dinámica de legislación y política económica ha desprotegido a la población, lo sufrimos en pandemia y lo acabamos de vivir con la saturación de la Atención Primaria, que ha llevado al colapso de las urgencias hospitalarias en la anual epidemia de gripe.

Las asociaciones vecinales y las plataformas que las agrupan, organizados y coordinados en el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid han dado una nueva respuesta contundente en Defensa de la Sanidad Pública, con la convocatoria de estas cinco concentraciones, a las que se han sumado no menos de 2000 personas, en el conjunto de la movilización.

Roberto Tornamira
Es miembro de Tribuna Socialista y participa del movimiento en defensa de la Sanidad Pública en Madrid

Tribuna Socialista da la voz a quienes hacen realidad esta lucha por un bien común, la Sanidad Pública:

Hospital Universitario del Sureste (Arganda)

Javier Tavares

Plataforma de Rivas por la Sanidad Pública

El pasado 14 febrero, a las 11:30 y convocados por el espacio Vecinas y Vecinos de los pueblos y barrios de Madrid, nos concentramos más de 300 personas (según los medios de comunicación que cubrieron la noticia) a favor de la Sanidad Pública, ante el desmantelamiento de la Atención Primaria y el colapso de las urgencias hospitalarias.

Se incidió en la idea de que la sanidad pública no es de derechas o de izquierdas sino un derecho para todos y todas.

Nuestros mensajes fueron:

  • Sin contratación de personal sanitario es imposible dar un servicio con un mínimo de calidad
  • Hay que reclamar, reclamar y reclamar.
  • Se está dejando caer a la Atención Primaria,no hay equipos completos de personal sanitario en las urgencias y los servicios rurales están desmantelados.
  • Es un plan perfectamente calculado para hundir la Sanidad Pública y así poder seguir alimentando a la Privada con dinero público.

El Hospital Universitario del Sureste, atiende a 190.833 pacientes, procedentes de 21 poblaciones del sureste de la Comunidad de Madrid.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 75.562 a 123.370 pacientes, un 63%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 7,40% al 5,36%.

Hospital La Paz

Montse Toll

Plataforma en defensa de la Sanidad Pública “Sierra de Guadarrama”

El manifiesto lo leyeron Raquel, de Manzanares el Real, Vicente, de Soto del Real y una chica joven y comprometida que había acudido a la concentración y se ofreció voluntaria para hacerlo.

Cuando llegaron lxs compañerxs de las urgencias extrahospitalarias desmanteladas, se nos abrió el corazón por el empuje que tienen en su lucha imparable. María cogió el megáfono y no paramos de gritar consignas y cantar con ella en defensa de la Sanidad Pública: qué queremos, universal y de calidad, con las urgencias extrahospitalarias con equipos completos y la Atención Primaria con todas las plazas cubiertas.

En la concentración de La Paz estuvimos unas 200 personas, aunque es difícil precisar porque muchas se unían un rato, cuando salían de sus consultas, y el personal sanitario aprovechó su descanso o bajó a propósito para unirse a la concentración.Como un bonito ejemplo de una bella mujer que nos dijo que tenía 90 años y gritó como la que más.

Veníamos de los pueblos y barrios del norte de Madrid.El ambiente fue magnífico. La gente se identificaba cuando los colectivos empezamos a poner las pancartas.

Nuestra compañera Ana Encinas, médica de Atención Primaria y nuestro compañero Guilléndel Barrio, enfermero de urgencias de La Paz, atendieron a los medios.

Pusimos una mesa para recoger reclamaciones y fue emocionante la cola que se formó. No tuvieron un momento de descanso hasta que acabó la concentración sobre las 13:30, cuando recogimos todo y nos fuimos más que satisfechxs.

El Hospital General La Paz, atiende a 536.448 pacientes, procedentes de las poblaciones del norte de la Comunidad de Madrid.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 180.412 a 249.483 pacientes, un 38%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 14,86% al 10,99%.

Hospital Universitario Clínico

José Luis Yugero

Asamblea Vecinal por la Sanidad Pública Puerta del Ángel-RSP Latina-Carabanchel

Desde el 2012 no se había hecho ninguna concentración en el Clínico, la duda de si iba ha ser secundada por las vecinas y vecinos del área de integración del Clínico era grande, pero nos sorprendió la gente acudiendo de manera importante; unas 250 personas según los medios que acudieron allí.

Al margen de la afluencia, lo más significativo fue con la combatividad y alegría que la gente demostró la hora que estuvimos allí y las trabajadoras y trabajadores del Hospital que se unieron a la concentración.

Cuando confías en la gente y realmente es la protagonista de sus acciones, todo fluye y crece.

Seguiremos hasta conseguirlo. Sanidad 100X 100 pública y de calidad.

El Hospital Universitario Clínico, atiende a 375.451 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Chamberí o Latina.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 105.763 a 145.819 pacientes, un 38%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 19,07% al 13,09%.

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

Julio Fernández

“Moratalaz por lo Público”

Respondiendo a la convocatoria de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, los diferentes colectivos que defendemos la Sanidad Pública de los distritos del ámbito del Gregorio Marañón, organizamos en su entrada una concentración en la que se dieron cita más de 300 personas, a las que se fueron añadiendo, con salidas esporádicas, l@strabajador@s del centro hospitalario, que nos apoyaron y compartieron nuestras reivindicaciones.

Los concentrados se colocaron en la larga escalinata que está en la entrada del hospital, y como cada colectivo llevó sus propias pancartas junto a una de las más emblemáticas de Vecinas y Vecinos que tiene la leyenda “LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE”, que se puso al pie de la escalera, se consiguió un marco escénico espléndido.

Durante más de una hora, estuvimos coreando los lemas en defensa de la Sanidad Pública, de Calidad y Universal y donde el eslogan más destacado fue el reflejado en el cartel de la convocatoria: “PRIMARIA DESMANTELADA, URGENCIAS COLAPSADAS”.

Finalizamosleyendo el manifiesto común a los cinco hospitales donde se celebró este acto, recibiendo el comentario satisfactorio de los asistentes y animándonos a seguir haciendo movilizaciones como esta.

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón atiende a 321.591 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Moratalaz, Vicálvaro o Retiro.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 183.663 a 270.319 pacientes, un 47%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 14,91% al 10,04%.

Hospital Universitario 12 de Octubre

Luis López

Villaverde MATS

La concentración del 12 de octubre, al igual que las que tuvieron lugar en los otros cuatro hospitales fue un éxito, con una asistencia no menor a 400 ciudadanos y ciudadanas que acudieron a aportar su esfuerzo para defender la Sanidad que es de todos, la Pública. Hay que tener en cuenta que las concentraciones se convocaron por la mañana, en día de diario, momento en el que mucha gente que hubiese acudido estaba trabajando. Aún así, contamos con la presencia y participación de bastantes trabajadores y trabajadoras del Hospital 12 de Octubre.

Desde el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid se está siguiendo la misma pauta que la llevada a cabo para organizar las grandes manifestaciones de años anteriores. Es una respuesta a la política privatizadora del partido que gobierna desde hace décadas en Madrid, el PP, empeñado en cerrar centros de salud, en precarizar el trabajo de los y las profesionales de la Sanidad Pública, con el consiguiente deterioro de la Atención Primaria, lo que a su vez satura las urgencias hospitalarias. Están privatizando incluso servicios como el mantenimiento, la esterilización, todo, para que finalmente, el deterioro de lo público empuje a los ciudadanos a suscribir pólizas en la Sanidad privada, aunque terminen dándose cuenta de que las pólizas que su poder adquisitivo les permite realizar, prácticamente no les sirve para nada, porque tienen que abonar copagos por casi todo.

Vamos a seguir trabajando y movilizando a los vecinos y vecinas desde los barrios. No dudo que en estos próximos meses continuaremos con las movilizaciones hasta volver masivamente a la calle.

El Hospital Universitario 12 de Octubre atiende a 451.200 pacientes, procedentes de varios distritos de Madrid, como Villaverde, Carabanchel o Usera.La afluencia al servicio de urgencias ha pasado de 206.741 a 305.650 pacientes, un 48%, pero el porcentaje de urgencias ingresadas ha bajado del 13,50% al 8,32%.

Fuente de datos para los cinco hospitales: Memoria del Servicio Madrileño de Salud de 2020.

El cáncer de la Sanidad Pública es su privatización II

Algunos lectores me han sugerido que, por lo interesante del contenido, debía profundizar en el artículo publicado en TS nº 149 con este mismo título. Es por ello que publico esta “parte II”, sobre la privatización de la Sanidad Pública madrileña de la mano del Partido Popular (PP), en las tres últimas décadas.

                Mencionaba en el artículo del pasado mes que, “en 1996 la Sanidad madrileña contaba con 14.000 camas. Hoy, 27 años después y con un incremento de la población del 37,8%, el número de camas es de 12.438, es decir, un 11,16% inferior” (Datos del Ministerio de Sanidad a 2023). No es casual que el 26 de abril de 1997 entrase en vigor la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema nacional de Salud. Esta ley del Gobierno de Aznar (mayo 1996 a abril 2000), junto a la Ley 6/1998 de 13 de abril de 1998, sobre régimen del suelo y valoraciones -la ley responsable de la burbuja inmobiliaria que estalló diez años después y que sumió a este país en una profunda crisis económica y social-, son dos de las leyes más perniciosas de los ultimos cincuenta años.

                La Ley 15/97 fue promovida por el PP y votada por PSOE, CIU (hoy Junts, el Partido de Puigdemont), CC (Coalición Canaria) y PNV. Esta ley abrió las puertas de par en par a que las empresas privadas entrasen de lleno a gestionar la Sanidad Pública y a recibir, por ende, dinero público.

                Esta ley se complementa con los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que, siendo una ley progresista que universalizó la Sanidad Pública en España, a través de los citados artículos abrió la puerta a los “convenios de colaboración” (Artº. 66 y 67) y a los “conciertos” (Artº. 90). Todos estos mecanismos legales se culminaron en 2002 con el traspaso definitivo de la asistencia sanitaria a las comunidades autónomas.

                A nadie se le escapa, o no debiera, que el objetivo de la Sanidad Pública es proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro. Frente a esto, el objetivo de la sanidad privada es la maximización del beneficio depara los accionistas. Además, a nombre de la “libertad de mercado”, el control del Estado sobre la acción de las empresas es mínimo o incluso nulo, a pesar de la ingente cantidad de dinero público que las empresas reciben cada año.

                Tras tres décadas de experiencia, el deterioro de la Sanidad Pública en Madrid es una evidencia: reducción de camas de hospitales, reducción de personal sanitario, precarización de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores de la Sanidad, merma en los recursos en los centros; tanto en hospitales como en los Centros de Atención Primaria y en sus Servicios de Urgencias Extrahospitalarias.

                La destrucción de la Sanidad Pública en Madrid no obedece a un error, es la consecuencia de una planificación inspirada por la idea de sociedad que tiene el pensamiento liberal. Pongamos cifras a todo esto:

  • Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2021, el gasto medio de las comunidades autónomas, en Sanidad, fue del 6,7% del PIB autonómico, equivalente a 1.716 €/habitante. En el mismo ejercicio, en Madrid, el porcentaje fue del 4,4%, el más bajo de todas las autonomías, equivalente a 1.536 €/habitante, un 12% inferior a la media.
  • La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), publicó un informe en diciembre de 2022, en el que daba los siguientes datos: Frente a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de dedicar un 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria, Madrid destina un 10,73%, la comunidad que menos presupuesto destina a la Atención primaria en todo el Estado.
  • Para 2024, la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso (IDA), ha incrementado el presupuesto destinado a la sanidad privada 1.209 millones de euros, un 24% más que en 2022. Si bien, habrá que ver cómo finaliza el año, pues de los 973 millones presupuestados en 2022 (únicos presupuestos aprobados en la Comunidad de Madrid, antes de los que se acaban de aprobar para 2024) el año terminó con un gasto de 2.000 millones dedicados a la financiación de la sanidad privada, una desviación presupuestaria del 106%. Desde que IDA tomó posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019, el gasto destinado a empresas privadas de la salud, el presupuesto se ha incrementado en un 94%.

Veamos tres tablas que ilustran el deterioro de la Sanidad Pública madrileña:


          No ha sido posible encontrar tablas iguales para comparar, pero sí datos concretos sobre profesionales de Atención primaria. La tabla 1 nos da datos de 2007 y lastablas 2 y 3 reflejan los datos de profesionales de 2016. Es decir, tenemos una comparativa de un periodo de 9 años.

                En la tabla 1 (2007) los médicos de medicina familiar y comunitaria era de 3.901, y 840 pediatras, un total de 4.741 médicos en Atención Primaria. La tabla 2(2016) vemos que la cifra de médicos de familia cae a 3.553, -9%. Mientras que, en pediatría, el número de profesionales crece a 908, +8%. El total de profesionales en 2016 era de 4.441, lo que representa un recorte del 6,3% en el global de médicos de Atención Primaria.

                Según el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) desde 2016 el número de pediatras ha caído a 663 en 2022. O lo que es lo mismo, desde que Díaz Ayuso es presidenta, se ha recortado la plantilla de pediatras en Madrid un 27%, llevando la cifra de pediatras a un 21% inferior a la de 2007.

                El personal de enfermería también se ha reducido en estos años. En 2007(tabla 1),Madrid contaba con 4.024 enfermeros y enfermeras, frente a los 3.294 de 2016(tabla 3). Por tanto, en 9 años se recortaron 730 profesionales de enfermería, más del 18% de recorte.

                Por último, en 2016 (tabla 3)la tasa de profesionales de enfermería en Atención Primaria era de 0,5 por cada 1.000 habitantes, la más baja de todo el país, solo igualada por Baleares y Ceuta y Melilla.

                Los datos demuestran los efectos de la privatización en la Comunidad de Madrid, donde, en paralelo al deterioro de la Sanidad Pública, la sanidad privada ha crecido exponencialmente hasta convertirse en la comunidad con mayor gasto per cápita del Estado español, con un gasto de 936 € en 2022.

                Los datos también evidencian la irresponsabilidad de las autoridades sanitarias, que han ido deteriorando el Sistema Público Sanitario en los años previos a la Pandemia de COIVID-19, no porque supiesen que llegaba una pandemia. Dice el artículo 43 de la Constitución:

                “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

                Los poderes públicos no solo no adoptaron medidas preventivas, sino que deterioraron a tal punto la herramienta pública para proteger el derecho a la salud que la han dejado en un estado que no soporta ni la habitual ola de gripe anual, como acabamos de sufrir en estas semanas pasadas.

                Los datos explican por qué en Madrid se ha alcanzado el millón de personas en lista de espera, de las que más de la mitad tienen que esperar más de 3 meses para una prueba diagnóstica, una intervención quirúrgica o la consulta con un especialista.

                Ante la evidencia, no cabe otra solución que derogar la Ley 15/97 y los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de la Seguridad Social. Defender la Sanidad Pública es una reivindicación de la mayoría social, de ese 75% de la sociedad que no puede pagarse una póliza de salud privada.

                Tenemos un Gobierno de Coalición progresista, y una Ministra de Sanidad que ha batallado en Madrid por la defensa de la Sanidad Pública. Muy bien, es el momento de tomar decisiones políticas, derogar los convenios y los conciertos, cerrar la puerta de la Sanidad al mercado privado y dejar de sangrar las cuentas públicas. Esto, está en manos del Gobierno de la nación.

Roberto Tornamira
Participa en el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DETERIORO DE LA SANIDAD PÚBLICA HASTA SU DESAPARICIÓN. LA LUCHA QUE DEBEMOS DESPLEGAR

La reforma constitucional española de 2011 modificó el artículo 135 CE,​ estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar, frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible, al establecer en el punto tercero del artículo, prioridad absoluta para los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas. Es decir, que antes de atender a los Servicios Públicos, hay que pagar la deuda pública, los capitalistas antes que los trabajadores y los ciudadanos en general.

                La referencia a esta reforma de la Constitución, a modo de introducción, se realiza porque, a juicio del que suscribe, viene a consolidar la privatización de los servicios públicos, en especial, la sanidad y la enseñanza. Es a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional en 2020, cuando se produce un aumento de privatizaciones sanitarias, tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Se me dirá que no tiene nada que ver priorizar el pago de la deuda sobre los servicios públicos, con la privatización de los mismos. Pero yo entiendo que, con esta reforma, la derecha de todo pelaje, quiere desmontar el estado de derecho y el estado de bienestar a nombre de las imposiciones de la UE, el FMI y el BCE imponen su proyecto privatizador.

                En efecto, el negocio de la sanidad privada, en el conjunto de las comunidades autónomas, ha crecido un 53% en una década y ya factura 11.000 millones de euros, en concreto, 11.238 en 2023. Continúa el ascenso de los seguros privados de salud, en el año pasado tuvieron un incremento del 6,6% y desde el 2015, el incremento ha sido del 52,7% y se calcula que el número de personas aseguradas privadamente es, en 2023, de 12 millones de personas, el 25% de la población, según datos del lobby de la sanidad privada, Fundación IDIS. (Infolibre. es 21/01/2024).

                Se está procediendo al deterioro progresivo de la Sanidad Pública, sobre todo en aquellas Comunidades donde gobierna el PP con el apoyo de los fascistas de VOX, deterioro que se concreta, entre otros aspectos, en la falta de contrataciones de médicos y mejora de las condiciones laborales y de medios, el cierre de Centros de Urgencia Extrahospitalaria SUAP, no se cubren jubilaciones ni bajas.  Tras los aplausos, hay una marcha constante de profesionales a otras instituciones y ámbitos geográficos en busca de mejores condiciones laborales y sociales, la falta de médicos en la asistencia ambulatoria, con la consecuencia de la saturación y hacinamiento en las urgencias hospitalarias.

                Este brutal deterioro se plasma en las listas de espera, las más elevadas de la historia, pacientes que fallecen sin ser atendidos, excesos de mortalidad no investigados, etc., “lento deterioro, pero sin pausa, que engorda el negocio sanitario privado, tacita a tacita”, (advertencia del médico y analista Juan Simó, autor del blog Salud, dinero y Atención Primaria).

La realidad es hoy que uno de cada tres euros dedicados a sanidad, acaba en los bolsillos de empresas privadas, mientras los centros públicos agonizan por falta de medios y los seguros privados se disparan.

                Toda esta deplorable situación de nuestra Sanidad Pública, deriva de instrumentos legales, las leyes de ámbito estatal 15/97(nuevas formas de gestión) que se dictó, precisamente, para universalizar e introducir la igualdad en la Sanidad Pública, pero que se ha utilizado para romper la Sanidad Pública, así como los artículos 67 y 90 de la Ley General de Sanidad, que los gobiernos “más progresistas de la historia” mantiene en vigor sin derogarlas o modificarlas.

                La cronología de los instrumentos legales que han permitido la privatización de la Sanidad Pública, ha sido la siguiente:

• 1986.- Ley General de Sanidad. Incorporó avances como la creación de la Atención Primaria, pero se suprimieron propuestas iniciales como la creación de un sistema público de Farmacia, o la atención integral de salud mental y bucodental. Se introducen los artículos 67 (convenios singulares) y 90 (conciertos) que van a permitir trasvasar miles de millones de euros a empresas privadas, por actividad que se podría hacer en los centros públicos.

• 1997.- Ley 15/97 (de “Nuevas Formas de Gestión”), que va a permitir, con dinero público, la apertura de centros sanitarios privatizados durante décadas.

• 1999.- Primer hospital de modelo concesión (Alzira, Valencia), cedido a una empresa privada por 20 años. Posteriormente se abren otros 4 con el mismo modelo.

• 2000.- Madrid aplica el mismo modelo, privatizando por 35 años (hasta 2035) 11 hospitales privados, lo que implicó el cierre de más de 2.000 camas públicas y el trasvase de cientos de millones de euros anuales que se detraen de los centros públicos.

• 2010.- Se extiende el modelo de hospitales privatizados a Comunidades Autónomas, en concreto, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Galicia, etc. Paralelamente se privatizan ambulatorios y laboratorios públicos, citas médicas, extracción de sangre, lavandería, limpieza, informática, mantenimiento, almacenaje, vacunas, etc.

• 2018-2023.- Se disparan las listas de espera hasta cifras récord, lo que les ha permitido justificar el brutal incremento de los conciertos privados (art. 90 Ley General de Sanidad), mientras se cerraban o reducían servicios en los centros públicos. La crisis del COVID es aprovechada para derivar cientos de millones de euros hacia empresas privadas, abrir “hospitales” innecesarios e infradotados (ZENDAL) cerrar servicios de urgencias, rematar la Atención Primaria y maltratar aún más a los trabajadores.

                Durante el COVID se dejaron morir cientos de miles de ancianos en las residencias privadas, por negarse las autoridades sanitarias responsables a su derivación a Hospitales, en Madrid, concretamente, 7.291 ancianos, por cuyos luctuosos hechos, algunos esperamos que algún día se acabe procesando, por presunto homicidio, a Isabel Díaz Ayuso.

                En cuanto a la lucha que debemos llevar, los “Ayuso dimisión (o el político que corresponda)”, o “La sanidad no se vende, se defiende” están muy bien, pero se vacían de contenido si nos quedamos solo en los síntomas y el diagnóstico. Hay que actuar sobre las verdaderas causas, es decir, atacar hasta su derogación o sustancial modificación, aquellas leyes estatales y autonómicas que han hecho posible llegar a esta situación, al establecer los instrumentos legales de gestión privada, conciertos y convenios con entidades privadas, que después han sido los sujetos del expolio y de la privatización de la Sanidad Pública.

                Del mismo modo debemos señalar a los responsables (todos los partidos que mantienen esas leyes estatales, que permitieron las privatizaciones). Los partidos y sindicatos que, por activa o por pasiva, han permitido esta situación son parte del problema y no pueden formar parte de la solución, son los mismos que desmantelan las pensiones, pasan página en la masacre de las residencias, mantienen la ley Mordaza, no derogan las reformas laborales de 2010 y 2012 y siguen sin garantizar el acceso a la vivienda.

                Debemos recuperar la movilización autónoma, al margen de los privatizadores, o nos despojaran de todo.

Miguel Sagüés Navarro
Militante Socialista de Madrid

JORNADAS SOBRE LA SANIDAD PÚBLICA MADRILEÑA

Los pasados días 6, 7 y 8 del mes de octubre, el Espacio Vecinal de los Barrios y de los Pueblos de Madrid, desarrolló unas jornadas participativas en defensa de la sanidad pública, celebradas en el Colegio Mayor Universitario Teresa de Jesús. 

Este espacio ha llevado a cabo numerosas acciones. Entre ellas, y seguramente las más reconocidas por la ciudadanía, dos grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid en los meses de noviembre de 2022 y febrero de 2023. 

Dichas manifestaciones contaron con unos datos de participación muy elevados, más si cabe, teniendo en cuenta la baja participación ciudadana que habitualmente responde a las convocatorias de movilización.

Otra de las acciones llevadas a cabo e igualmente digna de ser destacada, es la que tuvo lugar durante el mes de abril pasado. En dicha ocasión, se planteó una consulta popular a propósito de si es o no necesaria una mayor inversión en la sanidad pública. Esta acción brindó la posibilidad a los/as madrileños/as de pronunciarse sobre este asunto, llevándose a cabo a través de mesas de votación por todos los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid, con una participación de más 350.000 ciudadanos y ciudadanas.

Sin embargo,las plataformas y asociaciones que formamos el espacio de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madridsomosconscientes de que esta lucha no va a tener resultados satisfactorios e inmediatos a corto plazo, por lo que hay que seguir desarrollando estructuras y creando puentes para seguir avanzando. 

De esta necesidad surgió la idea de organizar unas jornadas de debate con el objetivo de poder profundizar seriamente sobre lo que está ocurriendo con la sanidad pública madrileña; cuáles son sus planes y cómo abordarlos, y hacerlo desde los distintos colectivos, plataformas o/ycon los distintos sindicatos que representen al personal sanitario.

 Asuntos como la necesidad de tomar acciones comunes en defensa de una Sanidad Pública para toda la población, sin que quede nadie excluido de ella, o debatir y estudiar entre todos/as los/as participantes qué alternativas para seguir luchando, constituyeron el grueso de estas Jornadas.

Su desarrollo se basó en tres sesiones con tres ejes temáticos de exposiciones en plenario, seguidas de talleres de debate específicos para cada grupo de ponencias. Para finalizar, el ultimo día hubo dos charlas temáticas muy específicas y de sumo interés.Por último,una puesta en común de las propuestas que salieron de los distintos talleres, todas estas llevadas al Plenario.

Paso a enumerar los temas desarrollados cada día:

Jornada 1. viernes 6 de octubre. Los asuntos a tratar versaron sobre:

  • “Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Urgencias Extrahospitalarias” (los llamados SUAP y SAR anteriormente). La exposición de los temas se realizó a cargo de personal sanitario, desarrollando conceptos de primera mano y basándose en su propia experiencia, así como poniendo sobre la mesa cuál es la situación actual y cuáles podrían ser las estrategias a seguir.

Jornada 2. sábado 7 de octubre. El debate y la exposición se centraron en:

  • “Experiencias de acción frente al desmantelamiento”. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se llevó a cabo la huelga de Atención Primaria (impulsada por AMYTS)? ¿Cómo se vivió el encierro del personal sanitario en una de las asociaciones de vecinos del barrio de Manoteras? ¿Cómo fue la relación con la gente del barrio?
  • “Experiencias de organización ciudadana”. A cargo de las vecinas y vecinos provenientes de distintos barrios de la capital. Cabe destacar en todo este proceso, el papel del barrio de Abrantes (Carabanchel); por la duración en el tiempo, su organización y por su incansable activismo de las gentes del barrio. Fue el motor de las movilizaciones de Villaverde, Puerta del Ángel y gran parte de los pueblos de la Sierra de Guadarrama. También destacó como organización ciudadana, “Marea de Residencias” y “Verdad y Justicia en la residencia de Mayores”. Con la representación de los familiares que expusieron como y cuando surgió la necesidad de organizarse, su recorrido y el momento actual en el que se encuentra el proceso.

Jornada 3. Domingo 8 de octubre. Exposición de:

  • “Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad” a cargo del Dr. Vicente Losada
  • “Asociación por un Acceso Justo al Medicamento” a cargo del Dr. Fernando Lamata.

Todas estas exposiciones de personal sanitario y plataformas ciudadanas y posteriores talleres de debate, estaban constituidos bajo una misma premisa: que se pudieran poner en común ideas, experiencias y distintas alternativas de acción. El resultado estuvo dividido en tres ejes de acción:

  1. Propuestas e ideas relacionadas entre sí. 
  2. Propuestas programáticas. 
  3. Propuestas de ejecución.

Conclusiones:

A modo de cierre, paso a relacionar algunas ideas y las posibles acciones a llevar a cabo, que surgieron de una manera común, en los distintos talleres:

  • La necesidad imperiosa de ir junt@s en las distintas acciones: personal sanitario y ciudadanía.
  • Mayor inversión en la sanidad pública.
  • La extensión del movimiento a gente más joven, dado el escaso personal que hay en pediatría y lo que esto conlleva para una población futura más sana y mejor desarrollada. 
  • “Brigadas Sanitarias” como respuesta rápida a un problema concreto en un Centro de Salud u Hospital.

Centrar el eje de acción en: Pediatría, Salud Mental, Listas de espera en los Hospitales y Las Urgencias Extrahospitalarias.

Todas estas acciones se llevarán acabo en grupos de trabajo. Uno de ellos será de Extensión. Otro grupo consistirá en la relación del movimiento vecinal con el personal sanitario y por último otro grupo de Legal (estudio de la Ley de Sanidad, Consejos de Salud etc.)

Todas estas acciones fueron refrendadas posteriormente por y en La Asamblea General.

El Espacio de Vecinas y Vecinos de barrios y Pueblos de Madrid continúa reuniéndose periódicamente para valorar y tomar decisiones en defensa de la Sanidad Pública, la Sanidad de todos y todas, contra las políticas privatizadoras del Gobierno del PP en Madrid.

En la actualidad siguen incorporándose nuevos barrios y pueblos al Espacio.

Seguimos con acciones muy concretas en algunos Centros de Salud, unido a una campaña de concienciación ciudadana para reclamar.

A la vez trabajando en organizar de nuevo otra gran manifestación por las calles de Madrid. La movilización es el único método que la política entiende para tomar decisiones en favor de la mayoría.

Marcela Martín
Activista por la Sanidad Pública en el distrito de Arganzuela

El cáncer de la Sanidad Pública es su privatización

Casi cinco años después del “Tamayazo” (junio de 2003), Esperanza Aguirre (PP) inauguraba 7 hospitales en Madrid: Infanta Leonor (Vallecas), Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), el del Tajo (Aranjuez), el del Henares (Coslada), Infanta Cristina (Parla) y el del Sureste (Arganda del Rey).

                Estos hospitales fueron dados a construir por empresas privadas -algunas de ellas implicadas en los casos Púnica y Gürtel, ¿el azar?- que adelantaron una inversión de 747 millones de euros (datos de la Cámara de Cuentas de Madrid). Solo entre 2008 y 2016, en esos ocho años, la Comunidad de Madrid, presidida por Esperanza Aguirre, pagó 1182 millones de euros. Es decir, que en ocho años se amortizó la inversión y las empresas obtuvieron una rentabilidad cercana al 60%, un beneficio promedio anual del 7,3%. Buen negocio. El negocio es más goloso aún, pues las empresas agraciadas con los contratos continúan recibiendo un canon anual de dinero público y los contratos de adjudicación no vencen hasta 2035, o sea en poco más de una década.

                La misma Cámara de Cuentas regional que actualmente la señora Ayuso se ha propuesto controlar de forma omnímoda, emitió un informe en 2012, el que detallaba una partida de 80 millones extras que le fueron otorgados a las empresas en concepto de sobrecostes. Al negocio hay que añadir que muchos de estos grupos empresariales de la construcción tienen divisiones de limpieza, hostelería, seguridad… por lo que también obtienen beneficios añadidos por la prestación de estos servicios.

                Este “Plan de Infraestructuras Sanitarias” se desarrolló justo después del “Tamayazo”, en la legislatura autonómica 2003-2007. Como suele decirse: blanco y en botella.

                En la época del predecesor de Esperanza Aguirre, Ruiz Gallardón, a quien ella le denominaba como “el hijo puta” -insulto muy utilizado por las “señoras de bien” del PP-, en 1996, la Sanidad madrileña contaba con 14.000 camas. Hoy, 27 años después y con un incremento de la población del 37,8% (La población censada en Madrid ha crecido, en el periodo 1996 a 2023, en 1,9 millones de habitantes), el número de camas es de 12.438, es decir, un 11,16% menos.

Las cifras de la gestión privada son un disparate. Dos ejemplos: El Hospital “La Paz”, tiene un coste anual de 526 millones de euros para sus 1.308 camas (más de 400.000 €/cama); La “Fundación Jiménez Díaz”, destina 372 millones anuales para sus 659 camas (más de 564.000 €/cama).

¿Alguien se imagina las cifras astronómicas que genera este negocio a lo largo de 35 años, en el conjunto de la red hospitalaria madrileña? Los lobbies al servicio de las grandes corporaciones y de los fondos de inversión sí que se lo imaginan. Por eso destinan ingentes cantidades de dinero en corromper, tamayazos, y/o en abrir de par en par las puertas giratorias para los allegados al poder de decisión política: es el caso de Assignia, una de las adjudicatarias de la construcción de hospitales públicos de gestión privada, empresa que incorporó a su Consejo de Administración al señor Manuel Lamela, quien, ¡oh! Casualidad, fue consejero de Sanidad en el Gobierno de Esperanza Aguirre en el periodo 2003-2007.

El negocio tiene otras derivadas, como es el hecho de que el deterioro de la Sanidad Pública empuja a un 25% de la población a contratar pólizas de Salud privadas, el 25% de la población que puede económicamente hacerlo.El otro 75% de los ciudadanos y ciudadanas solo puede sufrir las consecuencias del saqueo de los servicios públicos. Aunque esta gran mayoría, también podría organizarse y dedicar un poco de esfuerzo a defender sus intereses.

                El diagnóstico y los datos están ahí. Ahora la cuestión es qué tratamiento necesita la Sanidad Pública madrileña y la del resto de comunidades autónomas, pues esto no es un problema exclusivo de Madrid.

                Lo primero que habría que hacer es desintoxicar a la Sanidad Pública de la adicción a la privatización. En la aplicación de este tratamiento debería implicarse el Gobierno de Pedro Sánchez, y en particular la nueva Ministra de Sanidad, Mónica García, pues ella conoce de primera mano la situación. Hay que llevar a cabo políticas que frenen la privatización y que impidan la renovación de los contratos de gestión privada de lo público. En el caso concreto de Madrid y de los hospitales mencionados faltan 11 años, tiempo suficiente para planificar el tratamiento.

                Lo segundo es impedir que se continúe maltratando a los y las profesionales de la Sanidad Pública. Las plantillas son insuficientes, porque no se contrata ni siquiera para reemplazar al personal que se jubila. Y el personal sanitario está mal pagado, prueba de ello es que un alto porcentaje de los MIR, cuando terminan su proceso de formación, rechazan las plazas que se ofertan en Madrid; en el caso de la pediatría es brutal.

                Lo tercero es trabajar desde las instituciones del Estado para que el pueblo soberano, al que solo se le llama a la hora de votar, esté informado debidamente de la importancia e insustituibles que son los sistemas públicos: Sanidad, Pensiones, Educación y Dependencia.

                Seguro que se pueden y se deben aplicar más tratamientos, pero de momento parece que solo son eficaces las ondas de choque de la movilización.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid lanza la campaña: En defensa de la sanidad pública ¡reclama!

Nota de prensa 28/11/2023

• El espacio que impulsó las grandes manifestaciones de noviembre de 2022 y febrero de 2023 en defensa de la sanidad pública, lanza ahora esta campaña.

• El objetivo central es concienciar a la ciudadanía sobre la importancia y la necesidad de hacer reclamaciones en la Sanidad Pública de Madrid, con la vista puesta a denunciar la situación crítica que vive y presionar por su defensa.

Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid, el espacio impulsor de las dos grandes movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública y que aglutina a decenas de colectivos y plataformas de la Comunidad de Madrid, lanza ahora esta campaña. La deficiente inversión en la Sanidad Pública por parte de la Comunidad de Madrid y la grave desviación de recursos públicos hacia la sanidad privada, conlleva un peligroso deterioro de los servicios ofrecidos. En ese sentido, desde el espacio buscan con esta campaña “informar a los ciudadanos sobre su derecho a reclamar (derecho respaldado por una amplia normativa incluida la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y proporcionar herramientas para ejercer dicho derecho”.

Salimos a la calle para enfatizar que, sin reclamaciones, no habrá mejoras ni soluciones visibles en la atención de la Sanidad Pública de Madrid. Las quejas de la ciudadanía se centran en el acceso al sistema, demoras en servicios y disfunciones en los centros de Atención Primaria, los servicios de urgencias extra hospitalarias y en los hospitales. Se destacan problemas como las citas en Atención Primaria, Centros de Urgencias sin médicos, y listas de espera hospitalarias que suman un millón de personas, proporcionando razones sólidas para la reclamación.

La campaña tiene dos objetivos: concienciar a la ciudadanía de la importancia y repercusión en nuestra salud del deterioro del sistema sanitario público, reclamando nuestro derecho a una sanidad pública de calidad, y denunciar ante la Consejería de Sanidad las áreas prioritarias de mejora a través de nuestras reclamaciones.

“Se dirige, por tanto, hacia la Consejería de Sanidad de Madrid, responsable de la gestión sanitaria y entendemos que, tanto la ciudadanía como l@s trabajador@s, somos víctimas del deterioro” dicen las impulsoras.

La campaña se llevará a cabo de manera continua en los próximos meses, buscando que los ciudadanos tomen conciencia del papel imprescindible que tienen en la defensa de su Sanidad Pública.

Se puede consultar más información de la campaña en este enlace


Contacto: Ana Encinas 630203505 / Ana Valiente 666776374
VECINAS Y VECINOS DE BARRIOS Y PUEBLOS DE MADRID